CALICANTO: Carlos Jiménez Gómez: Un Procurador Histórico. In Memoriam II

Carlos Jiménez Gómez: Un Procurador Histórico

In Memoriam II

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Hernando Llano Ángel

Del pasado al presente

La dimensión histórica de un funcionario público se mide por su capacidad para cuestionar, liderar y señalar horizontes a una sociedad, promoviendo el desarrollo de las potencialidades y la dignidad de todos sus congéneres, como ejemplarmente lo hizo Carlos Jiménez Gómez desde la Procuraduría General de la Nación. Lamentablemente todo lo contrario sucede en el presente. Hoy se consagra a quienes destacan por su habilidad para contemporizar con el Statu Quo en la defensa de las desigualdades sociales, la violencia y los privilegios de las elites. Defensa y afianzamiento que suele hacerse desde la cúpula del Ejecutivo con todo su gabinete, amplificada por el corifeo de alabanzas y consagraciones que despliegan los medios masivos de comunicación, especialmente en los momentos de crisis y en las encrucijadas históricas que definen el futuro de nuestra sociedad. Pero también en el doloroso y prolongado trance que vivimos, causado por esta pandemia cercana a las 55.000 víctimas mortales y que ya cobró incluso la vida del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo (Q.E.P.D). Su sensible y precipitado fallecimiento nos revela no solo la procrastinación mortal del presidente Duque con la gestión de las vacunas sino también su errática oratoria, incapaz de conjugar el verbo querer[1]. Vivimos, pues, un presente tan mediocre y gris como el pasado tenebroso y violento, que enfrentó con valor y premonición lúcida el Procurador Carlos Jiménez Gómez.

El Palacio de Justicia

Por eso, vale la pena recordar el coraje civil y la visión de jurista, pionero en la invocación del Derecho Internacional Humanitario, que esgrimió contra ese poderoso bloque institucional del Ejecutivo, en un acontecimiento tan delirante como la toma del Palacio de Justicia por un comando del M-19 y la reacción ignominiosa de la Fuerza Pública. Reacción que culminó con la incineración del Palacio de Justicia y la decapitación de la cúpula del poder judicial, nunca con la retoma de sus instalaciones, ya reducidas a cenizas y escombros. El Palacio de Justicia quedó convertido en un espectro y en él murieron cerca de cien rehenes. Es cinismo criminal hablar de retoma, cuando lo que hubo fue una hecatombe presidencial e institucional que no deparó en sacrificar desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía[2], junto a 15 magistrados más, y un número de 11 desaparecidos, de los cuales todavía se ignora el paradero de cinco de ellos[3]. Por eso, hay que retomar las principales conclusiones de su informe. De entrada, el Procurador señaló lo que desde siempre ha sido una práctica consuetudinaria del Estado colombiano y sus gobernantes: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los conflictos armados”. Un tratamiento no solo violatorio de la Constitución y las leyes, sino del mismo Derecho Internacional Humanitario, que invocó Jiménez Gómez en su denuncia contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, el general Miguel Vega Uribe, ante la Cámara de Representantes. Lo hizo con fundamento en el artículo 121 de la Constitución de 1886, que establecía el llamado Derecho de Gentes, hoy más conocido como DIH, resaltando que: “La invocación del Derecho de Gentes y del Derecho Internacional Humanitario es un complemento indispensable de toda política de defensa de los Derechos Humanos”. El texto de la denuncia, con sus 33 páginas, está publicada en su libro “El Palacio de Justicia y el Derecho de Gentes”, editado por la Procuraduría General de la Nación en 1986, y es mucho más que una rigurosa investigación disciplinaria de lo acaecido, sustentada en pruebas y testimonios. Es un análisis profundo que integra lo político y lo jurídico: “El problema que aquí se plantea es político, en primer lugar, y solo en segundo lugar es de carácter jurídico; y puede resumirse en los conceptos y reflexiones que suscitan los siguientes interrogantes: ¿Puede el Estado envolver en una misma acción represiva a unos ciudadanos fuera de la Ley y a otros ciudadanos inocentes, antes de haber agotado todos los medios a su alcance para tratar de rescatarlos a estos sanos y salvos? ¿Es esa decisión de aplicarles de inmediato, por cualquier razón, un mismo tratamiento, legítima?” y, unos párrafos más adelante, concluye: “La Procuraduría no puede responder a dichos interrogantes sino negativamente”.

Denuncia ante la Cámara de Representantes

Por ello, traslada su denuncia a la Cámara de Representantes para que esta valore si en esa decisión del Ejecutivo de rescatar a sangre y fuego a los rehenes y el Palacio de Justicia, “fueron observadas y adoptadas todas las medidas de carácter positivo y negativo a que, según el Derecho de Gentes y los pactos de Derecho Internacional Humanitario aprobados por el País, el Gobierno Nacional estaba obligado para preservar la vida de las personas civiles referidas y para lograr su rescate sanas y salvas”. La denuncia fue analizada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cuyos ponentes, los representantes liberales Horacio Serpa Uribe (Q.E.P.D), Carlos Mauro Hoyos (Q.E.P.D) y el conservador Darío Alberto Ordoñez, concluyeron que: “Esta Comisión no cuenta con elementos de juicio suficientes que le permitan impugnar desde el punto de vista legal, aquella decisión, libre y autónomamente tomada por el señor Presidente de la República, y respaldada, por lo demás, en la Constitución y Leyes de la República, por ser, repetimos, un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien sólo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa. […] Proponemos: Declárese que no hay lugar a intentar acusación ante el Senado de la República contra el Presidente Doctor Belisario Betancur Cuartas y su Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, por razón de los hechos ocurridos durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en relación con la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia, y en consecuencia archívese el presente informativo”. Dicho concepto fue acogido por unanimidad en la plenaria de la Cámara de Representantes y en consecuencia archivada. Por su parte, el Consejo de Ministros descalificó en forma cínica la denuncia del Procurador, con el falso argumento de que “Tal forma de actuación no está prevista dentro de las normas constitucionales y legales que fijan las atribuciones del Procurador y del Ministerio Público y puede conducir al desconocimiento de uno de los principios tutelares del estado de derecho”. Cuando en realidad sucedió todo lo contrario, pues el Consejo de Ministros permitió que ese estado de derecho fuera derruido por completo, como el Palacio de Justicia, según lo reconoció el entonces ministro de justicia, Enrique Parejo González, al decir que “el Consejo de Ministros había sido puesto en ridículo” (El Tiempo, 14-VI-86), pues la Fuerza Pública continúo su operativo sin atender sus peticiones. En cuanto a la reacción de la gran prensa, la radio y televisión, Jiménez Gómez fue sometido a un linchamiento mediático, como si su denuncia hubiera sido un crimen de lesa majestad contra el presidente Belisario Betancur[4], quien por otra parte asumió toda la responsabilidad política por los hechos. Basta recordar el titular de EL TIEMPO: “Una acusación imposible”, de junio 19 de 1986; “LA REPÚBLICA”: “Betancur no debió ser demandado ante Cámara” y los diarios regionales EL PAÍS: “Desconcertante informe” y LA PATRIA: “No nos dejemos despistar”. Ni hablar de la inmensa mayoría de columnistas, que lo lapidaron y descalificaron con toda serie de epítetos, como los siguientes: “El Procurador, un desorbitado” de Rodrigo Ramírez en EL HERALDO; “En procura de notoriedad” de Silvio Trujillo Acevedo en EL COLOMBIANO, para solo mencionar algunos. Ante semejante avalancha contra su informe y denuncia, Jiménez Gómez profundizó en el análisis de las relaciones entre el poder civil y militar, ya que había tomado fuerza la hipótesis del golpe de estado contra Belisario, exculpándolo por completo de lo sucedido, no obstante haber asumido toda la responsabilidad pública como comandante de las Fuerzas Militares. Es entonces cuando presenta su esclarecedora hipótesis de las dos constituciones que, en mi opinión, resuelve esa falsa tensión entre los poderes civiles y militares, pues de lo que se trata es del predominio de la violencia ante el escaso respaldo de los ciudadanos a unas instituciones estatales que no representan sus intereses y menos promueven y protegen sus derechos: “No rigen en Colombia una sino dos constituciones, la primera para uso de la generalidad de los ciudadanos, y otra, venida sutilmente a pasos inaudibles y sigilosamente entronizada en el corazón de la sociedad y del Estado, no se sabe cuándo, ni cómo, ni por quién, de uso privativo de las Fuerzas Armadas. (Jiménez, 1986, p. XI) … Parece ser una de las columnas más hondas en que descansa secretamente la vida pública colombiana, que oculta en algún repliegue de su mente la idea de un cierto pacto tácito entre el poder civil y el militar, consagratorio de un régimen progresivo e indefinidamente acumulativo de pequeñas, medianas y grandes excepciones en favor de los castrenses. (Jiménez, 1986, p. XI)”. Y, sin duda, ese régimen ha venido consolidándose en contravía de la Constitución de 1991, pues la mayoría de los presidentes han optado por fórmulas autoritarias y el impulso de políticas de orden público con ofensivas militares que han trasladado al campo y a muchas ciudades el desprecio por la vida y los derechos humanos de la población civil. A vuelo de pájaro, basta citar la “GUERRA INTEGRAL[5]” de Gaviria y Pardo, como primer ministro civil de defensa, contra la Coordinadora Guerrillera y la creación de las CONVIVIR[6]; luego el PLAN COLOMBIA de Andrés Pastrana y la fumigación con el devastador glifosato contra miles de campesinos raspachines; la “seguridad democrática”, el PLAN PATRIOTA, los “falsos positivos” y la terrorífica “Operación Orión[7]” en Medellín, ordenada por Uribe, supervisada por la ministra civil de defensa, Martha Lucía Ramírez, hoy Vicepresidenta y ejecutada por el general Mario Montoya, hasta llegar a nuestros días con la flamante política de “Paz con legalidad”, que ya deja más de 300 líderes sociales asesinados[8], 91 masacres[9] el año pasado y 251 reincorporados de la FARC[10] ultimados. Lo anterior, como certeramente lo consignó Jiménez Gómez, ha convertido en endémico “el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”, vale decir, un tratamiento igual al ejecutado en el Palacio de Justicia: criminal, terrorífico y políticamente impune, que incluso eleva a sus determinadores a la categoría de estadistas y a sus ejecutores a héroes de la Patria, mientras desconoce y condena al olvido a sus innumerables víctimas y a quienes defienden sus derechos y dignidad, como lo hizo el doctor Carlos Jiménez Gómez desde la Procuraduría General de la Nación. En la próxima entrega, referiré su postura como Procurador ante el Tratado de Extradición y la guerra contra el narcotráfico, donde fue no sólo incomprendido sino también tergiversado, abandonado por Belisario Betancur que lo comisionó a Panamá para atender una propuesta de entrega de los Extraditables e injustamente calumniado, precisamente por su independencia y a la vez lealtad personal con Belisario.