DE-LIBERACIÓN
(calicantopinion.blogspot.com)
EL ESCABROSO HALLOWEEN ELECTORAL
(Octubre 30 de 2011)
Hernando Llano Ángel.
Quizá no sea una simple coincidencia que estas elecciones locales y regionales se realicen la víspera de la fiesta de Halloween, pues ellas han transcurrido como una auténtica mascarada democrática, en la que son complacidos y engañados como niños muchos ingenuos ciudadanos. Ciudadanos que votarán convencidos de haber elegido al mejor candidato, aunque sólo lo hayan hecho encantados por su traje de fantasía democrática. Estos comicios han estado rodeados de tantas y violentas irregularidades, que en lugar de ser un escenario para la deliberación y decisión sobre el ritual político más importante en una sociedad --elegir a quiénes tomarán las decisiones que nos afectan a todos-- se han convertido en un sangriento y cenagoso laberinto de denuncias, sindicaciones e investigaciones preliminares para evitar que los favorecidos resulten ser testaferros de la ilegalidad y el crimen.
Cada vez más nuestras elecciones derivan en un gran proceso judicial y sus protagonistas ya no son los candidatos sino la señora Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Director General de la Policía Nacional y hasta el mismo ministro del Interior o la política termina siendo desplazado por el ministro de Defensa. No por casualidad para garantizar su realización primero hay que movilizar a toda la Fuerza Pública en el “Plan democracia” y en segundo lugar convocar a los desilusionados y temerosos ciudadanos, reconociéndoles incentivos de una o media jornada laboral de descanso remunerado.
Para muchos candidatos estas elecciones se convirtieron en su última decisión vital, pues fueron asesinados en desarrollo de las mismas. Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior en estos comicios han sido asesinados 26 candidatos y según la Misión de Observación Electoral (MOE) la cifra ya es de 41. En nuestro caso, la definición de democracia ya no es la célebre y mínima de James Bryce, “aquella forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de romperlas”, sino la trágica y cruel de una forma de gobierno que permite cortar cabezas y contarlas, aunque la cifra todavía sea motivo de controversia.
El aquelarre electoral
De otra parte, pareciera que muchos candidatos están más involucrados con el crimen que comprometidos con los ciudadanos. Por eso, en sus llamados a los electores insisten en que estos se “involucren en la política”, como si se tratara de una actividad criminal, en lugar de convocarlos a que se comprometan con el interés público. El lenguaje nunca es inocente y revela bien la identidad y las simpatías políticas de quien habla y escribe. Así quedó de presente, una vez más, en la importante entrevista que concedió ayer al diario El Tiempo el procurador general, Alejandro Ordoñez, advirtiendo que la “Corrupción electoral no tuvo freno”.
Entre otras cosas, señaló: “La mayor amenaza, y que echa un manto de dudas sobre nuestro sistema democrático, es la corrupción. Está desbordada”. Y ella se expresa en actividades como: “Los dineros que están detrás de muchas campañas provienen de actividades ilícitas. La trashumancia electoral (trasteo de votos) se incrementó en todo el país; hay 700 mil inscripciones de cédulas anuladas y los funcionarios públicos intervienen en política”. En cuanto a la causa de lo anterior, sentenció: “No nos digamos mentiras, los altos costos de estas (las campañas) son el escenario en el que mejor flotan todas las organizaciones al margen de la ley, llámense bacrim, guerrilla o autodefensas”. Pero también las campañas de los partidos y movimientos legales, en “un municipio de sexta categoría en el que el alcalde gana un poco más de dos millones de pesos. Esas campañas terminan costando más de 300 millones de pesos ¿Quién termina financiándolas? ¿A quién le interesa? Hay toda una amenaza que va desde los contratistas –ellos financian hoy para contratar mañana- hasta las organizaciones al margen de la ley”.
Procura decir la verdad
Sin embargo tal valor en la denuncia y lucidez en el diagnóstico sobre las causas de la corrupción política fue desvaneciéndose en sus siguientes respuestas. Cuando el periodista le pregunta sobre “¿Qué tanto han influido en las campañas los políticos presos?”, como es el caso del exsenador condenado Juan Carlos Martínez Sinisterra y sus espectrales salidas de la cárcel y giras electorales por el Valle del Cauca –propias de un penumbroso Halloween electoral, donde es imposible identificar el traje que oculta o representa tal personaje bajo siglas parecidas al triqui-triqui como son el PIN, MIO; AFROVIDES-- responde el procurador: “Eso lo deben contestar las autoridades carcelarias, Fiscalía y Policía, que son los que tienen mayores elementos de juicio y los instrumentos para realizar esos controles. Es indudable que muchos de ellos siguen teniendo liderazgo político y tomando decisiones”. A lo que habría que añadir, que también es indudable que la Procuraduría debería evitar que ello suceda, investigando rigurosamente a las autoridades judiciales y carcelarias que bajo coartadas sutilmente legales permiten que el crimen continúe siendo políticamente decisorio en estas elecciones. Pero es el mismo procurador Ordoñez quien se inhabilita política y éticamente para hacerlo, pues a la pregunta de “¿Cómo acabar con la corrupción política?”, responde: “La corrupción no es un problema de un gobierno, es de los resortes morales de la sociedad colombiana. No se puede politizar, no se puede decir que es producto del anterior gobierno, se tiene que desuribizar (sic). Hay que generar una nueva cultura”.
Procura no disfrazarte de filósofo moral
Ante semejante respuesta hay que aconsejarle al Procurador que no disfrace sus simpatías y afinidades políticas con sofismas sociológicos y morales para así diluir y excusar a Álvaro Uribe de su mayor responsabilidad histórica: degradar la política a una actividad proclive con la legitimación del crimen y la ilegalidad, siempre y cuando fuera efectiva contra la guerrilla, a través de leyes como la 975 (disfrazada de “Justicia y Paz”) que concedía el estatus de sediciosos, es decir delincuentes políticos, a criminales de lesa humanidad. Criminales que terminó extraditando a Estados Unidos para que no develarán en su totalidad los alcances de semejante entramado criminal con la política y la economía, no obstante el empeño de tantos en ocultarlo o justificarlo, empezando por el propio expresidente Uribe y todos los partidos de su coalición Ultramontana y conservadora, que hoy se disfrazan con el traje de la transparencia y la pulcritud para continuar gobernando en nombre de la “democracia, la moral y las buenas costumbres”.
No por casualidad el capital político y burocrático de Juan Carlos Martínez aumentó considerablemente durante la era Uribe, como el de tantos otros políticos que hoy respalda y aspiran a gobernar en Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas, transformando esta campaña en un aquelarre de disfraces de intereses clientelistas y ambiciones criminales, que se ocultan muy bien bajo el rostro de candidatos que supuestamente están más allá del bien y del mal. Tales son los casos de Enrique Peñalosa en Bogotá y Rodrigo Guerrero en Cali, que aceptaron el pesado lastre del respaldo del expresidente y de personajes que en anteriores elecciones fueron promotores, aliados o incluso correligionarios de Juan Carlos Martínez, como el propio Uribe en la burocracia nacional y Dilian Francisca Toro en el ámbito departamental e incluso el actual vicepresidente Angelino Garzón, quien contó con el apoyo de Martínez en su copiosa votación para la gobernación del Valle en el 2003.
Sin duda, la política nacional es un aquelarre de farsantes que hacen del maniqueísmo su principal táctica política, guiados por la criminal divisa del “enemigo de mi enemigo es mi (secreto mejor) amigo”, para coronar con éxito sus aspiraciones electorales. Contra sus simpatías políticas y personales, Ordoñez, ese otro artista del disfraz que oculta su posición política militante bajo un moralismo maniqueo, tiene toda la razón: “Hay que generar una nueva cultura”. Sí, la cultura de la coherencia entre la política y la ética del interés público, sin esguinces y con todo el rigor que ello demande, así implique votar en blanco o por aquellos que no tienen posibilidad alguna de triunfar porque han realizado una campaña política sin renunciar a sus principios y sin conciliar con el crimen y el clientelismo, que son la putrefacción institucional de la hoy santificada política de “prosperidad democrática".
