lunes, septiembre 26, 2022

DIATRIBA DE LA RAZÓN CONTRA LA ESTULTICIA DE LA PROHIBICIÓN

DIATRIBA DE LA RAZÓN CONTRA LA ESTULTICIA DE LA PROHIBICIÓN

Hernando Llano Ángel.

“Nuestro mundo no necesita almas tibias, sino corazones ardientes que sepan dar un sitio justo a la moderación”, Albert Camus.

Sin duda, la intervención del presidente Gustavo Petro[1] en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas fue una diatriba de la razón y la libertad contra la estulticia del prohibicionismo y los fanáticos de la absurda “guerra contra las drogas”. Una estrategia del “ejemplar” presidente Richard Nixon diseñada en 1968 contra los jóvenes universitarios y negros norteamericanos que se oponían a la guerra de Vietnam, como lo reveló su asesor John Ehrlichman[2]: "La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades”. El discurso de Petro fue una diatriba[3] por su tono vehemente, “acre y violento”, contra la estulticia[4] que domina el mundo y ceremonialmente se expresa cada año desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, esa necrópolis[5] para latinos y negros que algunos periodistas insulsos llaman la “Capital del mundo”. La estulticia es la “necedad y tontería” de seguir pensando y actuando conforme a libretos y estilos de vida que conducen inevitablemente la dignidad humana a su colapso y a la depredación progresiva de la vida planetaria. Entre dichos libretos y estilos se encuentran la extrema adicción de la economía a las energías fósiles y la fracasada “guerra contra las drogas”, que solo beneficia a quienes hacen parte de un gran entramado criminal. Entramado donde se mezcla la hipocresía de jefes de Estados, el prohibicionismo de convenciones internacionales inocuas y eurocéntricas contra los estupefacientes y psicotrópicos, como la Convención de Viena de 1988[6]. Pero, sobre todo, la codicia de unos cuantos criminales, cuyo espectro abarca desde sanguinarios capos, pulcros y avalados banqueros[7], encumbrados políticos, corporaciones militares, agencias estatales y conglomerados industriales  de precursores químicos para el procesamiento de la cocaína, la devastación de millones de hectáreas de bosques tropicales y el envenenamiento de sus fuentes hídricas. Todos ellos aumentan sus ganancias siderales gracias al prohibicionismo. Por eso, una vez más hay que citar a uno de los pontífices del neoliberalismo, Milton Friedman[8], un pensador estelar y premio nobel de economía en 1976, a quien veneran y entienden perfectamente los  fanáticos del mercado, que hoy se rasgan las vestiduras por la diatriba de Petro: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto[9], afirmó Friedman, que conoció y comprendió algo del mercado capitalista. Sin duda, pues a mayor persecución judicial, represión policiva-militar y fumigación de las selvas con glifosato, más crecen las ganancias de los carteles de la droga, su lavado de activos en la economía legal, la corrupción política y la violencia criminal con su ubicuidad incontrolable en todas las sociedades. Pero la verdad más cruel es que aumenta exponencialmente el número de víctimas letales que propicia el prohibicionismo. Víctimas propiciatorias cuya mayoría se encuentra en el polo de la oferta, en comunidades campesinas, indígenas y negras cuyas vidas y territorios se convierten en campos de exterminio y confinamiento de muerte. Por todo ello, es imperiosa una nueva política internacional sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que asuma la regulación de su producción y consumo, así como la educación y prevención pública, que es exactamente lo contrario de la legalización del narcotráfico. Es más bien el comienzo del fin del narcotráfico, así como el fin de la enmienda prohibicionista[10] del licor en los Estados Unidos en 1933 fue la medida más eficaz para controlar y combatir las mafias dedicadas a su importación, producción y distribución, causantes de la grave corrupción de la policía, los políticos y la inseguridad en la vida pública norteamericana desde entonces hasta nuestros días. Organizaciones mafiosas con posteriores e inimaginables mutaciones, al parecer comprometidas en los magnicidios de J.F Kennedy[11] y su hermano Robert, como lo pone en escena Oliver Stone en su cinta JFK[12]

La “Solución Final” de la guerra contra las drogas

De alguna forma, el prohibicionismo de la guerra contra las drogas es la “solución final” y la aniquilación de la vida y su entorno para miles de campesinos, comunidades indígenas y negras en nuestro país y la región andina. Una “solución final” más tolerada e infame que la del nazismo, pues la “guerra contra las drogas” no necesita de los campos de concentración y menos de cámaras de gas. Para convertir las selvas tropicales en campos de muerte les basta el glifosato y los precursores químicos que envenenan el aire, las aguas, las plantas y la vida de sus pobladores. ¡Y todo ello en nombre de la “libertad”, el “orden”, la “legalidad”, la “seguridad” y hasta la salubridad pública! ¡Todo ello para salvar la civilización occidental --la cuna de la democracia, la libertad y la cultura-- de la barbarie y la ambición de los malvados narcotraficantes del Sur que, con sus plantas “mortíferas” como la marihuana y la coca, amenazan su libertad, prosperidad y seguridad! Y todavía hay millones de personas que creen semejante estúpida narrativa, incapaces de pensar más allá de las versiones pueriles de los “formadores de opinión” que confunden la coca con la cocaína, y se dedican por las redes sociales y con trinos falaces a denigrar y tergiversar los argumentos del presidente colombiano, señalando a Gustavo Petro de ser el ideólogo de la legalización planetaria del narcotráfico. El capo de capos.

La Patraña de Pastrana

Vergüenza debería darle al expresidente Andrés Pastrana haber escrito el siguiente trino[13]: “Vergüenza! Petro se declara en la ONU como el gran capo defensor de la cocaína. Desecha sus efectos sobre la salud pública y desprecia los muertos que, como la Corte Suprema masacrada por su M-19 para Pablo Escobar, dejan las mafias con que hoy pacta el poder—  Andrés Pastrana A (@AndresPastrana) September 20, 2022”. Una verdadera patraña de mala fe tras la cual pretende ocultar Pastrana su enorme responsabilidad en el criminal “Plan Colombia”, pues durante su administración los grupos paramilitares no solo cometieron el mayor número de masacres contra campesinos y civiles inermes, sino que controlaron vastos territorios dedicados al cultivo de la coca, su procesamiento en cocaína y exportación desde Urabá, la región caribe y la sierra nevada de Santa Marta para los “inocentes y civilizados” consumidores de Norteamérica y Europa. Y sobre el desenlace apocalíptico en el Palacio de Justicia, es pueril seguir afirmando que la alucinada y terrorífica acción del M-19 –estando Petro[14] en la cárcel pagando una condena por porte ilegal de arma— se realizará cumpliendo órdenes de Pablo Escobar, cuando su objetivo central era someter a un descabellado juicio político de responsabilidades al presidente Belisario Betancur por el fracaso del proceso de paz. Además, las pruebas y expedientes para la extradición de Pablo Escobar siempre estuvieron en manos de la justicia norteamericana que lo requería, no en los archivos del Palacio de Justicia. Lo que sí se destruyó e incineró en el Palacio de Justicia fueron numerosos expedientes del Consejo de Estado contra altos oficiales del ejército por torturas y otras violaciones de derechos humanos, como lo revela la periodista Ana Carrigan en su libro “El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana”[15].

Misael Pastrana y el Palacio de Justicia

A propósito, la siguiente fue la conversación y el consejo de su padre, Misael Pastrana Borrero, al presidente Belisario Betancur, para resolver la crisis del Palacio de Justicia: “Por mi parte, lo que está en juego aquí no es simplemente un Gobierno, o un sistema, ni siquiera el futuro de nuestra sociedad, sino todo el sistema de valores que es parte intrínseca de todas nuestras tradiciones y de la civilización cristiana de la cual formamos parte; eso es lo que está en riesgo aquí”. Acto seguido el presidente Betancur le pidió al expresidente Misael que le repitiera dicho consejo al general Miguel Vega Uribe, su ministro de defensa, quien pasó al teléfono, según lo relata Carrigan en su libro: “Un momento, por favor, Misael. Si le paso al general Vega al teléfono, ¿usted tendría la bondad de repetirle a él lo que me acaba de decir a mí? Me gustaría que él oyera en sus propias palabras lo que acaba de decir”. Y por si acaso el recién llegado ministro de Defensa tuviera algunas dudas sobre la posición del presidente en ésta, la más grave de las crisis nacionales, Belisario Betancur le pasó el auricular al general Vega Uribe (Carrigan, 2010, p. 158)”. De manera, pues, que la responsabilidad de su padre, Misael Pastrana Borrero, no solo se remonta al origen del M-19, cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo escamoteó el triunfo electoral del general Gustavo Rojas Pinilla, según revelación del periodista Jorge Téllez[16]. También fue determinante en la cruenta solución final del Palacio de Justicia, pues consideró que si el presidente Betancur buscaba una salida política: “la civilización cristiana estaba en peligro de perecer”. Con semejantes razonamientos y concepciones de la vida y la civilización se insiste y persiste hoy en la criminal “guerra contra las drogas”: hay que destruir los cultivos de coca, quemar los laboratorios, fumigar a la población campesina y extraditar a los capos para salvar a las pobres víctimas del próspero Norte del “flagelo de la cocaína”. ¡Podrá haber mayor estulticia y falta de responsabilidad en quienes piensan así y delegan en el Estado y sus agentes el control de sus vidas y las de sus hijos! ¡De verdad creen que la letra del prohibicionismo con sangre entra y liberará a la humanidad de los malvados narcotraficantes y del “flagelo de la droga”! Quienes piensan así simplemente abdican del ejercicio de la libertad y voluntad, propias de todo ser humano, para dejar en manos de las autoridades el comportamiento y corrección de sus vidas y la de millones de enfermos adictos. ¡Necesitan ser vigilados, perseguidos, multados y encarcelados para no consumir ciertas sustancias! Carecen de la más mínima dosis de confianza en su propio juicio y comportamiento. Son incapaces de reconocer que la llamada “Guerra contra las drogas” se libra todos los días y se ganará o perderá en su propia mente y la de los consumidores compulsivos, no en los campos sembrados de coca ni en los laboratorios que convierten esa planta sagrada y maravillosa[17] en una mercancía letal. Que esa guerra jamás se ganará con la extradición interminable de capos, pues siempre habrá nuevos emprendedores para satisfacer la extra-adicción de sus millones de clientes en el civilizado Norte que, al parecer, necesitan sobredosis de cocaína y opioides para vivir, competir y triunfar en su paraíso de consumo y evasión, que bien recrea Hollywood en cintas como el “Lobo de Wall Street”[18] de Matin Scorsese y su exitoso banquero, para quien la cocaína, según sus propias palabras: «mantiene el cerebro despierto y hace que logres teclear rápido». Por todo ello, el mundo hoy necesita, como lo escribió Camus, más “corazones ardientes que sepan dar un sitio justo a la moderación y no millones de almas tibias e hipócritas que se refugian en la estulticia del prohibicionismo y la represión. Almas que incluso condenarían al cadalso y la extradición a un hombre que hace más de dos mil años convirtió el agua en vino, corrompiendo y condenado eternamente a la humanidad al consumo de bebidas peligrosas, espirituosas y enajenantes. Tales los excesos de quienes son incapaces de un juicio propio y reclaman penas, prohibiciones y más cárceles para poner a salvo su deplorable condición humana, supuestamente amenazada por los terribles y codiciosos narcotraficantes del Sur. Pobrecitos ellos, los del Norte, tan virtuosos y buenos, quedaron petrificados y estupefactos después de escuchar una diatriba tan dolorosa y verdadera en una voz desgarrada llegada del Sur. Una voz que son incapaces de atender y comprender, despojándose de sus prejuicios maniqueos, y por eso se empecinan en denigrar y tergiversar, tanto más aquí que allá. Definitivamente, lo más grave de la estupidez es su obstinada persistencia en el error y el horror de la “guerra contra las drogas”, acompañada de la letal adicción de la economía mundial a los combustibles fósiles. ¿Será por eso que sabotean con tan mala fe las propuestas de Petro y celebran con alegría su afonía?

 



[9] El Malpensante, (2000, septiembre 16 a octubre 31) No. 25, p. 20


lunes, septiembre 19, 2022

¿UN PLAN DE DESARROLLO PARA LA INTEGRACIÓN NACIONAL?

 

¿UN PLAN DE DESARROLLO PARA LA INTEGRACIÓN NACIONAL?

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Hernando Llano Ángel

La metodología propuesta por el presidente Gustavo Petro para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es audaz y desafiante. Se trata de dar la palabra a la ciudadanía, desde las regiones, para que en 50 encuentros exprese al gobierno nacional aquellas propuestas y reivindicaciones que aspira se plasmen en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y realice durante este cuatrienio el Pacto Histórico. De allí su nombre de Diálogos Regionales Vinculantes. De entrada, hay que reconocer su espíritu profundamente democrático, pues una Nación se construye desde abajo y las regiones, no desde arriba y el centro, como durante casi doscientos años se ha intentado infructuosamente. Sin duda, un Estado democrático se induce, no se deduce. Se induce desde la ciudadanía popular, sus dinámicas locales y regionales, no se deduce desde un centro de representantes políticos, supuestamente iluminados, que pretenden irradiar a todo el territorio sus decisiones y para ello apelan a procesos y Asambleas Constituyentes. Procesos que no logran convocar y menos representar al conjunto de la población y sus territorios. Vale la pena recordar que los delegatarios electos para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 apenas representaron el 27.1% del censo electoral, lo que significa que cerca del 63% del País Nacional no participó ni votó por ellos. Y fue un proceso que contó con una metodología parecida a la propuesta por este gobierno, pues el entonces presidente César Gaviria impulsó las llamadas Mesas Regionales de Trabajo Constituyente que se conformaron social y territorialmente en universidades, sindicatos, organizaciones populares y barriales. Incluso se sistematizaron sus propuestas en formatos especiales y luego enviaron a Bogotá, para que la Asamblea y lo delegatarios las tuvieran en cuenta en sus deliberaciones y se plasmaran en el articulado de la Constitución. Se presentaron cerca de 201.296 propuestas, correspondiendo a la educación el mayor número de ellas, como con rigor se puede leer en la investigación “La participación ciudadana en el proceso constituyente de Colombia de 1991. El derecho a la educación”, realizada por Milton Andrés Rojas Betancur, Mauricio Bocanument Arbeláez, Olga Cecilia Restrepo Yepes y Carlos Mario Molina, publicada en el 2019 en el número 20 de la Revista Historia Constitucional de Colombia.

Del dicho al hecho

Por ello, este empeño de convocar y escuchar las voces y gritos de una ciudadanía impaciente, cansada de ser defraudada gobierno tras gobierno, es una apuesta muy desafiante. Fácilmente puede convertirse en una caja de Pandora de donde salgan sin control todos los males que centenariamente aquejan y diezman al pueblo colombiano, a esa mayoría de las y los nadies que integran el País Nacional, sin que el gobierno del Pacto Histórico tenga la capacidad de encauzarlas y materializarlas en políticas públicas efectivas para su bienestar. Esos diálogos regionales vinculantes tienen, pues, el enorme desafío de pasar del dicho de la participación ciudadana al hecho de la ejecución gubernamental. Y ese divorcio entre lo popularmente demandado y lo institucionalmente ejecutado puede convertirse en un peligroso búmeran para la gobernabilidad democrática del Pacto Histórico. Los 50 diálogos regionales, realizados en un contexto de fuertes tensiones sociales en torno a la propiedad, posesión y uso de la tierra, sumada a la violencia degradada y ubicua desatada por numerosas organizaciones criminales por el control de las economías ilícitas, constituyen el escenario más adverso y a la vez incierto para el gobierno nacional. Pero también puede ser la oportunidad histórica para que el País Político por fin atienda y cumpla con las justas demandas del País Nacional. Por eso se trata de Diálogos Vinculantes. Vinculantes para forjar una paz total, como la denomina el presidente Petro, sobre los pilares de la justicia social, la tributaria y la ambiental.  Lo grave es que la dinámica de la economía mundial y la nacional parecen ir en contravía de la provisión de recursos fiscales para que el Estado cumpla con tan justas e inaplazables metas. Por todo ello, en la forma como discurran los 50 diálogos regionales vinculantes y las metas allí concertadas entre los delegados del Gobierno Nacional y la ciudadanía, conviene que el Pacto Histórico y el presidente Petro tengan en cuenta la siguiente advertencia de Giovanni Sartori en su libro “La democracia en 30 lecciones”:

“El problema es que existe una relación inversa entre la eficacia de la participación y el número de participantes. Esta relación viene expresada por una fracción en la que el numerador es 1 (el participante individual) y el denominador registra el número de los demás participantes. Por ejemplo, en un contexto de 10 participantes, yo soy influyente por valor de una décima parte. Lo que está muy bien. Pero si los participantes son 1.000, ya no está tan bien. En ese contexto, mi peso como participante es de una milésima. Y si el universo de los participantes es, por ejemplo, 10 millones, la noción de <formar parte> se esfuma en la nada. Ser participante de la diezmillonésima parte de una decisión ya no tiene sentido. El hecho es, por tanto, que la participación verdadera tiene las piernas cortas, es decir, se circunscribe a las cifras pequeñas”.

Es el divorcio entre la participación política y la representación política, donde ésta última es la que toma las decisiones finales y ahora tiene que ser vinculante, pues es la única forma en que el presidente Petro puede afianzar su legitimidad política y gobernabilidad democrática, sin las cuales no será posible la paz total y mucho menos la integración nacional. Estamos, pues, ante la Caja Pandora del Pacto Histórico, en cuyo fondo reposa todavía la esperanza popular y no puede defraudar, pues entonces correríamos el riesgo de la desintegración nacional.

martes, septiembre 13, 2022

VÍCTIMAS SIN DEMOCRACIA NI VERDADES

 

VÍCTIMAS SIN DEMOCRACIA NI VERDADES

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Hernando Llano Ángel

Vivimos tiempos aciagos para la democracia, pues todo parece indicar que ella se ha convertido, en el mundo actual, en un régimen político que tolera en forma indolente la existencia y perpetuación de millones de víctimas y niega sus verdades más esenciales. Para empezar, su derecho a una vida digna y la igualdad de oportunidades reales para alcanzarla.  Desde la "civilizada Europa", cuna del mito moderno de la “Libertad, la Igualdad y la Fraternidad”, donde hoy se condena a la servidumbre de trabajos degradantes a cerca de 50 millones de migrantes africanos, asiáticos y latinoamericanos, mientras acoge con solidaridad y generosidad a millones de ucranianos. Pasando por la soberbia democracia imperial norteamericana, donde la vida de los ciudadanos, especialmente los negros, vale menos que un rifle de asalto y los proyectiles que la aniquilan. Y ni hablar de las más de 10 millones de víctimas dejadas por nuestra “antigua, profunda y estable democracia”, supuestamente la más antigua de Latinoamérica.

La Dignidad del Mercado

No basta, entonces, con afirmar que todos somos iguales en dignidad, cuando en la vida real esa dignidad se subasta en el mercado y se tasa según valores mercantiles, despreciando los valores y derechos humanos, más aún los existenciales y telúricos del planeta. Sin duda, los valores más apreciados, envidiados y deseados en toda democracia son los de la bolsa de capitales, no precisamente los que se forjan en la arena del trabajo y el sacrificio cotidiano, que se conocen como valores o Derechos Humanos. Quizá por ello esta sociedad del espectáculo venera más el éxito que el talento, la impostura del artista codicioso que se exhibe en las redes sociales que el trabajo auténtico del artista callejero. Por más descarnada que sea, tenemos que reconocer esta verdad infamante: la dignidad de un ciudadano consumidor es más apreciada, valorada y protegida que la de un desempleado, para no hablar de la vida de un joven parcero, cuya presencia en ciertos lugares, como algunos exclusivos centros comerciales, desata las alarmas en superficies de “Éxito” y entre sus agentes de vigilancia privada. Esos parceros negros y muchos con acento extranjero, que obstaculizan el tráfico en los semáforos y llenan el aire con olores mortíferos, que por estos días expelen sus cuerpos desmembrados y abandonados en bolsas negras en la “Atenas Suramericana”. No por casualidad antes, miles de otros parceros en barrios populares, terminaron siendo macabramente vestidos con trajes camuflados y asesinados en nombre de la “Seguridad democrática”, para después cínicamente llamarlos “falsos positivos” y ser difamados por el expresidente Uribe que afirmó: “No estarían recogiendo café”. Y en el pasado reino Duquista, su anterior ministro de defensa, Diego Molano, los llamo “máquinas de guerra”, por lo cual era legítimo bombardear a los menores de edad reclutados forzosamente en campamentos guerrilleros. El verdadero nombre de la democracia actual es mercadocracia y, en sociedades como la nuestra, donde los enclaves de las economías ilegales del narcotráfico y la depredación de la naturaleza son los renglones más rentables, su verdadero nombre es cacocracia: “del griego kakós (‘malvado, malo’) y el elemento -cracia (‘gobierno, poder’), sería un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)”, según la voz de FundéuRae. Pero no lo reconocemos, porque entre nosotros preferimos los eufemismos de la mentira, maquillar y ocultar con los afeites de la “institucionalidad”, “los héroes de la fuerza pública” y la “civilidad de los altos mandos militares” ese sofisticado engranaje de muerte e impunidad que la semántica del poder oficial llama “democracia” y en la realidad es una tanatocracia electoral. Por todo ello, es que el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición” (CEV), en su volumen "NO MATARAS", lleva como subtítulo: “El primer mandamiento de la democracia colombiana”, que en realidad es el presupuesto de la legitimidad existencial de toda auténtica democracia, pues su fin primordial es evitar y contener la violencia para que no se convierta en una dinámica mortífera que determine quién gobierna y su forma de hacerlo. Porque la articulación de la violencia desbordada en el poder estatal y su confrontación con las armas desde la oposición, impiden el nacimiento y funcionamiento de la democracia. Es lo que nos sucede y todavía no hemos sido capaces de reconocer, como sociedad y Estado. En lugar de ello, nos hemos extraviado en un laberinto de mentiras criminales como ser la “democracia más estable y antigua” y contar con los “militares más respetuosos de la civilidad y el Estado de derecho”, al tiempo que exhibimos los más altos índices de violación a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad de todo el continente, superando con creces las víctimas de las dictaduras en los países del Cono Sur. Somos el único país donde una guerrilla alucinada pretendió juzgar a un presidente de la República, tomando como rehenes a la cúpula del poder judicial, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, civiles inermes, y denominar esa acción “Operación Antonio Nariño, por los derechos del Hombre”. Y, peor aún, un presidente como Belisario Betancur, que anunció en su discurso de posesión que “no se derramaría una gota más de sangre colombiana, asumir la responsabilidad de la más violenta operación de la Fuerza Pública contra la rama judicial, incinerando y reduciendo a cenizas el Palacio de Justicia, en cuyo desarrollo, un coronel exaltado, Luis Alfonso Plazas Vega, declaró ante los periodistas que la consigna era "mantener  la democracia, maestro” y la integridad de las ramas del poder público, aunque decapitara el poder judicial. Lo increíble es que todavía se hable de “toma y retoma del Palacio de Justicia”, cuando lo que hubo fue un holocausto donde murieron cerca de 100 civiles, 14 desaparecidos y el Palacio quedó convertido en ruinas. Sin duda, el 6 y 7 de noviembre de 1985, como lo resumió el entonces Procurador General de la Nación, doctor Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Presidente Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe, por violación flagrante del artículo 121 de la Constitución Política y del Derecho de Gentes, entonces “hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Un tratamiento de víctimas sacrificadas en nombre de la democracia y la razón de Estado. Por eso, la degradación del conflicto armado interno se profundizó desde entonces y hoy tenemos que el 80% de las víctimas mortales fueron civiles y todavía continúe dicha dinámica, como lo revela la CEV en su informe final. La conclusión parece obvia y la verdad irrefutable: tanto el poder civil, vale decir de los políticos gobernantes y los militares bajo su mando, son los máximos responsables de tanta atrocidad. Aquí no tiene cabida esa peregrina afirmación según la cual los “civiles delegaron en los militares la guerra y el control del orden público”, como menos aquella de que nuestros “militares son los más civilistas de Latinoamérica” porque solo dieron un golpe militar en el siglo XX, con el general Gustavo Rojas Pinilla. No gratuitamente el prohombre liberal Darío Echandía lo denominó “Golpe de Opinión”, revelando así el sibilino concierto para delinquir entre civiles y militares por y desde el poder estatal. No se puede seguir con esa mentirosa narrativa, según la cual los militares son los malos, los encargados del trabajo sucio y los civiles son los buenos, ingenuos gobernantes engañados y defraudados por algunos militares criminales y díscolos, llamados “manzanas podridas”. Así lo expresó el expresidente Uribe ante el padre de Roux, en su declaración señorial desde su hacienda y trono semifeudal, al decir: “La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia. Es del incapaz criminal que, para demostrar resultados, produce crímenes”. Lo que tenemos que reconocer es que tal relación simbiótica y criminal entre el poder civil y el militar no es admisible en ninguna democracia. Mucho más si la impunidad y la falta de verdad sobre los máximos responsables se perpetua indefinidamente, como sucedió con la fórmula del Frente Nacional, invocando para ello una falsa reconciliación y paz política entre los colombianos. Esa fórmula incubó, precisamente, la pesadilla en que vivimos y de la cual millones nunca despertaron. Si queremos convivir como colombianos y no repetir más lo sucedido, perpetuando generaciones de víctimas y victimarios, tenemos que exigir de todos los responsables su reconocimiento de los crímenes, así como a la JEP que concluya sus investigaciones imponiendo penas propias, sustentadas en la verdad y no en coartadas jurídicas, ideológicas o institucionales. No hay lugar para el negacionismo, mucho menos para la complicidad del silencio. Para vivir en democracia se precisa la verdad sobre los hechos y el coraje de asumir la propia responsabilidad por lo sucedido. Como lo dijo en alguna ocasión José Saramago, “somos la memoria que tenemos del pasado y las responsabilidades que asumimos en el presente”.

 

PETRO, ENTRE LA DESMESURA POLÍTICA, LA IMPACIENCIA POPULAR Y LA INTRANSIGENCIA ELITISTA

 

PETRO, ENTRE LA DESMESURA POLÍTICA, LA IMPACIENCIA POPULAR Y LA INTRANSIGENCIA ELITISTA

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/petro-propuestas-politicas-desmesuradas-la-impaciencia-popular-la-intransigencia-elitista

Hernando Llano Ángel

Transcurrido casi un mes de su llegada a la Casa de Nariño, Petro se debate entre la desmesura política de sus numerosas propuestas democratizadoras, la impaciencia popular que ellas han desatado y la intransigencia elitista que se opone a las mismas. La sensación anímica que tiende a predominar en el ciudadano corriente, con frágil criterio de lo público, polarizado en forma oportunista por una oposición recalcitrante, es que la Presidencia le quedó grande a Petro. Desde ya, la intransigencia elitista apuesta por su rápido y rotundo fracaso, incluso celebran prematuramente el vaticinio de la hecatombe nacional que otrora proclamará el subjudice del Ubérrimo.  El “Centro Democrático” está dispuesto, como lo hiciera artera y maliciosamente en contra del plebiscito del Acuerdo de Paz[1], a seguir mintiendo y tergiversando la realidad, para que la gente “salga verraca” a la calle a protestar. De nuevo, pues, estamos entre el comienzo de una esperanzadora apertura democrática y su acelerado aborto preventivo, provocado por los mismos de siempre. Otra vez estamos atrapados en el inconcluso y fatal pulso entre las elites de ese “País Político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder” y el “País Nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo![2], como lo advertía Gaitán el 20 de abril de 1946 en el Teatro Colón. Han pasado 76 años y estamos peor, pues no ha cesado el desangre, ahora profundizado por la asociación criminal de la codicia del narcotráfico con la degradación de la rebelión. La emboscada y posterior asesinato de siete policías, acribillados en forma despiadada por supuestas disidencias de las Farc en San Luis, Huila, parece tener relación con la búsqueda “de una ruta de salida a la marihuana creepy y la cocaína que se produce en el norte de Cauca a través del departamento de Huila”[3], por parte del  “frente ‘Ismael Ruíz’, de las disidencias (con injerencia en Tolima) que es aliada a la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ (con injerencia en Cauca)”.

De la Paz Total a la Paz Pública

Ante este complejo entramado, la propuesta de “Paz Total” de Petro parece inalcanzable solo con el diálogo y la tregua multilateral. Dicha “paz total” requiere ser acotada de forma más realista, combinando seguramente todas las formas de lucha y de negociación. Pero especialmente precisando su foco, que no puede difuminarse en una supuesta “Paz total”, la cual seguramente solo existe más allá del mundo político y terrenal, en la esfera ultramundana de la espiritualidad y la eternidad. Es una paz metafísica, metapolítica, trascendental. Pero la que precisamos con urgencia es una paz terrenal, una paz pública inmanente, es decir, aquella que el Estado en su conjunto debe garantizar a toda la sociedad, desarticulando las organizaciones responsables de la criminalidad y la inseguridad. No conviene para la gobernabilidad democrática hacer propuestas desmesuradas como la “Paz Total”, pues son fácilmente deslegitimadas por la oposición y la ciudadanía cae en la incredulidad y la desesperanza ante emboscadas tan dolorosas y repudiables como la reciente de San Luis y probablemente muchas otras que vendrán, instigadas por la codicia ilimitada de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Pero también hay otras propuestas del gobierno del Pacto Histórico que, no obstante sus buenas intenciones y sustento científico, como la teoría del decrecimiento de Serge Latouche[4], se pueden convertir en un búmeran contra el gobierno y su futuro Plan de Desarrollo Nacional. Aquí estamos en un punto de quiebre, como sucede también con las imperiosas y necesarias reformas para alcanzar justicia tributaria, laboral y agraria. No solo es una cuestión de prioridades, sino también de tiempo, expectativas y viabilidades.

Es urgente sincronizar los tiempos y no engañarnos

Tiempo que ya se agotó para ciertos sectores sociales marginados y numerosos trabajadores que llevan generaciones reclamando y esperando dichas reformas. Sin duda, el tiempo de las reformas sociales urgentes no está sincronizado con el tiempo de la gobernabilidad democrática, sujeta a los términos legales que impone la Constitución y la expedición de normas, además de los inciertos procesos de negociación y transacción entre las diversas fuerzas políticas, sociales y gremiales. De allí que gobernar para la izquierda con su horizonte de mayor justicia social, sostenibilidad ambiental y deliberación democrática resulte mucho más difícil y siempre correrá el riesgo de fracasar. Por eso, Chile se encuentra en ascuas con su referéndum constitucional de este domingo 4 de septiembre. Todo lo contrario, acontece con la derecha, cuya gobernabilidad se agota en la fórmula complaciente de satisfacer y proteger los intereses dominantes del Statu Quo, como lo hizo el expresidente Uribe al eliminar mediante la ley 789 de 2002 las horas dominicales y de festivos, extras y nocturnas de los trabajadores con la mentira de estimular la producción y el empleo. Una reforma que le robó 28 billones de pesos a los trabajadores desde el 2003 hasta el 2017, según la Escuela Nacional Sindical.[5] Por ello, poco les importa a los gobernantes de la derecha la crisis climática, la desconocen y niegan de plano como Bolsonaro, Trump y sus aliados nacionales, con tal de aumentar el crecimiento de sus ganancias. Poco les importa las enfermedades y mayores costos para la salud pública de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, pues muchos de sus fabricantes aportaron generosamente dinero a sus campañas políticas. Y así sucesivamente. Ahora que el Pacto Histórico pretende restablecer dichos justos derechos laborales, todos los gremios ponen el grito en el cielo. Ni hablar de la reforma tributaria y el bloqueo de las grandes empresas y sus líderes gremiales, pretendiendo embaucar a la opinión ciudadana con falsos argumentos como confundir la tasa de tributación nominal con la efectiva. Al respecto, los investigadores Jairo Orlando Villabona y Carlos José Quimbay, en su estudio “Tasas efectivas del impuesto de renta para sectores de la economía colombiana entre el 2000 y el 2015”,[6] demuestran que “los más favorecidos fueron el sector financiero, $20.6 billones, y el sector bancario con 10.9 billones. Finalmente, con respecto a la deducción del IVA por inversión en activos fijos, el sector minería con $ 18 billones, y el sector comercio, con $11.2 billones, fueron los más favorecidos”. Es decir, 60.7 billones en gabelas tributarias en 15 años, y ahora se rasgan las vestiduras por la propuesta actual de recaudar $25 billones. En fin, si queremos vivir sabroso y que la dignidad se haga costumbre, no podemos dejarnos engañar, pero tampoco exigir ya lo inalcanzable, pues reformas como la agraria y la laboral no se hacen de la noche a la mañana. Si aspiramos a ser potencia mundial de la vida y líderes en la transición energética a favor del planeta, precisamos mayor responsabilidad personal y empresarial, pero sobre todo más investigación y trabajo de la inteligencia, no solo el decrecimiento de las economías del Norte rico. Si queremos mayor justicia tributaria, que empiece por casa, es decir, el Estado, y se fije un impuesto similar al que se propone a las pensiones de 10 o más millones de pesos en igual proporción para todos los servidores públicos con dichos sueldos. Para empezar, gravar a los congresistas[7], que deberían sentir vergüenza republicana por devengar más de 35 millones de pesos mensuales, especialmente los del Pacto Histórico. Con ironía y agudeza, el politólogo y maestro Giovanni Sartori[8], distinguió así a la izquierda de la derecha: “Izquierda es hacer el bien a los demás, derecha el bien para sí; izquierda es Kant, derecha es Bentham”. Sin duda, la izquierda auténtica hace prevalecer el interés general sobre el particular, esperemos que los congresistas del Pacto Histórico sean coherentes y no defrauden más a quienes dicen representar.