Vacunémonos de verdad
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Hernando Llano
Ángel
Este es el año de las vacunas,
aunque para nosotros su aplicación comience con retraso y, por los previsibles
problemas logísticos, su administración se prolongue por lo menos hasta el 2022.
Solo entonces probablemente alcancemos la anhelada inmunidad de rebaño. Pero
este año los colombianos recibiremos otra vacuna, más necesaria, poderosa y
vital que las aplicadas contra el Sars-CoV2. La vacuna de la verdad. Desde hace
dos años y dos meses la ha venido preparando la Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. La Comisión hace parte del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, junto a la
JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, conformadas
para el cumplimiento del punto 5 del Acuerdo de Paz sobre víctimas en el
conflicto armado. La Comisión fue creada mediante el Decreto 588 de 2017 “para
conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir
al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo
y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad”, como
puede leerse en su magnífico portal: www.comisióndelaverdad.co. Portal que
deberíamos consultarlo frecuentemente todos los colombianos, pues en él podemos
encontrar los testimonios, los eventos y los informes que son la materia prima
de la vacuna de la verdad que necesitamos para convivir. La Comisión debe
rendir su informe final en noviembre de este año. Es decir, dispone de menos
tiempo que las vacunas contra la pandemia para brindarnos y aplicarnos la
inyección más vital que requerimos los colombianos: el conocimiento de los
factores, los actores y las circunstancias que nos han convertido en un pueblo
letal, que lleva más de medio siglo aniquilándose de todas las formas posibles
e inimaginables. Y continúa haciéndolo todos los días. Hasta el 6 de febrero ya
se han cometido 12 masacres que dejan 37 víctimas, según Indepaz[1]. Pero
quizá no haya que esperar hasta noviembre para conocer esa verdad, pues ya la
Comisión nos ha entregado valiosos testimonios de las víctimas y
reconocimientos auténticos de las atrocidades cometidas por sus victimarios. El
testimonio de Ingrid Betancur[2]
sobre su secuestro es una de las verdades más desgarradoras y reveladoras de la
degradación alcanzada por la política cuando ésta se convierte en rehén de la
violencia y se ensaña contra miles de colombianos. Así lo reconocieron sus
victimarios, el Secretariado de las Farc-Ep: "El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los
afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad…El secuestro fue
una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón
ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”.[3]
Sin duda, uno de los componentes
de la vacuna de la verdad contra el odio y su letal venganza, será nuestra
capacidad para superar todos los maniqueísmos que están a nuestro alcance para
justificar y legitimar la violencia. Desde la violencia insurgente con su
invocación de la justicia social como justificación de sus acciones, pasando
por la institucional con su cinismo de invocar la defensa a ultranza de una
precaria y casi inexistente legitimidad, hasta la violencia interpersonal cuyo
ejercicio se camufla bajo prejuicios y conductas arraigadas en millones de
colombianos como la formación de autodefensas, la “justicia por propia mano”, el
machismo y la xenofobia. Ya deberíamos tener absolutamente claro que la
violencia no legítima ninguna causa, sino más bien todo lo contrario. Que la
violencia deslegitima la autoridad, así ella invoque la defensa de valores
superiores como la seguridad y el orden público, incluso hasta la democracia,
en cuyo nombre comete crímenes tan atroces como los “falsos positivos”, las
torturas, desapariciones y el asesinato de ciudadanos inermes[4].
Porque la única forma de recobrar la legitimidad una institución es procesando
y penalizando ejemplarmente a los agentes responsables de las violaciones a los
derechos humanos, jamás protegiéndolos, felicitándolos[5] o
ascendiéndolos en sus carreras oficiales, mucho menos cobijándolos con
impunidad bajo el fuero penal militar, como lamentablemente ha sucedido en
muchos casos. Así como es inaceptable la negación del reclutamiento de menores
de edad por parte de las Farc con el pretexto de que dicha práctica jamás figuró
en su Reglamento Guerrillero, menos lo es toda legitimación institucional de las
violaciones sistemáticas a los derechos humanos, más aún las amparadas en
Directivas oficiales como la 029[6] de
los “falsos positivos”. En ambos casos se trata de comportamientos y
operaciones criminales, que deben ser plenamente reconocidas ante la Comisión
de la Verdad y la JEP. Ya los miembros
del Secretariado de las Farc lo están haciendo, en el CASO 01[7]
por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, así como cientos de
miembros de la Fuerza Pública por los “falsos positivos”, que conoce la JEP
como CASO 03[8].
Respecto de la Directiva 029 es urgente conocer la versión del exministro de
defensa Camilo Ospina Bernal, que la promovió en cumplimiento de la “seguridad
democrática”, y tener así una explicación de su fatal deriva en la comisión de
2.248 asesinatos, según el informe número 5 de la Fiscalía enviado a la JEP.
Sin Verdad no hay Justicia ni futuro
Según lo establecido por el
Decreto 588 de 2017[9],
el fin primordial de la Comisión de la Verdad es cognitivo y no punitivo, por
eso todas las versiones que reciba de las víctimas y de los victimarios no
tendrán efectos judiciales. Su objetivo principal es aportar el esclarecimiento
de la verdad, contribuir a la convivencia y evitar en lo posible la continuidad
de las causas y factores de este prolongado y degradado conflicto que a todos
nos avergüenza y cada día se repite. De allí el valor inestimable del
conocimiento que han aportado miles de víctimas, con su sufrimiento inefable y
dolor inolvidable, para develar la identidad y responsabilidad de sus
victimarios, protagonistas y antagonistas en este conflicto. Por eso también la
obligación indeclinable e indelegable de esos protagonistas para que den sus
versiones sobre sus decisiones y actuaciones. Hasta ahora, han comparecido los
antagonistas de la insurgencia y falta por recibir las versiones de los más
importantes protagonistas del establecimiento, como los expresidentes y la
actual Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ministra de defensa de Álvaro Uribe
Vélez, cuando se desarrolló la operación Orión en Medellín[10]. Sin
dichas versiones no se podrá develar esa verdad compleja y dolorosa del
conflicto que, como un caleidoscopio, tiene miles de formas y rostros, que lo
expresan y explican. Cada protagonista tiene su verdad subjetiva y narrativa
justificadora de sus actuaciones, que debe ser confrontada con los hechos
públicos, para completar así el rompecabezas de la realidad fragmentada y
disputada del pasado y el presente. Por eso es imprescindible conocer las
versiones de todos los expresidentes, quienes, por acción u omisión, tienen
muchas piezas de esa verdad dolorosa, oscura y astillada de sangre como un espejo
roto en miles de fragmentos. Hasta ahora solo ha comparecido en dos ocasiones
el expresidente Samper[11]
para dar su versión sobre la sombra inextinguible del proceso 8.000 que empaña la
legitimidad de su mandato. Pero los expresidentes César Gaviria, Andrés
Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos tienen muchas valiosas piezas por
aportar, sin las cuales no será posible conocer la verdad completa de lo
acontecido y mucho menos honrar la memoria de miles de víctimas. Tampoco será
posible identificar aquellos factores y actores que confrontaron en sus
respetivos mandatos y todavía persisten en nuestros días, profundizando con su
violencia y codicia el conflicto y el número creciente de víctimas. De no
hacerlo, serían inferiores al compromiso con la verdad, la historia y el futuro
que, como expresidentes, nos deben a todos, empezando por las víctimas
irredentas de ayer y las evitables del mañana. Y, lo que es más grave, dejarían
a la posteridad, como Belisario Betancur (Q.E.P.D), toda suerte de
interpretaciones y conjeturas sobre sus indelegables responsabilidades, competencias
y dignidades. De alguna forma su silencio los condenaría irremediablemente,
bien como pusilánimes incompetentes, vanidosos insaciables, autócratas impunes o
jugadores astutos del poder, pero en cualquier caso como inferiores a sus responsabilidades
frente a la vida, la historia y el futuro de Colombia. Deberían sentir
vergüenza por el espectáculo deplorable que nos dan con sus rencillas y odios
personales, con sus cálculos mezquinos para las próximas elecciones. Si todavía
tienen alguna noción de su responsabilidad histórica, honorabilidad personal y
dignidad de lo público, deben ir a la Comisión de la Verdad y dar sus
respectivas versiones para que las próximas generaciones comprendan mejor el
pasado y eviten su repetición en el futuro. Quizás así aprendamos a convivir
como ciudadanos, sin permitir que existan más víctimas y tolerar más victimarios
o, lo que es peor, seguir siendo gobernados por vengadores impunes que deciden
el futuro de todos en defensa de instituciones cacocráticas[12].
Instituciones sustentadas en prejuicios atávicos, corrupción pública-privada y
odios viscerales contra enemigos imaginarios, sostenidas por la ignorancia y la
indolencia de millones de ciudadanos amnésicos que precisan con más urgencia la
vacuna de la verdad que alguna de las existentes contra la pandemia del
Covid-19. Una vacuna que por fin los libere de la estupidez de rebaño e inocule
para siempre en sus conciencias el repudio por la política asociada con el
crimen, la violencia, la corrupción y la apropiación de lo público por cacocracias
codiciosas, que gobiernan impunemente en nombre de una falaz e inexistente
democracia.
