CALICANTO
(Mayo 21 de 2007)
(calicantopinion.blogspot.com)

¿La verdad para qué? (I)

Hernando Llano Ángel.

La obsesión por la verdad desvela en la actualidad a más de un político. Sin duda, pues no se trata de cualquier verdad. Es la verdad política la que está en juego. Aquella que se configura por el reconocimiento público y su amplia aceptación ciudadana, con fundamento en hechos irrefutables y verificables. Aquella verdad que por su carácter público nos afecta y compete a todos por igual. Por lo tanto, de su esclarecimiento depende el mismo sentido de la realidad en que vivimos. Por eso la célebre pregunta del maestro Darío Echandia ¿El poder para qué? es hoy desplazada por ¿La verdad para qué?

¿Cuál verdad y para qué?

Ya el mismo Presidente Uribe, desde Caucasia, afirmó: “Hay que decir la verdad, es lo que manda la ley, serena, tranquilamente, y predisponer la mente de todos los colombianos a la reconciliación.” Y a las preguntas de cuál verdad y para qué, respondió: “La verdad, pero la verdad con objetividad, ayuda a lo siguiente: a producir un efecto jurídico y a producir un efecto sociológico. La verdad ayuda a producir el efecto jurídico de que la persona que dice la verdad, tenga una sentencia reducida. Y ayuda a producir el efecto sociológico de que los colombianos avancemos mental y espiritualmente en el camino de la reconciliación.” Lo grave es que estos efectos jurídicos y espirituales que atribuye el Presidente a la verdad resultan ser totalmente inalcanzables con la ley de “Justicia y Paz”, pues ella riñe de bulto y en forma escandalosa con una verdad jurídica universal, según la cual los autores de crímenes atroces no pueden recibir penas leves. Ello sería tanto como simular justicia, la más grave burla para una auténtica reconciliación y la consagración de la verdad de los verdugos sobre el dolor y la memoria de las víctimas.

Sin embargo, el Presidente Uribe está tan convencido de la superioridad moral de dicha ley, que en el mismo discurso sostuvo: “Estamos en un momento muy importante de la Ley de Justicia y Paz. Esa ley, a diferencia de procesos anteriores, esa ley es una ley de paz, pero sin impunidad. A los responsables de delitos atroces no les da amnistía ni les da indulto, bajo ciertas condiciones les ofrece una sentencia reducida”. Afirmación de una trascendencia y gravedad que no se puede pasar por alto, pues constituye una violación a la misma ley de “justicia y Paz”, que excluye de entrada a quienes hayan cometido “crímenes atroces”, sin importar las circunstancias. Semejante afirmación raya con el cinismo criminal, pues está aceptando que “bajo ciertas condiciones” los delitos atroces merecen “una sentencia reducida”.

Tal parece que Salvatore Mancuso y sus abogados son de la misma opinión presidencial, pues no de otra forma se puede comprender su espeluznante revelación a Natalia Springer –en su valiosa y valiente entrevista publicada en “El Pasquín”: elperiodicodelao.blogspot.com- al reconocer que: “No teníamos secuestrados; los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”, después de señalar que nunca se verificó la situación de más de 550 individuos registrados como secuestrados por las AUC, pues según Mancuso: “nunca acudimos al secuestro”.

Con estas declaraciones, sumadas a las evidencias aportadas por la heroica fuga del subintendente de la Policía John Frank Pinchao, completamos toda la gama del horror que configura nuestra espectral realidad política. Desde la iniquidad, oficialmente auspiciada por el adefesio de la denominada ley de “justicia y paz”, pasando por las matanzas y la desaparición de “retenidos” a manos de las AUC, hasta la degradación y humillación de seres humanos encadenados por las FARC en nombre de supuestos ideales revolucionarios.

La legitimación del horror

Pero semejante verdad que es públicamente inocultable e internacionalmente motivo de estupor, pretende nacionalmente no sólo ser desconocida, sino lo que es peor políticamente legitimada mediante la manipulación de encuestas de opinión, como la reciente “Gran encuesta de la para-política”, publicada por la revista Semana (edición número 1305).

En efecto, el llamado “Movimiento de presos políticos y desmovilizados de las Autodefensas Campesinas”, en Carta al pueblo colombiano, publicada en los principales periódicos de circulación nacional el domingo 13 de Mayo (cruel regalo para miles de madres), proclamó: “Los resultados de la encuesta revelan la reacción efusiva del pueblo colombiano, que guarda buena memoria y estima en su justo valor nuestro papel tanto en la guerra, como en los procesos de desarme y desmovilización… el criterio del 82 por ciento de los colombianos, es decir, más de treinta y dos millones de compatriotas, que privilegian la eficacia del pragmatismo de los hechos de paz, a los efectos de los textos anodinos, sectarios o rencorosos de algunos columnistas, cuyos artículos emanan un solapado tufillo político”. En forma cínica y con semejante tono de orgullo patrio, las AUC reclaman ahora su hegemonía e impunidad política sobre la nación, gracias a su habilidosa coalición electoral con las distintas facciones del Uribismo, el liberalismo y el conservatismo, galvanizadas y aplomadas en su defensa incondicional del statu quo.

De amantes criminales

Una coalición forjada con el actual poder político señorial, que hoy repudia públicamente dicha relación criminal, dándole el trato de una amante indeseable y mentirosa, porque pone en entredicho su reputación institucional como impecable Estado de derecho, a semejanza del esposo fiel que proyecta una imagen social de superioridad moral intachable. Por eso hoy la amante desengañada y humillada, ad portas de ser judicialmente condenada, termina “convocando al país tolerante, pacifista, democrático y pluralista para que en escenarios de debate público, discutamos con criterio constructivo, alternativas de paz y reconciliación para la patria”.Y todavía guarda la esperanza de un trato menos mezquino de su ex amante bandido, reclamando “una sincera y profunda valoración de los colombianos a los esfuerzos del Gobierno Nacional y de los Desmovilizados, en procura de la reconciliación del país.”




De llegarse a imponer esta versión de la verdad política, estaríamos aceptando el crimen como título de legitimidad para gobernar. Y es justamente dicha verdad la que desvela y exaspera al Presidente Uribe, en su afán por revestirla con mantos de legalidad.

Verdades inconfesables y pactos reales

Por eso, desde Caucasia, ante la propuesta de los “para” de contar toda la verdad política a la Iglesia Católica pero bajo la reserva del secreto de confesión, “porque hay personas de la política, de las empresas, de las Fuerzas Militares, del Gobierno, involucradas, y que eso podría ser desestabilizante para la Nación” respondió el Presidente lo siguiente: “No lo puedo aceptar. Y a partir de que les dije no lo puedo aceptar, entré a hacer esta explicación: veamos el tema desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la legitimidad del Estado. Aceptar eso iría en contra de la Ley de Justicia y Paz, que exige la confesión. Yo he jurado dos veces cumplir la Constitución y la ley, para posesionarme como Presidente de la República. Jurídicamente no lo puedo aceptar. Y para abundar en claridad dije: en gracia a la discusión, hipotéticamente, si alguien dijera que eso es posible desde el punto de vista jurídico, yo pediría que lo que se tenga que decir frente al Presidente de la República, no se le diga a nadie en secreto, sino que se le diga a los jueces y a la opinión pública, pública y abiertamente, porque este Estado necesita legitimidad.”

Dicha declaración, bien podrá engrosar los anales de la historia colombiana como la más contundente confesión de parte del carácter precario y espurio del actual poder presidencial, pues éste deriva de un pacto más o menos clandestino con las AUC y de la alianza electoral de conspicuos representantes del Uribismo, que aprobaron la reelección presidencial inmediata, y hoy están procesados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por concierto para delinquir.

El pacto fue sellado, en representación del Presidente Uribe, por Luís Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la paz, con Salvatore Mancuso y sus correligionarios en Santa fe de Ralito, como se desprende de la siguiente grabación, oportunamente revelada por Semana.com (ver “Revelaciones Explosivas”), cuando discutían apasionadamente los términos de la futura ley de justicia y paz, y las garantías de no ser extraditados. Entonces, Luís Carlos Restrepo expresó: "Hay una oferta del Presidente que dice: Yo no puedo modificar el tema de la extradición porque esto se me convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación con Estados Unidos pretender modificar este tema. Ante esa realidad dice el Presidente: Yo uso mi discrecionalidad como Presidente. Para un buen entendedor, eso es lo que ofrece el Presidente”. No hay duda que, en ese entonces, los “paras” creyeron en la palabra del Presidente, aunque ahora no confían plenamente en ella. Pero más allá de estos pactos entre caballeros y criminales, lo que realmente importa es la verdad política que terminó configurándose, como fue la aprobación de la reelección presidencial inmediata. Aprobación que no hubiese sido posible sin el voto de los congresistas que hoy están siendo procesados por concierto para delinquir con los “paras”. Con la declaración de Caucasia, el Presidente Uribe pretende que su credibilidad y prestigio como gobernante, que es indiscutible, sustituya la legitimidad institucional y democrática de su mandato, que cada día es más insostenible. Pero esta maniobra de hábil prestidigitador político olvida que ya no vivimos en el tiempo en que el Soberano era el Estado.


No basta con una fuerte legitimidad carismática y personal para gobernar democráticamente y contar con el apoyo y el reconocimiento internacional. Están lejanos los ejemplos del pasado para demostrarlo: Hitler y Stalin, pero muy cercanos los del presente: Castro, Chávez, Fujimori, Pinochet...

¿Del concierto para delinquir al concierto para convivir?

Vivimos un momento histórico, el de la refrendación, una vez más, del aforismo conservador del poder: “Autoritas facit legem non veritas” (La autoridad hace la ley, no la verdad), o la instauración del aforismo ciudadano y democrático: “Veritas facit legem non autoritas” (La verdad hace la ley, no la autoridad). En términos más familiares y cercanos: aceptamos el concierto para delinquir como título para gobernar o, por el contrario, nos empeñamos en forjar un concierto ciudadano para convivir, como el único título de verdad y legitimidad para gobernar. De ese tamaño histórico es el desafío del presente. En el evento de prevalecer el concierto para delinquir, bajo sutiles fórmulas legales (Justicia y Paz) y políticas (Reconciliación Nacional), entonces el aporte del Uribismo a la teoría política no es despreciable, pues habrá acuñado un nuevo aforismo: “Crimen facit autoritatem, veritatem et legem” (El crimen hace la autoridad, la verdad y la ley). El próximo 28 de Octubre, mediante la elección de gobernantes locales y departamentales, podemos decidir si estamos entre quienes promueven, bajo la sombra del prestigio presidencial, el concierto para delinquir o propugnamos por el concierto para convivir.

(Todos los resaltados son del autor)