viernes, septiembre 27, 2019

Iván Duque: Funámbulo y sonámbulo.



IVÁN DUQUE: UN PRESIDENTE FUNÁMBULO Y SONÁMBULO
(septiembre 22 de 2019)


Hernando Llano Ángel

Nada más parecido al ejercicio del poder presidencial que el oficio de funámbulo. Su mayor destreza, como la del funámbulo, es sostenerse en la cuerda tensa o floja  de los acontecimientos que desafían su gobernabilidad, sin caer aparatosamente al vacío y perder por completo su imagen y control de la situación. Es todo un arte sostenerse, utilizando el balancín, unas veces a la derecha, otras a la izquierda o, asiéndolo firme en el Centro Democrático, para sortear  así todas las ventiscas y los graves conflictos que lo asedian y amenazan. Claro que en el caso del presidente Duque la proeza es todavía mayor, porque realmente debe compartir el balancín con quien él denomina el “presidente eterno”, quedando así él mismo convertido en un “presidente interino”, parecido a Guaidó. Ambos son excelentes equilibristas en las cuerdas flojas de la simulación, desmesurados en la retórica e incompetentes en la acción.  Quizá de allí proceda la admiración de Duque y su enorme solidaridad con Guaidó y su entorno, tan semejante al que ha acompañado durante muchos años al “presidente eterno”. Pero, más allá de estas coincidencias, nada fortuitas, hay que reconocer que ambos, tanto Duque como Guaidó, son buenos equilibristas, así necesiten de tantos padrinos para maniobrar el balancín y no caer al vacío. El problema es que sus padrinos, en lugar de ayudarlos a transitar con seguridad y destreza, lo que están haciendo es ponerlos al borde del abismo. No les permiten avanzar y cruzar la cuerda tensa de dificultades que enfrentan, gobernando con autonomía y seguridad. En lugar de ello, los atan a sus odios y temores. En el caso de Duque, ello es evidente dada su incapacidad de asumir por cuenta propia el mayor desafío y también la mejor oportunidad que tiene para gobernar democráticamente, cumpliendo cabalmente el Acuerdo de Paz. En lugar de hacerlo, se ha empeñado en torpedear el Acuerdo con su estribillo de “paz con legalidad”,  formulando objeciones a la JEP y reduciendo el presupuesto de funcionamiento a la Comisión de la Verdad. Lo que no le impide, en una maniobra funambulesca, aparecer ante la comunidad internacional como un obsecuente promotor de su cumplimiento. En cuanto a Guaidó, la dependencia existencial de Trump y el sectarismo visceral contra Maduro, le impiden actuar con independencia y sensatez, quedando como un funámbulo a punto de caer de la cuerda floja que le ha tendido la comunidad internacional.

Sonámbulos del poder

Pero lo más grave es que ambos son sonámbulos del poder y deambulan con los ojos cerrados por sus propios recintos y fantasías gubernamentales, incapaces de reconocer la compleja realidad que los rodea y acecha. Cada uno se inventa, con la ayuda de infinitud de trapecistas y utileros de mentiras, su propia realidad. Tanto Duque como Guaidó se creen predestinados a salvar una democracia que solo existe en sus delirios de “estadistas” y en la portentosa capacidad de los medios de comunicación para promoverla y proyectarla en la mente de millones de ilusos electores y televidentes, deslumbrados por las luces de neón de periódicas elecciones que, la mayoría de las veces, no son libres, ni legales, ni competitivas, ni pacíficas y mucho menos legítimas. En nuestro caso, ya van “tres candidatos a alcaldías asesinados, siete a Concejos, más de 40 amenazados y 402 municipios en riesgo de sufrir episodios de violencia política”, según titula la caratula de la revista Semana en circulación. Pero, para mayor sorpresa, en sus páginas interiores encontramos un informe especial que todavía se atreve a preguntar “¿Está en cuidados intensivos la democracia liberal?”. Como si ella hubiera existido y gozado alguna vez de buena salud en nuestro país y en la región. Si hubiese sido así, no se habría necesitado un Acuerdo de Paz que, después de más de cincuenta años de atrocidades, nos deja una estela superior de 200.000 víctimas mortales, 80.000 desaparecidos y cerca de 8 millones de desplazados, sin que todavía hayamos podido siquiera reconocer el derecho a la mayoría de campesinos a tener título de propiedad de su minifundio y mucho menos los demás derechos propios e inherentes a todo ciudadano: salud, educación, justicia y seguridad. No obstante lo anterior, el presidente Duque hablará en la próxima asamblea anual de las Naciones Unidas en nombre de la “democracia más estable y profunda de América Latina”, proclamará la defensa de la Amazonia y se sumará a la altiva y digna lucha de Greta Thunberg, sin temblarle la voz para promover el glifosato y las pruebas pilotos de Fracking en nuestro territorio. Sin duda, un acto absoluto de sonambulismo, cinismo, irresponsabilidad y demagogia diplomática de un presidente que se llena la voz hablando de “paz con legalidad”, cuando a su alrededor se realizan las elecciones más sangrientas de los últimos años y el triunfo parecen tenerlo asegurado las facciones más corruptas y cercanas al crimen, como bien lo analiza María Jimena Duzán en su columna “Los que van a ganar”[1], en la revista SEMANA en circulación. Sin duda, se necesitan funámbulos y sonámbulos del poder como Duque y Guaidó para gobernar “democracias” que solo existen en el decorado inverosímil de sus constituciones políticas, obras maestras de ficción legal y simulación de la realidad. Quizá por ello todavía la mayoría de ciudadanos no despierta de esta pesadilla y prefiere quedarse en casa el día de las elecciones, cuando no salir al mercado electoral y vender al mejor postor su voto, su vida, asegurando una vez más el triunfo de los mismos con las mismas, en estas tierras del olvido, la ignorancia y la indolencia.


jueves, septiembre 12, 2019

Dos Ivanes trabados en un narco-absurdo combate.


DOS IVANES TRABADOS EN UN NARCO ABSURDO COMBATE


Hernando Llano Ángel.
Nuestra vida, paz y seguridad nacional, penden del frágil hilo de la sensatez política de dos Ivanes, hoy trenzados en una guerra verbal que augura el preámbulo de otra guerra, quizá más absurda, mortífera e impredecible. Del lado de la legalidad, está Iván Duque, como presidente responsable del orden público de la nación, de la paz política y las relaciones internacionales. Del otro, en la ilegalidad, Iván Márquez, otrora delegatario principal de las FARC-EP en el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, inferior a su responsabilidad histórica. Están empeñados y enredados en un guerra absurda, por cuanto se trata de la “guerra contra las drogas”, declarada por Nixon hace ya casi medio siglo[1]. Una guerra que todos estamos perdiendo, pues ella en lo fundamental es producto de la extra-adicción de millones de consumidores, que estimulan la oferta, los precios y las ganancias del crimen. Una guerra que nunca se ganará con la extradición de Santrich, ni de Márquez, como tampoco se ganó nada con la extradición de Ledher, los Rodríguez y los comandantes de las AUC. Si acaso, contribuyó a renovar la cúpula de las organizaciones criminales y a fusionar, de forma casi inextricable, a la política con el crimen. Ahora que estamos de conmemoraciones, después de 30 años del magnicidio de Galán, y de los efectos devastadores del narcoterrorismo de Pablo Escobar, deberíamos recordar como concluyó tan sangrienta noche.

La constitucionalización del crimen

Concluyó con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la inclusión en el artículo 35 de la Constitución Política de la máxima aspiración de Pablo Escobar: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento”. Solo entonces el capo se “entregó” a la justicia y se recluyó cómodamente en su “Catedral”. En otras palabras, logró incardinar la politización del crimen en la misma Constitución que, desde entonces, también marcó el comienzo de un triple e irreversible proceso de degradación de la política: primero, mediante la narcotización de la política electoral; segundo, con la narcocriminalización del conflicto armado interno y, tercero, internacionalizando la política de paz y subordinando la seguridad nacional a la asistencia militar de Estados Unidos. Vamos en orden, rápidamente.

Narcotización de la política nacional

La política nacional profundizó su narcotización, hasta alcanzar la cima del Estado, con el presidente Ernesto Samper (1994-98) y el proceso 8.000. Continúo su narcotización en las relaciones internacionales y en la “política de paz” con Andrés Pastrana (1998-2002) y el “Plan Colombia”, presupuesto inicial de la “seguridad democrática” y de la exitosa guerra de Uribe contra las Farc. Éste, por su parte, cabalgó victorioso e impune en la degradación criminal de la vida política nacional con la narcoparapolítica, la desmovilización de las AUC y la rápida extradición de sus comandantes para que no develarán la tupida y profunda red de complicidades tejidas en torno a la coalición gubernamental[2], que respaldó sus dos administraciones (2002-2010). Además, dio continuidad al “Plan Colombia” con un eufemismo todavía mayor, “Plan Patriota”, para difuminar así la realidad de la narcointernacionalización dependiente y subordinada de nuestro conflicto a los intereses norteamericanos en su “guerra contra las drogas”.  Por último, Juan Manuel Santos, en una movida estratégica, entre el realismo y la responsabilidad política, jugó la carta de la paz con las Farc-Ep, asegurándose el respaldo de Obama para buscar una solución política al problema de las drogas ilícitas, quien envía a su delegado personal, Bernie Aronson y avala el punto cuarto del Acuerdo de Paz, en un acto de sensatez y sentido común. Este punto reconoce que se requiere un cambio de enfoque sustentado en: “4.1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 4.2. Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública. 4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos” con la corresponsabilidad de la comunidad internacional. Pero, en lugar de dicha corresponsabilidad, lo que hoy existe es una extra-adicción creciente en sus consumidores que elevan el precio de la cocaína y, por consiguiente, la extensión de los cultivos y la codicia de la mafia, según las inflexibles leyes de la oferta y la demanda. Ya lo decía Milton Friedman, que algo sabía de economía[3]: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Esto es literalmente cierto”.

Narcotráfico, nudo gordiano de la guerra

Pero junto a la narcotización anterior de la política nacional, también se vivió la narcotización de la guerrilla y de los paramilitares, que encontraron en la Coca el “banquero de la guerra”, al decir de Mancuso, agudizando la profunda degradación y progresiva deslegitimación de sus causas y el extravío en la codicia de muchos de sus hombres y frentes. A tal punto, que hoy es casi imposible discernir y distinguir la política del crimen, tal como aconteció en el proceso 8.000 y la narcoparapolítica. En esta madeja, sin duda, terminaron enredados Santrich y Márquez, con el concurso de su sobrino, Marlon Marín[4], no por casualidad hoy testigo protegido de la DEA. Por todo lo anterior, el narcotráfico es ese nudo gordiano que nos ata a la guerra y la única forma de desatarlo es asumiendo el Estado colombiano y la comunidad internacional su regulación y control legal. Así lo hizo Estados Unidos en 1933, aboliendo el prohibicionismo en el consumo del licor, despojando a las mafias de su violento control[5]. Lo más grave, es que ahora estamos a punto de que dos insensatos Ivanes, cada uno defendiendo sus respectivos fundamentalismos: “Paz con legalidad” y “Paz con justicia social”, añadan un nuevo nudo, todavía más sangriento e impredecible, y nos amarren a una absurda narcoguerra contra Venezuela, bajo la coartada imperial de una cruzada contra el narcoterrorismo y el narcodictador Maduro. Todo ello, enarbolando la defensa de la democracia en Venezuela y el incumplimiento minoritario de un Acuerdo de Paz en Colombia que, como ciudadanos, no hemos sido capaces de forjar y defender en ambos lados. Lo más triste es que una guerra así solo la ganarían astutos líderes con la muerte de otros y la ingenuidad e ignorancia de “patriotas” y “demócratas” en ambas naciones. ¿Seremos tan indolentes e irresponsables de permitir semejante narco-absurdo escenario?

viernes, septiembre 06, 2019

Encrucijada política de Álvaro Uribe Vélez.

La encrucijada de Álvaro Uribe

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Por la preponderancia de su figura, Uribe debería pensar en su responsabilidad política

Hernando LLanoMás allá de sus procesos con la justicia, lo que está en juego es su responsabilidad política. ¿Debería retirarse de la vida pública, siguiendo el ejemplo de Belisario Betancur?

Hernando Llano Ángel*

Culpabilidad penal versus responsabilidad política

Parece que al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe le ha llegado la hora de la verdad. En los próximos meses tendrá que rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
Para su ventura y su tormento, esto acontece bajo un presidente escogido por él, lo cual lo expone aún más a los reflectores de la opinión nacional e internacional.
Pero Uribe se siente seguro y triunfante, porque de entrada asume el reto en el terreno más ventajoso para su figura: el foro penal, que demanda la plena prueba para ser procesado y condenado; pruebas que además serán ferozmente controvertidas por su equipo de abogados. Es probable que los jueces no tengan otra alternativa que dejarlo libre de cargos por el famoso in dubio pro reo —en caso de duda, se favorece al acusado—.
Sin embargo, el proceso de defensa personal podría implicar una pérdida en el terreno político, pues se trata del líder más protagónico, representativo y pugnaz de la nación en la actualidad.
La encrucijada de Uribe consiste en que, además de estar en juego su culpabilidad penal, buena parte del país quiere que enfrente su responsabilidad política. La primera es estrictamente personal, mientras que la segunda se expresa en hechos públicos, objetivos e innegables que a todos nos afectan. De ella son responsables, por acción u omisión, quienes toman decisiones desde cargos públicos, más allá de sus buenas o malas intenciones.

Encuentre en Razón Pública: La indagatoria de Uribe y su significado jurídico, político e institucional.

El ejemplo del presidente Betancur

Un ejemplo dramático de responsabilidad política lo vivió Belisario Betancur (q.e.p.d). Durante la toma del Palacio de Justicia, el expresidente tomó la decisión fatal de no ordenar el alto al fuego, que en cambio habría sido lo prudente para salvar las vidas de muchos rehenes que se encontraban en manos del M-19.
La misma tarde del terrible suceso, Belisario Betancur asumió su responsabilidad política como presidente y jefe constitucional de las Fuerzas Armadas. Argumentó que siempre tuvo la mejor intención y procedió en “cumplimiento de la Constitución y la ley”. Posteriormente, y consecuente con esa responsabilidad, se marginó por completo de la vida política, en vez de seguir defendiendo una decisión y una gestión deplorables.
Además de estar en juego su culpabilidad penal, buena parte del país quiere que enfrente su responsabilidad política. 
Años después el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conminado a esclarecer lo sucedido y reparar a las víctimas, orden que todavía no se ha cumplido plenamente.
Belisario Betancur murió sin que la justicia se pronunciara sobre su culpabilidad personal, pero al menos tuvo la entereza de asumir la responsabilidad política, pedir perdón a las víctimas y aceptar que lo que sucedió fue consecuencia de su decisión y del acto terrorífico y alucinado del M-19, artífice del holocausto junto con la respuesta brutal y vengativa de la Fuerza Pública.
Belisario Betancur nunca fue procesado por los hechos del Palacio de Justicia, pero asumió su responsabilidad política.
Foto: RTVC
Belisario Betancur nunca fue procesado por los hechos del Palacio de Justicia, pero asumió su responsabilidad política.

Lea en Razón Pública: Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política.

¿De qué hechos públicos es responsable Uribe?

Valdría la pena que Álvaro Uribe y sus millones de electores reflexionaran sobre la decisión y la conducta de Belisario Betancur.
Sin duda, Uribe, al igual que Betancur y todos sus sucesores hasta Santos, estuvieron obsesionados con la búsqueda de la paz, pero sus resultados saltan a la vista y sólo este último la firmó.
No puede negarse que la ley 975 de 2005, promovida por Uribe, logró desmantelar y desmovilizar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero tampoco hay que olvidar la continuidad del fenómeno paramilitar y su mutación bajo otras formas criminales.
También debe recordarse el escamoteo de las responsabilidades de políticos y empresarios en la conformación de las AUC, evasiva que se obtuvo mediante la extradición a Estados Unidos de sus máximos comandantes en el momento que empezaron a contar la verdad sobre esa red de parapolíticos y empresarios que contribuyeron a la gobernabilidad de las dos administraciones de Uribe. Y la lista continúa:
  • El antecedente legal de las AUC fueron las Convivir, autorizadas por el Decreto Ley 356 de 1994 de César Gaviria, promovidas con entusiasmo en Antioquia por el entonces gobernador Álvaro Uribe.
  • Durante su gobernación el número de personas masacradas aumentó notablemente, desde 143 en 1995, a 357 en 1996 y a 439 en 1997 con 439, como se puede apreciar en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP.
  • Durante su gestión como Director de la Aeronáutica Civil se expidió el mayor número de licencias para aeronaves de narcotraficantes y pistas de aterrizaje, que luego el sacrificado ministro Rodrigo Lara Bonilla tuvo que anular en su lucha contra Pablo Escobar.
  • Su política de “Seguridad Democrática”, expresada en la circular 029 de 2005, dejó un número de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” cuyo cifra todavía no se ha podido precisar, pero sobrepasa las dos mil víctimas mortales.
  • Su segundo mandato presidencial (2006-2010) tuvo un origen ilícito, pues el cambio del “articulito” constitucional, les costó a sus ministros de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y de salud, Diego Palacio, algunos años de cárcel por el delito de cohecho.
Dicho delito fue legitimado en las urnas por 7.397.835 votos, en reconocimiento de sus logros en la lucha contra las FARC, pues redujo el número de secuestros de 2.986 a 806 en el 2003, entre otras acciones militares exitosas.
En fin, más allá de la impronta política de Álvaro Uribe está la responsabilidad política de los millones de ciudadanos que lo han llevado a la cumbre institucional y pública que hoy ocupa, inaccesible hasta ahora a la justicia penal, pero no ajena para muchos ciudadanos conscientes de su responsabilidad en hechos dolorosos para el país.
Álvaro Uribe: culpabilidad penal y responsabilidad política
Foto: Facebook Álvaro Uribe
Además del asunto penal ¿no tiene una responsabilidad el expresidente Uribe con el país?

Le recomendamos ver: Las investigaciones contra Álvaro Uribe.

Entre la Corte Suprema de Justicia, la JEP y el retiro de la vida pública

Por eso, más allá de la decisión que tome la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, está el juicio de cada ciudadano frente a la responsabilidad política e histórica de Álvaro Uribe y sus sucesores en el poder estatal.
La encrucijada personal de Uribe tiene varios caminos, uno de los cuales es seguir los pasos de Belisario Betancur, marginándose de la vida pública, y el otro es comparecer ante la JEP y empezar a contar, con la misma sinceridad y entereza de su paisano, las verdades que nos debe a todos.
Está el juicio de cada ciudadano frente a la responsabilidad política e histórica de Álvaro Uribe.
Con eso contribuiría a un cambio histórico en nuestra vida pública, el del fin de la impunidad política. Esta es mucho más grave que la impunidad penal, porque requiere de la complicidad de millones de electores y la negación del dolor y la dignidad de millares de víctimas.
Quizás, entonces, podamos entre todos empezar a vivir en paz. Tal es el mayor desafío y la más valiosa contribución de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por eso debemos apoyarlas en lugar de limitarlas --disminuyendo su presupuesto como hace el actual gobierno— o, desprestigiarlas a partir de calumnias y mentiras propaladas por las redes sociales y por algunos medios de comunicación.
La Corte Suprema de Justicia luego de resolver las recusaciones de Uribe lo citó a indagatoria.
Foto: Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia luego de resolver las recusaciones de Uribe lo citó a indagatoria.
Por ahora, Uribe sigue participando activamente en la política y hace algunos días reaccionó contra el video donde Iván Márquez y otros exmiembros de las FARC anunciaban su rearme, afirmando que más que un proceso de paz hubo una serie de indultos a delitos atroces y llamando nuevamente a reformar el Acuerdo y a eliminar su blindaje constitucional.

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la fundación Foro por Colombia, Capítulo regional suroccidente.
Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com