CALICANTO: Por la vida, deliberemos antes de votar

POR LA VIDA, DELIBEREMOS ANTES DE VOTAR

Hernando Llano Ángel.

El fatal abstencionismo

En el anterior Calicanto mencionaba el triunfo del abstencionismo en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz[1], pues ese 2 de octubre de 2016 el 62.57% de los ciudadanos no votaron. Es decir, botaron literalmente a la basura el voto más importante de sus vidas. El voto que decidiría si los colombianos seremos capaces, algún día cercano, de empezar a superar nuestras diferencias, conflictos y problemas sin matarnos. Esa mayoría que no concurrió a las urnas, aproximadamente 21.653.403 ciudadanos, dejó en manos de solo 6.431.372 colombianos, el 50.21% de los votos válidos, la vida, la seguridad y la prosperidad de todos. Frente al total de ciudadanos habilitados para votar, 34.899.945, según el censo electoral en agosto de 2016, solo el 18.27% de los colombianos votó contra el Acuerdo de Paz. Es decir, una minoría concurrente en las urnas decidió la suerte de todos, ante esa mayoría que no creyó en su poder de decisión y dejó pasar la paz y la vida de largo. Empezando por la vida de los mismos abstencionistas que, seguramente por múltiples razones y circunstancias, no creyeron que valía la pena salir a votar para comenzar a romper el vínculo mortal de las armas con la política. Sería demasiado irresponsable especular aquí sobre el cúmulo de factores de orden político, social, económico, cultural, étnico e institucional que lleva a millones de ciudadanos a esa fatal incredulidad en el poder de su propio voto. Esa minusvalía de poder que parece invadirlos en el momento de votar, nos impide vivir y consolidar una democracia de ciudadanos y nos mantiene sumidos en esta cacocracia electoral al servicio de minorías, donde la corrupción es su savia mortal. Una minusvalía del poder ciudadano que incluso se expresó de forma más dramática el 9 de diciembre de 1990, cuando elegimos a los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente[2], pues entonces solo votamos cerca del 30% del censo electoral vigente y el restante 70% se abstuvo de definir qué tipo de Estado y sociedad quería para vivir.

¿Una Constitución sin ciudadanía?

Sin duda, la legitimidad de los contenidos políticos de la Carta del 91 es directamente proporcional a la conferida por la participación electoral. Lo que en parte explica su precaria vigencia en la vida política, social y económica, pues desde entonces una minoría decisoria que concurre a las urnas elije mandatarios que no tienen interés ni voluntad política en hacerla cumplir. Estos mandatarios llegan a la Presidencia y el Congreso más interesados en reformarla a la medida de sus intereses, de sus patrocinadores financieros, legales e ilegales, y especialmente de sus copartidarios, que en acatarla, cumplirla y desarrollarla. En los escasos 30 años de su promulgación ha sido reformada 55 veces[3]. Ya es casi irreconocible, como ciertas mujeres sometidas a la tiranía del quirófano y el deseo de sus amantes. Lo que nos lleva a una conclusión muy grave: sin ciudadanía no hay Constitución que valga, menos que nos proteja y salvaguarde nuestros derechos fundamentales. Ella seguirá siendo, parafraseando a Ferdinand Lasalle[4], solo una hoja de papel. Ni siquiera hemos sido capaces de cumplir su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Empezando por el expresidente Juan Manuel Santos que, una vez firmado el Acuerdo con las Farc-Ep, en lugar de cumplir ese mandato constitucional por la paz se la jugó en el plebiscito --como si fuera una carta en el póker del poder-- y perdió la partida contra Álvaro Uribe Vélez. Y de paso perdimos todos, porque quienes hoy reclaman su triunfo en el plebiscito y gobiernan, la han convertido y pervertido en una “paz con legalidad”. Una paz tan letal que el recrudecimiento de la violencia política y la incapacidad institucional para contenerla arroja cada día más cifras de líderes sociales asesinados, masacres de civiles inermes y miles de familias desplazadas o confinadas por las amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Por todo ello, vale la pena volver sobre los insólitos resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, para comprender cómo la ausencia de deliberación ciudadana o quizá la manipulación fraudulenta de los votos entonces emitidos, facilitó el pírrico triunfo del NO por apenas 53.908 votos.

Un Plebiscito con resultados inverosímiles e incomprensibles

Con el anterior subtítulo no me estoy refiriendo al triunfo del NO, que en parte es explicable por el inmenso odio generado por las FARC-EP en razón de sus innumerables crímenes y violencia execrable, como por la hábil y mendaz campaña promovida por Juan Carlos Vélez y el Centro Democrático contra el Acuerdo de Paz. Me estoy refiriendo, más bien, al abultado número de votos nulos y sin marcar que se registraron en esa inefable jornada. Según datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado civil el total de votos nulos fue de 170.946 y el de tarjetones no marcados de 86.243, lo cual da una suma nada despreciable de 257.189 votos, cuatro veces superior a la exigua diferencia de 53.908 votos con los que ganó el NO. Algo difícil de entender, pues el elector solo tenía que marcar SÍ o NO. Valdría la pena, así sea después de 5 años, que la Misión de Observación Electoral (MOE) solicitara una revisión física de dichos tarjetones e incluso de las actas de los jurados de las mesas donde se anularon esos 170.946 votos. Una impresionante cantidad de votos, marcados en forma equívoca, única causal legal para anularlos. Es decir, 170.946 electores al parecer SÍ querían la paz, pero votaron NO por el Acuerdo, marcando simultáneamente ambas opciones. O, quizá, hubo manos criminales que se dedicaron a marcar rápidamente las dos opciones para que el voto fuera anulado. En cualquiera de los dos casos, algo realmente inquietante y sospechoso. Igualmente es inexplicable que hayan aparecido 86.243 tarjetones sin marcar. ¿Cómo entender que más de 80.000 ciudadanos hayan ido hasta las urnas y allí decidieran no marcar los tarjetones? De allí la importancia de la deliberación ciudadana antes de votar, pero sobre todo de la atención, supervisión y control de los resultados en las elecciones del próximo 2022 para que no se cumpla el refrán según el cual “quien escruta elije”. Tanto la deliberación como el escrutinio serán vitales para la paz política, la seguridad, libertad y prosperidad de todos. Con mayor razón en estos tiempos de Fake News y redes sociales, donde la deliberación es desvirtuada por la tergiversación, la estigmatización y exacerbación de prejuicios, odios y fanatismos. Para no caer en ese agujero negro de las mentiras y la manipulación de nuestras más bajas emociones, pasiones y prejuicios ideológicos, de clase y raciales, que cunden en todas las elecciones, es imprescindible que recobremos de nuevo el sentido agudo de la escucha y el ejercicio riguroso del discernimiento. Solo así seremos ciudadanos libres y no siervos incautos de la demagogia y los maestros de la mentira, esos expertos en marketing electoral que en cada elección nos venden un salvador y después de 4 años sabemos que era un timador.