CALICANTO
(Septiembre 30 de 2007)
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Elecciones regionales: entre tumbas y urnas.

Hernando Llano Ángel.

Las elecciones del próximo 28 de Octubre serán cruciales, pues en ellas decidiremos el tipo de fuerzas e intereses que gobernarán regional y localmente en Colombia. Una definición que se dará en un contexto enrarecido, entre tumbas y urnas, por el enorme influjo de poderes de facto que, a diestra y siniestra, recurren desde el asesinato y las amenazas, pasando por la generosa financiación de candidatos, hasta la sutil utilización de la ingenuidad ciudadana, cuando reclaman miles de firmas para respaldar supuestos candidatos cívicos e independientes, que camuflan así su origen partidista y el pasado más o menos turbio o castaño de sus patrocinadores, como sucede en el Valle del Cauca.

En otras palabras, la combinación de todas las tácticas y formas de lucha, para hacer pasar como elecciones democráticas intachables unos comicios aquejados de insuperables vicios de ilegitimidad e ilegalidad, según sea la región donde se realicen. Por ello la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte, en su mapa de riesgo electoral por violencia, que cerca de 567 municipios tienen algún riesgo, de los cuales 237 se encuentran en riesgo extremo, 175 en riesgo alto y 164 en riesgo medio. Dichos vicios y riegos no son imputables exclusivamente a este gobierno de la “seguridad democrática”, pues su origen y existencia es estructural e histórica. Se podría afirmar que son las verdaderas señales de identidad de nuestra “ejemplar y estable democracia”, que se ufana de celebrar ininterrumpidamente elecciones desde 1957, bajo la égida de los más criminales o insospechados poderes de facto. Por eso no merece el título de democracia, sino de régimen electofáctico, pues la ciudadanía termina validando, sin mayor conciencia, dichos poderes de facto y su enorme capacidad de intimidación o mimetización partidista o cívica.

Sólo que bajo la divisa de la transparencia y su denodada lucha contra la corrupción y la politiquería --según lo afirma el asesor presidencial de cabecera, José Obdulio Gaviria-- este gobierno ha develado que en las elecciones de los últimos cinco años han sido determinantes los apoyos y patrocinios de los grupos paramilitares. Así lo ha venido probando judicialmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia al tener más de 40 honorables congresistas investigados por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares. Seguramente por ello el presidente Uribe insiste con tanta vehemencia ante dichos magistrados que deben reconocer a los paramilitares como delincuentes políticos, sediciosos exactamente, y no juzgarlos por sus actos como criminales de lesa humanidad y narcotraficantes. En efecto, las últimas elecciones parece que se hubieran decidido más en las tumbas que en las urnas, pues se calcula nacionalmente en cerca de 10.000 las víctimas de los paramilitares sediciosos. Pero también se decidieron en las urnas, como acontece en las democracias, aunque en nuestro caso con la pequeña diferencia de no haber sido libremente y en forma competitiva, como sucedió en muchas regiones del país en el 2003. Por eso hoy, como lo señala el número 1.326 de la revista Semana en circulación: “la mayoría de la dirigencia política tradicional de los departamentos de Cesar, Sucre, Magdalena y Córdoba está sub-júdice”. No gratuitamente los Gobernadores de Cesar y Magdalena, electos como candidatos únicos en el 2003, están hoy presos por sus vínculos con los grupos paramilitares, pues éstos no permitieron que Trino Luna, en el Magdalena, y Hernando Molina, en Cesar, tuvieran inoportunos adversarios. Sin duda, vencieron en las urnas, pero no convencieron a los magistrados en cuanto a la legitimidad y legalidad de sus victorias electorales.

En aquellas elecciones, José Vicente Castaño, el estratega de las AUC, reconocía las buenas relaciones con los políticos: “Hay una amistad con los políticos en las zonas donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías,” y daba las siguientes instrucciones a sus hombres: ““Tratar de aumentar nuestros amigos políticos sin importar el partido a que pertenezcan.”[1] Ahora sabemos, con nombres propios, como se cumplieron al píe de la letra las recomendaciones.

Pero hoy el panorama es más sombrío, pues las FARC tienen una presencia intimidante en 367 municipios, los nuevos grupos emergentes en 99 (“Águilas Negras”, al parecer al mando de José Vicente Castaño) y el ELN en 65. Por todo lo anterior, ya han sido asesinados 68 candidatos y se han cometido 37 atentados, 20 más que en el 2003, a pesar del éxito de la “seguridad democrática”, como lo pregonaba la semana pasada el presidente Uribe en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Sin duda, tiene razón el Presidente cuando habla de que tenemos una democracia profunda, pues las tumbas aumentan cada día, como lamentablemente lo constatamos en el Valle del Cauca con el asesinato de los 11 diputados en poder de las FARC. Su periplo vital fue de las urnas a las tumbas. Democracia profunda: aquella que se debate entre tumbas y urnas, podría ser el aporte de José Obdulio Gaviria a la ciencia política y del presidente Uribe a la historia colombiana, si ambos persisten en negar la grave crisis política en que vivimos y creen poder superarla por la vía militar, la ilusión mediática del fin del paramilitarismo y el éxito de la seguridad democrática.


[1] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.