LA HORA DEL JUICIO CIUDADANO
Hernando Llano Ángel
La hora de la verdad
Se
acerca la hora de la verdad. Puede ser el próximo 27 de mayo o, en segunda
vuelta, el 17 de junio, cuando expresemos nuestro juicio ciudadano en las
urnas. Un juicio que decidirá mucho más que el nombre del inquilino de la Casa
de Nariño. Un juicio que decidirá, sin exageración alguna, quiénes somos los
colombianos y cómo queremos vivir. Decidirá si deseamos seguir siendo
complacientes con la corrupción y cómplices con el crimen. O, por el contrario,
rechazaremos aquellos que hasta hace muy poco financiaron sus campañas
presidenciales con dineros de Odebrecht[1] y aún no rinden cuentas
ante la justicia. Aquellos que siempre tienen la coartada perfecta para parecer
inocentes, incluso proclamarse adalides de la “moral y las buenas costumbres”,
no obstante estar rodeados de copartidarios en la cárcel y de dirigentes sub
judice. Dirigentes con decenas de investigaciones congeladas en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara o engavetadas por malévolos magistrados en los altos
tribunales. En fin, llego la hora en que cada ciudadano y ciudadana, sin excusa
alguna, deberá decidir si continúa legitimando un régimen sustentado en la
mentira, la ilegalidad y el crimen o, por el contrario, con su voto empieza a
cambiar la historia y a desmontar el tinglado de un régimen maloliente y
putrefacto. Llego la hora de tumbar un
régimen --según expresión de Álvaro Gómez Hurtado— afianzado en una alianza
estratégica de complicidades. Las complicidades fraguadas entre quienes
depredan lo público y nuestra portentosa biodiversidad, aliados con una minoría
de mercaderes privilegiados, nacionales e internacionales, que impunemente acrecientan
su codicia en nombre de la democracia. Y
lo podemos tumbar como ciudadanos, sin cortar cabezas, con nuestros votos en
las urnas, votando contra quienes hacen de la mentira, la corrupción[2] y el crimen su fórmula por
excelencia de gobernabilidad, cavando todos los días con su violencia y corrupción
tumbas y fosas comunes en campos y ciudades[3].
Un régimen de
privilegios criminales y privilegiados impunes
Está
próxima la hora para que cada ciudadano decida si vota por el crimen mayor de
la inequidad, mediante la apropiación del Estado –la máxima expresión
institucional del interés público y el bienestar general—por quienes hoy
promueven en su campaña presidencial ponerlo al servicio de los privilegiados,
reduciendo el pago de sus impuestos, derruyendo de paso los cimientos del
Estado Social de derecho, consagrado en el artículo primero de nuestra
Constitución Política. O, por el contrario, vota por quienes promueven
responsablemente en sus campañas una justicia tributaria que brinde mayores
oportunidades de trabajo, salud, y educación a quienes carecen de derechos y
posibilidades de una vida digna. También deberemos decidir si votamos por
quienes promueven el crimen mayor de la injusticia, anunciando el
desmantelamiento de las altas cortes para entronizar en una sola Corte el reino
de la impunidad, y así favorecer aquellos privilegiados que solo ven y exigen
el castigo de los crímenes de los marginados. O, por el contrario, votamos por
quienes respaldan la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión para la
búsqueda de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, cuyo horizonte es el
reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos aquellos que hayan
cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, empezando por los rebeldes,
continuando por los agentes institucionales y los particulares que
estratégicamente financiaron grupos paramilitares.
La verdad nos hará
libres
Quizá así conozcamos algún día la verdad de
tantas atrocidades, unas cometidas supuestamente en nombre de la “justicia
social” y otras en defensa de una espectral “democracia”, que hoy nos afecta y
avergüenza como sociedad. Con nuestro voto podemos empezar a pagar esa inmensa
deuda de verdad que tenemos con todas las víctimas, desde las más pobres hasta
las más ricas, pues su dolor e igual dignidad reclaman con el mismo derecho e
intensidad que los responsables las reparen, sin ocultar sus rostros, revelando
los motivos e intereses que tuvieron para cometer tanta ignominia. Sin conocer
todas las verdades, las insurgentes, oficiales y particulares, por dolorosas y
atroces que sean, nunca serán posibles la justicia ni la reconciliación y
continuaremos extraviados en un laberinto de mentiras honorables y de sentencias
parcializadas, que más temprano que tarde se trocaran en venganzas y odios
generacionales. Es imperiosa una memoria integral y colectiva de lo sucedido,
de lo contrario seguiremos viviendo en la mentira de la “democracia más estable
y profunda de América Latina”[4] y el crimen continuará
gobernando impunemente.
En
fin, con nuestro voto, decidiremos si somos capaces de reconocernos como
colombianos y colombianas, todos y todas, con el mismo derecho de participar
políticamente en la construcción de una casa común, de una Colombia justa y con
iguales opciones para hacer posible la dignidad. O, por el contrario, vamos a
continuar profundizando y consolidando este régimen de privilegios criminales y
privilegiados impunes. Líricamente lo expresaba Belisario Betancur en 1982 en
su discurso de posesión presidencial: “dejemos de ser federación de rencores y
archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue
a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a
nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”. Por todo ello, no
es el momento de votar con miedo, es la hora de votar con valor, razón y
corazón, como una ciudadanía responsable que no se deja intimidar. El miedo nos
arrebata la razón y nos amarga el corazón. El miedo nunca es inocente y mucho
menos buen consejero, reza la sabiduría popular, pues quien lo azuza busca
intimidar, controlar y dominar a los demás. Parafraseando a Camus, hoy Colombia
en las urnas no precisa de “almas tibias sino de corazones ardientes que sepan
dar un sitio justo a la moderación”. Pero sobre todo de futuros gobernantes que
sepan alentar esperanzas sin crear y caer en falsas y populares expectativas,
imposibles de realizar sin el apoyo, el concurso y el control de una ciudadanía
participativa e inflexible en su rechazo, repudio y sanción de la corrupción,
el crimen y la injusticia, más allá de simpatías partidistas o personales.
[1]
- Tanto la campaña de Santos, con su Vice y actual candidato presidencial,
Germán Vargas Lleras, como la de Zuluaga y el actual candidato presidencial del
Centro Democrático, Iván Duque, quien acompañó a Zuluaga a Brasil, donde
Odebrecht le aportó 1.6 millones de dólares. Al respecto ver: http://www.dinero.com/pais/articulo/fiscalia-confirma-pagos-de-odebrecht-a-campanas-de-santos-y-zuluaga/247493.
[2]-
El costo de la corrupción se calcula en 50 billones de pesos al año, ver http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/precio-de-la-corrupcion-en-colombia-61749.
[3]
- Desde 2016 han sido asesinados 282 líderes sociales: http://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-282-lideres-sociales-asesinados-en-colombia/558634. En la última década murieron en Colombia
63.634 personas por desnutrición y patologías asociadas: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mortalidad-desnutricion-un-drama-de-todo-el-pais-articulo-627093.
[4] -
Estable y profunda en la generación de víctimas mortales, pues de las
aproximadamente 220.000 dejadas por el conflicto armado interno entre 1958 y
2012, el 81.5% fueron civiles y el 18.5% restante combatientes, ver: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-memorias-guerra-dignidad-new-9-agosto.pdf
