lunes, julio 14, 2025

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ANTE EL JUICIO CIUDADANO

 

 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ANTE EL JUICIO CIUDADANO

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/alvaro-uribe-velez-ante-el-juicio-ciudadano/

https://elpais.com/america-colombia/2025-07-13/alvaro-uribe-velez-ante-el-juicio-ciudadano.html

https://razonpublica.com/alvaro-uribe-juicio-importa-no-penal/

Hernando Llano Ángel.

Más allá del sentido de la sentencia que el próximo 28 de julio conoceremos sobre la inocencia o culpabilidad de Álvaro Uribe Vélez en los cargos que se le imputan[i], se encuentra el juicio ciudadano sobre la figura y la responsabilidad histórica del expresidente Uribe, sin duda el líder político más controvertido, admirado, amado, odiado y denostado de los últimos 25 años en Colombia. No se trata, pues, tan solo de un juicio penal, sino sobre todo de la oportunidad histórica que cada ciudadano tendrá de emitir un juicio personal sobre la responsabilidad política de Álvaro Uribe Vélez como hombre público y estadista, cuyas decisiones y acciones han gravitado sobre la vida, seguridad y prosperidad de millones de colombianos, pero también sobre la dignidad y muerte de miles en desarrollo de políticas gubernamentales como la llamada “Seguridad democrática” contra el terrorismo. Seguridad que fue definida en el Manifiesto Democrático[ii], su programa de gobierno de 100 puntos, teniendo como eje el punto 33: “Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura, el allanamiento. A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Silogismo político que cumplió cabalmente, si pasamos revista al desempeño del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)[iii] y sus relaciones con los grupos paramilitares, como los escabrosos resultados de la aplicación de la Directiva 029 de 2005[iv], que propició la comisión de más de 6.2000 ejecuciones extrajudiciales, denominados “falsos positivos”[v].

Más allá del juicio penal está la responsabilidad política

Lo anterior representa la mayor paradoja y malentendido nacional sobre lo que realmente está en juego, que no es tanto la inocencia o culpabilidad penal del expresidente Uribe, sino más bien su responsabilidad política, personal e indelegable, en el mayor desafío que los colombianos no hemos podido resolver y es romper el nudo gordiano que ata la política con la violencia, las armas, el crimen y la ilegalidad. Por eso, el trasfondo del juicio no son los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigo, sino la responsabilidad política del expresidente Uribe en relación con la existencia y actuación criminal de grupos paramilitares, ya desde su desempeño como gobernador del departamento de Antioquia y posteriormente como presidente de la República. De allí, que sea imprescindible distinguir entre la responsabilidad penal que es de carácter eminentemente judicial, personal y subjetiva, sustentada en pruebas irrefutables, plenamente demostradas, frente a la responsabilidad política que es de índole constitucional, pública y general, derivada de competencias y obligaciones inherentes a cada funcionario público sobre las cuales debe rendir cuentas frente a la ciudadanía. Más aún, tratándose de un funcionario electo. En el primer caso, la responsabilidad penal, la sentencia solo puede proferirla un funcionario o funcionaria judicial, garantizando el debido proceso al implicado, declarándolo inocente o culpable, quien podrá interponer los recursos legales a su disposición hasta llegar al de casación, cuya resolución por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia determinará la inocencia o culpabilidad final del implicado. En el segundo, la responsabilidad política, todos los ciudadanos somos competentes y, en cierta forma, responsables del juicio sobre el desempeño político del servidor público electo que, por lo general expresamos en las urnas, y del cual dependerá su continuidad o defenestración de la vida política. Es decir, su vida o “muerte política”. Esa responsabilidad política está determinada por el artículo 6 de nuestra Constitución que señala que todo servidor público es responsable por “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Un ejemplo vergonzoso

La reelección de Donald Trump pone de presente de manera escandalosa esta distinción, pues fue condenado penalmente por 34 cargos criminales[vi], pero exonerado electoralmente por más de 77 millones de votantes[vii], cuyo juicio político y ético al menos queda en cuestión, pues lo catapultaron victoriosa e impunemente a la presidencia de los Estados Unidos. Por eso no es una exageración afirmar que al frente de la mayor potencia militar del planeta se encuentra gobernando un gánster[viii]. De allí, que su política exterior sea esa mezcla de arrogancia, intimidación y chantaje sustentada en el poder militar, que desconoce de plano y con plena impunidad todo el derecho internacional público, las Naciones Unidas, su Corte Internacional de Justicia y arremete con furia y alevosía contra la Corte Penal Internacional en defensa de Netanyahu, sus crímenes de guerra y lesa humanidad contra los palestinos en Gaza y Cisjordania. Por si fuera poco, ahora la emprende contra la soberanía judicial del Brasil en defensa de Bolsonaro[ix] por su presunto golpe de Estado, quien lo imitó al desconocer el triunfo electoral de Ignacio “Lula” da Silva, como él lo hizo frente a Biden. Pero volviendo a nuestra política doméstica y su máximo protagonista durante los últimos 25 años, nos encontramos curiosamente con una historia parecida, pues Álvaro Uribe Vélez fue reelecto en el 2006 pese a un delito de “lesa constitucionalidad”, ya que la reforma del artículito de la Constitución que lo permitió se realizó mediante el delito de cohecho y el escándalo de la Yidispolítica[x], que culminó con la condena de sus exministros de Justicia y Derecho, Sabas Pretelt de la Vega y de Protección Social, Diego Palacio Betancourt[xi], entre otros implicados como los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

Álvaro Uribe Vélez, entre la impunidad política y la penal

Sin duda, se puede afirmar que su reelección le otorgó a Uribe desde 2006 plena impunidad política[xii], pues fue respaldado por más de 7 millones de votantes[xiii], equivalentes al 27.6% del censo electoral de entonces que era de 26.731.700 colombianos habilitados para votar. Un porcentaje que desdice el mito de su inmensa popularidad y respaldo mayoritario, pues la participación electoral en el 2006 fue del 45.05% y disminuyó 1.4% en relación con la del 2002, cuya participación fue del 46.47% y su votación de 5.862.655[xiv]. Sin embargo, en ambos casos lo más significativo fue su triunfo en primera vuelta, único candidato que lo ha logrado hasta el presente y ello demuestra cómo sus electores disocian y separan fácilmente la ilegalidad de la legitimidad política. Razón tenía Sartre cuando afirmó que “no hay nada más respetable que una impunidad largamente tolerada”. La ilegalidad procede de la forma como se aprobó el “artículito” para su reelección en el 2006 frente a la legitimidad política que obtuvo en las urnas, así ésta resulte precaria frente al censo electoral entonces vigente. Este preocupante divorcio entre ilegalidad y legitimidad política-electoral, demostraría que para un número significativo de votantes en el 2006 el fin de la “seguridad democrática” y su continuidad justificaba los medios utilizados por Uribe para continuar gobernando, sin importar mucho que ellos fueran ilegales, como en efecto quedó demostrado con la “Yidispolítica”. Con mayor razón si ese fin era “matar la culebra del terrorismo de las Far”, que entonces se creía era inminente. Pero ese divorcio se profundizaría aún más con el encubrimiento de graves crímenes cometidos por la alianza entre el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con los grupos paramilitares, que llevó a la cárcel a su director, Jorge Noguera, por el crimen del profesor Alfredo Correa De Andreis[xv], cometido en coordinación con los paramilitares del Bloque Norte de las AUC[xvi]. Todo ello, antecedido por la interceptación ilegal de comunicaciones a periodistas y el espionaje de las deliberaciones de la Corte Suprema de Justicia en su investigación sobre la parapolítica[xvii]. Interceptaciones llevadas a cabo por la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado y el director del DAPRE, Bernardo Moreno[xviii], ambos también condenados.

Los “buenos muchachos”

Sin olvidar la condena de José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por el asesinato de Jaime Garzón[xix]. Basta este breve recuento de graves ilegalidades y crímenes, penalmente demostrados y cometidos por dichos funcionarios en dependencias adscritas a la Presidencia de la República, todos ellos nombrados por Álvaro Uribe y bajo su estricta subordinación, para concluir que le resulta imposible eludir su responsabilidad política, pues entonces los defendió públicamente como “buenos muchachos”[xx]: “Antes de que, en 2011, lo condenaran a 28 años de cárcel por haber entregado información privilegiada a los paramilitares que asesinaron al profesor Alfredo Correa de Andreis, el exdirector del DAS Jorge Noguera había sido calificado como un “buen muchacho” por Álvaro Uribe, quien en otras ocasiones se ha referido así a algunos cercanos que terminan cuestionados o condenados”. Para completar semejante entramado institucional de criminalidad se expide, en cumplimiento de la “seguridad democrática”, la circular o directiva 029 de 2005 por el ministro de defensa, Camilo Ospina Bernal, que derivó en la comisión de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, cuyo número es superior a 6.000 víctimas mortales, según investigación de la JEP. Obviamente es imposible encontrar una prueba reina para responsabilizar penalmente al expresidente Uribe por todo lo anterior, así como tampoco fue posible hallarla en el proceso 8.000 contra el expresidente Ernesto Samper o en la financiación ilegal de Odebrecht en la segunda campaña presidencial contra el propio Santos, por la cual fue condenado Roberto Prieto, su exgerente de campaña, e incluso parece estar sucediendo con plenas pruebas en el caso de Oscar Iván Zuluaga[xxi]. A todo lo anterior, se suman hoy las presuntas irregularidades por las cuales el Consejo Nacional Electoral investiga la campaña del presidente Petro por supuesta violación de los topes de financiación, ya que seguramente la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no alcanzará a avanzar en precisar su responsabilidad personal, como ha sucedido con los más de 186 procesos pendientes[xxii] que allí se acumulan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, transcurridos más de quince años. Es por ello que predomina la impunidad política en nuestro Estado y su funcionamiento es cada vez más cacocrático[xxiii], pese a los numerosos esfuerzos de la rama judicial por impedirlo, pues mientras los electores continúen votando por líderes políticos que promueven o toleran alianzas con grupos criminales, empresariales o financieros en función de sus intereses y para garantizar su gobernabilidad, se profundizará este régimen electofáctico[xxiv]. Un régimen situado en las antípodas del democrático, pues en aquel nunca hay responsables políticos por sus actuaciones ilegitimas y menos culpables por sus delitos, como es lo propio en toda democracia. De esta forma se suma la impunidad penal a la política, sin que podamos endilgarla solo a quienes gobiernan, pues la responsabilidad surge en la boca de las urnas por quienes los eligen. Por eso, más allá del sentido de la sentencia del próximo 28 de julio, bien sea absolutoria o condenatoria, ella no solo afectará al expresidente Uribe, sino también el juicio político y ético de millones de colombianos, quienes en conciencia somos los jueces de última instancia de los gobernantes que elegimos.


Publicadas por a la/s No hay comentarios.:

miércoles, julio 09, 2025

DEL MITO CONSTITUYENTE A LA MITOMANIA CONSTITUCIONAL

 

 

DEL MITO CONSTITUYENTE Y LA MITOMANIA CONSTITUCIONAL

https://elpais.com/america-colombia/2025-07-08/del-mito-de-la-constituyente-y-la-mitomania-constitucional.html

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/del-mito-constituyente-y-la-mitomania-constitucional/

Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que la política colombiana discurrirá, al menos hasta las elecciones del 2026, entre la montaña mágica del poder constituyente y la llanura prosaica del poder constituido. Pero como todos estamos inmersos en el lodazal de la vida cotidiana, aturdidos por el vértigo de los cambios ministeriales, la crisis diplomática con Estados Unidos, las avalanchas mortales del invierno y la violencia ubicua que no cesa, esa montaña mágica parece un delirio presidencial más. Un delirio que preocupa y desvela a la oposición mayoritaria en el Congreso, pues en estos tiempos aciagos puede arrastrarla por una incontenible pendiente y convertirse en una avalancha que acabe por desvencijar aún más el endeble tablao del poder constituido. Es un clima de incertidumbre e ingobernabilidad agravado por el fantasmal poder constituyente de la octava papeleta, sacada del cubilete petrista por el ministro de justicia y del derecho, Eduardo Montealegre, quien pretende ser el guía de esa expedición y aventura que culminaría en la montaña mágica de una nueva Asamblea Constituyente. Una Constituyente que deberá convocar el próximo gobierno, si en las elecciones del 8 de marzo del 2026 para el Congreso lo expresa en las urnas una mayoría relevante de electores. Sin duda, se pretende reeditar la gesta de la 7 papeleta, que culminó en la Constituyente del 91 y la Carta Política actual. Séptima papeleta que transitó por un camino totalmente heterodoxo e inconstitucional a la luz de la Constitución de 1886, como bien lo consignó el entonces Procurador General de la Nación, doctor Alfonso Gómez Méndez, en su concepto ante la Corte Suprema de Justicia sobre el decreto-ley de estado de sitito del entonces presidente Virgilio Barco Vargas que ordenó contabilizarla.

¿De la 7 a la 8 papeleta?

Posteriormente la Corte Constitucional mediante auto 003 de 1992 consideró que: “La Asamblea Nacional Constituyente que expidió la nueva Constitución Política de Colombia fue un poder comisionado del pueblo soberano. Su fuerza jurídica era fáctica, pues provino de un hecho político-fundacional, más no jurídico. Ella actuó no por orden de la Constitución de 1886 y sus reformas, sino por fuera de ella, contra ella, por disposición directa del pueblo en un período de anormalidad constitucional. En este sentido, la comprensión del proceso colombiano de reforma se encuentra en el concepto de anormalidad constitucional; y este concepto sólo puede ser definido políticamente, por ser acto fundacional, pues se refiere a un presupuesto del derecho que todavía no es jurídico”. Todo parece indicar que la octava papeleta, desde la perspectiva del actual gobierno, pretende inscribirse en el contexto de “anormalidad constitucional”, por la dificultad para tramitar sus principales reformas sociales en el Congreso ante la incapacidad de concertar con la oposición los puntos más controvertidos. Concertación que solo fue posible en el caso de la reforma laboral cuando el Ejecutivo amenazó con la convocatoria de una Consulta Popular para no claudicar en sus alcances y contenidos sociales y dejar así en manos del pueblo o la ciudadanía su aprobación.

¡Vigencia constitucional, en lugar de anormalidad constitucional!

Ya conocemos el resultado, que fue una concertación forzada, más que consensuada, pero que solo después de 34 años permitió cumplir con los principios fundamentales del artículo 53[i] de la Constitución Política: “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. En otras palabras, lo que parece estar en disputa no es la anormalidad constitucional sino más bien la aplicabilidad y vigencia de la Constitución del 91en sus artículos axiales referidos al Estado Social de derecho, artículo 1[ii]: “Colombia está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”; la igualdad en su artículo 13[iii]: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”; artículo 49 sobre la salud[iv]: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”, para ello, se debe “establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley” y, por último, el artículo 22, el más breve y vital de todos: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. No queda duda que dichos artículos solo tienen una vigencia nominal, pero no normativa, pues no regulan en forma efectiva la vida social y cotidiana de todos los colombianos.

La mitomanía constitucional

Así las cosas, más allá del colapso inminente del sistema de salud por su crisis estructural de financiación, donde solo 6 de las 29 EPS son viables, como lo advierte el reciente informe de la Contraloría General de la Nación[v] y la difuminación de la Paz Total en una especie de neofeudalismo criminal que confina comunidades indígenas, campesinas, afros en sus territorios y elimina a sus líderes sociales, lo que se precisa es una gobernabilidad constituyente en lugar del espejismo y el mito del constituyente primario. Gobernabilidad que no se podrá alcanzar apelando solo a una 8 papeleta y mucho menos contemporizando con la mitomanía constitucional en que nos debatimos, pues sin cumplir los artículos mencionados, seguiremos viviendo en los estados de cosas inconstitucional (ECI)que periódicamente declara la Corte Constitucional. “Dicho uso se acrecentó en el año 1998 al declarar el ECI en siete ocasiones más: T-153/98 (prisiones), SU-250/98 (carrera notarial), T-289/98 (salarios Ciénaga, Magdalena), T-559/98 (mesadas pensionales Chocó), T-590/98 (personas defensoras de derechos humanos), T-606/98 (prisiones), T-607/98 (prisiones); y ser utilizado como expresión referencial en otras cuatro decisiones: C-229/98, T-296/98, T-439/98 y T-535/98”[vi]. Esa mitomanía, la de no cumplir y actuar parcialmente la Constitución, se ha profundizado durante estos 34 años de la proclamación de la Carta por falta de actores políticos comprometidos con su vigencia y hoy se expresa dramáticamente en las 60 reformas a que ha sido sometida, sin que todavía hayamos podido cumplir este sabio aforismo de Norberto Bobbio: “La vida política se desarrolla a través de conflictos jamás definitivamente resueltos, cuya resolución se consigue mediante acuerdos momentáneos, treguas y esos tratados de paz más duraderos que son las Constituciones”. Lamentablemente, la Constitución desde su nacimiento no fue ese tratado de paz, pues el entonces presidente César Gaviria y su ministro civil de defensa, Rafael Pardo Rueda, declararon la guerra integral[vii] contra las Farc-Ep, crearon las CONVIVIR[viii], matriz del paramilitarismo y las AUC y, para completar, el Estado Social de derecho fue eclipsado por su Apertura Económica[ix] y credo neoliberal. Lo demás, es historia conocida y padecida por todos hasta el presente.

 

 


Publicadas por a la/s No hay comentarios.:

lunes, junio 30, 2025

MÁS ALLÁ DEL "TARIMAZO" (EL ESPECTADOR, 29 DE JUNIO 2025).

 

MÁS ALLA DEL “TARIMAZO”

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/mas-alla-del-tarimazo/

Hernando Llano Ángel.

El evento realizado por el presidente Petro en Medellín en desarrollo de su controvertida política de Paz Total, específicamente su componente de Paz Urbana, con presencia en la tarima[i] de nueve peligrosos jefes de bandas criminales judicializados, ha sido objeto de críticas unánimes por todo el establecimiento político y gremial. Empezando, obviamente por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, continuando con el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, los expresidentes Uribe y Santos y la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Todos a una lo condenaron por ser una afrenta a las víctimas, la dignidad de la justicia y, sobre todo, la deslegitimación de las instituciones democráticas. Resulta, pues, un evento escandaloso porque revela a la luz pública, una vez más, la médula oculta de nuestras instituciones políticas. Y esa médula no es otra cosa que la simbiosis histórica de nuestro Estado y la mayoría de sus instituciones con la violencia, el crimen y su contemporización con la ilegalidad, al menos desde la promulgación de la Constitución de 1991.

Un pecado original y capital constituyente

Podría decirse que nuestras alabadas y veneradas instituciones políticas nacieron con un pecado original y capital constituyente, todavía irredimible, pues para neutralizar el narcoterrorismo de Pablo Escobar y lograr su entrega a la justicia, la Asamblea aprobó el artículo 35 (ya derogado), que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Fue un acuerdo tácito entre el Ejecutivo y la mayoría de los delegatorios de la Constituyente, ante la incapacidad de los organismos de inteligencia, investigación y militares del Estado para capturarlo y desmantelar su terrible banda de Extraditables. En semejante encrucijada, la Asamblea aprobó la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento. Fue una decisión que mezcló el pragmatismo político y la contemporización con el crimen, comprensible por esa debilidad punitiva y militar del Estado. Obviamente, ese acuerdo político tenía que darse detrás de la tarima, tras bambalinas. No podía exhibirse y menos conocerse la forma cómo sucedió, pues su ilegitimidad no soportaría la luz de lo público. Valdría la pena que algún día conociéramos esos secretos de Estado y nos fueran revelados por sus máximos responsables, que hoy son adalides inclaudicables de la absoluta transparencia del gobierno en todos los asuntos públicos y se rasgan las vestiduras por lo sucedido en la tarima de Alpujarra. En ese entonces, todos los colombianos asistimos a una puesta en escena casi surrealista, que bien podría haber sido concebida y filmada por Luis Buñuel con libreto de García Márquez. Hay que recordar que la entrega de Pablo Escobar fue mediada y anunciada por el padre Rafael García Herreros en el programa decano de nuestra televisión nacional, “El minuto de Dios”, convocándolo frente a las cámaras a un encuentro en las playas de Coveñas[ii]. Ni más ni menos que el encuentro del Pastor con el criminal más sangriento y despiadado de entonces, cuya falsa conversión le permitió seguir delinquiendo desde su cárcel-catedral durante 13 meses[iii], sin que todavía sepamos porqué el presidente Gaviria solo se dio cuenta de ello tan tarde y entonces el capo pudo abandonar caminando, plácidamente, su catedral de impunidad.

Una institucionalidad narcopolítica y necropolítica

La pregunta obvia, es ¿Qué tipo de instituciones fueron esas que comprometieron el Estado y la misma Asamblea Nacional Constituyente con la entrega del más sangriento capo a cambio de su no extradición?  Que, además, le permitieron el diseño de su propia “catedral” y posterior fuga. Y, por último, que para poder darlo de baja terminaron siendo complacientes y quizá hasta cómplices con el grupo criminal los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar)[iv], sus enemigos y competidores del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez, junto al Bloque de Búsqueda y la DEA. Desde luego, no fueron instituciones respetables y menos democráticas. Fueron instituciones coaccionadas y funcionales con el crimen, la violencia y la impunidad. Hoy ya está plenamente establecido que los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro fueron posibles por esa simbiosis letal del narcotráfico con la política y varias agencias de inteligencia del Estado[v], que sirvieron de mampara para perpetrar el magnicidio Galán, y posteriormente los de Jaramillo y Pizarro. Pero, todavía más grave, es que esa matriz institucional se haya prolongado y camuflado bajo una densa hojarasca legal que creó un entramado de criminalidad sistémico con diversos poderes de facto, desde respetables empresarios agroindustriales hasta emprendedores narcotraficantes, a través de organizaciones privadas como las cooperativas de seguridad rural, más conocidas como “Convivir”, creadas por el entonces presidente César Gaviria mediante el Decreto Ley 356 de 1994[vi] e impulsadas con ahínco por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez[vii]. Cooperativas legales que sirvieron de incubadoras de numerosos grupos paramilitares que terminaron conformando la criminal federación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[viii] y desolaron el campo con sus masacres y fosas comunes. Así se formó y consolidó este entramado de instituciones necropolíticas[ix] o tanatopolíticas, cuyo legado son millones de víctimas irredentas y de victimarios impunes que hoy se disputan este espectral espacio político institucional y se escandalizan por la impudicia política del presidente Petro en la Alpujarra.

Petro, un impúdico gobernante

Sin duda, el presidente Petro cometió un acto de impudicia política al llevar nueve temibles y condenados jefes de bandas criminales[x] a su tarima en la Alpujarra, en el contexto de su temeraria e incierta política de Paz Urbana, que aún carece de un marco legal para garantizar el sometimiento efectivo de dichas bandas y su desmantelamiento definitivo. Un experimento que tiene el nefasto antecedente de la llamada política de “sometimiento a la justicia” del expresidente Gaviria que, a la postre, terminó sometiendo la justicia a las dinámicas del crimen, siendo precisamente las Convivir un eslabón clave de esa deriva narcopolítica y necropolítica de nuestras instituciones políticas fusionadas con el crimen y la ilegalidad. Deriva que ha tenido las más inverosímiles mutaciones y coaliciones políticas y tuvo un momento estelar cuando el entonces presidente Uribe permitió la presencia de tres de los máximos comandantes paramilitares de las AUC en el Congreso de la República[xi]: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Izasa, aún sin estar desmovilizados, para que Mancuso[xii] en junio de 2004 ambientara en un histórico y elocuente discurso la posterior ley 975 de 2005, oficialmente denominada de “Justicia y Paz”. Pero la verdad es que esa institucionalización necropolítica se había venido consolidando desde la crisis generada por el 8.000[xiii] con Samper, pasando por la narcoparapolítica[xiv] que respaldó a Uribe, la Ñeñepolítica[xv] de Duque y hoy la presunta financiación ilegal y violación de topes de la campaña presidencial de Petro[xvi].

La peor mutación necropolítica

Sin embargo, es en estos últimos años cuando se ha generado la más temible y degradada de todas las mutaciones, como es la simbiosis letal de organizaciones supuestamente insurgentes con las economías ilegales, que se disputan a muerte con bandas y bandolas del narcotráfico nacional e internacional el control de vastos territorios y numerosas poblaciones rurales, hoy sometidas a frecuentes “paros armados”, el confinamiento y el asesinato sistemático de sus líderes sociales[xvii]. Tal es el entramado real de esa parafernalia de instituciones políticas que hoy el Establishment llama a defender, una institucionalidad necropolítica, sustentada y arraigada en poderosas economías ilegales cuyos vasos comunicantes con la economía legal son complejos, densos, turbios y forman una especie de rizoma indescifrable, casi imposible de erradicar. Un rizoma necropolítico que en cada elección nacional para Congreso y Presidencia define quiénes gobiernan, cómo gobiernan y a favor de quiénes. Y ello seguirá siendo así en tanto para ganar las elecciones los candidatos tengan que contar con miles de millones de pesos a su disposición, generosamente aportados por financiadores legales, como Odebrecht en los casos de Juan Manuel Santos[xviii] y el derrotado Iván Zuluaga, o ilegales como en el 8.000 de Samper o la difusa Ñeñepolítica de Duque. No por casualidad las campañas presidenciales de Samper, Santos, Zuluaga, Duque fueron investigadas por el Consejo Nacional Electoral. Investigación que, en el caso del actual presidente, según reciente fallo de tutela de la Corte Constitucional[xix], deberá ser enviada a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

¡Que vivan las elecciones!

Por eso todos y todas las numerosas precandidaturas, líderes políticos y gremiales, altos dignatarios de las ramas del poder público, órganos de control, medios de comunicación masivos y sus autorizados analistas “deformadores” de opinión coinciden unánimemente en que hay que salvaguardar la transparencia, en realidad opacidad, del próximo proceso electoral. Porque la opacidad financiera en que siempre se han desarrollado las elecciones ha sido y es la savia de esa institucionalidad necropolítica y gracias a ellas se reviste Colombia periódicamente con los falsos oropeles de la “democracia más estable y profunda de América Latina”. Es tal la solidez de ese fariseísmo y narcisismo institucional colombiano que todavía oculta con éxito la mayor crisis humanitaria de todo el continente, expresada en estas macabras cifras del Informe Final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición[xx]: “450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018. Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas. Principales responsables de homicidios: Grupos paramilitares: 205.028 víctimas (45 %), Grupos guerrilleros: 122.813 víctimas (27 %). Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP (96.952 víctimas), el 4 % al ELN (17.725 víctimas) y el 2 % a otras guerrillas (8.496 víctimas). Agentes estatales: 56.094 víctimas (12 %)”. Cifras que superan con creces las víctimas mortales de todas las dictaduras del Cono Sur y que confrontan dolorosamente el fariseísmo y el narcisismo institucional de la mayoría de quienes hoy defienden esta “democracia”, pero en realidad piensan solo en asegurar sus curules en el Congreso y contemporizar desde la Casa de Nariño con semejante orden necropolítico.

Más allá de las elecciones y Tarimazos

Mientras no seamos capaces de esclarecer y superar esa realidad electofáctica y necropolítica que rige nuestras instituciones y transformarlas en una auténtica democracia con instituciones políticas biofílicas[xxi], en función de la ciudadanía, promotoras de la equidad social y de la vida en todas sus dimensiones, seguiremos perpetuando por más de cien años esta sangrienta realidad y nunca será posible la convivencia entre todos y todas con la naturaleza. ¿Será este un tema de debate en las próximas elecciones? ¿Habrá alguna candidatura o coalición que proponga la regulación legal del cultivo y la transformación industrial y farmacéutica de la maravillosa y portentosa Mama Coca?[xxii]  ¿Habrá alguna candidatura que desafié tanto fariseísmo y narcisismo institucional, sin incurrir en la impostura de programas gubernamentales irrealizables en cuatro años, como “Colombia potencia mundial de la vida” y la “Paz Total”? En fin, ¿Será posible que la Carta del 91 deje de ser un comodín al servicio de la necropolítica y empiece a ser un Estado Social de derecho con instituciones biofílicas, promotoras de la vida política, social y ambiental de todos en Colombia?  Solo entonces sabremos de verdad qué es convivir democráticamente y saldremos de este laberinto mortal de instituciones tanáticas en que estamos atrapados y extraviados desde nuestra cuna hasta la tumba. Instituciones que han arrebato la vida durante este año a más de 70 líderes sociales[xxiii] y tiene en vilo la del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Por eso carece de sentido llamar a defender las actuales instituciones y quienes lo hacen en nombre de la democracia no son más que fariseos y narcisos, solo empeñados en la conservación de este orden necropolítico en función de recortados intereses, donde ya es casi imposible discernir entre lo legal y lo ilegal; lo legítimo de lo ilegítimo, como en tantos episodios de la vida nacional, siendo la tarima el más reciente.  Es imperioso ir más allá de las elecciones y los “tarimazos”.

 


Publicadas por a la/s No hay comentarios.:
Suscribirse a: Entradas (Atom)