CALICANTO

(Mayo 31 de 2007)
(calicantopinion.blogspot.com)

¿La verdad para qué? (II)

Hernando Llano Ángel.

Que somos un país de veinticuatro horas, según la célebre expresión de Carlos Jiménez Gómez, ex Procurador General de la Nación, ya no queda la menor duda. Ayer era la verdad política el asunto que obsesionaba al país y desvelaba a Uribe. Hoy es la libertad de los parapolíticos y los guerrilleros de las FARC. Bastó que Salvatore Mancuso confirmara con su testimonio, en este caso más de muerte que de vida, que el paramilitarismo se convirtió en la más eficaz y devastadora política criminal de Estado, precedida por las “cooperativas de seguridad Convivir”, públicamente auspiciadas por el entonces Gobernador Uribe, para que el Presidente se tomara en serio el asunto de la libertad.

Por eso hoy la libertad ocupa las primeras páginas de los diarios y la verdad parece desplazada al olvido y relegada a columnas de opinión que casi nadie lee. Pero no se puede olvidar que la verdad de esa exitosa política criminal de Estado se escribió a sangre y fuego sobre los cuerpos de miles de víctimas, que hoy nos demuestran su inocencia desde fosas comunes y tumbas anónimas. La dolorosa verdad de las víctimas se impone sobre la cínica verdad de sus verdugos, así como el secuestro de miles de compatriotas convierte a sus captores en auténticos liberticidas.

Sin duda, somos una sociedad trascendentalmente banal y moralmente cínica, donde sus dirigentes y contradictores armados convierten la verdad y la libertad en estratagemas de su lucha hegemónica por el poder estatal, sin el menor escrúpulo por subordinar la vida y la dignidad humana a su libido Dominandi. Cuando apenas empezábamos a conocer la identidad de los protagonistas oficiales de la criminal realidad en que vivimos, aparece el Presidente como el abanderado de la libertad. Pero no de cualquier libertad, sino precisamente de la libertad de los verdugos y sus cómplices, de aquellos que han cometido los crímenes más atroces, han colaborado con su ejecución o se ha beneficiado política y económicamente de los mismos. De aquellos que han ganado en las urnas y acumulado en los bancos, sembrando el campo de tumbas. Y ahora aboga el Presidente por la libertad de quienes han deslegitimado el sentido de cualquier política, especialmente la revolucionaria, a punta de secuestros y asesinatos, bandera que hasta ayer era la distintiva de los más reaccionarios, los partidarios de las cárceles y la pena de muerte.

Así lo expresó claramente el Presidente Uribe en su discurso de inauguración de Expoconstrucción y Expodiseño en Bogotá, que bien podría denominarse el discurso de la deconstrucción institucional de la Nación, cuando advirtió: “Lo que si creo es que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad, a quienes confiesen la verdad y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República. Yo creo que tenemos que abrir una sana discusión nacional en esa materia y por eso quería plantearlo esta noche aquí”. Y todo lo anterior, como un estímulo para decir la verdad.


En otras palabras, el crimen paga, pues premia con la excarcelación a quienes reconocen haberlo cometido y a sus cómplices parapolíticos. Pero como si ello fuera poco, el Presidente se apresura a declarar que tal excarcelación no es un perdón, ni un indulto, mucho menos una amnistía, pues se trata de un ejemplar proceso de “justicia alternativa” y de “reconciliación nacional”, que muchos expertos internacionales reconocen como digno de estudio y eventual imitación, pues se realiza en medio del conflicto armado. Conflicto armado que hasta hace poco desconocía y negaba rotundamente, pero que hoy reconoce para intentar demostrar en el ámbito internacional su magnanimidad de gobernante demócrata, en un acto apenas digno de un prestidigitador del horror, anunciando el próximo 7 de Junio un peregrino preacuerdo de paz con el ELN y la liberación unilateral de cientos de presuntos guerrilleros de las FARC.

Semejante despliegue de creatividad política y flexibilidad jurídica la denomina “razones de Estado”, para ocultar así el verdadero nombre del truco: mentiras e impostura de Estado. A tal punto es patética esta tragicomedia nacional, que su más caracterizado apologista, el ex ministro de Política y Justicia, Fernando Londoño, ha dicho en su programa radial: “El presidente que votamos no es el mismo. Estamos regresando al pasado, al momento en que Belisario Betancur abrió las puertas de las cárceles a las FARC…. Esperamos que el Presidente repose, después de un verdadero surmenage (agotamiento físico por exceso de trabajo intelectual), porque vemos al Presidente en el laberinto”.

Pero las actuales razones de Estado pueden convertirse mañana en algo más grave, como está sucediendo con las revelaciones de Mancuso, al develarnos que el paramilitarismo ha dejado de ser una verdad de Estado para convertirse en un Estado de verdad. Tal parece que es la máxima aspiración del Presidente Uribe, en el evento de lograr la excarcelación de los parapolíticos y la conversión de los guerrilleros de las FARC en una especie de paramilitares privilegiados. En ambos casos, los trasladaría de las actuales cárceles a un improvisado limbo jurídico, donde gozarían de una libertad muy especial. Los parapolíticos recobrarían la libertad civil, pero ya no podrían seguir viviendo de su política criminal. Mientras que los guerrilleros, si se acogen a la gracia presidencial, quedarían libres bajo el tutelaje eclesiástico o en el ostracismo político de un Estado amigo. Se puede apreciar claramente que dichas razones de Estado, más allá de que se conviertan en verdaderas realidades, son versiones oficiales de la verdad y la libertad que se ajustan a la medida a la identidad de sus protagonistas y a sus proyectos políticos. Una verdad plagada de mentiras y una libertad rebosante de iniquidad. En fin, razones paraestatales en lugar de razones de Estado, que en una verdadera democracia no pueden ser otras que las del Estado de derecho: la libertad y la verdad de sus ciudadanos, no las que dictan de facto actores armados o diseñan oficialmente gobernantes en crisis, sino aquellas que profieren los jueces en sus sentencias y los ciudadanos en la integridad de su conciencia y la responsabilidad de sus actuaciones.