Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz
(http://calicantopinion.blogspot.com.co/)
Hernando Llano Ángel
El narcotráfico no es un delito
conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede
desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo
reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el
periodista Dan Baum, publicada en Harper's Magazine:
"¿Quieres
saber realmente de qué se trata todo esto?", me dijo con la franqueza de
un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión
federal, tiene poco que proteger. "La campaña de Nixon de 1968, y la Casa
Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros.
¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser
negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a
los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego
criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades.
Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y
vilificarlos todas las noches”.
Y pronto se agregó a la lista la
cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los
cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda
la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que
supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el
“flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una
moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la
inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.
El “Bien” contra el “Mal”
Una nueva guerra emprendida por
el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el
Bien combatiría sin fronteras, ni limitaciones, con Tratados de Extradición, el
Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria
demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del
Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de
lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido
evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y
codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de
tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa
naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar
el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que
convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical,
porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la
naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés
Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan
Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y
desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin
consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera
industria del narcotráfico.
A fin de cuentas, “raspachines”
que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos
y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de
organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde
ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y
mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc-Ep y ELN, que
contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y
la “guerra anti-imperialista”. Y, para completar el perfecto teatro de
operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba
y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de
las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el
doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de
los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y
develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían
inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales
abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la
extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar,
profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la
fracasada guerra contra las drogas.
¿Victoria de los “narcoguerreros” y derrota de los
“narcopolíticos”?
Y lo que ahora llama a la
estupefacción --incluso más que la generada por las combatidas drogas-- es que
quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la
extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado
colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente
exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico,
para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta
FARC-EP, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la
absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos
continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de
paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto
armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una
falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la
muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia.
De consolidarse el anterior
escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser
considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo
corroboran (en EEUU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia:
Belisario, Barco, Pastrana y Uribe),
frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas
ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama,
Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de
negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado
criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por
nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de
“sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a
los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y,
el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que
validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas
ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los
cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la
erradicación forzada, a cambio de proporcionar las FARC-EP las condiciones para
que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos
territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos,
integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad
que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios
en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales
asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes,
abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como
aconteció en Tumaco.
Contra una guerra pérdida, una política responsable y sensata:
“Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”.
Pero también hay que resaltar que,
en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes
latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda
guerra, se expresaron en la “Declaración
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo
el título: “Drogas y Democracia: Hacia
un Cambio Paradigmático”:
“Convocada por
los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de
Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades
independientes, la Comisión evaluó el impacto de la "guerra contra las
drogas" y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes
y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la
droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de
medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la
aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.
No obstante, la sensatez de
dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más
audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano,
en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra
las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado
norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó
el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento
a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el
vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un
"esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la
moralidad", en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond
Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:
"Una
investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno
narcótico", es una "droga creadora de hábito", "veneno
protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al
negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales". El hombre
blanco tiene la misma tendencia, salvo que "por el hecho de estar más
evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel” [1].
Según lo anota
el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño
moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y
se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba
pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era
bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que
revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible
de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta
fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda” [2].
Por eso es la hora de la
regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de
la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al
crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora
de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven
con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo
propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario,
es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico
(Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad,
carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados,
como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así
fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe,
tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato,
totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en
los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal
pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y
disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial,
incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo
promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido
social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos. Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:
"Hago mi
dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes,
que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan
culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo
el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de
negocios. Cuando yo vendo lícor es
tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”.
(3)
Un “Bien” que estimula el “Mal”
Con la templanza y la virtud de
Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio
siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como
consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la
rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores
que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz
y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su
dominación y perpetuar una guerra
pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma
prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo,
dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de
las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del
presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la
ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable,
la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de
varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP,
pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido,
lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.
(1) Citado por Muso F, David Md,
(1993) en su libro “La enfermedad americana”. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.
(2) Short, Martin (1986) “Mafia,
la sociedad del crimen”, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.
(3) Short, Martin (1986) “Mafia,
la sociedad del crimen”, Barcelona, Ed. Planeta, pp. 70.