CALICANTO: Colombia y Venezuela ante la CPI

COLOMBIA Y VENEZUELA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

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Hernando Llano Ángel

De alguna forma Colombia y Venezuela son Estados sub júdice en el ámbito del derecho internacional de los Derechos Humanos[1], pero especialmente del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI) por la violación crónica y masiva de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional humanitario. Violación sistemática y continúa que sus gobernantes, desde la vigencia del Estatuto de Roma, no han tenido la capacidad para evitar, investigar, procesar y condenar a los presuntos responsables. Y esa es la única formar de detener la perpetuación de la impunidad y la repetición de frecuentes crisis humanitaria. Colombia ocupa el primer lugar en el mundo de desplazados forzados internos[2], cerca de 8.3 millones a finales de 2020, y Venezuela el primer lugar en el continente de migrantes forzados, cerca de 9 millones[3]. Pero ambas naciones proclaman ser paradigmas de “democracia” y “Estados de derecho”.

Duque y Maduro tan cerca y tan lejos

En este aspecto Duque y Maduro están más cerca de lo imaginable, aunque ambos estén política e ideológicamente muy lejanos. Ambos presiden Estados que simulan ser de derecho, pero en los que predomina la violencia, la ilegalidad y el crimen contra gran parte de su población, especialmente aquella que se opone a sus proyectos y políticas gubernamentales. Y en esto están muy cerca. Basta recordar como cada uno de ellos reprime violentamente las protestas populares. También coinciden en que sus respectivos partidos y proyectos políticos rechazan y ven con profundo recelo el papel de la CPI y les tocó forzosamente, tanto a Duque como a Maduro, por imperativos de la diplomacia y la globalización de la justicia, aceptar los Acuerdos que firmaron recientemente con el Fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan QC[4]. Es verdad que los Acuerdos difieren. El de Colombia es un Acuerdo de Cooperación que pone fin condicionado al examen preliminar que la CPI adelantaba desde 2004 sobre el Estado colombiano, porque ésta confía en la competencia e idoneidad de la JEP para continuar con las investigaciones y proferir sanciones contra los responsables, tanto de las FARC-EP como de agentes del Estado, con fundamento en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no Repetición (SIVJRNR), fruto del Acuerdo de Paz. Sistema que no existe en Venezuela y por ello el Acuerdo firmado obliga a Maduro a prestar toda su colaboración a las investigaciones que promueva la Fiscalía de la CPI sobre violaciones al Estatuto de Roma[5]. Pasa así de una “fase de investigación preliminar a investigación formal”. Pero, según el Acuerdo contraído por el Estado colombiano con la Fiscalía de la CPI[6], el presidente Duque y sus sucesores deben apoyar y dotar a la JEP de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus labores. Pero resulta que el Centro Democrático, como el mismo presidente Duque, han hecho hasta lo imposible para torpedear a la JEP, orquestando campañas difamatorias como la de afirmar que es una jurisdicción de impunidad. Difamación que la JEP acaba de refutar con la imputación a los miembros del extinto secretariado de las Farc-Ep de haber incurrido en el delito de lesa humanidad de esclavitud[7], por el trato inhumano infligido a numerosos rehenes en su poder. Incluso el expresidente y exsenador sub júdice, Álvaro Uribe Vélez, trinó el 18 de febrero de 2019: “Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla” [8]. Ironía de la vida, solo explicable porque para Uribe como para la mayoría de sus adoratrices hay “delitos legítimos y hasta legales”, como los mal llamados “falsos positivos”, cometidos por supuestos “héroes de la Patria” en cumplimiento de la Directiva 029 de 2005[9], quienes le mintieron a él y a sus inmediatos superiores. Delitos que están siendo investigados por la JEP[10] como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según ese maniqueísmo mortal de Uribe, hay crímenes y criminales buenos porque ejecutan a supuestos o auténticos “terroristas” que son “buenos muertos”. Como seguramente también habrá “buenos torturados” y “buenos desaparecidos”. Tampoco se puede olvidar que incluso Duque objetó la ley estatutaria de la JEP y se convirtió así en el primer presidente que la Corte Constitucional obligó a sancionar, es decir firmar y promulgar dicha ley, pues la Corte considero que no había lugar para dichas objeciones. Siete de los ocho magistrados de la Corte “consideraron que tanto en Cámara como en Senado se presentaron las mayorías necesarias para votar y hundir las objeciones que presentó Iván Duque a la Estatutaria de la JEP”.[11] ¡Tremenda paradoja! Ahora el presidente Duque firma ese Acuerdo de Cooperación con la CPI y se compromete con la JEP a que el Gobierno: “continuará: (i)salvaguardando su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura; (ii)asignando el presupuesto necesario para su implementación; y (iii) previniendo cualquier interferencia con sus funciones. Asimismo, el Gobierno se compromete a:(iv) asegurar la seguridad y protección del personal judicial y de los fiscales, así como de los participantes que comparezcan ante los diferentes mecanismos de rendición de cuentas, y (v) promover la plena cooperación y coordinación entre las diferentes entidades del Estado asignadas con funciones relacionadas a la rendición de cuentas, en particular entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz”. Por todo lo anterior, el presidente Duque y sus correligionarios en el Congreso deben retirar de inmediato su proyecto de reforma a la JEP. De lo contrario, Duque seguirá simulando ser un demócrata como también pregona ser su eterno “enemigo”, Nicolás Maduro. En verdad, ambos están muy cerca de la CPI y muy lejos del Estado de derecho y, por consiguiente, de la democracia que cada uno jura defender y gobernar. Cada uno, en su estilo, es un excelente simulador, pero hay que reconocer que Duque le lleva mucha ventaja a Maduro. Lo acaba de demostrar en su fulgurante gira internacional y su compromiso solemne en Glasgow con el medio ambiente y nuestros bosques tropicales que los quiere reverdecer y conservar rociándolos con glifosato. Igual a lo que ha realizado con el Acuerdo de Paz y su política de “Paz con legalidad”, más letal y peligrosa que el mismo glifosato para nuestros bosques tropicales y la salud de las comunidades indígenas, población campesina y negra, como sucede ahora en el municipio de Argelia Cauca, con más de 6.373 desplazados forzados y más de 2.000 familias afectadas.[12]