Memoria Política y Democracia con Helena Uran Bidegain
Hernando Llano Ángel.
Una sociedad sin memoria
política, incapaz de examinar responsablemente la relación entre el pasado y el
presente, está condenada a no tener futuro democrático. Por eso se puede
afirmar que existe una relación genética y simbiótica entre la memoria política
y la democracia, mediada por el examen responsable del pasado para encontrar en
él las claves que permitan superar los conflictos violentos del presente. De lo
contrario, si no se asume por parte de cada ciudadano ese examen de
responsabilidad personal, pero sobre todo por los líderes políticos que
protagonizan el presente, entonces estaremos condenados como sociedad a la
repetición eterna de esos conflictos violentos, que nos degradan, desgarran y aniquilan.
A la perpetuación de generaciones de víctimas sin verdad, justicia y reparación,
junto a victimarios impunes, incapaces de asumir su responsabilidad personal o
institucional por lo sucedido.
La memoria política, una responsabilidad ciudadana
Si no somos capaces de hacerlo
colectivamente, entonces jamás podremos forjar una comunidad política
democrática, en donde no pueden caber las luchas a muerte entre enemigos, como
lo llevamos haciendo hace ya más de medio siglo. De allí el sentido profundo de
esta reflexión de Tzvetan Todorov[i],
escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro: “El mal sufrido debe inscribirse
en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Justamente para ello “La Paz Querida”, un colectivo de
ciudadanas y ciudadanos de Cali, comprometidos con la paz política
imprescindible para la democracia y el cumplimiento pleno del artículo 22 de
nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento”, ha invitado a la politóloga, investigadora y
escritora Helena Uran Bidegain, para conversar sobre memoria y democracia. El
conversatorio tendrá lugar en la Cinemateca de Cali este próximo martes 26 de
mayo a las seis de la tarde, entrada libre, y esperamos contar con una nutrida
asistencia, pues Helena ha publicado dos libros que arrojan luces sobre uno de
los acontecimientos más tenebrosos de nuestra historia política reciente, que
no podemos olvidar si queremos vivir democráticamente, como lo fue el asalto al
Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de un comando del
M-19, su posterior incineración y destrucción por la violencia excesiva y
devastadora de la Fuerza Pública, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales y
un número de desaparecidos todavía por precisar, que oscila entre 11 y 20
personas.
En sus libros Mi
vida y el Palacio, publicado en 2020 y el año pasado Deshacer
los nudos, busca con rigor,
valor y desgarradora sensibilidad esclarecer las oscuras circunstancias en que
perdió la vida su padre, Carlos Horacio Uran, entonces magistrado auxiliar del
Consejo de Estado, quien salió gravemente herido con vida del Palacio, pero
inexplicablemente luego es encontrado su cuerpo sin vida en el interior del
mismo. Por esos atroces hechos y la desaparición de otros rehenes, el Estado
colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14
de noviembre de 2014[ii],
sin que la totalidad de la sentencia haya sido cumplida.
No más “Palacios de Justicia”.
En parte por ello, Helena se ha
consagrado al esclarecimiento de lo acontecido, pero sobre todo porque sin una
memoria política capaz de dar cuenta de tan
aciaga fecha, precisando las responsabilidades políticas y las culpabilidades
penales de sus máximos responsables, siempre estaremos expuestos a que hechos
semejantes se repitan continuamente, como lamentablemente sigue sucediendo.
Hoy, según el reciente informe del CIRC, Colombia vive la mayor catástrofe
humanitaria del continente: “El CICR
registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la
mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al
menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron
en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además,
la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la
asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente
a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios
casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el
desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”[iii].
Unas terribles cifras que nos demuestran que lo sucedido en el Palacio de
Justicia no ha cesado, pues como bien lo señaló el entonces procurador General
de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Belisario
Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe: “En el Palacio de justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han
dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Y esa
crisis continuó y se profundizó con la degradación del conflicto armado
interno, al punto que, por su negación y una supuesta cruzada oficial contra el
terrorismo, la Directiva 29 del 2005[iv]
del ministerio de defensa, en cumplimiento de la política de “seguridad
democrática” del presidente Uribe, derivó en la comisión de más de
6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”[v].
Para intentar contener esa violación sistemática de los derechos humanos y las
masivas infracciones del DIH, Helena está promoviendo la “Fundación Carlos Uran, Memoria para la democracia”, y nos contará en
el conversatorio sus principales metas y acciones en desarrollo.
La Memorializacion de instituciones del horror
Una de sus estrategias
principales es la llamada “memorialización”, en palabras de
Helena en reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco en este diario[vi],
consiste “en que no se puede volver
normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales
guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es
esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que
sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos
seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos
ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde
desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias
personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que
en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número
importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que
dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para
que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a
quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”.
Para continuar conversando con Helena sobre esta estrategia y muchas más que
eviten que el horror de la violencia política, tanto la de grupos ilegales,
como la del entonces M-19, pero sobre todo la de las instituciones del Estado,
que están para impedirla y contenerla, se convierta en algo cotidiano y normal
en nuestras vidas, LA PAZ QUERIDA, los espera este martes 26 de mayo a las 6 de
la tarde en la cinemateca de la Tertulia, entrada libre.
La paz política no se hace con milagros
Porque como sabiamente lo expresó
José Saramago, el nobel portugués de literatura en 1998: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin
memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sin
duda, precisamos una memoria
firme y mucha responsabilidad democrática para
votar el próximo domingo 31 de mayo, si queremos evitar atrocidades superiores
a la sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando dejó de existir el Estado
de derecho y la democracia, supuestamente en defensa de la Patria. Para superar
el horror en que vivimos no necesitamos más héroes de la patria y más víctimas
civiles como consecuencia de este infernal conflicto social y degradado
conflicto armado, que ya arrastra incluso a comunidades indígenas como la Misak
y Nasa a matarse por la disputa de la tierra, esa Pachamama que es de ambas
comunidades. La convivencia política y la democracia no son un asunto milagroso.
Nos bastaría con cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y no dejarnos
arrastrar a las urnas por el miedo, los fanatismos políticos, prejuicios
sociales, el odio y las revanchas.
[iii] https://www.radiosantafe.com/2026/05/13/el-desplazamiento-en-colombia-se-duplico-en-2025-por-el-recrudecimiento-de-la-violencia-cicr/