CALICANTO: UNA RECOMENDACIÓN VERDADERAMENTE VITAL

UNA RECOMENDACIÓN VERDADERAMENTE VITAL

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Hernando Llano Ángel.

“El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir” Tzvetan Todorov.

Esta cita de Todorov[1], que antecede el prólogo de Gonzalo Sánchez G, al informe “¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD”[2], del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado en 2013, aplica plenamente al Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición[3]. Es comprensible que exista una resistencia generalizada entre muchos colombianos a la lectura del Informe de la Comisión, pues contiene demasiadas verdades desgarradoras, tantas como las más de nueve millones de víctimas que ha dejado este degradado conflicto, que aún no cesa de producir cada día más víctimas. A esas dolorosas verdades de las víctimas, hay que sumar las espeluznantes revelaciones de sus victimarios, que reconocen su responsabilidad, siendo la reparación en la mayoría de los casos casi imposible de cumplir. Pero dichas revelaciones al menos aportan al esclarecimiento de lo acontecido. Esas verdades atroces de los victimarios son el primer paso ineludible para la reparación parcial de las víctimas. De allí que su reconocimiento[4] sea imprescindible, pues de lo contrario nunca cesará la repetición y perpetuación de las víctimas. Víctimas que en ese infierno de dolor y sufrimiento, según síntesis de La Paz Querida, divulgada por Francisco Leal Buitrago,[5] en “más del 90 % fueron civiles; al menos 20 % de la población resultó directamente afectada por el conflicto armado, que dejó más de nueve millones de víctimas: cerca de medio millón asesinadas y más de 100.000 víctimas de desaparición forzada; nueve de cada diez víctimas mortales son civiles, casi todos de la población rural; 42 % de los asesinatos selectivos son atribuidos a paramilitares, 16 % a guerrillas, 3 % a agentes del Estado y 35 % a autores desconocidos; la mayoría de masacres fueron ejecutadas por paramilitares con apoyo de la fuerza pública; entre 1996 y 2008 la violencia contra civiles se extendió por el país generando 75 % de las víctimas del conflicto armado; entre 1990 y 2018, alrededor de 50.770 personas fueron víctimas de secuestro”.

De combatientes a criminales

Lo anterior significa, ni más ni menos, que todos los actores armados, en mayor o menor grado, se degradaron y perdieron su condición de combatientes para convertirse en asesinos y victimarios implacables de civiles inermes. Ejecutaron una “guerra por tercero interpuesto”, la población civil. Semejante degradación tiene una relación directa con el control territorial y de su población por diversas organizaciones criminales para consolidar enclaves de economía ilegal, convirtiéndose así el narcotráfico en el eslabón crucial para la perpetuación y descomposición del conflicto. A tal punto que difumina casi por completo la frontera entre el delito político de rebelión y el común del narcotráfico. La motivación política fundamental que animaba la rebelión –reformas políticas sustanciales y mayor justicia social— es pervertida por la violenta codicia que desata el narcotráfico y su fuente inagotable de riqueza y recursos para la guerra. Ello explica en parte la mutabilidad de actores armados como Diego Fernando Murillo, más conocido como Don Berna o Adolfo Paz[6] y Dairo Antonio Úsuga David, Otoniel[7], quienes comenzaron su vida delictiva en las filas guerrilleras del EPL y luego se convirtieron en narcotraficantes y comandantes paramilitares. También explica la persistencia de las disidencias de las FARC y su actual simbiosis con el narcotráfico y del ELN en regiones como en el Catatumbo y el pacífico en Chocó. En tales escenarios es la violencia letal de las armas, independientemente de su motivación, la que configura órdenes territoriales fácticos que destruyen casi por completo el tejido social y la misma institucionalidad estatal, como lo estamos presenciando en Tibú con el patrullaje de las disidencias de las FARC frente a la misma Alcaldía[8]. Esta narcotización creciente de la guerrilla parece irreversible y escandaliza por sus consecuencias: confinamiento de poblaciones indígenas y negras, aumento del desplazamiento forzado, asesinato de líderes sociales y corrupción de miembros de la Fuerza Pública.

La narcotización de la política

Pero olvidamos que antes de dicha narcotización de la guerrilla se presentó en forma gradual e inexorable la narcotización de la política institucional y del mismo Estado colombiano. El Informe Final de la Comisión de la Verdad así lo describe desde las campañas presidenciales de López y Belisario. El mismo expresidente López Michlesen lo mencionó en entrevista concedida a en el libro “Palabras Pendientes: Conversaciones con Enrique Santos Calderón”, refiriéndose a la campaña presidencial de 1982: “Se había realizado la convención de Medellín, que me había proclamado candidato para las elecciones presidenciales de 1982, y el jefe de nuestra campaña era Ernesto Samper. Estábamos en la capital de Antioquia y por la noche llegaron el senador Federico Estrada Vélez y Santiago Londoño a decirme que había un grupo de copartidarios que quería saludarme. Yo estaba de prisa, entré un momento y ni siquiera me senté. Les di la mano a unos tipos que no conocía. Después, en el curso de los episodios, descubrí que eran los Ochoa, Pablo Escobar y, probablemente Carlos Lehder y Rodríguez Gacha. Estuve un rato con ellos y después me salí. Samper se quedó en la reunión con Santiago Londoño, a quien le dieron un cheque por veintitrés o veinticinco millones de pesos, no recuerdo bien, cheque que no ingresó a la campaña sino al directorio liberal de Antioquia. Posteriormente, cuando terminaron las elecciones, en las que participaron como candidatos, además de mi persona, Belisario Betancur y Luis Carlos Galán, se nombró una comisión investigadora sobre el ingreso de los llamados dineros calientes a las campañas, comisión que absolvió de culpa a los tres grupos. Lo cual no resultaba muy afortunado, porque se examinaron las cuentas de Bogotá y, por ejemplo, las de Belisario funcionaban en Antioquia. Su tesorero era Diego Londoño, que después trabajó como gerente del metro de Medellín, y que tenía relaciones muy cercanas con Pablo Escobar. Hoy se encuentra preso. Pero, del otro lado, está también el caso de Rodrigo Lara Bonilla, que es aún más impresionante porque la mafia le metió un cheque que a la postre le costó la vida (p. 142)”. Lo demás es historia reciente y conocida por todos: Cuatro magnicidios de candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez; Pablo Escobar[9] en la Cámara de Representantes en 1982 como suplente de Jairo Ortega Ramírez; Proceso 8.000, narcopolítica, parapolítica y ñeñepolítica. Por todo ello, Colombia ocupa el segundo lugar en criminalidad organizada en el mundo, según el informe de Organized Crime Index de 2021[10] entre 193 naciones, después de la República Democrática del Congo.

Una recomendación verdaderamente vital

De allí, que la cuarta conclusión del Informe de la Comisión de la Verdad en su capítulo de Hallazgos y Recomendaciones, en la página 388, contenga la recomendación más verdadera y vital para romper el círculo infernal de violencias que dinamiza y prolonga indefinidamente este devastador conflicto armado interno: “El narcotráfico es un factor fundamental de la persistencia porque mientras siga siendo ilegalizado proveerá los recursos suficientes para seguir haciendo la guerra, corromper las instituciones encargadas de combatirlo y financiar ejércitos privados para la protección violenta de sus intereses, por lo que, si no se cambia el paradigma y se afronta el problema de manera integral con un enfoque de regulación, seremos testigos de un reciclaje permanente de los conflictos armados”[11]. Si en verdad el Pacto Histórico se propone convertir a Colombia en “Potencia Mundial de la Vida”, deberá promover una audaz y decidida campaña internacional contra el prohibicionismo que es una política que mata y reivindicar a la Coca como la planta vital y sagrada que honran milenariamente los pueblos originarios andinos por sus maravillosas propiedades naturales[12], completamente pervertidas por la codicia y el hedonismo escapista del capitalismo que la convirtió en cocaína. Una manera de hacerlo es acompañando el Estado y los centros de investigación científica de las universidades públicas y privadas a las comunidades indígenas en la transformación de la hoja de coca en productos alimenticios y farmacéuticos, agregando un valor sustancial para su consumo y exportación, así como se viene haciendo con la marihuana cuyo valor en el mercado ya superó los 12 billones de dólares en el 2018 y para el 2025 se espera que alcance un valor de 116 billones,[13] según reporte de la universidad EAFIT. En lugar de sustituir los cultivos de coca, lo que hay que hacer es invertir en su transformación, asumiendo el Estado no solo una función reguladora sino productora y exportadora, sumando el valor agregado que proporciona la ciencia, la tecnología y el mercado, acorde con los planteamientos de la economista Mariana Mazzucato[14] y su Estado emprendedor.