miércoles, noviembre 27, 2019

21N: LAS METÁFORAS Y LOS ADJETIVOS NO ALCANZAN.



21 N: LAS METAFÓRAS Y LOS ADJETIVOS NO ALCANZAN


Hernando Llano Ángel.

El 21 de noviembre de 2019 Colombia despertó con la democracia en las calles y se acostó con el miedo en sus casas. Cali fue la primera ciudad que vivió esa metamorfosis política y social. En la mañana la indignación altiva y festiva de la clase media se tomó las calles. La protesta social fue masiva, cordial y recreativa, entre tambores y saltos del Guasón, sin violencia alguna. El CAM no tuvo espacio para albergar tanta diversidad y alegría rebelde, la multitud desbordó la plazoleta y colmó todo el paseo Bolívar. Una expresión más de esa nueva ciudadanía democrática, intergeneracional y transgénero, diversa, animalista y posantropocéntrica. Una ciudadanía que siente y defiende con igual respeto y coherencia la vida vegetal, fluvial, marítima, animal y la dignidad humana, como un pluriverso total e indivisible, del cual todos somos parte. Una ciudadanía que se rebela contra esa voraz subespecie de narcisistas tiránicos que degradan la vida a mercancía y plusvalía, bajo la coartada de una democracia cuyo verdadero rostro y nombre es mercadocracia. Esa subespecie de amos, banqueros, empresarios, políticos y ejecutivos con sus rostros sonrientes de éxito, que vemos todos los días en la televisión y la prensa, orgullosos de su sed insaciable de ganancias y su emprendimiento devastador sin límites. Contra esa subespecie gobernante y dirigente se vienen expresando millones de ciudadanos de clase media, en todo el mundo, reclamando una democracia real que supere los límites de los privilegios y las ganancias de esa minoría, que aumenta su patrimonio especulando con nuestras necesidades, expoliando nuestro trabajo y robando nuestros impuestos desde sus infamantes y corruptos cargos públicos, salvo contadas excepciones. Reclamamos derechos universales a educación, salud, vivienda y seguridad social, no subsidios y prebendas paliativas que condena a las mayorías a una vida indigna, precaria y siempre subordinada a sus redes clientelistas. Y como ciudadanía de clase media, valoramos y respetamos la vida de los líderes y defensores de lo público, de los derechos humanos, por eso nuestra protesta fue altiva y pacífica. Porque no toleramos más sus asesinatos y persecuciones. Una ciudadanía que al término de la marcha colmó las plazoletas de comidas de los centros comerciales, como El Centenario, en Cali que, con su decoración decembrina, parecía albergar una extraña fiesta ciudadana. Y así culminó ese mediodía de democracia de clase media.

Y La noche que llega

Pero a las pocas horas todo cambió y la movilidad de esa clase media democrática desapareció de las calles. El alcalde Armitage, deplorándolo, decretó el toque de queda a partir de las 7 de la noche. El jolgorio democrático de la clase media desapareció de las calles y estas empezaron a poblarse por quienes no son acogidos en los centros comerciales y sus modernas plazoletas de comida. Y esos jóvenes ansiosos, excluidos y rabiosos se tomaron las calles, las plazas y frente a la Fuerza Pública su rabia fue creciendo, hasta volcarse violentamente contra todo el bienestar que el mercado les niega y los derechos que el Estado les brinda en forma precaria y costosa: el transporte, la salud, la educación y el trabajo. Entonces el caos, la destrucción de los bienes públicos, el saqueo del comercio y de bienes privados, convirtió la cívica protesta de clase media en una batalla campal de pobres desarraigados contra pobres uniformados. En pocas horas pasamos de una mañana democrática a una tenebrosa noche de miedo familiar. Muchos de aquellos que al mediodía se comportaron como ejemplares ciudadanos, en la noche pasaron a ser furiosos y temibles defensores del patrimonio familiar, aupados por un miedo exacerbado, difundido por las redes sociales. Y estas escenas se repitieron en Bogotá el 22 de noviembre, donde también el miedo ingresó en la noche a las unidades residenciales, acompañado del ruido de cientos de miles de cacerolazos y de familias armadas con sus utensilios domésticos: escobas, cuchillos, sartenes y palos.

¿Del civismo al fascismo?

Y de repente el civismo pareció mutarse en fascismo. Aparecieron armas de uso exclusivo de las fuerzas militares, escopetas del abolengo familiar, rusticas pistolas, cuchillos, machetes, bates, se escucharon disparos y tomó cuerpo un pánico colectivo que legitimaba la autodefensa familiar y social.  En las redes sociales circularon nuevamente las arengas de Carlos Castaño y muchos admiraron su “clarividencia y valor”, dispuestos a seguir su ejemplo en las ciudades. Tal parece que ese es el mayor peligro que vivimos en la actualidad. Promover una violenta polarización social, donde supuestos “ciudadanos de bien” se enfrentan a “hordas de desadaptados”, vándalos y terroristas, todo ello estimulado por el miedo y una incuestionable conciencia ciudadana, según la cual hay una violencia buena –la que defiende nuestros bienes e indolente e insolidario estilo de vida— contra otra violencia mala y demoníaca que nos amenaza de muerte. Pero tal maniqueísmo político y social olvida que la génesis de esa violencia mala es una violencia buena, supuestamente legítima, que muchos se niegan a ver y cuya barbarie y crueldad empieza a revelarse gracias a la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (cerca de 80.000) y los recientes encuentros  improbables entre protagonistas ilegales de esa pesadilla violenta, los excomandantes paramilitares y exguerrilleros, que al menos tienen el valor de dar la cara y no se protegen tras la inmunidad que otorga un fuero presidencial y la laxitud moral de millones de electores. Protagonistas institucionales que hoy se sitúan por encima de la ley y se creen más allá del bien y del mal, una especie de soberanos intocables, revestidos con aureola de héroes y gobernantes eternos, celosamente defendidos por leguleyos expertos en burlar la justicia.

El vandalismo institucional

La laxitud de esos millones de electores olvida los cerca de cinco mil “falsos positivos” y los billones de pesos defraudados y apropiados por “gente de bien” en negociados como Invercolsa, Agro Ingreso Seguro, Reficar, Hidroituango y los entramados ilegales de muchas EPS, para no mencionar las tramoyas ilegales tejidas en el Congreso y las altas Cortes, como las campañas presidenciales financiadas por Odebrecht y generosos empresarios legales y criminales. A todos ellos parece estar llegándoles la hora de la verdad. Si todo lo anterior fuera tan visible a nuestros ojos y ofensivo a nuestra sensibilidad moral, como lo son los destrozos en bienes públicos y privados dejados durante estos días de paro, rabia y resentimiento social, no soportaríamos el paisaje de muerte y putrefacción de esos miles de cadáveres de jóvenes (“falsos positivos”) esparcidos en las calles y la ruina de cientos de hospitales, escuelas, universidades, casas e infraestructura social causada por el robo continuado de unos cuantos tecnócratas y cleptócratas, disfrazados de gobernantes y representantes de intereses privados, que gozan de impunidad. Pero ese vandalismo institucional y sus responsables se ocultan muy bien tras esa mampara de “democracia ejemplar” que se escenifica en las elecciones y en los discursos oficiales. Esa mampara ha empezado a resquebrajarse y está quedando a la vista pública la fea desnudez de sus protagonistas. No se puede seguir ocultando tanta desfachatez, por más trajes, condecoraciones, bandas presidenciales y uniformes que traten de disimularla y revestirla de legitimidad democrática. Ya va siendo hora de que Duque despierte de su autismo y narcisismo presidencial. Que deje de ser ese infante patético que, con el tono enérgico y vacío de sus alocuciones, vive obsesionado con el orden público y la seguridad, creyendo que eso basta para gobernar. Debería recordar el famoso aforismo: “Con las bayonetas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas”. Como Presidente piadoso, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, más le convendría tener presente el siguiente consejo pontificio: “La seguridad de los ricos es la tranquilidad de los pobres”, y saber que esta última solo se alcanza con políticas sociales y no con toques de queda.

El desafío democrático

Por ello, el mayor desafío para los recién electos alcaldes y gobernadores es reconstruir desde la ciudadanía, desde los barrios y veredas, una gobernabilidad democrática de carácter social y no clientela. Renunciar del todo a los acuerdos burocráticos con Concejos y Asambleas y sus tramoyas corruptas, que son la quintaesencia del vandalismo institucional, principal responsable de las emergencias sociales y las disrupciones violentas que estamos viviendo. Por nuestra parte, como ciudadanos, no podemos caer en la pesadilla de las autodefensas vecinales y menos permitir la manipulación de nuestro juicio por el miedo mediático de las redes sociales y el oportunismo de falsos Mesías de izquierda o derecha que se anuncian como salvadores providenciales. No más divisiones maniqueas de ciudadanos de bien contra vándalos y ciudadanos del mal. La democracia precisa de gobernantes ciudadanos, como los electos oportunamente en Bogotá, Medellín y Cartagena, representativos de esa clase media que cívicamente se expresó el pasado 21 de noviembre. Ellos asumen el mayor desafío: responder ejemplar y pulcramente, con políticas sociales en lugar de toques de queda, a las expectativas y necesidades populares inaplazables. De lo contrario, nos esperarán muchas noches más largas y tenebrosas, sin aún haber despertado de la que se ha prolongado por más de 50 años. Pero toda parece indicar que la aurora democrática empieza a despuntar, lenta y dolorosamente, como siempre ha sucedido en muchos otros lugares. Ahora depende de todos nosotros, como ciudadanos y ciudadanas que se haga realidad. La democracia es un asunto terrenal, no celestial. No esperemos milagros y muchos menos salvadores entre patricios, plebeyos o militares. Basta mirar a nuestro alrededor: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile, en donde ya la ciudadanía está tomando conciencia que el problema supera a los gobernantes, puesto que el meollo y almendrón está en el mismo régimen y sus dinámicas excluyentes, criminales y depredadoras, derivadas de la simbiosis del Estado con poderes de facto. Esta transición histórica apenas está comenzando y su horizonte es incierto, se debate entre la noche del miedo y el odio o el amanecer de una auténtica democracia de ciudadanos, que nos exige a todos lucidez, coraje y sacrificio, para no extraviarnos en los espejismos de utopías inalcanzables o autoritarismos mesiánicos, sean de derecha o izquierda, solventados en el miedo y la desesperación.

lunes, noviembre 18, 2019

Entre urnas, tumbos y tumbas.



ENTRE URNAS, TUMBOS Y TUMBAS


(noviembre 11 de 2019)
Hernando Llano Ángel.

No se habían cerrado las urnas en todo el territorio nacional y ya se abrían más tumbas en el Cauca. Vertiginosamente pasamos de los jolgorios electorales a las ceremonias funerales. Y todo sigue igual. Una es la Colombia citadina que celebra y otra la indígena y rural que llora. Celebramos indolentes y sin memoria una supuesta democracia en donde cada día se cortan más cabezas de líderes sociales y defensores de derechos humanos sin ser siquiera posible contarlas. Pronto olvidamos que en las pasadas elecciones fueron asesinados ocho candidatos y que van cerca de 169 exguerrilleros de las Farc ya enterrados, en lugar de reincorporados. A ellos, se suman más asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, cuyo número supera los 125 miembros de comunidades indígenas en el último año, sin contar las víctimas mortales de otros sectores sociales. Una matanza tan sistemática como la ininterrumpida celebración de elecciones: esa especie de carnaval macabro celebrado por más de 60 años bajo la coartada perfecta de la impunidad política, brindada por  una “democracia” tanática. Una coartada que ya se desvaneció en Bolivia, con la renuncia forzada de Evo Morales, aunque quizá sea el comienzo de otra peor, bajo la égida de un nuevo autoritarismo aupado por la indignación de amplios sectores sociales inconformes con el caudillismo de Evo y su obsesión de “presidente eterno”. También se empieza a desvanecer el embrujo de la “democracia mercadocrática” en otras latitudes, como Ecuador y Chile, donde la ciudadanía ya no parece dispuesta a tolerar más gobiernos cleptocráticos, sean de derecha o izquierda, expertos en robar las expectativas y justas demandas ciudadanas, en beneficio del mercado o la perpetuación de liderazgos caudillistas y autoritarios, putrefactos como el de Maduro.

¡Por fin, ganó la política!

Y frente a ese panorama mortal, convulso e incierto en la vecindad, tuvimos en nuestras principales ciudades resultados electorales sorprendentes: ganaron candidatos comprometidos realmente con la política, la diversidad, la justicia, la paz y la búsqueda de la verdad. Candidatas y candidatos que no hacen de la lucha contra la corrupción y la politiquería una consigna electoral, como la falsa cruzada maniquea del Centro Democrático, sino una vocación vital refrendada públicamente con coraje y veracidad. Candidatos y candidatas que, como Claudia López, revelan sin tapujos lo que son y lo que hacen. Que han contribuido, con valor y lucidez, a depurar el escenario político de impostores, corruptos y narcoparapolíticos, cuyo amplio espectro partidista y delincuencial va desde el Centro Democrático, pasando por Cambio Radical, el partido Liberal hasta el Conservador[1],  con la reciente fuga acrobática de Aida Merlano. Ganaron aspirantes a cargos públicos que tuvieron el suficiente valor y carácter civil para superar la manipulación de líderes que, como Álvaro Uribe y Gustavo Petro, buscan vanamente dividir a Colombia entre buenos y malos, derecha e izquierda, convirtiendo la política en una cruzada de fanáticos incapaces de pensar más allá de sus privilegios, prejuicios, simpatías y odios personales. Así pueden interpretarse triunfos inimaginables e improbables, como los de Daniel Quintero, en Medellín, William Dau, en Cartagena y Carlos Mario Marín en Manizales, para nombrar solo algunos. También asistimos al triunfo de la diversidad y la pluralidad, superando atavismos y fundamentalismos religiosos, expresado en la elección de 21 candidatos LGBTI en 12 Concejos, 5 JAL, 3 Asambleas y la alcaldesa de Bogotá, con 1.108.541 votos. El reconocimiento del liderazgo femenino indígena, con las alcaldesas Mercedes Tunubalá, en Silvia, Cauca, y Aura Cristancho, de la comunidad U’wa, en Cubará, Boyacá. Incluso el triunfo de reincorporados de las Farc, como Guillermo Torres, en Turbaco, Bolívar y Eduardo Figueroa en Puerto Caicedo, Putumayo. 

En fin, la expresión de una ciudadanía que votó en forma independiente, afianzando un ejercicio de la política más allá de redes clientelistas, miedos imaginarios, prejuicios invencibles y necesidades apremiantes, que antes le impedía deliberar y votar libremente. Una ciudadanía que ya había expresado su repudio al establecimiento político con más de 11 millones de votos en la consulta anticorrupción, superando incluso los obtenidos por Iván Duque para la presidencia, esbozando así el nacimiento de una legitimidad más allá de los partidos y del mismo Congreso. El lento despertar de una Colombia democrática que no quiere seguir muriendo en manos de políticos impunes, incompetentes y corruptos, que periódicamente ganan las elecciones a punta de coaliciones, como lamentablemente sucedió en el 78.9% de las gobernaciones, donde sí contaron mayoritariamente los votos de las maquinarias, las redes clientelistas en el campo y en los pequeños municipios. En síntesis, elecciones de transición entre una nueva Colombia, que confía en liderazgos renovados y otra que aún continúa, por muy diversas circunstancias y complejos factores, confiando en los mismos de siempre. Una Colombia anacrónica que no exige cuentas por las cuestionadas ejecutorias de sus partidos y candidatos, los cuales refrenda una vez más en las urnas, quizá por conveniencia, conformidad, miedo, indolencia o esa falsa prudencia de elegir con certeza un mediocre conocido a la incertidumbre de votar por un nuevo desconocido. Pero también, una Colombia ingenua frente a candidatos conocidos de autos, habilidosos tránsfugas y travestís políticos profesionales, capaces de hacer coaliciones hasta con el diablo con tal de ganar las elecciones, como aconteció en Cali y en otras importantes ciudades.

De tumbo en tumbas

Y frente al anterior policromo panorama electoral, donde brilla hasta el arcoíris en Bogotá, sucede todo lo contrario en el ámbito presidencial, donde predomina el gris de la mediocridad y el púrpura de la violencia, la mortandad y la impunidad. Así sucedió con el bombardeo al campamento de “Gildardo Cucho” en San Vicente del Caguán, tan implacable y deplorable, que cobró la vida de ocho menores de edad, cuya identidad fue ocultada y casi negada, de no ser por el debate y las denuncias del senador Roy Barreras en la moción de censura contra el inefable exministro de defensa Guillermo Botero. Más allá de la controversia y las interpretaciones sobre la aplicación o no del Derecho Internacional Humanitario en dicha operación, lo absolutamente grave e inadmisible es el comportamiento del presidente Duque, su ministro y la cúpula militar. Para empezar, la forma exultante y victoriosa como fue celebrado el bombardeo por el presidente Duque: “una operación impecable y meticulosa”, sin mención alguna a los ocho menores allí desmembrados y sacrificados. Expresión muy parecida a la del exministro Botero cuando se refirió al asesinato del reincorporado de las Farc, Dimar Torres: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber alguna motivación”. Hoy sabemos que tal motivación fue el odio y la venganza de un oficial, quien estimuló su asesinato, como lo reveló la Fiscalía: A ese ‘man’ no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel, escribió el oficial en un grupo de WhatsApp, que Gómez Robledo creó con el nombre de Dimar Torres, como lo informó la revista Semana en la edición número 1957 (https://www.semana.com/nacion/articulo/crimen-de-dimar-torres--subteniente-john-javier-blanco-barrios-lo-sabia-todo/638816)

La fatal superioridad moral.

Lo que hay detrás de tales expresiones es esa fatal superioridad moral de la que están revestidos e investidos tantos funcionarios de este gobierno, miembros de la Fuerza Pública y seguidores del Centro Democrático, quienes tienen la absoluta certeza que su violencia es buena y  legítima per se --sin consideración alguna a los límites impuestos por el DIH, la Constitución, las leyes y la dignidad humana— y que por tanto se consideran a sí mismos eximidos por completo de responsabilidad y hasta de sensibilidad. A tal punto, que ni siquiera hoy han expresado condolencias y respeto ante el dolor de los familiares de los menores, doblemente victimizados por el reclutamiento repudiable de sus hijos por “Gildardo Cucho” y la “impecable y meticulosa” operación oficial que los desmembró. Y para cerrar este vergonzoso episodio del poder ejecutivo con broche castrense, el entonces ministro Botero lleva al Congreso una numerosa comitiva de altos oficiales del Ejército para que lo respaldaran, casi como una barra brava, en su imposible defensa frente a tan exitoso operativo. Una operación “impecable y meticulosa”, propia de un estilo presidencial que gobierna de tumbo en tumbo y llena cada día más de tumbas esta ejemplar “democracia”. Razón tenía Don Miguel de Unamuno: “Es más fácil civilizar un militar que desmilitarizar un civil”,  como bien lo demuestran el senador Álvaro Uribe con el Centro Democrático e Iván Márquez con su “Nueva Marquetalia”. Curiosamente, ambos proclaman en sus discursos una “democracia más profunda”, con justicia y paz, pero en la práctica promueven bombardeos y emboscadas que siembran los campos de nuevas tumbas y fosas comunes. Por fortuna, las últimas elecciones demuestran que ambos están en minoría. Que cada vez los colombianos preferimos contar en las urnas más cabezas, vivas y diversas, y repudiamos que aumenten las decapitadas para sumarlas a la igualdad lúgubre de la muerte. Ojalá los próximos partes presidenciales, después del paro nacional del 21 de noviembre, celebren la vida y el derecho a la protesta ciudadana; el camino de los acuerdos sociales y no el de las victorias militares. Las manifestaciones ciudadanas son expresiones de vida y poder, no de violencia y miedo, menos de destrucción y muerte, como quedó demostrado hace treinta años con la caída del muro de Berlín. En América Latina hoy la democracia está cada día más en las calles y menos en los aposentos oficiales. Algo que apenas empieza a comprender Piñera, después de más de 20 muertos. Convendría que el presidente Duque lo comprendiera ya, en lugar de seguir sumando miles de muertos en defensa de este régimen y orden tanático, que ha negado por más de 60 años los derechos políticos y sociales a las mayorías en beneficio de privilegiadas minorías. Hoy está despertando el país nacional, con su rostro diverso, joven, plebeyo y alternativo, cansado del país político con su rostro formal y maquillado de patricios y patrones eternos, presidido por un joven Duque tras el cual gobiernan los mismos de siempre. Aquellos que todavía creen que Colombia se puede gobernar como una ubérrima hacienda familiar. Pero está terminando el tiempo de los patrones y empieza el de los ciudadanos.

miércoles, octubre 30, 2019

Elecciones Fatales.



ELECCIONES FATALES
(miércoles 23 de octubre 2019)
Hernando Llano Ángel.

Tal como está el panorama político en nuestro convulsionado subcontinente, con la eclosión del volcán social en Chile, el cuestionado triunfo de Evo Morales en Bolivia y la victoria de la protesta indígena y social en el Ecuador contra Lenin Moreno, podemos concluir que las elecciones se han convertido entre nosotros en un ritual mortal. Han dejado de ser una institución para la legitimación democrática y se están transformado en una sofisticada coartada para la represión autoritaria. Ya lo expresó el presidente chileno, Sebastián Piñera: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”.  Solo le faltó reconocer que él fue quien declaró la guerra, al tomar una medida que disparó la protesta popular.

Joker en Chile

Elecciones cada vez menos legales y democráticas, si tenemos en cuenta el efecto de Petrobras y Odebrecht, poderosas multinacionales para corromper y elegir presidentes en Brasil y Perú, donde la complicidad de “la clase política” y su dinámica corruptora no alcanzaron a controlar plenamente el poder judicial, como acontece en nuestro caso y Venezuela. Pero, a pesar de tan desolador panorama, todos los mandatarios de nuestros países se reclaman auténticos demócratas, simplemente por el hecho de ganar elecciones, así sea violando sus constituciones: modificando “articulitos” con cohechos (Uribe); desconociendo los resultados en referendos y elecciones (Evo Morales); clausurando el Congreso y reprimiendo violentamente a los opositores (Maduro) o sobrepasando los topes de financiación con aportes de Odebrecht (Santos y Zuluaga). No es de extrañar entonces que, ante tanta mentira e impostura, revestida de prepotencia y cinismo democrático, la respuesta de los gobernados sea iracunda y violenta, especialmente cuando sus presidentes toman medidas tan impopulares como las de Lenin Moreno y Sebastián Piñera. Ya la gente no soporta que, además de la confianza depositada en las urnas, le roben también el sueldo, esquilmen sus pensiones y conviertan sus sueños en pesadillas. Por ello no es coincidencia, ni mero efecto imitativo, que en las protestas en Chile empiecen a aparecer entre la multitud máscaras del Guasón, (Joker) ya desesperados de tanto comediante exitoso, soberbio y enriquecido, que hoy funge de gobernante demócrata.  Entonces las elecciones, esa especie de comedia política, se convierten en una tragedia social, tal como sucede en la película con la humillación y exclusión del Guasón y está pasando en Chile, Bolivia y Ecuador con la burla de las esperanzas populares.

Pero el asunto en la vida real siempre es más complejo que en el celuloide, porque en ella no basta con cambiar el reparto de comediantes, eligiendo y subiendo a otros en el escenario del poder. Hay que cambiar también el teatro y su decorado y ello no es un asunto que se resuelva en unas elecciones. Como lo dijo Álvaro Gómez Hurtado, quien conocía bien el entramado del poder y sus vericuetos, lo que hay que tumbar es el régimen.

Un Teatro deplorable

Empezando por el régimen municipal y su corporación de elección popular, el Concejo Municipal, responsable con el alcalde de la buena, mala o pésima administración de la ciudad.  Como se puede leer en el último boletín del Observatorio CALI VISIBLE, de la Universidad Javeriana https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/boletin_especial-2019_final.pdf), en el actual Concejo de nuestra ciudad hay doce (12) sindicatos y  el 46% (en promedio) de sus afiliados conforman las Unidades de Apoyo Normativo (UAN) de los concejales para el periodo enero 2016 a diciembre 2018. La pregunta obvia es, ¿Qué relación existe entre los sindicatos y los concejales? ¿Cómo explicar la existencia de 12 sindicatos en una corporación de 21 miembros? En el Concejo de Bogotá, conformado por 45 miembros, existen cinco sindicatos. Los 21 concejales nuestros tienen un fondo de aproximadamente $32.000 millones de pesos para conformar sus equipos técnicos de apoyo, mejor conocidas como Unidades de Apoyo Normativo. De acuerdo con el reglamento del Concejo de Cali, cada concejal dispone de 42,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, cada concejal tiene cerca de 400 millones de pesos anuales para conformar su UAN (puede ser por vía prestación de servicio o por libre nombramiento). CALI VISIBLE encontró que el 47% de las UAN designadas por nombramiento están desempeñadas por bachilleres y el 26% por profesionales; igualmente que, de quienes pertenecían a las UAN mediante contrato de prestación de servicios, el 35% eran bachilleres y el 36% profesionales. Queda claro que las UAN, pagadas con nuestros impuestos, son un reducto de clientelismo, personalismo y amiguismo, pues poco se puede esperar de un apoyo normativo competente a cargo de bachilleres.

Actores de reparto

Mediante una serie de indicadores de retención del talento humano, el Observatorio buscó explorar la estabilidad de las UAN de los concejales.  El indicador se aplicó solo para quienes tenían contrato por prestación de servicio vinculados al fondo de las UAN. Se encontró que once (11) concejales  tienen un índice de retención de su UAN por prestación de servicio inferior al 30%; 6 concejales tienen un indicador de retención de su UAN superiores al 30% pero inferior o igual al 50%; sólo 3 concejales superan el 70% de retención y esto particularmente se explica por dos razones: La primera, dos de estos concejales entraron al Concejo como reemplazo de curul, por lo que no tuvieron oportunidad de contratar sino hasta el segundo año de ejercicio en el Concejo. Y, la segunda, un solo concejal tiene un indicador del 100% de retención de su UAN, que la conforma una sola persona, a quien contrató a lo largo del periodo. Con ello, queda demostrada la utilización de las UAN con criterio clientelista y personalista en desmedro de una orientación técnica al servicio de intereses públicos, pues poco se puede esperar de asesores con una rotación y movilidad tan elevada, como simples actores de reparto. Así, pues, valdría la pena que al votar por los candidatos al próximo Concejo tuviéramos presente que, más allá de sus calidades personales, hay que exigirles un cambio en el entramado del Concejo para que éste le cumpla a la ciudad y no a las clientelas partidistas. A propósito, ¿Sabe usted cuáles candidatos al Concejo apoyan a su candidato a la Alcaldía? De tales apoyos dependerá, en gran parte, nuestra calidad de vida en los próximos cuatro años.


miércoles, octubre 09, 2019

La hora de las verdades.



LA HORA DE LAS VERDADES

Octubre 6 de 2019

Hernando Llano Ángel[1]

Una forma de interpretar e intentar comprender nuestra inverosímil realidad política, es reconociendo que estamos llegando a la hora de las verdades. Que todos los días asistimos a mayores y más escandalosas revelaciones, pese al intento de la mayoría de sus protagonistas políticos por ocultarnos sus actuaciones y evadir sus responsabilidades. Incluso, fugándose acrobáticamente como la ex-congresista Aída Merlano[2]. O, lo que es peor, pretendiendo eludir el cumplimiento de la ley como hace el partido Conservador, el abanderado del orden y las buenas costumbres, al resistirse a dejar la “silla vacía” de la curul de Merlano, obtenida con la compraventa de votos, ya demostrada judicialmente.

Las verdades del Acuerdo de Paz
En gran parte, esta coyuntura de verdades se debe al Acuerdo de Paz, el cual fue posible en virtud del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, en lugar de persistir en la pesadilla de una guerra sin cuartel contra el terrorismo. Una guerra tan profundamente degradada que el 81% de las víctimas fueron civiles y el 19% combatientes, según las rigurosas investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, recopiladas en su informe “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”[3], las cuales también pueden apreciarse en su desgarrador y hermoso documental “No hubo tiempo para la tristeza”[4]. Claro está que no hay acuerdo sobre el número de las víctimas y los horrores a que fueron sometidas, mucho menos sobre la identidad de los principales responsables. Por tal magnitud del horror, vivimos en un régimen político electofáctico que niega de tajo la democracia, pues en lugar de permitir contar las cabezas en elecciones libres y legales, permite cortarlas sin poder contarlas con certeza. Precisamente para evitar que ello siga aconteciendo, el Acuerdo de Paz, en su quinto punto, definió un complejo y articulado Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición (SJVRNR), constituido por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Comisión de Búsqueda de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Dicho sistema debe contribuir a la desafiante labor de reconciliar la Justicia con la Paz, para evitar de un lado la impunidad total de los crímenes más graves y, de otro, la perpetuación de este conflicto, con su inadmisible e inagotable capacidad de generar más víctimas, por la obsesión de imponer una justicia draconiana y punitiva a los principales perpetradores de dichos crímenes.

El difícil equilibrio de paz con justicia

Y ese difícil equilibrio es la tarea más compleja que debe abordar la JEP. La clave para alcanzarla es que ante ella comparezcan todos los responsables de la barbarie del conflicto armado y cuenten la verdad completa sobre sus crímenes. Tanto los insurgentes, como los miembros de la Fuerza Pública, los altos funcionarios del Estado y los terceros particulares que los auspiciaron y financiaron.

No a las verdades parciales y a las polarizaciones criminales

Ya lo están haciendo los miembros del otrora Secretariado de las FARC-EP, pero han empezado a contar solo su verdad sobre los motivos y las justificaciones para la práctica generalizada y sistemática del secuestro de civiles y la toma de rehenes de numerosos miembros de la Fuerza Pública. Según sus palabras, los cometieron por la implacable lógica de la guerra, para ajustar cuentas con el enemigo y garantizar la financiación de su causa. Una verdad tan parcial, insuficiente e inadmisible, como esa búsqueda desesperada de resultados por parte de la Fuerza Pública que engendró los terroríficos falsos positivos, en cumplimiento de la Directiva O29 de 2005[5] y la mal llamada “seguridad democrática”. Sin duda, “La verdad es la primera baja en toda guerra”, como reza el proverbio inglés. Y esa verdad es que todas las partes en una guerra terminan degradando su propia condición y dignidad humana cuando la subordinan al triunfo de sus causas, sin importar su presunto carácter “revolucionario” o “democrático”. Por eso el heroísmo de los combatientes, tanto el del insurgente guerrillero como el del soldado y oficial valiente, es tan peligroso y funesto. Todavía más en un conflicto armado interno como el nuestro, donde los civiles estamos en medio de la refriega, como sucedió en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, en el epicentro de la capital y de los poderes públicos, o en el periférico y horripilante de la iglesia de Bojayá, entre las Farc y los paramilitares. Pero es mucho más grave y deplorable que los ciudadanos tomemos partido apasionado en la justificación y pretendida legitimación de los crímenes de uno u otro bando. En la oda triunfal de los líderes revolucionarios, elevados al pedestal de la Historia, o en la defensa visceral de los líderes democráticos, santificados en el altar de la inmunidad evadiendo la Justicia y avalando la intangibilidad e impunidad de sus delitos. Algo tan absurdo, como imaginar que Rodrigo Londoño (alias, Timochenko) merezca un monumento por su gesta guerrillera o que, su contraparte, Álvaro Uribe Vélez, deba ser consagrado héroe y salvador de la democracia, más allá de la verdad de los hechos, las pruebas de la justicia y del ordenamiento legal.

Ya lo había advertido lúcidamente Albert Camus, en su ejemplar ensayo “El hombre rebelde”: “A partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se argumenta el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; heló ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”. Lo que hoy debemos afrontar como ciudadanía --en esta incierta transición cuando por primera vez en nuestra historia se emplaza a todos los victimarios para que nos cuenten la verdad de sus acciones y asuman plenamente la responsabilidad de las mismas frente a la sociedad y sus innumerables víctimas-- es si vamos a continuar aceptando que el crimen no sólo legisle, sino que además continúe impunemente gobernando. Estamos llegando a la hora de las verdades y estas elecciones regionales son una buena oportunidad para emitir nuestro juicio, bien a favor de la complicidad de la política con el delito y la corrupción o, de su repudio y condena, aligerando así al sistema judicial y los órganos de control de una responsabilidad que casi siempre cumplen tardíamente. El próximo 27 de octubre vote a conciencia, no por conveniencia o animadversión.

viernes, septiembre 27, 2019

Iván Duque: Funámbulo y sonámbulo.



IVÁN DUQUE: UN PRESIDENTE FUNÁMBULO Y SONÁMBULO
(septiembre 22 de 2019)


Hernando Llano Ángel

Nada más parecido al ejercicio del poder presidencial que el oficio de funámbulo. Su mayor destreza, como la del funámbulo, es sostenerse en la cuerda tensa o floja  de los acontecimientos que desafían su gobernabilidad, sin caer aparatosamente al vacío y perder por completo su imagen y control de la situación. Es todo un arte sostenerse, utilizando el balancín, unas veces a la derecha, otras a la izquierda o, asiéndolo firme en el Centro Democrático, para sortear  así todas las ventiscas y los graves conflictos que lo asedian y amenazan. Claro que en el caso del presidente Duque la proeza es todavía mayor, porque realmente debe compartir el balancín con quien él denomina el “presidente eterno”, quedando así él mismo convertido en un “presidente interino”, parecido a Guaidó. Ambos son excelentes equilibristas en las cuerdas flojas de la simulación, desmesurados en la retórica e incompetentes en la acción.  Quizá de allí proceda la admiración de Duque y su enorme solidaridad con Guaidó y su entorno, tan semejante al que ha acompañado durante muchos años al “presidente eterno”. Pero, más allá de estas coincidencias, nada fortuitas, hay que reconocer que ambos, tanto Duque como Guaidó, son buenos equilibristas, así necesiten de tantos padrinos para maniobrar el balancín y no caer al vacío. El problema es que sus padrinos, en lugar de ayudarlos a transitar con seguridad y destreza, lo que están haciendo es ponerlos al borde del abismo. No les permiten avanzar y cruzar la cuerda tensa de dificultades que enfrentan, gobernando con autonomía y seguridad. En lugar de ello, los atan a sus odios y temores. En el caso de Duque, ello es evidente dada su incapacidad de asumir por cuenta propia el mayor desafío y también la mejor oportunidad que tiene para gobernar democráticamente, cumpliendo cabalmente el Acuerdo de Paz. En lugar de hacerlo, se ha empeñado en torpedear el Acuerdo con su estribillo de “paz con legalidad”,  formulando objeciones a la JEP y reduciendo el presupuesto de funcionamiento a la Comisión de la Verdad. Lo que no le impide, en una maniobra funambulesca, aparecer ante la comunidad internacional como un obsecuente promotor de su cumplimiento. En cuanto a Guaidó, la dependencia existencial de Trump y el sectarismo visceral contra Maduro, le impiden actuar con independencia y sensatez, quedando como un funámbulo a punto de caer de la cuerda floja que le ha tendido la comunidad internacional.

Sonámbulos del poder

Pero lo más grave es que ambos son sonámbulos del poder y deambulan con los ojos cerrados por sus propios recintos y fantasías gubernamentales, incapaces de reconocer la compleja realidad que los rodea y acecha. Cada uno se inventa, con la ayuda de infinitud de trapecistas y utileros de mentiras, su propia realidad. Tanto Duque como Guaidó se creen predestinados a salvar una democracia que solo existe en sus delirios de “estadistas” y en la portentosa capacidad de los medios de comunicación para promoverla y proyectarla en la mente de millones de ilusos electores y televidentes, deslumbrados por las luces de neón de periódicas elecciones que, la mayoría de las veces, no son libres, ni legales, ni competitivas, ni pacíficas y mucho menos legítimas. En nuestro caso, ya van “tres candidatos a alcaldías asesinados, siete a Concejos, más de 40 amenazados y 402 municipios en riesgo de sufrir episodios de violencia política”, según titula la caratula de la revista Semana en circulación. Pero, para mayor sorpresa, en sus páginas interiores encontramos un informe especial que todavía se atreve a preguntar “¿Está en cuidados intensivos la democracia liberal?”. Como si ella hubiera existido y gozado alguna vez de buena salud en nuestro país y en la región. Si hubiese sido así, no se habría necesitado un Acuerdo de Paz que, después de más de cincuenta años de atrocidades, nos deja una estela superior de 200.000 víctimas mortales, 80.000 desaparecidos y cerca de 8 millones de desplazados, sin que todavía hayamos podido siquiera reconocer el derecho a la mayoría de campesinos a tener título de propiedad de su minifundio y mucho menos los demás derechos propios e inherentes a todo ciudadano: salud, educación, justicia y seguridad. No obstante lo anterior, el presidente Duque hablará en la próxima asamblea anual de las Naciones Unidas en nombre de la “democracia más estable y profunda de América Latina”, proclamará la defensa de la Amazonia y se sumará a la altiva y digna lucha de Greta Thunberg, sin temblarle la voz para promover el glifosato y las pruebas pilotos de Fracking en nuestro territorio. Sin duda, un acto absoluto de sonambulismo, cinismo, irresponsabilidad y demagogia diplomática de un presidente que se llena la voz hablando de “paz con legalidad”, cuando a su alrededor se realizan las elecciones más sangrientas de los últimos años y el triunfo parecen tenerlo asegurado las facciones más corruptas y cercanas al crimen, como bien lo analiza María Jimena Duzán en su columna “Los que van a ganar”[1], en la revista SEMANA en circulación. Sin duda, se necesitan funámbulos y sonámbulos del poder como Duque y Guaidó para gobernar “democracias” que solo existen en el decorado inverosímil de sus constituciones políticas, obras maestras de ficción legal y simulación de la realidad. Quizá por ello todavía la mayoría de ciudadanos no despierta de esta pesadilla y prefiere quedarse en casa el día de las elecciones, cuando no salir al mercado electoral y vender al mejor postor su voto, su vida, asegurando una vez más el triunfo de los mismos con las mismas, en estas tierras del olvido, la ignorancia y la indolencia.


jueves, septiembre 12, 2019

Dos Ivanes trabados en un narco-absurdo combate.


DOS IVANES TRABADOS EN UN NARCO ABSURDO COMBATE


Hernando Llano Ángel.
Nuestra vida, paz y seguridad nacional, penden del frágil hilo de la sensatez política de dos Ivanes, hoy trenzados en una guerra verbal que augura el preámbulo de otra guerra, quizá más absurda, mortífera e impredecible. Del lado de la legalidad, está Iván Duque, como presidente responsable del orden público de la nación, de la paz política y las relaciones internacionales. Del otro, en la ilegalidad, Iván Márquez, otrora delegatario principal de las FARC-EP en el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, inferior a su responsabilidad histórica. Están empeñados y enredados en un guerra absurda, por cuanto se trata de la “guerra contra las drogas”, declarada por Nixon hace ya casi medio siglo[1]. Una guerra que todos estamos perdiendo, pues ella en lo fundamental es producto de la extra-adicción de millones de consumidores, que estimulan la oferta, los precios y las ganancias del crimen. Una guerra que nunca se ganará con la extradición de Santrich, ni de Márquez, como tampoco se ganó nada con la extradición de Ledher, los Rodríguez y los comandantes de las AUC. Si acaso, contribuyó a renovar la cúpula de las organizaciones criminales y a fusionar, de forma casi inextricable, a la política con el crimen. Ahora que estamos de conmemoraciones, después de 30 años del magnicidio de Galán, y de los efectos devastadores del narcoterrorismo de Pablo Escobar, deberíamos recordar como concluyó tan sangrienta noche.

La constitucionalización del crimen

Concluyó con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la inclusión en el artículo 35 de la Constitución Política de la máxima aspiración de Pablo Escobar: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento”. Solo entonces el capo se “entregó” a la justicia y se recluyó cómodamente en su “Catedral”. En otras palabras, logró incardinar la politización del crimen en la misma Constitución que, desde entonces, también marcó el comienzo de un triple e irreversible proceso de degradación de la política: primero, mediante la narcotización de la política electoral; segundo, con la narcocriminalización del conflicto armado interno y, tercero, internacionalizando la política de paz y subordinando la seguridad nacional a la asistencia militar de Estados Unidos. Vamos en orden, rápidamente.

Narcotización de la política nacional

La política nacional profundizó su narcotización, hasta alcanzar la cima del Estado, con el presidente Ernesto Samper (1994-98) y el proceso 8.000. Continúo su narcotización en las relaciones internacionales y en la “política de paz” con Andrés Pastrana (1998-2002) y el “Plan Colombia”, presupuesto inicial de la “seguridad democrática” y de la exitosa guerra de Uribe contra las Farc. Éste, por su parte, cabalgó victorioso e impune en la degradación criminal de la vida política nacional con la narcoparapolítica, la desmovilización de las AUC y la rápida extradición de sus comandantes para que no develarán la tupida y profunda red de complicidades tejidas en torno a la coalición gubernamental[2], que respaldó sus dos administraciones (2002-2010). Además, dio continuidad al “Plan Colombia” con un eufemismo todavía mayor, “Plan Patriota”, para difuminar así la realidad de la narcointernacionalización dependiente y subordinada de nuestro conflicto a los intereses norteamericanos en su “guerra contra las drogas”.  Por último, Juan Manuel Santos, en una movida estratégica, entre el realismo y la responsabilidad política, jugó la carta de la paz con las Farc-Ep, asegurándose el respaldo de Obama para buscar una solución política al problema de las drogas ilícitas, quien envía a su delegado personal, Bernie Aronson y avala el punto cuarto del Acuerdo de Paz, en un acto de sensatez y sentido común. Este punto reconoce que se requiere un cambio de enfoque sustentado en: “4.1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 4.2. Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública. 4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos” con la corresponsabilidad de la comunidad internacional. Pero, en lugar de dicha corresponsabilidad, lo que hoy existe es una extra-adicción creciente en sus consumidores que elevan el precio de la cocaína y, por consiguiente, la extensión de los cultivos y la codicia de la mafia, según las inflexibles leyes de la oferta y la demanda. Ya lo decía Milton Friedman, que algo sabía de economía[3]: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Esto es literalmente cierto”.

Narcotráfico, nudo gordiano de la guerra

Pero junto a la narcotización anterior de la política nacional, también se vivió la narcotización de la guerrilla y de los paramilitares, que encontraron en la Coca el “banquero de la guerra”, al decir de Mancuso, agudizando la profunda degradación y progresiva deslegitimación de sus causas y el extravío en la codicia de muchos de sus hombres y frentes. A tal punto, que hoy es casi imposible discernir y distinguir la política del crimen, tal como aconteció en el proceso 8.000 y la narcoparapolítica. En esta madeja, sin duda, terminaron enredados Santrich y Márquez, con el concurso de su sobrino, Marlon Marín[4], no por casualidad hoy testigo protegido de la DEA. Por todo lo anterior, el narcotráfico es ese nudo gordiano que nos ata a la guerra y la única forma de desatarlo es asumiendo el Estado colombiano y la comunidad internacional su regulación y control legal. Así lo hizo Estados Unidos en 1933, aboliendo el prohibicionismo en el consumo del licor, despojando a las mafias de su violento control[5]. Lo más grave, es que ahora estamos a punto de que dos insensatos Ivanes, cada uno defendiendo sus respectivos fundamentalismos: “Paz con legalidad” y “Paz con justicia social”, añadan un nuevo nudo, todavía más sangriento e impredecible, y nos amarren a una absurda narcoguerra contra Venezuela, bajo la coartada imperial de una cruzada contra el narcoterrorismo y el narcodictador Maduro. Todo ello, enarbolando la defensa de la democracia en Venezuela y el incumplimiento minoritario de un Acuerdo de Paz en Colombia que, como ciudadanos, no hemos sido capaces de forjar y defender en ambos lados. Lo más triste es que una guerra así solo la ganarían astutos líderes con la muerte de otros y la ingenuidad e ignorancia de “patriotas” y “demócratas” en ambas naciones. ¿Seremos tan indolentes e irresponsables de permitir semejante narco-absurdo escenario?

viernes, septiembre 06, 2019

Encrucijada política de Álvaro Uribe Vélez.

La encrucijada de Álvaro Uribe

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Por la preponderancia de su figura, Uribe debería pensar en su responsabilidad política

Hernando LLanoMás allá de sus procesos con la justicia, lo que está en juego es su responsabilidad política. ¿Debería retirarse de la vida pública, siguiendo el ejemplo de Belisario Betancur?

Hernando Llano Ángel*

Culpabilidad penal versus responsabilidad política

Parece que al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe le ha llegado la hora de la verdad. En los próximos meses tendrá que rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
Para su ventura y su tormento, esto acontece bajo un presidente escogido por él, lo cual lo expone aún más a los reflectores de la opinión nacional e internacional.
Pero Uribe se siente seguro y triunfante, porque de entrada asume el reto en el terreno más ventajoso para su figura: el foro penal, que demanda la plena prueba para ser procesado y condenado; pruebas que además serán ferozmente controvertidas por su equipo de abogados. Es probable que los jueces no tengan otra alternativa que dejarlo libre de cargos por el famoso in dubio pro reo —en caso de duda, se favorece al acusado—.
Sin embargo, el proceso de defensa personal podría implicar una pérdida en el terreno político, pues se trata del líder más protagónico, representativo y pugnaz de la nación en la actualidad.
La encrucijada de Uribe consiste en que, además de estar en juego su culpabilidad penal, buena parte del país quiere que enfrente su responsabilidad política. La primera es estrictamente personal, mientras que la segunda se expresa en hechos públicos, objetivos e innegables que a todos nos afectan. De ella son responsables, por acción u omisión, quienes toman decisiones desde cargos públicos, más allá de sus buenas o malas intenciones.

Encuentre en Razón Pública: La indagatoria de Uribe y su significado jurídico, político e institucional.

El ejemplo del presidente Betancur

Un ejemplo dramático de responsabilidad política lo vivió Belisario Betancur (q.e.p.d). Durante la toma del Palacio de Justicia, el expresidente tomó la decisión fatal de no ordenar el alto al fuego, que en cambio habría sido lo prudente para salvar las vidas de muchos rehenes que se encontraban en manos del M-19.
La misma tarde del terrible suceso, Belisario Betancur asumió su responsabilidad política como presidente y jefe constitucional de las Fuerzas Armadas. Argumentó que siempre tuvo la mejor intención y procedió en “cumplimiento de la Constitución y la ley”. Posteriormente, y consecuente con esa responsabilidad, se marginó por completo de la vida política, en vez de seguir defendiendo una decisión y una gestión deplorables.
Además de estar en juego su culpabilidad penal, buena parte del país quiere que enfrente su responsabilidad política. 
Años después el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conminado a esclarecer lo sucedido y reparar a las víctimas, orden que todavía no se ha cumplido plenamente.
Belisario Betancur murió sin que la justicia se pronunciara sobre su culpabilidad personal, pero al menos tuvo la entereza de asumir la responsabilidad política, pedir perdón a las víctimas y aceptar que lo que sucedió fue consecuencia de su decisión y del acto terrorífico y alucinado del M-19, artífice del holocausto junto con la respuesta brutal y vengativa de la Fuerza Pública.
Belisario Betancur nunca fue procesado por los hechos del Palacio de Justicia, pero asumió su responsabilidad política.
Foto: RTVC
Belisario Betancur nunca fue procesado por los hechos del Palacio de Justicia, pero asumió su responsabilidad política.

Lea en Razón Pública: Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política.

¿De qué hechos públicos es responsable Uribe?

Valdría la pena que Álvaro Uribe y sus millones de electores reflexionaran sobre la decisión y la conducta de Belisario Betancur.
Sin duda, Uribe, al igual que Betancur y todos sus sucesores hasta Santos, estuvieron obsesionados con la búsqueda de la paz, pero sus resultados saltan a la vista y sólo este último la firmó.
No puede negarse que la ley 975 de 2005, promovida por Uribe, logró desmantelar y desmovilizar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero tampoco hay que olvidar la continuidad del fenómeno paramilitar y su mutación bajo otras formas criminales.
También debe recordarse el escamoteo de las responsabilidades de políticos y empresarios en la conformación de las AUC, evasiva que se obtuvo mediante la extradición a Estados Unidos de sus máximos comandantes en el momento que empezaron a contar la verdad sobre esa red de parapolíticos y empresarios que contribuyeron a la gobernabilidad de las dos administraciones de Uribe. Y la lista continúa:
  • El antecedente legal de las AUC fueron las Convivir, autorizadas por el Decreto Ley 356 de 1994 de César Gaviria, promovidas con entusiasmo en Antioquia por el entonces gobernador Álvaro Uribe.
  • Durante su gobernación el número de personas masacradas aumentó notablemente, desde 143 en 1995, a 357 en 1996 y a 439 en 1997 con 439, como se puede apreciar en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP.
  • Durante su gestión como Director de la Aeronáutica Civil se expidió el mayor número de licencias para aeronaves de narcotraficantes y pistas de aterrizaje, que luego el sacrificado ministro Rodrigo Lara Bonilla tuvo que anular en su lucha contra Pablo Escobar.
  • Su política de “Seguridad Democrática”, expresada en la circular 029 de 2005, dejó un número de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” cuyo cifra todavía no se ha podido precisar, pero sobrepasa las dos mil víctimas mortales.
  • Su segundo mandato presidencial (2006-2010) tuvo un origen ilícito, pues el cambio del “articulito” constitucional, les costó a sus ministros de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y de salud, Diego Palacio, algunos años de cárcel por el delito de cohecho.
Dicho delito fue legitimado en las urnas por 7.397.835 votos, en reconocimiento de sus logros en la lucha contra las FARC, pues redujo el número de secuestros de 2.986 a 806 en el 2003, entre otras acciones militares exitosas.
En fin, más allá de la impronta política de Álvaro Uribe está la responsabilidad política de los millones de ciudadanos que lo han llevado a la cumbre institucional y pública que hoy ocupa, inaccesible hasta ahora a la justicia penal, pero no ajena para muchos ciudadanos conscientes de su responsabilidad en hechos dolorosos para el país.
Álvaro Uribe: culpabilidad penal y responsabilidad política
Foto: Facebook Álvaro Uribe
Además del asunto penal ¿no tiene una responsabilidad el expresidente Uribe con el país?

Le recomendamos ver: Las investigaciones contra Álvaro Uribe.

Entre la Corte Suprema de Justicia, la JEP y el retiro de la vida pública

Por eso, más allá de la decisión que tome la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, está el juicio de cada ciudadano frente a la responsabilidad política e histórica de Álvaro Uribe y sus sucesores en el poder estatal.
La encrucijada personal de Uribe tiene varios caminos, uno de los cuales es seguir los pasos de Belisario Betancur, marginándose de la vida pública, y el otro es comparecer ante la JEP y empezar a contar, con la misma sinceridad y entereza de su paisano, las verdades que nos debe a todos.
Está el juicio de cada ciudadano frente a la responsabilidad política e histórica de Álvaro Uribe.
Con eso contribuiría a un cambio histórico en nuestra vida pública, el del fin de la impunidad política. Esta es mucho más grave que la impunidad penal, porque requiere de la complicidad de millones de electores y la negación del dolor y la dignidad de millares de víctimas.
Quizás, entonces, podamos entre todos empezar a vivir en paz. Tal es el mayor desafío y la más valiosa contribución de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por eso debemos apoyarlas en lugar de limitarlas --disminuyendo su presupuesto como hace el actual gobierno— o, desprestigiarlas a partir de calumnias y mentiras propaladas por las redes sociales y por algunos medios de comunicación.
La Corte Suprema de Justicia luego de resolver las recusaciones de Uribe lo citó a indagatoria.
Foto: Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia luego de resolver las recusaciones de Uribe lo citó a indagatoria.
Por ahora, Uribe sigue participando activamente en la política y hace algunos días reaccionó contra el video donde Iván Márquez y otros exmiembros de las FARC anunciaban su rearme, afirmando que más que un proceso de paz hubo una serie de indultos a delitos atroces y llamando nuevamente a reformar el Acuerdo y a eliminar su blindaje constitucional.

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la fundación Foro por Colombia, Capítulo regional suroccidente.
Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com