CALICANTO
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Diciembre 7de 2007

Navidad del 2007: Entre el terror rojo y el horror blanco.

Hernando Llano Ángel.

En medio de la desolación y la crueldad que agobia sin tregua a todos los rehenes y secuestrados en poder de las FARC y el ELN, la carta de vida y agonía de Ingrid Betancourt es un testimonio de dignidad y sensibilidad que nos increpa a todos sobre el sentido de nuestra humanidad y la propia dimensión de la realidad en que vivimos. Su figura en el video, casi espectral y silente, contrasta cruelmente con los símbolos de nuestra navidad y sus grotescas muecas de felicidad. El jolgorio callejero de las mil rumbas navideñas no podrá acallar el rotundo silencio de Ingrid, más cercano al duelo de la muerte que al palpitar de la vida. Tampoco los millones de bombillas de nuestras ciudades podrán disipar las tinieblas de la selva y filtrar su luz multicolor por la manigua que devora las ansias de vida y libertad de todos los cautivos. Todo parece indicar que pasarán un año más sin libertad, sin luz y sin navidad, porque sus secuestradores les han robado hasta el tiempo. Han convertido sus vidas en una agonía interminable de días y noches indescifrables.

También nosotros hemos ido perdiendo la dimensión humana del tiempo. Pero sobre todo quienes pretenden ser protagonistas de la historia y actúan en el presente como antagonistas de la vida. Para empezar, los comandantes de las FARC, refugiados en la selva desde hace casi medio siglo y los dirigentes del Establishment, apertrechados desde toda la vida en sus mansiones e instituciones, rehenes de sus convicciones y privilegios mortales, extraviados en laberintos de discriminación, odio y codicia. Ambos han perdido el sentido de la vida y de la historia. Tal es el caso de Marulanda, que se ufana de ser el guerrillero más viejo del mundo, en lugar de sentirse avergonzado por semejante anacronismo e incompetencia militar. Pero también del presidente Uribe, que reclama como un autista la soberanía de un territorio sobre el cual se enseñorea la muerte y la impunidad, como lo atestiguan más de tres millones de desplazados. Un territorio que ordena fumigar con glifosato y bombardear sin descanso, todo ello en nombre de la “seguridad democrática”, la lucha contra el terrorismo, el crecimiento de las inversiones y la estabilidad macroeconómica. Un territorio “reordenado” por la violencia paramilitar, sembrado de tumbas y fosas comunes, que colinda con minas antipersona y cambuches de secuestrados. En fin, un campo tan portentoso en biodiversidad como ignominioso para la dignidad humana; tan fértil y extenso como inseguro e injusto para sus ancestrales moradores: indígenas, campesinos y comunidades negras.

Por todo lo anterior, ya es hora de que dichos antagonistas de la vida y la historia, reconozcan que el tiempo militar corre en su contra y a favor de la muerte. Es hora de que las FARC reconozcan que el reloj del tiempo político se les agota aceleradamente, porque cada minuto que niegan de la libertad presente les será cobrado y descontado con creces en el futuro. Aquellos que niegan hoy en la selva la libertad política, difícilmente podrán mañana reclamar el apoyo político en las urnas. Todo liberticida se inhabilita ética y políticamente, como parece empezarlo a comprender en forma extemporánea el ELN, y todavía no logra comprenderlo el presidente Uribe, cuando persiste en el rescate militar como una opción y es incapaz de desbrozar el terreno para un acuerdo humanitario. Pero especialmente cuando se enfrenta a la Corte Suprema de Justicia y arremete contra los magistrados de la sala penal en defensa de los comandantes paramilitares, porque estos no son reconocidos como delincuentes políticos por dichos magistrados. Al respecto, es necesario decir que frente al liberticidio cometido por las FARC y el ELN, los comandantes de las AUC los superan en horror y cinismo, pues el propio Salvatore Mancuso reconoció en entrevista con Natalia Springer que: “No teníamos secuestrados; los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”.

Retenidos que superaban el número de 550 personas, según los registros de “País Libre”, la Fundación contra el secuestro auspiciada por el hoy Vicepresidente Francisco Santos. Semejante horror blanco, ordenado en nombre de la defensa del statu quo por Mancuso y sus copartidarios, no aparece registrado en la gran prensa y sus familiares sobrevivientes han desaparecido de las cámaras, pantallas de televisión y emisoras, como si fueran más fantasmales que sus seres queridos secuestrados, asesinados y desaparecidos. Ni que hablar de la presencia y recuerdo de más de 550 “retenidos” en la frágil memoria de los cientos de miles de buenos ciudadanos que sólo se escandalizan y se movilizan por las víctimas del terror rojo de la guerrilla. Para dichas anónimas víctimas, sus mentes y corazones están en blanco, como la buena conciencia de quienes los asesinaron en nombre de la patria y en su cruzada contra el terrorismo comunista.

Ante una situación tan degradante, sería algo peor que el horror encender hoy las velas de la esperanza sólo por las víctimas del secuestro y condenar al olvido y a la indolencia de la impunidad a las miles de víctimas de las AUC, cuyo asesinato y desaparición sistemática ha sido reconocida por sus ejecutores intelectuales y materiales. Los familiares de estas víctimas no deberían pasar otra navidad sin conocer la verdad sobre el destino de sus seres amados. ¿Por qué fueron “retenidos”, asesinados y desaparecidos? ¿Dónde están sus restos?

No debería haber navidad sin libertad y verdad, pero como nos preciamos de ser el país más feliz del mundo, no dejaremos de celebrar y brindar. Sin vergüenza y mucho menos sentimientos de culpa, pues hay que levantar las copas y reconocer los logros de este gobierno, que nos ha proporcionado tanta prosperidad y seguridad. Sin duda, somos un país de tierras ubérrimas y gente buena. ¡Feliz Navidad!

CALICANTO

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Noviembre 27 de 2007

Del acuerdo humanitario a la hecatombe interna-cional

Hernando Llano Ángel

Más que decepcionante para los secuestrados y sus familiares, ha sido vergonzosa y deplorable la forma como los presidentes Uribe y Chávez pusieron fin al esperanzador proceso de mediación para superar la ignominia del secuestro que con fines políticos práctica las FARC. Ignominia que en forma astuta y cínica utiliza las FARC, con desprecio de todo principio de humanidad y de las normas básicas del DIH, al ser incapaz de cumplir con la mínima exigencia de aportar pruebas de vida de los rehenes en su poder. Por eso, en medio de esta tragicomedia internacional, conviene no olvidar que el secuestro, como la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias, marcan el punto muerto de la política. Porque desde el momento en que se priva de la libertad a quienes la ejercen democráticamente, como Ingrid Betancourt y sus demás colegas en cautiverio, muere la política. De lo que se trata, entonces, es de liberarlos, para que viva la política y será únicamente a través de la política que se los pueda rescatar con vida, ya que en el azar de un operativo militar no se puede excluir la posibilidad de un desenlace fatal. Un desenlace como el que trágicamente recordamos desde hace 22 años, cuando Belisario Betancur, pletórico de razones de Estado, decapitó a la Corte Suprema de Justicia para salvar esta peculiar democracia que inmola a sus mejores magistrados.

Pero, pese a esa trágica lección, todavía predomina la obstinación de los guerreros y su obsesión por humillar o derrotar al contrario –siempre el único responsable de lo acontecido— pues hoy, como ayer, ambos antagonistas, Uribe y Marulanda, son incapaces de reconocer su cuota de responsabilidad en la degradación del actual conflicto y la suerte de los rehenes. Si los rehenes mueren, toda la responsabilidad recaerá en el otro, que es un desalmado terrorista dedicado al secuestro o un prepotente fascista empecinado en la guerra. Lo más grave es que esta lógica binaria y maniqueísta, donde siempre habrá héroes y villanos, la han asumido ahora Uribe y Chávez, comportándose como caudillos de hordas, ávidos de aplausos y del reconocimiento incondicional de sus seguidores. Y todo ello en nombre de grandilocuentes valores y palabras como la verdad, la democracia, la soberanía y la dignidad de la Patria, que sólo reflejan su inmensa megalomanía de narcisos del poder y su irresponsabilidad frente a la vida de los rehenes y la angustia de sus familiares. Ambos carecen de la sensatez que es propia de políticos responsables y de auténticos estadistas, comprometidos en primer lugar con la vida y la libertad de sus ciudadanos, antes que en proclamar victorias personales o imponer sus proyectos políticos, bajo la retórica vacua de la “seguridad democrática” o el “socialismo del siglo XXI”.


Sin duda, quedaron desnudos y mostraron ante el mundo que no están a la altura de los desafíos de la historia y de las demandas básicas de sus pueblos: paz, vida, justicia y libertad. Han pasado de ser los protagonistas de un frustrado acuerdo humanitario a desempeñar el papel de cómicos de una opereta que pueden convertir en una hecatombe interna-cional. ¿Por qué terminaron representando tan patético papel? Ante todo, porque Uribe y Chávez, al igual que las FARC, tratan a los rehenes como piezas de sus respectivos proyectos políticos y militares, subordinando lo humanitario al logro de sus particulares objetivos.

Uribe quiere la libertad de todos los políticos secuestrados, pero primero la humillación y el procesamiento de los terroristas, cuando no su aniquilación física. Por eso el único lugar que encuentra adecuado para hablar con Marulanda es ante la Fiscalía, si es que antes de empezar a confesar sus crímenes, el ejército no le ha pegado una matada, como espera el Presidente que suceda más temprano que tarde. De allí que le reclame airadamente a Chávez que no haya “mediado contra el terrorismo” y tampoco condenado a las FARC por sus acciones terroristas. Obviamente ningún mediador puede ser un fustigador de la contraparte y al mismo tiempo un aliado de quien lo ha designado como tal. De otro lado, el Gobierno exige a las FARC pruebas de supervivencia de los rehenes, pero no cesa de insistir y ordenar a la Fuerza Pública y a todos los organismos de inteligencia que su obligación es rescatar a los secuestrados, pues no cree en la palabra de los terroristas. Incluso solicita ayuda internacional en tecnología y entrenamiento de grupos de asalto con tal fin. Así las cosas, las pruebas de supervivencia se pueden trocar en señuelos de muerte. La consecuencia de esta lógica belicista no puede ser otra que el silencio de la selva y el estruendo de las armas. Nunca la palabra y mucho menos el acuerdo.

Por su parte, Chávez, obnubilado en su protagonismo narcisista, se convierte de mediador en pacificador, y arrastrado por la afinidad de las FARC con su mito Bolivariano y el “socialismo del siglo XXI”, las rehabilita internacionalmente como protagonistas políticos con quienes se puede hacer la paz, sin que antes le hayan cumplido siquiera con las pruebas de vida que prometieron entregarle. Ante semejante escenario, no faltaba más que un buen pretexto para dar por terminada su mediación, y nada mejor que su inoportuna e inocua llamada al General Montoya. Entonces pasamos del fracaso de una mediación uribizada a unas relaciones internacionales deschavetadas, donde todos podemos perder mucho, empezando por los secuestrados, y sólo pueden ganar los interesados en la guerra y la muerte, que vitorean irreflexivamente las “dignas actitudes” de sus gobernantes que más parecen gamberros de barrio que jefes de Estado.

Para evitar una hecatombe interna-cional se requiere con urgencia una mediación diplomática profesional, que quizá solo puede provenir de las Naciones Unidas, o de los buenos oficios de quienes han dado ejemplo de ser auténticos constructores de paz y jefes de Estado, como el Arzobispo Desmond Tutu y el Ex Presidente Nelson Mandela, quienes se ofrecieron voluntariamente en el Coloquio de Justicia Restaurativa y Paz en Colombia, realizado en Febrero del 2005 en nuestro Campus de la Javeriana de Cali.

CALICANTO
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Noviembre 12 de 2007

Uribe y Marulanda: Los inamovibles de la hecatombe nacional.

Hernando Llano Ángel.

La política es movimiento. No conoce el reposo, aunque no falta quienes añoren su anquilosamiento y quieran convertirla en un lago de aguas tranquilas, donde naveguen sin sobresalto sus naves y sus intereses siempre estén a salvo. Incluso hay quienes van más lejos y pretenden erigirse en guardacostas y vigías de la política, definiendo las rutas y fijando los horizontes a todos los navegantes que se atreven en sus abiertas, profundas y procelosas aguas. Estos vigías y adelantados navegantes llegan al extremo de decidir, previo asalto de las naves y captura de su tripulación, quienes pueden surcar el inescrutable mar de la política y quienes no pueden hacerlo. Convierten así la política en una cruenta y degradada batalla naval, en lugar de reconocer que ella siempre será una travesía más o menos incierta por un mar agitado, infestado de intereses, navegantes y piratas, en busca de un puerto seguro.

Sin duda, la primera ha sido la concepción y la práctica de la política que ha predominado en nuestra historia. Por ello han sido más frecuentes los piratas y corsarios del interés público, antes que los auténticos capitanes, promotores y defensores del mismo. Se han hecho al mando de la nave del Estado los expertos en escribir e interpretar las cartas de navegación en beneficio de su más selecta tripulación, marginando a las galeras de los trabajos forzados a la mayoría de sus pasajeros. Así sucedió durante la larga y casi inconclusa travesía del frente nacional. Y lamentablemente volvió a repetirse, aunque esta vez con más protagonistas y en medio de una terrible tormenta, durante el proceso constituyente de 1991.

A partir de entonces la nave estatal se ha encontrado a punto de naufragar, resistiendo furiosos embates de la derecha y la izquierda, porque ella nunca fue diseñada y mucho menos construida en un astillero de cobertura nacional, aunque la Asamblea Nacional Constituyente parecía serlo. Pero el presidente Gaviria y la mayoría de los delegatarios no tuvieron en cuenta que para empezar a navegar por el incierto mar de la democracia hay que contar con todos los potenciales navegantes, pues aquellos que no participan en el diseño de la nave estatal y de su carta de navegación, suelen dedicarse al pillaje y sabotaje propio de los piratas y filibusteros que infestan el mar de asaltos y secuestros. Así aconteció con las FARC y el ELN en el proceso constituyente, abortado por las presiones del narcoterrorismo de Pablo Escobar, que logró su cometido de pirata mayor (la prohibición constitucional de la extradición), y por el hegemonismo triunfante de una concepción de la democracia reducida al mercado, levantada apresuradamente sobre las ruinas del muro de Berlín. Pero hoy esa concepción de democracia mercantil, que pretendió sustituir al ciudadano por el consumidor, está naufragando en el espejismo de una globalización que profundiza las desigualdades y la desintegración social.

Por eso la XVII cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos, clausurada abruptamente en medio de voces estridentes y la impostura monárquica, fue dedicada a la integración social. Porque sólo con integración social puede existir la democracia, ya que el mercado dejado a la lógica de sus beneficiarios produce mayor desintegración y confrontación social. Y dicha integración sólo puede propiciarla la política, escuchando y atendiendo todas las voces e intereses. Sin acallar a nadie, estigmatizar al adversario o anunciar hecatombes. Sin fijar condiciones inamovibles, como lo hacen Uribe y Marulanda, que sepultan así la política en el campo de la guerra y la ignominia del secuestro. Por eso se han convertido en los inamovibles de la política nacional, obcecados en la confrontación militar y social, antes que en integración que promueve toda auténtica democracia. Ambos son incapaces de reconocer que la política es movimiento, libertad y vida. Que ella nunca va a responder en forma fiel y cabal a la inmovilidad de sus aspiraciones. Ni siempre puede garantizar el triunfo de sus candidatos favoritos, como Peñalosa en la capital. No será ese paisaje de palmas africanas que sueña Uribe para gran parte de la geografía nacional, como si se tratara de una heredad familiar. Tampoco será la revancha sin límites del campesinado marginado y humillado contra la prepotencia de latifundistas y oligarcas inamovibles, como sueña Marulanda.

Tendrá que ser una tierra ancha y fértil que permita sembrar y cosechar todos los sueños. Un mar abierto, con olas más o menos tormentosas, donde pueda navegar desde la más humilde chalupa hasta la más moderna y potente nave. Ambas con derecho indeclinable a sus riquezas, sin mezquindad ni avaricia que impida a cualquier navegante imaginar y gozar de infinitos horizontes, donde todos los días nace y se oculta el sol, sin que algún escollo inamovible le permita navegar, vivir y prosperar en libertad hasta alcanzar el puerto anhelado de una paz con derecho a la verdad, la justicia y la dignidad. Una paz democrática que todos y todas merecemos, sin resignarnos a los inamovibles de la política nacional que nos han conducido a la actual hecatombe política e institucional, supuestamente en nombre de la “seguridad democrática” y la “justicia social”.

CALICANTO
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(Octubre 14 de 2007)

Hernando Llano Ángel.

La Parapolítica: paradojas de la política y la justicia.

El signo distintivo de la política nacional es la parapolítica, expresión de una tensión histórica entre la política y la justicia, que ha terminado por ser irreconciliable e insuperable. Una paradoja de marca mayor, pues ninguna sociedad puede sobrevivir decentemente cuando la política niega a la justicia y la justicia procesa a la política como una actividad criminal. Es la paradoja de un conflicto lacerante e inmemorial, que hoy se nos representa como una disputa mediática entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia. Una disputa que se desenvuelve en múltiples escenarios y tiene muchos actores protagónicos. El entramado judicial es uno de esos escenarios, pero no es el más importante, aunque así pretenda proyectarlo el presidente Uribe con su fiscal ventrílocuo y el corifeo de medios de comunicación que hacen resonar sus destempladas y disonantes voces. Como es frecuente, cuando se trata de asuntos de poder y verdad, el principal escenario es la arena política.

Un escenario polifónico por esencia, donde se expresan y pueden escuchar muchas voces, no sólo las de aquellos que quieren imponer una melodía oficial. Un escenario donde se escuchan desde las voces comunes de la calle hasta las encumbradas de los estrados judiciales. Desde las voces de los delincuentes comunes hasta las de sus defensores oficiales. Sólo que en esta ocasión parece haber una yuxtaposición entre el escenario político y el judicial, sin que ello signifique una subordinación y mucho menos una fusión, que termine por escamotear el conocimiento de la verdad y la justicia. Así, por ejemplo, la reciente condena de Santofimio a 24 años de cárcel por su papel determinante en el magnicidio de Luís Carlos Galán, viene a probar, 18 años después, la verdad política de la simbiosis criminal entre el dirigente liberal y Pablo Escobar, como capo que incursionó con relativo éxito en la política para eliminar la extradición de nuestro ordenamiento constitucional. Hay, pues, un desfase y una asincronía considerable entre la verdad política y la judicial.

Asincronía que ha intentado disminuir la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en forma admirable y diligente, procesando a quienes han conquistado sus cargos de representación y poder político gracias a la simbiosis criminal con los grupos paramilitares y el narcotráfico. Simbiosis de la que objetivamente se ha beneficiado y servido el presidente Uribe en el Congreso, solicitándole a sus Senadores y Representantes que voten sus proyectos de ley antes de ser procesados por la Corte, como también mediante la aprobación de trascendentales normas, tales como el Acto Legislativo de la reelección presidencial inmediata, y la benevolente ley de Justicia y Paz para criminales de lesa humanidad y narcotraficantes camuflados de comandantes paramilitares. Simbiosis de la política con el crimen, que el mismo Uribe ha defendido, al criticar en forma vehemente a la Corte Suprema de Justicia, cuando él mismo promovió y defendió por los medios de comunicación el reconocimiento de los comandantes de las autodefensas como delincuentes políticos, en contravía de la sentencia de la Corte que los calificó como delincuentes comunes. Así las cosas, tanto objetiva como subjetivamente, el Presidente contemporiza con la alianza entre la política y el crimen. Por eso, resulta patético su desafío a la Corte Suprema de Justicia, acusándola de fraguar un complot contra su majestad, emplazándola ante la opinión pública nacional e internacional para que demuestre que el Presidente es o no un asesino.

Semejante desafío equivale a probar judicialmente que el ex presidente Belisario Betancur es culpable de las desapariciones, torturas y ejecuciones sumarias cometidas por miembros de la Fuerza Pública en la retoma del Palacio de Justicia. También es equiparable a demostrar judicialmente que el ex presidente Samper recibió la generosa financiación del narcotráfico en la segunda vuelta de su campaña presidencial. Desde luego, carece de sentido probar judicialmente la culpabilidad de los ex presidentes, pues se trata de procesos políticos en los que hoy nadie duda de su absoluta responsabilidad política, aunque ambos disfruten de la más vergonzosa y cínica impunidad social. Salvo que en el caso de Betancur, al día siguiente de la hecatombe de la Justicia, éste asumió públicamente toda la responsabilidad política de lo acontecido, mientras Samper continúa en forma ladina negando su responsabilidad política en la financiación de su campaña. Pero mucho más comprometida e inadmisible es la causa del presidente Uribe, pues pretende eludir totalmente su responsabilidad en el auge y el ascenso vertiginoso del crimen en la política nacional, regional y local. Por eso ahora quiere trasladar su responsabilidad política al terreno de la culpabilidad penal. Sabe muy bien, como el ex presiente Samper, de quien fue su aprendiz político en tiempos de “Poder Popular”, que en los estrados judiciales nada se le puede probar.

Sin duda, el presidente Uribe no es culpable de crimen alguno, pero es responsable de la simbiosis entre la política y el crimen. Una forma muy simple de demostrar lo contrario, sería que desistiera de los apoyos políticos que siempre le han brindado quienes están hoy procesados como parapolíticos y de su obsesión personal por convertir en delincuentes políticos a criminales de lesa humanidad y narcotraficantes, que en forma selectiva y discrecional hoy protege de la extradición, sin que los motivos sean del todo claros. Pero ello es ya imposible, pues no se puede negar el pasado, tampoco los lazos políticos y de sangre con su primo Mario Uribe y mucho menos el transito de Salvatore Mancuso de las “civilistas” cooperativas de seguridad “Convivir”, que con tanto entusiasmo promovió durante su gobernación en Antioquia, a las criminales filas del paramilitarismo. En todos los anteriores eventos hay tanta responsabilidad política de Uribe como ausencia de culpabilidad penal.

La responsabilidad política es un hecho público que no precisa pruebas, porque ellas están a la vista, apreciación y el juicio de todos, como ciudadanos que somos. La segunda es consecuencia de un proceso penal, de índole estrictamente personal, que requiere pruebas y sólo los jueces son competentes para apreciar y fallar. Por eso, no está de más recordar que los juicios de responsabilidad política los pronunciamos los ciudadanos cuando votamos, mientras que los judiciales corresponden sólo a los jueces mediante sentencias. No le pidamos, entonces, a la Corte Suprema de Justicia lo que no le corresponde y asumamos como ciudadanos la responsabilidad política que tenemos en las elecciones del próximo 28 de Octubre. Seamos conscientes que en estas elecciones regionales y locales, con nuestro voto, podemos derrotar o afianzar esa simbiosis entre el crimen y la política, que hoy se camufla bajo las más insospechadas formas y candidaturas, que ocultan una alianza sempiterna entre privilegios sociales con criminales privilegiados, poco importa que sean plebeyos o patricios. Pero ahora tenemos poder de veto, pues si el voto en blanco supera la mitad más uno de los votos válidos, tendrá que repetirse la elección con otros candidatos. Con dicho instrumento y nuestra conciencia podremos depurar la política de sus nexos con intereses criminales, bien sea los emergentes o los de cuello blanco, que abundan en tantas regiones del país. El voto blanco parece ser la opción más ética y política en muchas ciudades y departamentos, como lamentablemente sucede en Cali y el Valle del Cauca, donde los tres candidatos favoritos, más allá de sus condiciones y calidades personales que avalan en distinto grado sus aspiraciones, son rehenes de intereses y entornos plagados de turbios personajes con antecedentes penales y criminales.

CALICANTO
(Septiembre 30 de 2007)
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Elecciones regionales: entre tumbas y urnas.

Hernando Llano Ángel.

Las elecciones del próximo 28 de Octubre serán cruciales, pues en ellas decidiremos el tipo de fuerzas e intereses que gobernarán regional y localmente en Colombia. Una definición que se dará en un contexto enrarecido, entre tumbas y urnas, por el enorme influjo de poderes de facto que, a diestra y siniestra, recurren desde el asesinato y las amenazas, pasando por la generosa financiación de candidatos, hasta la sutil utilización de la ingenuidad ciudadana, cuando reclaman miles de firmas para respaldar supuestos candidatos cívicos e independientes, que camuflan así su origen partidista y el pasado más o menos turbio o castaño de sus patrocinadores, como sucede en el Valle del Cauca.

En otras palabras, la combinación de todas las tácticas y formas de lucha, para hacer pasar como elecciones democráticas intachables unos comicios aquejados de insuperables vicios de ilegitimidad e ilegalidad, según sea la región donde se realicen. Por ello la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte, en su mapa de riesgo electoral por violencia, que cerca de 567 municipios tienen algún riesgo, de los cuales 237 se encuentran en riesgo extremo, 175 en riesgo alto y 164 en riesgo medio. Dichos vicios y riegos no son imputables exclusivamente a este gobierno de la “seguridad democrática”, pues su origen y existencia es estructural e histórica. Se podría afirmar que son las verdaderas señales de identidad de nuestra “ejemplar y estable democracia”, que se ufana de celebrar ininterrumpidamente elecciones desde 1957, bajo la égida de los más criminales o insospechados poderes de facto. Por eso no merece el título de democracia, sino de régimen electofáctico, pues la ciudadanía termina validando, sin mayor conciencia, dichos poderes de facto y su enorme capacidad de intimidación o mimetización partidista o cívica.

Sólo que bajo la divisa de la transparencia y su denodada lucha contra la corrupción y la politiquería --según lo afirma el asesor presidencial de cabecera, José Obdulio Gaviria-- este gobierno ha develado que en las elecciones de los últimos cinco años han sido determinantes los apoyos y patrocinios de los grupos paramilitares. Así lo ha venido probando judicialmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia al tener más de 40 honorables congresistas investigados por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares. Seguramente por ello el presidente Uribe insiste con tanta vehemencia ante dichos magistrados que deben reconocer a los paramilitares como delincuentes políticos, sediciosos exactamente, y no juzgarlos por sus actos como criminales de lesa humanidad y narcotraficantes. En efecto, las últimas elecciones parece que se hubieran decidido más en las tumbas que en las urnas, pues se calcula nacionalmente en cerca de 10.000 las víctimas de los paramilitares sediciosos. Pero también se decidieron en las urnas, como acontece en las democracias, aunque en nuestro caso con la pequeña diferencia de no haber sido libremente y en forma competitiva, como sucedió en muchas regiones del país en el 2003. Por eso hoy, como lo señala el número 1.326 de la revista Semana en circulación: “la mayoría de la dirigencia política tradicional de los departamentos de Cesar, Sucre, Magdalena y Córdoba está sub-júdice”. No gratuitamente los Gobernadores de Cesar y Magdalena, electos como candidatos únicos en el 2003, están hoy presos por sus vínculos con los grupos paramilitares, pues éstos no permitieron que Trino Luna, en el Magdalena, y Hernando Molina, en Cesar, tuvieran inoportunos adversarios. Sin duda, vencieron en las urnas, pero no convencieron a los magistrados en cuanto a la legitimidad y legalidad de sus victorias electorales.

En aquellas elecciones, José Vicente Castaño, el estratega de las AUC, reconocía las buenas relaciones con los políticos: “Hay una amistad con los políticos en las zonas donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías,” y daba las siguientes instrucciones a sus hombres: ““Tratar de aumentar nuestros amigos políticos sin importar el partido a que pertenezcan.”[1] Ahora sabemos, con nombres propios, como se cumplieron al píe de la letra las recomendaciones.

Pero hoy el panorama es más sombrío, pues las FARC tienen una presencia intimidante en 367 municipios, los nuevos grupos emergentes en 99 (“Águilas Negras”, al parecer al mando de José Vicente Castaño) y el ELN en 65. Por todo lo anterior, ya han sido asesinados 68 candidatos y se han cometido 37 atentados, 20 más que en el 2003, a pesar del éxito de la “seguridad democrática”, como lo pregonaba la semana pasada el presidente Uribe en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Sin duda, tiene razón el Presidente cuando habla de que tenemos una democracia profunda, pues las tumbas aumentan cada día, como lamentablemente lo constatamos en el Valle del Cauca con el asesinato de los 11 diputados en poder de las FARC. Su periplo vital fue de las urnas a las tumbas. Democracia profunda: aquella que se debate entre tumbas y urnas, podría ser el aporte de José Obdulio Gaviria a la ciencia política y del presidente Uribe a la historia colombiana, si ambos persisten en negar la grave crisis política en que vivimos y creen poder superarla por la vía militar, la ilusión mediática del fin del paramilitarismo y el éxito de la seguridad democrática.


[1] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.

CALICANTO
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Septiembre 16 de 2007

Política: entre la palabra, la sangre, la memoria y el olvido.

Hernando Llano Ángel.

La política es siempre una tensión inextinguible e inestable entre la palabra y la sangre. La memoria y el olvido. Entre el discurso persuasivo y la violencia arbitraria. Entre el derecho, como dique frágil que intenta contener y regular la fuerza bruta de orden personal o la violencia organizada de carácter colectivo, desplegada como un ejercicio arrasador de identidades plurales y de intereses en conflicto. De allí que la vida social y la dignidad de cada persona dependan, esencialmente, de la forma como se relacionen y articulen la palabra y la violencia; de la contingente conjugación en el presente de la memoria y el olvido.

Por eso en la vida política y académica las controversias en este campo son vitales, trascendentales y perennes. Dicha controversia se ha puesto de presente, una vez más, en el ataque maniqueísta del asesor presidencial José Obdulio Gaviria contra el profesor Oscar Mejía Quintana, al acusarlo de promover y justificar ante sus alumnos de la Universidad Nacional la combinación de todas las formas de lucha. Sólo cabe en una mente obtusa y obnubilada por el poder, como parece suceder con la de José Obdulio Gaviria –que niega la existencia de un conflicto armado interno en nuestro país- semejante cargo contra un académico que reflexiona sobre las complejas relaciones entre la violencia y la política en la filosofía liberal.

Pero ahora dicha polémica ha saltado del mundo académico de las ideas al campo cenagoso de la política y de la contienda electoral. Han sido las FARC, protagonistas de la política escrita con sangre y fuego, de memoria implacable con sus enemigos y olvido deliberado de sus víctimas, a través de Raúl Reyes y su declaración de simpatía por el avance electoral del Polo Democrático Alternativo, quien ha desatado una intensa controversia entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro. Pero antes del torbellino interno en que se debate el Polo y parece naufragar la cordura, hizo su aparición oportunista y farisaica el presidente Uribe, condenando la intervención de las FARC en política electoral y sindicando ladinamente al Polo de un supuesto aprovechamiento de la misma en los próximos comicios. Tanto escrúpulo ético y político se echa de menos en el presidente, cuando no rechaza con igual firmeza el apoyo de todos aquellos congresistas y parapolíticos que han consolidado su segundo mandato, pues fue gracias a su entusiasta votación de la reelección presidencial inmediata, que hoy Uribe despacha desde la Casa de Nariño. Y también fue gracias a los votos de conspicuos uribistas, hoy presos por concierto agravado para delinquir, como Miguel Alfonso de la Espriella, Vicente Blel Saad, Luís Eduardo Vives Lacouture, entre muchos otros, que se aprobó la ley de Justicia y Paz. Esa norma paracriminal, escrita a muchas manos entre el Gobierno, el actual Fiscal General y los “paras”, que casi se convierte en una coartada perfecta para alcanzar la impunidad bajo el falso ropaje de la justicia restaurativa y la reconciliación nacional, de no haber sido por los fallos de la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De manera, pues, que en el arte de combinar todas las formas de lucha el presidente Uribe es un discípulo aventajado de tantos maestros en dicha táctica, ejercida a diestra y siniestra por conservadores y liberales durante las nueve grandes guerras civiles que tuvimos en el siglo XIX y la horripilante Violencia del siglo pasado. Para no hablar de la cínica civilidad del frente nacional, revestida de sangre de los píes a la cabeza, que en nombre de ciudadanos incautos selló un pacto histórico de impunidad. Aquella pléyade de supuestos demócratas que llamaron golpe de opinión a la utilización del poder militar en cabeza del General Gustavo Rojas Pinilla, con la vana ilusión de sembrar la paz en la memoria y los corazones de las futuras generaciones. Para ello decretaron el olvido de sus crímenes y borraron de la historia la memoria de sus víctimas.

Bien lo dice García Márquez: “Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita”[1]. No es cierto, entonces, que la combinación de las formas de lucha sea una invención del Partido Comunista y de su sempiterno Secretario General, Gilberto Vieira, ahora profundizada y perfeccionada por las FARC y los paramilitares. No. Esa táctica es tan arcaica como la existencia de la misma humanidad, que para sobrevivir ha intentado durante siglos separar la política de la violencia, sin haberlo logrado plenamente. Para ello nació Leviatán, ese monstruo mítico y bíblico, que trata de concentrar toda la violencia en el Estado, fusionando así la palabra con la sangre. Ese monstruo que sigue matando impunemente, ya sea en el orden internacional o en el doméstico, en nombre de la libertad y la democracia.

Ese mito del Estado de derecho liberal, que revela su esencia en momento de crisis, como el actual, cuando Temis empieza a recobrar la memoria de tantas víctimas que han desaparecido bajo el manto ensangrentado de su supuesta legitimidad y legalidad. Hoy empezamos a saber qué aconteció con los desaparecidos del Palacio de Justicia. Necesitamos veintidós años para comenzar a conocer lo que sucedió a plena luz del día en la Plaza de Bolívar, epicentro del poder público y eclesiástico de nuestra maltrecha nación. Para ver aquello que sucedió ante los ojos de todos, como la salida con vida del Magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, cuyo cuerpo abaleado fue luego depositado semidesnudo en el interior del Palacio de Justicia. Veintidós años para encontrar sus documentos de identidad en una guarnición militar y su nombre añadido mentirosamente a la lista de guerrilleros de ese Comando alucinado del M-19 que pretendió reivindicar los Derechos Humanos asaltando y aniquilando la majestad e inviolabilidad de la Justicia. Ante semejante extravío del M-19 e insondable degradación de los miembros de la Fuerza Pública que cometieron tales hechos, la devolución de los cadáveres de los diputados asesinados en poder de las FARC aparece como un acto de humanidad y decoro, aún en medio de la violencia y la crueldad que significaron los más de cinco años de su ignominioso secuestro.

Sin duda, necesitaremos mucho más de veintidós años para saber la verdad sobre las circunstancias en que los once Diputados fueron cruelmente sacrificados en medio de la manigua, la soledad y la más profunda oscuridad. Pero más importante que conocer esa dolorosa verdad, es recuperar con vida a quienes continúan en cautiverio. Y ello sólo es posible si predomina la política sobre la guerra; la palabra sobre la muerte; el acuerdo humanitario sobre el rescate militar; la memoria de las víctimas sobre las prepotentes ordenes y decisiones de quienes olvidan y traicionan su frágil condición humana y ordenan rescatar, desde los seguros aposentos de la institucionalidad, y asesinar en los inexpugnables recovecos de la clandestinidad, para vergüenza de toda la humanidad.

[1] . Gabriel García Márquez, “Por un país al alcance de los niños”.

CALICANTO
(calicantopinion.blogspot.com)
Agosto 31 de 2007

REHENES DE LA VIOLENCIA Y EL NARCOTRÁFICO

Hernando Llano Ángel.

“Tendrán ambos que ceder. Liberar aquí y liberar allá; cosas de la realidad...vamos a hablar a ver qué pasa.” De estas enigmáticas palabras del Presidente Chávez, dirigidas al Presidente Uribe y a Marulanda, queda claro que los considera por igual rehenes de sus propias posiciones de poder y confía, sin muchas ilusiones, que mediante el diálogo con ambas partes algo pueda alcanzar. Irónicamente se le ha asignado al presidente Chávez su rol más deseado: no el de un simple mediador, sino el de un providencial libertador de quienes están secuestrados por sus propias convicciones y proyectos estratégicos. De una parte, el presidente Uribe rehén de su obsesión de una “Colombia sin guerrillas ni paramilitares”, para lo cual parece que no le va a alcanzar su segundo mandato. Y las FARC, obsesionadas con lograr el reconocimiento, por parte de Uribe, de ser actores políticos y no abominables terroristas, a quienes el presidente sólo espera derrotar militarmente, pues es sabido que con “terroristas no se negocia”. Exceptuando, claro está, a los paramilitares, a quienes considera y ha dado el trato de delincuentes políticos. Hasta el extremo de desafiar y acusar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su sentencia “ideológica”, al no reconocerles dicha condición política. Razón tiene Chávez al decir que hay que “liberar aquí y liberar allá.”

Liberar al Presidente

De lo primero que tendría que liberarse el presidente Uribe es de su concepción maniquea de que hay unos “terroristas buenos”, a quienes da un trato judicial privilegiado (Ley de justicia y paz), y unos “terroristas malos”, para quienes sólo cabe la confrontación militar. Sin duda, en este terreno el presidente se encuentra secuestrado por la idea de que existe una violencia, la ejercida por los grupos de Autodefensas o paramilitares, que es menos terrorista y criminal, que aquella desplegada por los grupos guerrilleros. Es tan evidente lo anterior, que asimila la primera al delito de sedición y la segunda al terrorismo, desconociendo no sólo la realidad de los hechos sino también la intencionalidad de sus responsables. Hechos tan irrefutables, como que la violencia de las Autodefensas y los paramilitares no ha tenido como objetivo combatir a la Fuerza Pública y mucho menos modificar o sustituir transitoriamente las funciones de las autoridades, sino más bien todo lo contrario, contribuir con ellas en la defensa de un establecimiento amenazado por la violencia y el terror rojo de la guerrilla.

Así las cosas, el presidente desconoce y olvida lo que planteó en su punto 33 del “Manifiesto Democrático”: “Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Desconocimiento tanto más grave, por cuanto esa defensa que se arrogaron los “paras” ha sido realizada gracias a la simbiosis criminal con el narcotráfico, motivo por el cual los principales comandantes de las AUC se encuentran en capilla de ser extraditados a Estados Unidos.

“Cosas de la realidad”, dice coloquialmente Chávez. Y la realidad está dejando en claro, frente a la inminente extradición de Macaco, que cada vez será más difícil para Uribe persistir en su obra política maestra: la metamorfosis, ni siquiera imaginada por Kafka, de convertir en delincuentes políticos a los mayores criminales de lesa humanidad y los más poderosos narcotraficantes del país, legitimando de paso el combate degradado del terror blanco de las AUC contra el terror rojo de las FARC. Terror agudizado por los ilimitados recursos que les proporciona el narcotráfico a los dos bandos. Sin duda, todos ellos son rehenes de la violencia y el narcotráfico, por eso su maniobrabilidad política es cada vez menor y persisten en ajustar sus cuentas en el terreno de la guerra y el delito, birlando al máximo la aplicación de la ley.

Bien lo expresa García Márquez: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Todos ellos carecen del menor escrúpulo por la vida de los civiles, a quienes convierten en rehenes y masa de maniobra política y militar de sus objetivos, ambiciones y proyectos estratégicos, en los que ya parece imposible discernir la política del crimen. Hacen gala del más irresponsable desprecio por la legitimidad y la dignidad de las instituciones públicas, al convertirlas en escenarios de negociación y transacción con el crimen organizado.

CALICANTO
(Agosto 8 de 2007)
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Uribe y Moncayo: más allá de las víctimas y los verdugos.

Hernando Llano Ángel.

Para representar el mayor drama y la más dolorosa tragedia que vivimos como sociedad, el escenario no podía ser más adecuado: las escalinatas del Capitolio y la plaza de Bolívar. Los protagonistas más indicados: el presidente Uribe y el profesor Moncayo. Ningún lugar más significativo y ninguna hora más apropiada: ambos protagonistas expuestos a la luz pública, justo al medio día, bajo una claridad meridiana, como para que nada quedara oculto. Detrás de ellos los símbolos de un poder pétreo e insensible, fatuo e impotente: el Congreso y la Casa de Nariño. Frente a ellos un poder civil disperso y exaltado, representado por una multitud polarizada, dividida entre las rechiflas y los aplausos, según el sentido y el tono de las intervenciones de Uribe y Moncayo. Y como telón de fondo, el Palacio de Justicia, un convidado de piedra, que apenas ahora empieza a afirmar su existencia, después de veinte y dos años de haber renacido de las cenizas. Pero no han transcurrido en vano estos veinte y dos años en que la alucinación guerrillera, sumada a la prepotencia presidencial y la revancha militar desaparecieron a la justicia. Parece que está llegando, muy lenta y extemporáneamente, la hora de la verdad y la justicia, al menos para las víctimas del Palacio que fueron torturadas y desaparecidas en nombre de la “democracia”, según la célebre expresión del Coronel Alfonso Plazas Vega.

Así como también ha llegado, desde el sur profundo, con su paso lento y firme, el profesor Moncayo, para contarnos a todos unas cuantas verdades de vida, dolor y dignidad. Palabras que lamentablemente su principal destinatario, el presidente Uribe, no escuchó y mucho menos comprendió, por ser rehén de un poder autista y narcisista, incapaz de reconocer voces diferentes a las del mando y la obediencia. Palabras que tampoco fueron atendidas por las FARC, extraviadas en la manigua de la violencia y sordas a cualquier eco de política, pues parecen haber quedado aturdidas por el fuego de sus armas. Pero las palabras del profesor Moncayo no han caído al vacío. Están resonando en las mentes y corazones de miles de colombianos, que nos rehusamos a ser víctimas y mucho menos a convertirnos en cómplices de verdugos, así sea en nombre de coartadas oficiales como la seguridad democrática o estratagemas guerrilleras como la paz. Coartadas y falacias que han terminado siendo objetivamente criminales, así pretendan legitimarse bajo un discurso político, totalmente degradado y negado por sus respectivas acciones de guerra, destrucción y muerte.

En cambio las palabras y acciones del profesor Moncayo son la mejor expresión de la política y la más rotunda negación de la guerra. De la política que sólo empieza con el reconocimiento del contrario, en lugar de la obsesión por su derrota, humillación o aniquilación, en la que están mutuamente empeñados el Presidente y las FARC, sin considerar el número de víctimas civiles que cause semejante obcecación belicista. Porque en medio de este pulso a muerte, los civiles somos carne de cañón y piezas de negociación. Por eso el profesor Moncayo tiene toda la razón cuando dice que “estamos en medio de ese juego politiquero entre el gobierno y las FARC” y nos han convertido en “la pelota de juego, donde han sacado mayor provecho posible”. Por eso ya va siendo hora de dejar de comportarnos como víctimas y empezar a actuar como ciudadanos. Es el momento de acompañar al profesor Moncayo y forzar al Gobierno y las FARC para que se reconozcan políticamente y no se degraden más militarmente. Para que actúen políticamente en forma responsable y dejen de ser militarmente incompetentes, al poner cada día en mayor riesgo de muerte a los civiles y los secuestrados. Porque si algo va quedando claro en esta guerra degradada es que más bajas de civiles causa el fuego amigo, que el combate entre enemigos.

También tiene toda la razón Moncayo cuando le dice al Presidente que “la presencia del Estado no necesariamente se debe a la fuerza pública. Un maestro es presencia del Estado aquí y en cualquier parte. Una enfermera es presencia del Estado”. Pero sobre todo tiene razón cuando señala que como “docente nosotros enseñamos los principios, los valores. Nosotros enseñamos a nuestros estudiantes el respeto. Pero tristemente en menos de un año le cambian esa mentalidad, los convierten en soldados profesionales, en policías…cuando les dicen: aquí tienen que aprender a disparar al blanco. Y el blanco es enseñarle a matar y eso es lo que no comparto.” Tiene toda la razón, porque las autoridades estatales están para proteger la vida y garantizar el ejercicio de los derechos que hacen posible la dignidad de todos, no para garantizar en primer lugar la seguridad de los inversionistas y la estabilidad de sus ganancias, como lo pregona el presidente con su política de orden público, en nombre de la cual termina fustigando a quien no la apoya y degenera en una incitación al odio público que divide a los colombianos entre “paraguerrilleros o paramilitares”. Por eso en la plaza de Bolívar el Presidente respondió: “Espero que cuando me dicen paramilitar a mí, no sea con el animo de que imperen las FARC en Colombia.” Justamente este falso dilema, que no nos deja otra opción que alinearnos en algún bando de los verdugos, es el que ha resuelto el profesor Moncayo al invitarnos a pensar, actuar y movilizarnos como ciudadanos, exigiendo al Gobierno y las FARC que realicen el acuerdo humanitario. La paz y la libertad sólo las alcanzaremos con valor ciudadano, no gracias a las concesiones de los verdugos y mucho menos con el sacrificio de más víctimas. Razón tenía Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar.” Es hora de acompañar al profesor Moncayo y no abandonarlo, sólo así no seremos víctimas o verdugos.

CALICANTO
(Agosto 1 de 2007)

Elecciones en el Valle y Cali: Entre tumbas inciertas, urnas vacías y ciudadanía incrédula. (II)

Hernando Llano Ángel.[1]

En el caso del Valle del Cauca y Cali, el panorama es bastante incierto y lleno de sombras, quizá por ello lo que predomina en la ciudadanía es la indecisión e incredulidad en la honestidad y competencia de los aspirantes. En efecto, según la encuesta de opinión realizada por Invamer entre el 9 y 12 de Julio, publicada por El Tiempo el domingo 15, en Cali el 27.6% de los entrevistados no han decidido por quien votar y el 8.7% manifiesta que lo hará en blanco. Para contrarrestar esta tendencia abstencionista y de incredulidad ciudadana en las elecciones, organizaciones cívicas como la Unidad de Acción Vallecaucana y empresariales como la Cámara de Comercio, además de firmas raizales como Carvajal y del sector azucarero, están promoviendo intensas y claras campañas de responsabilidad ciudadana frente a la elección de los próximos gobernantes regionales y locales. Al respecto, la abstención en Cali ha venido aumentado en forma progresiva desde el 54% en 1997, pasando por el 61% en el 2000 hasta llegar al 63% en las pasadas elecciones del 2003.

El próximo 28 de Octubre ese 36.3% de ciudadanos incrédulos será decisorio, pues el candidato hasta ahora con mayor opción, Kilo Lloreda, sólo tiene el 22.9% de intención de voto. Porcentaje incluso inferior a la suma del empate en intención de voto que tienen quienes le siguen: Bruno Díaz y Jorge Iván Ospina, cada uno con el 13%, siendo ambos representativos de sectores de izquierda que eventualmente se pueden sumar y expresan una posición política y social antielitista. Posición elitista muy bien encarnada por Kiko Lloreda, derrotado en las dos últimas elecciones en gran parte por su alcurnia familiar, convertida en estigma, frente a candidatos de raigambre popular como Jhon Maro Rodríguez y el destituido Apolinar Salcedo.

Pero si en Cali la situación es incierta, en el Departamento es aún mayor, al punto que todavía no se perfilan quienes serán los candidatos que llegarán hasta el 28 de Octubre. Ya está claro que Francisco Murgueitio es el candidato del Partido Conservador, pero no hay nada seguro frente a los aspirantes de las otras fuerzas políticas, fuera de su debilidad electoral frente a quien aparece como una amenaza y hasta un enigma político: el joven concejal Juan Carlos Abadía, que cuenta con enormes recursos económicos para el desarrollo de su campaña y con el estigma de ser hijo del ex senador liberal Carlos H Abadía, condenado en el famoso proceso 8.000. Además está apoyado por el senador Juan Carlos Martínez, de Convergencia Ciudadana y antes líder del Movimiento Popular Unido, fundado por el ex senador Abadía, del cual también hizo parte Miguel de la Espriella Burgos, hoy procesado por concierto para delinquir con grupos paramilitares.

Para oponerse al eventual triunfo de Juan Carlos Abadía, la senadora Dilian Francisca Toro del Partido de la “U” y el representante Roy Barreras, de Cambio Radical, están promoviendo la definición de un mecanismo que permita escoger un candidato único, bajo la bandera de una “Alianza Social por la Vallecaucanidad”. De esta forma se contrarrestaría la dispersión de votos entre los actuales precandidatos, Orlando Riascos, del PDA; Edinson Delgado del Partido de la “U”, María del Socorro Bustamente del Partido Liberal; Miguel Motoa Kuri, por Cambio Radical; Alejandro De Lima y Francisco Lamus como candidatos independientes y Francisco Murgueitio por el Partido Conservador. Más allá del resultado de dicha táctica electoral, lo que se evidencia es la profunda fragilidad del sistema de representación partidista en el Valle y la amenaza que para el liderazgo electoral de la senadora Toro representa Juan Carlos Abadía.

Pero también para el destino del Valle del Cauca la incertidumbre es mayor, pues no aparece en el horizonte ninguna organización política capaz de heredar la gestión de Angelino Garzón, toda vez que la opción de Orlando Riascos es electoralmente muy débil, aunque políticamente aparezca como el más indicado para garantizar y afianzar la continuidad de dichas políticas sociales.

Y si al anterior panorama se suma la enorme amenaza que representa la criminalidad organizada en el Departamento, con ejércitos privados como los “Machos” y los “Rastrojos”, de los temibles narcotraficantes Diego Montoya y Wilber Varela; la sensación de orfandad y vulnerabilidad a que están expuestos los políticos después de la matanza de los once ex diputados y la inestable situación de orden público en Buenaventura, tenemos uno de los escenarios político-electorales más difíciles e inciertos en una de las regiones de mayor importancia estratégica para la economía nacional. Por estas circunstancias, cada vez dependerá más de la tutela del Presidente y de la asistencia del Gobierno Central. Tutela que seguro será determinante en los resultados electorales del 28 de Octubre, tanto en la capital como en el Departamento, para así garantizar el Presidente ese firme margen de gobernabilidad que requiere su política de seguridad democrática, gravemente cuestionada y desafiada por las FARC en la región.



[1] Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

CALICANTO
(Julio 25 2007)

Elecciones en el Valle y Cali: Entre tumbas inciertas, urnas vacías y ciudadanía incrédula. (Primera parte)

Hernando Llano Ángel.

Entre tumbas inciertas y urnas vacías discurre la política regional en el Valle del Cauca, aunque ello pasa desapercibido para la inmensa mayoría de ciudadanos, como también sucede en el contexto nacional. Pues solamente tres días separaron las multitudinarias manifestaciones de rechazo a la matanza de los once ex diputados de la Asamblea Departamental en poder de la FARC, que el jueves 5 de julio atiborraron como nunca antes las céntricas calles de la ciudad, de las fantasmales consultas de los partidos realizadas el domingo 8 para escoger sus candidatos a las elecciones regionales del próximo 28 de Octubre.

Las manifestaciones, además del rechazo radical del secuestro como deleznable y degradante táctica de lucha política, tuvieron como exigencia central la devolución de los cuerpos de los ex diputados por parte de las FARC, para poder darles digna sepultura. Pero a casi dos meses de transcurrida la masacre, la tumbas que albergaran sus cuerpos son todavía inciertas. Y en el campo electoral el paisaje fue también desolador, pues las urnas quedaron casi vacías. Nacionalmente la participación electoral no alcanzó el 4% de los habilitados para votar y en el Valle del Cauca el asunto fue más dramático: apenas el 2.84% votó en la consulta del Partido Conservador para la escogencia de su candidato a la Gobernación del Departamento[1], según los resultados oficiales reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La candidatura fue ganada por Francisco Javier Murgueitio Restrepo con 36.797 votos, el 47.04% de los depositados por candidatos, frente a 21.177 por Diego Alberto Ramos, el 27.07% y 1.033 de Luís Alberto Herrera Ramírez, apenas el 1.32%.

De los 78.226 electores que participaron, es de destacar que 12.868, el 16.45%, no marcaron el tarjetón; votaron en blanco 3.444, el 4.4% y se anularon 2.907 votos, el 3.7%. Es decir, que un poco más del 24.5% de los conservadores que participaron en la consulta no se identificaron con alguno de los aspirantes a candidato único del Partido para la Gobernación, lo cual señala cierto déficit de liderazgo al interior de la agrupación y graves fallas de pedagogía electoral para incentivar la participación.

En Cali las consultas para la escogencia de candidatos se limitaron a las postulaciones presentadas por el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Conservador. En este ámbito los resultados fueron más patéticos, especialmente para el Polo, puesto que el Partido Conservador definía si presentaba un candidato único o respaldaba una candidatura de alianza o coalición con otras fuerzas, opción que a la postre ganó, quedando así definida la candidatura de Francisco José Lloreda. En cambio la consulta del PDA reveló la profunda crisis de representatividad y liderazgo de los dos aspirantes postulados entre los electores que concurrieron a las urnas el domingo 8 de Julio.


En efecto, el total de votos fue de apenas 9.756, de los cuales 4.089 fueron por los dos aspirantes inscritos: Bruno Alberto Díaz Obregón y Marco Aurelio Ramírez Rojas. Bruno Díaz ganó la consulta con 2.314 votos frente a 1.775 obtenidos por Ramírez. Entre los dos apenas alcanzaron el 41.91% del total de votos depositados: 9.756, según los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Lo anterior significa que el 58.09% de los electores del PDA no respaldaron dichos aspirantes, pues 4.076, el 41.78% de los que concurrieron a las urnas optaron por no marcar el tarjetón, casi el doble de quienes votaron por Bruno Díaz con escasos 2.314 sufragios; el 8.31% votaron en blanco: 811 electores y 780 votos fueron anulados, el 8%. En otras palabras, el PDA no se siente representado con el actual candidato, Bruno Díaz, pues su victoria resulta absolutamente pírrica y simbólica, en tanto el 76.28% de los electores no votaron por él. De allí que la principal conclusión de los resultados de estas dos consultas no deja de ser paradójica: decidieron que el próximo alcalde de Cali probablemente no saldrá de las entrañas de ningún partido, sino de coaliciones o postulaciones independientes, realizadas con fundamento en la recolección de firmas de la ciudadanía caleña.

Y esta conclusión parece estar marcando una tendencia nacional, como es la de buscar directamente el aval de los ciudadanos mediante sus firmas, para eludir así la profunda crisis de credibilidad por la que atraviesan los Partidos y Movimientos políticos afectados por el escándalo de la parapolítica. Por ello no es gratuito que dos de las organizaciones políticas más diezmadas por dicho escándalo, de las entrañas del Uribismo, como son el Partido de la “U” y “Colombia Democrática”, estén invitando a los ciudadanos y ciudadanas comunes para que postulen sus nombres como candidatos en sus correspondientes listas para corporaciones públicas. Con esta táctica, aparentemente más democrática y abierta, lo que se puede generar es una especie de mimetismo de ambiciosos y de aventureros políticos, en lugar de un fortalecimiento de los Partidos y sus responsabilidades en la gestión de lo público, que era justamente el propósito central de la Reforma Política del 2003.

En otras palabras, el personalismo y la publicidad convertirán las próximas elecciones en un espectáculo cada vez más banal, tras el cual se ocultarán las verdaderas caras e intereses que decidirán la composición del poder político en los Departamentos y las principales ciudades del país. En últimas, lo que está en juego es trascendental. Se trata nada menos que de un pulso difuso entre la política democrática, es decir, aquella recuperada para el debate y la definición de lo público por parte de los ciudadanos y las ciudadanas en competencia desigual contra la política del statu quo, desplegada como una estratagema urdida y manejada hábilmente por las elites tradicionales en asocio con fuerzas e intereses emergentes, cuya procedencia social, económica y legal no es muy clara, puesto que tiene como telón de fondo el proceso de reincorporación de las huestes paramilitares a la vida civil y política. En cada Departamento y capital esto se reflejará de manera más o menos evidente, según sea la composición de las coaliciones y el mayor o menor conocimiento público de los perfiles de los candidatos con opciones de triunfo. En la segunda parte, abordaré el panorama de nuestro Departamento y capital.

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[1] - Potencial electoral del Departamento del Valle del Cauca: 2.752.766. Total votantes por el Partido Conservador en consulta para candidato a la Gobernación: 78.226 electores.

CALICANTO
(Julio 9 de 2007)
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Colombia: entre la libertad y la muerte.

Hernando Llano Ángel.

Es verdad que fueron multitudinarias las manifestaciones de repudio contra el secuestro y el escabroso asesinato de los once diputados, sacrificados por las FARC en circunstancias aún por esclarecer, pero que en ningún caso la eximen de su mayor responsabilidad: convertir a la población civil en carne de cañón y masa de maniobra militar de un conflicto armado que presagia abismos todavía más insondables de degradación. Aunque se haya avanzado en el repudio unánime del secuestro, ahora la polarización se da entre los partidarios del acuerdo humanitario, que privilegia la vida, y los abanderados del rescate militar, con su inminente riesgo de muerte. Así las cosas, el epicentro del conflicto ha tenido un desplazamiento fatal: ya no exigimos la libertad de los diputados, sino la pronta entrega de sus cuerpos sin vida.

Pero esta malsana polarización no debe hacernos olvidar lo más grave: todos somos rehenes de traficantes y mercaderes de la muerte, que esgrimen cínicamente valores e intereses para mantenernos cautivos y, llegado el caso, “cortarnos el cuello para salvarnos la vida”.[1] Así, desde la perspectiva gubernamental, todo debe estar subordinado al éxito de la política de seguridad democrática, incluso la vida misma de los secuestrados. Por eso es más importante derrotar a los secuestradores en el campo de batalla que liberar a los secuestrados mediante un acuerdo humanitario.

Las FARC, por otra parte, buscan su reconocimiento como fuerza beligerante, presionando al presidente Uribe a un pacto público, como condición previa para que las autoridades garanticen la gobernabilidad en todo el territorio nacional, la libertad y seguridad de sus habitantes. De allí la obcecación criminal de las FARC en realizar el acuerdo humanitario, como una exigencia para la liberación de los secuestrados, so pena de proceder a su asesinato en el evento de un rescate. Ya todos conocemos el lugar hacia donde nos conduce el choque fatal de estas dos fuerzas antagónicas: la paz de los cementerios y las fosas comunes.

Lo más absurdo es que los civiles, siendo la mayoría, no seamos capaces de reconocer esta terrible realidad y nos dejemos manipular tan fácilmente por el miedo y el horror, en lugar de exigir a ambas partes que paren ya esta ignominiosa guerra. Que se reconozcan como los protagonistas de una guerra putrefacta y mortecina que nos degrada a todos. Que en esta guerra no hay heroísmo ni grandeza alguna, sino mezquindad y vergüenza para todos. En fin, que esta guerra ninguna de las dos partes podrá ganarla, porque simplemente los civiles, que somos la mayoría y colocamos el mayor número de víctimas, no creemos en la supuesta grandeza de sus fines y ya conocemos de sobra la vileza de sus medios: las mentiras, el odio, la venganza y la violencia. Deberíamos ser capaces de mirarlos a los ojos y exigirles que no sigan mintiendo y matando en nuestro nombre. Por ejemplo, es inaudito que el mismo Comandante General de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, en entrevista concedida en el mes de Junio pasado a la revista Credencial, bajo el apocalíptico titulo de “Estamos en el fin del fin”, haya declarado: “Tenemos una capacidad de combate formidable y no hay ningún lugar de la selva colombiana, óigase bien, ninguno, donde nosotros no seamos capaces de llegar en forma rápida, sin ser detectados, para dar el golpe que se necesita”. Es una lastima que el Ejército no haya llegado antes de que ese golpe mortal lo asestará las FARC y que todavía hoy, esa “formidable capacidad de combate”, no sea capaz de ubicar ni rescatar los cuerpos de los diputados sacrificados.

Pero también deberíamos tener el valor de mirarnos, en tanto civiles y ciudadanos, en el espejo de nuestras propias acciones y reconocer nuestras responsabilidades en la degradación de este conflicto. Por ejemplo, que las multitudinarias manifestaciones del pasado jueves 5 de Julio son la mejor escenificación de la esquizofrenia política y ética que nos afecta como sociedad. Una sociedad conformada por una indolente “ciudadanía citadina” que consintió pasivamente las atrocidades cometidas por los paramilitares y sus correligionarios políticos y económicos del establecimiento (terror blanco) contra millares de campesinos y campesinas, indígenas y líderes populares desaparecidos, asesinados y descuartizados durante la última década, para quienes jamás tuvimos siquiera una manifestación de protesta y solidaridad, lo cual contrasta con la indignación y la solidaridad multitudinaria que hoy despierta la violencia del terror “rojo” ensañada en los diputados. Esta coyuntura está poniendo de presente, como ninguna otra, la enorme herida que desangra secularmente nuestra nación y profundiza el abismo de ignominia entre la vida de los campesinos, que parece sin valor alguno, frente a la de los citadinos, considerada sagrada e intocable. Desde la época de la Violencia arrastramos semejante estigma. Y hoy, una vez más, se constata multitudinariamente que los campesinos no son ciudadanos, si acaso peones y siervos, a quienes ni siquiera les reconocemos su condición de víctimas, pues siempre serán sospechosos de auxiliar el terror rojo de la guerrilla, de ser raspachines o indeseables desplazados que invaden y arruinan la belleza y seguridad de nuestras ciudades. Por eso el presidente Uribe ordena que los bombardeos no se detengan, que los aviones sean “tanqueados” en pleno vuelo, porque hay que despejar de terroristas el campo. Y miles de ciudadanos, seguros en los cascos urbanos, vitorean semejante orden, identificados con un líder de mando y determinación. A tal punto se expresa esta fragmentación de la nación, que es imposible pensar una zona de encuentro en el campo entre las autoridades de los citadinos secuestrados y los terroristas que los tienen cautivos. Sólo cabe la confrontación y el exterminio, al igual que el bombardeo con glifosato o la depredación de los bosques tropicales para sembrarlos con palma africana, planta emblemática del terror “Blanco”, como bien lo saben las comunidades negras del Chocó y tantas otras poblaciones en los Llanos.

Este escenario de fragmentación espacial y de esquizofrenia política y ética, inadvertido por millones de “ciudadanos de bien”, civilizados y globalizados, cada día tenderá a polarizarse más –como lo vivimos en las manifestaciones del pasado Jueves 5 de Julio— entre quienes son partidarios de la tierra arrasada para rescatar a los secuestrados y quienes promueven el acuerdo humanitario, inmediatamente convertidos por ello en sospechosos de ser cómplices de la guerrilla. Quienes niegan radicalmente el acuerdo humanitario, no caen en la cuenta de que están muy cerca de propiciar más rescates funerarios. E inevitablemente esta polarización tendrá su expresión en las campañas electorales y en la configuración de los poderes locales y regionales. Ya las encuestas y sondeos de opinión contratados por RCN y realizados por Yanhaas, señalan que “el 57,87 por ciento de las personas consultadas en las cinco principales ciudades del país se opone a otorgar una zona desmilitarizada a la guerrilla de las Farc como sede para la búsqueda de un acuerdo humanitario.” Y Cali es la ciudad que cuenta con el mayor número de opositores al despeje con 61.10 por ciento de entrevistados frente al 33.96 por ciento a favor del acuerdo y 4.94 por ciento que no sabe o no responde. Sin duda, tenemos una ciudadanía secuestrada por el falso dilema de libertad o muerte, que es incapaz de expresarse y actuar en forma autónoma, como un poder civil valiente y pacífico que no se deja intimidar o manipular por los partidarios de la guerra. Y curiosamente ha sido en el campo donde ha fructificado este tipo de poder civil autónomo, en comunidades que han sembrado y consolidado la paz, como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare; el Concejo Constituyente de Mogotes; el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Proyecto indígena Nasa, para citar los más reconocidos, que nos dan ejemplos de valor civil a los millones de ciudadanos que esporádicamente nos movilizamos contra el secuestro y ya nos creemos héroes.
[1] - “Buenos Tiempos”, canción de Joan Manuel Serrat.

CALICANTO
(Junio 28 de 2007)
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La muerte: el triunfo de la guerra.

Hernando Llano Ángel.

En la mañana de este jueves 28 de Junio de 2007 la consternación y confusión es generalizada, pues del críptico mensaje divulgado por las FARC anunciado la muerte de 11 de los 12 diputados, nada se puede afirmar con certeza sobre las circunstancias de tan trágico y repudiable desenlace. En el evento de verificarse este luctuoso acontecimiento, lo único que puede afirmarse es que la muerte es el triunfo inobjetable de la guerra, cuando se enfrentan fuerzas obcecadas en vencer al enemigo, sin importar el costo en vidas humanas y el dolor que haya que pagar por ello.

Sin duda, las FARC tendrán que explicar claramente lo sucedido, pues no pueden eludir su directa responsabilidad en la matanza de los 11 diputados, bajo la ambigua expresión de ser consecuencia del fuego cruzado con una fuerza militar no identificada. Responsabilidad que tienen desde el momento en que se llevaron los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle, al convertirlos en rehenes de sus exigencias políticas y militares, mediante un falso operativo de seguridad militar, simulando ser miembros del Ejército nacional. Este típico acto de perfidia que marcó el comienzo de un ignominioso y prolongado cautiverio, parece haber culminado en circunstancias tan oscuras como empezó. Por eso las FARC han contraído una deuda con toda la humanidad: deben facilitar de manera inmediata la recuperación de los cuerpos de las víctimas y el esclarecimiento del trágico suceso, permitiendo el acceso del CICR o de una comisión especial con tal fin. De no hacerlo, estaría confirmando ante la comunidad nacional e internacional, que no son la organización política-militar que pregona ser, cuyos mandos responden por sus actos, sino una debilitada organización criminal que ha perdido toda capacidad para cumplir incluso con las metas mínimas de garantizar la supervivencia y seguridad de quienes están bajo su poder y custodia, ante el eventual ataque de una “fuerza militar no identificada”.

De otra parte, al Presidente de la República le cabe la responsabilidad histórica de comportarse como un jefe de Estado, en lugar de representar el patético papel de un impotente estratega que arenga periódicamente a sus tropas para que no paren de bombardear y despejar el territorio nacional de terroristas, sin lograr el rescate con vida de los rehenes políticos. Ha llegado la hora, al parecer demasiado tarde para los diputados del Valle, del acuerdo humanitario para evitar continuar con los dantescos operativos de rescate funerario. Debería aprender Uribe de la trágica lección de Belisario, cuya obcecación por rescatar a sangre y fuego a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia culminó con su inmolación, en el mismo epicentro del poder político nacional. Entonces la cúpula del poder judicial fue decapitada en el centro de la capital y la majestad de la justicia reducida a escombros y cenizas. ¿Qué se puede esperar que suceda en la manigua de la selva colombiana? Hoy estamos conociendo los excesos de terror en que incurrieron miembros de la fuerza pública, con torturas, desapariciones de civiles y ejecuciones sumarias, para rendir un supuesto parte de victoria ante el poder presidencial. Definitivamente la muerte es el único triunfo del que pueden ufanarse este tipo de guerreros. Por eso ha llegado la hora del Acuerdo Humanitario, el único triunfo del que podemos ufanarnos todos los colombianos.

CALICANTO

(Mayo 31 de 2007)
(calicantopinion.blogspot.com)

¿La verdad para qué? (II)

Hernando Llano Ángel.

Que somos un país de veinticuatro horas, según la célebre expresión de Carlos Jiménez Gómez, ex Procurador General de la Nación, ya no queda la menor duda. Ayer era la verdad política el asunto que obsesionaba al país y desvelaba a Uribe. Hoy es la libertad de los parapolíticos y los guerrilleros de las FARC. Bastó que Salvatore Mancuso confirmara con su testimonio, en este caso más de muerte que de vida, que el paramilitarismo se convirtió en la más eficaz y devastadora política criminal de Estado, precedida por las “cooperativas de seguridad Convivir”, públicamente auspiciadas por el entonces Gobernador Uribe, para que el Presidente se tomara en serio el asunto de la libertad.

Por eso hoy la libertad ocupa las primeras páginas de los diarios y la verdad parece desplazada al olvido y relegada a columnas de opinión que casi nadie lee. Pero no se puede olvidar que la verdad de esa exitosa política criminal de Estado se escribió a sangre y fuego sobre los cuerpos de miles de víctimas, que hoy nos demuestran su inocencia desde fosas comunes y tumbas anónimas. La dolorosa verdad de las víctimas se impone sobre la cínica verdad de sus verdugos, así como el secuestro de miles de compatriotas convierte a sus captores en auténticos liberticidas.

Sin duda, somos una sociedad trascendentalmente banal y moralmente cínica, donde sus dirigentes y contradictores armados convierten la verdad y la libertad en estratagemas de su lucha hegemónica por el poder estatal, sin el menor escrúpulo por subordinar la vida y la dignidad humana a su libido Dominandi. Cuando apenas empezábamos a conocer la identidad de los protagonistas oficiales de la criminal realidad en que vivimos, aparece el Presidente como el abanderado de la libertad. Pero no de cualquier libertad, sino precisamente de la libertad de los verdugos y sus cómplices, de aquellos que han cometido los crímenes más atroces, han colaborado con su ejecución o se ha beneficiado política y económicamente de los mismos. De aquellos que han ganado en las urnas y acumulado en los bancos, sembrando el campo de tumbas. Y ahora aboga el Presidente por la libertad de quienes han deslegitimado el sentido de cualquier política, especialmente la revolucionaria, a punta de secuestros y asesinatos, bandera que hasta ayer era la distintiva de los más reaccionarios, los partidarios de las cárceles y la pena de muerte.

Así lo expresó claramente el Presidente Uribe en su discurso de inauguración de Expoconstrucción y Expodiseño en Bogotá, que bien podría denominarse el discurso de la deconstrucción institucional de la Nación, cuando advirtió: “Lo que si creo es que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad, a quienes confiesen la verdad y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República. Yo creo que tenemos que abrir una sana discusión nacional en esa materia y por eso quería plantearlo esta noche aquí”. Y todo lo anterior, como un estímulo para decir la verdad.


En otras palabras, el crimen paga, pues premia con la excarcelación a quienes reconocen haberlo cometido y a sus cómplices parapolíticos. Pero como si ello fuera poco, el Presidente se apresura a declarar que tal excarcelación no es un perdón, ni un indulto, mucho menos una amnistía, pues se trata de un ejemplar proceso de “justicia alternativa” y de “reconciliación nacional”, que muchos expertos internacionales reconocen como digno de estudio y eventual imitación, pues se realiza en medio del conflicto armado. Conflicto armado que hasta hace poco desconocía y negaba rotundamente, pero que hoy reconoce para intentar demostrar en el ámbito internacional su magnanimidad de gobernante demócrata, en un acto apenas digno de un prestidigitador del horror, anunciando el próximo 7 de Junio un peregrino preacuerdo de paz con el ELN y la liberación unilateral de cientos de presuntos guerrilleros de las FARC.

Semejante despliegue de creatividad política y flexibilidad jurídica la denomina “razones de Estado”, para ocultar así el verdadero nombre del truco: mentiras e impostura de Estado. A tal punto es patética esta tragicomedia nacional, que su más caracterizado apologista, el ex ministro de Política y Justicia, Fernando Londoño, ha dicho en su programa radial: “El presidente que votamos no es el mismo. Estamos regresando al pasado, al momento en que Belisario Betancur abrió las puertas de las cárceles a las FARC…. Esperamos que el Presidente repose, después de un verdadero surmenage (agotamiento físico por exceso de trabajo intelectual), porque vemos al Presidente en el laberinto”.

Pero las actuales razones de Estado pueden convertirse mañana en algo más grave, como está sucediendo con las revelaciones de Mancuso, al develarnos que el paramilitarismo ha dejado de ser una verdad de Estado para convertirse en un Estado de verdad. Tal parece que es la máxima aspiración del Presidente Uribe, en el evento de lograr la excarcelación de los parapolíticos y la conversión de los guerrilleros de las FARC en una especie de paramilitares privilegiados. En ambos casos, los trasladaría de las actuales cárceles a un improvisado limbo jurídico, donde gozarían de una libertad muy especial. Los parapolíticos recobrarían la libertad civil, pero ya no podrían seguir viviendo de su política criminal. Mientras que los guerrilleros, si se acogen a la gracia presidencial, quedarían libres bajo el tutelaje eclesiástico o en el ostracismo político de un Estado amigo. Se puede apreciar claramente que dichas razones de Estado, más allá de que se conviertan en verdaderas realidades, son versiones oficiales de la verdad y la libertad que se ajustan a la medida a la identidad de sus protagonistas y a sus proyectos políticos. Una verdad plagada de mentiras y una libertad rebosante de iniquidad. En fin, razones paraestatales en lugar de razones de Estado, que en una verdadera democracia no pueden ser otras que las del Estado de derecho: la libertad y la verdad de sus ciudadanos, no las que dictan de facto actores armados o diseñan oficialmente gobernantes en crisis, sino aquellas que profieren los jueces en sus sentencias y los ciudadanos en la integridad de su conciencia y la responsabilidad de sus actuaciones.

CALICANTO
(Mayo 21 de 2007)
(calicantopinion.blogspot.com)

¿La verdad para qué? (I)

Hernando Llano Ángel.

La obsesión por la verdad desvela en la actualidad a más de un político. Sin duda, pues no se trata de cualquier verdad. Es la verdad política la que está en juego. Aquella que se configura por el reconocimiento público y su amplia aceptación ciudadana, con fundamento en hechos irrefutables y verificables. Aquella verdad que por su carácter público nos afecta y compete a todos por igual. Por lo tanto, de su esclarecimiento depende el mismo sentido de la realidad en que vivimos. Por eso la célebre pregunta del maestro Darío Echandia ¿El poder para qué? es hoy desplazada por ¿La verdad para qué?

¿Cuál verdad y para qué?

Ya el mismo Presidente Uribe, desde Caucasia, afirmó: “Hay que decir la verdad, es lo que manda la ley, serena, tranquilamente, y predisponer la mente de todos los colombianos a la reconciliación.” Y a las preguntas de cuál verdad y para qué, respondió: “La verdad, pero la verdad con objetividad, ayuda a lo siguiente: a producir un efecto jurídico y a producir un efecto sociológico. La verdad ayuda a producir el efecto jurídico de que la persona que dice la verdad, tenga una sentencia reducida. Y ayuda a producir el efecto sociológico de que los colombianos avancemos mental y espiritualmente en el camino de la reconciliación.” Lo grave es que estos efectos jurídicos y espirituales que atribuye el Presidente a la verdad resultan ser totalmente inalcanzables con la ley de “Justicia y Paz”, pues ella riñe de bulto y en forma escandalosa con una verdad jurídica universal, según la cual los autores de crímenes atroces no pueden recibir penas leves. Ello sería tanto como simular justicia, la más grave burla para una auténtica reconciliación y la consagración de la verdad de los verdugos sobre el dolor y la memoria de las víctimas.

Sin embargo, el Presidente Uribe está tan convencido de la superioridad moral de dicha ley, que en el mismo discurso sostuvo: “Estamos en un momento muy importante de la Ley de Justicia y Paz. Esa ley, a diferencia de procesos anteriores, esa ley es una ley de paz, pero sin impunidad. A los responsables de delitos atroces no les da amnistía ni les da indulto, bajo ciertas condiciones les ofrece una sentencia reducida”. Afirmación de una trascendencia y gravedad que no se puede pasar por alto, pues constituye una violación a la misma ley de “justicia y Paz”, que excluye de entrada a quienes hayan cometido “crímenes atroces”, sin importar las circunstancias. Semejante afirmación raya con el cinismo criminal, pues está aceptando que “bajo ciertas condiciones” los delitos atroces merecen “una sentencia reducida”.

Tal parece que Salvatore Mancuso y sus abogados son de la misma opinión presidencial, pues no de otra forma se puede comprender su espeluznante revelación a Natalia Springer –en su valiosa y valiente entrevista publicada en “El Pasquín”: elperiodicodelao.blogspot.com- al reconocer que: “No teníamos secuestrados; los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”, después de señalar que nunca se verificó la situación de más de 550 individuos registrados como secuestrados por las AUC, pues según Mancuso: “nunca acudimos al secuestro”.

Con estas declaraciones, sumadas a las evidencias aportadas por la heroica fuga del subintendente de la Policía John Frank Pinchao, completamos toda la gama del horror que configura nuestra espectral realidad política. Desde la iniquidad, oficialmente auspiciada por el adefesio de la denominada ley de “justicia y paz”, pasando por las matanzas y la desaparición de “retenidos” a manos de las AUC, hasta la degradación y humillación de seres humanos encadenados por las FARC en nombre de supuestos ideales revolucionarios.

La legitimación del horror

Pero semejante verdad que es públicamente inocultable e internacionalmente motivo de estupor, pretende nacionalmente no sólo ser desconocida, sino lo que es peor políticamente legitimada mediante la manipulación de encuestas de opinión, como la reciente “Gran encuesta de la para-política”, publicada por la revista Semana (edición número 1305).

En efecto, el llamado “Movimiento de presos políticos y desmovilizados de las Autodefensas Campesinas”, en Carta al pueblo colombiano, publicada en los principales periódicos de circulación nacional el domingo 13 de Mayo (cruel regalo para miles de madres), proclamó: “Los resultados de la encuesta revelan la reacción efusiva del pueblo colombiano, que guarda buena memoria y estima en su justo valor nuestro papel tanto en la guerra, como en los procesos de desarme y desmovilización… el criterio del 82 por ciento de los colombianos, es decir, más de treinta y dos millones de compatriotas, que privilegian la eficacia del pragmatismo de los hechos de paz, a los efectos de los textos anodinos, sectarios o rencorosos de algunos columnistas, cuyos artículos emanan un solapado tufillo político”. En forma cínica y con semejante tono de orgullo patrio, las AUC reclaman ahora su hegemonía e impunidad política sobre la nación, gracias a su habilidosa coalición electoral con las distintas facciones del Uribismo, el liberalismo y el conservatismo, galvanizadas y aplomadas en su defensa incondicional del statu quo.

De amantes criminales

Una coalición forjada con el actual poder político señorial, que hoy repudia públicamente dicha relación criminal, dándole el trato de una amante indeseable y mentirosa, porque pone en entredicho su reputación institucional como impecable Estado de derecho, a semejanza del esposo fiel que proyecta una imagen social de superioridad moral intachable. Por eso hoy la amante desengañada y humillada, ad portas de ser judicialmente condenada, termina “convocando al país tolerante, pacifista, democrático y pluralista para que en escenarios de debate público, discutamos con criterio constructivo, alternativas de paz y reconciliación para la patria”.Y todavía guarda la esperanza de un trato menos mezquino de su ex amante bandido, reclamando “una sincera y profunda valoración de los colombianos a los esfuerzos del Gobierno Nacional y de los Desmovilizados, en procura de la reconciliación del país.”




De llegarse a imponer esta versión de la verdad política, estaríamos aceptando el crimen como título de legitimidad para gobernar. Y es justamente dicha verdad la que desvela y exaspera al Presidente Uribe, en su afán por revestirla con mantos de legalidad.

Verdades inconfesables y pactos reales

Por eso, desde Caucasia, ante la propuesta de los “para” de contar toda la verdad política a la Iglesia Católica pero bajo la reserva del secreto de confesión, “porque hay personas de la política, de las empresas, de las Fuerzas Militares, del Gobierno, involucradas, y que eso podría ser desestabilizante para la Nación” respondió el Presidente lo siguiente: “No lo puedo aceptar. Y a partir de que les dije no lo puedo aceptar, entré a hacer esta explicación: veamos el tema desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la legitimidad del Estado. Aceptar eso iría en contra de la Ley de Justicia y Paz, que exige la confesión. Yo he jurado dos veces cumplir la Constitución y la ley, para posesionarme como Presidente de la República. Jurídicamente no lo puedo aceptar. Y para abundar en claridad dije: en gracia a la discusión, hipotéticamente, si alguien dijera que eso es posible desde el punto de vista jurídico, yo pediría que lo que se tenga que decir frente al Presidente de la República, no se le diga a nadie en secreto, sino que se le diga a los jueces y a la opinión pública, pública y abiertamente, porque este Estado necesita legitimidad.”

Dicha declaración, bien podrá engrosar los anales de la historia colombiana como la más contundente confesión de parte del carácter precario y espurio del actual poder presidencial, pues éste deriva de un pacto más o menos clandestino con las AUC y de la alianza electoral de conspicuos representantes del Uribismo, que aprobaron la reelección presidencial inmediata, y hoy están procesados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por concierto para delinquir.

El pacto fue sellado, en representación del Presidente Uribe, por Luís Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la paz, con Salvatore Mancuso y sus correligionarios en Santa fe de Ralito, como se desprende de la siguiente grabación, oportunamente revelada por Semana.com (ver “Revelaciones Explosivas”), cuando discutían apasionadamente los términos de la futura ley de justicia y paz, y las garantías de no ser extraditados. Entonces, Luís Carlos Restrepo expresó: "Hay una oferta del Presidente que dice: Yo no puedo modificar el tema de la extradición porque esto se me convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación con Estados Unidos pretender modificar este tema. Ante esa realidad dice el Presidente: Yo uso mi discrecionalidad como Presidente. Para un buen entendedor, eso es lo que ofrece el Presidente”. No hay duda que, en ese entonces, los “paras” creyeron en la palabra del Presidente, aunque ahora no confían plenamente en ella. Pero más allá de estos pactos entre caballeros y criminales, lo que realmente importa es la verdad política que terminó configurándose, como fue la aprobación de la reelección presidencial inmediata. Aprobación que no hubiese sido posible sin el voto de los congresistas que hoy están siendo procesados por concierto para delinquir con los “paras”. Con la declaración de Caucasia, el Presidente Uribe pretende que su credibilidad y prestigio como gobernante, que es indiscutible, sustituya la legitimidad institucional y democrática de su mandato, que cada día es más insostenible. Pero esta maniobra de hábil prestidigitador político olvida que ya no vivimos en el tiempo en que el Soberano era el Estado.


No basta con una fuerte legitimidad carismática y personal para gobernar democráticamente y contar con el apoyo y el reconocimiento internacional. Están lejanos los ejemplos del pasado para demostrarlo: Hitler y Stalin, pero muy cercanos los del presente: Castro, Chávez, Fujimori, Pinochet...

¿Del concierto para delinquir al concierto para convivir?

Vivimos un momento histórico, el de la refrendación, una vez más, del aforismo conservador del poder: “Autoritas facit legem non veritas” (La autoridad hace la ley, no la verdad), o la instauración del aforismo ciudadano y democrático: “Veritas facit legem non autoritas” (La verdad hace la ley, no la autoridad). En términos más familiares y cercanos: aceptamos el concierto para delinquir como título para gobernar o, por el contrario, nos empeñamos en forjar un concierto ciudadano para convivir, como el único título de verdad y legitimidad para gobernar. De ese tamaño histórico es el desafío del presente. En el evento de prevalecer el concierto para delinquir, bajo sutiles fórmulas legales (Justicia y Paz) y políticas (Reconciliación Nacional), entonces el aporte del Uribismo a la teoría política no es despreciable, pues habrá acuñado un nuevo aforismo: “Crimen facit autoritatem, veritatem et legem” (El crimen hace la autoridad, la verdad y la ley). El próximo 28 de Octubre, mediante la elección de gobernantes locales y departamentales, podemos decidir si estamos entre quienes promueven, bajo la sombra del prestigio presidencial, el concierto para delinquir o propugnamos por el concierto para convivir.

(Todos los resaltados son del autor)

CALICANTO
(Abril 26 de 2007)

El Apagón Nacional.

Hernando Llano Ángel.

Después de la alocución y rueda de prensa del Presidente Uribe, el pasado 19 de Abril, no queda la menor duda de que todos los colombianos somos rehenes de un pasado criminal. También que vivimos un presente ignominioso, donde los verdugos son tratados con toda consideración y las víctimas con total desprecio. Y parece que estamos resignados a heredar, una vez más en nombre de la paz y la reconciliación, un futuro de impunidad y olvido. Quizá por ello los comandantes de las autodefensas celebran desde Itagüi la propuesta de Petro de un “acuerdo nacional por la verdad”. No gratuitamente los protagonistas políticos de la semana pasada fueron el Senador Petro y el Presidente Uribe. Ambos deambulan extraviados en el laberinto del pasado, como si la política fuera un ajuste de cuentas personal con los crímenes de ayer, y no una ardua lucha contra la ignominia del presente por un futuro menos indigno y vergonzoso para todos. La política es mucho más que un asunto de honorabilidad personal o familiar, que trasciende los insultos y los desafíos altisonantes. No puede ser reducida por la oposición a una búsqueda insensata de culpabilidad personal de Uribe o sus familiares en su cruzada contra las FARC por el execrable asesinato de su padre en la Hacienda de Guacharacas. La política es, antes que nada, un asunto de responsabilidad pública, donde se deben examinar las conductas de los gobernantes, más que los duelos y reacciones de orden personal y familiar, que caen en la órbita del juicio moral o la investigación judicial.

Del otro lado, es deplorable escuchar a un jefe de Estado, que simboliza la unidad nacional, descalificar a su oponente por haber sido en el pasado un “guerrillero mediocre”. Peor aún, haber afirmado en tono irónico que en su caso personal “habría sido buen guerrillero y habría buscado tener éxito militar en lugar de buscar éxito como calumniador.” Con semejante belicosidad, terminó el Presidente Uribe rindiéndole un tributo a las FARC y su presente obcecación criminal, empeñada en demostrar con atentados como el de Cali que la política de seguridad democrática es más un éxito mediático que una realidad tranquilizadora. A tal extremo se dejó arrastrar el Presidente Uribe en la defensa apasionada de su cruzada contra las FARC, que terminó confesando que de “haber sido yo paramilitar, habría sido paramilitar de frente, no de corbata y de escritorio. Con fusil al hombro, buscando éxito militar”.

Semejante declaración, apenas comprensible en los labios de un terrorista en transición a la vida civil, es absolutamente desconcertante en la alocución pública de un Presidente, pues así demuestra su total desprecio con los familiares de más de 10.000 víctimas de los paramilitares. De alguna manera, se constituye en la prueba reina que permite comprender el trato benigno de la llamada ley de Justicia y Paz, de iniciativa gubernamental, con los comandantes paramilitares, auténticos criminales de lesa humanidad, que bajo la coartada de su lucha contrainsurgente no estarán ni siquiera ocho años privados de la libertad. Poco importa que hayan forjado la máquina narcoterrorista más cruel y despiadada de todo el continente y de nuestra historia reciente, según los testimonios de sus propios integrantes, quienes se entrenaban descuartizando campesinos vivos para así ganar la confianza de sus comandantes.
Dicha declaración del Presidente también permite comprender el que hoy los reconozca como interlocutores políticos de un supuesto proceso de paz, pues cuando estuvo como Gobernador de Antioquia fueron los pacificadores a sangre y fuego de Urabá. En efecto, apenas a seis meses de iniciada su Gobernación en Antioquia, el entonces Senador Fabio Valencia Cossio, denunciaba que la política de orden público de Uribe había generado un “incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y está auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir” (El Tiempo, 30 de Agosto de 1995, p.6A). “El número de asesinatos llegaría a 1.200 en la zona bananera en 1996, la cifra más alta de toda su historia, y la tasa de promedio por 100.000 habitantes alcanzaría proporciones trágicas, con un registro superior a 500 (Dávila, Escobedo, Gaviria y Vargas 2001)”.[1] Como si lo anterior no comprometiera la responsabilidad política del entonces gobernador Uribe, un año después en un comunicado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), señalaban: “La tranquilidad que hoy se respira en Urabá, y la entrada en funcionamiento de las Convivir, crea un clima para que retornen los empresarios y ganaderos, nosotros por nuestra parte, cumplida nuestra misión en la región buscaremos abrir nuevos frentes de trabajo, en otros lugares donde la guerrilla asola la población con el secuestro, la extorsión y el boleteo.”[2]

Pero mucho más grave que ese horror del pasado, donde las Convivir hicieron parte de esa gesta pacificadora, es que el Presidente Uribe sea incapaz de reconocer que ellas fueron un error bajo cuya mampara legal iniciaron o continuaron sus acciones criminales muchos de los actuales comandantes paramilitares, como el propio Mancuso y el ya indultado Chepe Barrera, sin que en este último caso hayamos conocido verdad, reparación o justicia alguna. Error en el que persiste tercamente el Presidente, asumiendo ahora toda la responsabilidad política, como se desprende de su apasionado discurso en el Consejo Comunitario de Aracataca, el pasado 14 de Abril, cuando en tono de arenga militar ordenó: “General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las FARC, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicaya y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”. Proyecto de recuperación que se debe, también, a la gesta “pacificadora” de Jorge 40 y Hernán Giraldo, como ambos lo reconocen ahora ante la Fiscalía. Es por todo lo anterior que nuestro futuro tiene tan graves visos de impunidad, pues el Presidente está empeñado en reeditar la tercera generación de las Convivir, para que reemplacen rápidamente las huestes paramilitares recién desmovilizadas.

Lo que está pasando por alto el Presidente es que su orden al general Padilla constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe mandatos de tierra arrasada y guerra sin cuartel como los de Aracataca, además de involucrar a la población civil en el desarrollo de las hostilidades.
Orden que puede convertir mañana en realidad la exageración de García Márquez sobre las miles de víctimas de la masacre de las bananeras. El terror político superaría así la ficción novelesca. Con la pequeña diferencia que hoy existe la Corte Penal Internacional. Toda la razón le asistía a Don Miguel de Unamuno, cuando advertía, en medio de la guerra civil española, que “Es más fácil civilizar un militar que desmilitarizar un civil”. Seguramente por ello Doña Lina de Uribe, hace apenas un año, terminaba su entrevista con María Isabel Rueda en la revista Semana (Edición 1.259) diciendo: “Uribe es un personaje muy extraño. Uno de los más extraños que haya conocido en mi vida.”

Sin duda, un personaje incapaz de reconocer, como Manuel Marulanda, que no hay peor error y crimen que el horror de la guerra, pues tiende a ocultar bajo el manto de la impunidad los más atroces delitos de lesa humanidad. Nuestro ignominioso presente es como un espejo donde se reflejan simultáneamente los protagonistas del terror, pero ellos son incapaces de reconocerse. Llevan tantos años apostando a la muerte, que todavía creen que pueden derrotar al enemigo en el campo de batalla. Las FARC han degradado la política a una estratagema criminal de secuestros y narcotráfico, en lugar de convertirla en una estrategia revolucionaria de cambio social. Ambas partes, establecimiento y guerrilla, le temen tanto a la vida y la paz, que no tienen el valor de apostarle a la política. Confían tan poco en la justeza de sus ideas y en la decencia de sus intereses que sólo creen en el “éxito militar”. No conciben la política sin las armas, sin una red de cooperantes remunerados o de alianzas tácitas y hasta explícitas con organizaciones criminales, en virtud de las cuales realizan reformas constitucionales como la reelección presidencial inmediata, ganan las elecciones o impiden que otros las ganen. Y todo ello en nombre de la “seguridad democrática” y la defensa del Estado de derecho.

Mientras en la otra orilla de esta insólita “democracia”, las FARC y el ELN, secuestran en nombre de la libertad y asesinan bajo la coartada de la justicia social. Tal es el tiempo de tenebrosa oscuridad que estamos viviendo. La nación se está apagando, no por problemas de interconexión eléctrica, como ayer, sino por finas y sofisticadas redes de complicidad institucional con el crimen. De alguna forma, todos somos rehenes de un pasado criminal. Unos pocos, los más privilegiados, son espectadores jubilosos de este presente vergonzoso, que acrecienta sus ganancias y lo reconoce el Consejo Gremial Nacional en un comunicado de solidaridad incondicional con el pasado y el presente de Uribe. Entre tanto, la mayoría se resigna indolente y humillada a heredar un futuro de impunidad, pues apenas sobrevive antes de la hora del juicio final. Ya lo sentenciaba San Agustín en “La ciudad de Dios”: “Un gobierno sin justicia es un gran robo”, la peor de las ignominias.

(calicantopinion.blogspot.com)

[1] - Romero Mauricio, “Paramilitares y autodefensas 1982-2003”, p 211.Bogotá IEPRI, Editorial Planeta 2003.
[2] - Ibidem, p. 219