lunes, octubre 17, 2022

SAQUEO ACTIVO DEL ESTADO (SAE)

 

SAQUEO ACTIVO DEL ESTADO (S.A.E)




Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que el significado real de la sigla S.A.E, la Sociedad de Activos Especiales[1], es Saqueo Activo del Estado. La Sociedad de Activos Especiales es la mutación del Consejo Nacional de Estupefacientes[2]. Su carácter legal e institucional, según figura en el portal oficial, es la de una “Sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizada por la Ley, de naturaleza única”, cuya función principal es “administrar bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción o se les ha decretado extinción de dominio”. Sin duda, es una sociedad de “naturaleza única”, cuya incompetente y corrupta administración la ha convertido en una “sociedad de economía mixta”. La economía mixta de la Sociedad de la corrupción integrada por funcionarios públicos y ciertos políticos -- todos aún por identificar, procesar y condenar-- Asociada con emprendedores particulares que se han enriquecido con la Escoria (SAE) de billonarias fortunas procedentes de la economía ilícita del narcotráfico. Así las cosas, SAE, significa realmente Saqueo Activo del Estado en beneficio de particulares: una auténtica sociedad del crimen tan sofisticada que ha logrado saquear impunemente la riqueza de los narcotraficantes más codiciosos, violentos y criminales que reinan en esta “democracia” de “naturaleza única”. Sin duda, la máxima expresión de la Cacocracia[3]: “el gobierno de los malvados y los ineptos”, de “kakós (‘malvado, malo’) y el elemento -cracia (‘gobierno, poder’)”. Según la comunicación y petición por Twitter del presidente Gustavo Petro al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, estamos ante uno de “los peores hechos de corrupción de la historia”: “Le agradezco al fiscal general de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia”[4]. Quizá un hecho que sobrepase la cuantía de la corrupción de REFICAR que “estaba inicialmente planeada por un valor de 3.777 millones de dólares y terminó costando 8.326 millones de dólares”[5]. Refinería de Cartagena iniciada bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuya bandera estelar fue la “lucha contra la corrupción y la politiquería”, y que terminó siendo construida bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. REFICAR[6] es otra especie de SAE, con un significado más preciso y contundente Saqueo Asociado del  Estado en beneficio de compañías extranjeras como la “constructora suiza Glencore y la estadounidense CB&I (Chicago Bridge & Iron Company)”, entre otras, gracias a “pulcros” y “competentes” tecnócratas como “Carlos Eduardo Bustillo,  Andrés Virgilio Riera Burelli, Reyes Reinoso Yáñez, Orlando José Cabrales, y Magda Nancy Manosalva, quienes fueron hallados responsables por la Contraloría General de la Nación, junto a varios miembros de la junta directiva de la refinería para ese momento: Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Alfonso Rosales, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina González y Hernando José Gómez Restrepo”[7], según noticia de EL TIEMPO del 22 de septiembre de 2021. En agosto de este año un juez de Bogotá sentenció a una pena de cinco años y tres meses de cárcel y al pago de una multa de 66 salarios mínimos a los “expresidentes de la Refinería de Cartagena S.A.S. (Reficar), Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales Martínez, a quienes el togado declaró penalmente responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”[8], pero sus abogados apelaron la decisión que será revisada  por el Tribunal Superior de Bogotá. “De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Castilla Canales, presidente de Reficar entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009, y Cabrales Martínez, presidente entre el 2 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012, intervinieron en el direccionamiento del contrato de Project Management Consultant (PMC) con la compañía Foster Wheeler”.  En la actualidad, Orlando Cabrales Martínez[9] tiene la casa por cárcel por su edad y sufrir una grave enfermedad, según decisión del juez, quien también ordenó la captura de Felipe Castilla Canales. De manera que el escándalo de la S.A.E entrará a disputar a REFICAR el primer puesto en el listado de esta corrupta cacocracia. Razón tenía García Márquez en su Proclama “Por un País al alcance de los niños”[10] cuando escribió que esta “encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad”. Una encrucijada forjada por esa relación simbiótica entre el crimen, la política, la ilegalidad y la impunidad, consolidada especialmente desde 1991 hasta la fecha, bajo el hipnótico sueño de una Constitución que proclama un supuesto Estado Social de Derecho y una ilusoria Democracia Participativa, pero que en la realidad oculta un régimen político electofáctico[11], reforzado por una Sociedad Anómica[12] Excluyente (SAE) y su correspondiente Estado cacocrático. Contra semejante realidad se enfrenta el Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro. Seguramente por ello la arriesgada desmesura de sus propuestas reformistas, cerca de diez: Tributaria, Energética, Política, Rural, Salud, Laboral, Educativa, Cultural, Policial y de Justicia, que se resumen en la grandilocuente Paz Total y desatan tal nivel de esperanzas populares que fácilmente se pueden convertir en un maremágnum totalmente incontenible. Por lo anterior, vuelvo a parafrasear una sensata advertencia de la politóloga norteamericana Terry Lynn Karl sobre los procesos de transición a la democracia: “Los democratizadores deben aprender tanto a unir como a dividir y no solo a dar esperanzas, sino también a desalentar expectativas”. Valdría la pena que este gobierno, cuyo espíritu es profundamente democratizador, la tuviera en cuenta, pues de lo contrario continuará dando demasiadas oportunidades a la legión de retardatarios y reaccionarios que hoy se frotan las manos por su desmesura reformista y ambición histórica, que puede trocar la Paz Total en un fracaso descomunal, para desventura de esta incierta transición democrática, la vida, la justicia y prosperidad de todos.


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domingo, octubre 09, 2022

LA PAZ GRANDE, PAZ POLÍTICA Y SOCIAL.

 

LA PAZ GRANDE, PAZ POLÍTICA Y SOCIAL

Hernando Llano Ángel

Nada más importante en la vida política y social que una comunicación clara y precisa, pues es a partir de ella que se forjan los acuerdos para la convivencia y la paz o, dada su ausencia y ambigüedad, se generan malentendidos y desconfianzas que conducen a escenarios de hostilidad y violencia. Esto último parece estar sucediendo con la política de “Paz Total”[1] del presidente Petro y el Pacto Histórico. Para empezar, esa apelación a una “Paz Total” es casi celestial, inalcanzable en nuestra pagana realidad política y social, constituida por conflictos y disputas que nunca desaparecerán totalmente. “Paz total” tiene una connotación metapolítica, si se quiere hasta religiosa, la paz eterna del reino de los cielos, no la de este “valle de lágrimas”.  Valle en el que deben transformarse creativamente los conflictos, si son asumidos en forma civilista, democrática y social, como es la voluntad de este gobierno, y evitar su perpetuación generacional si se continúa enfrentándolos solo a partir de la fuerza y la violencia, como obsesivamente lo pregonan los guerreristas, sean los civiles del Centro Democrático o los militares de la reserva. Con mayor razón en una sociedad como la nuestra, cruzada por conflictos políticos, sociales y económicos cuya matriz es telúrica, pues en el centro de todos está la disputa por la propiedad, posesión y uso de la tierra. Desde los grandes latifundistas ganaderos o agroindustriales, pasando por los campesinos minifundistas, las comunidades indígenas y negras despojadas, hasta los vastos territorios periféricos o selváticos en disputa por diversos grupos armados ilegales para hacerse al control violento de economías ilegales como la coca, o legales como el oro, el petróleo y los minerales raros[2], imprescindibles para las tecnologías de punta. Grupos armados ilegales que, bien por razones políticas o de codicia, han terminado simbióticamente relacionados con dichas economías, generando dinámicas depredadoras de la naturaleza y matanzas infernales, como la del ELN en el corregimiento de Machuca[3], prolongando indefinidamente un conflicto político, social y económico en el que el mayor número de víctimas mortales las sufre y padece la población civil.

Un conflicto de Cambalache

Un conflicto que por sus dinámicas violentas y arrasadoras ha difuminado los límites entre lo político, lo delincuencial, lo social y hasta lo estatal, institucional y legal. En nuestro conflicto interno, como en el tango Cambalache[4], todos “vivimos revolca'os en un merengue y, en el mismo lodo, todos manosea'os”. Lo grave es que es un merengue sangriento, amargo e interminable. Formado por un lodazal de reivindicaciones históricas, como la reforma agraria y la paz política, amalgamado con odios, venganzas y codicias que solo pueden contenerse a través de la política estatal y sus acuerdos. Acuerdos más o menos explícitos, más o menos concertados y más o menos violentos, con todos aquellos grupos y actores que tienen la capacidad de perturbar el orden público y hacer “invivible la República”. Al respecto, no hay que olvidar que la Constitución del 91 nació con la impronta del narcoterrorismo en su artículo 35, que prohibió la extradición de colombianos por nacimiento, para así poder contener la oleada terrorista de Pablo Escobar y los secuestros de personalidades, pues el Estado colombiano y sus agencias militares, policivas y judiciales fueron incapaces de capturarlo y judicializarlo. García Márquez, en su libro “Noticia de un secuestro”[5], narra muy bien como el presidente César Gaviria con un decreto, después de mucha sangre y víctimas, logra la entrega del capo. Con su entrega vivimos una paz parcial, hasta que Pablo Escobar decidió fugarse de su “Catedral”[6], el 21 de julio de 1992. Sin duda, se trató de una negociación política, mediada por el padre García Herreros desde el “Minuto de Dios”, que se concretó en la política estatal denominada “sometimiento a la justicia”[7]. Es un antecedente que tanto el gobierno actual como sus opositores deberían tener en cuenta, para no prolongar más este cambalache infernal en que malvivimos y en el que continúan muriendo, desplazados y confinados miles de colombianos en el campo y nuestras ciudades. Pero, sobre todo, para no propiciar más mutaciones fatales de este conflicto, pues también hay que recordar que la baja de Pablo Escobar y su criminal cacería fue posible con el engendro monstruoso de los PEPES[8] (Perseguidos por Pablo Escobar), fusión abominable de agencias del Estado colombiano con la DEA, la CIA y los carteles del narcotráfico enemigos y competidores de Pablo Escobar. En el origen y la supervivencia de ese Frankenstein estatal y criminal figuran desde expresidentes, como César Gaviria que creó posteriormente las llamadas cooperativas de seguridad rural Convivir[9], hasta Álvaro Uribe que las promovió con tesón y constancia desde su gobernación en Antioquia, con la ayuda invaluable de su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno Villa[10], misteriosamente fallecido en un accidente aéreo en Mutatá el 24 de febrero de 2006[11].

De las Convivir a las AUC

Así las cosas, con el trasfondo inicial del entramado legal del Estado, esas Convivir, mutaron posteriormente en las AUC[12], con figuras tan destacadas como los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo[13], alias Don Berna, y otros más que, gracias a la ley 975 de 2005, eufemísticamente llamada de Justicia y Paz, bajo el gobierno del presidente Uribe, se desmovilizaron. Pero cuando empezaron a revelar sus nexos político-criminales con numerosos congresistas de la coalición gubernamental que pasaron de la Curul a la Cárcel[14], como lo contó Mancuso en el noticiero de RCN[15], inmediatamente fueron extraditados a Estados Unidos de Norteamérica. La parábola es elocuente, infamante y ejemplarizante: de aliados más o menos ocultos y auspiciados por el Estado para dar de baja a Pablo Escobar y combatir las guerrillas pasaron a ser repudiados y extraditados, todo ello avalado con el engranaje y la parafernalia propia del Estado, con decretos, resoluciones, sentencias y firmas presidenciales, que incluso intentó inicialmente reconocerlos como sediciosos. En una palabra, en virtud de políticas presidenciales y los entramados legales correspondientes para llevarlas a cabo, con el concurso de los congresistas, hemos llegados hasta el día de hoy, sin que esa violencia criminal haya sido posible contenerla y mucho menos desmantelar sus organizaciones y múltiples ramificaciones en la vida política, social, económica y cultural de nuestro país. Un total fracaso que, paradójicamente, garantiza la existencia de este régimen que fusiona perfecta, legal e institucionalmente la política con el crimen, bajo la coartada impecable de elecciones periódicas que lo consagra como una “democracia” ejemplar. Pero también ejemplar en el número de víctimas propiciatorias que provoca, que sobrepasan las perpetradas por todas las dictaduras del cono sur durante sus prolongados años. El propósito de la Paz total parece ser poner fin a tan interminable sangría y este régimen electofáctico[16] con su correspondiente  Estado cacocrático[17]. Pero con la Paz Total el gobierno confunde a todo el mundo y solo da argumentos a quienes ayer con sus políticas de “Convivir”, “Plan Colombia”, “Seguridad democrática” y hasta el reciente “Acuerdo de Paz” se oponen a la misma, con sofismas que van desde calificarla como una “paz para todos los criminales con total impunidad”, “complaciente con los traidores del Acuerdo de Paz”, hasta considerarla el comienzo de una “dictadura narco-guerrillera” en asocio con Nicolás Maduro. Sin embargo, de lo que trata la Paz Total es de avanzar hacia una paz política, propiciando el tránsito de organizaciones alzadas en armas con historia y motivaciones políticas, hoy encalladas y atrapadas en el vergel del narcotráfico, como el ELN, las disidencias de las FARC y la “Nueva Marquetalia”, hacia la vida legal y democrática, tal como lo hicieron más de 13.000 hombres y mujeres de la otrora FARC-EP. Pero también trata de desarticular las organizaciones criminales dedicadas exclusivamente al narcotráfico, con sus vastos entramados en la economía legal y sus vasos comunicantes con la institucionalidad y la política, como los empezó a revelar Darío Antonio Usuga David[18], más conocido como Otoniel, antes de ser extraditado. No por casualidad dos de los más importantes protagonistas de las AUC y el llamado Clan del Golfo, Don Berna[19] y Otoniel, comenzaron en la guerrilla del EPL y luego dieron el salto al narcotráfico y la contrainsurgencia. Como tampoco es coincidencia y mucho menos fortuito que todos los presidentes, desde César Gaviria con la Política de sometimiento a la Justicia; Ernesto Samper con el proceso 8.000; Andrés Pastrana con el Plan Colombia; Álvaro Uribe con la Ley de Justicia y Paz; Juan Manuel Santos con el Acuerdo de Paz y Duque con su fallida Paz con legalidad, hayan sido incapaces de romper el nudo gordiano que ata la política con el narcotráfico, las guerrillas y este cambalache de conflicto armado interno que todavía no superamos. Porque en nuestro país no es que el narcotráfico se haya convertido en un delito conexo con la política, sino más bien que la política, al menos desde finales de la década del 70, es una actividad conexa con el narcotráfico. A tal punto que el mismo Pablo Escobar[20] fue un “honorable” Representante a la Cámara y la política internacional de Colombia un apéndice sangrante de la “guerra contra las drogas”, atada por el nudo letal del Tratado de Extradición con Estados Unidos. Nudo que quizá empieza a desatarse con la reciente decisión del presidente norteamericano, Joe Biden, al otorgar libertad a miles de condenados federales por posesión de marihuana, como bien lo resalta el editorial de hoy de EL ESPECTADOR[21].   

Por una Paz Grande, política y social

Para romper ese nudo gordiano se requiere una Política de Paz Integral, una Paz Grande[22] que articule la paz política con la paz social, en lugar de esa maximalista y ambigua política de Paz Total. Paz política con todas aquellas organizaciones que comprendan que con las armas y la violencia jamás llegarán al poder estatal, como lo reconoció tardíamente las FARC-EP, y que respondan ante la justicia transicional y restaurativa reparando en lo posible a todas las víctimas de sus extravíos, errores y horrores sangrientos. Y paz social, generando las condiciones legales, económicas e institucionales para impedir que las economías ilegales y diversas organizaciones criminales se aprovechen de las condiciones de la marginalidad y la exclusión social para controlar violentamente gran parte del campo, sus habitantes y la periferia de nuestras principales ciudades. De eso tratan precisamente la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo de Paz[23], y el cuarto punto, Solución al problema de las Drogas Ilícitas[24], inextricablemente ligados, puntos que no cumplieron ni Santos ni Duque, pero que Petro no puede procrastinar, so pena de convertir la “Paz Total” en un fracaso total y el Pacto Histórico en una nueva mutación política-criminal que frustre la transición hacia una auténtica democracia y su Estado Social de derecho. Todo parece indicar que el reciente acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y José Félix Lafaurie, presidente del gremio de los ganaderos, Fedegan, para “iniciar el proceso de compra de 3 millones de hectáreas” por parte del Estado[25] es un paso certero para transitar hacia la paz social. Un paso histórico porque promoverá alternativas legales de producción para miles de familias campesinas, desposeídas y cooptadas por el narcotráfico, que encuentran en los cultivos de uso ilícito su mejor opción de supervivencia. De esta forma, el “País Nacional”[26], “que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura”, empieza a ser reconocido y atendido por el “País Político” del Pacto Histórico, más allá de medidas asistencialistas y clientelistas, brindándole oportunidades, derechos sociales y económicos, titulándole la tierra que siempre ha labrado pero no gozado. Propiedad que le permitirá al campesinado el pleno ejercicio de su ciudadanía, convertirse en sujeto protagónico de la democracia y dejar de ser siervo en las urnas o carne de cañón en la guerra, para forjar con el Estado la paz política y social que nunca ha tenido. Tal es el horizonte de un paz política y social, una Paz Grande como la llama el Informe Final de la Comisión de la Verdad, más terrenal y factible de alcanzar en este “valle de lágrimas” que esa Paz Total, cuasi colindante con el apacible y eterno reino celestial.

 


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martes, octubre 04, 2022

CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y JUSTICIA TRIBUTARIA PARA LA PAZ.

 

CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y JUSTICIA TRIBUTARIA PARA LA PAZ

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/ciudadania-democracia-justicia-tributaria-la-paz

Hernando Llano Ángel.

Sin ciudadanía no hay democracia y menos paz política. Suele reducirse la ciudadanía a sus dimensiones más formales y visibles, tales como el cumplimiento de la mayoría de edad, que cada día se reduce a una menor edad en todas las democracias. También a incentivar desesperadamente su participación periódica en las urnas. Incluso, instaurando el voto obligatorio, como si bastará con depositarlo en una urna para la existencia de la democracia. Pero se olvida lo esencial: el ciudadano es el sujeto creador del poder democrático y máximo responsable de su existencia, no un objeto del poder estatal. Nos convertimos políticamente en ciudadanos, nadie es naturalmente ciudadano. La ciudadanía es lo más artificial que existe y ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas a todas las sociedades democráticas. Somos ciudadanos en tanto tenemos la capacidad de forjar un poder político estatal con otros y no tanto contra otros. Un poder político estatal garante de los derechos humanos y la dignidad de todos. Dimensión proteica de la ciudadanía que no es reconocida por la mayoría de colombianos. En gran parte, porque nuestra socialización y educación política históricamente ha sido engendrada en una matriz profundamente antidemocrática: racista, clasista, sexista y depredadora, que convierte a la naturaleza en una fuente supuestamente inagotable de crecimiento económico para beneficio de unos pocos. Por todo lo anterior, no es sorprendente que algunas personas expresen en forma tan vehemente su racismo y odio, como la manifestante opositora que comparó a la vicepresidenta Francia Márquez con un simio y a la población negra con la criminalidad, la violencia, la brutalidad y la ignorancia: “Francia Márquez, es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban, atracan y matan... Qué educación puede tener un negro”[1]. Pero dicha declaración es apenas una expresión más de las que viralmente circulan por las redes sociales, incluso con fotografías y memes más infamantes contra la vicepresidenta, que se suman a una campaña misógina intensa contra la ministra de minas, Irene Vélez, cuya “incompetencia” “logrará que gracias a un acuerdo que se debe dar en las próximas semanas ente generadores y comercializadores de energía eléctrica se puede asegurar que las tarifas bajarán sin duda al finalizar el año”[2].  Se le niegan a la Vicepresidenta Márquez y a la ministra Vélez sus competencias y logros en beneficio de toda la población porque los prejuicios raciales y machistas se sobreponen al juicio ciudadano. Un juicio que siempre debe sustentarse en la prelación de lo público sobre lo privado, pues un auténtico ciudadano es aquel que vive en función del bienestar y la prosperidad de la Polis, de la Ciudad o la Nación, y por lo tanto es capaz de pensar y actuar en función de lo público, “aquello que afecta por igual nuestra condición humana y la dignidad de todos”. Es una exigencia de la que estamos muy lejos en nuestra cultura ciudadana, permeada casi siempre por un individualismo extremo con múltiples expresiones en los más diversos órdenes. Por ejemplo, en la familia, con refranes tan reveladores y amorales como aquel de que siempre debes estar “con tu familia, con razón o sin ella”. Un refrán que es la quinta esencia del familismo amoral y la piedra angular de la cultura mafiosa. Sin duda, no hay reproche alguno del amor y la entrega de Pablo Escobar a su familia, que con orgullo reivindicaron su madre, hermana, esposa y descendientes en su sepelio ante los medios comunicación. Otras expresiones de este familismo son los carteles empresariales, tan frecuentes en nuestra economía, que incluso reclaman con orgullo los paisas con su otrora “sindicato antioqueño”, hoy más conocido como Grupo Empresarial Antioqueño[3]. Y está  presente también en la cartelización de la economía en muchas otras regiones y sectores económicos, como el clúster[4] azucarero en el Valle del Cauca. Ese individualismo, corporativismo empresarial y familismo amoral es tan fuerte, que se expresa de manera especial en la peculiar relación que la mayoría de colombianos tienen con la ley y su capacidad para burlarla y eludirla, siempre a su favor, en contra del interés público y general. Ya lo resaltó en forma brillante García Márquez en su Proclama “Por un país al alcance de los niños”: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”[5]. Familismo en el que incluso incurrió el presidente Gustavo Petro, un adalid del interés general sobre el particular, al designar a su esposa, Verónica Alcocer, como “Embajadora de Misión Especial para que pudiera atender la invitación de Japón a Colombia y también acompañara al canciller Álvaro Leyva al funeral de la Reina Isabel II”[6], con viáticos equivalentes a 63 millones de pesos. Misión que mejor podría haber cumplido la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil[7], como funcionaria del Estado, sin incurrir el presidente en ese censurable favorecimiento conyugal, así haya sido frecuente en gobiernos pasados. Pero una de las expresiones más escandalosas e inadmisibles se encuentra en las exenciones tributarias, que burlan legalmente el sentido de la justicia tributaria y social a favor de intereses empresariales y particulares. El derecho como fuente de inequidad económica e iniquidad social.

Las exenciones tributarias

El ejemplo más claro se encuentra en las dificultades casi insuperables que el actual gobierno enfrenta para la aprobación de su reforma tributaria y orientar los mayores recaudos al desarrollo de políticas públicas a favor de las mayorías. Según los expertos, el valor de las exenciones tributarias fue de 92 billones[8] en el 2021 y “dentro del grupo de personas jurídicas contribuyentes en el impuesto de renta que utilizan las rentas exentas, se destacan los subsectores de actividades financieras y de seguros y suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, con una participación de 39,7 y 26,2 %, respectivamente, en el costo fiscal”. Los sectores que se oponen radicalmente al proyecto del Pacto Histórico, que pretende recaudar 25 billones, son liderados por los congresistas del Centro Democrático, como lo expresa su líder eterno el expresidente Álvaro Uribe Vélez[9]: “Eliminar los transitorios antes del vencimiento del plazo legal es un golpe a los empresarios, a los trabajadores y a la confianza. Lo mismo si se afecta el periodo de exención que trajo tanta inversión”, resaltó. Algo comprensible y muy coherente con políticas de estímulo como Agro Ingreso Seguro[10] que canalizó a favor de grandes empresarios agrícolas la módica suma de 233.486.708.188 millones de los cuales “el 1 de octubre de 2010 la Fiscalía indicaba una negociación en proceso para recuperar aproximadamente 13 mil millones de pesos”. Sin olvidar la historia de la Hacienda Carimagua, ahora que hay tanta indignación por la toma de tierras en diferentes regiones del país, que “fue adjudicada a desplazados por la violencia generada por el conflicto armado colombiano, pero tras cuatro años, el 11 de febrero de 2008, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias intento cambiar la adjudicación y dársela a inversionistas privados alegando que darían mejor uso a la tierra y eso representaría mayores dividendos para el estado y a su vez a los desplazados.​ Los inversionistas privados pretendían cultivar Palma africana para el desarrollo de biocombustibles”[11]. Para resolver ese conflicto histórico en torno a la propiedad, la posesión, producción y redistribución de la tierra es imperioso empezar por cumplir la Constitución en su artículo 58[12]: “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”. Sin duda, los ciudadanos y este gobierno, que juró cumplir la Constitución, tenemos en la aplicación de este artículo la fórmula más democrática, justa y pacífica para tramitar y resolver los conflictos actuales sobre la tierra, pues lo propio de un Estado Social de derecho es velar por “la prevalencia del interés general”, según el artículo 1[13] de la Carta. Solo falta pasar del dicho al hecho, de la Constitución a la realidad, de su burla y violación, a su respeto y cumplimiento, que es lo mínimo que debe hacer todo gobernante y ciudadano.

 

 


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