DE-LIBERACIÓN

(calicantopinion.blogspot.com)

(Diciembre 24 de 2008)

Más de 2008 verdades en vilo

Hernando Llano Ángel

El 2008 pasará a nuestra historia como el año de las verdades en vilo. De las verdades que se resistieron a ser enterradas, desaparecidas, asesinadas, extraditadas, secuestradas, desplazadas, cooptadas y burladas, a pesar de existir una poderosa legión de intereses, de impostores profesionales y de medios de comunicación que se empeñaron en dejarlas en vilo. Una legión que se confabula de la manera más sutil e ingeniosa para hacernos creer que vivimos en una nación apasionada por la libertad y la democracia. Cuando somos una nación que está a punto de naufragar, no tanto por el inclemente invierno, como por el diluvio de mentiras que durante años ha anegado y ahogado nuestra conciencia. Por eso conviene comenzar por desvirtuar la mentira más consolidada y profunda, matriz de todas las demás: somos la democracia más antigua y estable de Suramérica. Una mentira arraigada en la ingenuidad política de unas minorías que concurren periódicamente a las urnas, pero que los medios de comunicación proyectan como la mayoría del pueblo colombiano, cuando la verdad es que apenas representa el 45 por ciento del censo electoral.[1] Una mentira meticulosa e insidiosamente repetida por todos los medios de comunicación, empeñados en reducir la democracia a las elecciones y el Estado a un mercado que todos los días se ofrece al mejor postor. Una mentira que niega la esencia de la democracia: “aquella forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de cortarlas”, según la precisa definición de James Bryce, y que en nuestro caso ha sido trasmutada por una “forma de gobierno que permite cortar cabezas (y manos) sin poder contarlas”, gracias a los “falsos positivos”[2] y a la tenebrosa alianza de la política con el crimen sellada en el templo sagrado de la “seguridad democrática”.

Mentiras Mediáticas

Unos medios que elevan al presidente Uribe al pedestal de caudillo multitudinario, cuando sus 7.397.835 votos apenas representan el 27.67% del potencial electoral. Es decir, un gobernante de minorías relevantes, pues más del 70 por ciento de la ciudadanía no lo respaldó. Razón tenía Borges al decir que la democracia era una ficción inventada por la estadística. En nuestro caso, habría que agregar que una tenebrosa ficción, si empezamos por recordar cifras como las siguientes, oportunamente recuperadas por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación y Reconciliación Nacional, que “ha establecido en forma provisional que entre 1982 y 2007 se ejecutaron 2.505 masacres con 14.660 víctimas”[3].

Por lo anterior, este 2008 que está agonizando no podía ser la excepción. Se despide con un triple record de ignominia para un Estado que cínicamente se autoproclama democrático, pero posee el mayor número de sindicalistas asesinados (39) en el mundo; el más alto número de víctimas por minas antipersona (en promedio 2 diarias) y la mayor población desplazada en el continente americano por causa del conflicto armado (más de 3 millones de colombianos).

En gran parte ello es consecuencia de la obstinada negación presidencial del conflicto, que lo degrada así cada día más, al punto de haber tenido que destituir apresuradamente[4] un representativo número de oficiales y miembros de la fuerza pública, en total 25, entre ellos 3 Generales, 11 Coroneles, 3 Mayores, 1 Capitán y 1 Teniente, por sus graves responsabilidades en más de 1.000 ejecuciones sumarias (“falsos positivos”) o asesinatos, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática”. En contraste con lo anterior, sobresale la llamada “Operación jaque” como un éxito rutilante, pues ella fue el resultado positivo de la combinación de todas las formas de mentir. Empezando por la mentira más denigrante e intolerable, propia de las FARC, como es la práctica del secuestro con fines supuestamente revolucionarios, que este año le reportó el merecido repudio masivo por parte de la ciudadanía y su ostracismo político de la vida nacional e internacional, al persistir en dicha acción deleznable y auténticamente reaccionaria. No por casualidad hay tanta semejanza entre Guantánamo y los campos de reclusión de los secuestrados por las FARC en la selva. De no proceder a liberar en forma incondicional e inmediata a todos sus rehenes y por fin comprender el Secretariado de las FARC que no puede existir política sin libertad, la extinción en la manigua de la selva, igual que la vida de su fundador, será su destino inexorable.

Por último, para cerrar con broche de oro su ejemplar desempeño, miembros del ejército asesinaron el pasado 16 de diciembre, bajo la coartada de un inexistente retén militar, al comunero indígena Edwin Legarda Vásquez, compañero de la Consejera Mayor del CRIC, Aida Marina Quilcué, dirigente inquebrantable de la Minga por la vida y dignidad de nuestro pueblo. Sin lugar a dudas, Aida sobresale como el personaje del año en las luchas políticas y sociales, pues es la auténtica encarnación de esa democracia telúrica, raizal y plural que empezó a recorrer desde el sur profundo la geografía y la historia de América Latina. Este año esa gesta popular llegó hasta las puertas de la inabordable sede del poder presidencial, hoy designada la “casa de Nari” por los cómplices y socios de Don Berna, que la visitan con familiaridad y mayor facilidad que los dirigentes de la Minga. Así termina política y simbólicamente un año que como ninguno otro nos deja un legado de verdades en vilo que se niegan a morir, de voces que no se callan pese a la extradición y de miles que retumban desde sus fosas comunas. De verdades que se resisten a seguir siendo estafadas por pirámides de sueños y referendos ilegales, porque la realidad de todas las víctimas es más tozuda y verdadera que la codicia y la prepotencia de los victimarios, así ellos cuenten con los medios de comunicación y la Fuerza Pública para imponer transitoriamente sus mentiras oficiales, institucionales y financieras.

2009: Un año de verdad crucial.

Todo parece indicar que el 2009 será el año de las verdades definitivas y las mentiras insostenibles. Así lo anuncia la recesión económica global y la incierta transición política que estamos viviendo, tanto nacional como internacionalmente, más aún con la futura presidencia de Barack Obama, siempre y cuando éste no se someta a un proceso de “blanqueamiento” político que lo torne irreconocible. Una transición que nos plantea en Colombia el dilema de legitimar el crimen o dignificar la política mediante la depuración de sus filas de la legión de impostores y criminales de cuello blanco que hoy la comandan. La legitimación del crimen ha avanzado vertiginosamente durante estos 6 años gracias a la simbiosis uribista de la política con el narcoparmilitarismo, una vez embaucados y extraditados sus comandantes en virtud de la ley de “justicia y paz”, acallando así la estridencia de unas verdades que casi no lo dejaban gobernar. Por último, ha consumado dicha alianza estratégica con una reforma política que deja en ejercicio a los testaferros del narcoparmilitarismo hasta el 2010 y mediante la aprobación noctámbula de un referendo ilegal, como un acto vergonzoso propio de asaltantes de la voluntad popular, pues hoy todos sabemos que fue financiado por grupos plutocráticos y cacocráticos[5], expertos en secuestrar la voluntad ciudadana y manipular el miedo a las FARC de millones de firmantes incautos.

Por el contrario, la dignificación y depuración de la política sólo podrá ser obra de una conciencia ciudadana no manipulable por el miedo y las encuestas amañadas, sumada al ejemplar enjuiciamiento nacional e internacional de todos aquellos criminales que se han camuflado de políticos, sin importar sus encumbradas investiduras de derecha o de izquierda, completamente salpicadas de sangre y complicidades infames[6].

Sin duda, el 2009 será un año crucial, pues definirá la suerte de todos en el 2010, que seguirá debatiéndose entre las urnas y las tumbas, la verdad y la mentira, la libertad y el secuestro, la justicia y la impunidad, la guerra y la paz, la dignidad de un pueblo autónomo o la humillación de una nación servil. De cada uno de nosotros depende la superación de los anteriores dilemas. Entonces sabremos si nos resignamos a vivir en una “democracia” de mentiras honorables y mortales o en una Colombia de verdades humildes y vitales, como las de la Minga y el pesebre de Jesús de Nazareth. Obviamente este último es mi deseo para todas y todos durante el 2009 y el 2010.

[1] - Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el potencial electoral en las elecciones presidenciales del 2006 era de 26.731.700 ciudadanos, de los cuales votaron 12.041.737 y de estos, 7.397.835 por Álvaro Uribe Vélez.
[2] -Ejecuciones extrajudiciales donde aparecen gravemente implicados miembros de la Fuerza Pública, cuyo número desde el 2002 es de 1.015 casos documentados.
[3] - Ver http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co/ “Trujillo. Una tragedia que no cesa”. Página 13.
[4] - Para aminorar el impacto de la visita y el informe de la delegada de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
[5] - Entre estos figura Transval, la transportadora de valores de DMG, que aportó generosamente la custodia y traslado de los pliegos de firmas ciudadanas del referendo hasta la Registraduría.
[6] - Según editorial de “El Espectador” del 22 de Diciembre: “A la fecha, 34 de los 102 senadores electos en 2006 y 25 de 168 representantes a la Cámara están siendo investigados por vínculos con el paramilitarismo”.

DE-LIBERACIÓN
(http://calicantopinion.blogspopt.com/)

El Régimen Piramidal
(Noviembre 20 de 2008)

Hernando Llano Ángel.

De nuevo las noticias son tan vertiginosas, que ya las pirámides sepultan las fosas comunes de los falsos positivos. Sobre los gritos inconsolables de las madres frente a los restos de sus hijos, ahora se imponen las voces airadas de los clientes de DMG y de las Pirámides en contra del Gobierno. Así las cosas, esas captadoras de sueños y codicia han logrado opacar al terrible Leviatán que, en nombre de una supuesta “seguridad democrática”, desaparece, ejecuta y sepulta a quienes considera una amenaza para su orden y prosperidad o le proporcionan una fácil oportunidad para proyectar su invencible superioridad militar, como aconteció con los jóvenes de Soacha.

Pirámides de desaparecidos

Resulta ahora mucho más grave la desaparición de una Pirámide, como DFRE[1], que la de miles de seres humanos Desaparecidos en forma Fácil, Rápida y Ejecutiva. Como una cruel ironía, que refleja muy bien la escala de valores predominante, han salido a las calles miles de manifestantes a desafiar al Príncipe porque éste se ha convertido en una amenaza para sus bolsillos, pero no para sus vidas. Al menos por ahora. Y así han quedado de nuevo solas las víctimas de los falsos positivos, relegadas a un rincón de la actualidad, como si fueran una pesadilla que rápidamente hay que ocultar y olvidar. Igual a como sucedió hace 23 años con los desaparecidos del Palacio de Justicia, por el delito de ser jóvenes y trabajar en la cafetería. Con mayor razón ahora, cuando los desaparecidos son jóvenes marginales de Soacha, seres sospechosos e indeseados, sin ninguna fortuna. El crimen de Estado ha sido desplazado por los damnificados de las Pirámides y las avalanchas del invierno. La realidad contante y sonante del dinero ha sepultado, una vez más, el sentido de la vida y la dignidad de estos jóvenes, pobres y desafortunados. Ellos carecen de valor para el Gobierno y la sociedad. Son marginales y “desechables”. Sus muertes no ameritan la declaratoria de la emergencia social, como sí la exige con premura el poderoso don dinero.

Esas son las prioridades de este régimen piramidal, en cuya cúspide rige la mentira y gobierna la avaricia del poder aliada con el crimen de lesa humanidad. Es precisamente por ello que los damnificados de DMG y las pirámides consideran intruso e ilegítimo al presidente Uribe: por inmiscuirse en un asunto que ellos estiman no le compete. Nada menos que el derecho de cada ciudadano a disponer de su dinero como a bien tenga. Ya lo vociferaba ante las cámaras de televisión una furibunda y fiel usuaria de DMG: no habrá más votos por el presidente Uribe. Razón tenía Maquiavelo cuando le advertía al Príncipe que no se metiera en forma arbitraria con el dinero del vulgo y mucho menos con sus mujeres. Parece que la crisis de las Pirámides presagia por ahora el fin de los Consejos Comunitarios, no vaya a ser que un desesperado damnificado o una visceral estafada se transformen en una mortal carga explosiva y arrasen con toda la parafernalia de la seguridad presidencial.

A tales extremos se suele llegar cuando la política se mezcla con la mentira, la codicia y el crimen, como sucede en la actualidad, aunque ello se pretenda ocultar bajo el oropel de la legalidad y una mediática y carismática popularidad presidencial. Por ejemplo, al tipificar como sediciosos en una supuesta ley de “justicia y paz” a criminales de lesa humanidad y narcotraficantes de alta peligrosidad, cuyas máximas penas serían en Colombia de ocho años en prisión. Y tan portentosa alianza del crimen con la ley, auspiciada y convenida por el presidente Uribe con el auxilio del entonces viceministro de Justicia y hoy Fiscal General, Mario Iguarán, se pretendía perfeccionar en el altar de la llamada justicia transicional. Afortunadamente la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no lo permitieron y develaron así el escándalo de la mal llamada parapolítica, que es en realidad la simbiosis del crimen con la política, de la que en forma magistral se ha servido el presidente Uribe desde su gobernación en Antioquia.

Algo semejante, pero en el terreno más cenagoso del mercado y las finanzas, es lo que ha venido haciendo con éxito David Murcia Guzmán, sin cargar con el lastre de tanto falso positivo. Lastre sangriento que nos lo recuerda Mancuso en su última teleaudiencia, casi inadvertida por el escándalo de las Pirámides, cuando afirma que se reunió en varias ocasiones con el entonces Secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, mano derecha de Uribe, para coordinar la creación de las Convivir, que luego se trasmutaron en las criminales AUC. No por casualidad las víctimas de estas bandas en Antioquia, durante sus tres años como gobernador (1995-1997), aumentaron piramidalmente, con 143 asesinatos en 1995, en 1996 con 357 y en 1997, como para culminar su “mandato de bien”, la cifra llegó a 439. Todo ello, bajo el reinado de quien condecoró como “pacificador de Urabá”, y le rindió luego un homenaje de desagravio, el General (r) Rito Alejo del Río, hoy detenido por su activa colaboración con las AUC, según lo confirman con sus testimonios Mancuso y Ever Veloza, alías “H.H.”.

AUV > DMG

Por todo lo anterior, se puede afirmar que Álvaro Uribe Vélez (AUV) es en la política lo que David Murcia Guzmán representa en la economía, aunque como jefe de Estado lo supere en responsabilidad social y lo someta en el ámbito judicial. Ambos encarnan la promesa y la realidad de ganancias rápidas, seguras y rentables, sin importar mucho los medios para alcanzarlas. Ambos transitan por la ambigua línea de la legalidad y la escabrosa de la criminalidad. Uribe con las Convivir y la “Seguridad democrática”; DMG con sus tarjetas y novedosos mecanismos de comercialización y financiación. Los dos tan cercanos al narcotráfico, pero tan distantes de sus protagonistas. Ambos despiertan tanta pasión como odio y cuentan con miles de seguidores, que adoran sus virtudes y no ven sus graves defectos. Pero cada uno de ellos beneficia a unos pocos, aunque se proyectan en sus respectivos campos como líderes altruistas que trabajan incansablemente por el bien de todos. Uribe se autoproclama como el demócrata por excelencia que combate a muerte el terrorismo y la corrupción; Murcia se proyecta como el empresario generoso que lucha por la clase media y los pobres contra la codicia y la ambición del sector financiero. Mientras Uribe manipula y defrauda la confianza ciudadana y los valores democráticos, Murcia hace lo propio con la ambición y el dinero de sus clientes. Pero entre ellos existe una diferencia apreciable. Uribe supera con creces a Murcia, pues es un timador de la fe pública y un defraudador profesional de la democracia. Las pérdidas que produce son irrecuperables: vidas humanas sacrificadas en nombre de la “seguridad democrática” y la creciente ilegitimidad de las instituciones estatales, copadas por la ambición de mercaderes y mercenarios al servicio de unos pocos. Sólo que semejante costo no es apreciado por las mayorías en lo inmediato, pues está diferido hacia el futuro y girado contra las generaciones por venir. Ellas tendrán que rescatar de los cimientos de las pirámides miles de desaparecidos y hacer justicia a la memoria de tantas víctimas inocentes, además de ajustar cuentas con la buena conciencia de verdugos ilustres, hoy intocables por el poder judicial porque ocupan la cúspide de la pirámide estatal.

Por el contrario, las pérdidas generadas por Murcia son de cobro inmediato y, aunque cuantiosas, recuperables, pues se tasan en precios y no en valores tan trascendentales e irreversibles como la vida, la dignidad, la decencia y la legitimidad política. Seguramente por ello es mucho más fácil juzgar y hasta condenar a DMG. Sus delitos son económicos y no de lesa humanidad. Ellos están al alcance de la justicia nacional. Todo lo contrario sucede con AUV, que se sitúa más allá del bien y del mal, pues obra inspirado por el más noble servicio a la “Patria” y con la coartada de la “seguridad democrática”. De allí su obsesión por el poder presidencial, que le garantiza impunidad, siempre y cuando cuente con el juicio favorable de sus firmantes y electores, convertidos así en cómplices de este ignominioso régimen piramidal. Un régimen coronado por la criminalidad y sustentado en la impunidad política y la indolencia ciudadana. Un régimen que ocupa el primer lugar en el mundo por crímenes de sindicalistas, con 39 asesinados durante el año pasado y 464 desde el 2002, bajo la eficiente protección de la “seguridad democrática”. Un régimen que es sacudido en sus estructuras de mentira y fraude por escándalos como la Yidispolítica y movimientos telúricos como la Minga de Resistencia Indígena y Popular, que hoy ingresa a Bogotá.

Con bases tan deleznables no hay pirámide que se sostenga indefinidamente. Su imagen tambalea en el orden internacional, aunque internamente parezca tan firme como DFRE y DMG para sus ingenuos ahorradores. Pero de ilusiones y mentiras no puede vivir una sociedad por mucho tiempo. Ya lo saben los ahorradores defraudados, ahora falta que lo aprendan los electores deslumbrados, aunque ya sea demasiado tarde, pues los daños en la vida pública, por perjudicarnos a todos, son insubsanables. Sólo nos queda el derecho a no creer y reelegir a los responsables de semejante hecatombe política, económica, social y ética. Sería tanto como nombrar a David Murcia Guzmán de gerente del Banco de la República. Sin embargo hay millones de ciudadanos que así lo quieren, pero en la Presidencia de la República, por una tercera vez.

[1] “Dinero Fácil, Rápido y en Efectivo”, según el ingenio pastuso de su fundador, Carlos Alfredo Suárez.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

EN CONTEXTOS DE GUERRA[1]

Hernando Llano Ángel.[2]

Agradezco a los organizadores de la cátedra internacional Ignacio Martín Baró por su amable invitación a participar en este panel interdisciplinario en compañía de profesionales que tanto han aportado a la comunicación desde la perspectiva académica, gremial, fundacional y de la propia formación de opinión pública, como son los casos de José Vicente Arizmendi, Marta Toro, Rocío Castañeda, Ubencel Duque y Hollman Morris, frente a quienes soy un inexperto y un advenedizo. Por ello, no voy abordar esta compleja, apasionante y posmoderna trinidad que forman los medios, la opinión pública y la guerra –tres cosas distintas que configuran nuestra única realidad terrenal-- desde la perspectiva de la comunicación, sino desde una perspectiva más amplia y la vez mundana, como es la política.

Arendt y Camus

Lo voy a hacer a partir de una pareja de pensadores que descolló por su lucidez, valor, resistencia civil y sensibilidad frente a la condición humana sometida a los avatares de la violencia y la guerra en el siglo XX, como lo fueron Hannah Arendt y Albert Camus.

Ambos realizaron valiosos aportes en la formación de una opinión pública reflexiva, crítica y democrática, mediante la interpelación a sus lectores en diarios y revistas para que asumieran posturas éticas y civilistas frente a quienes desde el poder político hábilmente manipulaban sus sentimientos, pasiones, miedos y prejuicios, invocando grandes valores como la paz, la libertad, la seguridad y la justicia, para así movilizarlos en forma entusiasta a los frentes de batalla y sacrificar sus vidas y la de sus enemigos en nombre de la humanidad y supuestas causas supremas.

No obstante el carácter y alcance tan disímil de sus obras, ambos coincidieron en la problemática que nos convoca en este panel, pues asumieron una postura de radical resistencia civil y denuncia crítica de los supuestos alcances progresistas y revolucionarios que desempeñan la violencia y la guerra en los asuntos humanos, tanto en la esfera de lo público como en los conflictos políticos nacionales e internacionales.

Arendt lo hizo a través de su monumental investigación, “Los orígenes del Totalitarismo” y especialmente en su incisivo ensayo “Sobre la Violencia”, que la consagraron como la pensadora política que abordó en la forma más sugerente y creativa la compleja y crucial relación entre poder y violencia, superando las tradicionales concepciones de la derecha y las revolucionarias de la “nueva izquierda”, tan proclives a rendir culto a la violencia directa como juez de última instancia en las controversias políticas y sociales.

Por su parte, Albert Camus, en su controvertido ensayo “El Hombre Rebelde”, ajustó cuentas en forma temprana y contundente con la mistificación de una violencia supuestamente progresista, como la del régimen Stalinista, que bajo la coartada de la liberación del proletariado y el campesinado ordenó miles de crímenes de lesa humanidad e instauró nuevos campos de concentración en Siberia.

Entonces, escribió Camus, en la introducción de la mencionada obra, lo siguiente: “Pero a partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”. En nuestro caso, habría que agregar que nos gobierna.

Pero para entrar en materia y referirme al papel de los medios de comunicación en la generación de opinión pública, es pertinente comenzar con una breve y profunda reflexión de Arendt en otro de sus libros fundamentales, “La Condición Humana”, donde escribió lo siguiente:

Realidad Aparencial: “Para nosotros, la apariencia --algo que ven y oyen otros al igual que nosotros-- constituye la realidad”.[3] (Diapositiva 1)

En efecto, la opinión pública pertenece al ámbito de lo aparente, en su doble acepción de aquello que, primero, aparece ante nosotros --proyectado en pantallas de televisión, escuchado a través de la radio y/o leído en la prensa escrita—y, segundo, como aquello que no es, pero se nos presenta como verosímil, según las diversas versiones e interpretaciones que se disputan el sentido y alcance de los hechos y acontecimientos que determinan nuestras vidas.

Hechos y acontecimientos que al desarrollarse en un contexto de guerra se convierten, ellos mismos, en materia de profunda controversia, pues la parte que logre persuadir a la opinión de que su versión de lo sucedido es la verdadera, desvirtuando como falsa o mentirosa la brindada por su adversario o enemigo, ya se habrá asegurado más de la mitad de la victoria. De allí el aserto del famoso aforismo inglés, según el cual: “La verdad es la primera baja o víctima en todas las guerras”.

Lo estamos corroborando en los dos casos más emblemáticos y dramáticos de nuestro degradado conflicto interno, la famosa “Operación Jaque”, en donde al parecer tendremos que esperar la versión de Hollywood, protagonizada por Michael Douglas, para saber exactamente lo que sucedió, pues sólo la ficción podrá brindarnos la medida de esa espectacular “verdad”. Y las tenebrosas ejecuciones extrajudiciales, que es el eufemismo oficial de actualidad para denominar los crímenes de Estado, que tardíamente endilga el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a mandos militares sin identificar.

Por ello, la primera cuestión que quiero plantear para el debate en este panel, es la imperiosa necesidad de reconocer que la opinión pública se ha convertido entre nosotros en un verdadero campo de batalla, donde el comunicador aparece en muchas ocasiones como el blanco perfecto de los combatientes, cuando no su más preciado aliado o incluso temible adversario. Es por eso que tenemos en Colombia tan alto número de periodistas asesinados, amenazados, investigados y estigmatizados. Por ello es también el periodismo una profesión tan peligrosa como apasionante y compleja, pues permite conocer como ninguna otra a los protagonistas de la guerra, sus laberintos de odio y venganza, sus abismos éticos y crímenes atroces.

De allí la pertinencia de ver y escuchar a uno de esos protagonistas, Salvatore Mancuso, quien empezó a revelarnos, antes de que el Presidente Uribe ordenará su rápida extradición, la forma como se fue configurando en Colombia la alianza entre la política y el crimen, más conocida bajo el eufemismo de la “parapolítica”. (Proyectar dos primeros vídeos).

El merito del periodista Juan Carlos Giraldo, en esta entrevista excepcional, es que nos permite ver y escuchar, más allá de la apariencia de las elecciones y los triunfos de los candidatos, la realidad criminal que hay detrás de nuestro régimen político que no merece por lo tanto el título de democrático, sino más bien de régimen electofáctico, pues en la realidad es esa simbiosis de la política con los poderes de facto lo que determina la suerte de las elecciones y el nombre de los ganadores.

También, como veremos a continuación, es la alianza entre dichos grupos criminales con políticos profesionales, como el caso del Senador Mario Uribe Escobar, lo que marcará la expedición de algunas leyes, como la mal llamada ley de “Justicia y Paz”, que después determinará gran parte de la agenda política nacional e internacional del actual gobierno. (Proyectar vídeo Mancuso, caso Mario Uribe).

Y es en este contexto donde los comunicadores y en general todo profesional que potencialmente incida en la formación de opinión pública, como es el caso de los docentes y los denominados intelectuales, que encontramos en Arendt y Camus dos extraordinarios ejemplos de lucidez, coherencia y valor, que bien vale la pena tratar de emular.

Para continuar con Arendt, recurro ahora a una cita tomada de su ensayo “Comprensión y política”, donde nos advierte sobre el papel de la comunicación en contextos de guerra y nos dice: “Las armas y la lucha corresponden a la esfera de la violencia y la violencia, a diferencia del poder, es muda; la violencia empieza donde termina el discurso. Las palabras que se usan para combatir pierden su calidad de discurso y se convierten en clichés”. (Diapositiva 5) “El lugar que los clichés han llegado a ocupar en nuestro lenguaje y en nuestros debates cotidianos puede muy bien indicar hasta qué punto no sólo nos hemos privado de la facultad del habla sino que no dudamos en utilizar medios más efectivos que los libros malos (y sólo los libros malos pueden ser buenas armas) para solucionar nuestros diferendos”[4]. (Diapositiva 6)

Sin duda, entre nosotros predominan los clichés y con ellos se pretende sustituir la realidad, incluso negarla, como sucede con el lenguaje oficial que no reconoce la existencia de la guerra o el conflicto armado interno --aunque en la operación jaque haya utilizado el símbolo del CICR-- sino de un ataque terrorista contra la democracia más profunda y estable de América Latina. De allí el enorme desafío que enfrentamos los periodistas y los docentes, pues como mediadores que somos entre la realidad que se informa y el conocimiento que se imparte, siempre corremos el riesgo de ponernos al servicio de la mentira o la dominación bajo los más incuestionables e intocables clichés.

En el caso de los comunicadores, por ejemplo, convirtiéndose en agentes propagadores y propagandistas del odio, al punto que les impida ver cualquier rasgo de humanidad en quien es considerado enemigo público de la patria o incluso de toda la especie.

En tales circunstancias pierde todo sentido indagar quién es tal enemigo, basta nombrarlo con el cliché que lo condena y lo estigmatiza, bien sea como terrorista, apátrida, narcoterrorista, guerrillero, paramilitar o, en otras circunstancias y latitudes, como musulmán, judío, armenio, kurdo, serbio, bosnio o fundamentalista.

Todos estos clichés tienen en común que resuman odio. Y como bien lo señala Camus, en la entrevista “Las servidumbres del odio”, concedida al periódico “El Progreso de Lyon” en 1951 (Diapositiva 7) “El odio es en sí mismo una mentira. Se calla instintivamente con relación a toda una parte del hombre. Niega lo que en cualquier hombre merece compasión. Miente, pues, esencialmente sobre el orden de las cosas. La mentira es más sutil. Sucede incluso que se miente sin odio, por simple amor a uno mismo. Todo hombre que odia, por el contrario, se detesta a sí mismo, en cierto modo. No hay, pues, un lazo lógico entre la mentira y el odio, pero existe una relación casi biológica entre el odio y la mentira.”

Develar y denunciar cómo el odio engendra portentosas mentiras, bien puede ser uno de los principales desafíos que nos corresponde asumir a los comunicadores y educadores en este tiempo y en esta tierra colombiana, como condición previa y necesaria para algún día disfrutar de la convivencia democrática y dejar así de vivir bajo el imperio del miedo y la desconfianza.

Mentiras, tales, como que hay una violencia menos atroz y más justificable que otra, ayer representada por las Convivir y las AUC, y hoy trasmutada en la política oficial denominada “seguridad democrática”, en nombre de la cual se estimula el asesinato, el desmembramiento del enemigo y las llamadas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes o terroristas. Mentiras como llamar retenciones a los secuestros y ajusticiamiento a los asesinatos, cometidos supuestamente en nombre de una justicia que se autoproclama revolucionaria, como lo hacen las FARC y el ELN.

Y en un terreno menos anegado por la violencia y las venganzas, pero que de alguna forma lo auspicia y abona, continuar afirmando y enseñando desde la cátedra y los medios masivos que vivimos bajo la protección de un Estado Social de Derecho, cuando éste no deja de ser una ilusión fantasmagórica y hasta terrorífica para millones de compatriotas. A tal punto que la misma Corte Constitucional, en su famosa sentencia sobre la situación de los más de tres millones de colombianos desplazados, lo denominó un “estado de cosas inconstitucional”. Sin duda, nuestro Estado es cada día menos social y menos de derecho, y hoy está convertido en una especie de ficción mediática que ya ni siquiera es capaz de garantizar a sus asociados el servicio de la justicia. No le faltaba razón a San Agustín, cuando afirmaba en su famosa obra “La ciudad de Dios”, que “Un reino sin justicia es un gran robo”. En nuestro tiempo, se podría afirmar que “Un Estado sin justicia es una ignominia”.

Y en nuestro caso, no sólo por cumplirse 36 días sin el servicio estatal de la administración de justicia a raíz del paro de ASONAL, sino por algo mucho más escandaloso, como ha sido la decisión del Presidente Uribe de extraditar a criminales de lesa humanidad para que sean juzgados por narcotráfico en Estados Unidos, burlando así el derecho de las víctimas a la verdad, sin la cual jamás podrá haber justicia y mucho menos reparación, como también escamoteando el conocimiento público de la responsabilidad y complicidad de importantes y numerosos dirigentes empresariales y líderes políticos comprometidos en el funcionamiento y consolidación de esa maquinaria criminal.

Por eso, a la pregunta de su entrevistador “¿Y no es la mentira una de las mejores armas del odio, quizá la más pérfida y la más peligrosa?”. Camus respondió: “El odio no puede tomar otra máscara, no puede privarse de esta arma. No se puede odiar sin mentir. E inversamente, no se puede decir la verdad sin sustituir el odio por la compasión (que no tiene nada que ver con la neutralidad). De diez periódicos, en el mundo actual, nueve mienten más o menos. Es que en grados diferentes son portavoces del odio y la ceguera. Cuanto mejor odian más mienten. La prensa mundial, con algunas excepciones, no conoce hoy otra jerarquía. A falta de otra cosa mejor, mi simpatía va hacia esos, escasos, que mienten menos porque odian mal.”

Ese podría ser un imperativo ético para comunicadores y educadores: “odiar mal para mentir menos”. Y ello empieza por ser conscientes de nuestros odios para no seguir diciendo o defendiendo mentiras, bien sea desde la prensa o desde la cátedra. Mentiras tan piadosas como que “Somos la democracia más estable y profunda de América Latina”. O la colosal y cínica afirmación del estelar asesor presidencial, José Obdulio Gaviria: “En Colombia no hay desplazados, sino migrantes.” Sin dejar de mencionar la principal tesis de la “inteligencia superior” que guía los destinos de la nación: “En Colombia no hay conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra la democracia”.

Afortunadamente la mayoría de quienes estamos en este Auditorio hemos sido formados en la escuela jesuita del discernimiento, bajo la influencia y el ejemplo vital de hombres como Ignacio Martín Baró, quien nos advirtió que “No hay saber verdadero que no vaya esencialmente vinculado con un hacer transformador sobre la realidad, pero no hay hacer transformador de la sociedad que no involucre un cambio de las relaciones entre los seres humanos”. Y ese cambio en nuestras relaciones está determinado por nuestra capacidad para no mentir y adulterar la realidad. Por nuestra autenticidad existencial, veracidad comunicativa y coherencia vital en el trato con los demás y la misma realidad.

Por ello, es pertinente terminar con la última respuesta de Camus a la pregunta “¿Cuál es la importancia privilegiada de la mentira? Entonces respondió: “Su importancia proviene de que ninguna virtud puede aliarse con ella sin perecer. El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella…No, ninguna grandeza se ha establecido jamás sobre la mentira. La mentira a veces hace vivir, pero nunca eleva. La verdadera aristocracia, por ejemplo, no consiste en batirse en duelo. Consiste, en primer lugar, en no mentir. La libertad no consiste en decir cualquier cosa y en multiplicar los periódicos escandalosos, ni en instaurar la dictadura en nombre de una libertad futura. La libertad consiste, en primer lugar en no mentir. Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa.”

Claro está que la proliferación de las mentiras como la perpetuación de las tiranías no depende sólo de los comunicadores y los educadores, sino también de quienes se las creen o las desean, y es en tal contexto donde cobra todo su significado la resistencia civil.

Porque la resistencia civil es la afirmación del poder de las verdades y las identidades plurales, siempre reacias a todo tipo de hegemonías homogeneizadoras, aniquiladoras de la riqueza de la diversidad de la vida, bien a través del mercado, la cooptación política y las nuevas formas de un caudillismo autoritario que se proyecta como insustituible e imprescindible entre nosotros y el vecindario, aunque sus protagonistas estén situados en orillas contrarias y divergentes.



Muchas gracias por su atención.

Octubre 9 de 2008.






[1] - Ponencia presentada en la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró.
Panel: Medios de Comunicación y Opinión Pública en contextos de guerra. Diálogos Interdisciplinarios. Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Octubre 9 de 2008. Auditorio Los Almendros.

[2] - Profesor Asociado Departamento de Ciencia Jurídica y Política. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Abogado y Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

[3] - Arendt, Hannah. (1993). La Condición Humana. Barcelona, Edit Paidós, p. 59.

[4] - Hilb, Claudia (Comp), (1994). “El resplandor de lo público. En torno a Hannh Arendt”, Caracas. Editorial Nueva Sociedad, p. 32.

­DE-LIBERACIÓN

(http://www.calicantopinion.blogspot.com/)

El Estado Encapuchado
­Septiembre 21 de 2008

Hernando Llano Ángel.

El debate suscitado por la senadora Gina Parody sobre la inaceptable e intolerable práctica de algunos estudiantes de encapucharse para intervenir en las asambleas universitarias, bien vale la pena extenderlo a otras esferas y ámbitos de nuestra vida institucional, como el Congreso y la misma Presidencia de la República. Así nos percataríamos de que la capucha de tela es inocua e insignificante frente a la capucha mental y moral que predomina en las altas esferas del poder estatal. Sin duda, las capuchas oficiales son mucho más sofisticadas y por eso es casi imposible detectarlas. Incluso pasan inadvertidas para la misma senadora, no obstante ella contar con un psicodélico y vistoso juego de gafas, que siempre luce con ese aire indescifrable de modelo chic o de niña bien que se encuentra en el lugar equivocado.

Capuchas Transparentes

La principal razón por la cual es tan difícil detectar las capuchas oficiales es que parecen auténticas, pues hacen parte de la identidad de sus portadores y ellos las llevan con absoluta naturalidad. Podríamos decir que son transparentes. Así las cosas, es comprensible que la senadora no haya podido detectar que entre los miembros de su partido político, curiosamente denominado partido de la “U”, ya sean diez (10) los congresistas procesados por concierto para delinquir agravado con bandas paramilitares. En otras palabras, que a su lado tenía más encapuchados como Honorables Senadores y Representantes que los tres o cuatro estudiantes que aparecen ocultando su rostro en la famosa arenga en la Universidad Distrital. Lo anterior demuestra que el asunto es más complejo de lo que cree la senadora, pues los encapuchados más peligrosos son los que enseñan sin temor su rostro, pero ocultan su identidad política y verdaderos intereses económicos bajo la investidura que tienen y el cargo oficial que desempeñan. Ellos no son identificables por nuestros ojos, sino por nuestro juicio, pero este suele tardar demasiado para ser certero. El reciente rechazo de la senadora a un tercer período de Uribe, es señal de que empieza a tener mejor juicio. La cuestión es tan compleja, que en muchas ocasiones ni siquiera el juicio de avezados magistrados es suficiente para identificarlos, pues sus actividades oscilan entre la política y el crimen y casi siempre cuentan con coartadas perfectas para su justificación, cuando no con testigos que son descartados por su condición de criminales y mitómanos irredimibles.

“Caras vemos, corazones no sabemos”

Como en el sabio refrán popular, corazones pérfidos se ocultan con facilidad bajo rostros bondadosos. Difícil imaginar que tras las buenas maneras, la fina elegancia y la atemperada voz de Salvatore Mancuso se oculte el temible y sanguinario comandante de las AUC. Seguramente por ello fue escuchado con tanta atención y aplaudido con entusiasmo cuando pronunció su discurso en el Congreso, pues parecía un parlamentario más. De alguna manera las investigaciones sobre la parapolítica y las versiones de los principales ex comandantes paramilitares nos han revelado que son legión los encapuchados en el interior del Estado colombiano. Ellos cumplen sus funciones sin necesidad de portar un antifaz distinto al de su distinguido e importante cargo: Senadores, Representantes, Directores de Institutos Descentralizados, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Generales, Coroneles, Fiscales y un extenso etcétera, que todavía ignoramos hasta qué encumbradas instancias y profundas fosas puede llegar. Según el Fiscal General de la Nación, Mario Enrique Iguarán, en la actualidad esa institución adelanta investigaciones contra más de 300 funcionarios por presuntas vinculaciones con grupos armados ilegales. Estamos, pues, literalmente frente a un Estado encapuchado. Pero un Estado que no porta una capucha cualquiera, mugrienta y de tela desteñida, como la que usan en las asambleas algunos estudiantes en Universidades públicas. No. Es un Estado que cuenta con una capucha a salvo de cualquier sospecha, la capucha democrática, siempre reluciente y fragante.

La Capucha Democrática

El Estado colombiano porta una fina y vistosa capucha democrática, parecida al juego de gafas de la senadora Parody, que le permite proyectarse muy bien en todos los escenarios nacionales e internacionales. Pero bajo esa capucha democrática se han ocultado durante más de medio siglo los rostros de conspicuos gobernantes que incurrieron, por acción u omisión, en gravísimos actos criminales. Bastaría mencionar esa preciosa capucha roja y azul llamada Frente Nacional, confeccionada a la medida de la impunidad y la conservación de los privilegios de quienes desataron la vorágine de la Violencia, para después gobernar en nombre de la paz y la reconciliación, sin que hasta la fecha hayan rendido cuentas de la funesta herencia de iniquidad y corrupción que nos legaron.

Sin embargo esa “civilista” capucha luce como un burdo antifaz frente a la que adorna el Estado actual, cubierto con los oropeles de la “seguridad democrática” y los Consejos Comunitarios presidenciales, donde la audiencia queda hipnotizada por el verbo coloquial y familiar de Uribe y las generosas dádivas de Acción Social. Es la capucha del llamado Estado Comunitario que, con la invaluable ayuda de incondicionales medios de comunicación e impactantes denuncias como la de la senadora Parody, logra ocultar hechos tan graves y criminales como los siguientes, someramente mencionados en algunas publicaciones de circulación semanal.

Por ejemplo, la revista Cambio de la semana pasada, bajo el insólito título de “Buena Conducta”, celebra que la Fuerzas Armadas hayan avanzado en el respeto de los derechos humanos, pero señala lo siguiente: “Según cifras del Gobierno, entre 2002 y lo que va de este año, se han registrado ejecuciones extrajudiciales de 470 personas. Por esta razón, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, viene desarrollando una estrategia para reducir este tipo de conductas”[1]. Y para completar, en un recuadro, destaca los siguientes nombres de oficiales que aparecen gravemente implicados o están siendo investigados por presuntos vínculos con grupos paramilitares: General Mario Montoya Gil; General (r) Julio Charry Solano; General (r) de la Policía Rosso José Serrano; Coronel de la Policía William Alberto Montezuna y Almirante (r) Rodrigo Quiñones. Si lo anterior amerita el título de “Buena Conducta”, no hay duda de que vivimos bajo la capucha de un Estado democrático que logra así ocultar con éxito sus prácticas terroristas. Por eso en el mismo artículo se señala que lo que “más preocupa al Ministerio de Defensa es que 190 ONG, agrupadas en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, presentaron en agosto un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, según el cual en los últimos cinco años aumentó 67.71 por ciento el registro de ejecuciones extrajudiciales. Además, se da cuenta de por lo menos 1.122 casos entre julio de 2002 y Diciembre de 2007, frente a 669 casos entre enero de 1997 y junio de 2002”. Por todo lo anterior se puede concluir que estamos frente a un Estado encapuchado, que luce con desparpajo y criminal cinismo el antifaz de democrático.

[1] - Revista Cambio número 793, 11 al 17 de Septiembre de 2008, página 38.

­DE-LIBERACIÓN

(http://www.calicantopinion.blogspot.com)
­
Septiembre 7 de 2008

Un pasado perpetuo y un futuro imperfecto

Hernando Llano Ángel

En nuestra compleja y apasionante realidad política el tiempo no es un asunto cronológico. No tiene esa continuidad lógica del pasado, el presente y el futuro. Más bien sucede lo contrario. Hay momentos, como el actual, donde no sabemos si vivimos atrapados en el pasado o en una especie de presente perpetuo, del cual no podemos evadirnos. Quizá nos sucede lo anterior, porque en política el tiempo es más un asunto de polemología que de cronología. Su sentido y alcance dependen, en lo fundamental, de la intensidad de las polémicas y los conflictos entre sus protagonistas. De allí que el tiempo en que transcurre nuestra política real sea la eternidad. En ella nada cambia, nada sucede, todo permanece inalterado. Es una política casi inamovible, como gusta decir el presidente Uribe. Por eso arrastramos nuestros conflictos y problemas desde tiempos inmemoriales. Somos una sociedad todavía premoderna, donde los “señores de la guerra” ---poco importa el uniforme que lleven--- deciden en vastas regiones del país sobre la vida, la muerte y la libertad de sus pobladores. Dichos “señores de la guerra” se codean, en muchas ocasiones, con quienes constitucionalmente deben proteger la vida, libertad y dignidad de todos y todas. Hoy el protagonista de la noticia es el general (r) Rito Alejo del Río y su alianza estratégica con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) para combatir a las FARC, bajo la administración del entonces Gobernador de Antioquia y promotor incondicional de las Convivir, Álvaro Uribe Vélez. Ayer, el protagonista era Guillermo León Valencia Cossio y su relación indirecta con “Don Mario”, gracias a la mediación del distinguido empresario de la seguridad, Juan Felipe Sierra. Mañana, quizá, la noticia sea un funcionario más cercano al presidente Uribe, abusando obviamente de su confianza, como parece que fue el caso de José Obdulio y sus buenos oficios para el ingreso de “Job” a la casa de Nariño, según lo denunciado por el Senador Rodrigo Lara Restrepo.[1]

Un pasado perpetuo

Así las cosas, vivimos en una especie de pasado siempre presente. Sólo 23 años después, emergen de la penumbra del horror oficial de las torturas en los calabozos militares, los rostros de los empleados de la cafetería, rescatados con vida del Palacio de Justicia para ser desaparecidos en la seguridad de las guarniciones militares. Forma trágica y dolorosa de mancillar el imperativo de Santander: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”. La Fuerza Pública en este caso hizo exactamente lo contrario. En 1985 las armas, tanto del M-19 como las oficiales, olvidaron el pasado perfecto de nuestra independencia y libertad y ejecutaron la hecatombe de los Derechos Humanos y el DIH, en el mismo epicentro del poder estatal. La justicia fue inmolada con la complacencia y complicidad del Ejecutivo, sumada a la indolencia e impotencia del Legislativo, bajo la mirada pétrea del Libertador. Para completar el cuadro de macabra ironía, el M-19 ejecutó su acción demencial y criminal con el nombre de “operativo Antonio Nariño, por los Derechos Humanos” y el vocero del ejército, entonces Coronel Alfonso Plazas Vega, declaró estar “manteniendo la democracia y el funcionamiento de las tres ramas del poder público”.

Un momento de horror donde estuvieron de nuevo presentes tres héroes de nuestro pasado: Antonio Nariño, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, invocados con devoción por los actores protagónicos de semejante holocausto. Todos actuaron, supuestamente, en nombre de los Derechos Humanos y la defensa de la Democracia y el Estado de derecho. Hoy continuamos viviendo ese pasado en presente: la Justicia vuelve a ser objetivo de bombas terroristas, pero en Cali. De nuevo las víctimas son civiles inermes y anónimos, “daños colaterales del conflicto”.


Cambian los lugares, pero el tiempo y las víctimas permanecen inalterables, aunque por ahora el rostro de los victimarios sea desconocido y sus móviles menos claros. En todo caso, ambas partes sostienen que actúan en nombre de la “seguridad democrática” y la “justicia revolucionaria”. Poco les importa que los medios que utilizan (la violencia y la mentira) y el resultado de sus acciones (el secuestro y la muerte) demuestren todo lo contrario.

Tiempos criminales

Parece que el signo de todos los tiempos fuera el crimen. Ya no sabemos cuándo el crimen empezó a ser determinante en la política nacional, en qué momento se convirtió en su eje articulador, y mucho menos quiénes fueron los responsables, bien por omisión o por acción, de permitir que se convirtiera en el actor protagónico de la vida política. Para algunos, obsesionados con la historia, todo empezó con el magnicidio del Mariscal Sucre. Para otros, de “filiación” partidista liberal, aquel nefasto 9 de abril de 1948, cuando se asesinó la esperanza de un pueblo y no sólo se acalló la voz de un caudillo. Para algunos pocos, situados a la izquierda, cuando la paz del Frente Nacional cerró las puertas a la oposición política alternativa y abrió las puertas a la oposición armada. Hoy, para la mayoría, tanto dirigentes como simples ciudadanos, cuando el narcotráfico “penetró todos los estamentos de la vida nacional”, especialmente la política y la Fuerza Pública, y perpetró en línea una serie de masacres incontables (contra seguidores y militantes de la UP) y de magnicidios inolvidables: Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, sin que los gobernantes de entonces tuviesen la menor responsabilidad de lo sucedido. Fueron crímenes del narcotráfico, el narcoterrorismo y el paramilitarismo, y todo quedó completamente explicado. No cabe ninguna responsabilidad a los dirigentes políticos de entonces. A tal extremo ha llegado el grado de impunidad política, que ya la damos por inevitable y consubstancial en nuestra historia.

Y así llegamos a la actual y simplista visión de nuestra trágica realidad política: todo es culpa de la narcoguerrilla, convertida en una “amenaza terrorista” contra ejemplares ciudadanos de bien, virtuosos políticos, valientes militares y policías, que defienden la “democracia más profunda y estable de Suramérica”. Sin duda, la más profunda en fosas comunas, minas antipersona y millones de desplazados, a quienes la inteligencia obtusa de un asesor presidencial llama migrantes. También somos la “democracia” más estable en la violación crónica de los derechos humanos, la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los cuales en su mayoría gozan de plena impunidad. Según las investigaciones de la “Comisión de la Memoria Histórica”, entre 1982 y 2007 se cometieron 2.505 masacres, para un total de 14.660 víctimas. Crímenes que, si son cometidos por los paramilitares, se convierten en el delito de sedición, según el presidente Uribe y su novedosa doctrina penal, contenida en la ley de “Justicia y Paz”. Pero si son obra de la guerrilla, entonces es puro y atroz terrorismo.

Criminales con los cuales, hasta hace poco más de un año, exactamente en la Feria de Expoconstrucción, celebrada en Bogotá el 22 de mayo del 2007, el presidente Uribe consideraba que tendríamos que acostumbrarnos a convivir. Entonces dijo lo siguiente: “Lo que sí creo es que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad, a quienes confiesen la verdad y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República. Yo creo que tenemos que abrir una sana discusión nacional en esa materia y por eso quería plantearlo esta noche aquí”.[2] Así las cosas, no tiene relevancia saber el momento exacto en que la política fue pervertida por el crimen, si ya tenemos una fecha precisa en la que se puede demostrar que la política empezó a legitimar el crimen. Sin duda, en 1991 la política pactó con el crimen y así sucedió en la coyuntura constituyente con la prohibición de la extradición de “colombianos por nacimiento”. Pero fue un pacto producto del desangre de la sociedad y de la incapacidad del Estado para desactivar el terror de Pablo Escobar y los “Extraditables”. Fue un pacto de miedo y supervivencia social, que disoció por completo la política de la ética y el derecho de la justicia. Entonces no hubo sometimiento de Pablo Escobar y sus cómplices a la justicia, sino todo lo contrario, sometimiento de la justicia a los extraditables. De allí “La Catedral”, ese monumento a la impunidad.

Un futuro imperfecto e impune

Ahora sucede todo lo contrario, pues estamos bajo el signo de la legitimación política del crimen, con las coartadas perfectas de la “seguridad democrática” y el “Estado comunitario”, gracias al miedo y el terror infundido por las FARC al conjunto de la sociedad. Una prueba más de que la violencia no es la partera de la historia, como equivocadamente creen las FARC, sino exactamente lo contrario: la sepulturera de los pueblos y sus anhelos de vida, justicia, libertad y paz. Estamos frente a un futuro tan imperfecto e impune, que el mismo Uribe ya se atreve a sugerir como su probable sucesora a Noemí Sanín, quien siendo ministra de comunicaciones de Belisario Betancur ocultó deliberadamente la conflagración y ruina del Palacio de Justicia mediante la transmisión en directo por televisión de un partido de fútbol. La misma que en las elecciones del 2002, cuando competía contra Álvaro Uribe, en uno de sus tantos discursos de campaña, advirtió: “Si Álvaro Uribe gana la presidencia es como si la ganara Carlos Castaño”.[3] Ahora, no se trata sólo de negar el pasado y ocultar el presente, sino de algo mucho más ambicioso: impedir un futuro distinto, porque ante todo hay que “reelegir la seguridad democrática y garantizar la estabilidad de las inversiones”, poco importa que el precio sea la ignominia de la impunidad y la legitimación de la criminalidad.

De eso trata este presente y el futuro que está en juego, sin que podamos eludir nuestra responsabilidad personal excusándonos en la elección del mal menor, que en nuestra historia ha terminado siendo el mal mayor: la legitimación política del crimen mediante la instauración de un régimen electofáctico. Aquel donde deciden y gobiernan los poderes de facto y no la conciencia y la voluntad de sus ciudadanos, libremente expresada en elecciones competitivas, como es lo propio en las verdaderas democracias. Pero esto no sucede entre nosotros, donde todos sabemos que reina la “democracia profunda” de las trincheras, los desplazados, los campos minados y las fosas comunes en virtud de la inteligencia superior de Uribe, la obtusa mente de su asesor José Obdulio y la obcecación violenta de las FARC, sumadas a nuevas bandas de narcocriminales, como la de “Don Mario”, curiosamente tan funcionales a la “seguridad democrática” como a la corrupción estatal. Asuntos con los que, desde luego, nada tienen que ver quienes aspiran a ser los legítimos herederos de la “seguridad democrática” en la “Casa de Nari”: Noemí Sanín, Juan Manuel Santos, Carlos Holguín Sardi y Germán Vargas Lleras. Bienvenidos al futuro, porque el presente no existe y el pasado se olvida o se ignora. Einstein ya lo había dicho: “el tiempo es relativo”. Lamentablemente nuestra vida no y la de nuestros hijos tampoco. La vida es única e irremplazable, por ello no puede quedar al vaivén de estos tiempos criminales con tantos protagonistas, cómplices y representantes oficiales.

[1] Ver El espectador, 5 de septiembre de 2008, página 6.
[2] - Ver http://www.presidencia.gov.co/ Sala de Prensa. Discurso Feria de Expoconstrucción, Mayo 22 de 2007.
[3] Ver en revista Soho, edición 100, agosto de 2008, columna de Gustavo Gómez: “26 frases inolvidables ya olvidadas”, página 266.

­DE-LIBERACIÓN

(http://www.actualidadcolombiana.org/) (http://www.calicantopinion.blogspot.com)
­
Agosto 27 de 2008

Des(h)echos políticos y criminales

Hernando Llano Ángel.

No son los fétidos y mortales desechos hospitalarios que todos los días asedian nuestras ciudades y campos, como residuos de una guerra sin fin y sin límites, la mayor amenaza para la salud pública de la Nación. Son los des(h)echos políticos y criminales, que vanamente trata de minimizar o justificar el presidente Uribe, la mayor amenaza para la salud y la existencia de la República. Los desechos hospitalarios pueden ser incinerados y reducidos a cenizas inofensivas. Los des(h)echos presidenciales, constituidos por hechos políticos y criminales, no pueden ser fácilmente incinerados y desaparecidos. Su materia prima es inextinguible e inocultable. De ello dan fe las miradas atentas y escrutadoras del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo y del Juez de la Audiencia española, Baltasar Garzón, fijadas en los restos de las víctimas halladas en las fosas comunes de Urabá.

Entre fosas comunes y tierra ubérrima

Ese ubérrimo territorio estuvo bajo la jurisdicción del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, entre 1995 y 1997, cuando era un promotor tan entusiasta de las Cooperativas de Seguridad “Convivir”, que el entonces Senador conservador Fabio Valencia Cossio se atrevió a denunciarlo como “auspiciador del paramilitarismo por el incremento de los homicidios en un 387%”, según aparece en la edición de “El Tiempo” del 30 de agosto de 1995 en su página 6A.[1] Es probable que ahora el ministro no recuerde tan valiente denuncia, pues ya ni siquiera la memoria reciente le sirve para acordarse de que intercedió ante el Fiscal Mario Iguarán para que le aceptara la renuncia a su hermano Guillermo León Valencia y no lo destituyera por sus amables tratos y valiosos servicios prestados al narcoparamilitarismo en Antioquia.

Tampoco se puede olvidar que ese territorio, donde alternan macabramente las plantaciones de banano y las fosas comunes, estuvo bajo el diligente y eficaz mando del General Rito Alejo del Río, justamente condecorado por el Gobernador Uribe como “Pacificador de Urabá”. General llamado a calificar servicios por el presidente Andrés Pastrana, bajo la implacable presión del Departamento de Estado norteamericano, como condición previa para el desarrollo del Plan Colombia, que exigía la depuración de los vínculos de altos oficiales con el paramilitarismo. Vínculos que hoy se conocen plenamente gracias a testimonios de comandantes ex paramilitares, como Salvatore Mancuso y Ever Veloza o “H.H.”. Según dichas versiones libres, al menos “1.700 crímenes fueron perpetrados en Jiguamindó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, en la época aciaga en la que Del Río estuvo al frente de la Brigada XVII”, como lo informa la Revista Cambio en su reciente edición número 788. Pero la Fiscalía de Luis Camilo Osorio ordenó la preclusión de un proceso por promoción y fomento de grupos paramilitares, gracias a la decisión del entonces Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Mendoza Diago, actual Vicefiscal, quien coincidencialmente acaba de concederle la libertad al ex senador Mario Uribe por ausencia de “graves indicios de responsabilidad” sobre sus relaciones con grupos paramilitares. No obstante la crueldad y el elevado número de masacres cometidas en dicho período, el General Rito Alejo del Río fue objeto de un homenaje de desagravio en 1999 en el Hotel Tequendama, siendo sus oferentes y oradores principales Fernando Londoño Hoyos y Álvaro Uribe Vélez. Con estos antecedentes, se comprende cabalmente el que uno de los primeros actos del presidente Uribe haya sido eliminar el Ministerio de Justicia y fusionarlo con el Ministerio del Interior o de la Política, bajo la dirección del impoluto e intachable abogado y comisionista de Invercolsa, Fernando Londoño Hoyos. Una jugada maestra de politización de la justicia y criminalización de la política.

Memoria Inextinguible

Semejantes hechos políticos y criminales son inolvidables e irreversibles, no son desechables, porque la memoria de las víctimas es perenne y se hereda de generación en generación. Esa memoria nunca podrá ser extraditada, tampoco negada o acallada económicamente por vía administrativa. Mucho menos podrá ser burlada, por más que invoque ahora el presidente Uribe el pasado ignominioso de Pablo Escobar, los Pepes y paramilitares, hoy relevados por conspicuos delegados de Don Berna que son bien atendidos en la misma Casa de Nariño. Pero también porque en la época en que Álvaro Uribe se desempeñó como director nacional de Aerocivil, las naves de Pablo Escobar surcaban impunemente el espacio aéreo nacional y Antioquia era su principal centro de operaciones. Ya desde entonces, Uribe era un experto en delegar la lucha contra el narcotráfico en subalternos como César Villegas, quien misteriosamente fue asesinado el 4 de marzo de 2002, un día antes de cumplir una entrevista con un funcionario de la Embajada norteamericana para “hablar, entre otros temas, sobre Uribe”.[2] No es posible, pues, deshacerse de tan funesto e inquietante pasado. No existe una técnica para eliminar tanto des(h)echo político y criminal. Todavía no se ha inventado la fórmula para borrar el pasado, aunque desaparezcan misteriosa y violentamente sus protagonistas, como también sucedió accidentalmente con Pedro Juan Moreno, ese leal e incondicional Secretario en su Gobernación de Antioquia, pero luego tan incómodo e insidioso con su “Otra Verdad” durante el primer período presidencial de Uribe.

En fin, como Uribe no puede ocultar y mucho menos deshacerse de ese pesado lastre de la vida nacional que es la simbiosis de la política con el crimen, de alguna forma también arrastrado por sus antecesores en la Presidencia, se las ha ingeniado para llevarlo impunemente e incluso para prolongarlo indefinidamente, como una especie de Sísifo infatigable, gracias a la fórmula de la “seguridad democrática”. Para ello ha contado con un aliado inestimable e impensable: la violencia y el terror de las FARC. No importa el costo que se tenga que pagar por su derrota, así implique el desmantelamiento de la República y la conversión de sus instituciones en un botín, todos los días expoliado por mercaderes y mercenarios, expertos en gobernar con estratagemas y falacias. Por todo ello, ya es casi imposible distinguir entre una asociación para delinquir y un partido político de la coalición gubernamental. Entre la Casa de Nariño y la oficina de Envigado.

[1] - Citado por Mauricio Romero en su libro “Paramilitares y Autodefensas”, página 195. Iepri 2003. Editorial Planeta Colombia 2003.
[2] - Contreras Joseph. “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, página 23. Editorial Oveja Negra 2002.

­DE-LIBERACIÓN

(www.actualidadcolombiana.org) (http://www.calicantopinion.blogspot.com)
­
Agosto 3 de 2008

Rehenes de la victoria y la derrota

“El que vence engendra odio, el que es vencido sufre; con serenidad y alegría se vive si se superan victoria y derrota” Dham­ap­ada XV, 5 (201)

Hernando Llano Ángel.

Los últimos acontecimientos parecen indicar que el Gobierno y las FARC se han convertido, respectivamente, en rehenes de la victoria y la derrota. El Gobierno, porque después de la operación jaque está obsesionado en propinarle el mate al Secretariado, pensando ilusamente que así pondrá fin a la guerra. Para Uribe, Santos y la cúpula militar es inimaginable otro escenario distinto al de la victoria. Por su parte, las FARC harán todo lo que esté a su alcance, sin reparar en límite alguno, para no rendirse ante un establecimiento político y económico que consideran por igual tan ilegítimo como corrupto. Un establecimiento al que han combatido durante más de 40 años sobreestimando las armas del odio y la violencia y subestimando los recursos de la razón y la política. Por ello, en gran parte, hoy se encuentran militarmente desarticuladas, políticamente aisladas y éticamente desacreditadas. Al punto que el Secretariado lleva una vida ultramontana, refugiado en las profundidades de la selva, sin más horizonte político que la supervivencia física de sus hombres, el cautiverio inclemente de sus secuestrados y la realización de un incierto “acuerdo humanitario”.

De cordón umbilical a nudo corredizo

Un “acuerdo humanitario” que ya dejó de ser el cordón umbilical del Secretariado con la política y se convirtió en un nudo corredizo militar y de opinión pública nacional e internacional, que cada día lo aprieta y asfixia más. Así las cosas, el Gobierno y las FARC están hoy ante la encrucijada histórica de superar políticamente sus respectivas obsesiones belicistas y sus limitaciones revanchistas, pues ambas partes coinciden en la convicción Hobbesiana de que los “Pactos sin la espada son sólo palabras.” De ser incapaces de superar esta obsesión y armarse del suficiente valor civil y democrático para subordinar las armas y la violencia a las palabras y la desconfianza de los estrategas a los compromisos entre adversarios, estaremos más cerca de empezar una nueva metamorfosis en nuestro degradado e interminable conflicto, antes que del “fin del fin”, como eufóricamente lo anuncia el General Freddy Padilla de León.

Algo similar está sucediendo con el proclamado fin del paramilitarismo, cuya extinción el presidente Uribe ha decretado oficialmente en varias oportunidades, pero continúa cobrando víctimas civiles y líderes populares en diversas regiones del país, bajo distintas denominaciones y las más insospechadas alianzas. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, sólo en Córdoba y Medellín, respectivamente, han sido asesinadas 283 y 530 personas por “Bandas criminales emergentes” (Bacrim) durante este primer semestre de 2008. Bandas estrechamente relacionadas con el narcoparamilitarismo.


¿Del sueño de la seguridad a una pesadilla sin fin?

Lo anterior significa que en nuestra realidad cambian los nombres de las víctimas y sus verdugos, pero lo demás permanece inamovible, inmodificable. Empezando por quienes se lucran de la seguridad y la gobernabilidad, poco importa el apellido que ella lleve, pues las ganancias siempre quedan en pocas manos y los muertos suelen ser del bando más pobre, aunque ellos vistan diferentes uniformes. Unas veces portan el uniforme oficial de la Fuerza Pública, otras el camuflado de guerrilleros o el impostor de los paramilitares. Nuestra realidad es una pesadilla sin fin de la cual muchos no quieren despertar, porque temen más abrir los ojos que reconocerse como protagonistas responsables de ella. Prefieren seguir trabajando infatigablemente, convencidos que la burbuja de la seguridad es irrompible, y que si acontece alguna desgracia es por obra de resentidos y amargados terroristas, incapaces de competir en una “democracia profunda” y plena de garantías, con un mercado abierto y equitativo, donde siempre triunfan los más competentes, honestos y audaces, sin la ayuda de subsidios o padrinos políticos y bandas paramilitares.

La realidad es otra, nos-otros los mismos

Pero nuestra realidad es bien distinta. Basta recordar la asignación de Carimagua a Ecopetrol y contemplar la forma ejemplar como funciona nuestro sistema político, gracias al éxito de la “seguridad democrática”. Por eso cada día se depura más el Congreso de la presencia de delincuentes y se consolida como intachable, impoluta e inalcanzable la beatífica imagen del presidente Uribe, que aparece incontaminada por ese sanguinolento mundo de la parapolítica y el turbio manejo del clientelismo político. Nada importa la verdad desnuda de Yidis, exhibida sin pudor en Soho, y el enfermizo y claustrofóbico mundo de Teodolindo, donde éste ya casi no puede respirar por falta de libertad. Pese a las anteriores irrefutables dimensiones de nuestra descompuesta y nauseabunda realidad política y social, los medios y sus encuestas nos proyectan un mundo seguro, ordenado y puro, ligeramente amenazado por las veleidades de una economía que amenaza poner fin a tan placentero sueño de victoria y “seguridad democrática”. Parece que pronto vamos a despertar de ese sueño profundo, seguro y cataléptico, para sumirnos en una pesadilla sin fin que nos promete una victoria rápida e indiscutible sobre quienes jamás aceptarán una derrota sin holocausto. Una especie de Palacio de Justicia, pero esta vez a escala nacional, donde será imposible distinguir los supuestos demócratas de los auténticos terroristas y los otros de nos-otros, pues todos estamos expuestos cuando la violencia y la muerte sustituyen a la política, poco importa que sea en nombre de la “seguridad democrática” o la “revolución socialista”.

CALICANTO
(Julio 5 de 2008)
http://calicantopinion.blogspot.com/

De la perversidad del secuestro a la perfidia de la libertad

Hernando Llano Ángel

Quizá nunca lleguemos a conocer la verdadera identidad de quienes, en forma astuta y valerosa, realizaron la operación “jaque”, que liberó a Ingrid y 14 de sus compañeros del prolongado e ignominioso secuestro de las FARC. Es probable que tampoco exista una verdad completa, aunque la versión oficial del éxito pretenda convertirse en la única válida. Sin duda, este impecable operativo no sólo puso en jaque a las FARC, sino también a la misma verdad, como es de la esencia de toda estratagema. Así lo hicieron las FARC en el secuestro de los diputados del Valle, fingiendo ser miembros del Ejército Nacional. La operación “Jaque” pertenece más al mundo de la ficción y la simulación, de la mentira y el engaño, propios de la realidad fantástica de las películas de Hollywood, que al mundo trágico y brutal de nuestro degradado conflicto armado. Por eso el ministro Juan Manuel Santos lo calificó como un “operativo de película” y los liberados lo consideraron milagroso, obra de la mismísima Providencia, la Virgen María y una lista interminable de santos celestiales, ajenos por completo a las realidades terrenales del poder, la gloria y la violencia, tan cercanas al ministro de Defensa y sus hombres de armas.

Estratagema Libertaria

Fue un operativo fantástico e inverosímil porque lo ejecutaron militares como actores profesionales, simulando ser miembros de una comisión humanitaria especial, y no soldados imbuidos de un espíritu de combate irrefrenable. Por ello fue exitoso e incruento. De haberlo realizado militares troperos, como sucedió en el fatídico y fallido rescate del ex ministro Gilberto Echeverri y el gobernador Guillermo Gaviria, habría terminado en una carnicería semejante. El secreto de su éxito estriba en que los militares dejaron de actuar como guerreros implacables y se convirtieron en mediadores humanitarios, parecidos a los miembros del CICR o de los llamados “países amigos”. Incluso utilizaron un helicóptero, blanco y rojo, colores distintivos del CICR y fingieron acentos extranjeros. En lugar de balas mortales, utilizaron palabras mentirosas. Antes que aniquilar a los carceleros, cooptaron astutamente a sus comandantes, asumiendo los militares el rol de mediadores internacionales. Magistralmente explotaron el interés de los guerrilleros en el acuerdo humanitario, haciéndoles creer que eran miembros de una comisión internacional especial designada con tal propósito. El mismo General Mario Montoya, con una alegría y picardía casi infantil, reconoció que gran parte del éxito se debió a que engañaron a los guerrilleros “hablando con ellos y haciéndoles creer que eran del mismo bando”. Una estratagema tan exitosa, que más se parece a un libreto del “Cocuyo”, donde la versatilidad vocal de los imitadores convierte la más terrible realidad en motivo de hilaridad. En este caso, la brillante estratagema militar transmutó la perversidad del secuestro en la felicidad de la libertad.

La libertad como perfidia

La fuerza mortal de las armas fue sustituida por los argumentos humanitarios, aunque estos hayan sido falsos. La perversidad del secuestro, con su secuela de humillación y dolor, fue vencida por la perfidia de la libertad, gracias a la seducción de la simulación y la mentira. Con razón, el Comité Internacional de la Cruz Roja está preocupado e investiga la forma precisa como se realizó el operativo, pues afectaría gravemente hacia el futuro la credibilidad de sus funciones, de las cuales dependen vidas tan valiosas, aunque menos significativas políticamente, como las de los “canjeables” que continúan secuestrados por las FARC. Pues si el gobierno utilizó en forma indebida el símbolo del CICR y sus colores, habría incurrido en el delito de perfidia, definido así por el DIH cuando se emplean los símbolos humanitarios para engañar al enemigo. De allí que Uribe, en esa puesta en escena televisiva que dirigió entre la solemnidad y la cursilería, la tragedia y la comedia, haya insistido tanto en explicar lo que nadie le había solicitado: “que en el operativo no se utilizaron símbolos humanitarios o de misión diplomática alguna”. Y seguramente el helicóptero no utilizó el emblema de la Cruz Roja, pero sí sus colores y el espíritu del CICR.

Uribe: Estratega del éxito, la simulación y la mentira

Lo mismo hizo Uribe, como presidente-candidato, en la pasada campaña electoral, cuando pese a la prohibición legal de no utilizar los símbolos patrios en la propaganda proselitista, se apropió los colores de la bandera nacional en su logotipo del puño cerrado y el índice vertical, en forma totalmente ilegal y demagógica, pues nadie puede usar la patria para su causa personal. Pero ese es el estilo y el carácter propio de Uribe.

Es un magistral estratega del éxito, la simulación y la mentira, sin importar las consecuencias que ello implique. Al fin de cuentas, después del éxito de la liberación no caben críticas ni dudas a la osadía y la intrepidez del ejército. Sólo hay lugar para las alabanzas. El éxito elimina a los opositores. Quien haga lo contrario es un apátrida y un aliado del terrorismo. Por eso tuvo Uribe la impostura y el cinismo de implorar al poder judicial, frente a las cámaras de televisión, consideración con los militares que están siendo investigados, juzgados y detenidos, pues había recibido numerosas llamadas de estos “servidores de la patria” congratulándose con el éxito de las Fuerzas Militares.

Pretende así utilizar el éxito militar de unos pocos para exculpar a quienes han mancillado, con sus crímenes con los paramilitares y complicidades con el narcotráfico, el uniforme oficial y la confianza de la ciudadanía. Incluso hace poco llegó al extremo de acusar a la Corte Suprema de Justicia de auxiliar a un “terrorismo agónico”, por sólo cumplir con su deber legal de condenar por cohecho propio a la ex representante Yidis Medina, sin cuyo concurso no hubiese sido posible su reelección presidencial inmediata. A propósito del pronunciamiento de la Corte Constitucional, vale la pena recordar que en su comunicado declarando exequible el Acto Legislativo 02 del 2004, quedó consignada la siguiente constancia que hoy cobra todo su sentido y valor histórico, precisamente por ser cosa juzgada: “En lo que respecta a los impedimentos y recusaciones, la Corte abordó varios cargos presentados por los demandantes. Concluyó que ninguno de ellos conducía a la inconstitucionalidad del acto legislativo, si bien es deseable depurar la política de actividades clientelistas”[1]. Hoy sabemos a qué tipo de actividades se refería la Corte Constitucional. Actividades que configuraron el delito de cohecho propio cometido por Yidis Medina en concurso con al menos un funcionario del gabinete ministerial, pues de lo contrario no podría haber sido condenada.

“Primero Colombia” como estratagema electoral y helicóptero triunfal

En otras palabras, Uribe, el adalid de la “lucha contra la corrupción y la politiquería”, alcanzó su reelección utilizando ladinamente dichas tácticas. Persuadió a Yidis con argumentos patrióticos y otros incentivos más terrenales, como prebendas presupuestales y burocráticas, ofrecidas o insinuadas por sus Ministros Sabas Pretelt y Diego Palacios. Algo digno de un estratega de la simulación y la mentira. Simulación y mentira que ha logrado coronar con éxito haciéndose pasar por un mandatario situado más allá de la izquierda y la derecha, que no pertenece a ningún partido, actuando como un antipolítico puro. Es un impostor tan auténtico, que en dos ocasiones ha sido ungido en nombre de la consigna “Primero Colombia”, con el respaldo de millones de firmas ciudadanas, aparentemente sin compromiso con ningún partido. Un “helicóptero de campaña” perfectamente diseñado y camuflado para su triunfo electoral. Pero, precisamente por ello, ha gobernado en coalición con quienes hoy están presos en la Picota por concierto para delinquir agravado con bandas paramilitares. En efecto, sólo un antipolítico puro puede hacer semejante osadía: gobernar con el respaldo brindado por numerosos delincuentes disfrazados de Congresistas bajo vistosas siglas como la “U” y mentirosos nombres como “Cambio Radical”, “Colombia Democrática”, “Convergencia Ciudadana”, “Alas-Equipo Colombia”, que sellaron alianzas con criminales, cuya incomoda presencia y lacerantes verdades fueron oportunamente extraditadas para no deslucir su ejemplar labor de gobernante.

Un pasado terrorífico

Con una proeza similar culminó su labor como gobernador en Antioquia: primero promovió sin descanso las llamadas Cooperativa de seguridad “Convivir” y al terminar dejó a Urabá plagado de las criminales Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACC) de los hermanos Castaño y Mancuso, con un legado de cientos de víctimas todavía impunes. En 1995, durante su primer año como Gobernador hubo 143 asesinatos, en 1996 aumentó el número de víctimas en un 249%, con 357 asesinatos y en 1997 su administración culminó con 439 ejecuciones sumarias, todas atribuidas a grupos paramilitares[2]. Ahora extraditados los principales comandantes "paras", los familiares de las víctimas difícilmente conocerán la verdad y la justicia. Sin ellas jamás podrá haber reparación, así reciban millonarias indemnizaciones del Estado. Hay que repetirlo: la justicia y la verdad no tienen precio, no se pueden comprar en el mercado de la “seguridad democrática”, ni se pueden burlar mediante la extradición, que en este caso es sustracción de soberanía y dignidad nacional, pues los asesinos no serán juzgados como criminales de lesa humanidad sino como simples narcotraficantes. Pareciera que la pureza cristalina de la cocaína lavara la sangre y el horror de las víctimas.

Elecciones y referendo: Estratagemas de la ilegitimidad

Por todo lo anterior, ahora Uribe recurre a la estratagema del referendo, tan inconstitucional como democráticamente ilegítimo, pues él sólo está consagrado para modificar normas y no para repetir o validar elecciones espurias, realizadas en muchas partes bajo la presión y coacción de grupos paramilitares, como entonces lo declaró el estratega de las AUC, José Vicente Castaño, en una entrevista concedida a la revista Semana en Junio del 2005: “Hay una amistad con los políticos en las zonas donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías.” Y ante la proximidad de las campañas electorales, el consejo impartido a los comandantes en las diferentes regiones fue: “Tratar de aumentar nuestros amigos políticos sin importar el partido a que pertenezcan.”[3]

De realizarse tan improbable como inconstitucional referendo, él vendría siendo una especie de helicóptero de la antidemocracia piloteado por un caudillo camuflado con los colores de una volátil y manipulable voluntad de mayorías entusiastas. Una nave donde se pretende embarcar a millones de incautos en un vuelo seguro hacia tierras de supuesta abundancia y justicia. Pero para realizar esa travesía con éxito, no se puede cambiar de piloto o, en caso necesario, se debe aceptar dócilmente que sea comandada por el “santo o/y la mártir” que Uribe designe; tampoco se podrá alterar el plan de vuelo y debe conservarse el “norte” de la “seguridad democrática” y el TLC; la tripulación será la misma y sus pasajeros deben comportarse en forma tan dócil y agradecida como los recién liberados.

Pero una nave de esas características no es inmune a las turbulencias de la realidad política, la voluntad y veleidad de sus protagonistas. Dicha realidad poco tiene que ver con ese mundo celestial y previsible de estrategas iluminados y omnipotentes, rodeados de ángeles pretorianos y santos sucesores, guiados por las “estrellas del Norte” y el “respice polum”. Para nuestra fortuna y también desgracia, la política es un asunto demasiado terrenal, donde todos tenemos derecho a nuestra libertad y dignidad, sin que ellas nos sean arrebatadas por supuestos líderes o comandantes. Poco importa si el líder obra en nombre de una diestra “seguridad democrática”, mercenaria y paranoica o el Comandante invoca una siniestra “revolución”, ignominiosa y falsa en cuyo nombre secuestra y viola los principios de humanidad, dignidad y piedad.

La nave democrática

La nave que precisamos para vivir en paz, con justicia, libertad y dignidad, la debemos diseñar entre todos y no esperar que nos llegue del cielo, mucho menos del Norte o de cualquier otra latitud, con sus oropeles del mercado y supuestos ídolos patrios insustituibles. Si nos quedamos esperando esa nave, corremos el riesgo de volar o navegar sin rumbo propio, al vaivén de vientos extraños y los intereses de unos pocos privilegiados y predestinados. La nave que requerimos se llama democracia y repudia a todos aquellos que recurren a la violencia y el secuestro como medios para imponer sus objetivos. También a quienes utilizan las elecciones y los referendos como estratagemas al servicio de privilegios económicos y ambiciones mesiánicas. Esa nave no puede ser conducida por estrategas de la violencia, el odio y la mentira, porque dejaría de estar al mando y el servicio de la ciudadanía y se transformaría en una guarnición militar, donde sólo se obedece órdenes y se venera a sus comandantes. Donde los opositores son convertidos en terroristas y la política degenera en un asunto de seguridad para las inversiones y no de equidad para los ciudadanos.

Además de naves militares camufladas con colores humanitarios, precisamos con urgencia naves democráticas, cuyo rumbo y tripulación sean definidos sin miedo, intimidación o adulación. En elecciones verdaderamente libres y competitivas, mediante la más amplia deliberación, participación y responsabilidad ciudadana, sin que nuestra decisión sea manipulada o cooptada por el asistencialismo del gobernante de turno y el poder mediático de los grandes grupos económicos a su servicio. Sólo así podremos alcanzar un puerto donde la libertad sea segura para todos y vivamos en una democracia con justicia y equidad social. No en el actual régimen electofáctico al servicio de la codicia, la impunidad y la prepotencia de unos pocos, consolidado mediante elecciones definidas por poderes de facto. Poderes de facto que combinan habilidosamente todas las formas de lucha y los recursos disponibles, desde la plata legal de los grandes grupos económicos y los generosos mecenas; la ilegal del narcotráfico, agencias de apuestas y dudosos empresarios; el plomo, los secuestros y las desapariciones cometidas por las bandas criminales emergentes y la guerrilla; el presupuesto oficial distribuido personalmente por Uribe en sus consejos comunitarios y el poder mediático de las encuestas y la idolatría presidencial, amplificadas cada minuto por RCN, una televisión banal y una prensa escrita sin pudor e independencia crítica, salvo contadas y valiosas excepciones, cada día más estigmatizadas e intimidadas.



[1] - http://www.eltiempo.com/ Octubre 20 de 2005.
[2] - Banco de Datos del Cinep.
[3] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.

DE-LIBERACIÓN
(www.actualidadcolombiana.org) (http//:www.calicantopinion.blogspot.com)
Junio 29 de 2008

Hernando Llano Ángel.

Uribe: Alquimista de la ilegitimidad

Todo parece indicar que Uribe ha empezado a ejecutar la hecatombe por él anunciada. La hecatombe de la ilegitimidad política. El toque de trompeta ha sido el reciente comunicado de la Presidencia, no sólo desconociendo la sentencia condenatoria por cohecho propio de la ex Representante a la Cámara Yidis Medina, sino descalificando el exhaustivo y riguroso trabajo de la sala penal de la Corte Suprema, gracias al cual ha sido depurado al Congreso de la presencia de numerosos delincuentes camuflados de políticos. Pero el Presidente es incapaz de reconocer que en el origen de la ilegitimidad de su reelección presidencial no sólo se encuentran Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, sino su inocultable alianza estratégica con el crimen y el delito a través de todos aquellos Senadores y Representantes que hoy están siendo Juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema por su simbiosis criminal con el narcoparamilitarismo, la mayoría de ellos miembros de su coalición gubernamental que aprobó en forma entusiasta el Acto Legislativo de la reelección inmediata.

De la ilegitimidad democrática

Ahora Uribe pretende subsanar esa ilegitimidad política apelando al comodín de la voluntad popular. Busca ocultar así el origen espurio e ilegal del mencionado Acto Legislativo, estigmatizando a Yidis Medina como una mitómana que no merece ningún crédito, pese a que ayer era cortejada por sus ministros del Interior y Protección Social, además de haber recurrido él mismo a su patriótica e irrestible persuasión presidencial. Estamos frente a otro capítulo más de una interminable historia de desengaños y deslealtades presidenciales, que se suma a la saga de las visitas palaciegas de Eleonora Pineda y Rocio Arias, quienes le fueron tan serviciales en ese turbio y difícil trabajo de embaucar a Mancuso, Jorge 40 y Don Berna por el camino de la “justicia y la paz”. Hoy ellas están encarceladas y ellos extraditados. La exitosa política de “seguridad democrática” fue incapaz de impedir que Mancuso y compañía continuaran delinquiendo desde sus sitios de reclusión, ordenando asesinatos y desapariciones de testigos y familiares de sus víctimas. Incluso el mismo Presidente llegó a afirmar que la extradición era la mejor medida para salvaguardar las vidas de quienes le demandan al Estado verdad, justicia y reparación. Por eso, después de haberse liberado de tan penoso lastre, piensa que ha llegado el momento de avanzar más rápido. Seguro de la popularidad que le otorgan las encuestas de opinión promovidas y contratadas por el poder mediático de los grandes conglomerados económicos, Uribe está convencido que puede despojarse de ese incomodo y desgastado traje de la legitimidad democrática y vestir un lustroso y camuflado traje de campaña, diseñado a su medida, que lo investirá de una legitimidad popular y caudillista incuestionable, cercana a la unanimidad.

A la legitimidad carismática

Se trata de una legitimidad carismática forjada con la manipulación mediática de las tres dimensiones más primarias y deleznables de la política: el miedo, la violencia y el hambre. El miedo a la FARC que ayer controlaba territorios e intimidaba a sus pobladores, ha sido superado y hoy la “seguridad democrática” las tiene confinadas en la manigua de la selva, totalmente desprestigiadas por el ignominioso delito del secuestro.


Ha transmutado la violencia terrorista del narcoparmilitarismo en una política oficial de recompensas, delaciones y delitos denominada “seguridad democrática”, mientras crecen nuevas bandas criminales emergentes dedicadas al narcotráfico, el asesinato y la intimidación de la población civil que no coopera o encubra sus actividades ilegales. Por último, ha enfocado una política asistencialista con programas como “familias en acción” y la ampliación del Sisben para paliar el hambre y la marginalidad social, con enormes réditos para su popularidad de gobernante generoso e infatigable. Pero para lucir en forma permanente ese pintoresco y vistoso traje de la legitimidad carismática, adornado con subsidios y prebendas en cada Consejo Comunitario, hace falta la aprobación apoteósica e incuestionable del pueblo. Es imprescindible convocar un referéndum, esa especie de pasarela efímera por donde suele desfilar la voluntad de los autócratas, los caudillos y los dictadores, bajo el disfraz de la soberanía popular.

La estratagema del Referéndum

Con dicha estratagema, Uribe aspira a pasar a la historia como el alquimista de la ilegitimidad, pues convertiría el miedo, la violencia y el hambre en las principales fuentes de su legitimidad caudillista y carismática, burlando cínicamente las reglas e instituciones propias de un Estado de derecho, sin las cuales jamás podrá reclamar legitimidad democrática alguna. Por eso ahora la emprende contra la Sala Penal de la Corte Suprema, sindicándola incluso de auxiliar con su fallo al terrorismo agonizante de las FARC y poner en peligro su política de “seguridad democrática”. Esa carta ganadora que acostumbra blandir en todas las ocasiones contra quienes no lo acompañan incondicionalmente en su cruzada contra el terrorismo, que al parecer purifica y justifica los crímenes más atroces, como los cometidos por las AUC, auténticas herederas de las famosas cooperativas de seguridad “Convivir”, las cuales promovió con entusiasmo durante su Gobernación en Antioquia. Cooperativas que convirtieron a Urabá en un vasto y ubérrimo territorio bananero, fertilizado con la “sangre, sudor y lágrimas” de más de 930 personas ejecutadas sumariamente durante los tres años de su gobernación. Alcanzó tal nivel la vorágine de violencia desatada durante los primeros seis meses de su administración, que el entonces Senador conservador, Fabio Valencia Cossio, denunció al Gobernador Uribe por “haber incrementado los homicidios en un 387% en el Urabá, y estar auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir”, según aparece en nota publicada por El Tiempo el 30 de Agosto de 1995 en su página 6A.

Seguramente que el actual ministro del Interior y de Justicia, Valencia Cossio, no tiene una memoria tan frágil como para olvidar ese funesto pasado. Más bien lo que demuestra tener es una conciencia profundamente maleable y pragmática, que fácilmente se acomoda a las conveniencias del poder. Una conciencia siempre leal e incondicional con ese pasado criminal. Una conciencia política y judicialmente impune, para la cual parece haber una violencia buena y legítima que estimula las inversiones y otra execrable y terrorista que las desestimula. A ese tipo de conciencias convocará el referéndum del alquimista de la ilegitimidad carismática, porque está convencido que la perfecta combinación del miedo y la violencia, acompañada de una buena dosis de política asistencialista, atenuará el hambre de los muchos y estimulará la codicia de ganancias e inversiones de los pocos. Pero Uribe olvida, como ha sucedido con sus antecesores tan adictos al poder y los referendos (Chávez, Fujimori y Pinochet), que nadie gobierna por mucho tiempo en forma victoriosa e impune.