Agujeros negros en la política nacional.

AGUJEROS NEGROS EN LA POLÍTICA NACIONAL

(Abril 29 de 2019)

Hernando Llano Ángel.

Nuestra realidad política nacional es tan inverosímil que ella contiene no sólo un agujero negro, sino varios. Dichos agujeros son obra de sus más connotados protagonistas, cuya capacidad para inventarlos, eludirlos o negarlos está en relación directa con sus ejecutorias en el pasado. Entre esos agujeros negros, sobresalen el narcotráfico, la extradición, la violencia política y la corrupción. Según los astrofísicos, la principal característica de los agujeros negros es que poseen tal fuerza gravitacional, que ni siquiera la luz puede salir de ellos. Y esa parece ser también la principal característica de nuestra realidad política nacional. Cada día ella es más oscura e impenetrable, como lo está demostrando por estos días el debate en el Senado sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP.  El vórtice de tal oscuridad es la relación entre el narcotráfico y la política, cuyo origen no se encuentra propiamente en nuestra constelación del sur, sino en la del norte que, bajo la presidencia de un oscuro y tenebroso personaje, Richard Nixon, le declaró la “guerra a las drogas”, como una cortina de humo para ocultar su fracasada y mentirosa guerra de Vietnam. Así lo reveló uno de sus principales asesores, John Ehrlichman, al salir de la cárcel por su implicación en Watergate, al periodista Dan Baum de Harper´s Magazine:  

"¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?", me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. "La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí".

Y desde entonces ese agujero negro no ha parado de atraer y devorar en su interior todo lo que encuentra y necesita para aumentar su tamaño, succionando violentamente lo que se oponga a su crecimiento insaciable. En nuestro caso, desde sus más aguerridos y honestos contradictores, tanto en la política, la justicia, la Fuerza Pública, el periodismo, la academia y los luchadores sociales, hasta la misma naturaleza, sometida a su deforestación y posterior fumigación con glifosato. Un agujero negro que contiene en su interior magnicidios, genocidios y ecocidios, sin que se detenga en su expansión, estimulado precisamente por el prohibicionismo, que cada día aumenta sideralmente las ganancias de los narcotraficantes.

Así las cosas, resulta que el agujero negro del narcotráfico es consubstancial a la misma existencia de la política, en cuyos límites se diluye y fusiona, como quedó plasmado en la ley 975 de 2005, promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha ley, oficialmente denominada de “Justicia y Paz”, concertada con los grupos paramilitares en Santafé de Ralito, previa visita al Congreso de la República y promoción de la misma por su máximo comandante, Salvatore Mancuso, acompañado de Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Ramón Isaza, en el artículo 10.5  estableció que se podían acoger a ella todos los miembros de organizaciones armadas ilegales: “que no se hayan organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”.

Lo anterior consagró legalmente la mayor monstruosidad ética y política concebible, pues de todos era sabido que los grupos paramilitares desde sus orígenes, con los hermanos Castaño y posteriormente con don Berna, Macaco, Jorge 40, y demás pléyade de comandantes, estuvieron dedicados al narcotráfico, denominado por Mancuso “la chequera de la guerra”. Monstruosidad, puesto que la ley 975 lo que estableció es que, si dichos grupos masacraron, descuartizaron y desaparecieron miles de víctimas, podían beneficiarse de la ley 975, puesto que no se habían “organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. Y entonces cuando sus comandantes en las versiones libres, para acogerse a la alternatividad penal favorable, empezaron a revelar sus alianzas criminales con un número apreciable de congresistas de la coalición gubernamental uribista, inmediatamente fueron extraditados por “narcotraficantes”. Y con ellos la verdad también fue extraditada. Sobre todo, aquella que todavía deben al país y a los cientos de miles de víctimas que causaron. Quizá por ello, ahora de nuevo el senador Uribe y su bancada están tan interesados en que se continúe extraditando, pues temen que empiece a salir algo más de luz de semejante agujero negro, y se conozca la responsabilidad de las “otras personas” en el conflicto armado, como los miembros de la Fuerza Pública y los particulares afines a las Convivir y su posterior mutación criminal en grupos paramilitares. Sin duda, la extradición no es sólo sustracción de soberanía judicial, sino sobre todo miedo a la verdad e impunidad genuina para las incontables víctimas del conflicto armado, como ha sucedido hasta ahora con los paramilitares extraditados. Por eso las objeciones presidenciales son objeciones para la conveniencia del Centro Democrático y su “presidente eterno”, hábilmente disfrazadas de inconveniencia nacional y deben ser negadas en su totalidad por el Senado.

Justo Es Perdonar (JEP)

Justo Es Perdonar.

(JEP)

(abril 15 de 2019)

                

Hernando Llano Ángel.

Y necesario, no solo durante semana santa, sino en todo momento. De lo contrario, permaneceremos atados al rencor por el resto de nuestras vidas. Y del rencor al odio hay menos de un paso, como lo demuestran todos los días en nuestra sociedad connotados líderes políticos que, lamentablemente lo son, porque encarnan y expresan sin límites ese funesto sentimiento que alberga en el corazón de millones de colombianos. Un sentimiento de odio que los puede validar, llegado el momento, a ejercer la violencia con la mejor buena conciencia, sin remordimiento alguno, puesto que su líder lo expresó sin rodeos en un par de trinos contra la Minga Indígena y Campesina por persistir en el bloqueo de la vía panamericana:

“El dilema no es masacrar o firmar, el dilema es autoridad, sensata, firme, que se sienta, con criterio social o seguir generando malos precedentes que no permitirán voltear la página”.

“Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.

No deja de ser curioso que estos consejos sobre el ejercicio de la violencia por parte de la “autoridad serena” estén en abierta contradicción con el número 33 del Manifiesto Democrático, plataforma programática que llevo a Uribe la Presidencia en el 2002, donde escribió:

 “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.

La anterior flagrante contradicción con sus recientes trinos, bien podríamos llamarla la argucia mortal de la razón autoritaria, pues con amarga ironía ella misma termina convertida en terrorismo estatal, como se deduce de su impecable e implacable silogismo. Paradoja criminal de esa “inteligencia superior”.

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”

Ojalá en esta semana santa el presidente Duque escuche con atención la prédica de Jesús de Nazaret y su maravilloso legado del perdón, que pronunció desde la agonía de su crucifixión: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, dirigidas a quienes precisamente descargaban “violencia y terror” sobre su lacerado cuerpo. De lo contrario, si atiende los consejos de su “presidente eterno” en el ejercicio de la “autoridad serena” y desoye los de Jesús de Nazaret, tendrá que cargar con toda la responsabilidad de haber actuado como jefe de un “Estado terrorista”, además de su eterno remordimiento de conciencia por no haber comprendido el mensaje político más valioso del cristianismo: la doctrina del perdón. Mensaje que comprendieron perfectamente estadistas de la talla de Gandhi y Mandela. Este último, después de haber pasado más de 40 años tras las rejas, afirmó: “El perdón no cambia nada del pasado, pero si el futuro de una Nación”. Lamentablemente el presidente Duque con sus objeciones a la JEP parece no haber entendido nada sobre la justicia y el perdón en sociedades desgarradas por la violencia y el odio. Porque en la JEP no se trata tanto de perdonar a los principales responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, puesto que sus penas serán menores, entre cinco y ocho años, solo si aportan verdad y reparación a sus incontables víctimas. De no hacerlo, deberán pagar por lo menos 20 años de cárcel.

“Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra”.

Pero para comprender y aceptar lo anterior se necesita dejar de odiar. Pero sobre todo dejar de pensar y utilizar a la justicia como una forma de “venganza civilizada”, que ejercen los “buenos” contra los “malos” o “la autoridad serena” contra los “violentos terroristas”. Una justicia punitiva sin horizonte de reconciliación. Y para esos “buenos y virtuosos”, también Jesús de Nazaret dejo formulada una pregunta, cuando iban a lapidar a la mujer supuestamente adultera: “Quién esté libre de pecado, que lance la primera piedra”. Seguramente no todos somos igualmente culpables o pecadores por la ignominia del conflicto armado interno y las diversas formas de violencia que aún padecen miles de víctimas. Pero sin duda, a todos nos cabe alguna responsabilidad por nuestra indolencia y pasividad, frente a tanta injusticia e iniquidad. Especialmente a quienes todavía se dejan manipular por el odio y la soberbia de unos pocos, que temen asumir sus responsabilidades en el ejercicio de “la autoridad serena” y ahora legislan recomendado “masacrar con criterio social”, como en el pasado lo hicieron con los mal llamados “falsos positivos”, cuyo número preciso de jóvenes de estratos populares asesinados todavía desconocemos y es competencia de la JEP esclarecerlo. Justo es perdonar, pero conociendo la verdad y a todos los responsables de la injusticia perpetrada, para así jamás olvidar y en algo reparar a las víctimas.

Alcance de la JEP

Ya que la justicia, cuando debe afrontar la investigación de cientos de miles de asesinatos, de millones de desplazados y despojados de sus tierras, de miles de secuestrados, “falsos positivos” y desaparecidos, jamás podrá sancionar a todos los responsables, sino fundamentalmente a los principales determinadores y protagonistas de tales crímenes. A quienes ejercieron el mando y ordenaron las atrocidades cometidas, ya sea en la insurgencia o desde el Estado, y no las evitaron por omisión o complicidad con los directos perpetradores. Y, en estos casos, se le presenta a la justicia una insuperable paradoja, que expresó así Hannah Arendt, frente al castigo de la cúpula nazista: “Es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”. De allí que el perdón sea precisamente sobre lo imperdonable, como lo precisó Derrida, y como concluyó la pensadora judía: “perdonar es la única reacción que no reactúa simplemente, sino que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y por lo tanto libre de sus consecuencias, lo mismo quien perdona que aquel que es perdonado. La libertad contenida en la doctrina de Jesús sobre el perdón es liberarse de la venganza, que incluye tanto al agente como al paciente en el inexorable automatismo del proceso de la acción, que por sí misma nunca necesita finalizar» (La Condición Humana, p.260)

Iván Duque: Objetor y procrastinador.

IVÁN DUQUE: PRESIDENTE OBJETOR Y PROCRASTINADOR

Hernando Llano Ángel.

La primera responsabilidad de un buen gobernante es reconocer la realidad, no objetarla y mucho menos rechazarla. La segunda, afrontarla y no postergarla. Y el presidente Duque parece estar empeñado en eludir esas dos responsabilidades. Tanto en relación con la sanción de la ley estatutaria de la JEP, como con su impostergable presencia en el Cauca para que se levante el lesivo bloqueo de la panamericana por parte de la Minga indígena. Lo más grave de lo anterior, es que no parece ser un asunto personal, sino más bien una tendencia institucional y social. Casi que un sello distintivo de su estilo de gobierno y un hábito mental de sus seguidores. Una tendencia que nos puede llevar a un escenario de ingobernabilidad parecido al de Venezuela. En el fondo, todas las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP se reducen a la negativa visceral del Centro Democrático y de su “inteligencia superior”, Álvaro Uribe Vélez, de reconocer y aceptar la participación política de los excomandantes de las FARC en el Congreso de la República. Basta leer lo consignado en “Bases de un Acuerdo Nacional de paz”, documento que contiene todas las modificaciones propuestas por el Centro Democrático al Acuerdo de Paz firmado en Cartagena, después de su lánguido triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 por apenas 53.894 votos y una mayoritaria abstención del 63%, que procrastinó la continuidad de la violencia y la guerra. 

Allí se lee, en el punto 3.5 referido al fin del conflicto: “Las curules especiales que se otorgarán por 8 años a las FARC en el Senado y la Cámara de Representantes, no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido condenadas por Delitos de Lesa Humanidad o delitos graves”. Tal es el propósito real de las objeciones y los Actos Legislativos que anuncia Duque. En otras palabras, ganar en el Congreso lo que no se pudo ganar en el campo de batalla, haciendo trizas la JEP. La realidad que se obstina cerrilmente en reconocer y aceptar el Centro Democrático es que es preferible el debate político a la contienda armada. Que más valen las palabras que las balas. Que mejor son las urnas que las tumbas. Por eso la senadora Paloma Valencia llama “narcoterrorista” a Pablo Catatumbo, pues es incapaz de reconocerlo como un contendor y adversario político legítimo, al igual que los seguidores de Catatumbo la señalan de “paramilitar”. Así las cosas, el Congreso se parece cada vez más una trinchera de odios y no un foro para el debate democrático, el cual rápidamente puede derivar en un campo de batalla fatal.

De otra parte, no va a existir impunidad total, pues estos senadores y representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común están sub judice, se encuentran bajo la jurisdicción de la JEP, en donde deben decir toda la verdad para reparar a sus innumerables víctimas y deberán pagar penas restrictivas de libertad entre 5 y 8 años, según las sentencias de la JEP. De lo contrario, si mienten y no reparan, podrán recibir hasta 20 años de cárcel. Pero como la gobernabilidad de Duque es la del Centro Democrático, y no la de un presidente que representa a todos los colombianos y honra el Acuerdo de Paz, además de cumplir el artículo 22 de la Constitución: “la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos”, entonces objeta la realidad y procrastina la firma de la ley estatutaria. Hasta que las deliberaciones y decisiones de los congresistas vuelvan a la Corte Constitucional, donde se ratificará la constitucionalidad de todo aquello que vanamente objetó. Pasará entonces a la historia como el primer presidente objetor y procrastinador que una Corte Constitucional obliga a sancionar una ley estatutaria. 

Todo ello, porque carece de gobernabilidad para consolidar una paz democrática y, por el contrario, está empeñado en imponer una gobernabilidad autocrática, en contravía de la realidad y el respeto de la legalidad, privilegiando así los intereses del Centro Democrático. Lo preocupante es que por estar procrastinando la urgencia de los acuerdos políticos con la Minga indígena  --como lo hizo torpemente con el movimiento de los estudiantes universitarios-- ahora lo termine alcanzado la imprudencia de la fuerza y caiga en la soberbia y la ceguera del dictador vecino que tanto fustiga. Más aún, cuando cuenta con un sonoro corifeo gremial, social y mediático que lo anima a que gobierne con mano firme y corazón rabioso. 

Sería un lamentable contagio de inmadurez presidencial que, ojalá no ocurra, para bien de todos, pero especialmente de los indígenas que ya se cansaron de tanto procrastinador presidencial. Llevan más de 500 años padeciendo como la historia y la política procrastina con sus vidas y sus sueños, a tal punto que ya varias comunidades están siendo alcanzadas y diezmadas por la muerte.