CALICANTO: ! VERDAD QUE PODEMOS !

¡VERDAD QUE PODEMOS!

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/verdad-que-podemos

Hernando Llano Ángel

¡Verdad que podemos! es el lema de la 34 semana por la Paz que se lanzará el próximo jueves 19 de agosto en Bogotá desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y se podrá seguir en el siguiente link https://semanaporlapaz.com/semana2020/. Un lema inspirador y certero, pues solo con la verdad podremos salir adelante como sociedad y convivir como humanos, dejando atrás tantas mentiras e imposturas arraigadas históricamente en el odio, los propios intereses, la codicia, la ignorancia, los extravíos ideológicos y la soberbia de quienes se sienten predestinados a perpetuar guerras en nombre de la paz y la justicia. Porque si algo nos ha faltado como colombianos es conocer la verdad con todas sus aristas, rostros, sombras y luces, para apreciar el caleidoscopio completo y complejo de nuestra terrible realidad y empezar así a salir de este laberinto sangriento en que deambulamos y morimos atrapados.

Verdades parciales y víctimas irredentas

Se ha intentado en varias ocasiones, pero de forma parcial e incompleta, sin tener el valor y la lucidez suficientes para develar y revelar todas las verdades. Comenzando por la verdad más dolorosa y difícil de reconocer y es que somos una sociedad donde ya es casi imposible distinguir nítidamente entre víctimas y victimarios. Los que ayer fueron victimarios, hoy son víctimas, como sucede periódicamente con miembros del partido Comunes. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y su reincorporación a la vida civil y política cuentan ya con más de 280 asesinados en sus filas. La cifra de víctimas por desplazamiento forzado continúa aumentando. Según el registro oficial de la Unidad de Víctimas hoy tenemos en nuestro país 9.153.078[1] víctimas del conflicto armado interno. Y lo más grave es que cada día esa cifra crece, bajo el lema inverosímil de “paz con legalidad” de este impasible gobierno. Por eso las últimas audiencias realizadas por la Comisión de la Verdad constituyen un hito histórico. En su comparecencia voluntaria, el expresidente Juan Manuel Santos asumió ladina e indirectamente su responsabilidad en los “falsos positivos” como ministro de defensa. También expresó su culpabilidad y arrepentimiento moral por no haber podido evitarlos en forma eficaz y temprana. Por ello, compungido, solicitó perdón a miles de madres y familiares de los jóvenes asesinados. Dicha actitud, sienta un precedente histórico que debe emular y seguir el expresidente Uribe[2], pues todo ello ocurrió en cumplimiento de su política de “Seguridad democrática”. También son reveladoras las recientes versiones de Mancuso y Londoño, donde simultáneamente se reconocen como víctimas y victimarios, sin que ello justifique y mucho menos legitime sus horrendos crímenes. Mancuso, en tanto víctima de la extorsión y la violencia guerrillera, y Londoño por la persecución y los crímenes de Estado contra los luchadores sociales. A lo anterior, hay que agregar la constante y rigurosa labor de la JEP, cuyas investigaciones ya permiten identificar a los máximos responsables de crímenes internacionales como la toma de rehenes, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento de menores, garantizando así por primera vez en nuestra historia que las víctimas no solo sean restauradas en su dignidad, sino que empiecen a ser reparadas a través de la verdad. Así sus familiares y deudos conocerán por lo menos un tenue reflejo de justicia y no continuará prevaleciendo la impunidad total. Es lo que ha sucedido hasta ahora en todas nuestras guerras y conflictos políticos, donde los vencedores gobiernan y los vencidos son perdonados o amnistiados, sellando alianzas de impunidad histórica en nombre de la concordia, la reconciliación y la misma paz, como aconteció con el Frente Nacional.

De la impunidad del Frente Nacional a la inmoralidad gubernamental

Fórmula de gobernabilidad profundamente antidemocrática que, en los albores de la guerra fría y con los hervores del triunfo de la revolución cubana, terminó engendrando las guerrillas más longevas del continente, hoy trasmutadas en organizaciones monstruosas que fusionan la política con el narcotráfico. Simbiosis que también está presente en todo el establecimiento político, variando solo su forma de integración. En el 91 fue con más plomo que plata, pues el terror de los llamados extraditables tuvo más peso que la plata en la Constituyente para coronar su máxima aspiración en el artículo 35: la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento. Desde entonces esa mezcla letal de plomo, plata, coca y política ha tomado las más diversas formas y mutaciones: comenzó con las CONVIVIR de Gaviria en la Presidencia y Uribe como gobernador en Antioquia; luego se metamorfoseo en las AUC con los Castaño y Mancuso; después el 8.000 con Samper y los Rodríguez; Pastrana con las FARC en el Caguán; de nuevo el narcoparamilitarismo y la parapolítica con Uribe como presidente y ahora Duque con el Ñeñe Hernández[3] y la vicepresidenta Ramírez con el “Memo fantasma”[4], para no hablar del extraño caso del exembajador Fernando Sanclemente[5] y sus laboratorios sabaneros para el procesamiento de cocaína[6] en su finca. Por todo ello, el Acuerdo de Paz también reconoció esta criminal simbiosis de las Farc con el narcotráfico en el punto 4, bajo el título de “Solución al problema de las drogas ilícitas”[7] articulándolo con el primer punto de la “Reforma Rural Integral”, pues sin la sustitución voluntaria de los cultivos de coca acompañada de un política rural integral, jamás se podrá cortar el flujo criminal de dinero para la guerra y el asesinato de los líderes sociales que promueven la sustitución de cultivos y la reforma rural integral. Por no reconocer esta dolorosa y evidente verdad, siguen corriendo ríos de sangre en el campo colombiano y fluyen millones de dólares blanqueados por nuestra economía. Por eso estamos pasando de la impunidad del Frente Nacional, donde quienes promovieron desde la política la Violencia, luego se reconciliaron para gobernar como socios y cómplices sin asumir ninguna responsabilidad, a la actual inmoralidad gubernamental donde en nombre de “la paz con legalidad” avanza sin contención el asesinato de líderes sociales, las masacres y los desplazamientos. Pero, sobre todo, se torpedea al máximo el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la JEP, la existencia y el funcionamiento de las 16 curules[8] transitorias de paz para las víctimas, porque temen que salga a la luz pública la grave responsabilidad de los gobernantes en el sostenimiento y la consolidación de un régimen político afianzado en la criminalidad y la injusticia, bajo la inmensa mentira de ser la democracia más antigua y estable de Sudamérica. No por casualidad los gestores del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, reconocieron en los primeros renglones de la Declaración de Sitges el peso determinante del delito en la política: “Ninguno de los dos partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado para su incremento o preponderancia. Los crímenes que se cometen con ese fingido designio deben ser repudiados y reprimidos enfáticamente por una y otra de nuestras colectividades, de manera constante e indudable, porque su impunidad afecta el decoro de la república y va en deslustre directo de los mismos partidos en cuyo servicio, hipócritamente, se pretende cometer”. Pero hoy sucede exactamente lo contario. Para que sea VERDAD QUE PODEMOS vivir en paz lo primero que debemos hacer es no perpetuar en las elecciones del 2022 a quienes gobiernan de la mano con el crimen, la violencia y la impunidad. Ojalá el próximo año la voluntad de la mayoría no se deje manipular por el miedo, como sucedió en el Plebiscito por el Acuerdo de Paz[9], o sea burlada en las urnas con el pretexto de salvar la “democracia”, como lo hizo Carlos Lleras Restrepo[10] el 19 de abril de 1970.