¿UN PLAN DE DESARROLLO PARA
LA INTEGRACIÓN NACIONAL?
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Hernando Llano Ángel
La metodología propuesta por el presidente Gustavo Petro para la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es audaz y desafiante. Se trata de
dar la palabra a la ciudadanía, desde las regiones, para que en 50 encuentros
exprese al gobierno nacional aquellas propuestas y reivindicaciones que aspira
se plasmen en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y realice durante este
cuatrienio el Pacto Histórico. De allí su nombre de Diálogos Regionales
Vinculantes. De entrada, hay que reconocer su espíritu profundamente
democrático, pues una Nación se construye desde abajo y las regiones, no desde
arriba y el centro, como durante casi doscientos años se ha intentado
infructuosamente. Sin duda, un Estado democrático se induce, no se deduce. Se
induce desde la ciudadanía popular, sus dinámicas locales y regionales, no se
deduce desde un centro de representantes políticos, supuestamente iluminados,
que pretenden irradiar a todo el territorio sus decisiones y para ello apelan a
procesos y Asambleas Constituyentes. Procesos que no logran convocar y menos
representar al conjunto de la población y sus territorios. Vale la pena
recordar que los delegatarios electos para la Asamblea Nacional Constituyente
de 1991 apenas representaron el 27.1% del censo electoral, lo que significa que
cerca del 63% del País Nacional no participó ni votó por ellos. Y fue un
proceso que contó con una metodología parecida a la propuesta por este
gobierno, pues el entonces presidente César Gaviria impulsó las llamadas Mesas
Regionales de Trabajo Constituyente que se conformaron social y
territorialmente en universidades, sindicatos, organizaciones populares y
barriales. Incluso se sistematizaron sus propuestas en formatos especiales y
luego enviaron a Bogotá, para que la Asamblea y lo delegatarios las tuvieran en
cuenta en sus deliberaciones y se plasmaran en el articulado de la
Constitución. Se presentaron cerca de 201.296 propuestas, correspondiendo a la
educación el mayor número de ellas, como con rigor se puede leer en la
investigación “La participación ciudadana en el proceso constituyente de
Colombia de 1991. El derecho a la educación”, realizada por Milton Andrés Rojas
Betancur, Mauricio Bocanument Arbeláez, Olga Cecilia Restrepo Yepes y Carlos
Mario Molina, publicada en el 2019 en el número 20 de la Revista Historia
Constitucional de Colombia.
Del dicho al hecho
Por ello, este empeño de convocar y escuchar las voces y gritos de una
ciudadanía impaciente, cansada de ser defraudada gobierno tras gobierno, es una
apuesta muy desafiante. Fácilmente puede convertirse en una caja de Pandora de
donde salgan sin control todos los males que centenariamente aquejan y diezman
al pueblo colombiano, a esa mayoría de las y los nadies que integran el País
Nacional, sin que el gobierno del Pacto Histórico tenga la capacidad de
encauzarlas y materializarlas en políticas públicas efectivas para su
bienestar. Esos diálogos regionales vinculantes tienen, pues, el enorme desafío
de pasar del dicho de la participación ciudadana al hecho de la ejecución
gubernamental. Y ese divorcio entre lo popularmente demandado y lo
institucionalmente ejecutado puede convertirse en un peligroso búmeran para la
gobernabilidad democrática del Pacto Histórico. Los 50 diálogos regionales,
realizados en un contexto de fuertes tensiones sociales en torno a la
propiedad, posesión y uso de la tierra, sumada a la violencia degradada y
ubicua desatada por numerosas organizaciones criminales por el control de las
economías ilícitas, constituyen el escenario más adverso y a la vez incierto
para el gobierno nacional. Pero también puede ser la oportunidad histórica para
que el País Político por fin atienda y cumpla con las justas demandas del País
Nacional. Por eso se trata de Diálogos Vinculantes. Vinculantes para forjar una
paz total, como la denomina el presidente Petro, sobre los pilares de la
justicia social, la tributaria y la ambiental.
Lo grave es que la dinámica de la economía mundial y la nacional parecen
ir en contravía de la provisión de recursos fiscales para que el Estado cumpla
con tan justas e inaplazables metas. Por todo ello, en la forma como discurran
los 50 diálogos regionales vinculantes y las metas allí concertadas entre los
delegados del Gobierno Nacional y la ciudadanía, conviene que el Pacto
Histórico y el presidente Petro tengan en cuenta la siguiente advertencia de
Giovanni Sartori en su libro “La democracia en 30 lecciones”:
“El problema es que existe una relación inversa
entre la eficacia de la participación y el número de participantes. Esta
relación viene expresada por una fracción en la que el numerador es 1 (el
participante individual) y el denominador registra el número de los demás
participantes. Por ejemplo, en un contexto de 10 participantes, yo soy
influyente por valor de una décima parte. Lo que está muy bien. Pero si los
participantes son 1.000, ya no está tan bien. En ese contexto, mi peso como
participante es de una milésima. Y si el universo de los participantes es, por
ejemplo, 10 millones, la noción de <formar parte> se esfuma en la nada.
Ser participante de la diezmillonésima parte de una decisión ya no tiene
sentido. El hecho es, por tanto, que la participación verdadera tiene las
piernas cortas, es decir, se circunscribe a las cifras pequeñas”.
Es el divorcio entre la participación política y la representación
política, donde ésta última es la que toma las decisiones finales y ahora tiene
que ser vinculante, pues es la única forma en que el presidente Petro puede
afianzar su legitimidad política y gobernabilidad democrática, sin las cuales
no será posible la paz total y mucho menos la integración nacional. Estamos,
pues, ante la Caja Pandora del Pacto Histórico, en cuyo fondo reposa todavía la
esperanza popular y no puede defraudar, pues entonces correríamos el riesgo de
la desintegración nacional.
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