CALICANTO
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(Octubre 14 de 2007)

Hernando Llano Ángel.

La Parapolítica: paradojas de la política y la justicia.

El signo distintivo de la política nacional es la parapolítica, expresión de una tensión histórica entre la política y la justicia, que ha terminado por ser irreconciliable e insuperable. Una paradoja de marca mayor, pues ninguna sociedad puede sobrevivir decentemente cuando la política niega a la justicia y la justicia procesa a la política como una actividad criminal. Es la paradoja de un conflicto lacerante e inmemorial, que hoy se nos representa como una disputa mediática entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia. Una disputa que se desenvuelve en múltiples escenarios y tiene muchos actores protagónicos. El entramado judicial es uno de esos escenarios, pero no es el más importante, aunque así pretenda proyectarlo el presidente Uribe con su fiscal ventrílocuo y el corifeo de medios de comunicación que hacen resonar sus destempladas y disonantes voces. Como es frecuente, cuando se trata de asuntos de poder y verdad, el principal escenario es la arena política.

Un escenario polifónico por esencia, donde se expresan y pueden escuchar muchas voces, no sólo las de aquellos que quieren imponer una melodía oficial. Un escenario donde se escuchan desde las voces comunes de la calle hasta las encumbradas de los estrados judiciales. Desde las voces de los delincuentes comunes hasta las de sus defensores oficiales. Sólo que en esta ocasión parece haber una yuxtaposición entre el escenario político y el judicial, sin que ello signifique una subordinación y mucho menos una fusión, que termine por escamotear el conocimiento de la verdad y la justicia. Así, por ejemplo, la reciente condena de Santofimio a 24 años de cárcel por su papel determinante en el magnicidio de Luís Carlos Galán, viene a probar, 18 años después, la verdad política de la simbiosis criminal entre el dirigente liberal y Pablo Escobar, como capo que incursionó con relativo éxito en la política para eliminar la extradición de nuestro ordenamiento constitucional. Hay, pues, un desfase y una asincronía considerable entre la verdad política y la judicial.

Asincronía que ha intentado disminuir la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en forma admirable y diligente, procesando a quienes han conquistado sus cargos de representación y poder político gracias a la simbiosis criminal con los grupos paramilitares y el narcotráfico. Simbiosis de la que objetivamente se ha beneficiado y servido el presidente Uribe en el Congreso, solicitándole a sus Senadores y Representantes que voten sus proyectos de ley antes de ser procesados por la Corte, como también mediante la aprobación de trascendentales normas, tales como el Acto Legislativo de la reelección presidencial inmediata, y la benevolente ley de Justicia y Paz para criminales de lesa humanidad y narcotraficantes camuflados de comandantes paramilitares. Simbiosis de la política con el crimen, que el mismo Uribe ha defendido, al criticar en forma vehemente a la Corte Suprema de Justicia, cuando él mismo promovió y defendió por los medios de comunicación el reconocimiento de los comandantes de las autodefensas como delincuentes políticos, en contravía de la sentencia de la Corte que los calificó como delincuentes comunes. Así las cosas, tanto objetiva como subjetivamente, el Presidente contemporiza con la alianza entre la política y el crimen. Por eso, resulta patético su desafío a la Corte Suprema de Justicia, acusándola de fraguar un complot contra su majestad, emplazándola ante la opinión pública nacional e internacional para que demuestre que el Presidente es o no un asesino.

Semejante desafío equivale a probar judicialmente que el ex presidente Belisario Betancur es culpable de las desapariciones, torturas y ejecuciones sumarias cometidas por miembros de la Fuerza Pública en la retoma del Palacio de Justicia. También es equiparable a demostrar judicialmente que el ex presidente Samper recibió la generosa financiación del narcotráfico en la segunda vuelta de su campaña presidencial. Desde luego, carece de sentido probar judicialmente la culpabilidad de los ex presidentes, pues se trata de procesos políticos en los que hoy nadie duda de su absoluta responsabilidad política, aunque ambos disfruten de la más vergonzosa y cínica impunidad social. Salvo que en el caso de Betancur, al día siguiente de la hecatombe de la Justicia, éste asumió públicamente toda la responsabilidad política de lo acontecido, mientras Samper continúa en forma ladina negando su responsabilidad política en la financiación de su campaña. Pero mucho más comprometida e inadmisible es la causa del presidente Uribe, pues pretende eludir totalmente su responsabilidad en el auge y el ascenso vertiginoso del crimen en la política nacional, regional y local. Por eso ahora quiere trasladar su responsabilidad política al terreno de la culpabilidad penal. Sabe muy bien, como el ex presiente Samper, de quien fue su aprendiz político en tiempos de “Poder Popular”, que en los estrados judiciales nada se le puede probar.

Sin duda, el presidente Uribe no es culpable de crimen alguno, pero es responsable de la simbiosis entre la política y el crimen. Una forma muy simple de demostrar lo contrario, sería que desistiera de los apoyos políticos que siempre le han brindado quienes están hoy procesados como parapolíticos y de su obsesión personal por convertir en delincuentes políticos a criminales de lesa humanidad y narcotraficantes, que en forma selectiva y discrecional hoy protege de la extradición, sin que los motivos sean del todo claros. Pero ello es ya imposible, pues no se puede negar el pasado, tampoco los lazos políticos y de sangre con su primo Mario Uribe y mucho menos el transito de Salvatore Mancuso de las “civilistas” cooperativas de seguridad “Convivir”, que con tanto entusiasmo promovió durante su gobernación en Antioquia, a las criminales filas del paramilitarismo. En todos los anteriores eventos hay tanta responsabilidad política de Uribe como ausencia de culpabilidad penal.

La responsabilidad política es un hecho público que no precisa pruebas, porque ellas están a la vista, apreciación y el juicio de todos, como ciudadanos que somos. La segunda es consecuencia de un proceso penal, de índole estrictamente personal, que requiere pruebas y sólo los jueces son competentes para apreciar y fallar. Por eso, no está de más recordar que los juicios de responsabilidad política los pronunciamos los ciudadanos cuando votamos, mientras que los judiciales corresponden sólo a los jueces mediante sentencias. No le pidamos, entonces, a la Corte Suprema de Justicia lo que no le corresponde y asumamos como ciudadanos la responsabilidad política que tenemos en las elecciones del próximo 28 de Octubre. Seamos conscientes que en estas elecciones regionales y locales, con nuestro voto, podemos derrotar o afianzar esa simbiosis entre el crimen y la política, que hoy se camufla bajo las más insospechadas formas y candidaturas, que ocultan una alianza sempiterna entre privilegios sociales con criminales privilegiados, poco importa que sean plebeyos o patricios. Pero ahora tenemos poder de veto, pues si el voto en blanco supera la mitad más uno de los votos válidos, tendrá que repetirse la elección con otros candidatos. Con dicho instrumento y nuestra conciencia podremos depurar la política de sus nexos con intereses criminales, bien sea los emergentes o los de cuello blanco, que abundan en tantas regiones del país. El voto blanco parece ser la opción más ética y política en muchas ciudades y departamentos, como lamentablemente sucede en Cali y el Valle del Cauca, donde los tres candidatos favoritos, más allá de sus condiciones y calidades personales que avalan en distinto grado sus aspiraciones, son rehenes de intereses y entornos plagados de turbios personajes con antecedentes penales y criminales.