domingo, agosto 22, 2021

Álvaro Uribe Vélez entre errores políticos y horrores éticos

 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ENTRE ERRORES POLÍTICOS Y HORRORES ÉTICOS

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Hernando Llano Ángel

El mayor error político del expresidente Uribe, del cual se derivan todos los demás horrores militares y los crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre de la “seguridad democrática”, es su incapacidad de reconocer la existencia del conflicto armado interno. Pero no se trata de una incapacidad cognoscitiva, pues nadie puede dudar de su inteligencia y sagacidad de político. Es algo mucho más grave. Se trata de una incapacidad de juicio moral y una limitada empatía humana, que casi se agota en su universo familiar y político. Una especie de atrofiamiento del juicio moral.  A tal punto que llama errores personales a lo que son horrores institucionales, como los cerca de 6.400 “falsos positivos”[1], y se libera de toda responsabilidad política como jefe de Estado diciendo que quienes lo cometieron fueron oficiales y soldados incompetentes en el cumplimiento de sus deberes militares en el campo de batalla y lo hicieron ensañándose contra civiles inermes. Todo lo reduce a un problema de competencia militar, cuando en realidad fue una consecuencia de su obsesión política por matar la “culebra”[2], como llegó a llamar a la Far, en su lenguaje coloquial. Allí está el origen de todos los crímenes y horrores de su “seguridad democrática”, pues al negar el conflicto armado y todo su trasfondo histórico, político y social para reducirlo a una amenaza terrorista contra la “democracia más estable y profunda” de Sudamérica, borró de un tajo la distinción entre civiles y combatientes armados. Así lo dejo escrito desde el comienzo de su primera administración en el punto 33 de su “Manifiesto Democrático”[3]:A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Y no hay duda que lo cumplió y demostró cabalmente con cerca de 6.400 falsos positivos, pues ellos son una consecuencia política y criminal de semejante postulado. Es decir, fusionó la política con la violencia y la guerra, formando así un espeso lodazal de crímenes y sembrando de fosas comunes el campo. Al llamar errores a semejantes horrores, el expresidente Uribe se sitúa en el mismo nivel ético de los miembros del secretariado de las Farc-Ep cuando iniciaron su comparecencia ante la JEP y la Comisión de la Verdad. Entonces, ellos también expresaron que el secuestro fue el mayor error político en que incurrieron. Necesitaron que sus víctimas, entre ellas Ingrid Betancur, les contarán entre lágrimas y recriminaciones todo el horror que sufrieron, para que reconocieran que su práctica fue un crimen deleznable, cobarde e injustificable, que nada tiene que ver con rebeldes y menos con una gesta revolucionaria, un execrable crimen de lesa humanidad[4].

La soberbia del “virtuoso”

Pero todo parece indicar que el expresidente Uribe no será capaz de recorrer ese camino y mucho menos de reconocer su responsabilidad como jefe de Estado en semejante extravío criminal, solicitando perdón no sólo ante los familiares de las incontables víctimas de su “seguridad democrática” sino ante toda la Nación, como sería lo propio de un mandatario que dice ser un demócrata virtuoso e integral, totalmente transparente. Debería recordar el gesto humano y el ejemplo político de Belisario Betancur[5] (Q.E.P.D), quien no sólo se retiró de la vida política y pública, sino que además solicitó perdón a todas las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, en lugar de responsabilizar de ello a los incompetentes militares que sacrificaron cerca de cien rehenes junto a sus captores del M-19. Pero algo va de la sensibilidad de un poeta extraviado en la política, como Belisario, a la de un jinete soberbio que confunde la República con la administración de sus haciendas. Porque si alguna verdad sobresale del encuentro entre el padre Francisco de Roux y el expresidente Uribe es que lo público --en su dimensión más vital y trascendental como es aclarar lo sucedido con la vida y la muerte de miles de colombianos ejecutados por miembros de la Fuerza Pública, esa verdad grave, sagrada y horripilante-- quedó opacada y difuminada por la cacofonía de sus bestias familiares: caballos, perros, pavos y hasta la intromisión grosera de sus hijos, Jerónimo y Tomás, impugnando a la comisionada Lucía González --desaparecida por el camarógrafo familiar— para responsabilizar de los falsos positivos exclusivamente al entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos. ¡Cómo si semejante criminalidad estatal fuera un asunto para salvar la honorabilidad familiar de Uribe y condenar a la familia de Santos! No solo indigna tanta frivolidad y narcisismo familiar uribista, sino además la ignorancia de sus vástagos que desconocen la responsabilidad política compartida tanto por Uribe como Santos en dichos crímenes, cometidos en nombre de la “seguridad democrática”. Pero al menos Santos los reconoció ante la Comisión de la Verdad[6] y no en su finca de Anapoima, además explicó parcialmente cómo se cometieron y pidió perdón a las víctimas y familiares de los “falsos positivos”.

¡Uribe, engañado y decepcionado!

Por el contrario, Uribe afirmó que no creía que ello estuviera sucediendo, porque jamás podía sospechar que la Fuerza Pública, tan apreciada y valorada por él, incurriera en actos criminales. Literalmente expresó en el minuto 13 de su exposición: “para mí era muy difícil creer que había falsos positivos”[7], pero cuando su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, se lo demostró, no le quedó otra alternativa que destituir 27 oficiales, no sin antes decir en el minuto 29: “Una decisión de esa naturaleza para alguien como yo, que tiene profundo afecto por las fuerzas armadas de Colombia es una decisión muy dolorosa, pero la tomé”. Y esa confesión de fe institucional, casi contra toda evidencia, es algo inverosímil en un hombre con la sagacidad y el rigor del expresidente Uribe, que se ufana en exigir resultados y es meticuloso de los detalles hasta lo patológico. Quizá ello se explica por la simbiosis criminal que históricamente ha existido entre el poder civil y el militar en Colombia, que tiene hitos como las autodefensas creadas y promovidas por el presidente Guillermo León Valencia (Q.E.P.D) en 1965 con el decreto 3398 y posterior ley 48 de 1968, bajo Lleras Restrepo. Luego resucitadas por Gaviria con las CONVIVIR[8], motor de las AUC. Pero también presente en discursos que son considerados la esencia del mito de la profunda “civilidad” de nuestros gobernantes, como el famoso del Teatro Patria[9] escrito y pronunciado por Alberto Lleras Camargo el 9 de mayo de 1958, también conocido como “Doctrina Lleras”. Allí encontramos claves que nos revelan que ese mito es, junto al de nuestra democracia “más estable” y con los militares menos golpistas, una de las mitomanías o mentiras más consolidadas y fecundas en generar crímenes de lesa humanidad e impunidad hasta el presente. En número incluso mayor que las dictaduras del cono sur. Auténticas “máquinas de guerra”. Así se expresaba Lleras Camargo: “Es muy peligroso que se desobedezca una orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por cien o mil hombres con rigurosa disciplina puede conducir a la victoria o minimizar el desastre. La acción guerrera necesita rapidez, unidad, decisión inmediata, y todo eso no da tiempo para juzgar todos los aspectos de la cuestión. La preparación militar requiere, pues, que el que dé las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es posible, todo previsto, y que el que las recibe las ejecute sin dudas ni controversias[10].  Y la fuente legal de los “Falsos positivos” fue la Directiva 029 de 2005[11], de la que curiosamente nada dijeron ante la Comisión de la Verdad ni Juan Manuel Santos, como ministro de defensa que la cumplió, ni Álvaro Uribe Vélez presidente de la república, responsable con Camilo Ospina, ministro de defensa, quien entonces la firmó y expidió. ¿Quiénes fueron sus autores intelectuales? ¿Quiénes los excelsos juristas de estímulos y recompensas para mercenarios y cooperantes civiles? ¿Por qué su aplicación derivó en las ejecuciones extrajudiciales más conocidas como “Falsos Positivos”? Respuestas que buscará incansablemente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, así como la JEP. Pero quedan muchas más preguntas por hacer y reflexiones por realizar de lo expresado por el expresidente Uribe, pues como lo señaló el padre De Roux de lo que se “trata es de comprender por qué y cuál fue el entramado que dio lugar a estas situaciones”, además de identificar responsabilidades para ayudar a aclarar y comprender esto entre nosotros”, entre todos los colombianos. De no hacerlo, cerrar los ojos y la conciencia mediante la aplicación de una amnistía general[12], como la que insinúa ladinamente el expresidente Uribe, sería no solo una ignominia con millones de víctimas, sino la consagración de una impunidad e injusticia mayor que la instaurada por el Frente Nacional. Y ya conocemos sus consecuencias. Sería perpetuar en la vida nacional a los actores y factores, sean ellos de derecha o de izquierda, responsables de este presente inadmisible y vergonzoso. Quizá por ello rechazan y temen tanto a la JEP y a la Comisión de la Verdad, pues ambas nos están revelando que no puede existir legitimidad política alguna y, menos democrática, derivada de la violencia, el crimen y la mentira, así se recurra a argumentos espurios supuestamente democráticos y constitucionales para desconocerlas, como los expresados por el expresidente Uribe al comienzo del encuentro y a los cuales me referiré en las próximas entregas.  



[10] Lleras C, A. (s.f). Sus mejores páginas. Editora Latinoamericana S.A, de Lima, Perú.

martes, agosto 17, 2021

! VERDAD QUE PODEMOS !

 

¡VERDAD QUE PODEMOS!

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Hernando Llano Ángel

¡Verdad que podemos! es el lema de la 34 semana por la Paz que se lanzará el próximo jueves 19 de agosto en Bogotá desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y se podrá seguir en el siguiente link https://semanaporlapaz.com/semana2020/.  Un lema inspirador y certero, pues solo con la verdad podremos salir adelante como sociedad y convivir como humanos, dejando atrás tantas mentiras e imposturas arraigadas históricamente en el odio, los propios intereses, la codicia, la ignorancia, los extravíos ideológicos y la soberbia de quienes se sienten predestinados a perpetuar guerras en nombre de la paz y la justicia. Porque si algo nos ha faltado como colombianos es conocer la verdad con todas sus aristas, rostros, sombras y luces, para apreciar el caleidoscopio completo y complejo de nuestra terrible realidad y empezar así a salir de este laberinto sangriento en que deambulamos y morimos atrapados.

Verdades parciales y víctimas irredentas

Se ha intentado en varias ocasiones, pero de forma parcial e incompleta, sin tener el valor y la lucidez suficientes para develar y revelar todas las verdades. Comenzando por la verdad más dolorosa y difícil de reconocer y es que somos una sociedad donde ya es casi imposible distinguir nítidamente entre víctimas y victimarios. Los que ayer fueron victimarios, hoy son víctimas, como sucede periódicamente con miembros del partido Comunes. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y su reincorporación a la vida civil y política cuentan ya con más de 280 asesinados en sus filas. La cifra de víctimas por desplazamiento forzado continúa aumentando. Según el registro oficial de la Unidad de Víctimas hoy tenemos en nuestro país 9.153.078[1] víctimas del conflicto armado interno. Y lo más grave es que cada día esa cifra crece, bajo el lema inverosímil de “paz con legalidad” de este impasible gobierno. Por eso las últimas audiencias realizadas por la Comisión de la Verdad constituyen un hito histórico. En su comparecencia voluntaria, el expresidente Juan Manuel Santos asumió ladina e indirectamente su responsabilidad en los “falsos positivos” como ministro de defensa. También expresó su culpabilidad y arrepentimiento moral por no haber podido evitarlos en forma eficaz y temprana. Por ello, compungido, solicitó perdón a miles de madres y familiares de los jóvenes asesinados. Dicha actitud, sienta un precedente histórico que debe emular y seguir el expresidente Uribe[2], pues todo ello ocurrió en cumplimiento de su política de “Seguridad democrática”. También son reveladoras las recientes versiones de Mancuso y Londoño, donde simultáneamente se reconocen como víctimas y victimarios, sin que ello justifique y mucho menos legitime sus horrendos crímenes. Mancuso, en tanto víctima de la extorsión y la violencia guerrillera, y Londoño por la persecución y los crímenes de Estado contra los luchadores sociales.  A lo anterior, hay que agregar la constante y rigurosa labor de la JEP, cuyas investigaciones ya permiten identificar a los máximos responsables de crímenes internacionales como la toma de rehenes, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento de menores, garantizando así por primera vez en nuestra historia que las víctimas no solo sean restauradas en su dignidad, sino que empiecen a ser reparadas a través de la verdad. Así sus familiares y deudos conocerán por lo menos un tenue reflejo de justicia y no continuará prevaleciendo la impunidad total. Es lo que ha sucedido hasta ahora en todas nuestras guerras y conflictos políticos, donde los vencedores gobiernan y los vencidos son perdonados o amnistiados, sellando alianzas de impunidad histórica en nombre de la concordia, la reconciliación y la misma paz, como aconteció con el Frente Nacional.

De la impunidad del Frente Nacional a la inmoralidad gubernamental

Fórmula de gobernabilidad profundamente antidemocrática que, en los albores de la guerra fría y con los hervores del triunfo de la revolución cubana, terminó engendrando las guerrillas más longevas del continente, hoy trasmutadas en organizaciones monstruosas que fusionan la política con el narcotráfico. Simbiosis que también está presente en todo el establecimiento político, variando solo su forma de integración. En el 91 fue con más plomo que plata, pues el terror de los llamados extraditables tuvo más peso que la plata en la Constituyente para coronar su máxima aspiración en el artículo 35: la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento. Desde entonces esa mezcla letal de plomo, plata, coca y política ha tomado las más diversas formas y mutaciones: comenzó con las CONVIVIR de Gaviria en la Presidencia y Uribe como gobernador en Antioquia; luego se metamorfoseo en las AUC con los Castaño y Mancuso;  después el 8.000 con Samper y los Rodríguez; Pastrana con las FARC en el Caguán; de nuevo el narcoparamilitarismo y la parapolítica con Uribe como presidente y ahora Duque con el Ñeñe Hernández[3] y la vicepresidenta Ramírez con el “Memo fantasma”[4], para no hablar del extraño caso del exembajador Fernando Sanclemente[5] y sus laboratorios sabaneros para el procesamiento de cocaína[6] en su finca. Por todo ello, el Acuerdo de Paz también reconoció esta criminal simbiosis de las Farc con el narcotráfico en el punto 4, bajo el título de “Solución al problema de las drogas ilícitas”[7] articulándolo con el primer punto de la “Reforma Rural Integral”, pues sin la sustitución voluntaria de los cultivos de coca acompañada de un política rural integral, jamás se podrá cortar el flujo criminal de dinero para  la guerra y el asesinato de los líderes sociales que promueven la sustitución de cultivos y la reforma rural integral. Por no reconocer esta dolorosa y evidente verdad, siguen corriendo ríos de sangre en el campo colombiano y fluyen millones de dólares blanqueados por nuestra economía. Por eso estamos pasando de la impunidad del Frente Nacional, donde quienes promovieron desde la política la Violencia, luego se reconciliaron para gobernar como socios y cómplices sin asumir ninguna responsabilidad, a la actual inmoralidad gubernamental donde en nombre de “la paz con legalidad” avanza sin contención el asesinato de líderes sociales, las masacres y los desplazamientos. Pero, sobre todo, se torpedea al máximo el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la JEP, la existencia y el funcionamiento de las 16 curules[8] transitorias de paz para las víctimas, porque temen que salga a la luz pública la grave responsabilidad de los gobernantes en el sostenimiento y la consolidación de un régimen político afianzado en la criminalidad y la injusticia, bajo la inmensa mentira de ser la democracia más antigua y estable de Sudamérica. No por casualidad los gestores del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, reconocieron en los primeros renglones de la Declaración de Sitges el peso determinante del delito en la política: “Ninguno de los dos partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado para su incremento o preponderancia. Los crímenes que se cometen con ese fingido designio deben ser repudiados y reprimidos enfáticamente por una y otra de nuestras colectividades, de manera constante e indudable, porque su impunidad afecta el decoro de la república y va en deslustre directo de los mismos partidos en cuyo servicio, hipócritamente, se pretende cometer”. Pero hoy sucede exactamente lo contario. Para que sea VERDAD QUE PODEMOS vivir en paz lo primero que debemos hacer es no perpetuar en las elecciones del 2022 a quienes gobiernan de la mano con el crimen, la violencia y la impunidad. Ojalá el próximo año la voluntad de la mayoría no se deje manipular por el miedo, como sucedió en el Plebiscito por el Acuerdo de Paz[9], o sea burlada en las urnas con el pretexto de salvar la “democracia”, como lo hizo Carlos Lleras Restrepo[10] el 19 de abril de 1970.

 

 

 

 



lunes, agosto 09, 2021

La política muere entre verdades históricas y mentiras perennes

La política muere entre verdades históricas y mentiras perennes

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Hernando Llano Ángel

Las recientes versiones de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Londoño ante la Comisión de la Verdad[1] sobre sus responsabilidades, las correspondientes a las instituciones estatales y a terceros civiles en la degradación del conflicto armado interno nos confirman verdades históricas y mentiras perennes, es decir, aquellas que son “continuas, incesantes, que no tienen intermisión”, según el DRAE[2]. Verdades de dominio público, como es la relación simbiótica y congénita entre las autodefensas privadas, la Fuerza Pública y el conflicto armado interno, que tuvo origen con el Decreto 3398 de 1965[3], expedido por el entonces presidente Guillermo León Valencia, que estableció en su artículo 25: “Todos los colombianos, hombres y mujeres no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. Disposición que nace por recomendación de la Misión Yarborough, en febrero de 1962, integrada por oficiales norteamericanos de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte, quienes le indicaron al “presidente de la Paz” la necesidad de “conformar grupos mixtos de civiles y militares, entrenados clandestinamente y en la medida que se necesite para actividades de sabotaje y/o terroristas paramilitares contra los conocidos defensores del comunismo”, según consta en los “Papeles de John F. Kennedy, Documentos presidenciales. Archivos de Seguridad Nacional, Reuniones y Memorandos, Grupo Especial (CI), Temas: Fort Braggs, visita a Colombia, marzo 1962, casilla 369”, como lo revela el padre Javier Giraldo, S.J en su investigación “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”, publicada en el libro “Contribución al entendimiento del Conflicto Armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” en septiembre de 2015.

El olvido que no podemos ser

Desde entonces, esa relación simbiótica entre la criminalidad civil y la Fuerza Pública, ocultada bajo el falso oropel de la democracia, ha mutado de múltiples formas bajo el impulso catalizador del narcotráfico. Primero, con el nombre sugerente de una violencia revestida de legitimidad social, que declaró la guerra a los secuestradores conformando el MAS: “Muerte a Secuestradores[4]. Una coalición de narcotraficantes con los organismos de inteligencia militar, comandada por Pablo Escobar y sus muchachos, que liberaron a sangre y fuego a Marta Nieves Ochoa, asestando así el primer golpe mortal a una estructura del M-19 y abriendo el camino exitoso de las posteriores Autodefensas en su lucha contrainsurgente. Un camino sangriento recorrido con el beneplácito incompetente y la complicidad criminal de los mandos militares y de policía, pero especialmente de Jefes de Estado pusilánimes y bonachones, como Belisario Betancur, autistas y ebrios como Virgilio Barco, o cómplices y oportunistas como César Gaviria, pues durante sus gobiernos el paramilitarismo se fortaleció impunemente y Colombia naufragó en sangre. Con Belisario comenzó la sangría de la Unión Patriótica, con Virgilio Barco la del narcoterrorismo de los Extraditables y sus magnicidios de tres candidatos presidenciales[5], para cerrar con el broche de ignominia de las CONVIVIR[6] creadas por César Gaviria mediante el Decreto 356 de 1994, embrión de los grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinos de Córdoba y Urabá y (ACCU) y luego de la confederación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como lo reafirmó y reconoció con precisión Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad. Todo ello, bajo el impulso entusiasta de las CONVIVIR por parte del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en cuya administración (1995-1997) los grupos paramilitares cometieron numerosas masacres[7] y fueron asesinados líderes civiles tan valiosos y valientes como Jesús María Valle[8] y Héctor Abad Gómez[9], inmortalizado en la película de Fernando Trueba “El olvido que seremos”[10]. Lo más grave y sorprendente es que dichos determinadores políticos, bajo la coartada de la defensa de las instituciones democráticas, continúan gozando del prestigio que les confiere una amalgama de impunidad, prejuicios, ignorancia, odio e indolencia de millones de colombianos que electoralmente los respaldan y reeligen. A estos “buenos ciudadanos” poco les importa la saga de sufrimiento, sangre y masacres que promovieron o toleraron los gobernantes que ellos eligieron y todavía respaldan, bien por la acción de políticas como las “Convivir”, la “seguridad democrática” y los “falsos positivos” o por la actual omisión e incompetencia de la pregonada “paz con legalidad”, cuya letalidad durante el reciente paro nacional ha dejado una cifra imprecisa de víctimas mortales que oscila entre 51, según la Fiscalía General de la Nación y 73, reportadas por la organización de la sociedad civil Temblores, como aparece en los puntos 31 y 36 del informe de la CIDH[11] sobre las protestas ciudadanas.      

El presente que no somos por el pasado que negamos

Dicha impunidad institucional y social solo puede ser comprendida y superada si recobramos del olvido la lucidez y el valor civil de quienes investigaron y enfrentaron, en el momento que correspondía, esa simbiosis fatal de la política institucional con el crimen, como lo hizo el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez (Q.E.P.D), quien en su informe sobre el MAS advirtió a toda Colombia: “Propiamente hablando, el MAS no es una organización única sino una mentalidad de crisis y un tipo de delincuencia, manifestadas originalmente bajo la forma de una encubierta justicia privada y luego como instrumento de venganza, de castigo desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad, en todos los órdenes de la actividad privada[12]. Precisamente fue lo que narró Mancuso al poner de presente el amplio e incondicional apoyo brindado a las AUC por un poderoso sector de la economía para salvaguardar sus intereses e inversiones de la extorsión y el secuestro de las guerrillas. El informe del Procurador al Presidente Betancur en febrero 20 de 1983, señalaba: “a la luz de las pruebas recogidas hasta el momento existían cargos suficientes para vincular procesalmente a 163 personas; de ellas, 59 en servicio activo de las Fuerzas Armadas” (Jiménez, 1987, p. 169) y culminaba con esta advertencia: “Los transmito a Usted, Señor Presidente en la íntima seguridad de que hago un aporte positivo al buen futuro de la Nación y en la esperanza de que este esclarecimiento contribuirá a la extirpación de un mal que, si no fuere desde ahora conjurado, terminará por disolver nuestro tejido social y por precipitarnos en un conflicto generalizado de imprevisibles consecuencias […] La honestidad de las instituciones es mi obsesión: que ellas hagan lo que predican, que sean consecuentes en los hechos con sus principios, que estén sin desmayo al servicio de los superiores intereses de la comunidad […] Me siento, todos los colombianos tenemos que sentirnos comprometidos con la totalidad del orden jurídico y de nuestras instituciones públicas. (Jiménez, 1987, pp. 156-157). Lamentablemente Belisario no apoyó el empeño del Procurador Jiménez Gómez y, por el contrario, le brindó todo el respaldo institucional al entonces ministro de defensa, general Fernando Landazábal Reyes (Q.E.P.D), quien enfrentó y desconoció el informe de la Procuraduría y dispuso que: “Todos los oficiales, suboficiales, soldados y agentes en servicio activo donarán un día de su sueldo para atender los gastos necesarios para la defensa de los presuntos sindicados y que en los consejos de guerra en donde los presuntos sindicados sean juzgados, los generales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía y los almirantes de la Armada actuarán como defensores (Jiménez, 1987, p. 171)”. Así se selló una alianza estratégica entre la Fuerza Pública y el reciente paramilitarismo, con las fatales consecuencias que todos conocemos, como los “falsos positivos”, y que se perpetúa hasta hoy de diversas formas, como seguramente la Comisión de la Verdad nos lo revelará en su informe final.  Vivimos negando esas verdades históricas, complacidos en afirmar mentiras perennes como ser la “democracia más antigua y estable de Latinoamérica”, aunque cada día aumente la cifra de sus víctimas mortales. Toda la razón tenía García Márquez cuando escribió en su proclama “Por un país al alcance de los niños”[13]: “Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por perecerse a su historia escrita”. Es decir, a las perennes mentiras oficiales e institucionales que seguiremos perpetuando si continuamos eligiendo a “los mismos con las mismas” en el 2022.

 



[12] Jiménez, C. (1987). Los documentos del Procurador. Tomo I. Bogotá, Colombia: Procuraduría General de la Nación.