CALICANTO
(Marzo 22 de 2007)

Encrucijada histórica: ¿Del Régimen electofáctico al democrático? (II)

Hernando Llano Ángel.

El paisaje político nacional es tan ignoto e incierto, que más se parece a una manigua impenetrable de intereses y actores, donde se mezcla y camufla el crimen con la política y la codicia con los privilegios, para formar así la sustancia del actual régimen electofáctico. Un régimen donde predominan los poderes de facto bajo el manto encubridor de las elecciones, que vienen así a legitimar y sancionar lo que impúdicamente se ha consolidado a través de la violencia, el saqueo del erario y la depredación de nuestra portentosa riqueza natural por parte del narcotráfico y la fumigación oficial de glifosato. Una violencia proteica, capaz de tomar las más diversas e insospechadas formas, bien bajo el traje civil de exitosos empresarios, como los de Chiquita Brands, o los impecables camuflados de hombres armados, cuyo bando ya no es posible adivinar ni siquiera por la identidad de sus víctimas, pues han llegado al extremo de autoeliminarse mutuamente. Así ha sucedido al interior de las Autodefensas, con sus ejecuciones endogámicas y fratricidas, y ahora está sucediendo entre las FARC y el ELN en algunas regiones del país. Ello demuestra, una vez más, la fatuidad y esterilidad de la violencia, como su impotencia para generar poder, más allá de la incierta y cambiante correlación de fuerzas militares entre los bandos enfrentados.

Una violencia que ayer lucía de civil en las Convivir, después de camuflado en las AUC y hoy ya no es posible discernir qué prendas viste ni desde dónde se ejerce, pues según lo ha expresado el Fiscal General, Mario Iguarán, “no fueron las autodefensas las que reclutaron a la clase política. Fue la clase política la que reclutó a las autodefensas.”

Igual predicamento vale para el narcotráfico, ya casi convertido en una víctima de la voracidad de los políticos para financiar sus campañas, como ahora nos estamos enterando por boca de “Rasguño” ó Hernando Gómez, en víspera de su extradición a Estados Unidos: “creo que fueron entre dos mil y tres mil millones de pesos”, lo aportado a la campaña de Samper con conocimiento de Serpa y Botero. Testimonio que coincide con lo señalado en reciente entrevista por Eduardo Mestre, al reconocer que a la campaña de Samper le sobraba dinero para financiar la segunda vuelta y que al menos se robaron dos o tres millones de dólares.

Pero semejante revelación de “Rasguño” es una nimiedad al lado de su aseveración, según la cual “los paras siguen traficando desde Itagüí” y le preocupa “que el proceso de paz se dañe”, pero añade: “Yo no creo que Estados Unidos y que el gobierno de Colombia al ver esas cosas vayan a pagar semejante costo político por un asunto judicial”. También declaró que: “manejé dos o tres congresistas y unos ocho alcaldes del norte del Valle”, cuyos nombres no quiso revelar. Por último, celebró que Cuba hubiese devuelto al gobierno colombiano su computador personal “porque tiene asuntos muy complicados a nivel político, de procesos de paz, guerrilla. Ese computador va a hacer mucho daño.” Sin duda, otra auténtica caja de Pandora que, sumada al “Acuerdo político” sellado por Jorge 40 con cerca de 30 políticos en Santa Marta, se convierte en una pieza clave para comprender esa simbiosis entre el crimen y la política que es hoy la principal característica de este régimen electofáctico.
Característica que incluso fue corroborada por el Senador Miguel Pinedo, tan cercano al presidente Uribe, en el debate sobre la parapolítica en el Congreso, al recordar que el único departamento de la Costa Atlántica donde Uribe ganó las elecciones en el 2002 fue en el Magdalena. Precisamente donde tuvo como jefe de campaña a Jorge Noguera, ex director del DAS, hoy detenido por sus estrechas relaciones con los paramilitares. Al anterior cuadro de connivencia entre la política y el crimen, hay que agregar que todos los Congresistas actualmente en la cárcel de la coalición uribista, no sólo votaron afirmativamente la reelección inmediata, sino que además concedieron el estatus de delincuentes políticos a los miembros de las AUC, cuyo artículo posteriormente la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de procedimiento.

Es, por todo lo anterior, que este régimen político no puede ser eufemísticamente llamado democrático, puesto que “los patrones formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales,”[1] tiene una relación estrecha y directa con las acciones criminales de los paramilitares y su estrategia política, electoral y militar contrainsurgente, como ya es de público conocimiento y cada día lo irá develando con mayor claridad la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

El nombre que más se le aproxima sería el de “electofáctico”, pues expresa, a través de los triunfos electorales del Presidente Uribe y de su coalición en el Congreso, esa perfecta simbiosis entre los inicuos privilegios del Statu Quo y los criminales privilegiados de las AUC. Y hasta la fecha ello ha sido posible, porque el Presidente Uribe encarna hoy plenamente lo que ayer también encarnaron sus inmediatos antecesores: Pastrana, Samper, Gaviria y Betancur, la ausencia absoluta de responsabilidad política, pues como bien lo expresó Sartre: “Nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada”. Y evitar la impunidad en el terreno de la política no es tanto un asunto de los jueces, es fundamentalmente una responsabilidad ciudadana, pues sólo a través de nuestra consciente y libre expresión en las urnas puede ser castigada. Las próximas elecciones regionales son una oportunidad para hacerlo, por ello es crucial la veeduría internacional efectiva y no sólo formal de la OEA, para no terminar cumpliendo una función inocua, como lamentablemente lo ha sido hasta la fecha en el proceso de “Justicia y Paz” con los paramilitares.

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[1] - O´Donnell Guillermo “Acerca del Estado en América Latina: 10 tesis para discusión”, página 152 en www.democracia.undp.org