CALICANTO: La política muere entre verdades históricas y mentiras perennes

La política muere entre verdades históricas y mentiras perennes

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Hernando Llano Ángel

Las recientes versiones de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Londoño ante la Comisión de la Verdad[1] sobre sus responsabilidades, las correspondientes a las instituciones estatales y a terceros civiles en la degradación del conflicto armado interno nos confirman verdades históricas y mentiras perennes, es decir, aquellas que son “continuas, incesantes, que no tienen intermisión”, según el DRAE[2]. Verdades de dominio público, como es la relación simbiótica y congénita entre las autodefensas privadas, la Fuerza Pública y el conflicto armado interno, que tuvo origen con el Decreto 3398 de 1965[3], expedido por el entonces presidente Guillermo León Valencia, que estableció en su artículo 25: “Todos los colombianos, hombres y mujeres no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. Disposición que nace por recomendación de la Misión Yarborough, en febrero de 1962, integrada por oficiales norteamericanos de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte, quienes le indicaron al “presidente de la Paz” la necesidad de “conformar grupos mixtos de civiles y militares, entrenados clandestinamente y en la medida que se necesite para actividades de sabotaje y/o terroristas paramilitares contra los conocidos defensores del comunismo”, según consta en los “Papeles de John F. Kennedy, Documentos presidenciales. Archivos de Seguridad Nacional, Reuniones y Memorandos, Grupo Especial (CI), Temas: Fort Braggs, visita a Colombia, marzo 1962, casilla 369”, como lo revela el padre Javier Giraldo, S.J en su investigación “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”, publicada en el libro “Contribución al entendimiento del Conflicto Armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” en septiembre de 2015.

El olvido que no podemos ser

Desde entonces, esa relación simbiótica entre la criminalidad civil y la Fuerza Pública, ocultada bajo el falso oropel de la democracia, ha mutado de múltiples formas bajo el impulso catalizador del narcotráfico. Primero, con el nombre sugerente de una violencia revestida de legitimidad social, que declaró la guerra a los secuestradores conformando el MAS: “Muerte a Secuestradores”[4]. Una coalición de narcotraficantes con los organismos de inteligencia militar, comandada por Pablo Escobar y sus muchachos, que liberaron a sangre y fuego a Marta Nieves Ochoa, asestando así el primer golpe mortal a una estructura del M-19 y abriendo el camino exitoso de las posteriores Autodefensas en su lucha contrainsurgente. Un camino sangriento recorrido con el beneplácito incompetente y la complicidad criminal de los mandos militares y de policía, pero especialmente de Jefes de Estado pusilánimes y bonachones, como Belisario Betancur, autistas y ebrios como Virgilio Barco, o cómplices y oportunistas como César Gaviria, pues durante sus gobiernos el paramilitarismo se fortaleció impunemente y Colombia naufragó en sangre. Con Belisario comenzó la sangría de la Unión Patriótica, con Virgilio Barco la del narcoterrorismo de los Extraditables y sus magnicidios de tres candidatos presidenciales[5], para cerrar con el broche de ignominia de las CONVIVIR[6] creadas por César Gaviria mediante el Decreto 356 de 1994, embrión de los grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinos de Córdoba y Urabá y (ACCU) y luego de la confederación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como lo reafirmó y reconoció con precisión Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad. Todo ello, bajo el impulso entusiasta de las CONVIVIR por parte del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en cuya administración (1995-1997) los grupos paramilitares cometieron numerosas masacres[7] y fueron asesinados líderes civiles tan valiosos y valientes como Jesús María Valle[8] y Héctor Abad Gómez[9], inmortalizado en la película de Fernando Trueba “El olvido que seremos”[10]. Lo más grave y sorprendente es que dichos determinadores políticos, bajo la coartada de la defensa de las instituciones democráticas, continúan gozando del prestigio que les confiere una amalgama de impunidad, prejuicios, ignorancia, odio e indolencia de millones de colombianos que electoralmente los respaldan y reeligen. A estos “buenos ciudadanos” poco les importa la saga de sufrimiento, sangre y masacres que promovieron o toleraron los gobernantes que ellos eligieron y todavía respaldan, bien por la acción de políticas como las “Convivir”, la “seguridad democrática” y los “falsos positivos” o por la actual omisión e incompetencia de la pregonada “paz con legalidad”, cuya letalidad durante el reciente paro nacional ha dejado una cifra imprecisa de víctimas mortales que oscila entre 51, según la Fiscalía General de la Nación y 73, reportadas por la organización de la sociedad civil Temblores, como aparece en los puntos 31 y 36 del informe de la CIDH[11] sobre las protestas ciudadanas.

El presente que no somos por el pasado que negamos

Dicha impunidad institucional y social solo puede ser comprendida y superada si recobramos del olvido la lucidez y el valor civil de quienes investigaron y enfrentaron, en el momento que correspondía, esa simbiosis fatal de la política institucional con el crimen, como lo hizo el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez (Q.E.P.D), quien en su informe sobre el MAS advirtió a toda Colombia: “Propiamente hablando, el MAS no es una organización única sino una mentalidad de crisis y un tipo de delincuencia, manifestadas originalmente bajo la forma de una encubierta justicia privada y luego como instrumento de venganza, de castigo desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad, en todos los órdenes de la actividad privada”[12]. Precisamente fue lo que narró Mancuso al poner de presente el amplio e incondicional apoyo brindado a las AUC por un poderoso sector de la economía para salvaguardar sus intereses e inversiones de la extorsión y el secuestro de las guerrillas. El informe del Procurador al Presidente Betancur en febrero 20 de 1983, señalaba: “a la luz de las pruebas recogidas hasta el momento existían cargos suficientes para vincular procesalmente a 163 personas; de ellas, 59 en servicio activo de las Fuerzas Armadas” (Jiménez, 1987, p. 169) y culminaba con esta advertencia: “Los transmito a Usted, Señor Presidente en la íntima seguridad de que hago un aporte positivo al buen futuro de la Nación y en la esperanza de que este esclarecimiento contribuirá a la extirpación de un mal que, si no fuere desde ahora conjurado, terminará por disolver nuestro tejido social y por precipitarnos en un conflicto generalizado de imprevisibles consecuencias […] La honestidad de las instituciones es mi obsesión: que ellas hagan lo que predican, que sean consecuentes en los hechos con sus principios, que estén sin desmayo al servicio de los superiores intereses de la comunidad […] Me siento, todos los colombianos tenemos que sentirnos comprometidos con la totalidad del orden jurídico y de nuestras instituciones públicas. (Jiménez, 1987, pp. 156-157). Lamentablemente Belisario no apoyó el empeño del Procurador Jiménez Gómez y, por el contrario, le brindó todo el respaldo institucional al entonces ministro de defensa, general Fernando Landazábal Reyes (Q.E.P.D), quien enfrentó y desconoció el informe de la Procuraduría y dispuso que: “Todos los oficiales, suboficiales, soldados y agentes en servicio activo donarán un día de su sueldo para atender los gastos necesarios para la defensa de los presuntos sindicados y que en los consejos de guerra en donde los presuntos sindicados sean juzgados, los generales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía y los almirantes de la Armada actuarán como defensores (Jiménez, 1987, p. 171)”. Así se selló una alianza estratégica entre la Fuerza Pública y el reciente paramilitarismo, con las fatales consecuencias que todos conocemos, como los “falsos positivos”, y que se perpetúa hasta hoy de diversas formas, como seguramente la Comisión de la Verdad nos lo revelará en su informe final. Vivimos negando esas verdades históricas, complacidos en afirmar mentiras perennes como ser la “democracia más antigua y estable de Latinoamérica”, aunque cada día aumente la cifra de sus víctimas mortales. Toda la razón tenía García Márquez cuando escribió en su proclama “Por un país al alcance de los niños”[13]: “Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por perecerse a su historia escrita”. Es decir, a las perennes mentiras oficiales e institucionales que seguiremos perpetuando si continuamos eligiendo a “los mismos con las mismas” en el 2022.