domingo, octubre 31, 2021

Las paradojas de la Justicia: Entre la Verdad y la Impunidad

 

LAS PARADOJAS DE LA JUSTICIA: ENTRE LA VERDAD Y LA IMPUNIDAD

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/las-paradojas-la-justicia-la-verdad-la-impunidad

Hernando Llano Ángel

Dos acontecimientos, casi simultáneos, nos revelan las paradojas de la justicia colombiana. El primero, la captura de Otoniel[1] y la inmediata declaración presidencial de su inminente extradición a Estados Unidos, no obstante ser el criminal más perseguido por la justicia colombiana. El segundo, la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan[2], y la suscripción de un Acuerdo[3] con el presidente Duque, cuya esencia es el compromiso de éste y su partido, el Centro Democrático, de respetar la labor de investigación y juzgamiento que adelanta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) sobre los crimines de lesa humanidad cometidos por todos los actores armados, los ilegales y los institucionales, en desarrollo de nuestro prolongado, degradado e interminable conflicto armado interno. Crímenes tipificados en el Estatuto de Roma que, de no ser investigados y condenados por la JEP, serían inmediatamente competencia de la Corte Penal Internacional.

Otoniel, un fantasma que asusta, para extraditar y desaparecer de inmediato  

En el caso de la extradición de Otoniel estamos frente a una claudicación de soberanía judicial, pues el Estado colombiano le entrega a Estados Unidos la función de juzgar y condenar a uno de los criminales más sanguinarios y obcecados. Responsable del asesinato de cientos de miembros de la fuerza pública, así como de tejer y amarrar redes de corrupción institucional. Redes que le permitieron por décadas afianzar un emporio de criminalidad e impunidad y un imperio de cocaína y corrupción oficial, cuyos vasos comunicantes con la economía legal parece que no le interesa conocer al Ejecutivo. No vaya a suceder que aparezca una pléyade de “Memos fantasmas”, como el de la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez[4], por estas fiestas de Halloween electoral y revelen todo el entramado que sostiene este descompuesto régimen electofáctico y cacocrático. Duque procede igual que el expresidente Uribe, cuando rápidamente extraditó a Mancuso y toda la plana mayor de las AUC, para evitar que se conociera toda la verdad sobre el entramado político, electoral y judicial que Salvatore comenzó a revelar en una entrevista con el periodista Juan Carlos Giraldo, en emisión del noticiero  RCN, como puede verse completa en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=sf4XNpHbwOk. Dicha entrevista resume la esencia de este régimen electofáctico, fusión casi perfecta de la política con el crimen, cuya impunidad y continuidad asegura la rápida extradición a Estados Unidos de sus máximos protagonistas. Extradición que no solo nos impide conocer esa simbiosis de la política con el crimen, sino también la descomposición ética de quienes la promueven y ejecutan, pues la extradición significa que para ellos el delito de narcotráfico es más grave que asesinar jueces, policías e investigadores judiciales, además de masacrar, desplazar, desaparecer y despedazar a miles de colombianos con motosierras, como es usual en este tipo de criminalidad. Sin duda, la extradición es un crimen de lesa humanidad contra el ejercicio de la justicia, el conocimiento de la verdad y la dignidad de todas las víctimas. La extradición es sustracción de verdad, justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas del narcotráfico y garantía de impunidad para sus cómplices y testaferros. Y no obstante semejante aberración ética y judicial, hay gobernantes que se ufanan de tener el record por haber autorizado un gran número de extradiciones, como el actual y su promotor y tutor subjudice, Álvaro Uribe Vélez. Un record que nos impide conocer la verdad, honrar la vida y dignidad de todas las víctimas de los criminales extraditados y que debería avergonzar a quienes rápidamente autorizan esas extradiciones, si acaso dichos gobernantes y operadores judiciales tuvieran alguna noción de la justicia, la verdad y la ética más allá de salvaguardar las apariencias de un Statu Quo decrépito y criminal, sus mezquinos intereses partidistas y su “honorable” impunidad personal, que ocultan bajo una espuria legitimidad democrática.

Un Ejecutivo que teme a la justicia y la verdad

La segunda paradoja de nuestra justicia es el acuerdo alcanzado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con el Ejecutivo nacional, representado por Iván Duque, que compromete al Estado colombiano y especialmente a la Fiscalía General a colaborar y no torpedear el trabajo de la JEP en busca de la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado interno por las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios públicos. Pero la trascendencia y complejidad del Acuerdo, precisa el espacio de un próximo Calicanto. Por ahora, basta decir que dicho Acuerdo y la justicia transicional tienen en su horizonte la verdad y la sanción de los responsables de tanta iniquidad en clave de reparación y de no perpetuación del círculo infernal de victimarios impunes y víctimas irredentas, así como una eventual y difícil reconciliación política nacional. Una reconciliación que requerirá la valentía y buena voluntad de muchas generaciones para no dejarnos intimidar por tan terribles y dolorosas verdades o, peor aún, convivir complacientemente con sus principales responsables. Para que no nos suceda lo anterior contamos con la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Corte Penal Internacional, como garantía de última instancia.

 

 

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jueves, octubre 28, 2021

EL HALLOWEEN ELECTORAL

EL HALLOWEEN ELECTORAL

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/el-halloween-electoral

Hernando Llano Ángel

Por todos los rincones del país y en las esquinas de nuestras ciudades aparecen varios precandidatos presidenciales derrochando simpatía en busca de firmas, almuerzan en las galerías y los mercados públicos, viajan en trasporte público, llenan las plazas donde lanzan sus proclamas políticas, como si fueran hombres providenciales destinados a salvarnos. En fin, la mayoría de ellos se disfraza de ciudadanos comunes y corrientes. Salvo uno, Petro, que se cree predestinado a ser presidente, porque su verbo expresa y transmite dos poderosas pasiones y demandas inaplazables: justicia y revancha social para millones de colombianos. Millones que creen, con la fe de sus angustias y necesidades apremiantes, que bajo su presidencia serán redimidos socialmente. Estamos, pues, en pleno Halloween electoral. Todos a una parecen entonar el estribillo de ocasión: ¡Triki! ¡Triki! ¡Elecciones! ¡Quiero firmas para mí!  ¡Triki! ¡Triki! ¡Elecciones! ¡Quiero votos para mí! Y ese sonsonete electoral retumba en nuestras conciencias con mayor claridad como un triki, triki, triquiñuelas, nos llegó la hora de no dejarnos timar, ilusionar y engañar en el 2022. Nos llegó la hora de la responsabilidad ciudadana y votar con criterio, más allá de los dulces envenenados del clientelismo, la compraventa de conciencias y la demagogia ilusionista. No botemos más nuestro voto en las urnas de la corrupción, la incompetencia, el amiguismo, los negociados con privados y el ilusionismo de una prosperidad inmediata.

Los dulces y votos envenenados

Porque las semejanzas entre las elecciones y Halloween son más que las propias de un carnaval. Y sus diferencias son mucho más sustanciales y trascendentales. Quizá la principal semejanza sea toda la parafernalia propia del juego y el engaño.  Lo vemos en los candidatos que hacen triquiñuelas inimaginables para encantar a sus potenciales votantes. Los más radicales y progresistas ideológicamente se vuelven pragmáticos, flexibles y conciliadores. Lo importante es no asustar, dar confianza inversionista y seguridad judicial. Incluso se acercan y coinciden con quienes se encuentran en el otro extremo. Petro termina apoyando al expresidente Álvaro Uribe en su propuesta de amnistía general[1]. Lo que importa es ganar y para eso se necesitan votos, no tanto la justicia, la verdad y mucho menos la dignidad de las víctimas. Y, del otro lado, es decir, la derecha retardataria, se vuelve progresista y pone el grito en el cielo por tanta injusticia social, promete mayores subsidios para los “sectores vulnerables”, un eufemismo que utiliza para ocultar o negar la pobreza, la injusticia y la exclusión social. De la noche a la mañana la desvela la “cuestión social”, por eso hay que reactivar la economía, generar empleo y, sobre todo, reformar la ley de garantías electorales, permitiendo a gobernadores y alcaldes contratar en época preelectoral. En fin, primero los votos y nada los asegura mejor que los contratos de la administración pública, pues ellos son los dulces envenenados del Halloween electoral. Te doy contratos y tú me das votos. ¡Que viva la democracia! Por eso Anatolio Hernández[2], representante a la Cámara por el departamento de Guanía y el partido de la U, le pregunta a Jennifer Arias[3], la presidenta de la Cámara de Representantes, cómo debe votar dicha ley, y ella le responde a viva voz que vote SÍ. Allí está de cuerpo entero la corrupción de lo público y sus máximos promotores: el Centro Democrático, pues la presidenta de la Cámara es una de las protegidas del exsenador Álvaro Uribe, y el partido de la U, que ahora cuenta con la bella Caterine Ibarguen[4] para seducir a electores que la admiran y probablemente votarán por ella, sin saber que están dando un triple salto al vacío de la corrupción, el clientelismo y la politiquería, bajo la curtida política en esas lides, la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, actual presidenta del Partido de la U. Un partido que ahora se anuncia en vallas como el “partido de la unión por la gente”. ¡Cómo cobra de importancia la gente en estos tiempos! Ya va siendo hora de abandonar la niñez e ingenuidad política y no dejarnos enfermar más por otros cuatro años probando esos dulces envenenados y votando sin reflexionar en el 2022. En campaña nos ofrecen dulces irresistibles y en el gobierno laxantes por cuatro años. Como la publicidad de Colombina: «El sabor es infinito» al igual que la estupidez de quienes preguntan como Anatolio ¿Por quién o cómo hay que votar?, sin antes deliberar y pensar. O, lo que es peor, pensando solo en sus negocios y su curul, porque Colombia no es infinita y si la dejamos otros cuatro años más en manos como las de Anatolio y sus correligionarios nos emplazarán millones de niños que mañana ni pan y mucho menos dulces tendrán.

 

 

 

 


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sábado, octubre 16, 2021

Colombia entre transiciones, mutaciones, fragmentaciones y polarizaciones mortales

 

COLOMBIA ENTRE TRANSICIONES, MUTACIONES, FRAGMENTACIONES Y POLARIZACIONES MORTALES

Hernando Llano Ángel

Así parece que ha transcurrido nuestra historia política y vivimos este presente. Vivimos entre transiciones que nunca terminan, sino que mutan de manera todavía más degradada y nos fragmentan política y socialmente hasta arrastrarnos y dividirnos en bandos fatales. Para no remontarnos a la noche de los tiempos, podríamos empezar con el Frente Nacional que prometía una transición de la política sangrienta de la Violencia a la política sin sangre del cogobierno liberal-conservador durante 16 años. Y, a decir verdad, el miti-miti milimétrico como se repartieron liberales y conservadores el Estado, logró la paz política entre estos dos bandos, pero fue el comienzo de esta guerra difusa e inconclusa. Bandos cuyos líderes llamaban partidos políticos a sus organizaciones. Pero en realidad dichas organizaciones no actuaban como partidos sino como facciones que subordinaban el todo, la Nación colombiana, a sus banderías, intereses y fanatismos ideológicos. Así dejaron el campo sembrado de tumbas y las ciudades devastadas por el odio, el crimen y la corrupción. De allí que los dos máximos gestores de dicha fórmula política consociacional, el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez Castro, en la célebre Declaración de Sitges[1], hayan insistido en que: “Ninguno de los dos partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado para su incremento o preponderancia. Los crímenes que se cometen con ese fingido designio deben ser repudiados y reprimidos enfáticamente por una y otra de nuestras colectividades, de manera constante e indudable, porque su impunidad afecta el decoro de la república y va en deslustre directo de los mismos partidos en cuyo servicio, hipócritamente, se pretende cometer”. Entonces los líderes liberales y conservadores dejaron de ser enemigos acérrimos que se disputaban violentamente el control del Estado y la sociedad colombiana para convertirse en socios y cómplices impunes de la empresa más importante y rentable de toda Nación: el Estado y la confianza pública de sus ciudadanos. Durante 16 años se dedicaron en forma exclusiva y excluyente a la política de los negocios en beneficio de unos pocos, hasta convertir lo público en la propiedad privada de los políticos, expropiando de paso la confianza de la mayoría de los ciudadanos que votaron a favor del Frente Nacional en el plebiscito de 1957[2]. Desde entonces, en forma comprensible, la mayoría de ciudadanos se volvieron incrédulos y abstencionistas, pues fueron lanzados al ostracismo de la exclusión económica y social. Ostracismo que convirtió la arena política, catalizada por la guerra fría, en un mortal campo de batalla entre “demócratas” y “comunistas”, polarización que todavía hoy capitalizan a su favor algunos exitosos mercaderes de la política que supuestamente se sitúan más allá de la derecha y la izquierda, justo en el centro de sus negocios, su seguridad, prosperidad y confianza inversionista. Por todo ello, la advertencia de Alberto Lleras y Laureano Gómez se la llevo el viento, como lo vemos todos los días en los noticieros y lo corroboran los mismos expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos con sus verdades y revelaciones ante la Comisión de la Verdad. Ya es claro, para todo el que quiera ver y comprender que, de sus mutuas acusaciones, recusaciones y réplicas, ninguno queda exento de graves delitos. Bien sea por acción u omisión para ganar la presidencia o durante su ejercicio. Seguramente por ello, en la más reciente encuesta de Cifras y Conceptos, Polimétrica 2021, el 64% de los colombianos consultados no tiene afinidad con ningún partido. De manera que no hemos podido transitar de una política delictuosa hacia una política ciudadana. Vale decir, hacer la transición de la cacocracia -el gobierno de los cacos, expertos en robar la confianza ciudadana y lo público-- hacia la democracia. En lugar de ello, optamos por renovar periódicamente la cacocracia en medio de elecciones cada vez más turbias, menos legales y por supuesto competitivas y legítimas, pues ellas se definen por el peso decisorio de poderes de facto, algunas veces legales y empresariales como Odebrecht y de cuantiosos avales[3] de grupos financieros, sin descontar la ayuda de los poderes ilegales como la ñeñepolítica[4] y “Memo fantasma”, que convierten los comicios en un auténtico Halloween electoral. Un Halloween que termina ganando quien mejor se disfraza y oculta su verdadera identidad, aterrorizando por cuatro años a sus incautos electores con reformas tributarias y fórmulas como “la paz con legalidad”, tan imaginativas como demagógicas.

Mutaciones Teratológicas

En lugar de hacer dicha transición de la cacocracia electofáctica hacia la democracia ciudadana, hemos realizado y presenciado numerosas mutaciones teratológicas, pues el 8.000 de Samper se convirtió hoy en la “ñeñepolítica” de Duque. Antes, con Andrés Pastrana, conocimos la Farcpolítica en la zona de distensión del Caguán y el auge criminal del paramilitarismo por fuera de ella, con la cifra más alta de masacres[5] y desplazamientos forzados de los últimos años. Posteriormente, la parapolítica[6] llegó al Congreso con el narcoparamilitarismo en cuerpo ajeno y su aporte sustantivo en la primera campaña presidencial de Uribe[7]; quien luego perpetuó su regencia hasta el 2010 con el cambio de un “articulito” de la Constitución gracias a la Yidispolítica y Teodolindo que llevó a la cárcel a dos de sus más leales ministros: Sabas Pretelt y Diego Palacio[8]. Ya lo habían advertido Alberto Lleras y Laureano Gómez: “el delito utilizado para crecimiento y preponderancia” de ciertos partidos y gobiernos, como continúa sucediendo hasta hoy. Y así llegamos a la última transición frustrada, el Acuerdo de Paz, y su aspiración histórica de la política sin armas de Santos al salto mortal de la “paz con legalidad” de Duque, que nos devuelve a la noche oscura y sangrienta de las masacres[9] --homicidios colectivos en lenguaje presidencial— la fragmentación del territorio nacional controlado por organizaciones armadas ilegales[10] y la polarización entre “colombianos de bien”[11] contra “vándalos de primera línea”, “castrochavistas”, indios envalentonados, negros y mujeres “igualadas”. Pareciera que pasamos inadvertidamente de la fanática y tanática “filiación política” liberal o conservadora a la desafección política de la mayoría de ciudadanos, todo ello aprovechado por la afiliación criminal de unos cuantos disfrazados de políticos que se perpetuán en cargos públicos, en gran parte porque “los políticos corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”, según la irónica admonición de Edmund Burke[12]. Pero también por la belicosidad criminal de otros, menos numerosos, pero más virulentos, camuflados de “autodefensas Gaitanistas”, Disidencias de las Farc, “Nueva Marquetalia” y ELN, que han hecho respectivamente de la simbiosis con el narcotráfico su máxima ambición empresarial y su obcecada resistencia política-criminal. Y, en medio de este panorama político neofeudal y cacocrático, que beneficia cada vez más a menos, estamos la mayoría de colombianos fragmentados y disputados por numerosos precandidatos presidenciales al parecer incapaces de converger en torno a lo esencial: impedir que la política y el crimen continúen gobernando impunemente. Y ello solo será posible en el momento que empecemos romper la simbiosis fatal de la política con las economías ilegales, comenzando por la regulación y el control estatal de la hoja de coca, no para erradicarla y sustituirla, sino para transformarla en fuente de riqueza y prosperidad nacional. Porque hay que repetirlo hasta la saciedad: la coca no es cocaína. La coca no es la mata que mata. No es un cultivo ilícito, la naturaleza no es ilegal. Es el uso codicioso de ella, gracias al prohibicionismo de la fracasada y mortífera “guerra contra las drogas”[13], la que ha convertido a la coca en una planta ilegal y maldita. Ayer era la marihuana una planta maldita y hoy es una planta bendita, especialmente para las compañías farmacéuticas que se lucran con sus cualidades medicinales. Ello ha sido posible por la alquimia de la ley que regula su cultivo y transformación en usos medicinales. Y la hoja de coca[14] tiene potencialidades alimenticias y medicinales muy superiores a la marihuana. Además, sería un acto de justicia histórica --a propósito del 12 de octubre-- y de humanidad inaplazable impedir que las comunidades indígenas, negras y campesinas continúen siendo desplazadas, confinadas, diezmadas y hasta fumigadas con glifosato por gobiernos que convierten la legalidad en una calamidad, supuestamente para combatir el “narcotráfico”, aquel que siempre es bienvenido con sus generosos aportes y testaferros fantasmales en las campañas electorales.

Consulta Popular: Más allá de las elecciones, las fragmentaciones y falsas polarizaciones

Por eso, en lugar de esperar que algún precandidato presidencial la convierta en su bandera, deberíamos imponer como sociedad esta exigencia de regulación estatal de la hoja de coca en la agenda de la próxima gobernabilidad presidencial, independientemente de quien resulte ganador. También deberíamos enfrentar otros temas tabús que son la esencia de la cacocracia electofáctica: imponer límites insuperables y la publicidad total de los aportes de los financiadores de las campañas políticas, para impedir el triunfo de la plutocracia sobre la democracia. Solo convirtiendo la política en una competencia ciudadana, podremos derrotar este régimen electofáctico de complicidades cacocráticas y alianzas criminales. Y una vía para hacerlo puede ser una Consulta Popular[15] como la promovida por diversos sectores y organizaciones sociales, para invertir la lógica de las elecciones. Ya no serán los candidatos quienes nos fragmenten en millones de electores, sino millones de ciudadanos quienes le impondremos una agenda de gobierno democrático a los ganadores en el Congreso y la Presidencia. Una agenda que realice las aspiraciones mínimas de toda democracia y la ciudadanía: vida digna para las mayorías, paz política y seguridad para todos, brindando igualdad de oportunidades a través de políticas públicas integrales que conviertan en realidad los derechos humanos vitales al trabajo, la salud, la educación, la justicia y la vivienda digna. Derechos que están consagrados en nuestra Constitución Política, pero se desconocen y violan masivamente todos los días. Quizás así dejemos de estar fragmentados y no nos dejemos polarizar, una vez más, para beneficio de “los mismos con las mismas”, quienes hábilmente apelan al miedo, la ignorancia, los prejuicios y los odios en perjuicio de todos y beneficio de pocos.  

 

 


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miércoles, octubre 13, 2021

Por la vida, deliberemos antes de votar

 

POR LA VIDA, DELIBEREMOS ANTES DE VOTAR

Hernando Llano Ángel.

El fatal abstencionismo

En el anterior Calicanto mencionaba el triunfo del abstencionismo en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz[1], pues ese 2 de octubre de 2016 el 62.57% de los ciudadanos no votaron. Es decir, botaron literalmente a la basura el voto más importante de sus vidas. El voto que decidiría si los colombianos seremos capaces, algún día cercano, de empezar a superar nuestras diferencias, conflictos y problemas sin matarnos. Esa mayoría que no concurrió a las urnas, aproximadamente 21.653.403 ciudadanos, dejó en manos de solo 6.431.372 colombianos, el 50.21% de los votos válidos, la vida, la seguridad y la prosperidad de todos. Frente al total de ciudadanos habilitados para votar, 34.899.945, según el censo electoral en agosto de 2016, solo el 18.27% de los colombianos votó contra el Acuerdo de Paz. Es decir, una minoría concurrente en las urnas decidió la suerte de todos, ante esa mayoría que no creyó en su poder de decisión y dejó pasar la paz y la vida de largo. Empezando por la vida de los mismos abstencionistas que, seguramente por múltiples razones y circunstancias, no creyeron que valía la pena salir a votar para comenzar a romper el vínculo mortal de las armas con la política. Sería demasiado irresponsable especular aquí sobre el cúmulo de factores de orden político, social, económico, cultural, étnico e institucional que lleva a millones de ciudadanos a esa fatal incredulidad en el poder de su propio voto. Esa minusvalía de poder que parece invadirlos en el momento de votar, nos impide vivir y consolidar una democracia de ciudadanos y nos mantiene sumidos en esta cacocracia electoral al servicio de minorías, donde la corrupción es su savia mortal. Una minusvalía del poder ciudadano que incluso se expresó de forma más dramática el 9 de diciembre de 1990, cuando elegimos a los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente[2], pues entonces solo votamos cerca del 30% del censo electoral vigente y el restante 70% se abstuvo de definir qué tipo de Estado y sociedad quería para vivir.

¿Una Constitución sin ciudadanía?

Sin duda, la legitimidad de los contenidos políticos de la Carta del 91 es directamente proporcional a la conferida por la participación electoral. Lo que en parte explica su precaria vigencia en la vida política, social y económica, pues desde entonces una minoría decisoria que concurre a las urnas elije mandatarios que no tienen interés ni voluntad política en hacerla cumplir. Estos mandatarios llegan a la Presidencia y el Congreso más interesados en reformarla a la medida de sus intereses, de sus patrocinadores financieros, legales e ilegales, y especialmente de sus copartidarios, que en acatarla, cumplirla y desarrollarla. En los escasos 30 años de su promulgación ha sido reformada 55 veces[3]. Ya es casi irreconocible, como ciertas mujeres sometidas a la tiranía del quirófano y el deseo de sus amantes. Lo que nos lleva a una conclusión muy grave: sin ciudadanía no hay Constitución que valga, menos que nos proteja y salvaguarde nuestros derechos fundamentales. Ella seguirá siendo, parafraseando a Ferdinand Lasalle[4], solo una hoja de papel. Ni siquiera hemos sido capaces de cumplir su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Empezando por el expresidente Juan Manuel Santos que, una vez firmado el Acuerdo con las Farc-Ep, en lugar de cumplir ese mandato constitucional por la paz se la jugó en el plebiscito --como si fuera una carta en el póker del poder-- y perdió la partida contra Álvaro Uribe Vélez. Y de paso perdimos todos, porque quienes hoy reclaman su triunfo en el plebiscito y gobiernan, la han convertido y pervertido en una “paz con legalidad”. Una paz tan letal que el recrudecimiento de la violencia política y la incapacidad institucional para contenerla arroja cada día más cifras de líderes sociales asesinados, masacres de civiles inermes y miles de familias desplazadas o confinadas por las amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Por todo ello, vale la pena volver sobre los insólitos resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, para comprender cómo la ausencia de deliberación ciudadana o quizá la manipulación fraudulenta de los votos entonces emitidos, facilitó el pírrico triunfo del NO por apenas 53.908 votos.

Un Plebiscito con resultados inverosímiles e incomprensibles

Con el anterior subtítulo no me estoy refiriendo al triunfo del NO, que en parte es explicable por el inmenso odio generado por las FARC-EP en razón de sus innumerables crímenes y violencia execrable, como por la hábil y mendaz campaña promovida por Juan Carlos Vélez y el Centro Democrático contra el Acuerdo de Paz. Me estoy refiriendo, más bien, al abultado número de votos nulos y sin marcar que se registraron en esa inefable jornada. Según datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado civil el total de votos nulos fue de 170.946 y el de tarjetones no marcados de 86.243, lo cual da una suma nada despreciable de 257.189 votos, cuatro veces superior a la exigua diferencia de 53.908 votos con los que ganó el NO. Algo difícil de entender, pues el elector solo tenía que marcar SÍ o NO. Valdría la pena, así sea después de 5 años, que la Misión de Observación Electoral (MOE) solicitara una revisión física de dichos tarjetones e incluso de las actas de los jurados de las mesas donde se anularon esos 170.946 votos. Una impresionante cantidad de votos, marcados en forma equívoca, única causal legal para anularlos. Es decir, 170.946 electores al parecer SÍ querían la paz, pero votaron NO por el Acuerdo, marcando simultáneamente ambas opciones. O, quizá, hubo manos criminales que se dedicaron a marcar rápidamente las dos opciones para que el voto fuera anulado. En cualquiera de los dos casos, algo realmente inquietante y sospechoso. Igualmente es inexplicable que hayan aparecido 86.243 tarjetones sin marcar. ¿Cómo entender que más de 80.000 ciudadanos hayan ido hasta las urnas y allí decidieran no marcar los tarjetones? De allí la importancia de la deliberación ciudadana antes de votar, pero sobre todo de la atención, supervisión y control de los resultados en las elecciones del próximo 2022 para que no se cumpla el refrán según el cual “quien escruta elije”. Tanto la deliberación como el escrutinio serán vitales para la paz política, la seguridad, libertad y prosperidad de todos. Con mayor razón en estos tiempos de Fake News y redes sociales, donde la deliberación es desvirtuada por la tergiversación, la estigmatización y exacerbación de prejuicios, odios y fanatismos. Para no caer en ese agujero negro de las mentiras y la manipulación de nuestras más bajas emociones, pasiones y prejuicios ideológicos, de clase y raciales, que cunden en todas las elecciones, es imprescindible que recobremos de nuevo el sentido agudo de la escucha y el ejercicio riguroso del discernimiento. Solo así seremos ciudadanos libres y no siervos incautos de la demagogia y los maestros de la mentira, esos expertos en marketing electoral que en cada elección nos venden un salvador y después de 4 años sabemos que era un timador.

 

 

 

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domingo, octubre 03, 2021

Por la vida, pongámonos de Acuerdo

 

POR LA VIDA, PONGÁMONOS DE ACUERDO

Hernando Llano Ángel.

Hoy se cumplen 5 años del triunfo del NO en el plebiscito[1] sobre el Acuerdo de Paz, realizado justo un domingo 2 de octubre de 2016, con una muy baja participación de la ciudadanía, apenas del 37.43% y una diferencia pírrica de 53.908 votos a favor del NO. En términos matemáticos, ganó realmente la abstención con el 62.57% que no participó y dejó así en manos de una minoría la vida y la paz de todos. Estos resultados confirmarían el ingenioso aserto de Borges: “Para mí la democracia es un abuso de la estadística. Y además no creo que tenga ningún valor. ¿Usted cree que para resolver un problema matemático o estético hay que consultar a la mayoría de la gente? Yo diría que no”. A dichos problemas enumerados por Borges, realmente poco vitales, habría que agregar la paz política, esa sí una cuestión de vida o muerte, pues de ella depende la seguridad, la libertad y la prosperidad de todos. Algo mucho más valioso que resolver un problema matemático o un juicio estético, que obviamente por su naturaleza científica y dimensión subjetiva no se deben someter al parecer de las mayorías. Por eso, el artículo 22 de la Constitución Política consagró la paz como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

La Paz Política es un juego de suma positiva

Sin duda, el mayor error histórico del expresidente Santos junto a su equipo negociador y las Farc-Ep, fue haber caído en el espejismo de la legitimidad democrática, suponiendo que el triunfo del SÍ blindaría el Acuerdo de Paz con una legitimidad incuestionable. Así lo advertí en Razón Pública en un artículo el 11 de abril de 2016, titulado “La paz es un juego de suma positiva”[2]. Con ello revelaron la mayor incomprensión del sentido profundo de la democracia, pues ésta presupone la paz política para su verdadera existencia. Porque la paz política es el derecho a la democracia, su fundamento existencial y no puede ser sometida a votaciones, pues con ello se corre el riesgo inminente de la guerra, que bien podrían reclamar los ganadores en dicha contienda.  Al someter la paz política a un resultado electoral --después de más de medio siglo de violencia y degradación del conflicto armado interno— ella quedó en las manos y sobre todo en las mentes y los corazones de millones de víctimas. Víctimas cuyos dolores, resentimientos y esperanzas eran comprensibles, pero cuyas decisiones frente al Acuerdo se debatían entre la indignación y el repudio o el perdón y la reconciliación. De allí que su voto fuera fácilmente manipulable a partir de la vulgar tergiversación del alcance de los cinco puntos del Acuerdo de Paz. Maniobra artera que fue reconocida incluso por el director de la campaña del NO, Juan Carlos Vélez Uribe[3], que cínicamente declaró haber realizado con éxito una campaña que llevó a mucha gente a “votar berraca (sic)” contra las ignominias cometidas por las Farc-Ep, adobadas de mentiras como una supuesta educación de género que pervertiría a los niños y adolescentes, el triunfo del “castrochavismo” y la impunidad total para criminales de guerra. Mentiras que incluso todavía hoy creen muchas personas y celebra con orgullo el Centro Democrático[4], sin pudor alguno. Al punto que el mismo expresidente Uribe entonces regañó a Juan Carlos Vélez por su imprudencia al revelar una estrategia tan mendaz y sucia: “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”[5], escribió en un trino. Las anteriores no son anécdotas del pasado, sino estrategias que seguramente se utilizarán para las próximas elecciones, con el propósito de seguir polarizándonos en forma absurda y criminal con la bandera de la paz. Pero ya deberíamos tener claro que, desde la famosa expresión atribuida equivocadamente a Julio César: “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”[6], nuestros líderes políticos han demostrado ser maestros en manipularnos, dividirnos, polarizarnos y hasta llevarnos a campos de batalla en nombre de la paz. Para ello le agregan adjetivos ennoblecedores: “Paz con justicia social”; “Paz con seguridad democrática” o “Paz sin impunidad”.

“Paz con legalidad” 

La última e insuperable paz es la de este gobierno: “Paz con legalidad”, salvo por las innumerables víctimas mortales[7] que ha dejado en el camino y un crecimiento de 135% en el número de desplazados internos entre enero y agosto de 2021, según el reciente informe de la CIDH[8]. Por otra parte, en el informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres[9], sobre el cumplimiento del Acuerdo, éste resalta: “que la violencia contra excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos continúa concentrándose en 25 municipios del país ubicados principalmente en zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo. El informe reporta durante este período el asesinato de 14 excombatientes de las FARC-EP (todos hombres), lo que eleva la cifra a 292 (nueve mujeres) desde que se firmó el Acuerdo. La Misión observó un importante deterioro de la seguridad de las y los excombatientes en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, departamentos que concentran más de un tercio del total de los asesinatos. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 43 defensores y defensoras de los derechos humanos, lo que representa un total de 158 asesinatos en 2021. Además, se documentaron 11 masacres que dejaron 38 víctimas (otras 16 están siendo verificadas). También señala que la persistencia de la violencia sigue generando desplazamientos masivos y confinamientos, especialmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño, afectando particularmente a comunidades indígenas y afrocolombianas”. El reciente informe de la CIDH sobre el desplazamiento forzado[10], advierte que su crecimiento exponencial se debe al incumplimiento del Acuerdo de Paz y que tenemos el mayor número de desplazados internos en el mundo: “Según la CIDH, el Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sigue reportando en Colombia el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo, según el informe, sería un total de 8,3 millones de personas a finales del año pasado, a pesar de la pandemia. Igualmente, dice la Comisión, entre enero y agosto de 2021 la cantidad de personas desplazadas en Colombia creció un 135 % en comparación con los mismos meses de 2020. Según las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), indican que en este periodo más de 57.100 personas habrían sido desplazadas, principalmente, por amenazas directas por parte de grupos armados”.  Por todo lo anterior, en lugar de la paz, deberíamos ponernos de acuerdo en torno a la sacralidad de toda vida humana y defenderla sin condicionamientos. Al respecto, la ausencia de propuestas y pronunciamientos de todos los numerosos precandidatos presidenciales sobre esta mortal problemática nos revela que para ellos el juego electoral es más importante que la vida misma de millones de colombianos. Sin duda, las elecciones cada vez más se convierten en una coartada para la muerte de la democracia, como ha venido sucediendo en el mundo y especialmente en nuestra Latinoamérica, empezando por casa y continuando con Venezuela, Nicaragua, Perú y Brasil. Por eso el interés de este gobierno en eliminar las restricciones que impone la ley de Garantías Electorales a la contratación de alcaldes y gobernadores en períodos de campaña. Al fin de cuentas, va quedando claro que la democracia está casi totalmente en manos del mercado, despojándonos y robándonos a los ciudadanos nuestro poder de decisión. ¿Será que la soberanía reside en esos poderes de facto y no en nuestra ciudadanía? ¿Permitiremos pasivamente esta última jugadita para la consolidación definitiva de la cacocracia que nos gobierna, todo bajo la mascarada de la “democracia más antigua y estable” de Suramérica? Presentaré en los próximos Calicantos algunas ideas para tratar de evitarlo.

 

 

 

 

 


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