lunes, junio 08, 2026

NO A LA POLARIZACIÓN, SÍ A LA CONSTITUCIÓN Y LA SELECCIÓN COLOMBIA

 

NO A LA POLARIZACIÓN, SÍ A LA CONSTITUCIÓN Y LA SELECCIÓN COLOMBIA

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/no-a-la-polarizacion-si-a-la-constitucion-y-la-seleccion-colombia/

 

Hernando Llano Ángel.

Todos los días escuchamos, por todos los medios de comunicación, desde el amanecer hasta el anochecer, como una verdad irrefutable e incuestionable, que los colombianos estamos profundamente polarizados. Que esa polarización es consecuencia de las campañas políticas de Abelardo y Cepeda, que han logrado dividirnos en polos antagónicos e irreconciliables. Lo insólito es que todavía no conocemos exactamente los asuntos y motivos que nos dividen en forma tan aguda. Solo podremos conocerlos cuando cesa la tergiversación, el barullo de las redes sociales con su desinformación y las opiniones de numerosos periodistas sesgados y ambos candidatos debatan en público, con argumentos y propuestas, antes del 21 de junio. Siempre y cuando sean capaces de hacerlo más allá de la descalificación personal y sin apelar a los prejuicios y rencores de sus millones de seguidores. Pero si no lo hacen pronto, corremos el riesgo de llegar incluso divididos al mundial de fútbol, pues ambas partes ya se disputan el uniforme de la Selección y están acabando así con el único y máximo símbolo de unidad nacional, la Selección. Algo deplorable y censurable. Justamente para evitarlo, la legislación electoral prohíbe que los símbolos patrios, como la bandera y el escudo, se los apropien partidos políticos y sus candidatos durante las campañas electorales. La Nación no puede ser propiedad o pieza publicitaria de un candidato, mucho menos si lo hace bajo consignas patrioteras, porque esa sí es una peligrosa estrategia de polarización, ya que quienes no estén con él o su partido serían considerados apátridas y carecerían de derechos, todo lo contrario de lo que demanda y presupone la existencia de una democracia. Por eso es un despropósito hacer del uniforme de la selección nacional una pieza de proselitismo y campaña electoral, pues si algo necesitan nuestros jugadores en el mundial es el respaldo de todos los colombianos. Sus victorias no pueden ser reivindicadas por ninguna bandería partidista. La selección es Nacional, de todos y todas, no de un candidato, sus prosélitos y votantes.

Las elecciones y la Selección

Y lamentablemente ya hemos llegado a tal extremo. De trasladarse semejante división al interior de los jugadores de la Selección, serán eliminados en la primera ronda del mundial, probablemente con autogoles, pues ya no serán un equipo sino 11 en disputa de ser el mejor jugador y harán un espectáculo deplorable. Su juego será deslucido y rastrero, como sucede en las campañas políticas, con sus líderes enfrentados, cada uno tratando de eliminar al otro y vencerlo, con jugaditas más o menos sucias, para luego sus seguidores vanagloriarse y como vulgares hinchas humillar y provocar a los vencidos. Si esto llega a suceder el próximo 21 de junio, toda Colombia perdería, no solo por el jolgorio de los ganadores y la frustración de los derrotados, que probablemente se expresará en las calles, sino porque durante los próximos 4 años difícilmente quien sea presidente podrá simbolizar la unidad nacional. Será un presidente que gobernará en primer lugar para su fanaticada y sus intereses, que lo eligió rabiosamente contra el resto de los colombianos. Estará tentado a cobrar revancha en lugar de gobernar para todos los colombianos y colombianas, como exige la Constitución. La cancha de la gobernabilidad, sus decisiones y beneficios serán para los ganadores y el resto quedará por fuera. Serán cuatro años de un juego de suma cero, contra casi la otra mitad de colombianos perdedores. Y si a ese hipotético escenario se suma una derrota de la selección frente a Uzbequistán el 17 de junio, estaríamos doblemente eliminados. Primero en el terreno de la convivencia política y luego de las canchas del mundial de fútbol. La única forma de evitar que sucedan esos desenlaces es tomándonos en serio ambos juegos, respetando las reglas de ambas actividades y jugando limpio, aceptando los resultados y respetando la integridad de todos los jugadores. En la política, permitiendo que los ciudadanos voten libremente y a conciencia, sin intimidarlos con las armas o infundiéndoles miedos y odios, pregonando catástrofes infundadas si el adversario llega a ganar o prometiendo milagros si se es favorecido en las urnas. Si se juega con semejantes artimañas, se estimulará peligrosamente la polarización, tanto durante la campaña y mucho más desde el gobierno, cuando en lugar de milagros lo que habrá será mayor frustración y desesperación por su no realización. Con mayor razón cuando esos milagros se anuncian que tendrán lugar en 9 meses, plazo en el que Abelardo dice acabará con el narcotráfico y la Coca en el país, superando así no solo a la “Paz Total”, sino todos los esfuerzos de los anteriores presidentes por poner fin al conflicto armado desde hace más de 50 años. Suena muy parecido a Trump y su inverosímil meta de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Entonces no tendríamos una “Patria Milagro” sino una Nación malograda, más dividida y fragmentada. Pero no especulemos a mediano plazo sino en el inmediato y preguntémonos si nuestra Selección no le gana a Uzbequistán el próximo 17 de junio y es eliminada en primera ronda ¿Con qué animo saldrían millones a votar con la camiseta de la selección?

Entre la Política y el Fútbol

La política, desde luego, es más importante que el fútbol. Es el juego del poder, el que nos afecta a todos, para bien o para mal, y nadie puede eludirla o ponerse a salvo de sus consecuencias. Nos define desde la cuna hasta la tumba. Es el picado de la vida, donde millones están casi que eliminados por el lugar donde nacen, que les marca sus oportunidades para llevar una vida decorosa u oprobiosa, en dónde vivirán y hasta cómo y cuándo morirán. Por esa sencilla razón nadie puede ser apolítico. Y quienes se precian de serlo y repudian a todos los políticos por corruptos y tramposos, terminan votando por outsiders que se aprovechan de su ingenuidad. Dichos Outsiders una vez electos suelen ser todavía peores que los políticos anteriores, ya que convierten el Estado y las instituciones públicas en sucursales de sus negocios familiares y de sus socios corporativos, con el pretexto de trasladar su éxito empresarial al sector público, como hizo Trump con Elon Musk y actualmente con su yerno, todo bajo el pretexto de America First y la grandeza de MAGA. Lo mismo hace Milei en Argentina con su hermana y por eso más de uno de sus ministros y asesores han estado envueltos en escándalos de corrupción. Todo eso sucede porque estos outsiders que, hábilmente se proyectan en sus campañas como antipolíticos y exitosos empresarios, pregonan que la ley nada tiene que ver con la ética y mucho menos el Estado con la justicia social, pues todo depende de la competencia en el mercado, de la vanagloriada libertad personal y de la supuesta meritocracia para triunfar. Semejantes cuentos los utilizan para subordinar en su toma de decisiones lo público a lo privado. Es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que es consubstancial a la democracia y el Estado Social de derecho, la protección y defensa de los derechos fundamentales de todas las personas y la prevalencia del interés general sobre el particular.

Contra la polarización, cumplir la Constitución

En nuestro caso, el artículo 1 define a Colombia como un Estado Social de derecho “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En otras palabras, la Constitución es el campo de juego de la política, determina los límites y competencias de los gobernantes, sus funciones, relaciones con los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. Por eso, nada mejor para evitar la polarización que cumplir la Constitución, empezando obviamente por quienes aspiran a los más altos cargos, como la Presidencia de la República y el Congreso. Si la cumplen cabalmente y no abusan de ella, interpretándola y aplicándola para favorecer a sus copartidarios, patrocinadores y socios, no habrá lugar a polarización social o política alguna. Pero si hacen lo contrario, obviamente la polarización será inevitable, pues cuando esos gobernantes en lugar de “promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, como lo ordena su artículo 13, se dedican desde la Presidencia y el Congreso a favorecer intereses minoritarios a través de incentivos y subsidios públicos, entonces es como ganar un partido en el mundial con la ayuda del árbitro, anotando goles fuera de lugar y hasta con la “mano de Dios”, como lo hizo Maradona contra Inglaterra en México en el mundial de 1986. En esos casos habrá posibilidades de mucha más polarización si la dignidad humana es desconocida en función del género al que se pertenece y se tiene actitudes misóginas y homofóbicas, pero sobre todo cuando no se adoptan medidas a favor de grupos discriminados o marginados y sí de minorías privilegiadas. Por eso no hay mejor antídoto contra la polarización que cumplir la Constitución, no solo por parte de los gobernantes, sino también de todos nosotros, como ciudadanos. De allí que Jürgen Habermas afirmará que el único patriotismo y nacionalismo que se debe estimular es el constitucional.

Patriotismo constitucional

Y nuestra Carta lo hace muy bien en dos artículos. El 22 que nos dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, por lo cual es un sinsentido afirmar que solo con la guerra y más “héroes de la patria” es posible alcanzarla y para ello estimular una atmósfera de confrontación con tigres que supuestamente devorarán a los “corruptos” y, todavía peor, “destriparán” a quienes sean de “izquierda”, considerados enemigos de la Patria. Todo lo contrario prescribe el artículo 95 que, entre los nueve deberes que enaltecen nuestra condición de colombianos, destaca los siguientes como esenciales: 1- “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”; 4- “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”; 6- “propender por el logro y mantenimiento de la paz”; 8- “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” y 9- “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”. En conclusión, para no caer en la polarización, bastaría que todos cumpliéramos la Constitución, empezando por quien resulte electo presidente el próximo 21 de junio. Por eso carece de sentido promover otra Asamblea Constituyente si aún estamos en mora de cumplir artículos como el citado. Lo que necesitamos con urgencia es una gobernabilidad democrática constituyente, en lugar de inciertos procesos y asambleas constituyentes que apelan a un fantasmagórico poder popular constituyente, cuyas reivindicaciones y justas aspiraciones sociales solo podrán ser realizados con programas y políticas públicas concertadas entre todos los intereses económicos y sociales relevantes. Empezando con los intereses y las reivindicaciones más dispersas e inorgánicas de la economía informal y popular hasta los más robustos y poderosos de las grandes empresas, teniendo como horizonte el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, en lugar de su desmantelamiento.

Por el cumplimiento de la Constitución

Por eso es una buena noticia que el candidato Iván Cepeda haya desistido de la aventura constituyente y se concentre en el desarrollo y cumplimiento en la vida real de la Constitución nominal que tenemos. Si lo hace con coherencia y sin exclusiones o hegemonismo partidista, ya no habrá espacio alguno para la polarización política y social en tanto todos los colombianos nos sentimos reflejados y protegidos por la Constitución, siempre y cuando  se cumplan sus principios y valores democráticos enunciados desde su preámbulo: “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.  Una integración hoy amenazada por la estrategia de Trump y su “Escudo de las Américas”, diseñado en función de MAGA y AMERICA FIRST, que desconoce nuestras prioridades como subcontinente, desde México hasta la Patagonia, como son la paz, la conservación y explotación de nuestras riquezas y portentosa biodiversidad, junto a la pluralidad étnica de nuestras identidades y numerosos pueblos del SUR en busca de mayor justicia social y autodeterminación política colectiva.

 

 

COLOMBIA, MÁS ALLÁ DE VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS.

 

 

COLOMBIA, MÁS ALLÁ DE VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS (I)

 (Artículo publicado el 2 de junio en EL PAÍS, el periódico global, sección AMÉRICA-COLOMBIA)

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/colombia-mas-alla-de-victimas-y-victimarios-i/

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-03/colombia-mas-alla-de-victimas-y-victimarios-i.html

Hernando Llano Ángel.

Conocidos los resultados de la votación del pasado domingo y la próxima definición de la presidencia de la República entre Abelardo y Cepeda en tres semanas, el 21 de junio, todos los colombianos nos encontramos frente a una encrucijada histórica. La de avanzar hacia una democracia ciudadana, decidida a dejar atrás la división y confrontación inmemorial entre víctimas y victimarios o, por el contrario, seguir profundizándola bajo dos banderas que hasta ahora han sido irreconciliables en nuestra violenta historia política.

Más allá de banderías irreconciliables

La bandera de la extrema derecha, hoy enarbolada por Abelardo con la parafernalia feroz de su tigre, su saludo militar y su grito autoritario de “firmes por la Patria”. Sin duda, es una bandera que logra ocultar bien la defensa de un establecimiento profundamente inicuo y discriminatorio, que también arropa el comprensible miedo de millones de electores que sufren cotidianamente el asedio de la inseguridad y la violencia. A esa bandera, se suma ahora la efectista y mentirosa fantasmagoría de Uribe augurando una futura Colombia a semejanza de la Venezuela chavista si se vota por Cepeda, eco de su vulgar y fracasada profecía de las “FAR” en la presidencia de la República si se aprobaba el Acuerdo de Paz en 2016. De otra parte, Cepeda en la izquierda iza la bandera de la justicia y la continuidad de reformas sociales estructurales inaplazables, dejadas a medio camino por el “Gobierno del Cambio”, dada la feroz oposición y bloqueo que sufrieron en el Congreso. Esa bandera también convoca a millones de electores con sus esperanzas y legítimas aspiraciones a una vida digna y decente, sin estar sometidos por más generaciones a la violencia del hambre, la ignorancia, la discriminación social, étnica y regional que hasta la fecha los ha condenado a ser unos “nadies”, estigmatizados como zarrapastrosos y vagos.  

Más allá de la “Paz Total”

De alguna forma, podría decirse que es la tensión entre el miedo de muchos y la esperanza de todavía más colombianos, sin desconocer que ambas banderas son rasgadas y sus seguidores vapuleados por la violencia, la inseguridad y la criminalidad organizada, que todos los días aumenta el número de victimas civiles y de victimarios armados impunes. Saldo en rojo que se achaca solo a la “Paz Total”, más con odio y búsqueda oportunista de votos, como si en el pasado hubiésemos vivido en una arcadia de seguridad y paz, sin masacres, miles de secuestros y “falsos positivos”. Sin desconocer la improvisación y los errores propios de la “Paz Total”, la verdad es que ésta recibió un legado de ingobernabilidad, inseguridad e impunidad dejadas por procesos y fórmulas de paz también fallidas en anteriores administraciones. Entre ellas, la supuesta exitosa desmovilización de las AUC promovida por Uribe, que terminó mutando en muchas más estructuras delictivas y narco-ejércitos, siendo el “Ejército Gaitanista de Colombia” el más violento y tenebroso. Algo semejante sucedió con la paz liderada por Santos y la desmovilización de las Farc-Ep, pues a ella siguieron numerosas disidencias convertidas en narco-guerrillas, que hoy incluso se están aniquilando entre sí en el Guaviare, sacrificando cruelmente menores reclutados, así como en la disputa sangrienta del Catatumbo contra el ELN. Una historia sin fin de victimización de la población civil, alentada y catalizada con los recursos de economías ilícitas, que continuará escalando hasta tanto el Estado no sea capaz de complementar su obsesión belicista y punitiva con una presencia civilista, emprendedora y productiva, que brinde alternativas de desarrollo y vida a miles de familias campesinas, comunidades afro e indígenas. Por eso, no es solo impreciso, sino una indolente frivolidad, llamar polarización a esa continúa victimización impune de la población civil, consecuencia de políticas públicas improvisadas y coyunturales.

La Mama-Coca Vital

Un desafío sobre el cual, seguramente, tendrán que debatir Abelardo y Cepeda, más allá de insultos y deslegitimaciones mutuas, como hasta ahora lamentablemente ha sucedido. Solo, entonces, todos los colombianos podremos discernir y decidir en las urnas sobre quién presenta las políticas más democráticas, respetuosas con la vida, los derechos de la población y la protección del medio ambiente, que es lo propio de un Estado social de derecho y de las normas de nuestra Constitución política, además de lo establecido en el Acuerdo de Paz de 2016. De lo contrario, seguiremos envueltos en una disputa absurda, sustentada en visiones tan erradas como la de aquella letal campaña publicitaria de la “mata que mata”, que estigmatizaba las portentosas propiedades de la coca, en lugar de aprovecharlas canalizándolas en la industria legal de bebidas, alimenticia y farmacéutica, arrebatándole de paso a los narcotraficantes y todo su entramado criminal esa fuente inagotable de astronómicas ganancias. Así ha venido sucediendo con la marihuana, que pasó de planta maldita a bendita, cuando se decidió legalmente aprovechar su potencial para el tratamiento de algunas dolorosas y terminales enfermedades. Además, la mayor ganancia de todo lo anterior, es que pondría fin a esa brutal victimización del campesinado marginado y a la devastación ecocida con glifosato de la biodiversidad de nuestros bosques y la Amazonia. Solo entonces el Estado podrá ganar reconocimiento y legitimidad democrática. Incluso, dejaríamos de escuchar todos los días la cantinela de muchos periodistas sobre el terrible flagelo del narcotráfico, como si fuera una maldición divina, y a prestantes analistas repetir esa falsa letanía de la polarización política y social, pues ya no habría bandos de insensatos que lancen a los demás a la fracasada guerra contra las drogas, mientras unos pocos se enriquecen comprando y comerciando el glifosato, estimulado la industria armamentística en desarrollo de futuros “Planes Colombia” o defendiendo y negociando con grandes capos su entrega a la justicia para salvarse de la extradición y asegurarse penas benignas en Colombia. A semejante sainete de impunidad, desde Gaviria con Pablo Escobar y los extraditables, pasando por Uribe con los narcoparamilitares hasta la actualidad con Petro y el Ejército Gaitanista, se ha reducido la política criminal del Estado contra esas poderosas organizaciones narco-crimínales, que combinan con destreza todas las formas de lucha y cuentan con la asesoría de famosos penalistas y exfiscales, ampliamente conocidos, que se escudan en el secreto y la confidencialidad profesional, como es el caso de Abelardo con sus asesorías a los excomandantes de las AUC y recientemente con su amigo y cliente, Alex Saab, para ocultárselas a Daniel Coronell y de paso a toda la sociedad. Algo muy diferente, hay que reconocerlo, han sido las gestiones públicas de Cepeda en los procesos de negociación con comandantes de las Farc-Ep durante las conversaciones de paz en La Habana, e incluso con condenados por paramilitares en las cárceles, que dio origen al todavía inconcluso litigio con el expresidente Uribe, pendiente de casación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Victimización recíproca contra la democracia

Por eso, bajo ambas banderías hay víctimas y victimarios y tenemos una Colombia ensangrentada, fácil de polarizar y radicalizar, como bien lo han hecho Uribe y Petro, apelando a los miedos, las pasiones, los prejuicios y las reivindicaciones sociales. Entonces ya no hay ciudadanos sino “paracos” y “güerillos”, “gente bien” contra “comunistas”, y así se va generando eso que muchos llaman polarización, que no es otra cosa que una irresponsable radicalización de las emociones que nos impide reconocernos a todos los colombianos como ciudadanos con iguales derechos y responsabilidades. Lo más grave es que ahora Abelardo y Cepeda parecen dispuestos a tomar ese triste y nefasto relevo. Obviamente, bajo semejantes liderazgos nunca será posible la democracia, mucho menos la paz política y la convivencia ciudadana, pues ambos se deslegitiman y tratan como enemigos. Y la responsabilidad de líderes democráticos no es perpetuar una sociedad radicalizada y fragmentada entre millones de víctimas y miles de victimarios, como sucede en la nuestra. Víctimas y victimarios recíprocos, pues los que ayer sufrieron violencia y vejámenes, hoy se convierten en implacables vengadores de sus pasados victimarios, prologando así generaciones irreconciliables, estimuladas por el odio y la sed de venganza. Y, lo que sería más nefasto, es que ello se intente hacer de nuevo desde el Estado en nombre de la democracia o en defensa de la patria. Así se va intrincando esta especie de laberinto mortal, con infinitos pasillos de violencias y venganzas del que es imposible salir indemne, como nos ha venido sucediendo desde hace casi un siglo en esta Colombia en la que pocos viven muy bien –pertrechados de seguridad y escoltas—y la mayoría estamos expuestos desde el raponazo del celular, la extorsión consuetudinaria, el secuestro hasta encontrar una azarosa muerte en medio del fuego cruzado.

Geografía de la victimización recíproca

Por eso los recientes resultados electorales se reflejan en el territorio en forma casi idéntica a la geografía de la votación obtenida por el malogrado acuerdo de paz[i], como puede apreciarse al yuxtaponer ambos mapas[ii]. Es una geografía electoral muy reveladora de una periferia, en su mayoría azotada por la violencia estructural de la marginalidad y la directa del conflicto armado interno, con un brutal legado de colombianos victimizados. Colombianos que en algunas regiones votan coaccionados por grupos armados ilegales y en otras lo hacen porque lo que más desean es vivir en paz y no continuar muriendo bajo amenazas, combates y ataques letales del fuego cruzado de todas las partes y flancos. Desde los bombardeos del Ejército a los desplazamientos forzados, los confinamientos y las masacres de los grupos armados ilegales. Frente a esa periferia, encontramos el centro de la región andina y las regiones limítrofes con Venezuela, donde su población vota casi con desespero y miedo buscando la protección de la Fuerza Pública y cree ilusamente que solo con mayor fuerza se conquistará la seguridad, fórmula que a la postre solo recicla y genera la mutación de más grupos armados ilegales, como lo constatamos con las AUC y sus actuales herederos, el Ejército Gaitanista de Colombia, además de las numerosas y no menos criminales disidencias de las desmovilizadas Farc-Ep.

Deliberemos, más allá de víctimas y victimarios

Tal es la encrucijada que los colombianos debemos resolver en tres semanas y para ello no tenemos otra opción que pensar, deliberar, actuar y votar responsablemente como ciudadanos, sin dejarnos arrastrar por esa vorágine de prejuicios y pasiones que nos convierte en potenciales víctimas sin derechos o, por el contrario, en victimarios arrogantes en defensa violenta de  derechos, convertidos así en privilegiados autócratas, plenos de buena conciencia y superioridad moral que desconfían del resto de colombianos y los sindica de antipatriotas y mamertos. Pero, para superar esa encrucijada, tanto Abelardo como Cepeda, primero deben darnos a todos ejemplo de civilidad y democracia, entrando al foro de la deliberación y la argumentación, dejando atrás la arena de los insultos y la descalificación, como auténticos demócratas y no como enconados e irreconciliables enemigos. Sin duda, gracias a los debates, podremos saber quién estará a la altura de liderar una transición hacia la democracia o, por el contrario, puede llevarnos hacia un régimen autoritario y cacocrático, donde sea la fuerza, la violencia y los intereses de unos cuantos cacos los que prevalezcan sobre los de toda la ciudadanía. Por eso, en la segunda entrega, continuaré con el análisis de ese debate impostergable y urgente, que todos los colombianos esperamos con ansias y esperanzas para decidir a conciencia nuestro voto el próximo 21 de junio.

lunes, mayo 25, 2026

MEMORIA POLÍTICA Y DEMOCRACIA CON HELENA URAN BIDEGAIN

 

 

Memoria Política y Democracia con Helena Uran Bidegain

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/memoria-politica-y-democracia-con-helena-uran-bidegain/

Hernando Llano Ángel.

Una sociedad sin memoria política, incapaz de examinar responsablemente la relación entre el pasado y el presente, está condenada a no tener futuro democrático. Por eso se puede afirmar que existe una relación genética y simbiótica entre la memoria política y la democracia, mediada por el examen responsable del pasado para encontrar en él las claves que permitan superar los conflictos violentos del presente. De lo contrario, si no se asume por parte de cada ciudadano ese examen de responsabilidad personal, pero sobre todo por los líderes políticos que protagonizan el presente, entonces estaremos condenados como sociedad a la repetición eterna de esos conflictos violentos, que nos degradan, desgarran y aniquilan. A la perpetuación de generaciones de víctimas sin verdad, justicia y reparación, junto a victimarios impunes, incapaces de asumir su responsabilidad personal o institucional por lo sucedido.

La memoria política, una responsabilidad ciudadana

Si no somos capaces de hacerlo colectivamente, entonces jamás podremos forjar una comunidad política democrática, en donde no pueden caber las luchas a muerte entre enemigos, como lo llevamos haciendo hace ya más de medio siglo. De allí el sentido profundo de esta reflexión de Tzvetan Todorov[i], escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro: “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Justamente para ello “La Paz Querida”, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos de Cali, comprometidos con la paz política imprescindible para la democracia y el cumplimiento pleno del artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, ha invitado a la politóloga, investigadora y escritora Helena Uran Bidegain, para conversar sobre memoria y democracia. El conversatorio tendrá lugar en la Cinemateca de Cali este próximo martes 26 de mayo a las seis de la tarde, entrada libre, y esperamos contar con una nutrida asistencia, pues Helena ha publicado dos libros que arrojan luces sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos de nuestra historia política reciente, que no podemos olvidar si queremos vivir democráticamente, como lo fue el asalto al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M-19, su posterior incineración y destrucción por la violencia excesiva y devastadora de la Fuerza Pública, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales y un número de desaparecidos todavía por precisar, que oscila entre 11 y 20 personas.

En sus libros Mi vida y el Palacio, publicado en 2020 y el año pasado Deshacer los nudos, busca con rigor, valor y desgarradora sensibilidad esclarecer las oscuras circunstancias en que perdió la vida su padre, Carlos Horacio Uran, entonces magistrado auxiliar del Consejo de Estado, quien salió gravemente herido con vida del Palacio, pero inexplicablemente luego es encontrado su cuerpo sin vida en el interior del mismo. Por esos atroces hechos y la desaparición de otros rehenes, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014[ii], sin que la totalidad de la sentencia haya sido cumplida.

No más “Palacios de Justicia”.

En parte por ello, Helena se ha consagrado al esclarecimiento de lo acontecido, pero sobre todo porque sin una memoria política capaz de dar cuenta de  tan aciaga fecha, precisando las responsabilidades políticas y las culpabilidades penales de sus máximos responsables, siempre estaremos expuestos a que hechos semejantes se repitan continuamente, como lamentablemente sigue sucediendo. Hoy, según el reciente informe del CICR, Colombia vive la mayor catástrofe humanitaria del continente: “El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”[iii]. Unas terribles cifras que nos demuestran que lo sucedido en el Palacio de Justicia no ha cesado, pues como bien lo señaló el entonces procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe: “En el Palacio de justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Y esa crisis continuó y se profundizó con la degradación del conflicto armado interno, al punto que, por su negación y una supuesta cruzada oficial contra el terrorismo, la Directiva 29 del 2005[iv] del ministerio de defensa, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe, derivó en la comisión de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”[v]. Para intentar contener esa violación sistemática de los derechos humanos y las masivas infracciones del DIH, Helena está promoviendo la “Fundación Carlos Uran, Memoria para la democracia”, y nos contará en el conversatorio sus principales metas y acciones en desarrollo.

La Memorializacion de instituciones del horror

Una de sus estrategias principales es la llamada “memorialización”, en palabras de Helena en reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco en este diario[vi], consiste “en que no se puede volver normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”. Para continuar conversando con Helena sobre esta estrategia y muchas más que eviten que el horror de la violencia política, tanto la de grupos ilegales, como la del entonces M-19, pero sobre todo la de las instituciones del Estado, que están para impedirla y contenerla, se convierta en algo cotidiano y normal en nuestras vidas, LA PAZ QUERIDA, los espera este martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la cinemateca de la Tertulia, entrada libre.

La paz política no se hace con milagros

Porque como sabiamente lo expresó José Saramago, el nobel portugués de literatura en 1998: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sin duda, precisamos una memoria firme y mucha responsabilidad democrática para votar el próximo domingo 31 de mayo, si queremos evitar atrocidades superiores a la sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando dejó de existir el Estado de derecho y la democracia, supuestamente en defensa de la Patria. Para superar el horror en que vivimos no necesitamos más héroes de la patria y más víctimas civiles como consecuencia de este infernal conflicto social y degradado conflicto armado, que ya arrastra incluso a comunidades indígenas como la Misak y Nasa a matarse por la disputa de la tierra, esa Pachamama que es de ambas comunidades. La convivencia política y la democracia no son un asunto milagroso. Nos bastaría con cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y no dejarnos arrastrar a las urnas por el miedo, los fanatismos políticos, prejuicios sociales, el odio y las revanchas.

lunes, mayo 18, 2026

ARMANDO ELECCIONES

 

 

ARMANDO ELECCIONES

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/armando-elecciones/

Hernando Llano Ángel

Colombia ha tenido una enorme capacidad y experiencia para convocar y realizar elecciones ininterrumpidas desde 1957. Sus líderes políticos tienen un doctorado en armar elecciones, pero carecen de un título válido como demócratas. La fórmula del Frente Nacional fue su obra maestra. Durante 16 años se repartieron “miti-miti” el Estado entre liberales y conservadores. En la realidad política no existió esa “competencia abierta, con reglas claras y resultados inciertos”, que es lo propio en toda auténtica democracia y también en un buen partido de fútbol. Ya se sabía de antemano que después de un presidente liberal, vendría uno conservador y así sucesivamente durante dos períodos más, hasta 1974, que culminaría el turno con un presidente conservador, que fue Misael Pastrana Borrero. Eso es tanto como imaginar que los mundiales de fútbol solo los pudieran ganar, cada cuatro años alternativamente, las mismas dos selecciones nacionales.

El Frente Nacional, elecciones sin democracia

Ese conservador fue Misael Pastrana Borrero en 1970, pero hoy sabemos que su triunfo electoral hizo honor a su apellido. El diccionario de la Real Academia nos define pastrana, en su primera acepción, como “burdo o mal hecho” y, en la segunda, como “mentira fabulosa”. Y en efecto, su triunfo sobre el candidato de la Alianza Nacional Popular, el general (r) Gustavo Rojas Pinilla, fue ambas cosas: un fraude burdo y su victoria una mentira fabulosa. Parece que su hijo, Andrés Pastrana Arango, heredó ese legado, pues durante toda su vida se preció de tener una moralidad intachable y ahora sabemos que era un amigo entrañable de Epstein y su alcahueta proxeneta, Ghislaine Maxwell[i], a quien incluso invitó a Colombia supuestamente a “cazar subversivos” desde un Blackhawk de la Fuerza Aérea Colombiana[ii]. Claro que mucho más grave y condenable políticamente fue el proceder del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo ese 19 de abril de 1970 cuando, no obstante saber que Rojas Pinilla estaba ganando las elecciones, decretó esa noche un toque de queda en todo el territorio nacional, nos mandó a la cama a todos, y al amanecer resultó ganador el conservador Misael Pastrana. Así se lo reconoció el propio Lleras Restrepo a su entonces jefe de prensa presidencial, Próspero Morales: “Próspero, esto se ha perdido. No hay nada que hacer, el general ha ganado. Si, de acuerdo con lo que me han informado, Rojas decide salir uniformado para iniciar una marcha por las principales avenidas con destino al palacio de San Carlos, temo que haya un levantamiento, una sublevación, con todas las atrocidades y derramamiento de sangre que de ella se pueda derivar. No puedo permitir por ningún motivo la toma del poder por la fuerza”[iii].  Allí queda expresada con una claridad y lucidez insuperable la negación de la democracia mediante el fraude en las elecciones, atribuyéndole al general una supuesta “toma del poder por la fuerza”, iniciativa que nunca intentó llevar a cabo. Pero, por ironías de la historia, sí la promovieron años después, también sin éxito, los fundadores del M-19 cuando irrumpieron con la consigna “Con el pueblo, con las armas, al poder”. Una ironía muy cruel, pues esa organización asaltó 11 años después el Palacio de Justicia, arguyendo que Belisario había burlado e incumplido el acuerdo de paz, robándoles por segunda vez su lucha por la democracia. Esa historia no deja de ser paradójica, pues ese mismo Movimiento contribuyó significativamente con la refundación del Estado a través de la Asamblea Nacional Constituyente y la Carta del 91, que permitió hace casi cuatro años a Gustavo Petro llegar a la Casa de Nariño, pero no al poder, esta vez con el pueblo en las urnas.

Los comicios electofácticos 

Y ahora estamos de nuevo frente a una encrucijada histórica, pues estas elecciones se realizan una vez más bajo el asedio de numerosas y violentas organizaciones armadas, que pueden definir el resultado de las mismas. En verdad, desde Gaviria todos los comicios presidenciales han sido de carácter electofáctico, pues los poderes de facto han terminado definiendo el ganador. Unas veces el narcotráfico, con el proceso 8.000, otras las Farc y su coalición con Pastrana en nombre de la paz, aunque ambos estaban apostándole a la guerra. Luego Uribe con el respaldo de las AUC en sus territorios y luego con la amplia coalición de la parapolítica y el crimen de lesa constitucionalidad al cambiarle a la Carta un articulito para su reelección, mediante el delito de cohecho de sus ministros Sabas Pretel y Diego Palacio[iv]. Santos con su apuesta por la paz con las Farc y también con la ayuda de Interbolsa y Odebrecht en su reelección y la condena de su gerente Roberto Prieto[v]. Hasta llegar a Duque con el escándalo de la “Ñeñepolítica”[vi] y Petro con la violación de los topes legales en su campaña[vii] y las penumbrosas relaciones con “Papá Pitufo”[viii] y la supuesta financiación de su campaña. Por todo lo anterior, para evitar continuar armando comicios electofáctico y seguir participando ingenuamente como electores en semejante tramoya de ilegalidades, es urgente que la campaña de Iván Cépeda rinda a “Cuentas claras de la Registraduría” el monto de sus gastos y el origen de los mismos. Así como el presidente Petro debe evitar que en los territorios bajo control de organizaciones armadas ilegales los electores sean violentamente constreñidos y sus votos inducidos por un candidato específico. Al respecto, hay que reconocer que Iván Cepeda haya explícitamente desconocido y repudiado esos supuestos apoyos y solicitado a la Fiscalía una investigación pronta y rigurosa para evitar constreñimiento alguno. Iniciativa que nunca tuvo el candidato Álvaro Uribe públicamente frente al control de las AUC en vastos territorios, donde terminó obteniendo altas votaciones. De allí que el anuncio del presidente Petro de continuar conversaciones con el llamado “Clan del Golfo” o “Ejército Gaitanista de Colombia”  y la solicitud del levantamiento de cerca de 29 órdenes de captura de sus miembros para su eventual sometimiento a la justicia, desarme y desmovilización, pueda tener efectos indeseados al ser concentrados en las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, en Córdoba; y en Unguía y Belén de Bajirá, en el Chocó,  solo a partir del 25 de junio, ya demasiado tarde, pues la segunda vuelta será el domingo 21 de junio.



lunes, mayo 04, 2026

DEBATES PRESIDENCIALES Y DEBACLE NACIONAL (II)

 

DEBATES PRESIDENCIALES Y DEBACLE NACIONAL (II)

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/debates-presidenciales-y-debacle-nacional-ii/

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-05-04/debates-presidenciales-y-debacle-nacional-ii.html

La exclusión de los restantes candidatos nos privaría a todos los colombianos de una deliberación amplia y plural, que es lo que debería promover un filósofo en lugar de un candidato en trance de victoria, obsesionado con vencer en primera vuelta.

Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que si tienen lugar los debates presidenciales en ellos predominará el combate personal sobre la deliberación y el intercambio de los mejores argumentos entre los participantes. Las tres candidaturas en punta en los sondeos y en pugna en la opinión pública, representadas por Cepeda, Abelardo y Paloma, van a esos debates a disputarse el favor de las audiencias y de sus votos el próximo 31 de mayo, no tanto a confrontar la validez de sus propuestas y programas políticos. Aspiran a ganar en primera vuelta o, por lo menos, asegurar su presencia en la segunda. Es lo propio en toda campaña electoral, por eso desdeñan a los demás candidatos, que no registran en las encuestas posibilidad alguna de pasar a la segunda vuelta. Ya lo dijo Iván Cepeda, más como político que filósofo, en su entrevista en Caracol televisión con María Alejandra Villamizar: “Me interesa debatir es con los candidatos de la derecha, no con los demás candidatos, pues con ellos diálogo”, palabras más palabras menos. Esa exclusión de los restantes candidatos nos privaría a todos los colombianos de una deliberación amplia y plural, que es lo que debería promover un filósofo más que un candidato en trance de victoria, solo interesado en vencer a la derecha en los debates televisivos. Tal decisión nos condena al dilema de dos proyectos de nación, donde la derecha con Paloma y Abelardo propugnan a toda costa por la seguridad personal y privada para la inversión empresarial --los tres huevitos de Uribe-- mientras Cepeda promueve la equidad y los derechos sociales como fundamento de legitimidad y eventual convivencia democrática. Pero sucede que en la democracia real no puede haber seguridad estable sin pan y bienestar para todos y mucho menos pan sin libertad, inversión privada y seguridad pública. Como bien lo pregona la doctrina social de la iglesia, en especial la encíclica Rerum Novarum de León XIII desde 1891, “la seguridad de los ricos es la tranquilidad de los pobres”. Tranquilidad que jamás será estable sin garantizar antes el goce de derechos sociales que empiezan por un salario digno, salud, educación y seguridad social. Precisamente por eso en el debate presidencial deben participar todos los candidatos, no solo los punteros en los sondeos de opinión, pues también dichas candidaturas tienen propuestas políticas sobre cómo lograrlo.

La política no es un juego de suma cero

Semejante empobrecimiento de la deliberación pública se da por la reducción de la política a las elecciones, donde inexorablemente siempre habrá ganadores y perdedores, siendo los asuntos políticos en disputa mucho más complejos que un voto depositado en una urna y un juego de suma cero. Ese juego en el que el ganador despoja a todos los demás de su poder decisorio, como sucede en las elecciones presidenciales y en cargos uninominales, así el perdedor o la derrotada tenga asegurada una curul en el Senado. Por eso vale la pena escuchar a los demás candidatos, aunque sus registros de intención de votos sean mínimos. Entre otras razones, porque ellos gozan de mayor libertad para cuestionar, proponer nuevas ideas y estrategias gubernamentales de quienes van en la punta, en tanto estos últimos están condicionados por su obsesión de ganar. De allí que solo hagan propuestas pensando en los votos por conquistar y en cómo despojar al contrario del mayor número de potenciales electores. Es lo que hemos visto con Paloma, al postular al expresidente Uribe como su próximo ministro de defensa, lo que generó la discrepancia de su vice, Daniel Oviedo, totalmente descentrado y en desacuerdo con esa nominación. Así se desdibujó por completo ese imaginario falaz de una candidatura de centro derecha, con Oviedo como figurín y comodín, para intentar recobrar con Uribe los votos de la extrema derecha que ahora tiene cautivos Abelardo, con los cuales amenaza derrotarla el próximo 31 de mayo.

Jaime Garzón, profético

Lo más tétrico de estas rencillas entre las dos candidaturas de la extrema derecha es que son provocadas por las acciones terroristas de Iván Mordisco y su banda, el Estado Mayor Central, lo que seguramente motivó a Paloma a recurrir al imaginario popular de Uribe como padre protector y salvador de la Patria con su “seguridad democrática” para ofrecerle el ministerio de defensa. Se confirma así la premonitoria reflexión de Jaime Garzón, asesinado por órdenes de Carlos Castaño, cuando afirmó que los belicistas “necesitan los muertos para justificar los actos de guerra, necesitan la guerra para justificar su política y necesitan la política para perpetuar su impunidad”. Un tétrico silogismo confirmado no solo nacionalmente sino también internacionalmente. Hoy los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad son Trump, Netanyahu y Putin. Un trío maléfico que ha hecho de la política el arte de gobernar para asegurar sus impunidades personales, así como de la guerra y el terrorismo estatal su principal estrategia en política internacional. Tal podría ser el propósito de Paloma y Abelardo al desdeñar el trabajo investigativo de la JEP y proponer su inminente desaparición, no obstante haber contribuido como ningún otro tribunal a esclarecer los horripilantes crímenes de guerra y lesa humanidad de las Farc-Ep, así como el procesamiento de sus máximos responsables. ¿Será que temen que la JEP continúe su trabajo más allá de los mandos medios y agentes rasos de la Fuerza Pública que han reconocido su responsabilidad en miles de “falsos positivos”, estimulados por la Directiva 029 de la política de “seguridad democrática”?

Un tema insoslayable en los debates presidenciales

Sin duda, este sería un tema que no se debería soslayar en los debates presidenciales, así como el cuestionamiento que ambas candidaturas de derecha formulan contra Cepeda como supuesto incondicional defensor de Iván Márquez y Jesús Santrich. Un debate crucial para esclarecer quiénes, durante su vida política y personal, incluso la de sus antepasados –el abuelo de Paloma, el presidente Guillermo León Valencia y el padre de Cepeda, el senador por la UP, Manuel Cepeda, asesinado por agentes del Estado-- han tenido mayor responsabilidad en la guerra y la paz en Colombia desde hace más de medio siglo. Sin omitir en el presente el rutilante desempeño de Abelardo De La Espriella como abogado defensor de narcotraficantes y otros delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán –pirámide financiera DMG—y Alex Saab, el testaferro de confianza de Nicolás Maduro. Esas defensas penales no son precisamente las mejores credenciales para ser presidente, pero sí para perpetuar la impunidad de quienes hoy se resisten y son incapaces de asumir sus responsabilidades políticas por crímenes aún más atroces que los de los comandantes de las Farc-Ep, como las ejecuciones extrajudiciales y miles de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en cumplimiento de sus directivas y órdenes superiores. Crímenes cometidos con armas y recursos del Estado pagados con nuestros impuestos y en nombre de la “democracia”.  Crímenes mucho más graves que los cometidos por grupos ilegales, porque precisamente el Estado de Derecho y la democracia surgieron para contener la violencia y la impunidad de esas organizaciones ilegales, no para disputarles sus excesos criminales, supuestamente en defensa de la Patria y la “seguridad democrática”.

¿De cuál democracia nos hablan?

Quizá por eso en alguna ocasión la senadora Paloma Valencia, justificando los “falsos positivos”, expresó: “El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo”[i]. Desconoció así la candidata del Centro Democrático, siendo abogada, el principio fundante de la misma democracia, que jamás legítima la violencia cuando ésta sobrepasa los límites del Estado de derecho, los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario. No hay en esa respuesta nada de centro y menos de democracia. Sucede exactamente lo contrario, pues dicha violencia discrecional y sin límites de agentes del Estado deslegitima a las autoridades y el mismo Estado democrático, ya que termina violando impunemente los derechos humanos y pone en riesgo mortal a la población civil. Pero eso es algo que tiene sin cuidado a Paloma, que ya ha solicitado a Trump que de ganar la presidencia espera ser parte de su “Escudo de las Américas” y el Estado colombiano ingresaría a esa liga de “excelsos demócratas” integrada por Bukele, Milei y Kast[ii], quien incluso justifica hoy la dictadura de Pinochet como defensor de la democracia, habiéndola reducida a escombros como lo hizo con el Palacio de la Moneda y la legitimidad presidencial de Salvador Allende. Sobre esos escabrosos asuntos de nuestro pasado reciente vale la pena escuchar a todos los demás candidatos, especialmente a quienes se reclaman de centro, como Claudia López y Sergio Fajardo, para que nos cuenten cómo enfrentaron a quienes desde el Estado alentaron las nefastas cooperativas de seguridad Convivir, embriones del paramilitarismo y la “donbernabilidad”[iii] de las bandas narco-criminales en Medellín al mando de Don Berna[iv]. Porque la transparencia que tanto pregona Fajardo debe ser algo más que una consigna de campaña presidencial. Por todo ello, pero especialmente porque lo que está de nuevo en juego es nuestra vida, seguridad, libertad, propiedad y prosperidad es que debemos ver y escuchar a todos y todas las candidatas, sin ninguna exclusión, para a partir de allí deliberar y decidir el próximo 31 de mayo.

En la exclusión está el horror

Ya lo advertía Pascal refiriéndose a la búsqueda de la verdad, “en la exclusión está el error”.  Y si bien es imposible e indeseable aspirar a una sola verdad en la política, lo que si sabemos de sobra por nuestra violenta historia es que en la exclusión de actores en la deliberación política está el comienzo del horror. Así se trate en este caso, exagerando, de excluir la participación de la mayoría de candidatos en debates electorales para la presidencia de la República. Ni hablar de cuando se trata de excluir a quienes pueden definir la guerra o la paz, la justicia social o el privilegio de pocos y la igualdad de oportunidades para el goce y ejercicio de sus derechos a las mayorías, estigmatizándolos como un peligro para la democracia. Derechos sociales que se quedaron escritos en la Constitución del 91 por falta de gobernabilidad y poder constituyente para hacerlos cumplir mediante políticas sociales incluyentes, siempre mejorables. Por eso también es pertinente debatir sobre el sentido de una Constitución más nominal que real, que ni siquiera garantiza la vigencia de sus dos mandatos más importantes: la “prevalencia del interés general” sobre los intereses particulares, artículo 1 del Estado Social de Derecho y “la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, artículo 22. Para mayor ironía y claridad en esos debates, porque quienes dicen hoy defender la integridad de esa Constitución vuelven a levantar las banderas de la guerra y la prevalencia de ciertos intereses particulares en nombre de la seguridad jurídica y la salvación de la Patria. ¿Será posible incluir esos temas y todas las candidaturas en liza en los debates presidenciales o serán vetados y excluidos por miedo a una auténtica deliberación ciudadana? Si es así, cabe preguntarse de cuál democracia nos hablan y nos convocan a votar. ¿Será de la que está al servicio de las oligarquías partidistas y de los poderes de facto de la ilegalidad y la tecnocracia plutocrática que hoy manda en Colombia?, como bien lo demuestra el libro de la profesora Jenny Pearce y el profesor Juan David Velasco, recientemente publicado[v].