domingo, marzo 31, 2024

EL MITO DEL PODER CONSTITUYENTE

 

EL MITO DEL PODER CONSTITUYENTE

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/mito-del-poder-constituyente

“Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad” Gustavo Petro Urrego. Discurso de posesión presidencial.

Hernando Llano Ángel.

Si hay algún mito político poderoso, es el del poder constituyente primario[1]. Él marca el comienzo de la modernidad política y el renacimiento de la democracia, luego de su largo eclipse bajo el manto de teocracias y del absolutismo monárquico. Es un poder situado más acá y más allá de la representación política, propia del moderno Estado de derecho liberal. Es el mito en el que todos creemos, pues nos afirma en la ilusión de que podemos decidir cómo queremos vivir y hasta morir, sin estar totalmente sujetos a la voluntad arbitraria de quienes ejercen el poder constituido. Pero en la realidad no es así. Ni en los textos constitucionales, ni en la jurisprudencia y menos en la realidad social y política de todos los días existe ese poder constituyente demiúrgico e ilimitado. Para empezar, nuestro artículo 3 constitucional es muy claro: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”, pero a renglón seguido la limita: “El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. Es decir, que el pueblo, así sea expresándose en las calles y en asambleas barriales o veredales, debe someterse a los “términos que la Constitución establece”. No es, pues, un soberano absoluto, situado más allá de la Constitución, que ejerce su poder de constituyente primario en forma ilimitada. Si ello fuera así, la democracia en tanto pluralidad de valores, intereses y cosmovisiones, correría el riesgo de desaparecer en nombre de un imaginario pueblo unitario y monolítico, poseedor de una sola voluntad general y soberana, que todo lo decide. Ese pueblo solo existe en la mente de filósofos como Rousseau y en líderes carismáticos que se arrogan la encarnación del pueblo y lo definen históricamente, bien sea contra otros pueblos que consideran una amenaza o, como es más frecuente, contra otros miembros o partes del mismo pueblo que forman el Estado Nación. Y ya sabemos a donde conducen semejantes ficciones: al “pueblo elegido por Dios”, en cuyo nombre sus líderes transitorios promueven genocidios; o aquellos que, en nombre de una supuesta raza superior, la aria, exterminaron a millones de judíos y opositores, pero también a los iluminados del materialismo histórico y su contraparte los libertarios capitalistas y sin ley, pero al mando del Estado, como Javier Milei. Todos ellos están absolutamente seguros de ser los salvadores de sus respectivos pueblos. Y así llegamos hoy a esa pléyade de impostores y criminales de Estado encabezados por Trump, Putin, Netanyahu, Bukele, Milei, Ortega y Maduro –entre muchos más-- que pregonan ser los mesías de sus naciones, sin importar las consecuencias de sus delirios. ¡Y todo en nombre del pueblo!  ¡Hacer de nuevo grande a América!; ¡defender y revivir la Gran Rusia o, incluso, salvar el mismo ¡“pueblo elegido por Dios”! De esta forma el pueblo se convierte en un comodín que cae en manos de jugadores ambiciosos e impunes del poder político, que lo manipulan sin escrúpulo alguno. Jugadores tanto más peligrosos cuanto más populares e “iluminados” son, pues pueden definir el destino de la humanidad y hasta del mismo planeta, embriagados con la megalomanía de ser ellos mismos la encarnación de sus respectivos Pueblos. Por eso declaran como enemigos del pueblo a quienes no los sigan, aplaudan y vitoreen, y los llaman: “terroristas”, “eje del mal”, “apátridas”, “escuálidos”, “mamertos”, “paracos” y cuantos más estigmas sean corrientes y útiles según las vicisitudes históricas y las necesidades del líder carismático. Entonces el poder constituyente se convierte en un poder disolvente de la vida política y es el mismo pueblo quien termina siendo sacrificado en su propio nombre, dividido y fragmentado en forma letal, devastado en campos de batalla por líderes que se presentaron como sus salvadores y terminaron siendo sus verdugos y sepultureros.

Desmitificar el poder constituyente del “Pueblo”

A tales excesos puede conducir el mito del poder constituyente primario y la soberanía del pueblo, si no somos conscientes que dicho pueblo en la realidad es una suma irreductible de ciudadanías diversas y plurales, que precisa siempre de límites constitucionales y legales para que no deje de existir y sea sustituida o aplastada por un pueblo unitario y monolítico, que se impone sobre la diversidad y la conflictividad social y política en nombre de la soberanía y la voluntad popular. Especialmente en nuestro caso, todavía obnubilados por mitos como la séptima papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente, tras los cuales estuvo el poder constituyente criminal del narcoterrorismo de Pablo Escobar y el efectivo lobby de los Rodríguez, quienes coronaron en la Carta el famoso artículo 35, su máxima aspiración política: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento”. Es verdad, ya derogado, pero entonces necesario para el supuesto “sometimiento a la justicia” de Pablo Escobar en su Catedral y alcanzar una tregua momentánea con el narcoterrorismo.

Un Constituyente Sincrético y Electofáctico

 Allí se encuentra la génesis de nuestro actual régimen político electofáctico[2], que continúa siendo criminalmente constitutivo de nuestra vida política, como todos los días lo vemos y padecemos con el asedio de organizaciones guerrilleras mutantes, que son “rebeldes-narcotraficantes” y ahora con la supuesta financiación de vías 4G en Antioquia por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)[3], que se proyectan como “empresarios-narcotraficantes”. Sin duda, ese poder constituyente del 89 y el 90 tan sincrético y electofáctico no podía engendrar otra cosa que un poder constituido cacocrático[4] y descompuesto, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, incapaz de debatir y aprobar reformas democráticas, pues ellas serían el comienzo de su fin. Por eso la única reforma que hundieron rápidamente fue la política, en tanto pretendía acabar con la financiación privada de las campañas electorales, vía expedita para la corrupción del constituyente primario y su voluble voluntad “soberana” por poderes de facto empresariales, Odebrecht y Corficolombiana, o abiertamente ilegales como el narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla. Precisamente por esa fusión de la política con la criminalidad resurgieron las Convivir y sus hijas legítimas, las AUC, como todos lo sabemos, salvo su progenitor, César Gaviria Trujillo[5], y su máximo promotor regional y nacional, Álvaro Uribe Vélez[6]. También llegaron al Congreso los voceros de la parapolítica[7] y a la salud una banda de mercaderes insaciables, como Carlos Palacino y Saludcoop[8], junto a más de 13 EPS que han tenido que ser liquidadas por insolventes e ineficientes. Mientras vivamos en esta especie de cambalache político institucional, todos “revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”, es insensato pensar en un poder constituyente virtuoso e incontaminado que nos salvará de la noche a la mañana. Más bien lo que precisamos con urgencia es una gobernabilidad eficiente y menos retórica constituyente, más concertación y menos confrontación para avanzar por las vías de la reactivación económica y dejar atrás el trancón de las 4G en Antioquia. Pero, sobre todo, precisamos con urgencia más seguridad humana y menos “paz total”. Todo parece indicar que el presidente Petro ya se percató de esto último, pues ordenó la operación Mantus[9] contra el Estado Mayor Central[10] en el Cauca. Cabe esperar que las “AGC” y la Nueva Marquetalia[11] comprendan que les ha llegado la hora de comenzar una negociación realista, cumplir el cese del fuego y cesar las extorsiones contra la población civil, pues de lo contrario el gobierno no tiene otra opción que “guerrear”, según la orden presidencial. Orden a la que respondió desafiante las AGC: “el presidente les ordenó a las fuerzas del Estado el exterminio de nuestra organización, sin dimensionar la violencia y el derramamiento de sangre que puede causar dicha orden presidencial”. ¿Estaremos ad portas de una nueva guerra, ahora contra el narcoterrorismo de las AGC? ¿Se configurará otra coyuntura preconstituyente como la desatada por Pablo Escobar y los extraditables para poner en jaque al Estado y entonces invocar de nuevo el talismán de una Asamblea Nacional Constituyente para la “Paz Total”? Ya va siendo hora de aprender las lecciones que nos dejó el espejismo constituyente de 1991, que promulgó la Constitución más democrática del continente para volverla trizas en treinta años, pues todavía incumplimos su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Es inevitable citar otra vez a García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”[12]: “Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita…Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad”. Cuanta falta nos hace ese realismo lúcido para salir de esta encrucijada en que estamos y tener una segunda oportunidad sobre la tierra para vivir democráticamente y en paz en esta Colombia del Pacto Histórico: ¡Potencia mundial del irrealismo político y la desmesura gubernamental!


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martes, marzo 26, 2024

¿DEL EMBRUJO CONSTITUYENTE A LA GOBERNABILIDAD CONSTITUYENTE?

 

¿DEL EMBRUJO CONSTITUYENTE A LA GOBERNABILIDAD CONSTITUYENTE?

Hernando Llano Ángel.

La propuesta del presidente Gustavo Petro en Cali de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, presentada desde “Puerto Resistencia”[1], epicentro y símbolo de las protestas sociales en el paro de 2021 en el suroriente de la ciudad, es la más clara expresión de la tensión política y social que vivimos nacionalmente. Una tensión que refleja la impotencia del ejecutivo frente al obstruccionismo del legislativo que bloquea el avance de sus proyectos reformistas.

El fantasma constituyente

Una tensión creciente derivada de la impotencia gubernamental y legislativa del Pacto Histórico, cuyo punto de quiebre fue el inminente fracaso de la reforma al sistema de salud. Es la expresión dramática de la dificultad del Pacto Histórico para convertirse en un “Bloque Histórico”[2] y contar con un amplio respaldo en la sociedad y el Congreso para consolidar sus reformas sociales. Dicha tensión se ha proyectado mediáticamente como la mayor amenaza para la democracia y el Estado de derecho, lo que carece por completo de sentido, pues la propuesta presidencial no tiene ninguna viabilidad política y menos legislativa. Según el trámite establecido por la Constitución del 91 precisa que el gobierno cuente con mayorías en el Congreso para poder convocarla, como lo prescribe el artículo 376[3] de la Constitución. Si el actual trámite a las reformas está siendo saboteado y bloqueado por falta de quorum para los debates, con mayor razón lo sería la iniciativa del ejecutivo para convocar la Constituyente, que precisa la mayoría de los votos en Cámara y Senado. De alguna forma, estamos al frente de una truculenta puesta en escena que revive una fantasmal constituyente a la que apela el presidente para sortear la crisis de gobernabilidad por la que atraviesa. Por su parte, la oposición aprovecha en forma histérica el fantasma de esa Constituyente irrealizable para convertir la actual crisis de gobernabilidad en una crisis de legitimidad, que condene al fracaso total el proyecto reformista del Pacto Histórico y le permita retomar el control del Estado dentro de dos años. Tal es el trasfondo de la tramoya mediática que en forma hábil promueven los líderes más oportunistas y cínicos del establecimiento, generando una sensación de “venezonalización” inminente de Colombia que convertiría a Petro en un dictador, emulo de Chávez y Maduro. Un escenario que produce réditos políticos inmediatos a una oposición que vuelve a manipular con éxito los miedos y prejuicios de millones de ciudadanos, fácilmente estimulados en su sectarismo clasista y racista, quienes no dejan de ver en Petro a un “guerrillero asesino y corrupto” y desconocen su legitimidad democrática para gobernar. Es la táctica de “emberracar” –que dio la victoria al NO en el plebiscito del Acuerdo de Paz[4]-- a una población que cada día se siente más amenazada por una criminalidad desbordada e incontrolable y la precariedad creciente de sus ingresos y empleos. A ello se suma su profunda indignación y frustración por escándalos de corrupción como los carrotanques de agua para la Guajira, comprados por el saliente, turbio e impotable Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), un artífice insuperable del mayor desastre que pueda sufrir un gobierno que se precia de ser progresista: la pérdida de confianza ciudadana en su honestidad y competencia gubernamental.

¿De la crisis de gobernabilidad a la de legitimidad?

 Así las cosas, una oposición visceral está empeñada en profundizar un peligroso e incierto escenario político, donde la crisis de gobernabilidad del ejecutivo se traslapa con una agresiva campaña para su deslegitimación presidencial. De dicha campaña hacen parte investigaciones relacionadas con la supuesta superación de topes de financiación en la campaña presidencial y los generosos auxilios recibidos por su hijo Nicolás. Tal escenario puede conducirnos al agujero negro de una crisis social y económica que se traduzca en choques violentos y frecuentes entre partidarios del gobierno y sus opositores, bajo el espejismo de una disputa entre el poder constituyente del pueblo y el poder constituido del Congreso y del Establecimiento. Una versión inédita del “País Nacional”[5] contra el “País Político”, que el presidente Petro en su discurso de posesión se propuso superar: “Ya es hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Entendamos de una vez y para siempre que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y que juntos somos más fuertes…Y finalmente, uniré a Colombia. Uniremos, entre todos y todas, a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad”[6]. Desafío y meta histórica que no es posible promover mediante el espejismo de una nueva Asamblea Constituyente, pues después de 33 años de proclamada la Constitución del 91 ya sabemos que no basta con el fetiche de tener una nueva Constitución sino contamos con los actores políticos, vale decir partidos y líderes democráticos que estén a su altura, así como con una ciudadanía democrática responsable y comprometida que viva y actúe la Constitución, al menos en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y exija al gobierno y todos los actores armados ilegales comprometidos con la “Paz Total” que cesen sus hostilidades y delitos contra la población civil. Solo así será realidad la paz vital y dejará de ser mortal la “paz total”, como aconteció con el atentado de la que fue víctima la lideresa indígena Nasa Carmelina Yule[7], cuando rechazaba el reclutamiento forzado de un menor de edad por parte de las disidencias del Estado Mayor Central. En este contexto lo que se precisa es un gobernante constituyente y garantista de la población, no una Constituyente para gobernar. Un gobernante que no solo recurra a la palabra para persuadir a organizaciones criminales como el EMC[8] de alias Mordisco, sino también al poder coercitivo de la espada, pues todo parece indicar que para ellos la PAZ solo con sangre entra. Es de esperar que con el cese del fuego decretado por el presidente y las acciones de la Fuerza Pública en su contra lo comiencen a entender y dejen de hostigar, reclutar niños y asesinar a la población civil.

¿Del mito constituyente a una gobernabilidad constituyente?

Lo que ahora precisamos con urgencia es dejar atrás ese mito constituyente del 91, pues lo que siguió a la expedición de la Carta del 91 fue su progresiva desaparición en la vida política real. Se convirtió en una Constitución nominal y no aplicada, una magnífica ficción política y normativa. En efecto, el espejismo del llamado consenso democrático consignado en la Carta lo desapareció un prestidigitador del poder presidencial, César Gaviria Trujillo, que convirtió ese tratado de paz en una guerra integral. Guerra que comenzó con el bombardeo al secretariado de las Farc-Ep en Casa Verde el 9 de diciembre de 1990, día en que se realizaba la elección de los delegatorios a la Constituyente. Con su “bienvenidos al futuro” de la apertura económica[9] y la globalización de los mercados, Gaviria desvirtuó el Estado Social de derecho y convirtió el Estado en un mercado, bajo fórmulas privatizadoras del credo neoliberal y los tratados de comercio, que impidieron la creación de una economía social de mercado en beneficio de las mayorías. Lo demás es historia conocida: el crecimiento desbordado de las Farc-Ep, el auge del paramilitarismo, la privatización de la salud con la ley 100[10] de 1993 y la creación de las EPS, cuya gestión y funcionamiento es cada vez más insostenible y requiere una reforma estructural. Para ello no se precisa una nueva Constitución, sino una urgente concertación entre actores políticos protagónicos y decisorios, como el presidente Petro y el expresidente Uribe, que hagan posible una gobernabilidad democrática efectiva y contenga la actual campaña de ingobernabilidad y deslegitimación presidencial junto a la improbable e inoportuna convocatoria de una Asamblea Constituyente.

La mitomanía constitucional y democrática

De lo contrario, corremos el riesgo de caer de nuevo en el agujero negro de agitar un incierto proceso constituyente en donde se recurre otra vez al mito de una supuesta gobernanza constituyente para “resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo, entrar a resolverlos”[11]. Entre esos problemas, el presidente Petro identifica siete desafíos imposibles de superar en los dos años que le quedan: Primero, el cumplimiento Acuerdo de Paz 2016. Segundo: “condiciones básicas de existencia” en cuanto a salud, pensión, a través de una renta para los más viejos, y acceso al agua para toda la población”. Tercero “una reforma a la justicia, se requiere un sistema judicial cercano al ciudadano, parcial e independiente y que tenga como eje central la verdad, junto con garantías de no repetición, que contribuyan a la reconciliación”. Cuarto punto, el presidente sostuvo que se debe realizar un reordenamiento territorial, alrededor del agua como propone en su Plan Nacional de Desarrollo. Se debe incluir a los territorios excluidos para superar la “aberrante desigualdad”. El quinto punto propuesto es incluir en la Constitución normas para la lucha contra el cambio climático, entre ellos la descarbonización de la economía, una de las políticas que ha impulsado desde su Gobierno y que ha generado críticas de diversos sectores”. Sexto punto que propone el jefe de Estado es que se prioricen la educación pública y la reforma agraria. Así mismo, que la política monetaria esté destinada al empleo y la producción, manteniendo la independencia del Banco de la República y el séptimo punto “separar la política de la financiación privada”, uno de los puntos que incluía su reforma política, hundida en el Congreso, para que las campañas electorales fueran financiadas por el Estado”. Se estaría así reeditando el fetichismo constituyente, con las consecuencias que hoy padecemos y nos dejó el inconcluso proceso de transición democrática de la Carta del 91. Hoy todavía no tenemos ni paz política y menos Estado Social de derecho en todo el territorio nacional. Excepto para unos alucinados líderes del establecimiento, empezando por Cesar Gaviria Trujillo y sus sucesores presidenciales, quienes no estuvieron a la altura de la carta del 91 y hoy dicen defender la “democracia y el Estado social de derecho”. Grandilocuentes instituciones que solo existen en el papel y han servido de coartada para la gestión de poderes de facto excluyentes y de intereses de mercaderes legales e ilegales, que han convertido el Estado en una cacocracia[12] y a la democracia en un régimen político electofáctico[13].

Encrucijada Histórica

Estamos en una encrucijada histórica. Una encrucijada que demanda reformas inaplazables para catalizar procesos de reactivación económica con inclusión social y acuerdos políticos generadores de paz democrática y seguridad humana. De lo contrario, volveremos al pasado tenebroso de fórmulas de gobernabilidad autoritarias. Fórmulas anacrónicas que todavía creen que es posible contener y apagar próximas eclosiones sociales a punta de sangre y fuego, con más “falsos positivos”[14], armando a civiles energúmenos, alentados por el miedo y la revancha, negando verdades y responsabilidades históricas develadas por la Comisión de la Verdad y el lento e inseguro avance de la justicia transicional de la JEP. Si ello acontece en las elecciones de 2026, otra vez el País Político cabalgaría airoso e impune sobre el País Nacional, maltratado y humillado, con sus precarios derechos económicos y sociales en vilo, todo en nombre de la “democracia y el Estado de derecho”. La “democracia” más profunda e insondable en perpetuar víctimas mortales, según estas cifras del informe final de la Comisión de la Verdad[15] y un “Estado de derecho” con 48 sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[16] por violaciones a los derechos humanos. No sobra la pregunta para todos los expresidentes ¿De qué democracia y Estado de derecho me hablas? O, mejor, ¿Cuál democracia y estado de derecho mantenía el coronel Alfonso Plazas Vega el 7 de noviembre de 1985?[17]


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lunes, marzo 11, 2024

CONVEREGENCIAS: ÁLVARO URIBE Y SALVATORE MANCUSO

 

Convergencias: Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso

Escrito por Hernando Llano marzo 10, 2024 (Revusta RAZÓN PÚBLICA) 11 de marzo 2024.

A pesar de su aparente distancia, las vidas de Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe parecen acercarse. Ambos promovieron y ambos utilizaron, por ejemplo, las Cooperativas de Seguridad y Convivencia.

Hernando Llano Ángel*

¿Vids paralelas?

 Poco sentido tiene buscar una prueba reina de un encuentro personal entre Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso. No hay una fotografía, un estrechón de manos registrado, una conversación telefónica, la firma de un documento, alguna correspondencia o cualquier otra evidencia que los comprometa. 

Seguramente nada de ello existe. Mucho menos testigos que lo demuestren. Son vidas paralelas que no se encuentran personalmente en ningún momento, más allá del saludo ocasional de finqueros vecinos en Córdoba, como lo ha reconocido el mismo Uribe. 

Pero sus vidas tienen un punto de confluencia histórica y política que es de carácter público. Toda Colombia lo sabe, está políticamente demostrado y salta a la vista de todos. Es un hecho público, aunque el expresidente Uribe rehúse reconocerlo y asumir su gran cuota de responsabilidad política. 

Ese punto es la lucha implacable de ambos contra las guerrillas y la secuela de crímenes que dejó esa cruzada. 

 Haría bien el expresidente Uribe, en aras de la verdad histórica y el respeto a la memoria de miles de víctimas de las AUC y de la “seguridad democrática”, en reconocer su inmensa responsabilidad política en esa catástrofe humanitaria.

Comienza con su acuerdo y apoyo entusiasta a las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, legalmente creadas por César Gaviria. Algunas de estas Convivir fueron el embrión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos paramilitares. 

La parábola de vida de ambos es paradójica. Mancuso acabó siendo un criminal politizado y Uribe un político judicializado. Ambos son, política y judicialmente hablando, útiles en la lucha contra las guerrillas a través de las Convivir. Mancuso desde las AUC y Uribe desde la gobernación de Antioquia y después desde la presidencia de Colombia. 

Le recomendamos: El caso Uribe: de la impunidad política a la culpabilidad penal

Caminos separados y convergentes 

Desde ese momento sus vidas políticas o criminales dejan de ser paralelas y convergen en la guerra sin cuartel contra las guerrillas. Mancuso desde la AUC y Uribe con la “Seguridad democrática” y su letal consecuencia de los “falsos positivos”. 

Hay un punto de encuentro crucial, cuando elaboran la ley 975 de 2005, denominada de “Justicia y Paz”. Esta confluencia empieza con el discurso de Mancuso en el Congreso el 28 de julio de 2004, cuya comparecencia fue posible por el visto bueno de Uribe, según los testimonios de las representantes a la Cámara, Eleonora Pineda y Rocío Arias.

Así lo relatan en el libro Las Comadres de la Parapolítica de Juan Carlos Giraldo. El libro recrea el momento en el que Uribe, en ese momento presidente, les da el visto bueno para traer a Mancuso al Congreso y ambas, dichosas, organizan tan importante evento para la paz de Colombia. 

Mancuso comienza así su histórica intervención en el Congreso: “Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde, con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del Pueblo Colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz”. 

No obstante, después contaría a RCN la importancia de las Convivir en la expansión del paramilitarismo y las AUC: “A través de las Convivir y comisarios políticos nos permiten crear las autodefensas a nivel nacional, hacemos un engranaje entre una autodefensa ilegal amparada por el Estado con fusiles para servir de bisagra con la institucionalidad”. 

Por otro lado, en la gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe fue un entusiasta promotor y defensor de las cooperativas de seguridad, considerándolas como un punto de unión entre la ciudadanía y la fuerza pública. Para él “Esta colaboración construye confianza institucional en los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que busquen salidas contrarias a la ley”.

Aunque Uribe advierte que las Convivir convocarían a ciudadanos para evitar salidas contrarias a la ley, lo que realmente sucedió fue lo contrario. De hecho muchas personas usaron las cooperativas como venganza de las extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las guerrillas. Amparados, además, por la fuerza pública. 

Así lo revelan innumerables testimonios de miembros de las AUC. El propio Mancuso explica que fundó sus Convivir en calidad de civil, asignado en un grupo con quince hombres, dos miembros de la DIJIN y algunos policías. Así inició un recorrido por territorios colombianos como Sucre, Bolívar y Magdalena para crear más autodefensas. 

Las Convivir desbordarían todos los marcos de la legalidad por las relaciones y coordinaciones clandestinas que sostuvo Mancuso con Pedro Juan Moreno como secretario de Gobierno bajo la administración y responsabilidad política del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe. 

Impunidad total 

Está plenamente probado el favorecimiento que Álvaro Uribe, como presidente de la República, promovió para las AUC a través de sus iniciativas legales, especialmente del fracasado referéndum de 2003.

En el punto 6 sobre “Reducción del Congreso”, aparece un parágrafo sobre “circunscripciones especiales de paz”. En él expresaba su deseo de reincorporar a la vida civil a miembros de grupos al margen de la ley bajo la estricta dirección y supervisión del gobierno. 

Dicho parágrafo tenía como único destinario a las AUC, pues las FARC acababan de cometer el atentado terrorista contra el Club el Nogal y las autodefensas eran la única organización armada interesada en un proceso de paz bajo la dirección del gobierno. 

Sorprenden la laxitud y generosidad de Uribe, pues los representantes de esos grupos alzados en armas no deberían rendir cuenta ante millares de víctimas. 

Además, según el proyecto explícito del presidente Uribe, las AUC tendrían una representación política en todas las corporaciones públicas, desde el Congreso hasta las asambleas y concejos, sin mención alguna de penas privativas de la libertad. Inclusive el gobierno podría no tener en cuenta inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y/o concejal. 

Eso es todo lo contrario de las objeciones presentadas por Uribe y el Centro Democrático al Acuerdo de Paz de 2016, cuando vetaron la presencia de diez excomandantes de las FARC en el actual Congreso. Estos excomandantes hoy están sometidos a la JEP y deberán cumplir a las víctimas con la verdad y las penas de reparación que fije dicha jurisdicción, so pena de ser condenados por la justicia ordinaria a penas de por lo menos veinte años de prisión.

Semejante favorabilidad política para las AUC fue frustrada por la Corte Constitucional al declarar inexequible dicho parágrafo del punto 6, pues consideró que las circunscripciones especiales de paz no guardaban relación alguna con la reducción del tamaño del Congreso y los cambios en las fórmulas de la representación política.

Amnistía

Lo anterior demuestra claramente cómo esas vidas paralelas de la política de Uribe y de criminalidad de Mancuso confluyeron y formaron una tangente de amplia y plena favorabilidad política para los comandantes de las AUC. 

Tangente que se volvería a intentar con la ley 975 del 2005, pero que la Corte Constitucional volvería a impedir. En esta ocasión el gobierno intentó conferir a los miembros de las AUC el carácter de sediciosos, es decir, de delincuentes políticos y, por tanto, no sujetos a extradición y con derecho a participación y eventual representación política. 

La actuación del alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, en este suceso fue brillante. Defendió la justicia restaurativa en aras de alcanzar la paz y la reconciliación entre los colombianos. Justicia restaurativa y transicional que hoy encarna la JEP, pero que Uribe y el Centro Democrático desconocen y desprestigian todos los días.

Uribe ahora propone la amnistía política en alusión velada a las condenas de Sabas Pretelt y Diego Palacio por la yidispolítica, que permitió su espuria reelección presidencial de 2006-2010. 

Curioso que el expresidente olvide Agro Ingreso Seguro de Andrés Felipe Arias, donde se asignaron miles de millones de pesos a cercanos agro empresarios que financiaron su campaña de reelección y que también olvide a Invercolsa de Fernando Londoño Hoyos, condenado a devolver 145 millones de acciones que adquirió ilegalmente a Ecopetrol, ambos ministros de su gabinete.

Las Convivir desbordarían todos los marcos de la legalidad por las relaciones y coordinaciones clandestinas que sostuvo Mancuso con Pedro Juan Moreno como secretario de Gobierno bajo la administración y responsabilidad política del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe.

¿Serán problemas de senilidad e impunidad los que aquejan al expresidente? Al fin de cuentas, amnistía viene de “amnēstía; propiamente ‘olvido’”, según la RAE. 

Así como hay que reconocerle el éxito de la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares, haría bien el expresidente Uribe, en aras de la verdad histórica y el respeto a la memoria de miles de víctimas de las AUC y de la “seguridad democrática”, en reconocer su inmensa responsabilidad política en esa catástrofe humanitaria. 

Pero, sobre todo, que reflexionara sobre su concepción binaria de una violencia buena, la del establecimiento y miembros de la fuerza pública, que debe ser tratada con benevolencia y admiración por su combate sin límites contra la otra violencia, la mala y criminal de la insurgencia. 

Solo cuando se deslegitimen ambas violencias tendremos un horizonte cierto de paz y superaremos el embrujo de la actual ‘Paz Total’.  Esa paz exaltada en los discursos oficiales pero desprestigiada por la inseguridad y la criminalidad exacerbada de quienes dicen ser sus interlocutores.

Puede Leer: Álvaro Uribe y los falsos positivos

 

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