Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política

Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política

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La reacción del senador Uribe ante la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia por la presunta manipulación de testigos vuelve a mostrar la peor cara de un sistema donde los presidentes no rinden cuentas, los ciudadanos no vigilan y los políticos quedan impunes.

Hernando Llano Ángel*

Uribe investigado

El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el ex presidente Álvaro Uribe por “su presunta participación en la manipulación de testigos”.

Según la Corte, Uribe habría intervenido las declaraciones de testigos para acusar al senador del Polo democrático Iván Cepeda de conformar un cartel de falsos testigos y desprestigiar su labor como congresista. Por lo anterior, la Corte también archivó la investigación contra Iván Cepeda.

Alergia a rendir cuentas

Palacio de Justicia.   Foto:  Instituto Distrital de Turismo

Denuncias e investigaciones como esa son apenas lógicas en época electoral. Lo inusual es que los aspirantes a cargos públicos respondan airadamente cuando se analiza su responsabilidad en el desempeño de sus funciones, hasta el punto de descalificar todo examen de su pasado en la vida pública afirmando ser víctimas de una “persecución política”.

Ese tipo de reacciones desconoce que la primera característica de la responsabilidad política es precisamente la obligación de rendir cuentas sobre sus acciones y omisiones en el desempeño de un cargo. Es decir cumplir con el artículo 6 de nuestra Constitución:

“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Si cada aspirante a un cargo público rindiera cuentas sobre la forma como cumplió sus funciones constitucionales y legales en los cargos que ocupó en el pasado, los ciudadanos podrían tomar la decisión responsable de reelegirlo o de sancionarlo.

Portales web como el de Congreso Visible ya permiten ejercer esta vigilancia ciudadana, y toda persona responsable debería hacerlo. Si tal responsabilidad ciudadana se ejerciera, con absoluta seguridad depuraríamos el Congreso de muchos impostores de la voluntad general y quizá cobraría vigencia el artículo 133 de la Carta:

“Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

Cuando los gatos se van…

Pero tal depuración de Congreso no acontece, porque no somos ciudadanos políticamente responsables y carecemos, casi por completo, de la noción de lo público, pues hemos crecido con la idea de que el Estado es un botín al servicio de los políticos.

Muchos ciudadanos todavía piensan que el poder es de los políticos y, lo que es peor, la mayoría de los políticos están convencidos de que el poder les pertenece.

Sin veeduría ciudadana los políticos hacen parranda, pues no se sienten responsables ante sus electores. Así lo demostraron los congresistas de la pasada legislatura, cuando en una expresión de máxima mezquindad política e insensibilidad moral, negaron la creación de las dieciséis circunscripciones transitorias de paz para las víctimas del conflicto armado.

Si cada aspirante a un cargo público rindiera cuentas, los ciudadanos podrían tomar la decisión responsable de reelegirlo o sancionarlo.

Para los congresistas que bloquearon dicha posibilidad, las curules supuestamente serían ocupadas por miembros de las FARC, cuando en la reglamentación de ese punto quedó expresamente prohibida la postulación de cualquier miembro de la desaparecida organización.

Este revelador y vergonzoso pasaje de la política nacional nos demuestra una vez más que en su estrecho horizonte de perpetuarse en sus curules, los opositores de los acuerdos no están trabajando por la paz.

Y no sólo por la negación de la existencia de las víctimas y su derecho político a serles reconocida oportunamente su plena ciudadanía, sino porque así se cierra la posibilidad de que seamos algún día una comunidad reconciliada, donde las víctimas y los victimarios se sienten al lado y se reconozcan como ciudadanos que han desistido de la violencia.

Sangre e impunidad

Senador Iván Cepeda.  Foto: Senado de la República

Pero tal como se están desarrollando las campañas electorales, todo indica que vamos a insistir en una polarización que bien podría perpetuar la violencia.

Según informe de la Misión de Observación Electoral, “durante la campaña política 62 líderes han sido víctimas de la violencia. Desde el 11 de diciembre de 2107, 31 fueron asesinados, 11 sufrieron atentados y 20 han recibido amenazas”.

Se está reeditando la pesadilla sangrienta de la eliminación de la UP, que también se construyó sobre una montaña insostenible de impunidad política.

Según un informe de la Fiscalía General y el Vicepresidente de la República, el general (r) Óscar  Naranjo, “hay 12 casos de familiares de excombatientes que han sido asesinados, hay 28 casos de excombatientes y hay 10 casos de líderes sociales asociados al partido de la FARC que han sido asesinados en los últimos meses”, para un total de 50 víctimas mortales.

A este panorama se suma el sabotaje persistente de las manifestaciones públicas de la FARC, que la llevó a suspender sus actividades proselitistas.

Por lo tanto se está reeditando la pesadilla de la eliminación de la Unión Patriótica, que también se construyó sobre una montaña insostenible de impunidad política.

Recordemos que la violenta toma y retoma del Palacio de Justicia y la destrucción de su sede desembocó en la incineración y desaparición de las investigaciones más importantes: un antecedente que nos alerta sobre el peligro de que los políticos le hagan el quite a la justicia.

Impunidad presidencial

Expresidente de Colombia, Belisario Betancur.   Foto: Señal Memoria

Por los hechos del 7 de noviembre de 1985, el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, presentó una denuncia ante la Cámara de Representantes contra Belisario Betancur y su ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe. La investigación fue archivada por la Comisión de Acusaciones “por ser, repetimos, un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien solo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa”.

Con Uribe gobernador, los grupos paramilitares dejaron la macabra estela de 939 víctimas mortales en ese Departamento.

Desde entonces la total indiferencia ante la violencia política se convirtió en otro “típico acto de gobierno”. Los presidentes hicieron poco o nada para detener los gravísimos hechos que siguieron al Palacio de Justicia: la aniquilación de la Unión Patriótica y de su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal.

Luego, la violencia ejercida por el mismo Estado fue otro “típico acto de gobierno”: César Gaviria dio el consentimiento tácito para que los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) cazaran y dieran de baja al “patrón”.

La violencia mutó y se convirtió en un apéndice paraestatal con la creación de las Convivir, promovidas con tanto entusiasmo por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe.

Con Uribe gobernador, los grupos paramilitares dejaron la macabra estela de 939 víctimas mortales en ese Departamento:

• En su primer año como gobernador se produjeron 143 asesinatos;
• En el segundo se duplicó esta cifra, con 357 asesinatos;
• Y cerró con un broche de sangre de 439 víctimas.

Al respecto, el ex comandante paramilitar Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, afirmó sobre las afinidades políticas de Carlos Castaño con Uribe:

“Cuando aparece Uribe con ese discurso, Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo vi muchas veces reunido con él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos. 

— ¿En qué sentido?

— Recogía ese ideal de la autodefensa, que había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones”.

Lo acontecido antes es historia conocida:

• La presidencia de Samper y el proceso 8.000;
• El acuerdo preelectoral de Andrés Pastrana con las FARC para cambiar votos por el Caguán;
• Y las dos administraciones de Uribe, donde se logra la desmovilización de las AUC, pero al precio de una impunidad mucho mayor que la que ahora critica con acidez el señor expresidente. Como señala el informe ¡Basta Ya!, los grupos paramilitares cometieron 1.166 masacres y 8.903 asesinatos selectivos, lo que no afectó el proceso de aplicación de la Ley 975, no obstante ser un requisito sine qua non para acogerse y beneficiarse de ella.

En suma, todos los recientes presidentes de la República, desde Belisario Betancur hasta Santos, han gozado del beneficio de la impunidad política. Esa impunidad tiene asidero, justamente, en la falta de responsabilidad política ciudadana y en el rechazo de los gobernantes a la simple idea de rendir cuentas. Ya lo decía lúcida y cínicamente Sartre: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”.

La reacción de Uribe a esta última investigación de la Corte Suprema de Justicia es un ejemplo más del poder que se arrogan los mandatarios y de una larga tradición de impunidad presidencial.

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.

Irresponsabilidad ciudadana e impunidad política histórica.

 IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA CIUDADANA E IMPUNIDAD POLÍTICA HISTÓRICA

Hernando Llano Ángel

Es apenas lógico que en época electoral irrumpan denuncias e investigaciones sobre el pasado político y las ejecutorias en la gestión pública de los candidatos que aspiran alcanzar curules en los cuerpos representativos o regentar el destino de la Nación desde la Presidencia de la República.  Lo que es inusual es que dichos aspirantes tengan prevenciones e incluso respondan airadamente, cuando se escruta y analiza su responsabilidad en el desempeño de la función pública. Incluso algunos descalifican todo examen de su pasado en la vida pública, con el argumento de ser víctimas de una implacable e injuriosa persecución política. Desconocen así que la primera característica de la responsabilidad política es precisamente la obligación pública de rendir cuentas sobre sus acciones y omisiones en el desempeño de un cargo público. Es decir,  cumplir simplemente el artículo 6 de nuestra Constitución: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. A partir de allí, para el caso de los congresistas que aspiran a la reelección, bastaría someterlos a una rendición de cuentas sobre la forma como cumplieron sus funciones constitucionales y legales. Así, cada ciudadano tomaría la decisión responsable de reelegirlo o sancionarlo, según el examen objetivo y riguroso de su cumplimiento o incumplimiento, por “omisión o extralimitación” de sus funciones. La información está disponible en Congreso Visible: http://www.congresovisible.org/ y todo ciudadano responsable debería hacerlo. Si tal responsabilidad ciudadana se ejerciera, con absoluta seguridad depuraríamos el Congreso de muchos impostores de la voluntad general y quizá cobraría vigencia el artículo 133 de la Carta: “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

Irresponsabilidad Ciudadana

Pero tal depuración del Congreso no acontece, porque no somos ciudadanos políticamente responsables y carecemos, casi por completo, de la noción de lo público, pues hemos crecido con la idea de que es un botín al servicio de los políticos. Incluso muchos ciudadanos todavía piensan que el poder es de los políticos y, lo que es peor, la mayoría de los políticos están convencidos que el poder es de ellos. Así lo demostraron en la pasada legislatura, cuando en una expresión de máxima mezquindad política e insensibilidad moral, negaron la creación de las 16 circunscripciones transitorias de paz para las víctimas del conflicto armado interno, a las cuales aspiran numerosas víctimas de las FARC-EP, de los grupos paramilitares y de agentes del Estado, como se puede constatar en esta información del diario El Espectador: “Las víctimas que quieren llegar al Congreso”(https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/las-victimas-que-quieren-llegar-al-congreso-articulo-739228).

Para los congresistas que bloquearon dicha posibilidad, consignada en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón entre el Estado y las FARC-EP, dichas curules supuestamente serían ocupadas por miembros de las FARC-EP, cuando en la reglamentación de ese punto quedó expresamente prohibida la postulación de cualquier miembro de dicha desaparecida organización --cuyo listado completo lo tiene el Gobierno-- atendiendo la propuesta de los mismos miembros de la oposición, que no obstante en la votación final decidieron hundirla. Este revelador y vergonzoso pasaje de la oposición nos demuestra, una vez más que, en su estrecho horizonte de perpetuarse en sus curules, no existe la paz. No sólo por la negación de la existencia de las víctimas y su derecho político a serles reconocida oportunamente su plena ciudadanía, sino sobre todo porque así difícilmente podremos llegar a ser algún día una comunidad política nacional, reconciliada, al no permitirse que estén en un mismo recinto las víctimas y sus victimarios, reconociéndose y tratándose como ciudadanos que han desistido de seguir eliminándose físicamente entre ellos.

Campaña sangrienta e impune

Pero tal como se están desarrollando las actuales campañas electorales, todo parece indicar que vamos a continuar en esa polarización sangrienta. Según informe de la Misión de Observación Electoral, “durante la campaña política 62 líderes han sido víctimas de la violencia. Desde el 11 de diciembre de 2107, 31 fueron asesinados, 11 sufrieron atentados y 20 han recibido amenazas” https://colombia2020.elespectador.com/politica/violencia-contra-lideres-politicos-y-sociales-se-disparo-en-epoca-electoral.  Es más, según informe de la misma Fiscalía General de la Nación y del Vicepresidente de la República, general (r) Óscar  Naranjo, “hay 12 casos de familiares de excombatientes que han sido asesinados, hay 28 casos de excombatientes y hay 10 casos de líderes sociales asociados al partido de la Farc que han sido asesinados en los últimos meses”, para un total de 50 víctimas mortales https://www.elespectador.com/noticias/politica/fiscalia-ha-registrado-50-asesinatos-contra-miembros-de-las-farc-articulo-738005. Este panorama, sumado al sabotaje persistente de toda manifestación pública de la Farc, que la llevo a suspender sus actividades proselitistas, está reeditando la pesadilla sangrienta de la eliminación de la Unión Patriótica, acumulando un peso de impunidad política insostenible, cuyo origen mediato puede encontrarse en la incineración y desaparición de la Justicia, con la violenta toma por parte del M-19 y la destrucción física de su sede, el Palacio de Justicia, por el despliegue incontenible e incontrolable de la Fuerza Pública --según la expresión del entonces coronel Alfonso Plazas Vega-- en “defensa de la democracia”.

La impunidad palaciega

No obstante, esa misma noche del 7 de noviembre de 1985, todavía con los restos humeantes del Palacio, el presidente Belisario Betancur asumió toda la responsabilidad política de los hechos, como constitucionalmente le correspondía. Responsabilidad por la cual el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en un informe pionero en la defensa de las víctimas y la prevalencia del Derecho Internacional Humanitario, presentó denuncia a la Cámara de Representantes contra  Belisario y su ministro de defensa, general Miguel Vega Uribe, la cual fue archivada por la Comisión de Acusaciones con la firma de los liberales Horacio Serpa Uribe, Carlos Mauro Hoyos y el conservador Darío Alberto Ordoñez Ortega, “por ser, repetimos, un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien sólo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa. […] Proponemos: Declarase que no hay lugar a intentar acusación ante el Senado de la República contra el Presidente Doctor Belisario Betancur Cuartas y su Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe” (Jiménez, 1986, pp. 322-324). Desde entonces la agudización de esa violencia política se convirtió, por omisión en un típico acto de gobierno, como lo demostraron los gravísimos hechos que siguieron al Palacio de Justicia: la aniquilación de la Unión Patriótica y su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, bajo la presidencia de Virgilio Barco. Pero también por acción, luego de la creación de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) con la anuencia tácita de César Gaviria para cazar y dar de baja al “patrón” y  la rápida mutación de esta violencia en apéndice paraestatal con las Convivir. Cooperativas tan entusiastamente promovidas por el entonces gobernador de Antioquia (1995-1997), Álvaro Uribe Vélez, bajo cuya administración los grupos paramilitares dejaron la macabra estela de 939 víctimas mortales en ese Departamento, que comienza en su primer año de Gobernador con 143 asesinatos, en el segundo supera el doble, con 357 y cierra con un broche de sangre de 439 víctimas[1].  Al respecto, decía el ex comandante paramilitar Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, hablando sobre las afinidades políticas de Carlos Castaño con Uribe: “Cuando aparece Uribe con ese discurso, Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo vi muchas veces reunido con él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos.  ¿En qué sentido?  Recogía ese ideal de la autodefensa, que había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones”[2]. Lo acontecido antes, es historia conocida: la presidencia de Samper y el proceso 8.000; el acuerdo preelectoral de Andrés Pastrana con las FARC, cambiando votos por el Caguán y posteriormente las dos administraciones de Uribe, donde se logra la desmovilización y el desarme de las AUC, pero bajo el precio de una impunidad mucho mayor de la que tanto se opone a la concedida a la FARC, pues como lo menciona el informe BASTA YA,  los grupos paramilitares cometieron  1.166 masacres y 8.903 asesinatos selectivos, lo cual no afectó el proceso de aplicación de la Ley 975, no obstante ser un requisito sine qua non para acogerse y beneficiarse de ella la suspensión de toda acción criminal. En conclusión, todos los recientes presidentes de la República, desde Belisario hasta Santos, han gozado del beneficio de la impunidad política. Razón tenía Sartre: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”, debido justamente a la falta de responsabilidad política ciudadana o, quizá, lo que es peor, a la tolerancia con los crímenes de los gobernantes por pura conveniencia personal o el lastre mortal de los odios compartidos.

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[1] - Ver www.cinep.org.co en cuadro Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia. Banco de da datos de Derechos Humanos y violencia política 2004. Ejecuciones extrajudiciales. (1988-2003).

[2] - - El Espectador, Domingo 22 de Agosto de 2009, p 4.

De violencias públicas y violadores innombrables.

DE VIOLENCIAS PÚBLICAS Y VIOLADORES INNOMBRABLES

Hernando Llano Ángel

El aspecto más significativo y preocupante de la confesión pública de la periodista Claudia Morales es haber sido violada por un hombre tan poderoso que le resulta innombrable. A lo anterior, se suma que desista de identificarlo por razones de seguridad personal y  familiar y no lo denuncie judicialmente, pues no tiene ni una sola prueba para incriminarlo, fuera de la memoria de su doloroso ultraje. Su violador, pues, no es sólo innombrable sino también intocable e inimputable y se encuentra a salvo de toda jurisdicción. Hasta la fecha, está por fuera y por encima de la ley. Por eso dicha violación ha dejado de ser un asunto personal e íntimo y se ha convertido en mucho más que un escándalo público, es la expresión infamante de la total impunidad de un poderoso innombrable. Y en tanto el innombrable --hasta ahora inimputable e intocable-- es un protagonista de primer orden de la vida política nacional, según la víctima: “un hombre relevante de la vida nacional”, la sordidez de su violación en un cuarto de hotel ha dejado de ser un asunto íntimo y ha irrumpido en el escenario político de la campaña electoral del Centro Democrático.

De un cuarto de hotel a un cuartel electoral

Por ello y puesto que “hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”, como suele suceder con todo intocable, el primero en responder públicamente fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez –con quien trabajó la periodista para la época de los hechos-- en los siguientes términos:

“Omito comentar sobre el burdo ataque político, he sido decente con las mujeres a lo largo de mi vida. Nuestra oficina de prensa debe publicar viajes presidenciales en cuya comitiva estuvo la señora, nombre de las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus obligaciones”, según su trino del 24 de enero. 

Respuesta curiosa, pues en ella ya aparece el expresidente convertido en víctima de “un burdo ataque político” y se refiere despectivamente y con poca consideración --por no decir falta de decencia y caballerosidad-- a quién fuera víctima con el sustantivo general y universal de esa “señora”, invisibilizandola. Por último, ladinamente descarga la responsabilidad en “las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus obligaciones”, después de reconocer que esa “señora” lo acompañó en la “comitiva de viajes presidenciales”.  ¿Por qué esa descortesía de negar hasta el nombre y la identidad de la víctima, más aún cuando ella hizo parte de la comitiva oficial en varios viajes presidenciales y se desempeñó como jefa de prensa internacional? ¿Por qué no deplorar y condenar lo sucedido, así fuera por elemental cortesía y decencia de caballero, más aún cuando fue completamente ajeno a lo acontecido?

Aquí lo público es privado y viceversa

Quizá la respuesta se encuentre en que para el expresidente Uribe resulta muy difícil discernir los límites que separan lo privado, personal y familiar de lo público y lo estatal. Así lo expresa claramente en el punto 100, el último de su célebre “Manifiesto Democrático” (MD): “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”. Sin duda, sus propios hijos fueron los primeros compatriotas, al ser legalmente beneficiados con la creación de la Zona Franca  de Occidente en el municipio de Mosquera http://www.semana.com/opinion/articulo/sobrados-lote/102175-3.

Es también comprensible que de allí provenga su imposibilidad de reconocer políticamente a las FARC, pues las sindica de ser responsables del asesinato de su padre. Por lo tanto, es imperioso que deban ir primero a la cárcel antes que al Congreso. De esta forma parece empeñado en prolongar un sufrimiento personal y familiar – para él imposible de olvidar y perdonar- en una interminable pesadilla nacional.  Incluso en el punto 17 del MD, referido a la administración de lo público, resalta que “las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad”, ingeniosa metáfora que no le impidió liquidar el Seguro Social y privatizar totalmente el derecho a la salud pública de sus compatriotas, entregándola a la codicia y la corrupción de las EPS. Lo más irónico es que en el mismo punto había advertido: “Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar”. En este caso cabe reconocerle que, como buen politiquero y culebrero, convirtió el cuento en realidad y de paso cometió un “delito de lesa comunidad” con absoluta impunidad: corrompió por completo la salud pública http://www.semana.com/nacion/articulo/desfalco-de-salucoop/365644-.

Lo público bajo mi voluntad

Resulta, pues, evidente la asimilación y subordinación de lo público a la voluntad personal y paternal del entonces presidente Uribe, todo ello realizado con la mejor intención, pues su propósito fue convertir a Colombia en “una Nación con conciencia ética para que todos nos preocupemos de no hacer daño al prójimo con nuestro comportamiento” (Punto 99 del MD).  Y con tal intención ética promovió y ejecutó exitosamente la “seguridad democrática”, con sus miles de falsos positivos, consecuencia de la Directiva 029 del ministerio de defensa, http://www.semana.com/nacion/articulo/soldados-que-se-negaron-a-cometer-un-falso-positivo/554942 .

Convirtió el DAS en una agencia de seguridad personal y no nacional, desde la cual se promovieron asesinatos como los del profesor Alfredo Correa de Andréis https://www.elespectador.com/noticias/judicial/40-anos-de-prision-para-exsubdirector-del-das-por-asesinato-de-correa-de-andreis-articulo-712922  y Jaime Garzón http://www.elcolombiano.com/colombia/ejercito-y-das-participaron-en-crimen-de-jaime-garzon-fiscalia-DC3730173,  entre muchos otros.

Se intervinieron ilegalmente los teléfonos de los periodistas y se realizó una vigilancia extrema sobre la vida familiar y privada de Daniel Coronell y Hollman Morris, entre los más conocidos  http://caracol.com.co/radio/2016/07/29/nacional/1469813945_573282.html. Se espió y estigmatizó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus investigaciones que depuraron parcialmente a la política del crimen, condenando cerca de 60 congresistas por la llamada “parapolítica”http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-adelanta-519-investicaciones-por-parapolitica-y-bacrimpolitica/470010. Y, por último,  violó casi con total impunidad la Constitución de 1991, al cambiar un “articulito”, por el cual fueron condenados por cohecho sus ministros del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt https://www.elespectador.com/noticias/judicial/sabas-pretelt-de-ministro-estrella-carcel-articulo-555148 y de Salud, Diego Palacios https://www.elespectador.com/noticias/judicial/diego-palacio-confirma-que-si-compro-reeleccion-de-uribe-articulo-687774, además de los excongresitas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenados-yidispolitica-articulo-555143.

La violación de la vida pública

Es decir, asistimos a una violación pública de nuestra ciudadanía y derechos, de la vida política y sus principales instituciones, en nombre de la “seguridad democrática”, como una respuesta estatal a las innumerables y atroces violaciones que en nombre de la “justicia social y la revolución”, durante cerca de 50 años, cometieron las FARC-EP y hoy continúa perpetrando criminalmente el ELN, supuestamente en “defensa” de la sociedad civil y la soberanía nacional de nuestros recursos naturales. Y pese a la dimensión pública de todo lo anterior, todavía hoy parece imposible identificar plenamente a los principales violadores, responsables de tanta ignominia.

Incluso hay quienes señalan que la víctima, en este caso llámese ciudadanía o sociedad civil, no opuso resistencia y se doblegó resignadamente ante sus “verdugos salvadores”, tal como algunos mezquinamente juzgan la reacción de Claudia Morales ante su innombrable, prepotente e impune violador. Lo más grave de esa violencia sistemática de todos los actores protagónicos del conflicto armado, con su secuela indescriptible de violaciones y crímenes contra la población civil inerme (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html) ,  es que terminó atrofiando la sensibilidad, sensatez y capacidad de reacción de la misma víctima. Así aconteció en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 cuando se abstuvo el 62% de la ciudadanía y ganaron quienes votaron por el “NO” al Acuerdo de Paz, a la búsqueda de la verdad y de los  principales responsables de tantas violaciones, públicas y privadas. Dilapidamos, entonces, una oportunidad histórica para dejar sin justificación y legitimidad alguna la presencia de la violencia en la vida política nacional y el protagonismo impune de todos sus violadores, sean ellos de derecha o de izquierda, institucionales, subversivos, parainstitucionales, conocidos o innombrables.

La hora de la verdad

Pero todo parece indicar que las cosas están cambiando, gracias al valor de muchas mujeres que hoy empiezan a revelar como su cuerpo fue un campo de batalla horadado por esos “valientes guerreros”, de uno y otro bando, según sus testimonios en el libro “La guerra inscrita en el cuerpo” (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo), publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Denuncias que seguramente encontrarán eco en la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Violaciones y atrocidades que también deberán revelar sus perpetradores ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sean ellos guerrilleros, militares, civiles o paramilitares. Así iremos reconociendo la realidad brutal y la verdadera identidad de nuestra innombrable “democracia”, la más estable y profunda de América Latina (http://www.publico.es/internacional/colombia-abre-mayor-fosa-comun.html ), la (in)civilidad de sus gobernantes, defensores, promotores y opositores armados.  El hilo de sangre que recorre y anega la memoria de nuestra nación parece estar a punto de reventarse y revelarnos una verdad dolorosa y liberadora, la de una sociedad y sus valientes mujeres que repudian a sus violadores y ya no está dispuesta a continuar cohabitando con ellos. En estas elecciones de marzo y junio tendremos una nueva oportunidad para demostrarlo, pero serán necesarias varias generaciones para identificarlos y liberarnos totalmente de ellos en nuestra vida pública y privada.