jueves, febrero 22, 2024

NETANYAHU Y EL ABUSO CRIMINAL DE LA MEMORIA Y LAS VÍCTIMAS

 

NETANYAHU Y EL ABUSO CRIMINAL DE LA MEMORIA Y LAS VÍCTIMAS

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/netanyahu-abuso-criminal-la-memoria-las-victimas

“Dejar de explotar aquel pasado de sufrimiento como una fuente de poder y privilegios”

Shelby Steels[1]

Hernando Llano Ángel.

No hay mayor abuso de la memoria de las víctimas del holocausto que utilizarlas para evadir la responsabilidad en la perpetuación de nuevas víctimas, como está sucediendo en la devastadora ocupación militar de la Franja de Gaza, donde al menos el 70% de ellas han sido mujeres y niños: “12.150 niños y 8.300 mujeres, a los que se suman más de 67.984 heridos (incluidos 8.663 niños y 6.327 mujeres) y más de 7.000 desaparecidos, lo que elevaría la cifra de fallecidos aún más, entre ellos 4.400 mujeres y niños, siendo las mujeres y los niños las principales víctimas de los ataques israelíes”[2]. Tales acciones son justificadas por Netanyahu y la extrema derecha para alcanzar la victoria total[3] sobre Hamás y rescatar a los más de cien rehenes que tiene en su poder. Incluso, ya ha fijado un ultimátum a Hamás para la liberación de los rehenes hasta el 10 de marzo. Sin duda, en la lógica genocida de Hitler y el antisemitismo era también imprescindible eliminar a los judíos para lograr la victoria total del tercer Reich. Es lo típico de la lógica belicista, más allá de la ideología que la anime, sea de extrema derecha, centro o extrema izquierda. Sea en nombre de una Nación, la Justicia, la Democracia o, peor aún, de alguna religión monoteísta que se reclame como la única verdadera y salvadora de la humanidad, en cuyo nombre se arrasa con todo vestigio de bondad y perdón con tal de eliminar a quienes considera herejes y ateos. Así sucede en todas las guerras de religión, tanto las de ayer como las de hoy y del futuro. Es una lógica criminal que parte de una premisa indiscutible, producto del fanatismo: el enemigo es un terrorista, “animales humanos”, como los llamó el ministro de defensa israelí[4], por lo tanto, no hay límites para su eliminación. Sus palabras se han venido cumpliendo hasta la fecha en forma despiadada y cruel: "He ordenado un asedio total sobre la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”. Declaración propia del comienzo oficial de graves crímenes de guerra contra los gazatíes y Palestina, sobre los cuales la Corte Internacional de Justicia[5] ha dictado medidas cautelares y advertido acerca de la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio[6]. Es la espiral interminable de la venganza en respuesta al criminal ataque de Hamás el 7 de octubre del año pasado. Una espiral que solo se detendrá cuando ambas partes recobren el sentido de la vida y la dignidad humana, más allá de pretender “honrar” a sus respectivas víctimas en cuyo nombre continúan cometiendo los más abominables crímenes, como la aniquilación sistemática e indiscriminada de mujeres, niños, ancianos gazatíes y la conversión de más de cien rehenes en piezas de negociación por parte de Hamás. El precio de la victoria total sobre Hamás que persigue sin contención Netanyahu demuestra la degradación casi absoluta del honor militar israelí, ensañado más contra civiles inermes que están sitiados por el hambre, las enfermedades y el miedo, sin otro lugar para desplazarse que el limbo de la muerte, único destino en Rafah, pues Egipto ya está cercando su frontera con muros infranqueables.

Contra la instrumentalización de las víctimas:

Por eso en la polémica desatada por el presidente del Brasil, Lula Da Silva[7], al comparar el genocidio en marcha en Gaza con la Shoah, es Netanyahu[8] quien más falta a la dignidad y la memoria de los 6 millones de víctimas del holocausto[9]. Es tal su soberbia maniquea, que invoca el respeto a la memoria de las víctimas provocadas por el antisemitismo fanático del nazismo como una catástrofe incomparable y única, ignorando y negando el dolor, la aniquilación y la agonía causada por los bombardeos y la ofensiva desproporcionada de su ejército contra miles de niños, mujeres y ancianos gazatíes. Una aniquilación y un dolor tan profundo y atroz como el sufrido por sus antepasados en Europa. En su delirio belicista, Netanyahu argumenta que lo hace en “legítima defensa” contra el terrorismo de Hamás. Una defensa tan desproporcionada que ya casi multiplica por 30 el terror de las 1.200 víctimas perpetradas por el ataque de Hamás, además de convertir en escombros las ciudades de la Franja de Gaza, su infraestructura y hasta sus hospitales. Gaza es una inmensa escombrera y la mayor fosa común del mundo en la actualidad, cuyas dimensiones espera profundizar Netanyahu con la ocupación militar de Rafha[10], donde ha desplazado más de un millón de Gazatíes después de la destrucción de sus hogares en ciudades como Gaza y Jan Yunis, bajo el pretexto de que en Rafha estarían seguros. La misma lógica de los infames y cínicos letreros a la entrada de los Campos de Concentración, que les anunciaba a los judíos que el trabajo les daría la libertad: “Arbeit macht Frei”[11]. Sin duda, las estrategias devastadoras y genocidas del nazismo difieren en el número de víctimas y los lugares de ejecución impune, pero no en la lógica criminal de Netanyahu, que es del mismo orden. En la Franja de Gaza no hay campos de concentración porque toda la Franja es un campo de aniquilación. De manera que es infame apelar a las víctimas de la Shoah para ocultar o evadir la responsabilidad criminal de Netanyahu y sus cómplices. Como lo escribió Shelby Steels --citado por Todorov en su libro “Los abusos de la memoria”— hay que “dejar de explotar aquel pasado de sufrimiento como una fuente de poder y privilegios” y tener más respeto por la memoria de todas las víctimas. Pero, sobre todo, no invocar las víctimas del pasado y la shoah para seguir perpetrando en el presente y hasta la supuesta “victoria total” el número incontable de víctimas gazatíes, convirtiendo la Franja de Gaza en la fosa común de la conciencia humanitaria y la tierra santa en una tierra arrasada[12] con miles de gazatíes despedazados. Una conciencia que Netanyahu y sus cómplices han perdido por completo. Por eso rechazan la competencia de la Corte Internacional de Justicia[13] en las audiencias que por la ocupación israelí de territorios palestinos acaba de comenzar en La Haya. Audiencias en las que participarán “52 Estados que presentarán argumentos sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos”. Audiencias que se apresuró el Estado Israelí a calificar como ilegítimas y rechazar la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Hasta en eso se asemeja la respuesta de Netanyahu a la dada por el Estado Nacionalsocialista alemán en la Sociedad de las Naciones en 1933, pues su representante, Joseph Goebels, contestó así a una denuncia presentada por un ciudadano judío: “Somos un Estado soberano y lo que ha dicho este individuo no nos concierne. Hacemos lo que queremos de nuestros socialistas, de nuestros pacifistas, de nuestros judíos, y no tenemos que soportar control alguno ni de la Humanidad, ni de la Sociedad de Naciones”. En la práctica, el Estado israelí actual está haciendo lo mismo en la Franja de Gaza y Cisjordania al no atender los llamados de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional y continuar avanzando contra miles de gazatíes refugiados y hacinados en Rafah. ¡Qué vergüenza deshonrar así la memoria de los millones de judíos víctimas del nazismo! Y, todavía, peor, no escuchar las protestas y súplicas de los familiares de los rehenes, que temen un desenlace fatal si no se atienden las propuestas de negociación de Hamás, pues para Netanyahu lo único que importa es su aniquilación y la victoria total. Igual le sucedió a Hitler y su tercer Reich y lo único que obtuvieron fue la ignominia y la derrota total, además de acelerar la creación del Estado de Israel en 1948. ¿Sucederá lo mismo ahora y de los escombros de Gaza surgirá el Estado Palestino o, lo que sería catastrófico e inhumano, se impondrá esa especie de “protectorado concentracionario” que anuncia Netanyahu con la falacia de proteger a Israel? Si sucede esto último, las Naciones Unidas dejarían de existir y entraríamos al caos de un orden internacional criminal donde, como ya lo dijo su Secretario General, Antonio Guterres, “el rey del juego es la impunidad”. Ya lo está anunciado Putin con la misteriosa muerte de Alexei Navalny y el secuestro de su cuerpo, impidiendo incluso la entrega a su madre[14], para ocultar las evidencias del crimen[15].


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sábado, febrero 17, 2024

"LA SOLUCIÓN FINAL" DE NETANYAHU PARA PALESTINA

LA SOLUCIÓN FINAL” DE NETANYAHU PARA PALESTINA

«Somos dos familias muy infelices. Debemos dividir la casa en dos apartamentos más pequeños. No hay otra opción.» Amos Oz

 

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/la-solucion-final-netanyahu-palestina

 

Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que Netanyahu y la extrema derecha israelí están siguiendo la senda criminal trazada por Hitler en la “Solución final” . Una senda que todos sabemos culminó en los campos de concentración y la aniquilación de por lo menos seis millones de judíos en Europa. Pero olvida Netanyahu que dicha “Solución Final” también propició, demasiado tarde, la fundación del Estado Israelí en 1948 en tierra palestina. Un desenlace parecido puede suceder con la reivindicación histórica de un Estado palestino autónomo y soberano, que ya apoyan Estados Unidos y la Unión Europea, como salida de esta sangrienta encrucijada.  Quieren evitar un caos geopolítico en el Medio Oriente y la ignominia actual de esa especie de “Solución Final fatal” para la Franja de Gaza en la que está empeñado Netanyahu y el ejército israelí.

Paradoja Histórica, de víctimas a victimarios

Es una terrible paradoja, pues ahora Israel toma el lugar del victimario nazi y los gazatíes el de las víctimas judías, a la luz pública de toda la humanidad. Si bien es cierto no hay campos físicos de concentración en Gaza, los campos de refugiados y la franja se han convertido en campos de aniquilación sin hornos crematorios, pues han muerto casi treinta mil civiles impunemente, la mayoría niños y mujeres, bajo el fuego del ejército israelí, que infringe todas las normas del DIH y la advertencia de incurrir en genocidio realizada por la Corte Internacional de Justicia, que ordena el cumplimiento inmediato de sus medidas cautelares. En la raíz de esta sangrienta y degradante historia entre dos pueblos hermanos con origen compartido y en breves períodos históricos también tierra compartida, se encuentra el fanatismo y su expresión política fundamentalista. Tanto el fanatismo sionista como el islamista. Ambos tienen en común la incapacidad de reconocerse mutuamente como Estados con igual autonomía, sobre un territorio previamente delimitado, y dos pueblos con idéntica dignidad y derecho a su seguridad vital, por consiguiente, a convivir en paz.

“Contra el fanatismo”

Como lucidamente lo escribió el novelista judío Amos Oz en su conferencia “Sobre la naturaleza del fanatismo” –que vuelvo a citar– “la semilla del fanatismo siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo”. Y esa semilla se convirtió en un bosque de odio y sangre en ambos pueblos, cada uno obsesionado en reivindicar su propia superioridad moral sobre el contrario, hasta arrastrarlos al actual ejercicio asimétrico del terror en que están atrapados. El terror del ejército israelí que físicamente aniquila la franja de Gaza y masacra a miles de civiles palestinos, al tiempo que degrada moral y políticamente al pueblo judío, multiplicando por cerca de 30.000 las 1.200 víctimas atrozmente asesinadas por Hamas el 7 de octubre de 2023 y los más de cien rehenes que conserva en su poder. Un terror que hoy se expresa en la inminente invasión terrestre del ejército israelí a la ciudad de Rafah, donde se encuentran hacinados cerca de un millón doscientos mil gazatíes, todo con el pretexto de una supuesta victoria absoluta sobre Hamas y liberar los más de cien rehenes. Ambos objetivos son imposibles de lograr simultáneamente. La aniquilación de Hamas es una obsesión fanática del mismo orden de la que tenía Hitler contra los judíos. Sencillamente porque a través de un genocidio no se puede eliminar de la faz de la tierra a un pueblo, sino todo lo contrario, se lo eleva a la categoría de víctima irredenta, que siempre reclamará justicia, bien a través de la Corte Internacional de Justicia, la memoria eterna de sus descendientes o engendrando nuevas generaciones que reeditarán el terror de Hamas. Aunque también se puede evitar el genocidio, reconociendo su derecho a un Estado, como efectivamente sucedió con el pueblo judío, para poner fin a la diáspora que lo llevo a buscar refugio por todo el mundo. Es lo que está sucediendo con los gazatíes, a quienes incluso Egipto y Jordania ya se apresuran a cerrarles sus fronteras, igual como aconteció con los judíos en toda Europa durante la solución final nazi. Parece imposible contener la deriva atroz de la masacre que se cierne sobre Rafah, pues Netanyahu y sus cómplices nacionales, sumados a la impotencia de la ONU y la retórica inocua de Estados Unidos y la Unión Europea, no se van a detener. Su ira criminal y vengativa seguramente terminará sacrificando a todos los rehenes con la coartada de eliminar a Hamas, pues moralmente se considera superior para hacerlo y militarmente está demostrando que su terror es al menos treinta mil veces más mortífero y cruel que el de Hamas. Un terror ciego, como quedó demostrado cuando el mismo ejército israelí mató a tres rehenes que se habían fugado del cautiverio de Hamas, sospechando que era una celada terrorista. Entonces Netanyahu descargará toda la responsabilidad del fatal desenlace sobre Hamas para así proseguir con su estrategia de control militar impune, como en un inmenso campo de concentración, sobre la franja de Gaza

“La solución final fatal» de Netanyahu.

Ya lo ha dicho Netanyahu, jamás aceptará una autoridad palestina autónoma, pues Israel será responsable de la seguridad en toda la Franja de Gaza. En otras palabras, quiere establecer una especie de “protectorado concentracionario” israelí que impida la existencia de un Estado palestino soberano sobre la franja de Gaza. Una solución que rechazaron los mismos judíos cuando Inglaterra pretendió prolongar su protectorado, pues la organización clandestina del Irgún dinamitó el Hotel Rey David el 22 de junio de 1946 con un saldo de 90 muertos, bajo el mando de Menahen Beguín, siendo el primer atentado terrorista en tierra santa. “El fin específico del Irgún, creado en 1937 por David Raziel, fue ayudar a desalojar «la Tierra Prometida» de los árabes y de las tropas de ocupación británicas. Tras la muerte de Raziel, en 1941, fue reemplazado por Menahen Begin, quien llegó a ser primer ministro”. Posteriormente, en 1978 se le otorgó el premio Nobel de Paz, junto a Mohamed Anwar el-Sadat de Egipto, por los acuerdos de Camp David, que sellaron la paz entre Egipto e Israel. Una paz que ahora amenaza Netanyahu con su invasión y bombardeo a Rafah, pues la pone en vilo al establecer sus tropas en la frontera con Egipto. Entonces esa “Solución Final” se podría convertir en el comienzo de una guerra generalizada en el Medio Oriente, de consecuencias impredecibles para la paz mundial. Para conjurar un escenario tan apocalíptico hay que invocar de nuevo la Política contra la barbarie de la Guerra, siempre auspiciada por los fanáticos fundamentalistas que no conocen límites a sus delirios hegemónicos, como Netanyahu, Hamas y Putin, por citar los protagonistas actuales en la política internacional. Protagonistas que vulneran todas las reglas y límites del DIH y el ordenamiento internacional, por lo cual el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres,  afirma que  «la impunidad parece ser el rey de este juego» , en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich. Es urgente y vital recuperar la política, según el alcance de la sentencia de Plutarco, “como aquello que sustrae al odio su carácter eterno” y subordina el pasado al presente, haciendo posible un futuro de convivencia entre Estados y pueblos que se aniquilan, como sucede ahora en la Franja de Gaza contra la población civil y con los rehenes en cautiverio. Para contener esa matanza sin límite y lograr  la libertad de los rehenes, habría que atender de inmediato el consejo del judío israelí Amos Oz y evitar “la típica reivindicación fanática: si pienso que algo es malo, lo aniquilo junto a todo lo que lo rodea”, que es exactamente lo que hace Netanyahu y el ejército israelí, masacrando miles de civiles gazatíes, la mayoría mujeres y niños, cerca del setenta por ciento, con el pretexto de aniquilar a Hamas, rescatar a los rehenes y obtener la que llama victoria absoluta. Por eso una pregunta final para Netanyahu e indirecta para todo el pueblo judío ¿Será posible una victoria absoluta mediante la devastación y la muerte, como la pretendida por Hitler con la “Solución Final” en los campos de concentración para asegurar el triunfo total del tercer Reich?  La valerosa resistencia judía ante semejante desvarío inhumano y antisemita respondió negativamente esa pregunta, porque la conciencia europea aguijoneada por la culpa de su complicidad con el holocausto le reconoció al pueblo judío el derecho a un Estado soberano. Ha llegado la hora de reconocérselo al pueblo palestino, siguiendo el consejo de Einstein en su “Discurso sobre la construcción de Palestina”, pronunciado en 1932, donde expresó: “Nuestro objetivo no es la construcción de una comunidad política, sino que, conforme a la tradición del judaísmo, es una meta cultural en el sentido más amplio de la palabra. Para lograrlo debemos resolver con nobleza, abierta y dignamente, el problema de la convivencia con el pueblo hermano de los árabes. Es la ocasión de probar lo aprendido a través de milenios en nuestro dificultoso pasado. Si descubrimos el recto camino triunfaremos, y podremos dar un ejemplo a todos los pueblos. Lo que hacemos por Palestina lo haremos también por la dignidad y la moral de todo el pueblo judío”. Todavía es hora de escucharlo y rectificar la atroz senda en que está extraviado Netanyahu y los fundamentalistas que lo acompañan. Quizás así se logre también la libertad de los más de cien rehenes y el comienzo de una solución realista, más allá de la criminal belicista que impulsa Netanyahu. Una solución que atienda las palabras  de Amos Oz: “La actual crisis del mundo, en Oriente Próximo, o en Israel/Palestina, no es consecuencia de los valores del islam. No se debe a la mentalidad de los árabes como claman algunos racistas. En absoluto. Se debe a la vieja lucha entre fanatismo y pragmatismo. Entre fanatismo y pluralismo. Entre fanatismo y tolerancia” Por eso concluía en la inevitable necesidad de dos Estados: “No hay otra solución porque los palestinos no se van a ir, no tienen adónde. Los judíos israelíes tampoco nos vamos a ningún lugar, no tenemos adónde. No podemos ser una gran y alegre familia porque no somos una familia. Somos dos familias muy infelices. Debemos dividir la casa en dos apartamentos más pequeños. No hay otra opción.»

 

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PETRO, UN PÚGIL CONTRA LAS CUERDAS DE LA INSTITUCIONALIDAD.

PETRO, UN PÚGIL CONTRA LAS CUERDAS DE LA INSTITUCIONALIDAD

 

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Hernando Llano Ángel.

Para Gustavo Petro la política es un pugilato. Toda su vida la ha concebido como una lucha inclaudicable e interminable. Desde joven la hizo en el M-19, por fuera del rin de la institucionalidad. Ahora la hace desde el centro del rin, en la Presidencia de la República, lanzando mensajes sin parar y en todas las direcciones desde su cuenta X contra todos sus adversarios, críticos y malquerientes. Es incapaz de tener mesura y tomar distancia, como lo aconseja Max Weber,  frente a todo aquel que se le oponga o lo contrarie. Durante su fulgurante carrera política no ha dejado de combatir y persistir en el cambio de las instituciones, entendidas como aquellas reglas de juego del poder que en toda sociedad determinan quién gana y quién pierde, cuándo, cuánto y cómo. Por eso sus relaciones con la institucionalidad son tan difíciles y tensas. Le sucede a todo actor político que pretenda transformar una sociedad. Incluso al anarquista antiestatal y libertario de Milei en Argentina, con su monumental ley ómnibus. Para ello deben cambiar la institucionalidad y sus reglas de poder. De allí la desmesura en la cantidad y el alcance incierto de las reformas del “Gobierno del Cambio”, embarcado en al menos diez: tributaria, salud, laboral, pensional, educativa, cultural, energética, justicia, rural y de seguridad, entre las más importantes. Como si fuera poco, semejante bitácora reformista va precedida de la bandera inconmensurable, policroma e interméstica de la Paz Total y de un Plan Nacional de Desarrollo irrealizable en cuatro años: “Colombia potencia mundial de la Vida”. Paradójicamente, la reforma más crucial, la reforma política, quedó aplazada y envolatada desde su temprano fracaso en el Congreso, ante la imposibilidad de tramitarla más allá de los intereses clientelistas y patrimonialistas de la mayoría de congresistas, incluyendo algunos del mismo Pacto Histórico. Los políticos son geniales en reformar todo, excepto a sí mismos y sus reglas de juego, que les facilita casi siempre ganar y parasitar largamente en el Estado.

 

El rol de las instituciones

Al respecto, existe un consenso universal sobre el objetivo principal de las instituciones públicas: regular las interacciones humanas, de tal suerte que podamos prever el resultado de las mismas. Por ello, si no tenemos confianza en las instituciones como esas reglas que ordenan la vida política y socioeconómica, entonces lo que prevalece socialmente es lo impredecible y la anomia caótica. Es decir, el desconocimiento generalizado de las reglas y las normas, pues la mayoría de personas considerará que la forma más segura y exitosa para promover sus intereses y objetivos es desconociéndolas y violándolas. Para llegar más rápido a su destino, miles de conductores infringen con frecuencia las normas y señales de tránsito. Empezando por los gobernantes y poderosos empresarios con sus veloces caravanas de escoltas, para quienes por razones superiores de seguridad personal no existen las normas de tránsito. Miles de usuarios de transporte público no pagan los tiquetes, alegando su pobreza. En las universidades se plagian las tesis académicas y en el Congreso de la República las leyes, para escalar velozmente posiciones de mando. Incluso muchas normas son copiadas de otras sociedades, desconociendo prácticas y costumbres sociales que hacen parte de las llamadas instituciones informales, aquellas que cumplimos cotidianamente pues las llevamos inscritas en nuestra identidad e interacciones sociales. Tal es el caso de la impuntualidad “porque todos llegan tarde”, desde el presidente Petro hasta el profesor. Otra poderosa institución informal es la creencia de millones de colombianos en que el Estado –máxima expresión de la vida pública– es la empresa privada, familiar o si acaso partidista de los políticos que ganan las elecciones. Que el Estado siempre debe estar al servicio de los gobernantes y representantes políticos de turno, beneficiando con contratos, obras y empleos a sus leales votantes y patrocinadores. Así es como los políticos hacen todo lo contrario de lo que prescribe la Constitución, en lugar de actuar como servidores de lo público y de la ciudadanía, favorecen intereses particulares. Es la omnipresente y ubicua corrupción. En verdad, los políticos, salvo contadas excepciones, son los empresarios depredadores de lo público, que negocian y expropian los intereses generales para beneficiar intereses particulares, si acaso sectoriales o corporativos y convierten así el Estado en un mercado, como bien lo demuestra el profesor Edgar Revéiz en su texto homónimo.  En “El Estado como mercado: Gobernabilidad económica y política antes y después de la Constitución de 1991”, nos revela cómo la gobernabilidad presidencial de Cesar Gaviria, al ritmo del neoliberalismo y la apertura económica, terminó impidiendo y torpedeando el cumplimiento de la Constitución de 1991 en la realidad económica y social cotidiana. Así fue como pasó de ser promotor institucional a corruptor presidencial de la Constitución. Desde entonces, padecemos una especie de esquizofrenia institucional, pues la Constitución proclama un Estado Social de derecho, pero la realidad nos demuestra que hace y es todo lo contrario. Un Estado cada vez más privatizado y menos social, a tal punto que el mismo Gaviria promovió con las cooperativas Convivir la privatización de la seguridad pública, que luego mutaron criminalmente en las Autodefensas Unidas de Colombia. El artículo 22 de la Carta nos dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pero la guerra se prolonga indefinidamente. La Constitución que Gaviria proclamó como “Tratado de Paz”, parafraseando al jurista Norberto Bobbio, terminó siendo en sus manos una declaración de guerra integral contra las FARC, iniciada con el bombardeo a su Secretariado en “Casa Verde” el mismo 9 de diciembre de 1990, cuando elegíamos a los delegatarios de la Constituyente. Y ni hablar de la fantasmagórica democracia participativa, convertida en un mercado de votos con la manipulación de la ciudadanía por hábiles políticos. Políticos que financian su campañas electorales y triunfos presidenciales con patrocinadores ilegales, como el narcotráfico, pero también legales como Odebrecht y grandes conglomerados económicos que cobran por la ventanilla de la contratación pública y las alianzas público-privadas sus generosos aportes. Por eso se inventaron la coartada y el sonsonete de la “transparencia pública” y la lucha contra la corrupción y la politiquería, bandera con la cual se arropan todos los candidatos, desde Uribe hasta Rodolfo Hernández. Esa es la institucionalidad política que tenemos y quienes la usufructúan para su beneficio, hoy ponen el grito en el cielo y se rasgan las vestiduras cuando se exige a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con diligencia su deber constitucional, nombrar la próxima fiscal general de la nación, cuya terna le fue presentada por el ejecutivo desde agosto del 2023, hace casi 6 meses. Es una institucionalidad que no sirve para regular los conflictos, sino para exacerbarlos y, lo que es peor, ocultarnos cómo y quiénes toman realmente las decisiones. En lugar de brindarnos tranquilidad, produce zozobra e incertidumbre. Es lo que sucede nada menos con las elecciones para la Presidencia y el Congreso. Solo al cabo de los años nos enteramos que al general Rojas Pinilla el mismo presidente Lleras Restrepo le escamoteó su triunfo por miedo a que se presentará otro Bogotazo, como se lo contó a su secretario de prensa, Próspero Morales. Ni hablar de los apoyos más escabrosos y muy conocidos de los grupos paramilitares a las campañas de Uribe. En todas las campañas políticas desde 1990, tanto para Presidencia como Congreso, han sido los poderes de facto, algunos más ilegales que otros, quienes han decidido el triunfo de los candidatos en competencia. Es por eso que cabe hablar de una institucionalidad y gobernabilidad electofáctica, más que propiamente democrática.

 

La institucionalidad electofáctica

La institucionalidad electofáctica teje con la complicidad de muchas manos privadas y públicas la urdimbre del Estado cacocrático y su gobernabilidad electofáctica. Una urdimbre tan densa y extendida por toda la sociedad, con enclaves territoriales donde dominan diversos poderes de facto y clanes políticos, que hasta el mismo Gustavo Petro –quien siendo senador los denunció y combatió—parece haberlos necesitado para ganar la presidencia con el apoyo de figuras tan penumbrosas como Armando Benedetti y otras más, incluso cercanas al paramilitarismo, como lo ha informado la enjundiosa periodista Laura Ardila Arrieta en su artículo “Los pecados de la campaña Petro en el Caribe”.  Por eso hoy Petro está contra las cuerdas de esa institucionalidad electofáctica de naturaleza hibrida, entre legal e ilegal, que Barbosa en el caso de la Ñeñepolítica fue incapaz de investigar en la campaña presidencial de Iván Duque, pero que sí lo hizo con diligencia en el caso de FECODE por su aporte de quinientos millones al partido Colombia Humana. Una institucionalidad que anuda y da forma a una especie de tramoya impenetrable de leyes, incisos e instituciones –entre las cuales destacan la Procuraduría, la Fiscalía y la misma Corte Suprema de Justicia— diseñadas más para proteger que para investigar a los principales actores políticos y económicos del Establecimiento. Así sucedió durante las fiscalías de Montealegre con Palacino y SaludCoop y de Néstor H Martínez con Odebrecht-AVAL y Sarmiento Angulo. Lo contrario sucedió durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez por su enfrentamiento visceral con la Corte Suprema de Justicia, objeto de espionaje por parte del Ejecutivo, pues sus investigaciones sobre la parapolítica terminaron desvertebrando su gobernabilidad electofáctica. Una gobernabilidad que el mismo presidente Uribe promovió públicamente, requiriendo los votos de los congresistas para que aprobaran sus reformas “mientras no estén en la cárcel”, como lo hizo en un congreso de la Federación Nacional de Cafeteros. Por eso también manifestó años después que prefería a los comandantes de las Farc en el Congreso y no en la cárcel, desdiciendo así su vehemente campaña contra el Acuerdo de Paz con el argumento de la impunidad que los cobijaría, el cual seguramente llevó a miles de ciudadanos a votar en contra de la Paz. Los anteriores ejemplos demuestran a las claras que esa institucionalidad, por estos días intocable, sagrada y defendida, no es otra cosa que el resultado de intereses, acuerdos políticos y relaciones de fuerza cambiantes, como cuando el presidente Gaviria y la Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la mayoría de políticos y de los cacaos empresariales, cerraron en 1990 el Congreso de la República. Dicha Asamblea creo la Fiscalía General de la Nación como institución de la rama judicial, pero en la práctica ella se convirtió en un apéndice del poder presidencial. Así ha venido sucediendo después del proceso 8.000 hasta terminar convertida, bajo la administración de Barbosa que culmina hoy lunes 12 de febrero, en una plataforma para la oposición política y en un trampolín de su aspiración presidencial, tan vacua y mediocre como su personalidad narcisista.

Corte Suprema de Justicia Procrastinadora y Contemporizadora

Le corresponde ahora a la Corte Suprema de Justicia intentar restaurar la importancia y dignidad institucional de la Fiscalía, más allá de cálculos políticos o burocráticos, nombrando pronto una Fiscal en propiedad. Una fiscal que con su trabajo demuestre no ser una celestina más del poder presidencial y adelante todas las investigaciones con rigor legal y sin favorecimiento, como vergonzosamente no lo hizo Barbosa en el caso de la Ñeñepolítica y en la investigación en curso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsedad procesal y soborno a testigo. Mañana asume como fiscal interina la cuestionada Marta Mancera, enredada por presunto favorecimiento de narcotraficantes en el Valle del Cauca, según investigación de la revista RAYA. Mientras más se prolongue esa interinidad, más se afectará la institucionalidad y credibilidad en la Fiscalía. Crecerán las suspicacias sobre la independencia y autonomía de la Corte Suprema de Justicia, que en el pasado nombró a Barbosa por unanimidad y hoy prolonga su sombría administración con Marta Mancera. Amanecerá y veremos o ¿quizá seguiremos siendo cegados por la penumbra de esta frondosa y estable institucionalidad, que cobija y oculta impunemente a quienes hoy la defienden y procrastinan en nombre del Estado de derecho y la democracia? Tremendo desafío histórico para quien sea nombrada como Fiscal General de la Nación.

 

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miércoles, febrero 07, 2024

LA POLÍTICA EN LOS ESTRADOS JUDICIALES: PASTRANA Vs PETRO

 

LA POLÍTICA EN LOS ESTRADOS JUDICIALES: PASTRANA Vs PETRO

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/la-politica-los-estrados-judiciales-pastrana-vs-petro

Hernando Llano Ángel.

Hoy los principales conflictos y controversias políticas, sean nacionales o internacionales, se encuentran judicializadas. Desde Putin y Netanyahu, pasando por Trump y Biden, hasta llegar a la actual controversia entre el expresidente Andrés Pastrana y el presidente Gustavo Petro[1], originada en el siguiente trino de Pastrana: “Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”. Al cual, Petro respondió: “Jamás fui amigo de Epstein[2] ni me subí al "lolita express" y por eso se que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo”. Expresiones y cargos escandalosos, más propios del mundo delincuencial que del presidencial. Es el signo de los tiempos. Un signo preocupante y a la vez esperanzador.

Preocupante, pues nos revela que la política y sus principales protagonistas cada día están más involucrados en maniobras oscuras, limítrofes con la ilegalidad y el crimen. No es que la justicia se haya politizado, como dicen los incriminados en su propia defensa. Más bien es lo contario. Es que la política se ha criminalizado. Así los demuestran los protagonistas internacionales: Putin, Netanyahu, Trump, Biden, Bukele, Ortega y Maduro. Y los nacionales: Gaviria y el surgimiento de los PEPES[3]; Samper y el proceso 8.000; Pastrana y el auge criminal de los paramilitares; Uribe con la narcoparapolítica y los falsos positivos; Santos con Odebrecht; Duque y su amistad con el Ñeñe Hernández y Petro con el escándalo de su hijo y la supuesta violación de los topes de su campaña. Dichos protagonistas, sean líderes en la oposición o jefes de Estado, transitan cada vez más por una delgada y penumbrosa línea entre la legalidad y la ilegalidad, la legitimidad y la ilegitimidad.

Esperanzador, pues podría suceder que la justicia, actuando con rigor e imparcialidad, libere a la política de las redes de la criminalidad. La verdad, es que este asunto es demasiado complejo. Se trata de algo mucho más que saber quién gobierna, su legitimidad y cómo lo hace. Lo que está en juego es, nada menos, que la definición del tipo de poder estatal que rige los destinos de una sociedad. Mejor, los poderes de facto que están tras las bambalinas de la parafernalia de las instituciones estatales y determinan en últimas el carácter del Estado y lo que éste puede o no hacer en la sociedad para asegurar la prevalencia del interés público sobre el particular, la seguirdad y la convivencia democrática.

Odebrecht de constructora internacional a demoledora de legitimidad presidencial

Por ejemplo, Odebrecht[4] ha demostrado ser mucho más que una multinacional para la construcción de infraestructuras públicas en Latinoamérica. Se convirtió en un poderoso entramado privado-público de corrupción para la cooptación del Estado, como sucedió en nuestro caso, financiando las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos[5] y Oscar Iván Zuluaga. En el Perú su alcance fue más demoledor, pues produjo el desmantelamiento del poder presidencial con el enjuiciamiento en línea de tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y hasta el suicidio de Alán García, quien optó por su sacrificio antes de ser encarcelado y condenado. En todos estos casos, queda claro que estamos frente al poder de Estados cacocráticos[6], que subordinan el interés público y general a las ganancias particulares de Odebrecht compartidas con políticos y funcionarios públicos corruptos, auténticos cacos. Por todo lo anterior es que una institución como la Fiscalía General de la Nación se convierte en la pieza clave para enfrentar y desmantelar el entramado criminal del Estado cacocrático o, por el contrario, para ocultarlo y consolidarlo, como parece ha venido sucediendo hasta la fecha.

La Fiscalía, caballo de Troya de la criminalidad

De allí las dificultades de nuestra Corte Suprema de Justicia para la elección de la próxima fiscal. Porque la Fiscalía General en nuestro Estado y sociedad ha sido una institución deplorable en el develamiento y desmantelamiento de esa simbiosis letal entre la política y el crimen, que es la quintaesencia de nuestro régimen político electofáctico[7], y la matriz del Estado cacocrático[8]. Ha sido una especie de Caballo de Troya de la criminalidad. Quizá con la excepción de la Fiscalía de Alfonso Valdivieso y la investigación del proceso 8.000 contra el entonces presidente Ernesto Samper Pizano por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial, todas las demás Fiscalías han brillado por su penumbrosa investigación contra el crimen organizado, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, la parapolítica y su alianza con el poder político. En especial algunas Fiscalías, como la de Luis Camilo Osorio[9] y su sospechosa incompetencia en la investigación del paramilitarismo y la parapolítica; la de Néstor Humberto Martínez[10] y su tenebroso encubrimiento de Odebrecht y las extrañas muertes de Jorge Enrique Pizano[11] y su hijo Alejandro, hasta la actual de Francisco Barbosa y su descomunal incompetencia en investigar los presuntos aportes del Ñeñe Hernández[12] a la campaña del presidente Duque y las oscuras relaciones de la vicefiscal Marta Mancera con narcotraficantes en el Valle del Cauca[13]. Los anteriores casos  demuestran su fracaso institucional, sin necesidad de más pruebas que la evidencia pública de tan vergonzosas gestiones. Todas ellas tienen en común la complacencia con el Ejecutivo que los nominó, rayana con la complicidad, la impunidad y la procrastinación en la investigación de graves crímenes. En otros casos, como la Fiscalía de Mario Iguarán, aparece cuestionada su postulación y hasta nombramiento por la supuesta influencia de los paramilitares en ella, según versión de Salvatore Mancuso[14]. Pero más allá de las anteriores evidencias y suspicacias de la alianza de la Fiscalía con el Ejecutivo para el ocultamiento de sus delitos o, por el contrario, su distanciamiento para la investigación y ajuste de cuentas con el presidente de turno por la vía judicial, como lo ha venido haciendo Barbosa contra Petro, lo cierto es que la Fiscalía se ha convertido en una institución celestina de la punible y dañada relación que existe entre la política y el crimen. Una relación de la que no está a salvo ningún presidente desde la Constitución de 1991, ya sea por acción u omisión, puesto que el principal desafío que todos han tenido que enfrentar es como contener los alcances del crimen en la vida social y política.

Criminalidad multifacética y mutante

Una criminalidad multifacética y mutante, alimentada en forma creciente por las economías ilegales, que prácticamente han borrado las fronteras entre lo político y lo delincuencial, cuyo primero y principal protagonista fue Pablo Escobar, simultáneamente gran Capo y Representante en la Cámara por del departamento de Antioquia. También por ello ha sido tan funcional el narcotráfico en la financiación de las campañas electorales, desde las locales hasta las presidenciales, así como sus coaliciones y apoyos a organizaciones guerrilleras y en especial a los paramilitares, pues el narcotráfico es un comodín al servicio de todo aquel que pueda servirle para aumentar impunemente sus ganancias, reciclarlas y lavarlas, con el AVAL[15] del sector financiero o con inversiones inmobiliarias como la de Memo Fantasma[16] en la empresa Hitos Urbanos del esposo de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ni hablar de las relaciones del narcotráfico con instituciones como la Policía Nacional y el Ejército, de cuyas filas han salido los más importantes jefes de seguridad de los capos y sus enlaces con la institucionalidad, como el caso del general Mauricio Santoyo[17], exjefe de seguridad en la Casa de Nariño del Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Precisamente por todo ello, el presidente Gustavo Petro en reciente discurso ante los comandantes de la Policía Nacional afirmó: “Lo más difícil de la lucha contra el crimen es que las bandas están dentro de las instituciones y entran a las instituciones que más daño les harían”[18]. De allí la dificultad y la urgencia de que la Corte Suprema de Justicia nombre pronto una Fiscal General capaz de desmontar y desalojar ese Caballo de Troya de la criminalidad en que se ha convertido dicha institución, cuyo ingreso no hubiera sido posible sin el valioso concurso, entre otros, de fiscales como Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa. Dos hábiles jinetes en cabalgar y proteger a sus nominadores, los presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque, por las sendas de la impunidad. Solo con una Fiscalía independiente del Ejecutivo e inflexible frente al crimen se podrá minar las bases del régimen electofáctico y del actual Estado cacocrático, sustentados en la letal simbiosis de la política con el crimen y la impunidad. ¿Será posible hacerlo? Sin duda, para ello también será necesario depurar la Fuerza Pública, además de inculcar y fortalecer la ética pública en la ciudadanía para que supere esa indolencia que se esconde en expresiones como “todos los políticos son ladrones”. En ultimas, que salga de ese analfabetismo político que Brecht fustigaba en su célebre poema[19]. 


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