lunes, agosto 29, 2022

PETRO, ENTRE EL MITO CONSTITUCIONAL Y LA MITOMANÍA DEMOCRÁTICA

 

PETRO, ENTRE EL MITO CONSTITUCIONAL Y LA MITOMANIA DEMOCRÁTICA

(Agosto 29 de 2022)

Hernando Llano Ángel

Durante estos primeros 20 días de Petro en la Presidencia, ya está claro que su mandato transcurrirá entre el mito constitucional que proclama la Carta del 91 y la mitomanía de esta “democracia” imaginaria y espectral en que vivimos.  Dicha tensión se expresa en la arena política y social en una impaciencia popular creciente que lucha por convertir el mito constitucional en realidad vital y, de otra parte, en una recalcitrante intransigencia elitista por conservar intocables sus privilegios. Las tensiones diarias de indígenas y campesinos en Dagua[1] y el norte del departamento del Cauca, ocupando predios rurales administrados por la SAE y propiedades de ingenios azucareros[2], son el preámbulo del conflicto histórico no resuelto alrededor de la propiedad y el uso productivo de la tierra. Serán cuatro años de una tensión permanente entre el mito de la Constitución del 91 y su retórico “acuerdo sobre lo fundamental” y la mitomanía de una supuesta democracia “participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general”. Mito y mitomanía que desatan la impaciencia popular por vivir ya esas solemnes declaraciones constitucionales, sin más dilaciones, pues las mayorías están desesperadas de reivindicarlas periódicamente y escucharlas cada cuatro años en boca de todos sus gobernantes, sin que se cumplan. Exigen vivir sabroso ya, sin demora y más aplazamientos. La paciencia se agotó. Por eso, Petro culmina su discurso de posesión presidencial jurando que cumplirá el artículo primero de nuestra Constitución: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Del Mito a la Mitomanía

Y con ese juramento Petro se compromete a pasar de dicho mito constitucional al hecho de la realidad vital, pues está claro que ese Estado Social de Derecho no existe en todo el territorio nacional. Es apenas un imperativo político y normativo muy distante y ajeno a la vida cotidiana de la mayoría de colombianos, para quienes el Estado ha sido incapaz de brindarles oportunidades de trabajo, educación, salud y vivienda para el “respeto de su dignidad humana”. Una dignidad que todos proclamamos como sagrada, pero es despreciada y conculcada cotidianamente por el hambre, la discriminación racial, el clasismo maniqueo de los “ciudadanos de bien contra los del mal” y la violencia letal de quienes matan por defender esta espectral “democracia” y otros por instaurarla, enarbolando las banderas raídas de la “soberanía nacional y la justicia social”. Y así ese mito fundante del Estado Social de Derecho terminó convirtiéndose en una monumental y sangrienta mitomanía, llena de buenas intenciones, adornada con mentiras como la “autonomía de sus entidades territoriales”, la “democracia participativa y pluralista”, fundada “en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Mentiras solemnes que todos nos las creemos, pues nos confieren una identidad de ciudadanos modernos y la complacencia de ser demócratas integrales, aunque el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) nos demuestre que somos todo lo contrario. La autonomía territorial terminó en manos de organizaciones criminales, difuminadas entre la codicia del narcotráfico y el delirio de la “revolución”. Por eso somos la “democracia” más victimizadora y sangrienta del continente americano, asentada sobre un territorio con una biodiversidad portentosa, sometida a una depredación desbordada, que sobrevive gracias al crisol de resistencias interculturales de pueblos indígenas y comunidades negras invencibles, que protegen y defienden la Pacha Mamá con sus vidas y dignidad. De allí, el título del Informe Final de la CEV: “Hay futuro si hay verdad”[3], pues si no reconocemos y nos decimos en voz alta esas terribles verdades, jamás tendremos un futuro distinto, como el que proclama y anuncia la Constitución del 91 en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Todo lo contrario, seguiremos viviendo y muriendo en este presente lleno de mentiras, imposturas violentas, ilegalidades, corrupción, muertes incontables y criminalidad impune. Tal es el tamaño del desafío en que nos encontramos. Un desafío que nos convoca a todos y a todas las generaciones, pero que Petro como presidente y el Pacto Histórico, como coalición de gobierno, asumen la responsabilidad de convertirlo en realidad desde el Estado y con la sociedad, no contra la sociedad. Por eso, les conviene recordar el sabio refrán popular según el cual “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Entre el sueño democrático y la pesadilla caudillista plebiscitaria

Porque puede suceder todo lo contrario y el sueño democrático convertirse en una pesadilla caudillista plebiscitaria.  Pues las buenas intenciones de la “Paz Total”, de ser la “potencia mundial de la vida”, liderar ante la comunidad internacional “la transición energética ecológica” y tener una “justicia tributaria” con políticas sociales redistributivas, todas metas loables y democráticas, están agudizando muchas expectativas populares irrealizables a corto plazo, así como intransigencias elitistas inadmisibles por más tiempo. Y bajo semejantes presiones sociales, políticas y económicas la ingobernabilidad es un riesgo ineluctable, pero también la tentación de apelar a una fórmula de gobernabilidad autoritaria bajo el espejismo del caudillismo plebiscitario, que ya exhibió Petro como alcalde de Bogotá cuando fue ilegalmente destituido por el entonces Procurador General de la Nación, según providencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[4].  Riesgos que el Presidente debe sortear y superar, si quiere ser coherente con su proyecto de la Colombia Humana y convertirnos en potencia mundial de la vida. Es el desafío histórico y el riesgo político que corren todos los proyectos progresistas y reformistas de izquierda cuando se embarcan en reformas estructurales que afirmen la prevalencia del interés general y público sobre el particular y empresarial. En dicho trance se encuentra Chile y su presidente Gabriel Boric, pues el próximo domingo 4 de septiembre[5] los chilenos decidirán en referendo si se comprometen o no con la nueva Constitución progresista o la rechazan. En nuestro caso, el debate sobre el impuesto a las bebidas azucaradas[6] y los alimentos ultraprocesados es el mejor ejemplo de las resistencias para avanzar por la senda del interés general. Debería prevalecer el interés general y el bien público de la salud de todos, especialmente de la población más pobre, sobre las ganancias de las empresas particulares de gaseosas y embutidos, cuyo principal y casi único objetivo es aumentar sus dividendos, aprovechándose de las necesidades y estimulando los malsanos hábitos alimentarios de la mayoría. Pero ello conllevaría probablemente protestas populares airadas y el descrédito acelerado de un gobierno que prometió beneficiar a los excluidos y marginados. Algo idéntico sucede con el desafío de la transición energética, pues el Estado no puede en lo inmediato prescindir de los ingresos del petróleo y el carbón, así como del gas, pues todos somos “gasoadictos” y dependemos de su consumo diario para preparar nuestros alimentos. Ni hablar de cómo remediar la aberrante concentración de la propiedad agrícola productiva, donde Colombia aparece en el quinto lugar más desigual del mundo, según el Informe Final de la CEV en su volumen de Hallazgos y Recomendaciones[7], como puede leerse en la página 650. En esta “democracia participativa” el índice Gini de tierras según el Censo Agropecuario de 2014 del DANE fue de 0.92, siendo 1 el índice de mayor desigualdad y concentración absoluta de la propiedad. Para superar esos desafíos históricos se precisará de mucho diálogo, como lo recalcó Petro en su discurso de posesión[8], pero sobre todo capacidad de concertación acompañada de realismo, pragmatismo, creatividad y sacrificio de todas las partes. Primero, el sacrificio de ciertas elites económicas y sociales indolentes que deben ceder privilegios y ganancias exorbitantes, pues les llegó la hora de comprender que vivir en un Estado Social de derecho es exigente y costoso, pero especialmente que durante este gobierno ya no cuentan con el patrocinio y muchas veces la complicidad de un Estado patrimonialista y corporativo siempre a su disposición para aumentar sus ganancias y eximirlos de impuestos. Ya terminó la era neoliberal del “Estado como mercado”[9] y al parecer reiniciamos con la pandemia del Covid la del Estado Social de derecho o Estado de Bienestar. Segundo, mucha creatividad, buena voluntad y temperancia de los sectores más excluidos y sacrificados de nuestra sociedad, cuya paciencia se agota pues se saben sujetos de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, es decir, ciudadanos plenos[10], que no soportan más seguir siendo tratados como siervos y plebeyos agobiados de deberes y despojados de derechos. Proclaman y demandan a viva voz, desde sus organizaciones y movilizaciones, que la dignidad se haga costumbre y no se diluya en mero asistencialismo y clientelismo estatal. Tercero, le corresponde al presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico demostrar que tienen el suficiente liderazgo democrático para conducir en forma imaginativa, creativa y transformadora ese magma popular de insatisfacciones para conducir en forma imaginativa, creativa y transformadora ese magma popular de insatisfacciones y evitar una nueva erupción del volcán social como la del año pasado. Pero también que como Presidente y Pacto Histórico tienen la prudencia y la audacia para canalizar el emprendimiento, la inteligencia y la buena voluntad de la clase media, la Academia, los artistas, sectores empresariales y agroindustriales productivos, banqueros no agiotistas e inversionistas extranjeros no depredadores, pues sin capital, trabajo e inteligencia será imposible vivir sabroso. Quizá, entonces, pasemos del mito y la mitomanía constitucional a la realidad y el verdadero Estado Social de derecho, presupuesto existencial de la democracia y garantía efectiva para el ejercicio de los Derechos Humanos, poniendo así fin a generaciones de víctimas, victimarios e impostores que cínicamente se proclaman demócratas y aspiran a seguir gobernando impunemente, desfalcando y robando el dinero y trabajo de todos los colombianos. De otra parte, es de esperar que quienes hoy se oponen al gobierno del Pacto Histórico no añoren el pasado y recurran, nuevamente, a la antidemocrática y criminal estrategia de la “acción intrépida” para “hacer invivible la República”[11], desatada por Laureano Gómez en contra de la República liberal reformista de Alfonso López Pumarejo. Es de esperar que ahora sus admiradores y seguidores sean capaces de asumir las responsabilidades políticas por la desaparición de la democracia y su conversión en una cacocracia[12], como lo revela muy bien el Informe Final de la CEV en sus volúmenes “No matarás”[13] y “Hasta la guerra tiene límites”[14].

 

 


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domingo, agosto 21, 2022

ANTES Y MÁS ALLÁ DE LA VERDAD ESTÁN LA VIDA Y LA DIGNIDAD

 

ANTES Y MÁS ALLÁ DE LA VERDAD ESTÁN LA VIDA Y LA DIGNIDAD

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Hernando Llano Ángel.

Antes y más allá de la verdad están el dolor irreparable de las víctimas y la dignidad sagrada de sus vidas. La exigencia ética de su reparación y el imperativo político de su no repetición y aniquilación. Tal es el punto de partida del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CE)[1]. Que, como bien lo expresa su denominación oficial, no es una Comisión para proclamar una Verdad Oficial sobre el atroz conflicto armado interno en que vivimos y morimos, sino para buscar colectivamente el esclarecimiento de esa inefable verdad e irrepetible realidad. Un esclarecimiento que nos corresponde a todos como ciudadanía, pues si no lo logramos, vamos a seguir siendo responsables de la perpetuación de las víctimas y de los victimarios. Ese esclarecimiento no pretende, en ningún momento, establecer quiénes son culpables o inocentes de las incontables e irredimibles víctimas que todos los días propicia este conflicto armado en defensa de su “estable y ejemplar democracia”. Sencillamente porque entre los objetivos legales e institucionales de la CEV no está esa misión de carácter judicial. Ella es una Comisión de carácter extrajudicial que busca esclarecer responsabilidades históricas y patrones o factores políticos, económicos, sociales y culturales generadores y perpetuadores de este conflicto armado interno. Para establecer responsabilidades penales está la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[2], cuyo propósito central es revelar la verdad judicial de lo sucedido durante la prolongada y degradada duración de este conflicto armado y reparar en lo posible a las víctimas en el marco de una justicia más restauradora que simplemente inquisidora y punitiva. El propósito central de la CEV es contribuir a que como colombianos nos sintamos responsables, sin excepción alguna, de no seguir negando una realidad tan ignominiosa, violenta e injusta. Que la conozcamos con todas sus atrocidades y los sesgos[3] propios de sus protagonistas y antagonistas. Una realidad que todos los días produce más víctimas irredentas y victimarios impunes. En últimas, la CEV busca que sintamos vergüenza por ser incapaces de vivir como humanos y hayamos terminado aceptando, soportando y hasta acostumbrándonos a que es supuestamente legítimo y necesario matar en nombre de razones políticas, de Estado, económicas, religiosas, raciales, de género y de orientación sexual. En fin, la CEV lo que pretende es que volvamos a reconocer que nada existe más importante y legítimo que la vida y la dignidad de todo ser humano, independientemente de su estrato social, lugar de nacimiento, color de piel, creencias religiosas, políticas y condición sexual. Porque hemos olvidado esa verdad política vital, incuestionable e irrefutable, que es la savia de la democracia y, además, consentido en forma indolente que otros maten, torturen, recluten, violen, secuestren y cometan otras tantas ignominias en nombre de valores e ideas que proclaman superiores, es que cerca del 90 por ciento de las víctimas[4] del conflicto armado interno han sido civiles y continúan siéndolo. Esa es la verdad que busca esclarecer la Comisión con su extenso y monumental Informe Final: “Hay Futuro si hay Verdad”[5]. Una verdad que, si continuamos rechazando, no solo nos niega el futuro, sino el presente de convivencia. Este presente al que nos emplaza el cumplimiento del artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Por eso, el segundo objetivo de la Comisión es la Convivencia, como presupuesto existencial para la No Repetición de más víctimas y mucho menos victimarios. Solo si recorremos colectivamente esa ruta de Esclarecimiento, Convivencia y No Repetición será posible la Reconciliación Nacional y la existencia de una auténtica democracia vital, donde nos reconozcamos como ciudadanos y dejemos esa hostilidad y desconfianza propia de enemigos que continúa matándose en nombre de supuestas verdades superiores, para unos la seguridad y su propiedad, para otros la justicia social y la democracia popular.

 HAY FUTURO CON VIDA(S) Y VERDAD(ES)

Por eso creo que el título del Informe Final debería haber sido “Hay Futuro con Vidas y Verdades”, porque algunos líderes políticos, apelando a una inexistente objetividad e indefendible legitimidad de la institucionalidad y los “éxitos” de una criminal “seguridad democrática”, afirmada sobre miles de “falsos positivos”[6], están a punto de convertir el Informe Final en el comienzo de otra disputa moral y mortal. Una disputa para imponer su verdad y salvar su responsabilidad frente a esta terrible realidad. Y, lo más paradójico, es que quienes promueven esa disputa lo hagan de nuevo en nombre de la Verdad y la Justicia Institucional, contra la Impunidad. Para esos abanderados de esas supuestas e intangibles Verdad, Justicia y fin de la Impunidad, vale la pena que reflexionen si ellas deben continuar afirmándose sobre el dolor, la negación, la humillación y la misma vida de millones de víctimas como consecuencia de la defensa de su Institucionalidad “democrática” o de su ataque ilimitado por los abanderados de Otra Verdad, que llaman “revolucionaria”, como el Eln y las disidencias de las Farc. Por eso, para esos bandos fanáticos de sus respectivas Verdades e Institucionalidades, les comparto esta reflexión de Albert Camus[7] en la Introducción de su ensayo “El Hombre Rebelde”[8]: “Pero a partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”. Ya va siendo hora de que todos tengamos el suficiente carácter para afirmar la vida sobre la muerte, el derecho sobre la fuerza, la pluma sobre la espada, la palabra sobre la amenaza, la confianza sobre el miedo, la concertación sobre la imposición y dejar en la trastienda del ayer a esos iluminados y salvadores de la Patria para quienes su Verdad vale más que la vida y la dignidad de los demás, sin importar que la proclamen en nombre de la Institucionalidad, la Revolución y hasta la Civilización Occidental con sus sagradas e intocables leyes del mercado y la ganancia que subastan la vida y la muerte en nombre la “democracia y la libertad”.

 

 

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martes, agosto 16, 2022

PETRO, UN PRESIDENTE CON VOCACIÓN POLÍTICA

 

PETRO, UN PRESIDENTE CON VOCACIÓN POLÍTICA

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Hernando Llano Ángel.

En su discurso de posesión presidencial[1], Gustavo Petro Urrego[2] le demostró a todo el país y el mundo tener auténtica vocación política. Aquella que Max Weber, en su célebre conferencia “La política como Vocación”[3], pronunciada en Munich en el invierno de 1919, definió como la que despliega “quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece; solo quien frente a todo esto es capaz de responder con un sin embargo; solo un hombre de esta forma construido tiene vocación para la política”. En efecto, Petro deberá demostrar con su gabinete, durante estos cuatro años, que posee suficiente vocación política para realizar sus audaces propuestas y convertir a Colombia en “potencia mundial de la vida” mediante la sustitución progresiva de las energías fósiles por alternativas, como la solar y eólica hasta la cuestionada hidroeléctrica de Hidroituango y de tantas otras centrales construidas en nuestra accidentada orografía. Pero también deberá demostrar que contribuirá al desmonte internacional de la fallida “guerra contra las drogas” declarada en 1971 por Nixon[4], cambiándola por un inteligente paradigma de regulación, prevención y control estatal de la drogadicción. Como si lo anterior fuera poco, deberá lograr que dichas propuestas, traducidas en eficaces políticas públicas, no vayan a ser rechazadas, estigmatizadas, bloqueadas y frustradas por las legiones de estúpidos y abyectos que pueblan este mundo. Estúpidos y abyectos en tanto rechazan todas las evidencias empíricas de la catástrofe climática en que estamos sumidos, así como también que las ganancias del narcotráfico crecen en proporción directa a su penalización y a la criminalización ineficaz por parte de los Estados. A pesar de las evidencias irrefutables de los horrores generados por la “guerra contra las drogas”, que causa millones de víctimas latinoamericanas y miles norteamericanas, aludidas por Petro en su discurso, todavía la comunidad internacional no se da por aludida. De esta forma, cumple fatídicamente la sentencia de Milton Friedman, promotor del neoliberalismo de los Chicago Boys[5]: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto", puesto que, a mayor represión, mayor aumento del precio de la cocaína. De allí que paradójicamente la regulación estatal de los cultivos de coca y su sustitución, o, en forma todavía más audaz y emprendedora, su eventual transformación en una agroindustria legal, como sucede hoy con la marihuana para fines medicinales, podría ser el comienzo del fin del narcotráfico en tanto industria criminal y corruptora de la política, el Estado de derecho, la democracia y la salud física y emocional de millones de consumidores. Sería todo lo contrario del anunciado “narcoestado petrista” sobre el que en forma cínica alerta el expresidente Andrés Pastrana y circula como un eco de mentiras por las redes sociales, pues los narcotraficantes dejarían de percibir las fortunas siderales que les proporciona la prohibición y las políticas públicas represivas, inocuas y depredadoras como el fracasado “Plan Colombia”, bajo su gobierno. Plan Colombia[6] que de paso recicló las ganancias de la industria militar norteamericana, favoreció a los fabricantes de glifosato y el enriquecimiento de numerosos miembros de la Fuerza Pública, además de los codiciosos mercaderes de precursores químicos e inescrupulosos banqueros, AVALados por el prohibicionismo, como el lavado de más de 1.200 millones de dólares por el Banco de Occidente[7] en Panamá entre 1987 y 1988. Es ese entramado de ganancias criminales, sin duda, el que resulta beneficiado y protegido por esos fariseos de la moral y las buenas costumbres, que expresan bien la estupidez y abyección a las que se refiere Weber en su conferencia. Para superar la resistencia de ese poderoso bloque que fusiona la estulticia moral y la drogadicción de millones con la codicia de políticos corruptos, militares y banqueros, se requerirá un esfuerzo titánico de persuasión y coordinación entre los mandatarios latinoamericanos, anunciado por Petro en su discurso al requerir a las Naciones Unidas una nueva y urgente Convención Internacional sobre el control de drogas, que supere la actual criminal “guerra contra las drogas”, sangrientamente fracasada: “Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que, ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados… y ha evaporado el horizonte de la democracia”. En el mismo horizonte de metas “imposibles” se inscribe su propuesta de un Fondo Internacional para la conservación y salvación de la selva amazónica, como una alternativa a la crisis climática global, que supere la retórica vacía de las naciones más ricas, contaminadoras y depredadoras del planeta: “¿Dónde está el fondo mundial para salvar la selva Amazónica? Los discursos no la salvarán. Podemos convertir a toda la población que hoy habita la amazonia colombiana en una población cuidadora de la selva, pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo. Si es tan difícil conseguir esos dineros que las tasas carbón y los fondos del clima pactados deberían otorgar para salvar algo tan esencial, entonces, le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana”. Todo ello es lo constitutivo de la auténtica vocación política, pues según Weber la “política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura”.

Mesura es Ética de Convicción + Ética de responsabilidad

No hay duda que Petro tiene la suficiente pasión, demostrada en sus más de 30 años de actividad política, pero quizá carezca de la mesura necesaria para alcanzar acuerdos pragmáticos que le permitan avanzar y no naufragar en disputas estériles y contraproducentes. Esa mesura que le permita actuar conforme a la ética de responsabilidad en materias tan vitales como la energética, para no ir a afectar negativamente a los más necesitados y excluidos, que son su prioridad, como puede acontecer si se desestimula la exploración y explotación del gas. Pero también en la búsqueda de la paz, donde una meta maximalista como la “paz total” puede terminar en un fracaso parecido al de Belisario Betancur, cuando en su discurso de posesión presidencial proclamó que no “se derramaría una gota más de sangre colombiana” por causa del conflicto armado interno, pero terminó en un mar de sangre y sin Palacio de Justicia. Igual nos sucedió con el “Acuerdo de Paz” de 2016 y el “fin del conflicto para una paz estable y duradera”, hoy necesitado de metas más realistas, como es el reconocimiento y la transformación de nuestros múltiples conflictos sin recurrir a la violencia y la guerra, que es lo que promueve y garantiza toda auténtica democracia. Democracia donde jamás se vivirá en “paz total” y menos en una supuesta armonia social inalcanzable gracias a la “política del amor”, pues siempre afrontaremos conflictos y tensiones inevitables, que deberán superarse sin el uso sistemático y frecuente de una violencia letal desbordada, arbitraria e ilegal, como el atroz asesinato de los tres jóvenes del Corregimiento el Chochó, Sucre, cometido por el teniente coronel Benjamín Núñez[8], según testimonio de dos agentes de policía que lo acompañaban. Una violencia histórica que ha sobrepasado todos los límites, según lo demostrado por la Comisión de la Verdad en su reciente entrega del Informe Final, titulado “Hasta la guerra tiene límites”[9]. El nombre más indicado para superar esa violencia crónica sería, entonces, paz pública y no “paz total”, así como a su política de seguridad hoy Petro la denomina “seguridad humana global”[10] y no “seguridad democrática” o “seguridad nacional”, cuyos efectos en Latinoamérica fueron fatales. Bien lo advierte Weber, un político no puede actuar y menos gobernar apelando solo a la ética de convicción (gesinnunsethik), como aquella que la ciencia nos demuestra por el uso intensivo de energías fósiles y sus consecuencias casi apocalípticas para el planeta, pues siempre deberá considerar la ética de responsabilidad (verantwortungsethik), “que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción”. Consecuencias tanto para nuestra economía, cuyo fin de la exploración y explotación del gas, el petróleo y el carbón debe darse en forma progresiva, para no causar catástrofes económicas y sociales impredecibles. Igual puede suceder en el orden y la tranquilidad pública con la llamada “Paz Total”, por su inalcanzable y peligrosa ambigüedad. Tal es el mayor desafío para quienes tienen auténtica vocación política, como el presidente Petro y su gabinete ministerial, quienes saben muy bien que la política (NO) es el arte de lo posible, como la definen quienes no se atreven a cambiar el Statu Quo y contemporizan toda su vida con los intereses dominantes y “viven de la política” y no “para la política”. La Política es todo lo contrario, como bien lo advierte Weber: “pues es completamente cierto, y así lo prueba la Historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez”.  De eso trata, precisamente, la segunda oportunidad de la que nos habla García Márquez, y la que anuncia Petro en su discurso de posesión presidencial: “Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder. Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible. Con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos…Se acabaron los «no se puede» y los «siempre fue así». Hoy empieza la Colombia de lo posible. Hoy empieza nuestra segunda oportunidad”. Se trata, entonces, de una epopeya, no de la obra de un gobierno, menos la de un hombre, sino la de todo un pueblo, de una ciudadanía comprometida con la democracia: “La Colombia que soñamos, la Colombia que queremos, la Colombia que nos merecemos es la Colombia que queremos sentir. La Colombia que vibra, que se esfuerza, que añora y trabaja para alcanzar la paz. Que quiere una tierra próspera, con igualdad de posibilidades indistintamente del lugar donde se nació, independientemente de cómo se apellidan sus padres o de cuál sea su color de piel. Esa es la Colombia que queremos sentir y por la que trabajaremos hasta el último día de nuestro mandato… Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad. Termino aquí con lo que me dijo una niña Arhuaca en la ceremonia de posesión ancestral que hicimos el viernes en la Sierra Nevada «Para armonizar la vida, para unificar los pueblos, para sanar la humanidad, sintiendo el dolor de mi pueblo, de mi gente aquí, este mensaje de luz y verdad, esparza por tus venas, por tu corazón y se conviertan en actos de perdón y reconciliación mundial, pero primero, en nuestro corazón y mi corazón, gracias». Esta segunda oportunidad es para ella, y para todos los niños y niñas de Colombia”.

 


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