DEBATES PRESIDENCIALES Y DEBACLE NACIONAL (II)
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La exclusión de los
restantes candidatos nos privaría a todos los colombianos de una deliberación
amplia y plural, que es lo que debería promover un filósofo en lugar de un
candidato en trance de victoria, obsesionado con vencer en primera vuelta.
Hernando Llano Ángel.
Todo parece indicar que si tienen
lugar los debates presidenciales en ellos predominará el combate personal sobre
la deliberación y el intercambio de los mejores argumentos entre los
participantes. Las tres candidaturas en punta en los sondeos y en pugna en la
opinión pública, representadas por Cepeda, Abelardo y Paloma, van a esos
debates a disputarse el favor de las audiencias y de sus votos el próximo 31 de
mayo, no tanto a confrontar la validez de sus propuestas y programas políticos.
Aspiran a ganar en primera vuelta o, por lo menos, asegurar su presencia en la
segunda. Es lo propio en toda campaña electoral, por eso desdeñan a los demás
candidatos, que no registran en las encuestas posibilidad alguna de pasar a la
segunda vuelta. Ya lo dijo Iván Cepeda, más como político que filósofo, en su
entrevista en Caracol televisión con María Alejandra Villamizar: “Me interesa debatir es con los candidatos
de la derecha, no con los demás candidatos, pues con ellos diálogo”,
palabras más palabras menos. Esa exclusión de los restantes candidatos nos
privaría a todos los colombianos de una deliberación amplia y plural, que es lo
que debería promover un filósofo más que un candidato en trance de victoria,
solo interesado en vencer a la derecha en los debates televisivos. Tal decisión
nos condena al dilema de dos proyectos de nación, donde la derecha con Paloma y
Abelardo propugnan a toda costa por la seguridad personal y privada para la
inversión empresarial --los tres huevitos de Uribe-- mientras Cepeda promueve
la equidad y los derechos sociales como fundamento de legitimidad y eventual
convivencia democrática. Pero sucede que en la democracia real no puede haber
seguridad estable sin pan y bienestar para todos y mucho menos pan sin libertad,
inversión privada y seguridad pública. Como bien lo pregona la doctrina social
de la iglesia, en especial la encíclica Rerum Novarum de León XIII desde 1891, “la seguridad de los ricos es la
tranquilidad de los pobres”. Tranquilidad que jamás será estable sin garantizar
antes el goce de derechos sociales que empiezan por un salario digno, salud,
educación y seguridad social. Precisamente por eso en el debate presidencial
deben participar todos los candidatos, no solo los punteros en los sondeos de
opinión, pues también dichas candidaturas tienen propuestas políticas sobre
cómo lograrlo.
La política no es un juego de suma cero
Semejante empobrecimiento de la
deliberación pública se da por la reducción de la política a las elecciones, donde
inexorablemente siempre habrá ganadores y perdedores, siendo los asuntos
políticos en disputa mucho más complejos que un voto depositado en una urna y
un juego de suma cero. Ese juego en el que el ganador despoja a todos los demás
de su poder decisorio, como sucede en las elecciones presidenciales y en cargos
uninominales, así el perdedor o la derrotada tenga asegurada una curul en el
Senado. Por eso vale la pena escuchar a los demás candidatos, aunque sus
registros de intención de votos sean mínimos. Entre otras razones, porque ellos
gozan de mayor libertad para cuestionar, proponer nuevas ideas y estrategias
gubernamentales de quienes van en la punta, en tanto estos últimos están
condicionados por su obsesión de ganar. De allí que solo hagan propuestas
pensando en los votos por conquistar y en cómo despojar al contrario del mayor
número de potenciales electores. Es lo que hemos visto con Paloma, al postular
al expresidente Uribe como su próximo ministro de defensa, lo que generó la
discrepancia de su vice, Daniel Oviedo, totalmente descentrado y en desacuerdo
con esa nominación. Así se desdibujó por completo ese imaginario falaz de una
candidatura de centro derecha, con Oviedo como figurín y comodín, para intentar
recobrar con Uribe los votos de la extrema derecha que ahora tiene cautivos
Abelardo, con los cuales amenaza derrotarla el próximo 31 de mayo.
Jaime Garzón, profético
Lo más tétrico de estas rencillas
entre las dos candidaturas de la extrema derecha es que son provocadas por las
acciones terroristas de Iván Mordisco y su banda, el Estado Mayor Central, lo que
seguramente motivó a Paloma a recurrir al imaginario popular de Uribe como
padre protector y salvador de la Patria con su “seguridad democrática” para
ofrecerle el ministerio de defensa. Se confirma así la premonitoria reflexión
de Jaime Garzón, asesinado por órdenes de Carlos Castaño, cuando afirmó que los
belicistas “necesitan los muertos para
justificar los actos de guerra, necesitan la guerra para justificar su política
y necesitan la política para perpetuar su impunidad”. Un tétrico silogismo
confirmado no solo nacionalmente sino también internacionalmente. Hoy los
máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad son Trump,
Netanyahu y Putin. Un trío maléfico que ha hecho de la política el arte de
gobernar para asegurar sus impunidades personales, así como de la guerra y el
terrorismo estatal su principal estrategia en política internacional. Tal
podría ser el propósito de Paloma y Abelardo al desdeñar el trabajo investigativo
de la JEP y proponer su inminente desaparición, no obstante haber contribuido
como ningún otro tribunal a esclarecer los horripilantes crímenes de guerra y
lesa humanidad de las Farc-Ep, así como el procesamiento de sus máximos
responsables. ¿Será que temen que la JEP continúe su trabajo más allá de los
mandos medios y agentes rasos de la Fuerza Pública que han reconocido su
responsabilidad en miles de “falsos positivos”, estimulados por la Directiva
029 de la política de “seguridad democrática”?
Un tema insoslayable en los debates presidenciales
Sin duda, este sería un tema que
no se debería soslayar en los debates presidenciales, así como el
cuestionamiento que ambas candidaturas de derecha formulan contra Cepeda como
supuesto incondicional defensor de Iván Márquez y Jesús Santrich. Un debate
crucial para esclarecer quiénes, durante su vida política y personal, incluso la
de sus antepasados –el abuelo de Paloma, el presidente Guillermo León Valencia
y el padre de Cepeda, el senador por la UP, Manuel Cepeda, asesinado por
agentes del Estado-- han tenido mayor responsabilidad en la guerra y la paz en
Colombia desde hace más de medio siglo. Sin omitir en el presente el rutilante
desempeño de Abelardo De La Espriella como abogado defensor de narcotraficantes
y otros delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán –pirámide
financiera DMG—y Alex Saab, el testaferro de confianza de Nicolás Maduro. Esas
defensas penales no son precisamente las mejores credenciales para ser
presidente, pero sí para perpetuar la impunidad de quienes hoy se resisten y
son incapaces de asumir sus responsabilidades políticas por crímenes aún más
atroces que los de los comandantes de las Farc-Ep, como las ejecuciones
extrajudiciales y miles de violaciones a los derechos humanos cometidas por
agentes del Estado en cumplimiento de sus directivas y órdenes superiores. Crímenes
cometidos con armas y recursos del Estado pagados con nuestros impuestos y en nombre
de la “democracia”. Crímenes mucho más
graves que los cometidos por grupos ilegales, porque precisamente el Estado de
Derecho y la democracia surgieron para contener la violencia y la impunidad de esas
organizaciones ilegales, no para disputarles sus excesos criminales,
supuestamente en defensa de la Patria y la “seguridad democrática”.
¿De cuál democracia nos hablan?
Quizá por eso en alguna ocasión
la senadora Paloma Valencia, justificando los “falsos positivos”, expresó: “El Estado cometió errores y atrocidades,
pero era legítimo”[i].
Desconoció así la candidata del Centro Democrático, siendo abogada, el
principio fundante de la misma democracia, que jamás legítima la violencia
cuando ésta sobrepasa los límites del Estado de derecho, los principios y
normas del Derecho Internacional Humanitario. No hay en esa respuesta nada de
centro y menos de democracia. Sucede exactamente lo contrario, pues dicha
violencia discrecional y sin límites de agentes del Estado deslegitima a las
autoridades y el mismo Estado democrático, ya que termina violando impunemente
los derechos humanos y pone en riesgo mortal a la población civil. Pero eso es
algo que tiene sin cuidado a Paloma, que ya ha solicitado a Trump que de ganar
la presidencia espera ser parte de su “Escudo
de las Américas” y el Estado colombiano ingresaría a esa liga de “excelsos
demócratas” integrada por Bukele, Milei y Kast[ii],
quien incluso justifica hoy la dictadura de Pinochet como defensor de la
democracia, habiéndola reducida a escombros como lo hizo con el Palacio de la
Moneda y la legitimidad presidencial de Salvador Allende. Sobre esos escabrosos
asuntos de nuestro pasado reciente vale la pena escuchar a todos los demás
candidatos, especialmente a quienes se reclaman de centro, como Claudia López y
Sergio Fajardo, para que nos cuenten cómo enfrentaron a quienes desde el Estado
alentaron las nefastas cooperativas de seguridad Convivir, embriones del
paramilitarismo y la “donbernabilidad”[iii]
de las bandas narco-criminales en Medellín al mando de Don Berna[iv].
Porque la transparencia que tanto pregona Fajardo debe ser algo más que una
consigna de campaña presidencial. Por todo ello, pero especialmente porque lo
que está de nuevo en juego es nuestra vida, seguridad, libertad, propiedad y
prosperidad es que debemos ver y escuchar a todos y todas las candidatas, sin
ninguna exclusión, para a partir de allí deliberar y decidir el próximo 31 de
mayo.
En la exclusión está el horror
Ya lo advertía Pascal
refiriéndose a la búsqueda de la verdad, “en la exclusión está el error”. Y si bien es imposible e indeseable aspirar a
una sola verdad en la política, lo que si sabemos de sobra por nuestra violenta
historia es que en la exclusión de actores en la deliberación política está el comienzo
del horror. Así se trate en este caso, exagerando, de excluir la participación
de la mayoría de candidatos en debates electorales para la presidencia de la
República. Ni hablar de cuando se trata de excluir a quienes pueden definir la
guerra o la paz, la justicia social o el privilegio de pocos y la igualdad de
oportunidades para el goce y ejercicio de sus derechos a las mayorías,
estigmatizándolos como un peligro para la democracia. Derechos sociales que se
quedaron escritos en la Constitución del 91 por falta de gobernabilidad y poder
constituyente para hacerlos cumplir mediante políticas sociales incluyentes,
siempre mejorables. Por eso también es pertinente debatir sobre el sentido de
una Constitución más nominal que real, que ni siquiera garantiza la vigencia de
sus dos mandatos más importantes: la “prevalencia del interés general” sobre
los intereses particulares, artículo 1 del Estado Social de Derecho y “la paz como
un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, artículo 22. Para mayor
ironía y claridad en esos debates, porque quienes dicen hoy defender la integridad
de esa Constitución vuelven a levantar las banderas de la guerra y la prevalencia
de ciertos intereses particulares en nombre de la seguridad jurídica y la
salvación de la Patria. ¿Será posible incluir esos temas y todas las
candidaturas en liza en los debates presidenciales o serán vetados y excluidos
por miedo a una auténtica deliberación ciudadana? Si es así, cabe preguntarse
de cuál democracia nos hablan y nos convocan a votar. ¿Será de la que está al
servicio de las oligarquías partidistas y de los poderes de facto de la
ilegalidad y la tecnocracia plutocrática que hoy manda en Colombia?, como bien
lo demuestra el libro de la profesora Jenny Pearce y el profesor Juan David
Velasco, recientemente publicado[v].
