LAS PARADOJAS DE LA JUSTICIA:
ENTRE LA VERDAD Y LA IMPUNIDAD
https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/las-paradojas-la-justicia-la-verdad-la-impunidad
Hernando Llano Ángel
Dos acontecimientos, casi simultáneos, nos revelan las paradojas de la
justicia colombiana. El primero, la captura de Otoniel[1]
y la inmediata declaración presidencial de su inminente extradición a Estados
Unidos, no obstante ser el criminal más perseguido por la justicia colombiana.
El segundo, la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan[2],
y la suscripción de un Acuerdo[3]
con el presidente Duque, cuya esencia es el compromiso de éste y su partido, el
Centro Democrático, de respetar la labor de investigación y juzgamiento que
adelanta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) sobre los crimines de lesa
humanidad cometidos por todos los actores armados, los ilegales y los
institucionales, en desarrollo de nuestro prolongado, degradado e interminable
conflicto armado interno. Crímenes tipificados en el Estatuto de Roma que, de no
ser investigados y condenados por la JEP, serían inmediatamente competencia de
la Corte Penal Internacional.
Otoniel, un fantasma que
asusta, para extraditar y desaparecer de inmediato
En el caso de la extradición de Otoniel estamos frente a una claudicación
de soberanía judicial, pues el Estado colombiano le entrega a Estados Unidos la
función de juzgar y condenar a uno de los criminales más sanguinarios y
obcecados. Responsable del asesinato de cientos de miembros de la fuerza
pública, así como de tejer y amarrar redes de corrupción institucional. Redes
que le permitieron por décadas afianzar un emporio de criminalidad e impunidad
y un imperio de cocaína y corrupción oficial, cuyos vasos comunicantes con la
economía legal parece que no le interesa conocer al Ejecutivo. No vaya a
suceder que aparezca una pléyade de “Memos fantasmas”, como el de la
vicepresidenta Marta Lucia Ramírez[4],
por estas fiestas de Halloween electoral y revelen todo el entramado que
sostiene este descompuesto régimen electofáctico y cacocrático. Duque procede
igual que el expresidente Uribe, cuando rápidamente extraditó a Mancuso y toda
la plana mayor de las AUC, para evitar que se conociera toda la verdad sobre el
entramado político, electoral y judicial que Salvatore comenzó a revelar en una
entrevista con el periodista Juan Carlos Giraldo, en emisión del noticiero RCN, como puede verse completa en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=sf4XNpHbwOk. Dicha entrevista resume la esencia de
este régimen electofáctico, fusión casi perfecta de la política con el crimen,
cuya impunidad y continuidad asegura la rápida extradición a Estados Unidos de
sus máximos protagonistas. Extradición que no solo nos impide conocer esa
simbiosis de la política con el crimen, sino también la descomposición ética de
quienes la promueven y ejecutan, pues la extradición significa que para ellos
el delito de narcotráfico es más grave que asesinar jueces, policías e
investigadores judiciales, además de masacrar, desplazar, desaparecer y
despedazar a miles de colombianos con motosierras, como es usual en este tipo
de criminalidad. Sin duda, la extradición es un crimen de lesa humanidad contra
el ejercicio de la justicia, el conocimiento de la verdad y la dignidad de
todas las víctimas. La extradición es sustracción de verdad, justicia,
reparación y dignidad para todas las víctimas del narcotráfico y garantía de
impunidad para sus cómplices y testaferros. Y no obstante semejante aberración
ética y judicial, hay gobernantes que se ufanan de tener el record por haber
autorizado un gran número de extradiciones, como el actual y su promotor y
tutor subjudice, Álvaro Uribe Vélez. Un record que nos impide conocer la
verdad, honrar la vida y dignidad de todas las víctimas de los criminales extraditados
y que debería avergonzar a quienes rápidamente autorizan esas extradiciones, si
acaso dichos gobernantes y operadores judiciales tuvieran alguna noción de la
justicia, la verdad y la ética más allá de salvaguardar las apariencias de un
Statu Quo decrépito y criminal, sus mezquinos intereses partidistas y su
“honorable” impunidad personal, que ocultan bajo una espuria legitimidad
democrática.
Un Ejecutivo que teme a la
justicia y la verdad
La segunda paradoja de nuestra justicia es el acuerdo alcanzado por el
Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con el Ejecutivo nacional,
representado por Iván Duque, que compromete al Estado colombiano y
especialmente a la Fiscalía General a colaborar y no torpedear el trabajo de la
JEP en busca de la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las
garantías de no repetición de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante
el conflicto armado interno por las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y
funcionarios públicos. Pero la trascendencia y complejidad del Acuerdo, precisa
el espacio de un próximo Calicanto. Por ahora, basta decir que dicho Acuerdo y
la justicia transicional tienen en su horizonte la verdad y la sanción de los
responsables de tanta iniquidad en clave de reparación y de no perpetuación del
círculo infernal de victimarios impunes y víctimas irredentas, así como una
eventual y difícil reconciliación política nacional. Una reconciliación que
requerirá la valentía y buena voluntad de muchas generaciones para no dejarnos
intimidar por tan terribles y dolorosas verdades o, peor aún, convivir
complacientemente con sus principales responsables. Para que no nos suceda lo
anterior contamos con la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Corte Penal Internacional,
como garantía de última instancia.
[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59045912#:~:text=El%20jefe%20del%20poderoso%20Clan,cuerpos%20del%20orden%20de%20Colombia.&text=El%20presidente%20colombiano%20compar%C3%B3%20la,la%20ca%C3%ADda%20de%20Pablo%20Escobar.
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