CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ: UN PROCURADOR HISTÓRICO
IN MEMORIAM (I)
Hernando Llano
Ángel.
El pasado sábado 16 de enero de
2021 falleció en Bogotá el Doctor Carlos Jiménez Gómez, quien fuera Procurador
General de la Nación entre 1982-1986, bajo la administración del entonces
presidente Belisario Betancur. Su vida y obra[1]
van mucho más allá de su histórica gestión al frente de la Procuraduría General
de la Nación. Abarca desde la poesía, de la cual fue cultor y entusiasta
difusor, pasando por el ensayo sociológico y político, hasta sus providencias e
investigaciones disciplinarias como Procurador General. Sin olvidar su impronta
como académico en la formación de una generación de juristas y políticos en la
Universidad de Antioquia, entre los cuales destacó posteriormente un joven y
aplicado discípulo de Derecho Constitucional, llamado Carlos Gaviria Díaz[2]. Es
una obra vasta, profunda y polémica, que merece su lectura y estudio, pues
contiene lúcidas claves para la comprensión y transformación de nuestra
realidad política, social y cultural. Para rendir merecido tributo a su memoria
y gesta de demócrata integral, me propongo reseñar en tres entregas sus
principales aportes como Procurador General, pues abordar su obra como
ensayista y poeta precisaría un libro completo. Para empezar, es pertinente recordar una de
sus apreciaciones sobre la forma como los acontecimientos avasallan nuestra
realidad, resumida en su contundente y profunda expresión según la cual “Colombia
es un país de 24 horas”.
“Colombia es un país de 24 horas”
En efecto, es tal el cúmulo de
desgracias y noticias apocalípticas que recibimos cada 24 horas que al otro día
ya hemos olvidado lo que nos pasa y lo que somos. Una masacre sepulta a la
otra; el desfalco billonario de Reficar es un desliz frente al desastre de
Hidroituango; el proceso 8.000 es una nimiedad frente a la parapolítica. La
hecatombe del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de diciembre de 1985, fue arrasada
y sepultada por la desaparición de Armero[3]
una semana después, el 13 de diciembre. Y hoy, parece que ya olvidamos que
desde enero estamos siendo “vacunados” contra el Covid, aunque la vacuna no haya
llegado a nuestro país. Tal la realidad inverosímil en que vivimos, plagada de
“hechos alternativos” creados por la capacidad de fabular de un gobierno mitómano,
que anuncia todos los días en “Prevención y Acción” la llegada de la vacuna y
el aumento de contagios y muertes que deja el Covid-19. Quizá esta capacidad de
olvidar cada 24 horas el país en que vivimos --como lucidamente lo expresará
Jiménez Gómez—sea un mecanismo inconsciente para conservar algo de cordura y
sobrevivir en medio de tanto delirio vertiginoso y absurdo cotidiano. Para
conjurar esa especie de amnesia instantánea, el entonces Procurador Jiménez
Gómez se empeñó en hacer una Procuraduría de Opinión[4]
que definió como: “la existencia de una comunidad dinámica y creadora entre la
opinión y la fiscalización”. Fue así que durante su gestión se propuso “recoger
las grandes preocupaciones de la opinión y erigirlas en materia de su trabajo;
defender los intereses del común; como la calle, hablar un lenguaje claro,
plantear la verdad desnuda y tocar sin miramientos cuanto su misión le mande,
como intérprete y vocero del sentido ético y político de la comunidad. La
Procuraduría de opinión es, en suma, una auténtica Procuraduría ciudadana”. Y,
en efecto, a eso consagró con apasionado entusiasmo y visión crítica sus cuatro
años en la Procuraduría. Lo hizo con tanta coherencia y profundidad que hoy el
establishment parece celebrar su partida con un silencio absoluto y un olvido
deliberado, eludiendo así el valor histórico y perenne de su obra fiscalizadora,
que condena a este establecimiento por ser una tramoya institucional plena de
imposturas, casi siempre presidida por incompetentes, corruptos y respetables
criminales que lo promueven, defienden y administran con cinismo e impunidad. Una
obra que hoy tiene plena vigencia, pues los problemas que enfrentó sin
esguinces y en forma certera son los que hoy están aniquilándonos como nación y
como ciudadanos: 1- La violencia política degradada; 2- La corrupción
institucionalizada mediante la simbiosis de la política con el crimen; 3- El
auge del narcotráfico y su metástasis en la política, la economía, la sociedad
y la cultura; 4- La impunidad política presidencial y de altos mandos militares
y, para terminar, 5- La ausencia de liderazgos políticos y éticos democráticos.
Problemáticas que hoy demandan verdad y esclarecimiento, para lo cual la
Comisión de la Verdad debería consultar los cerca de 12 tomos que constituyen
la memoria de su ejemplar gestión, bajo el título de “Los documentos del
Procurador”. Todos estos aspectos fueron abordados por Jiménez Gómez con rigor
y valor temerario, sin arredrarse, más allá de tabúes y prejuicios, desafiando
incluso la hipocresía institucionalizada, como lo hizo frente al narcotráfico,
proponiendo visionariamente un tratamiento político. Una política de Estado
soberano más allá de persecuciones y guerras suicidas, fumigaciones ecocidas
con paraquat y la delegación de la soberanía judicial, mediante la aplicación
compulsiva e inocua del Tratado de extradición con Estados Unidos de
Norteamérica. Un Tratado cuya constitucionalidad rechazó con sólidos argumentos
jurídicos y políticos en sus conceptos ante la Corte Suprema de Justicia. Por
lo pronto, recordaré su investigación disciplinaria más importante contra la
violencia política degradada, que develó el tenebroso entramado formado por el
narcotráfico y agentes de la Fuerza Pública con la aparición del MAS, que
concluyó con un informe el 20 de febrero de 1983, revelando que: “a la luz de
las pruebas recogidas hasta el momento existían cargos suficientes para
vincular procesalmente a 163 personas; de ellas, 59 en servicio activo de las
Fuerzas Armadas” (Jiménez, 1987, p. 169)[5].
Lamentablemente esa investigación quedó en la impunidad, pues fue asumida por
la Justicia Penal Militar, contraviniendo el concepto de Jiménez Gómez quien
fue enfático en señalar: “Tengo que decir que nuestra investigación encontró en
los distintos lugares que personas vinculadas directa e indirectamente a las
Fuerzas Armadas se han dejado arrastrar por esta corriente de la disolución
nacional y han incurrido, fuera de combate, maleadas por los términos de esta
larga guerra, no menos cruel por no declarada […] en hechos del tipo de
delincuencia que he venido analizando. Con ello han desbordado indudablemente
los límites de la misión encomendada a sus instituciones, poniendo en tela de
juicio la noción misma de la disciplina militar; su rigurosa investigación y
castigo tiene que ser una vez más la mejor prueba de que sus instituciones,
ahora informadas, los repudian y repudian sus procederes. Será este un proceso
de purificación que es mecanismo biológico de saneamiento connatural a toda
institución, más aún si se trata de aquellas que por su tamaño, complejidad y
el diverso grado de cultura de sus estratos componentes no puede responder por
la legalidad y moralidad de cada uno de los actos de cada uno de sus miembros
integrantes” (Jiménez, 1987, p. 155)[6].
Esta sabia y urgente advertencia no fue escuchada, pues el entonces ministro de
defensa, general Fernando Landazábal Reyes[7],
respondió energúmeno y apeló al falso espíritu de cuerpo militar en desafío al
Procurador. Fue un pulso temprano en que el poder civil perdió ante el militar,
con el respaldo que brindó el presidente Belisario Betancur (q.e.p.d) al
general Landazábal, desconociendo el informe y las conclusiones del Procurador
Jiménez Gómez. Posteriormente ello tendría un desenlace todavía más fatal y
criminal en la forma como las Fuerzas Militares respondieron a la toma del
Palacio de Justicia por la acción delirante y terrorífica del M-19.
1-EL MAS
La violencia política degradada
que hoy el Estado es incapaz de contener y desarticular, ensañada contra los
liderazgos sociales y las nuevas fuerzas políticas, en ese entonces se
expresaba en el naciente grupo MAS (Muerte a Secuestradores). Una fatídica
simbiosis del narcotráfico con agentes de la Fuerza Pública, que haría rápida
metástasis en el paramilitarismo y su inmensa capacidad mimética con el Estado.
Una capacidad que se expresaría en el genocidio de la Unión Patriótica y cuya
estela de muerte y destrucción se prolonga hasta hoy, mutando y variando de
forma inimaginable, tejiendo coaliciones y alianzas con el beneplácito
insospechado de sucesivos presidentes (como lo revela Alberto Donadio en el
caso de Barco[8]
y que durante la presidencia de Gaviria toma la forma institucional de las
Convivir), pasando por los entes territoriales hasta llegar a los “contratos de
seguridad” con empresas multinacionales y nacionales, auspiciando masacres y
desplazamientos que no cesan. Esta gesta mortífera e impune alcanza su más alta
cota de masacres durante el gobierno de Andrés Pastrana, entre 1999 y 2002[9],
justo en desarrollo de una patraña electoral que auguro la mascarada del
proceso de paz del Caguán. En el informe del Procurador Jiménez Gómez sobre el
MAS, no sólo se identificaron oficiales y suboficiales comprometidos con la mal
llamada “limpieza social”, sino que además dejó consignada una certera
caracterización política y sociológica de dicho fenómeno criminal:
“Propiamente
hablando, el MAS no es una organización única sino una mentalidad de crisis y
un tipo de delincuencia, manifestadas originalmente bajo la forma de una
encubierta justicia privada y luego como instrumento de venganza, de castigo
desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad, en todos
los órdenes de la actividad privada. La sigla con que se denomina surgió hace
apenas un año, a propósito de las peripecias de un caso de secuestro y al
servicio de un plan concreto de rescate de la secuestrada, dentro de una idea
precisa de represalia. Que haya logrado
su objetivo de forma más o menos fulminante fue lo que, en el ambiente de
confusión y desconcierto en que vivía y vive aún el país, hizo de él un modelo
que terminó cundiendo aquí y allá, en cuantas regiones y lugares parejas
circunstancias reproducían las razones y el marco de su popularidad […] Para
apreciarlo así basta mirar hacia el martirizado campo colombiano, sembrado de
mil riesgos detrás de cada hoja y ampliamente justificativo del diagnóstico
global de las dos Colombias, la una amenazada y obsesionada por el secuestro,
la otra por todos los males y peligros de la crisis económica y social. A este
mecanismo criminal de contraofensiva social, económica y política, han venido
paulatinamente cediendo y apelando en forma cada vez más recurrente y masiva,
distintos sectores de nuestra población, en la ciudad y en el campo, para
combatir las más diversas manifestaciones del conflicto social (Jiménez, 1987,
pp. 154-155)[10].
Un diagnóstico que
lamentablemente continúa vigente, como tantos otros realizados por Jiménez
Gómez, que abordaré en las próximas entregas, porque quizá la mejor manera de
rendirle tributo es no permitiendo que su legado se reduzca a estas glosas de
su pensamiento y se traduzca en compromisos y acciones ciudadanas que transformen
esta realidad en un horizonte de paz, justicia y reconciliación. Un horizonte
cimentando en las verdades, la dignidad y el sufrimiento de todas las víctimas,
las causadas por la insurgencia, el paramilitarismo y el Estado, que nos
revelan la complicidad de respetables líderes políticos, ejemplares ciudadanos,
impolutas instituciones y exitosos empresarios, además del cinismo de una
supuesta “violencia revolucionaria”, que igualmente fustigó y descalificó
Jiménez Gómez sin ambigüedad. Pero también la responsabilidad de mayorías que
todavía creen que nada tienen que ver con lo que acontece, que se consideran
ajenas a este mundo de corrupción y violencia y lavan su conciencia con más
regularidad que sus manos, confiadas en que no serán infectadas por el mortal
virus de la política. Y así se convierten en los mayores vectores de esta
mortal e insoportable realidad por su indolencia frente a lo público y la vida
de los demás. Son idénticos a aquellos que todavía creen que el coronavirus es
un cuento chino, cuando es tan ineludible como la política, pues su existencia,
propagación, contención y mayor o menor mortalidad depende de todos nosotros,
en ambos casos. Para combatir el primero son imprescindibles las medidas de
bioseguridad, para dotar de sentido y dignidad a la política precisamos tener
la responsabilidad e integridad de demócratas como el Doctor Carlos Jiménez
Gómez (q.e.p.d).
[2] https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-discurso-de-carlos-gaviria-sobre-el-procurador-carlos-jimenez/
[4] Jiménez. C, (1986) p. 24. Una
Procuraduría de Opinión. Bogotá, Colombia. Editorial Printer.
[5] Jiménez, C. (1987). Los documentos del
Procurador. Tomo I. Bogotá, Colombia: Procuraduría General de la Nación.
[6] Jiménez, C. (1987). Los documentos del
Procurador. Tomo I. Bogotá, Colombia: Procuraduría General de la Nación.
[7] https://www.colectivodeabogados.org/1985-El-mensaje-de-paz-del-Gobierno-no-era-compartido-por-las-Fuerzas-Armadas/
[10] Jiménez, C. (1987). Los documentos
del Procurador. Tomo I. Bogotá, Colombia: Procuraduría General de la Nación.
