lunes, mayo 29, 2023

Álvaro Uribe Vélez ¿De la impunidad política a la culpabilidad penal? (Segunda parte)

 

Álvaro Uribe Vélez ¿De la impunidad política a la culpabilidad penal?

(Segunda parte)

https://razonpublica.com/caso-uribe-la-impunidad-politica-la-culpabilidad-penal/

Hernando Llano Ángel

La vida política de Álvaro Uribe Vélez transcurre entre las luces de sus triunfos electorales y la penumbra de sus procesos judiciales[1]. Esta circunstancia se reveló con especial intensidad durante las últimas semanas, tanto en la política como en los estrados judiciales. Para empezar, Salvatore Mancuso en su comparecencia ante la JEP, volvió a revivir los fantasmas que no cesan de atormentar al expresidente Uribe por el presunto apoyo que recibió de las AUC durante sus campaña electorales, seguido del ambiguo y obscuro proceso de desmovilización de miles de miembros de dicha organización paramilitar, luego la intempestiva extradición a Estados Unidos de sus máximos comandantes[2] y las verdades en disputa sobre lo que realmente sucedió, que ahora vuelven como un bumerang a golpear su credibilidad y responsabilidad política como presidente. Y, como si fuera poco, la jueza 41 penal del circuito de Bogotá, Laura Barrera, volvió a negar la preclusión en la investigación que desde hace más de 5 años lo incrimina como presunto participe de los delitos de soborno a testigo y fraude procesal, al señalar que “existen elementos probatorios que permiten afirmar con probabilidad de verdad que el delito de soborno sí existió y que no está desvirtuado que Álvaro Uribe Vélez participó”.

De la política a los estrados judiciales

Dos fuertes embates que ameritan una breve consideración sobre sus efectos en la vida del líder político de mayor influencia en el presente, toda vez que ha marcado los derroteros de la guerra y la paz, tanto por su beligerancia durante sus dos períodos presidenciales como por su oposición al proceso y el Acuerdo de Paz del 2016.

Política, criminalidad y justicia.

Dichos acontecimientos, revelados a la luz pública por Mancuso, un criminal de lesa humanidad y, el otro, por la Jueza Barrera, están estrechamente relacionados, aunque se trate de hechos diferentes y se presenten en escenarios independientes. Pero ambos comparten una trama común muy compleja y hacen parte de una madeja inextricable que afectan tanto la responsabilidad y legitimidad de Uribe en el ejercicio de sus funciones presidenciales, como su presunta inocencia o culpabilidad personal en el litigio penal que ahora pasará a la competencia de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá[3]. Dicha madeja está formada por la fusión ineludible en nuestra realidad de la política con la violencia en el contexto de un conflicto armado interméstico[4] profundamente degradado, que ha conllevado la comisión de múltiples y graves delitos. Desde el concierto agravado para delinquir, como la parapolítica[5] con 60 congresistas condenados, hasta la sedición y la rebelión, amalgamadas con el narcotráfico y una secuela de terribles delitos de guerra y lesa humanidad, con los cuales está lidiando hoy la JEP[6] en busca de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Todo lo anterior ha engendrado actores mutantes, como las AUC, AGC[7] y las guerrillas, cuya identidad política y criminal se entremezcla y combina, según sus necesidades tácticas y estratégicas, en la defensa de sus intereses y la búsqueda de objetivos que oscilan entre alcanzar favorabilidad política (ELN) y altos márgenes de impunidad (AGC), como lo estamos viendo en los sangrientos episodios que acechan la confusa “Paz total” de este gobierno.

El origen político del lío judicial

Para desenredar esa madeja, Uribe desde la presidencia promovió la ley 975 de 2005, más conocida como de Justicia y Paz, aunque a la postre ella no haya logrado ninguno de los dos objetivos. Pero antes de intentarlo por la vía de los estrados judiciales, lo hizo a través de la política mediante la ley 796 de 2003[8], convocando un referendo constitucional en cuyo proyecto incorporó, en el numeral 6 sobre la “Reducción del Congreso”, un extenso parágrafo. Dicho parágrafo buscaba “facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que se realicen antes del 7 de agosto del año 2006, o nombrar directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados. El número será establecido por el Gobierno Nacional, según la valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refiere este artículo, serán convenidos entre el Gobierno y los grupos armados, y su designación corresponderá al presidente de la República. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal”.  Tal parágrafo claramente estaba dirigido a los miembros de las AUC, pues entonces las FARC el 7 de febrero de 2003 cometió el abominable atentado terrorista contra el club el Nogal[9] y el presidente Uribe arreciaba su guerra contra la misma, sin la más mínima posibilidad de vincularla decididamente a un proceso de paz. La Corte Constitucional declaró inexequible ese parágrafo del numeral 6 mediante sentencia C-551/03[10], motivo por el cual no apareció en el texto del referendo sometido a la ciudadanía. Pero quedaba meridianamente clara la intención del presidente Uribe de otorgar a miembros de las AUC una favorabilidad política muy amplia, que incluía curules no solo en el Congreso sino en Asambleas y Concejos, sin exigencia alguna de verdad, ni de justicia ni reparación por las víctimas mortales y los millones de desplazados dejados por sus crímenes de guerra y lesa humanidad, muchos de los cuales se cometieron con la complicidad de miembros del Ejército nacional, como lo describió una vez más Salvatore Mancuso[11] en las recientes audiencias públicas ante la JEP. Posteriormente, los miembros de las AUC se acogerían a la ley 975 de 2005 y cuando Salvatore Mancuso comenzó a revelar, en emisión estelar del noticiero RCN del 28 de abril de 2008 por la televisión, cómo las AUC habían contribuido a la elección de por lo menos el 35% del Congreso[12], fue extraditado a Estados Unidos el 12 de mayo, justo 15 días después, con casi toda la cúpula de comandantes de las AUC[13], bajo el cargo de haber continuado delinquiendo desde la cárcel.

Elecciones presidenciales y criminalidad

Irónicamente, ahora volvemos a escucharlo, 15 años después, pero de nuevo el expresidente Uribe niega la veracidad del apoyo de las AUC en sus fulgurantes triunfos electorales, que lo han consagrado como el único candidato que ha ganado la presidencia en primera vuelta en dos ocasiones. Por ello, en un foro realizado el 23 de febrero de 2005 sobre “Sostenibilidad de la política de seguridad democrática”, el mismo expresidente Andrés Pastrana fue quien advirtió sobre la grave sombra para la legitimidad democrática que implicaba la negociación que adelantaba Uribe con las AUC: “Que si el paramilitarismo controla –según sus propios voceros- y, según diversos entendidos, 300 municipios del país, 40 por ciento de las exportaciones de droga, un alto porcentaje de las tierras cultivables y temibles ejércitos privados cuyas estructuras y zonas de influencia se conservan intactas, es una historia de vieja data. Que el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus comodines políticos pueden inclinar la balanza electoral, es un hecho notorio. La pregunta, entonces, bajo tales supuestos, es sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad… A la reelección inmediata se le han señalado, desde su concepción y por todos los medios, una extensa gama de incompatibilidades. Sin embargo, su incompatibilidad con un proceso o pacto de paz repercute en dos ámbitos esenciales a la supervivencia misma de nuestra democracia: el proceso de paz y el proceso electoral. Mientras proceso de paz, poder político paramilitar y elecciones no se deslinden, se abre el espacio a la suspicacia, riesgo al que no se puede exponer la democracia representativa”.  Y, en efecto, ello sucedió, pero el triunfo inobjetable de Uribe en las urnas con 7.397.835 votos, el 62.35% de los válidos, terminó legitimando lo que tuvo origen en la reforma constitucional de un “articulito” aprobado gracias a la comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer. Posteriormente, “la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[14] condenó a 80 meses de prisión a los exministros Sabas Eduardo Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, así como a 60 meses de prisión al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez Echeverri”. De esta forma el expresidente Uribe se aseguró con su triunfo en las urnas una impunidad política inexpugnable. Pero ahora se encuentra en un trance diferente, pues está por verse si sale airoso de los cargos penales que se le imputan por incurrir presuntamente en los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, cuyo origen es ni más ni menos el haber intentado desvirtuar los testimonios de Juan Monsalve y Carlos Enrique Vélez, exparamilitares del Bloque Metro, que señalan al expresidente y a su hermano, Santiago, de estar en el origen de la formación de dicho Bloque paramilitar. Dicha investigación proseguirá en la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá[15], pues la jueza Laura Barrera no la precluyó. Ante esta instancia, difícilmente la Fiscalía podrá solicitar una tercera preclusión, pues deberá recabar más pruebas que le permitan presentar un caso nuevo y desvirtuar las que hasta ahora lo incriminan. Así las cosas, Álvaro Uribe se encuentra ad portas de ser llamado a un juicio en su condición de ciudadano y hacendado del Ubérrimo, pues al renunciar a su fuero de senador para eludir la competencia de la Corte Suprema de Justicia, deberá afrontar una sentencia que lo declarará inocente o culpable, como un incriminado más y no como ese líder político y estadista que aspiraba “entregar una Nación mejor a quienes vienen detrás. No quiero morir con la vergüenza de no dar hasta la última lucha para que mi generación pueda esperar tranquilamente el juicio de la historia”, como lo escribió en el punto 100 de su Manifiesto Democrático[16]. Pero todo parece indicar que antes tendrá que someterse a una sentencia penal, que no le ha permitido esperar tranquilamente ese juicio de la historia, por su incapacidad para reconocer plenamente sus responsabilidades políticas e innumerables deudas pendientes con la verdad y el dolor de miles de víctimas, como los atroces “falsos positivos”[17], producto de su pregonada política de “seguridad democrática” y la Directiva 029[18] de su ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal.


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sábado, mayo 27, 2023

LAS VERDADES Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS SON PÚBLICAS Y CONSTITUCIONALES, MÁS QUE PERSONALES Y PENALES

 

LAS VERDADES Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS SON PÚBLICAS Y CONSTITUCIONALES, MÁS QUE PERSONALES Y PENALES

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/las-verdades-responsabilidades-politicas-publicas-mas-personales

(Primera parte)

Hernando Llano Ángel

Tal debe ser el punto de partida para analizar y valorar las presuntas verdades que Salvatore Mancuso[1] ha contado en las audiencias públicas ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). Confrontar sus versiones con la realidad y, a partir de allí, desenredar ese ovillo de sangre, dolor e impunidad que teje todos los días la trama de la política nacional, debería ser un compromiso indeclinable de todos. Porque la primera y más atroz verdad que deberíamos reconocer los colombianos es que la sangre y el delito constituyen la savia de la política nacional, no la palabra, tampoco la deliberación y su poder de concertación, menos aún el derecho y casi nunca la justicia.

Sin verdades políticas no hay paz y menos democracia.

Por eso todavía no conocemos la paz política, sin la cual no podremos vivir jamás en una auténtica democracia. Por preferir vivir y seguir creyendo en esa descomunal mentira institucional que se autoproclama democrática es que pagamos el más alto precio de violencia y barbarie en todo el continente americano. Eso explica, en parte, porque una mayoría de congresistas no solo votó la eliminación del artículo 8 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que contenía las principales recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CE) y evitar así la perpetuación de esta sangría nacional, sino que además senadores del Centro Democrático[2] hayan proclamado que dichas recomendaciones no se le podían imponer al pueblo colombiano. ¡Cómo si la violencia y la impunidad no estuviesen impuestas al pueblo colombiano desde hace más de medio siglo! Una imposición que ha dejado una estela de víctimas casi incontables, como se puede constatar y consultar en las siguientes cifras del Informe Final de la CEV[3], que además identifica a los principales responsables de las mismas. De allí, que sea imprescindible fijar las responsabilidades políticas y constitucionales de los principales actores, entre ellos los presidentes de la República en tanto Jefes de Estado, Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Comandantes Supremos de las Fuerzas Armadas de la República.

Las responsabilidades presidenciales son políticas y constitucionales, no tanto personales y penales.

Pero ahora que Salvatore Mancuso revela públicamente, una vez más, ese entramado del crimen con la política[4], quienes deberían haber impedido la consolidación de esa tramoya de terror e impunidad, los presidentes y Jefes de Estado, se declaran totalmente ajenos a lo acontecido. Evaden por completo sus responsabilidades y se proclaman los más pulcros e íntegros demócratas que hayan existido. Corren a trasladar sus responsabilidades políticas y públicas al tinglado judicial y penal, para demostrar que no existe prueba alguna contra ellos que respalde las versiones de Mancuso y que todo lo que éste ha dicho es mentira, pues nada se le puede creer a un criminal de lesa humanidad. Obviamente, no existe esa prueba reina del encuentro y abrazo de Mancuso con los expresidentes Pastrana y Uribe, así como tampoco la hubo de Samper con los Rodríguez. Pero no por ello se puede negar la financiación del narcotráfico a su campaña presidencial. Como tampoco las estrechas alianzas de numerosos miembros de la Fuerza Pública con las AUC, sin que los expresidentes se hubiesen enterado, así fuera de conocimiento público semejante alianza criminal. Olvidan los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe el artículo 6[5] de la Constitución Política, piedra angular del Estado de derecho, que expresamente señala que los “servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Y la principal función que tenían en su condición de Jefes de Estado, Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa era “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”, como lo establece el numeral 4 del artículo 189 [6]de la Carta Política. Para cumplirlo, además, eran responsables de “dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”, según numeral 3 del mismo artículo. Es decir, sus responsabilidades eran constitucionales, legales, públicas y políticas, pues al asumir sus cargos y jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes quedaron obligados a “garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Empezando por el derecho a la vida, sin él cual los demás no existen. Por todo lo anterior, no tiene sentido alguno que ahora ambos, en forma por demás indignada y cínica, salgan a eludir esas responsabilidades políticas, constitucionales, legales y públicas, negando la hecatombe de violencia y criminalidad que se vivió durante la mayor parte de sus períodos presidenciales y que fue la más aguda y profunda crisis humanitaria vivida por sociedad alguna en el continente americano. Precisamente la magnitud de ese horror es la que ha documentado la CEV en su Informe Final “HAY FUTURO, SI HAY VERDAD”[7] con dolorosos testimonios, rigurosas investigaciones, pluralidad de fuentes de información oficiales, académicas, ciudadanas y la constatación de miles de víctimas. Seguramente por ello el expresidente Uribe le niega legitimidad a la Comisión y a su Informe Final, junto a millones de sus seguidores que votaron en el plebiscito contra el Acuerdo de Paz. Todos ellos viven refugiados en su cómodo universo de mentiras, afirmando que Colombia es la “más antigua, estable y profunda democracia de América Latina”. Con su autismo emocional y maniqueísmo moral se autodefinen como “ciudadanos de bien” y demócratas integrales, estigmatizando a quienes no los acompañan y entonces descalifican como “mamertos”, “izquierdistas” y hasta “traficantes de derechos humanos”[8], según la expresión del expresidente Uribe Vélez a quienes denunciaron, durante su gobierno, los excesos de la “seguridad democrática”. Excesos que en cumplimiento de la Directiva 029 de 2005[9] del Ministerio de Defensa dejó al menos 6.204 “falsos positivos”[10], es decir, asesinatos perpetrados por miembros de la Fuerza Pública contra jóvenes indefensos de barriadas populares, bajo el falso cargo de ser guerrilleros. Para quienes en su autismo moral de “ciudadanos de bien” todavía lo niegan y son insensibles frente a semejantes crímenes, les recuerdo esta definición de terrorismo que aparece en el punto 33 de Los 100 puntos de Uribe en su Manifiesto Democrático, que fue la bandera de su exitosa campaña electoral en el 2002: “Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Sin quererlo, el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, definió premonitoriamente en ese punto 33 la esencia de sus dos gobiernos: el Terrorismo de Estado, impúdicamente respaldado por millones de “ciudadanos de bien”. En próximos Calicantos analizaré como lo fue también la administración de Andrés Pastrana Arango, con su exaltado PLAN COLOMBIA y su falaz política de “Cambio para construir la Paz”, gracias a las cuales Álvaro Uribe Vélez coronó exitosamente su política de “Seguridad Democrática”. Por eso es lógico concluir que es mucho más grave ética y políticamente legitimar los crímenes de Estado, que colaborar en su ejecución, como lo reconoció Salvatore Mancuso en sus audiencias ante la JEP, cientos de miles de víctimas y toda la sociedad colombiana.

De la irresponsabilidad e impunidad política presidencial

Reconocimiento que son incapaces de hacer los expresidentes Pastrana y Uribe. En lugar de ello, demandan pruebas imposibles de obtener para demostrar su inocencia ante la justicia penal, emplazan a Mancuso y amenazan con denunciarlo ente tribunales nacionales e internacionales, ignorando que con ello se comportan más como presuntos criminales en lugar de asumir sus responsabilidades como exjefes de Estado. Hacen de la legalidad y la jurisdicción penal ordinaria una coartada perfecta para eludir sus responsabilidades políticas y constitucionales. Saben muy bien que es imposible su procesamiento y condena penal, pues no existen pruebas ni testimonios fiables contra ellos. Pero jamás podrán escapar al juicio ético, político y constitucional que los condena inapelablemente como responsables de la catástrofe humanitaria que se vivió durante sus gobiernos, legada a todos sus sucesores en la Presidencia de la República, contando con el voto y el consentimiento de millones de colombianos que con ingenuidad, temor comprensible o esperanza invencible creyeron en sus programas de gobierno, en la paz y seguridad prometidas. En la conciencia de esos millones de colombianos debería retumbar el punto 33 del Manifiesto Democrático[11]: “también es terrorismo la defensa violenta del Estado”, aunque la mayoría por indolencia moral, prejuicios invencibles, comodidad personal o la defensa de sus privilegios se nieguen todavía a reconocerlo, siguiendo el ejemplo de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Lo más insólito y paradójico de todo lo anterior es que primero haya reconocido Salvatore Mancuso sus acciones terroristas ante las víctimas y la sociedad colombiana, que los mismos expresidentes por omisión o extralimitación en el cumplimiento de sus funciones. Es más, que también los comandantes de las Farc hayan reconocido ante la JEP sus responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad perpetrados y próximamente enfrentarán condenas propias de la justicia transicional que, es una verdad indiscutible, jamás repararán el sufrimiento y daño causado a miles de sus víctimas y a la sociedad colombiana, pues como lucidamente lo señalará Hannah Arendt en su obra “La Condición Humana”, a propósito de los crímenes de lesa humanidad de los nazis: “Es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”. Por eso, al menos, los expresidentes Pastrana y Uribe deberían tener el valor de asumir su propia responsabilidad como Jefes de Estado por lo sucedido durante sus administraciones, pues ello es una verdad constitucional, política y pública que no pueden eludir y menos negar, so pena de ser condenados irremediablemente por el tribunal de la historia y la conciencia pública. Resulta imposible demostrar penalmente su culpabilidad y políticamente es improbable su procesamiento, pues su fuero los protege en el Congreso e incluso la JEP carece de competencia por su condición de aforados constitucionales, como se estableció en el Acuerdo de Paz. Así las cosas, dichos expresidentes parecen más reyes absolutistas que gobernantes demócratas. En la realidad están por encima de la Constitución y la ley, ya que solo pueden ser procesados por el Congreso y eventualmente condenados por la Corte Suprema de Justicia, procedimiento que desafía todas las posibilidades políticas. Así quedó demostrado cuando la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes archivó la denuncia del entonces Procurador General de la Nación, doctor Carlos Jiménez Gómez[12], contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa Miguel Vega Uribe, por violación de la Constitución y el derecho de gentes por los excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en la devastadora operación militar mal llamada “retoma” del Palacio de Justicia, que culminó con su incineración y destrucción, muerte de numerosos rehenes, entre ellos el presidente de la CSJ, Alfonso Reyes Echandía, 15 magistrados más y la desaparición de por lo menos 11 personas. Dicha Comisión archivó la denuncia con el baladí argumento de que se trató de un “acto de gobierno propio del ejecutivo”, y por lo tanto no era competente el Congreso para enjuiciar a Betancur. Ante semejante denegación de justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos[13] condenó al Estado colombiano y éste todavía no ha cumplido plenamente la sentencia. ¿Será que vivimos en un Estado de derecho o, más bien, en un Estado deshecho por la impunidad política e irresponsabilidad de quienes nos gobiernan y no cumplen ni la Constitución, ni las leyes con coartadas como la defensa de la democracia, la seguridad, el orden, la libertad y la justicia social? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ciudadana al consentir todo lo anterior y continuar eligiendo y legitimando a quiénes son incapaces de reconocer como gobernantes sus responsabilidades y solo culpan a los otros de tanta barbarie? ¿Será posible legitimar actos terroristas en defensa del Estado y la democracia? De alguna forma el Informe Final de la CEV nos da pautas valiosas para que cada quien, más allá de sus simpatías políticas e intereses personales, responda esas preguntas leyendo la convocatoria a La Paz Grande[14].


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LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS NADIE LA DESLEGITIMA Y MENOS LA BORRA DE LA MEMORIA COLECTIVA

 

LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS NADIE LA DESLEGITIMA Y MENOS LA BORRA DE LA MEMORIA COLECTIVA

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/la-verdad-las-victimas-nadie-la-deslegitima-menos-la-borra-la-memoria-colectiva

Hernando Llano Ángel.

La verdad de las víctimas nadie la deslegitima, menos esa mayoría negacionista de congresistas que la eliminó el artículo 8[1] de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, con la vana pretensión de desconocer las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) con destino a las diversas entidades y agencias del Estado como una guía para su actuación y eventual aplicación. Recomendaciones de carácter potestativo, no vinculantes, cuyo alcance no era otro que reconocer y resaltar los aspectos, deficiencias, dinámicas y patrones que son generadores de la victimización de la población civil, sobre los cuales un auténtico Estado Social de Derecho y Democrático debería actuar para así promover la convivencia y la no repetición de más víctimas impunes. Más de 9 millones de víctimas[2] fueron causadas precisamente por ese entramado de patrones, susceptibles de modificación y erradicación, si el Estado en verdad actuará en forma democrática y social de derecho, como lo estipula el artículo 1 de la Constitución. Pero esa mayoría de congresistas consideró que esas recomendaciones no tenían sentido en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que no es deber ni función del Estado evitar, contener e impedir que nuestra historia continúe siendo eternamente una interminable sucesión de víctimas irredentas y de victimarios impunes. Al negar las recomendaciones, esos congresistas consienten que tan atroz victimización siga perpetuándose en nombre de su insólita concepción de “democracia y Estado de derecho”. Así las cosas, las víctimas deben continuar siendo sacrificadas en nombre de esa espuria democracia y la defensa de un genocida Estado cacocrático[3], tras el cual se parapetan y devengan pingues ganancias esos honorables congresistas que mensualmente devengan “$37′880.084[4] millones de pesos, teniendo en cuenta que el último incremento fue de 800 mil pesos”. Sin duda, con esa decisión, dichos congresistas nos revelaron su verdadera función e identidad: son cómplices de victimarios indolentes, prepotentes e impunes que, nombre del “pueblo colombiano”, auspiciaron la “seguridad democrática” de los “falsos positivos”[5], las masacres y la complicidad criminal con el paramilitarismo, como lo acaba de confirmar una vez más Salvatore Mancuso[6] en audiencias ante la JEP. Pero también esos congresistas procrastinan con los crímenes atroces cometidos por supuestos revolucionarios que, en nombre de la “justicia social” y la “soberanía nacional”, continúan asesinando líderes sociales[7], desplazando y confinando comunidades indígenas y negras, en disputa de economías ilícitas. En su representación y función como congresistas, en lugar de “actuar consultando la justicia y el bien común”, como lo ordena el artículo 133[8] de la Constitución, hacen todo lo contario: propician la injusticia y el mal común. Sin duda, pues al rechazar de plano recomendaciones de la CEV que tienen “como horizonte ético y político contribuir a la convivencia, a la confianza y a la paz, y abrir el camino de la reconciliación sobre la base de la no repetición”, cuyo principal cometido es “garantizar el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera integral y transformadora para superar las condiciones de pobreza en las que vivían en 2019, por ejemplo, cerca del 76 % de las víctimas de desplazamiento forzado. También se proponen recomendaciones para garantizar su derecho a acceder plena y preferencialmente a la oferta social del Estado en cuanto a salud, vivienda, educación y generación de ingresos. La dimensión transformadora de la reparación integral no solo permite la reparación del daño ocasionado por la victimización, sino que, adicionalmente, ataca las condiciones de exclusión y desigualdad que permitieron la vulneración de derechos. Garantizar una reparación bajo un enfoque transformador es, además, garantía de no repetición que impulsa el desarrollo social en términos de justicia distributiva”.  Entre muchas recomendaciones, la CEV resalta la inaplazable necesidad de la reforma agraria integral y el reordenamiento territorial, pues “si bien el conflicto armado interno colombiano tiene múltiples explicaciones históricas, que no se reducen al problema de la tierra, la disputa armada por el poder político emergió y se ha desarrollado asociada también a intereses económicos por controlar territorios estratégicos. El desplazamiento de más de nueve millones de personas y la pérdida de más de ocho millones de hectáreas usurpadas o abandonadas, como resultado de la violencia del conflicto armado no solo han significado una contrarreforma agraria, sino que sumadas a la incapacidad del Estado para regular los derechos de propiedad de la tierra y los conflictos por su uso, la baja calidad de la democracia que existe en el país y la dualidad territorial del débil e inefectivo Estado Colombiano, facilitaron la implementación de un modelo de acumulación por desposesión, que ha mantenido niveles muy altos de concentración de la tierra (Gini de tierras de 0,92), y niveles importantes de pobreza y desigualdad que siguen siendo factores de persistencia de la violencia tras la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. La expulsión de miles de familias campesinas de la frontera agrícola, la colonización forzosa de zonas marginales de humedales, bosque, selva y montaña sin infraestructura pública, servicios estatales ni garantías de derechos y la inseguridad jurídica sobre la propiedad rural campesina han generado además incentivos para la expansión del narcotráfico, factor de persistencia de la violencia en Colombia”. La segunda gran recomendación está referida a la urgencia de superar una cultura arraigada en el desprecio de la pluralidad social y la igual dignidad de todos los colombianos, que hace del racismo, el clasismo, el machismo y el especismo su matriz de dominación: “El conflicto armado, entonces, no solo se funda en causas o razones objetivas, sino también en asuntos intangibles, en creencias y valores que no se han hecho lo suficientemente conscientes y que han sido convenientes para un sistema de órdenes raciales y de clases y privilegios que mantienen una democracia de baja intensidad. El papel de estas creencias se aduce en formas de pensar y sentir; en barreras psicosociales que constituyen obstáculos para la paz. Ante ellas, el conflicto colombiano parece insuperable. Los pasos para salir de él mediante negociaciones políticas o acuerdos institucionales y sociales son vistos con sospecha o en clara oposición, como sucedió en el plebiscito del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 por el Estado colombiano y las FARC-EP. Algo que dependió justamente de asuntos culturales que determinaron la elección de apuestas políticas que promovían la no transacción con el «adversario» o su abierta eliminación”.

Verdades como las citadas, tomadas del volumen “Hallazgos y Recomendaciones”[9], grabadas con sangre y fuego sobre miles de víctimas, terminaron siendo negadas, fueron incapaces de reconocerlas la mayoría de congresistas que votaron contra el artículo que las incorporaba al Plan Nacional de Desarrollo. Con semejante decisión los congresistas nos revelan que ellos viven y encarnan la mentira de autoproclamarse como representantes del pueblo, incluso de las víctimas, pero siempre actúan discretamente y con elocuencia como sus victimarios con argumentos tan cínicos como afirmar que la mayoría de las recomendaciones eran “inoportunas e inconvenientes” porque polarizaban y crispaban más la política nacional. Dichos congresistas actúan como procrastinadores del desastre porque a nada le temen más que a la verdad de todas las víctimas. Niegan que HAY FUTURO SI HAY VERDAD[10]. Para ellos, van estas reflexiones finales de Albert Camus, hoy más vigentes que nunca: “La importancia privilegiada de la mentira proviene de que ninguna virtud puede aliarse con ella sin perecer. El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella… No, ninguna grandeza se ha establecido jamás sobre la mentira. La mentira a veces hace vivir, pero nunca eleva”. Tal es la exigencia de vivir en democracia, no tolerar, ni consentir con la mentira en aras de una errática prudencia, como la recomendada por el senador Humberto de la Calle que, al acompañar a los congresistas negacionistas del Acuerdo de Paz, del cual fue un importante artífice, e impedir así la implementación condicionada y progresiva de las recomendaciones de la CEV, hoy se convierte en contradictor del mismo y en un aliado institucional de victimarios indolentes e impunes. ¡Que incoherencia y vergüenza! ¿Volvería el senador De la Calle al redil de los lacayos de César Gaviria y de la traición histórica de la Constitución del 91, convertida bajo ese gobierno en matriz del neoliberalismo y en la guerra integral contra las Farc con el fracasado bombardeo a Casa Verde el 9 de diciembre de 1990[11]?


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