COLOMBIA ANTE LA ENCRUCIJADA DEMOCRÁTICA DE LA PAZ POLÍTICA O LA VIOLENCIA UBICUA DE UNA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y DEGRADADA[1]
Hernando Llano Ángel.[2]
“Patria
densa e indescifrable, situada en una encrucijada de destinos, donde lo
inverosímil es la única medida de la realidad”. Gabriel García Márquez.
Resumen:
Se parte de una breve caracterización del significado del resultado del
plebiscito del pasado 2 de octubre de 2016 y su impacto en el Acuerdo Final, considerando
que configura una encrucijada democrática, cuya superación dependerá en suma de
las habilidades de los actores políticos y la ciudadanía para definir unas
nuevas reglas del juego político que permitan la consolidación de la democracia
e impidan el resurgimiento y la profundización de una guerra aún más degradada.
Palabras
Claves: Paz
política, encrucijada democrática, pacto fundacional democrático y justicia de
reconciliación.
PUNTO
DE PARTIDA
Hoy nos encontramos todos los
colombianos frente a la mayor encrucijada política de nuestras vidas. La
encrucijada de continuar forjando la paz política expresada en el cese
bilateral del fuego y definitivo, convenido entre el Gobierno Nacional y las
FARC-EP en el marco del “Acuerdo Final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera”, o reiniciar y profundizar una guerra degradada, que desde 1958 hasta
2012, ha cobrado la vergonzosa cifra de más de 220.000 víctimas mortales, de
las cuales al menos el 81.5% fueron civiles y el 18.5% miembros de la Fuerza
Pública y combatientes de organizaciones armadas ilegales.
Una confrontación armada tan
generalizada y degradada que ha dejado más de 7 millones de colombianos en
fuga, desarraigados de su terruño para salvar sus vidas, arrebatándoles de un
tajo su ciudadanía, prácticamente sin derechos civiles, políticos, socio-económicos y culturales, condenados a deambular en ciudades inhóspitas e
insolidarias, en unas condiciones que la misma Corte Constitucional, en su
sentencia T-25, denominó “estado de cosas inconstitucional”. Para poner fin a
tal catástrofe y crisis humanitaria se precisa romper para siempre la simbiosis
mortal entre la política y las armas, la política y el crimen, la política y la
ilegalidad, condenando categóricamente toda pretensión de legitimación o
justificación política de la violencia, sea ella de orden estatal o subversivo.
Tal consenso político vital e histórico se encuentra hoy expresado en “El
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera”, suscrito por el gobierno nacional y las Farc-Ep en
Cartagena de Indias el pasado 26 de septiembre de 2016.
Si bien es cierto que dicho Acuerdo
Final No fue aprobado por la ciudadanía el 2 de octubre, los resultados del
plebiscito revelan que cerca del 63% del electorado no se sintió convocado a
las urnas, así como que la estrecha diferencia entre los ciudadanos que lo
aprobaron y lo rechazaron, de apenas 53.894 votos, refleja de una parte una grave crisis
de representación de las fuerzas políticas que lo promovieron, así como el
profundo divorcio existente entre la política y la vida social de la mayoría de
ciudadanos que se abstuvieron.
Este resultado desconcertante y
aparentemente inverosímil, más allá de las diversas hipótesis que pretendan
explicarlo, plantea el mayor reto a la actual encrucijada democrática, cual es
que la ciudadanía recobre su papel protagónico en la vida política y social,
pues sin su participación decisoria no se podrá forjar una paz estable y
duradera, sino apenas un armisticio entre fuerzas beligerantes o, cuando más,
un acuerdo precario entre élites políticas y militares, cuya continuidad
dependerá de los resultados de la próxima contienda electoral por la
Presidencia de la República.
La
Política entre la paz y la guerra.
De alguna manera, después del dos
de octubre, nos encontramos en el punto cero de la guerra y de la política,
forzados a salir lo más rápidamente posible de dicho limbo, pues un cese
bilateral del fuego como el actual solo podrá ser definitivo si se da
continuidad al cronograma de desarme y desmovilización de las FARC-EP, tan
rigurosa y técnicamente acordado en el Acuerdo Final.
Hay que resaltar que como
consecuencia de las conversaciones de paz en La Habana y del Acuerdo Final
alcanzado, hemos vivido el menor número de víctimas mortales por enfrentamientos
armados entre las FARC-EP y la Fuerza Pública en los últimos 51 años,
documentadas por el Centro de Análisis y Recursos del Conflicto Armado (CERAC).
Pero lamentablemente también hay que registrar, según el Alto comisionado de
las Naciones Unidas, que en el 2015 63 defensores de derechos humanos fueron
asesinados y esta es la cifra más alta en los últimos 20 años. Desde la
fundación de la Marcha Patriótica, hace cerca de cuatro años, han sido asesinados
120 de sus miembros. Entre 1994 y 2014, fueron asesinados 638 defensores de
Derechos Humanos, es decir, un promedio de 32 víctimas mortales por año, según
cifras de la Fiscalía General de la Nación. Y estas víctimas pasan
desapercibidas. Como si esta violencia fuera anodina, insignificante.
A tan grave violación sistemática y
casi inadvertida de Derechos Humanos, se agrega que hoy es imposible cumplir el
cronograma de desmovilización y desarme, después de la derrota del Acuerdo
Final en el plebiscito, al incurrir las partes en el grave error de no
comprender que la paz es un juego de suma positiva[3], cuya condición sine qua
non es que todos los participantes deben conservar su vida, para que el juego
de la política pueda así continuar y no ser aniquilados los jugadores por el
fuego arrasador de la guerra.
Pero no obstante la derrota
electoral del Acuerdo Final en el plebiscito, su núcleo central, el cese del
fuego bilateral y definitivo continúa vigente. Lo anterior significa el triunfo
del Sí en la realidad, de quienes siempre hemos sostenido que la POLÍTICA es
superior a la GUERRA. Que la POLÍTICA nos permite afirmarnos como seres
humanos, en nuestra inagotable e invaluable diversidad y pluralidad vital,
mientras que la guerra nos niega y degrada a todos y todas en nuestra común
condición humana, pues no reduce a la uniformidad gris del dolor y la muerte,
donde todos somos fatal y lamentablemente iguales. Es por ello que la Academia
Noruega ha otorgado el premio Nobel de la paz al presidente Santos, porque la
comunidad internacional reconoce que política, ética y vitalmente la PAZ es
superior a la GUERRA.
Como sencilla y enigmáticamente lo
dijera Hannah Arendt: “La política trata del estar juntos y los unos con los
otros de los diversos”. En efecto, hoy en el país estamos juntos los del No con
los otros del Sí, además de los diversos que son esa inmensa mayoría de
colombianos que no votaron (63%), a pesar de que estaba en juego aquello que
garantiza la vida y presupone el reconocimiento de la dignidad de todos: La PAZ
POLÍTICA. Pero también están en nuestro país los diversos de las FARC-EP, que
hoy continúan armados y en suspenso, porque una pírrica mayoría de menos de
60.000 ciudadanos y ciudadanas lo quisieron así: que continuaran siendo
militarmente diversos y potencialmente peligrosos en lugar de comenzar a ser
civil, políticamente diversos y potencialmente inofensivos, como lo somos
todos, cuando nos reconocemos como ciudadanos.
De esta forma, obstruyeron el
tránsito y la conversión irreversible que ya iniciaron de la GUERRA a la
POLÍTICA. O si se quiere, en un lenguaje maniqueo, antipolítico y belicista,
que dejarán de ser narcoterroristas y empezarán a ser ciudadanos. Es la
seguridad y velocidad de esa conversión lo que el NO ha frenado y tiene a toda
la sociedad en suspenso. Es por ello, que los del NO ahora tienen la mayor
responsabilidad histórica de NO frustrar la consolidación de la vía POLÍTICA y
lanzarnos de nuevo al abismo insondable de la GUERRA, donde todos perdemos,
exigiendo OTROSÍ imposibles de agregar al Acuerdo Final alcanzado con las
FARC-EP.
Afortunadamente tanto los “perdedores
como los ganadores”[4]
del plebiscito comprendieron esta dimensión consustancial de la paz como
política y asumieron la responsabilidad histórica de intentar superar las
diferencias en torno a los puntos más controversiales del Acuerdo Final.
Responsabilidad que se deriva del consenso unánime acerca de los costos
degradantes e inadmisibles de una guerra sin límites que se ha prolongado por
más de medio siglo, sin que ninguna de las partes haya podido imponer en el
campo de batalla sus condiciones al adversario[5].
Es en dicha medida que nos
encontramos frente a una encrucijada democrática, pues como claramente lo
expresa Robert Dahl:
“La democracia comienza
en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se
convencen que el intento de eliminar al otro resulta mucho más oneroso que
convivir con él”.
No obstante lo anterior y según las
últimas noticias periodísticas, todo parece indicar que fue imposible lograr un
acuerdo entre el Gobierno y los diversos representantes políticos del No,
especialmente con los voceros del Centro Democrático, pues continúa el veto a
la participación política y la eventual elegibilidad de los máximos comandantes
de las FARC-EP en cargos públicos, así como el rechazo radical a la existencia
de la Jurisdicción Especial de Paz y las penas restrictivas de libertad que
impondría a los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra,
cometidos en desarrollo del conflicto armado.
El veto a la participación política
es planteado como un inamovible por el Centro Democrático en su documento: “Bases de un Acuerdo Nacional de paz”,
en las anotaciones del punto 3.5 sobre el “Fin del Conflicto” y en el apartado
3.8 sobre “Justicia e Impunidad”, que propone la eliminación de la jurisdicción
especial para la paz, y una serie de modificaciones que se detallarán y
analizarán más adelante. A continuación,
las modificaciones sobre “El fin del conflicto”, que proponen debe contener el
nuevo Acuerdo Final, de ser aceptadas por las FARC-EP:
“Las
tres vocerías transitorias que tengan las Farc en Senado y Cámara u otras
corporaciones, para la discusión de normas relacionadas con la implementación
de los Acuerdos, no podrán estar en cabeza de personas condenadas por Delitos
de Lesa Humanidad o delitos graves, con la excepción de delitos políticos o
culposos.
Las
curules especiales que se otorgarán por 8 años a las Farc en el Senado y la
Cámara de Representantes, no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido
condenadas por Delitos de Lesa Humanidad o delitos graves”.
“El
artículo 36 del Acuerdo de Justicia, contrario a lo que hoy dispone la
Constitución, contempla la elegibilidad política para responsables de delitos
graves y de lesa humanidad. Debe expresarse de manera contundente que la
elegibilidad no será aplicable a quienes hayan sido condenados por estas
deplorables conductas.
“El
artículo 60 del Acuerdo de Justicia abre la puerta para que los máximos
responsables de crímenes de lesa humanidad que “digan toda la verdad” no tengan
pena carcelaria o medida equivalente. Tal como está el artículo se viola el
artículo 77 del Estatuto de Roma. Por supuesto en aras de un acuerdo se pueden
explorar penas carcelarias reducidas en condiciones de reclusión alternativas como
las colonias agrícolas”.
En cuanto a la Jurisdicción
Especial de Paz, el Centro Democrático, propone 18 modificaciones, siendo las
más relevantes las siguientes:
1- “Eliminar
la denominada jurisdicción especial para la paz, para ser reemplazada por un
sistema de justicia transicional al interior de la jurisdicción ordinaria de la
justicia nacional.
2-
Crear dentro de la jurisdicción
ordinaria unas salas especializadas que se denominarán CORTES PARA LA PAZ, las
cuales orgánicamente estarían adscritas al Tribunal Superior de Bogotá.
3-
Atribuir competencia a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que
funja como SUPERIOR JERÁRQUICO (segunda y última instancia) de las denominadas
Cortes para la paz.
9-
Las cortes de paz tendrán competencia sobre los actos de particulares y
miembros de la fuerza pública siempre y cuando dichas personas se presenten de
FORMA VOLUNTARIA (sic) ante las mismas, de lo contrario se les aplicará la
jurisdicción ordinaria.
10-
Se incluye TRATO DIFERENCIAL (sic) para los agentes del Estado en lo
concerniente al componente de justicia.
11-
La responsabilidad de los jefes de las FARC-EP por los actos de sus
subordinados, según la cadena de mando, deberá fundarse en el control de la
voluntad por virtud de la DOCTRINA DE LA AUTORIA MEDIATA EN LOS APARATOS
ORGANIZADOS DE PODER (sic).
13-
se MODIFICA EL RÉGIMEN DE SANCIONES, estableciendo un mínimo de 5 años y un
máximo de 20 años de privación de la libertad como sanciones a imponer por las
cortes de paz, para quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos
humanos o del derecho internacional humanitario.
14- SI HAY RECONOCIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD, (sic) sea autor o cómplice de la conducta, las sanciones
serían de 5 a 8 años de privación efectiva de la libertad, así sea en lugares
de reclusión alternativos como granjas agrícolas.
15-
SI NO HAY RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD (sic) y la misma se determina
por las autoridades del componente de justicia, las sanciones serían de 15 a 20
años de privación efectiva de la libertad. Para los cómplices o meros
intervinientes que no reconozcan responsabilidad la sanción será de 10 a 15
años.
16-
LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS (sic) proferidas por la Sala de Juzgamiento PODRÁN
SER APELADAS (sic). De igual modo, en cualquier momento, podrá solicitarse a la
sala plena de la Corte Suprema de Justicia REVISIÓN EXTRAORDINARIA de una
sentencia proferida por la sala de juzgamiento, cuando surjan nuevos elementos
probatorios que permitan establecer que se presentó un evidente error judicial
en perjuicio del condenado.
17-
Las Cortes de Paz NO PODRÁN DESCONOCER EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA (sic) de las
decisiones anteriores de la jurisdicción ordinaria.
18-
Se permitirá la HOMOLOGACIÓN DE CONDENAS (sic), por favorabilidad, de quienes
hayan sido condenados por la justicia ordinaria a pena superior a la
contemplada en el mecanismo de justicia transicional”.
A continuación, se aborda el
análisis del significado político más relevante de dichas modificaciones y se
proponen algunas alternativas para la superación de las mismas, en el horizonte
de contribuir a resolver la actual encrucijada política promoviendo un proceso
de transición hacia un PACTO DEMOCRÁTICO FUNDACIONAL, que permita la ruptura
progresiva y definitiva de la simbiosis de la política con las armas, el crimen
y la ilegalidad. Simbiosis que ha sido
determinante en la vida política nacional, particularmente desde la Constitución
de 1991, con la influencia decisoria del narcotráfico, el narcoparamilitarismo
y su mutación en la parapolítica, sin la cual no hubiese sido posible la
reforma constitucional que consagró la reelección presidencial.[6] De la entonces coalición
de partidos gubernamentales que la hizo posible fueron condenados 51
congresistas, entre Representantes a la Cámara y Senadores, pertenecientes a
las siguientes agrupaciones políticas: Movimiento Colombia Democrática; Cambio
Radical; Partido de la U; Colombia Viva; Convergencia Popular Cívica y el
Partido Conservador. Así como también ha sido decisoria la influencia de las
FARC-EP en las últimas elecciones presidenciales, comenzando por la elección en
la segunda vuelta de Andrés Pastrana Arango en virtud de su compromiso público
de acceder al despeje del Caguán, y posteriormente bajo las administraciones
del expresidente Uribe con su obsesión por derrotarlas en el campo militar. Lo
que se ha logrado en las conversaciones de La Habana y con la firma del Acuerdo
Final en Cartagena es la ruptura de las FARC-EP con las armas y el comienzo de
su conversión en una agrupación política legal, según lo aprobaron por
unanimidad en su reciente X conferencia nacional.
La
Encrucijada Democrática
Pero dicho proceso de conversión de
las FARC-EP pende de un hilo y prolongaría indefinidamente su nefasta relación
con el narcotráfico y el crimen de no permitirse plenamente su incursión en la
política institucional –previa dejación de las armas-- circunstancia por la
cual nos encontramos en una auténtica encrucijada democrática. Pues como
acertadamente lo plantea el politólogo Giuseppe Di Palma: “lo democrático es un
juego abierto de resultados inciertos que no impone a sus jugadores otra
expectativa que el hecho de jugar, el de formar y consolidar una democracia se
refiere a la habilidad para crear reglas de competición que atraigan a los
jugadores hacia el juego, aun cuando muchos de ellos pueden no estar
convencidos o incluso oponerse a él. Más concretamente, tiene que ver con la
habilidad en la creación de esas reglas de modo que sean capaces de despejar o
convertir en inoperante, en un futuro previsible, la tentación de jugadores
esenciales (de los cuales los más obvios, pero no los únicos, serían lo que
entran en el proceso con reservas) de boicotear el juego… Las reglas de las que
hablamos (lo que podríamos llamar el núcleo procedimental del juego
democrático) son las reglas que regulan el acceso competitivo al gobierno. Para
garantizar este acceso deben protegerse los derechos de la oposición y sus
perspectivas de ganar, a la par que también se protegen los derechos de los que
gobiernan. Por lo tanto, algunos futuros jugadores pueden considerarlas
excesivamente restrictivas, y otros excesivamente permisivas. Incluso pueden
llevar al mismo tipo de jugadores a conformarse o, por el contrario, a
convertir la competición en licencia, hasta que el juego se hunda. Es por esto
también por lo que la fijación de reglas al gusto de todos es una proeza”.[7]
Ante tal proeza se enfrentan
particularmente el Gobierno y las FARC-EP, de un lado, y el Centro Democrático
y sus sectores políticos afines, del otro, para encontrar esas reglas “al gusto
de todos”, y evitar así la deriva irreversible hacia la violencia, el crimen y
la guerra degrada en la que todos hemos perdido y nadie podría reclamar
victoria, a no ser al precio de su propia ignominia como vencedor sobre
escombros y holocaustos. Es claro que para las FARC-EP la exclusión de sus
comandantes de la participación política es “excesivamente restrictiva”, pues
significa su aniquilación y derrota política, por lo cual les parece una
condición inadmisible. Así como para el Centro Democrático la presencia de los
mismos en cargos de elección popular es “excesivamente permisiva”, pues en
lugar de acceder directamente a cargos gubernamentales deben primero purgar
penas efectivas de privación de libertad, dada la gravedad de los crímenes
perpetrados. Ante estas disyuntivas extremas y excluyentes pareciera no haber
una alternativa convergente, que permita a ambas partes compartir el mismo
espacio político y mucho menos las mismas instituciones estatales, desde las
cuales se toman las decisiones nodales y vitales para toda la sociedad.
Pero en tanto el veto del Centro
Democrático es directamente sobre la cúpula de las FARC-EP y quienes estén
“condenados por Delitos de Lesa Humanidad o delitos graves”, no impide la
designación de los tres (3) “voceros/as en cada una de las cámaras quienes deberán ser ciudadanos/as en
ejercicio” –como explícitamente aparece en el Acuerdo Final-- y participarán sin voto en los debates de las
leyes reglamentarias del Acuerdo, las cuales obviamente no se tramitarán por el
procedimiento legislativo Especial del Acto Legislativo 01 de 2016. Dichas
personas actuarían, según lo convenido, como voceras de las FARC-EP y
expresarían cabalmente los intereses y puntos de vista de la dirección política
de dicha organización.
Un procedimiento similar podría
emplearse para superar el escollo de quienes ocupen las 10 curules en el
Congreso durante los 8 años convenidos, pues dicha posibilidad está contemplada
en las páginas 63 y 64 del Acuerdo Final, cuando establece que “el nuevo
partido o movimiento político, durante dos períodos constitucionales contados a
partir del 20 de julio de 2018 podrá incluir
listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica para la circunscripción ordinaria del
Senado de la República y para cada una de las circunscripciones territoriales
ordinarias en que se elige la Cámara de Representantes”. Lo que confiere el
pleno derecho a las FARC-EP de postular candidatos entre ciudadanos/as que las
representen directamente y actúen concertadamente en nombre de sus dirigentes
históricos --a manera de voceros— pero ya con derecho a voto y poder decisorio
en el Congreso de la República. De esta forma, quizá, se supere el inamovible
impuesto por el Centro Democrático y tenga razón Di Palma cuando afirma que:
“Las reglas del juego
democrático son más bien una cuestión de acuerdo instrumental y liderazgos rivales,
que aceptan seguir siendo competidores en el marco del nuevo acuerdo, que
un problema de consenso popular o elitista preexistente sobre los fundamentos.
Esto quiere decir que los demócratas “genuinos” no preexisten necesariamente a
una democracia, y, de hecho, raramente lo hacen en un número significativo”[8].
En apoyo a esta especie de
representación virtual de la Comandancia de la FARC-EP por interpuestas
personas de su plena confianza programática e ideológica, se puede agregar que
así se avanzaría en un proceso lento de aceptación en los sectores de la
opinión pública más hostiles a su presencia política en las corporaciones
públicas. Algo similar realizó la Alianza Democrática-M19, cuando incluyó en su
lista de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 figuras de la
cultura como María Mercedes Carranza; de la política como Álvaro Leyva; del deporte
como Francisco Maturana; del liderazgo sindical como Angelino Garzón y de la
academia como Orlando Fals Borda, junto a sus militantes y miembros históricos.
En el evento de no permitirse el
tránsito de las FARC-EP a la vida política democrática, aún con las anteriores
restricciones a su Comandancia u otras semejantes, es muy probable que cunda el
escepticismo entre numerosos mandos medios de las FARC-EP y quedaría abierta
para ellos la posibilidad de desertar y controlar vastos sectores del
territorio nacional que conocen y han dominado secularmente, para desde allí
prolongar la simbiosis funesta con las economías ilegales y desatar una
violencia ubicua y degradada sobre el conjunto de la población nacional. Una
violencia que seguramente recurrirá a métodos de guerra de guerrillas
combinados con acciones terroristas en las ciudades. Entonces la encrucijada
democrática y la posibilidad de un pacto fundacional democrático naufragaría en
un mar de violencias y terror que fortalecería las tendencias más autoritarias
y antidemocráticas en el espectro político nacional, consolidando así un
régimen político híbrido que, al integrar elecciones con poderes de facto, bien
puede denominarse electofáctico.
Por último, en el complejo tema de
la justicia transicional y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), más allá de
los asuntos técnicos y formales propios de las garantías y la validez de los
procesos judiciales --en los cuales centran la atención las observaciones y
anotaciones formuladas por el Centro Democrático— es pertinente tener en cuenta
las siguientes cuestiones relacionadas con la esencia misma de la justicia
transicional y la JEP:
1-
Se
trata de una justicia y una jurisdicción esencialmente política, hija no
reconocida y hasta repudiada, por aquellas partes que se disputan violentamente
la supremacía y dirección hegemónica de una Nación, y con tal pretensión llegan
hasta el extremo de cometer crímenes que, por su carácter generalizado y atroz,
difícilmente pueden ser identificados, perseguidos y castigados plenamente sus
autores intelectuales y materiales. En el caso de nuestro conflicto armado
interno hacen parte del criminal repertorio las desapariciones, las masacres, los
falsos positivos, los secuestros, el reclutamiento de menores, los
desplazamientos masivos, la violencia sexual, las torturas y los asesinatos
selectivos. Todos estos crímenes atroces tienen en común que han rebasado la
capacidad del Estado con su jurisdicción ordinaria y aparatos judiciales para
su persecución, procesamiento y enjuiciamiento, cuando no han incurrido algunas
de sus jurisdicciones y operadores judiciales en posturas complaciente en su
labor investigativa y sentencias laxas, más cercanas a la impunidad y el
encubrimiento que a la verdad y la justicia. Es por todo lo anterior que dicha JEP tiene
que ser externa e independiente del aparato judicial del Estado, sin que ello
implique desconocimiento y desconexión con el mismo. De allí, que puedan
encontrarse fórmulas de complementariedad, respetando la autonomía y
especificidad de cada una de ellas. De
alguna manera la JEP trata de resolver la siguiente encrucijada que le plantea
a la justicia la violencia generalizada promovida y ejecutada con fines
políticos, expresada lucidamente así por Hannah Arendt: “Es muy significativo,
elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean
incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que
ha resultado ser imperdonable”[9].
2-
Se
trata de una justicia de carácter restaurativo, cuya potencia transformadora de
relaciones sociales depende del reconocimiento de la verdad de los daños
infligidos a las víctimas y la responsabilidad de sus causantes o perpetradores
para reconocerlos y eventualmente repararlos. Por lo tanto, no es una justicia
inquisitiva y punitiva que agota su función en el castigo del victimario y la
gratificación emocional de la víctima por la pena impuesta al infractor o el delincuente
que le ha causado pérdidas y sufrimiento.
Como bien lo señala Raimon Panikkar, es una Justicia de Reconciliación:
“que viene de conciliación y guarda relación con eclesia: convocar a los otros
y a todos hablar con los otros… en la verdadera reconciliación no hay
vencedores ni vencidos. Todos salen ganando, porque el todo, del cual todos formamos
parte, se ve respetado”[10]. Si todas las partes
comprometidas con los ajustes al ACUERDO FINAL se esfuerzan en comprender la
Justicia Transicional y la JEP en clave de RECONCILIACIÓN POLÍTICA, es probable
que los mayores escollos para su aceptación y funcionamiento sean superados, y
los ajustes de orden técnico fluirán sin mayor dificultad. De lo contrario, si
prevalece la pretensión de una superioridad moral indiscutible de una de las
partes sobre las demás, con fundamento en la cual reclama y se arroga el
derecho a investigar, juzgar y condenar, no será posible la reconciliación y
menos su presupuesto: la verdad frente a las víctimas y el sufrimiento causado,
independientemente de las razones o fundamento que esgriman los victimarios
para justificar o legitimar su acción.
Noviembre
17 de 2016.
[1]
- Texto presentado en el
Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República,
en Bogotá, D.C, el 17 de noviembre de 2016.
[2] - Profesor Asociado del
Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali. Abogado, Magister en Estudios Políticos de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá. Candidato a Doctor en Ciencia Política en la
Universidad Complutense de Madrid.
[3] - La paz es un juego de suma
positiva, en: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9361-la-paz-es-un-juego-de-suma-positiva.html.
[4] - Considerando que la abstención
fue de cerca del 63%, en realidad no cabe reclamar victoria por ninguna de las
partes, pues todo parece indicar que la mayoría del electorado no se sintió
convocado ni comprendió la dimensión de lo que estaba en juego.
[5]
Así lo reconoce el senador Uribe al leer el Comunicado celebrando la
victoria del NO: “El sentimiento de los colombianos que votaron por el Sí, de
quienes se abstuvieron y los sentimientos y razones de quienes votamos por el
No, tienen un elemento común: todos queremos la paz, ninguno quiere la
violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le de protección a la FARC y
que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Señores
de la FARC: contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes,
protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad.”
[6]
-- Al respecto, consultar el revelador informe de Verdad Abierta, “De la Curul a la Cárcel”: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/63-nacional/4800-de-la-curul-a-la-carcel.
[7]
- Di Palma, Giuseppe. “La
consolidación democrática: una visión minimalista”, pp. 73-74. Revista Española de Investigaciones Sociológicas
número 42 de marzo 1988 p 67-92.
[8] - Di palma, op cit, p. 73.
[10] -
Panikkar, Raimund. (1993). Paz y desarme cultural. Santander, Edit. Sal
Térrea, pp. 167- 172.