jueves, noviembre 22, 2018

NHMN


  NoHayMoralNinguna en el Fiscal General de la Nación


Hernando Llano Ángel[1]

NHMN, las iniciales que utilizaba Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d), auditor de Aval en el consorcio con Odebrecht, para referirse a Néstor Humberto Martínez Neira, también pueden significar No Hay Moral Ninguna. Al menos, en el Fiscal NHMN, no hay ninguna moral pública, en tanto garantía de los intereses generales sobre los particulares y de la ley sobre el crimen. Dicha moral pública está extraviada en la Fiscalía desde hace por lo menos 16 años. La Fiscalía, concebida como institución clave y líder en la persecución del delito y la criminalidad organizada, ha sido uno de los mayores fiascos de la Constitución del 91. No tanto por su diseño normativo, que la adscribe a la rama judicial (artículo 249 C.P), para prevenir así su conversión en un instrumento de persecución política por parte del Ejecutivo, sino por la dinámica política de nuestros más agudos conflictos, en donde la fusión de la política con el crimen es cada vez más ostensible y visible. Al punto que ha convertido dicha institución en una coartada perfecta para perpetuar la impunidad. Basta pasar revista a los últimos fiscales y la función que han cumplido al frente de la misma.

La Fiscalía General como coartada institucional para la impunidad

El exfiscal Luis Camilo Osorio, postulado por el entonces presidente Andrés Pastrana, cumplió a la perfección su papel de encubridor de los más atroces crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares desde el 2001 al 2005. A tal punto, que hoy se encuentra subjudice por su criminal complicidad, como se puede verificar en https://verdadabierta.com/ex-fiscal-luis-camilo-osorio-de-nuevo-bajo-la-lupa/. Luego, para garantizar un tránsito sin sobresaltos en la aplicación de la ley 975 de 2005, fue nombrado Fiscal General, Mario Iguarán, quien como viceministro de justicia estuvo encargado del diseño de dicha norma –eufemísticamente conocida como ley de “Justicia y paz” -- junto a su jefe, el ministro Sabas Pretelt, posteriormente condenado por cohecho impropio en el célebre escándalo de la Yidispolítica, que cambió el articulito para la reelección de Uribe. Salta a la vista el sutil entramado de criminalidad institucional que desde entonces se fue tejiendo, consolidando la paradoja de una casi perfecta impunidad legal y política, pues propició una reelección presidencial alcanzada mediante la comisión de un grave delito contra la administración pública, por el cual fueron condenados los entonces ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt por la Corte Suprema de Justicia. Indirectamente, entonces, tuvimos un presidente ilegítimo, en tanto ilegal, pero también muy popular (de allí su “Estado de opinión”, superior al Estado de derecho), pues su Presidencia se alcanzó gracias a la comisión de dicho delito. Y cuando los máximos comandantes de la AUC empezaron a desentrañar en sus versiones ante la Fiscalía la fina y sangrienta red de complicidades y crímenes cometidos en alianza con numerosos congresistas - -la mayoría pertenecientes a la coalición de gobierno del presidente Uribe-- entonces éste decidió extraditarlos a Estados Unidos con el pretexto de que eran narcotraficantes (toda la nación sabía que lo fueron desde el comienzo), dejando sin justicia y verdad a miles de familiares de víctimas desaparecidas y desmembradas por las AUC. Reveló así Uribe su curiosa concepción de la ética y la justicia, según la cual es más grave narcotraficar que descuartizar, masacrar y asesinar, pues como lo ha demostrado el Centro Nacional de Memoria Histórica, los grupos paramilitares fueron responsables de 1.166 masacres, el 58.8%, frente a 343 cometidas por la guerrilla, el 17.3% y de 8.903 asesinatos selectivos, el 38.4% frente a 3.899 de la guerrilla, el 16.8%, quedando la mayoría de estos crímenes impunes hasta la fecha[2].  

La anterior escandalosa impunidad, sustentada en la falta de verdad y de justicia, es la que hace hoy tan imprescindible la existencia de la Jurisdicción Especial de Paz y de la Comisión de la Verdad, tan temidas por el Centro Democrático, que no desperdicia ocasión para desinformar y tergiversar la responsabilidad histórica que dichas instituciones tienen, ante la incompetencia y complicidad de los mencionados Fiscales Generales y del sistema judicial, salvo contadas actuaciones de las altas cortes frente a la parapolítica. La más vergonzosa evidencia de la incompetencia del sistema judicial oficial es que después de 33 años de los hechos del Palacio de Justicia, todavía no sepamos lo que realmente sucedió y prevalezca, desde la cúpula presidencial, un silencio sepulcral. Belisario Betancur honraría su estirpe de humanista y salvaría su imagen de estadista, si se animará a contarle a la Comisión de la Verdad lo que realmente sucedió. Porque lo más significativo de esta coyuntura nacional es que, por primera vez en nuestra historia política, tímidamente se asoma la verdad ante los ojos de todos y de las víctimas irredentas. Por primera vez estamos viendo, entre atónitos e indignados, que el fastuoso ropaje institucional con que se ha recubierto nuestra espuria democracia está tejido en realidad con puntadas de mentira y canutos de impunidad, siendo sus aclamados protagonistas unos consumados sastres de la impostura, la violencia y la injusticia.

La Fiscalía General como coartada para la criminalidad empresarial

Durante la administración de Eduardo Montealegre, la Fiscalía fue sospechosamente ineficiente en la investigación del billonario desfalco a la salud pública realizado por la desaparecida EPS SaludCoop, para quien coincidencialmente el fiscal Montealegre había prestado numerosas asesorías legales entre 2001 y 2010 que le reportaron honorarios por cerca de 3.7 mil millones de pesos, según investigación adelantada por el portal “Los irreverentes”[3]. Y ahora estamos frente a una situación similar en la relación de NHMN con el poderoso grupo financiero Aval y la forma sinuosa y selectiva como la Fiscalía adelanta la investigación contra Odebrecht y sus relaciones con Corficolombiana en el saqueo del erario. Con el agravante de que este billonario entramado de corrupción ya ha cobrado la vida, en forma más que sospechosa, de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro. De las conversaciones privadas entre Pizano y NHMN queda absolutamente claro que el actual fiscal conocía de los delitos cometidos por Odebrecht, además de su diligente actuación como abogado de Aval para lograr una transacción entre estas dos importantes y emblemáticas empresas, que le reportó a Aval el reembolso de cerca de 33 mil millones.[4] Pago realizado seguramente con dineros defraudados al Estado colombiano y que NHMN no revela, amparándose en el secreto profesional y en una cláusula de confidencialidad. En otras palabras, el interés privado de Aval y Odebrecht, con sus reservados e inexpugnables acuerdos empresariales, por encima del interés público y la legalidad. Un típico comportamiento mafioso. Algo así como una impunidad legalizada e institucionalizada a favor de la cúpula directiva de Aval y Odebrecht. Y frente a esta actuación del fiscal NHMN, el presidente Duque considera que: “El fiscal General a raíz de esto ha puesto la cara. Vi que le dio una entrevista a Juan Roberto Vargas, vi que sacó una carta pública y yo creo que él tiene que seguir mostrando a la opinión pública esos argumentos, que yo creo los ha presentado oportunamente”. Declaración presidencial que niega radicalmente su supuesto compromiso en la lucha contra la corrupción, pues está contemporizando con la impunidad y la ilegalidad, además de ofender el sentido común de todos los colombianos que repudiamos ese sometimiento del interés general a los buenos negocios y acuerdos secretos entre Aval y Odebrecht con nuestros dineros y el concurso profesional del abogado NHMN.

Lo que sobresale en este recuento de las vicisitudes de la Fiscalía General de la Nación y sus máximos responsables, empezando por los presidentes nominadores o legitimadores de los fiscales generales, es que la han convertida en una Institución-coartada para garantizar la impunidad de los más temibles y criminales poderes de facto que dominan la vida política nacional, tanto los ilegales como los empresariales. Los últimos fiscales generales han sido alfiles encubridores o abogados defensores de dichos poderes de facto, con el respaldo directo o indirecto de los respectivos presidentes: Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque.

Bien se puede parafrasear a García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”, diciendo que en la Fiscalía “cohabitan de la manera más arbitraria la justicia y la impunidad”, porque la han dirigido “leguleyos de manos maestras para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo”. De allí que el problema no se resuelva con la renuncia de NHMN, pues la Fiscalía es hoy una pieza clave para garantizar esta especie de régimen político electofáctico en que vivimos. Un régimen de complicidades criminales en el cual gobiernan los poderes de facto, encubiertos por una densa bruma de legalidad y una corrupta continuidad electoral[5], que garantiza plenamente la inmunidad e impunidad política de sus máximos responsables, debido a esa creciente simbiosis institucional de la política con el crimen y de la indolencia, el cinismo o la ignorancia ciudadana que periódicamente lo ratifica y legítima.




[1] Profesor Asociado Pontificia Universidad Javeriana Cali. (ellano@javerianacali.edu.co).

[2]  Para mayor información sobre los otros responsables, consultar: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html.

[5] - Somos el único país de América Latina, junto a Venezuela, en donde la justicia no ha avanzado en la investigación de los generosos aportes a las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, como en la presencia del senador Duque en Brasil, acompañando a Zuluaga en la asesoría publicitaria de Duda Mendonca, pagada por Odebrecht, ver: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/ivan-duque-estuvo-en-reunion-entre-zuluaga-y-duda-mendonca-52240


martes, agosto 21, 2018

POLÍTICA, CORRUPCIÓN Y GUERRA.


POLÍTICA, CORRUPCIÓN Y GUERRA
Hernando Llano Ángel.

Sin duda, son las tres obsesiones que nos desvelan, atormentan y matan a los colombianos desde hace más de medio siglo. No obstante ser tres cosas diferentes,  forman una sola realidad verdadera, la que vivimos y padecemos todos los días. Una especie de misteriosa, insondable y mortífera trinidad pagana, contra la cual no parece existir exorcismo salvador. Aunque en los últimos años se han practicado al menos tres exorcismos públicos, sus resultados han sido desastrosos. El primero, se llamó séptima papeleta y Asamblea Nacional Constituyente, que promovimos muchos con la ilusión y la ingenuidad propia de nuestra juventud, bajo el ritual de una supuesta “democracia participativa”, y una pléyade de exorcistas encabezados por César Gaviria, Manuel José Cepeda y Fernando Carrillo. Hoy, 27 años después, conocemos sus frustrantes resultados y el significado exacto del “bienvenidos al futuro”, trasmutado en ese horrendo y destemplado trío conformado por Gaviria, Uribe y Pastrana, que han catapultado a la presidencia a un joven barítono, seguramente para que la tonada de la corrupción y la guerra suene un poco distinto y deje de ser tan estridente y cacofónica. Incluso, para que en medio de tanto barullo, consulta popular anticorrupción, promesa de pulcritud y supuesto manejo técnico de la República --eso sí, sin asomo de política--  como lo anuncia sin rubor el presidente Duque, olvidemos la nota esencial de la corrupción, que es precisamente la apropiación privada de la vida pública.

Corrupción política: apropiación privada de la vida pública

Y la nota esencial de la corrupción es precisamente la apropiación privada de lo público –la privatización y personalización de la política-- que hoy se expresa en esa obsesión del presidente Duque al conformar un gabinete ministerial muy bello, joven y pulcro, supuestamente ajeno por completo a la política, que no se dejará manosear de ese antro de corrupción llamado Congreso. Un gabinete ministerial que tuvo que reforzar con una nómina paralela de asesores presidenciales, cuyos austeros emolumentos pagaremos todos los colombianos. Para comenzar, un buen ejemplo de transparencia y austeridad, completamente ajeno a la corrupción y lejano del “Estado derrochón”, que tanto fustiga su “presidente eterno”. Semejante impostura maniqueísta y ausencia de austeridad administrativa del presidente Duque es una de las más deplorables expresiones de la corrupción estatal y de lo público. Un presidente que empieza a gobernar denostando de la política y ufanándose de que su gabinete ministerial será “técnico, competente y no político”, como si se tratará de la junta directiva de una empresa privada, difícilmente gobernará con una visión democrática del interés público y será más proclive a definir lo público desde los intereses corporativos y privados. Ya su joven, competente y hermosa ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, lo anunció: “Tengo que convencer al presidente Duque sobre el fracking” (https://www.elespectador.com/noticias/nacional/es-posible-hacer-fracking-de-manera-responsable-ministra-de-minas-articulo-805901).

Como si el uso del fracking fuera algo que sólo compete y decide el presidente con su ministra y no tuviera la capacidad de afectar en forma irreversible a todos los colombianos y a nuestro derecho constitucional  y  bien público superior de la sostenibilidad ambiental. Si la ministra llegase a convencerlo, incluso con todos las formalidades legales, sería un acto gravísimo de corrupción pública, seguramente impune y técnicamente “inofensivo” para favorecer la explotación y ganancia de las empresas petroleras. Un acto de corrupción plutocrático en perjuicio de las mayorías presentes y de las futuras generaciones, irónicamente auspiciado por quien dice que gobierna y representa una nueva generación política. Una especie de crimen de lesa comunidad ambiental, cometido con las mejores intenciones del emprendimiento nacional. Ojalá que el presidente Duque tenga presente la Constitución Política desde su primer artículo, donde se consagra la prevalencia del interés general sobre el particular, así como los otros artículos relacionados con la función ecológica de la propiedad y la defensa del medio ambiente como bien público superior: artículos 58, 79, 80, 95, 267, 268, 317, 334 y 339. Que no vaya a ser tan laxo y creativo como cuando juró su cargo, con la expresión de solo “prometo defender la Constitución”, cuando su primer deber es “cumplirla fielmente”, pues el inefable Macías se apropió indebidamente del artículo 192 de la Carta,  al preguntarle:  “Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. Gajes de un mediocre bachiller en una responsabilidad que lo sobrepasa e ignora por completo el protocolo constitucional de la investidura presidencial.

Pero mucho más preocupante es el ministro de Defensa, Guillermo Botero, casi “presidente eterno” de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, quien está convencido que el problema de contener y disminuir drásticamente la siembra de coca es un asunto de erradicación forzosa de los cultivos ilícitos –¡como si la naturaleza fuera criminal e ilegal!--  devastándola con el cancerígeno glifosato[1], con mayor control  policial y represión militar, desconociendo la complejidad del asunto y el fracaso rotundo de la llamada “guerra contra las drogas”.

La guerra contra las drogas, máxima corrupción de la política

Ignorando que dicha guerra es precisamente la máxima corrupción de la política, no sólo por los propósitos que movieron a Richard Nixon a declararla[2] –controlar y reprimir a los jóvenes y afroamericanos que estaban contra la guerra de Vietnam, criminalizándolos y estigmatizándolos como un peligro para la seguridad nacional— sino especialmente porque el Estado colombiano no ha asumido su responsabilidad histórica, política, social y constitucional de impulsar el desarrollo rural legal y reconocer a los campesinos “raspachines” como ciudadanos y no como delincuentes, concertando con ellos la sustitución de la coca, según lo convenido en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Lo cual revela otro rasgo de la corrupción política, quizá el más sutil y por ello imperceptible de la guerra contra las drogas: el mal lo encarna la “mata que mata” --la tonada favorita del gobierno de Uribe— los narcotraficantes, los narcoterroristas, los raspachines, y va desapareciendo la responsabilidad de los comerciantes ilegales de los precursores químicos[3], de la logística empresarial de su importación, circulación y venta, del fabuloso entramado financiero que lava ganancias impecable e impunemente. De esa penumbrosa parafernalia que se extiende por la economía legal y la política institucional, con su narcoparapolítica, proceso 8.000 y cubre las más altas esferas estatales y empresariales, casi sin percatarnos. Porque la corrupción siempre es de los otros: los narcos, nunca responsabilidad directa o indirecta del sistema político y social, mucho menos de la creciente demanda de sus consumidores nacionales e internacionales. Con semejante razonamiento jamás podremos reconocer la verdad, que la corrupción es una relación ilegal de complicidades, privadas y públicas, para beneficio de pocos y perjuicio de todos. Es la cultura del atajo y de la ilegalidad, el reino de los “vivos bobos”.  Y así corremos el riesgo de eximirnos y señalar que los corruptos son únicamente los políticos y por eso muchos honestos y pulquérrimos ciudadanos detestan la política –para ellos, una nauseabunda actividad manchada de sangre y codicia, bien disimulada bajo edificantes discursos y ademanes corteses— motivo por el cual nunca votan. Como magistralmente lo sentenció Edmund Burke: “Los políticos corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”

Tercer Exorcismo: Consulta Popular Anticorrupción

Por eso, el próximo domingo 26 de agosto de 2018, vamos a realizar un tercer exorcismo, esta vez contra la corrupción política, después de haber fracasado el 1 de octubre de 2016 en el exorcismo mayor y más vital, como era votar  contra la guerra y por la paz política, pues el 63% de los ciudadanos habilitados no se pronunciaron ni a favor, ni en contra: se abstuvieron de promover y defender la vida de todos, demostrando así que la guerra y la abstención electoral son la fuente de la corrupción que nos afecta y  continúa matando.

LA TERCERA ES LA VENCIDA

Dice el refrán popular que la tercera es la vencida, por ello hay que salir a votar. De lo contrario, si en la consulta vuelve a ganar la abstención, habrá que concluir que la corrupción no está tanto en la llamada clase política, sino en la indolencia, la ignorancia, la pereza y la desidia de quienes no comprenden que la política es una asunto de vida o muerte, tan importante que no se puede dejar en manos de unos pocos. Si gana la abstención y no superamos la mitad  más uno de 12.140.342 votos, es decir, 6.072.172 tarjetones marcados por el Sí en cada una de las 7 preguntas, seguiremos siendo una sociedad de víctimas irredimibles y de victimarios impunes, nunca una sociedad de ciudadanos que exigimos y hacemos respetar nuestros derechos y el interés público. Nunca seremos una democracia real. Seguiremos siendo esta plutocracia cacocrática, al mando de diestros y astutos gobernantes, que logran hacer prevalecer sus intereses personales sobre los generales. Lo privado sobre lo público, supuestamente en nombre de la democracia, incurriendo así en la mayor y más grave corrupción semántica y política, la corrupción de la vida pública. No vaya a ser que el próximo domingo se confirme lo que ya circula por las redes sociales, que en Colombia la gente vota contra la paz y a favor de la corrupción. Sin duda, votando el próximo domingo SÍ en cada una de las 7 preguntas, no se acabará la corrupción política, pero empezaremos a ser responsables de que ella no se perpetúe impunemente y lo público siga siendo un botín usufructuado por unos pocos y empiece a ser un ámbito defendido por todos y en beneficio de las mayorías. Al menos habremos dado un primer paso como ciudadanía hacia la democracia. Tal es el principal significado de la Consulta, por eso hay que votarla multitudinariamente, contra aquellos que prefieren seguir escuchando el destemplado trío de Uribe, Gaviria y Pastrana, tan cínicamente profesionales que son capaces de salir a votarla, pero marcando aquello que más les conviene, pues el voto es libre y secreto.

(Profesor Asociado, Pontificia Universidad Javeriana, Cali. ellano@javerianacali.edu.co) Agosto 20/18.




[3]- Siendo uno de los más prósperos importadores, Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno durante la Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez, cuya accidentada y trágica muerte no se ha podido aclarar:


jueves, julio 19, 2018

Ivan Duque y los peligros de la violencia maniquea.


Iván Duque y los peligros de la violencia maniquea

Hernando Llano Ángel.

El más grave problema político de Duque es moral. Y lo más grave de ese problema moral es que es nacional. Su mejor exponente, en la arena política, es Álvaro Uribe Vélez. Básicamente consiste en una convicción de superioridad moral indiscutible   -pero también indemostrable, como una especie de dogma de fe- que permite y tolera el ejercicio de una violencia considerada buena y justa contra otra violencia estigmatizada como absolutamente mala e injusta. La cuestión no es baladí y tiene un trasunto de larga data en la vida política y en el debate académico.

“La violencia considerada legítima”

Para no ir muy lejos, en muchos claustros universitarios se enseña todavía, sin ninguna reflexión crítica, como una verdad revelada, la célebre definición de Max Weber del Estado -en su no menos célebre conferencia “La política como vocación”- según la cual es “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”, pero omiten que su autor advirtió más adelante, entre paréntesis, (“es decir de la que es vista como tal”). Y allí es donde radica el peligro y las consecuencias funestas del ejercicio de la violencia, pues dicha consideración de legitimidad deriva de muchas influencias y vertientes diferentes, siendo la religión y las costumbres las más poderosas. Por ejemplo, ningún cristiano auténtico, puede legitimar la pena capital o de muerte, pues la vida sólo deriva de Dios y no del Estado. Y lo anterior no es solo una convicción o un principio de orden político, entre otras consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, sino un dogma de fe para todo cristiano.  Y, curiosamente, en un país como el nuestro, de profunda tradición cristiana, se suele tolerar y hasta auspiciar la violencia como una de las formas más eficaces para alcanzar la “paz y la seguridad”. Tal el credo de la mal llamada “seguridad democrática” y sus crímenes de lesa humanidad, cínicamente denominados “falsos positivos”. Es más, hoy se aplaude que la violencia se descargue de nuevo contra la naturaleza, con todas las consecuencias nocivas y hasta fatales, propias del glifosato, para exterminar los sembradíos de coca, calificados como “cultivos ilícitos”. ¡Cómo si la naturaleza, en sí misma, fuera criminal e ilegal! Incluso la campaña oficial durante las administraciones de Uribe rezaba “La coca, la mata que mata”, ignorando la portentosa riqueza de esta planta, no gratuitamente considerada sagrada por los pueblos originarios que la llaman “Mama Coca”.

Mama Coca

Propiedades exaltadas por estudios científicos, entre otros de la Universidad de Harvard, que revelan, en una investigación realizada en 1975 sobre el "Valor nutricional de la Coca", su aporte a la dieta alimenticia: “60 gr. de coca por día colman las necesidades de calcio”. Incluso nuevas investigaciones comprueban su utilidad científica en biomedicina y farmacia, que pueden ser consultadas en: http://www.eurosur.org/COCA/c8documento1.htm. Hace menos de 40 años se procedía igual, fumigando la marihuana con paraquat, entonces considerada la yerba maldita. Hoy es una yerba bendita por sus usos medicinales y, en lugar de fumigarla y exterminarla, se la cultiva y cuida como una rentable fuente de ingresos, aprovechada en su mayoría por empresas extranjeras.  Y, así las cosas, gracias a una rigurosa regulación legal, la marihuana en cierta medida ha dejado de ser ilícita, fuente de violencia letal y de corrupción política, para convertirse en un filón de la industria farmacéutica. De planta criminal se convirtió en medicinal, en virtud de la alquimia política y legal, que comenzó por el abandono del maniqueísmo punitivo, promovido por el prohibicionismo federal y la DEA, su agencia antidrogas, hoy en retroceso en 29 estados que legalizaron su uso medicinal y en 8 donde es legal también su uso recreacional: Alaska, California, Colorado, Washington, Massachusetts, Nevada, Oregon y Washington D.C.  

La alquimia coquera: regular en lugar de criminalizar.

Podría acontecer lo mismo con la coca, si Duque tuviese la osadía de abandonar esa mentalidad maniquea y represiva, que en efecto ha convertido a la Coca en una mata que mata a muchos líderes sociales, considerados como blancos militares por la codicia de los narcotraficantes y de las organizaciones ilegales, que derivan gran parte de sus ingresos del control de los territorios donde se cultiva y procesa, como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y algunos sectores del ELN. Pero Duque parece incapaz de pensar de otra forma distinta al credo prohibicionista, pues lo primero que hizo fue viajar a Estados Unidos y solicitar más ayuda punitiva para continuar depredando con glifosato nuestros bosques tropicales, amenazando la salud de la población campesina y, de paso, agudizando la persecución mortal de los líderes sociales opuestos a los intereses de toda esa parafernalia, legal e ilegal, aniquiladora de nuestra naturaleza, vida social y política. La alquimia legal podría regular la coca, en lugar de criminalizar su existencia, conteniendo así la estela de violencia, que incluso puede derivar en genocidio de líderes campesinos y en ecocidio irreversible de nuestros bosques tropicales. Obviamente que esa alquimia legal requiere un apoyo internacional considerable, al parecer completamente descartado por Duque, pues el prohibicionismo y su maniqueísmo es funcional a los intereses considerados correctos, legítimos, legales y buenos, promovidos por los Estados Unidos y toda su tramoya de beneficiarios: complejo industrial militar, agencias de inteligencia y antidrogas, mundo financiero e industria química productora de precursores. Para todos ellos, nada mejor que continuar la “guerra contra las drogas”, sustentada en esa creencia de superioridad moral que asiste al prohibicionismo, cuyo efecto indiscutible, como lo expresó Milton Friedman, premio nobel de economía en 1976, es que "si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto", ya que su precio aumenta en proporción directa a su mayor persecución y represión estatal.

El maniqueísmo de la violencia política

Pero además de la anterior violencia, derivada del maniqueísmo prohibicionista, Duque está a punto de devolvernos a los estragos de la violencia política, con su obsesión revanchista y justiciera de ver primero condenados  a los 10 miembros de la FARC antes que en sus curules en el Congreso, como quedó consignado en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón y en la Constitución Política en el Acto Legislativo 01 de 2017, que los somete a las penas alternativas de la JEP sin impedirles el ejercicio de la política. Pues de eso tratan todos los acuerdos políticos de paz, transitar del uso mortal de las armas al uso legal y vital de las palabras en los parlamentos. Lo cual no deja de ser curioso, pues en el referendo impulsado por el entonces presidente Uribe en el 2003, en su punto 6, se incluyó este extenso parágrafo, que tenía como finalidad exclusiva favorecer a los miembros de los grupos paramilitares:

“Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que se realizarán antes del 7 de agosto del año 2006, o nombrar directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados. El número será establecido por el Gobierno Nacional, según la valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refiere este artículo, serán convenidos entre el Gobierno y los grupos armados, y su designación corresponderá al Presidente de la República. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos para ser congresista, diputado y concejal”.

La generosidad y favorabilidad política del entonces presidente Uribe frente a los miembros de los grupos paramilitares, lo llevaba incluso a ofrecerles curules en todos los cuerpos representativos, Concejos Municipales y Asambleas Departamentales, y a no “tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos” para posesionarse, sin exigirles pagar previamente penas ante la justicia y mucho menos frente a sus víctimas, ni siquiera mencionadas. Seguramente porque valoraba dicha violencia como justa y necesaria, moralmente buena, pues garantizaba seguridad inversionista en su lucha contrainsurgente. Por eso ahora, frente a la participación política en el Congreso de los diez miembros de la FARC, la valoración del presidente electo y de todo el Centro Democrático es totalmente opuesta, pues sin duda la violencia de las FARC-EP era moralmente mala por ahuyentar la seguridad inversionista con sus extorsiones, secuestros y atentados criminales. De allí su oposición visceral a que ocupen las 10 curules en el Congreso el próximo 20 de julio, como si fue furibundamente aplaudida un 28 de julio de 2004 la presencia en ese recinto de Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque (casi tocayo del presidente electo, más conocido con su alias de Ernesto Báez, el secretario político de las AUC) y Ramón Isaza, el contraguerrillero más viejo del mundo, como heroicos protagonistas de la violencia considerada buena. La moraleja de esta historia inconclusa es obvia, en lugar de cerrar el ciclo mortal y vergonzoso de la violencia política, estamos a punto de abrir otro, todo ello supuestamente en nombre de la “justicia y de las víctimas”, pero sólo las atribuidas a las FARC-EP, pues las causadas por miembros de la Fuerza Pública no son tal, porque a ellos los ampara la presunción de inocencia y a las víctimas la de culpabilidad: “no estarían cogiendo café”, dijo entonces el presidente Uribe sobre los primeros “falsos positivos”. Un ciclo que ampliaría la guerra contra las drogas y por la “democracia”, ya que Duque se cree predestinado a liderar el derrocamiento del “narcodictador” Maduro y pasar a la historia como el chico bueno, el demócrata de América, aupado por Uribe y Trump, haciendo una moñona inolvidable: extraditar el mayor número de dirigentes de la FARC y tumbar a Maduro. Poco importa el número de víctimas, pues son otros los que ponen la carne de cañón: heroicos soldados de la Patria contra malvados narcoterroristas y un número siempre impreciso, pero mayoritario, de civiles contabilizados como daños colaterales.



lunes, junio 25, 2018

Pobre Iván


Pobre Iván
(Junio 19  de 2018)
Hernando Llano Ángel.

A Iván Duque no hay que felicitarlo, sino compadecerlo. Su consigna central de campaña y de gobierno: “Un futuro de todos y para todos”, difícilmente podrá ser realidad si gobierna con quienes han expropiado a la mayoría de colombianos el presente en que vivimos. Expropiado en beneficio de sus intereses personales, los de sus familiares, sus socios, los de su entorno partidista, empresarial, de clase social y hasta criminal. El mejor ejemplo de ello, es Álvaro Uribe Vélez, que como presidente confundió la patria con la fratría, es decir, con la prosperidad de sus emprendedores hijos, favorecidos con la famosa Zona Franca de Mosquera[1]. Continuando con esa difusa y vasta red de empresarios agrícolas, beneficiados por “Agro Ingreso Seguro”, sin dejar de mencionar la red más tenebrosa, tejida por las antiguas Convivir, cuando era gobernador en Antioquia, y su posterior metamorfosis en Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tanto las legales Convivir como las ilegales AUC, anegaron en sangre la tierra despojada a campesinos, comunidades negras y pueblos indígenas. Según las investigaciones realizadas sobre el despojo y el desplazamiento forzado, se calcula que el número de hectáreas arrebatas por grupos paramilitares y guerrilla, oscila entre 6.5 y 10 millones, justamente durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe[2]. 

Un futuro incierto

Si en verdad Duque va ofrecer un futuro a los despojados, tiene que empezar por restituirles las hectáreas que les fueron arrebatas a sangre y fuego, afectando así a gran parte del entorno social y económico que respalda furibundamente a Uribe y votó masivamente por el “duquismo”. Su visión de la justicia, entonces, se debatirá dramáticamente entre brindar seguridad jurídica a los despojadores y compradores oportunistas –que presentarán títulos de propiedad y alegarán su buena fe--   y los reclamos angustiosos de los campesinos y comunidades despojadas, sin más títulos que los de su sudor, trabajo y sufrimiento familiar. Por las reservas y críticas que el Centro Democrático ha formulado contra el primer punto del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral y el avalúo catastral multipropósito, es muy probable que la visión “duquista” de la justicia sea la de la iniquidad, muy próxima a la seguridad jurídica, y no la de la equidad, consubstancial a la verdad.  Entonces el futuro para las víctimas será demasiado incierto y el de los victimarios muy promisorio. Pronto lo sabremos, con sus nombramientos en el Ministerio de Agricultura y la suerte de las Agencias estatales encargadas de la restitución de tierras, así como con su impulso en el Congreso de las normas, aún no expedidas, para hacer realidad la Reforma Rural Integral. Por lo pronto, en el proceso de empalme presidencial, convendría conocer el estado actual de la implementación de la RRI, para saber exactamente cuánto de lo pactado se ha cumplido y qué tipo de futuro pueden esperar las víctimas del despojo.

¿De la justicia transicional a la proporcional?

En el campo en donde sí se empieza a vislumbrar algo de futuro es en el de la justicia transicional. Pero todo parece indicar que es el de la procrastinación penumbrosa, para que su reglamentación la definan las nuevas mayorías gobiernistas en el Congreso, atendiendo la petición del presidente electo. Mayorías que promoverán ajustes al Acuerdo de Paz en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)[3], para intentar a toda costa que haya menos verdad, afectando con ello la justicia, la reparación de las víctimas e incluso poniendo en riesgo la repetición de nuevos ciclos de victimización. Ello se deduce del sabotaje del Centro Democrático y las nuevas mayorías en el Senado a los mensajes de urgencia e insistencia del presidente Santos para que en esta legislatura se apruebe la ley procedimental de la JEP. Y el adjetivo proporcional es el que califica las reformas que el presidente electo, Iván Duque, y su bancada mayoritaria en el Congreso harán al SIVJRNR.

Proporcionalidad de la justicia según las violencias

 No se precisa demasiada suspicacia para comprender que el alcance de la justicia proporcional estará determinada por la identidad de los presuntos responsables de los crímenes internacionales,[4] que son competencia de la JEP.  El presupuesto ideológico y valorativo del Centro Democrático y del programa de Duque descansa sobre el principio inamovible de que tales crímenes no revisten la misma gravedad si fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública u otros agentes estatales, quienes jamás podrán ser igualados con los “narcoterroristas” de las FARC. De allí, la necesidad de una justicia proporcional, para tales agentes estatales. El trasfondo de esta proporcionalidad no es otro que la aceptación explícita o tácita de la incuestionable legitimidad de la violencia estatal y su presunta superioridad moral, que sería en este caso la buena y justa, para combatir sin límite alguno a la violencia mala e ilegítima de los “narcoterroristas”. De esta forma se estarían justificando crímenes de Estado como los ilegítimos e ilegales “falsos positivos”, las desapariciones forzadas y operaciones militares, como la de “Orión”, en la comuna 13 de Medellín, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario[5]. Operación Orión realizada por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez y su entonces ministra de defensa, Martha Lucia Ramírez, quienes más temprano que tarde tendrán que comparecer ante el SIVJRNR, para presentar sus versiones sobre lo acontecido. En el caso del “presidente eterno”, especialmente por lo sucedido durante sus años al frente de la gobernación de Antioquia (1995-1997). Con mayor razón, cuando nuestra Constitución en su artículo 6 señala: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Y, como si lo anterior fuera poco, en el Manifiesto Democrático, en el punto 33 del programa de gobierno del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe, se afirma: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.  Así las cosas, Iván Duque se encuentra frente algo más que una “encrucijada en el alma”, junto a su vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y el “presidente eterno”, Álvaro Uribe Vélez. Sin duda, es la encrucijada de toda una nación frente a su pasado, presente y futuro de violencia política, que debe afrontar con la crudeza de la verdad o el eufemismo y la mentira de una “justicia proporcional”. Parece que lo que está en juego no es sólo si habrá un futuro de todos y para todos --más allá de su proporcionalidad— sino también si podremos conocer el pasado de todos los participantes en el conflicto armado interno y su responsabilidad -esa sí proporcional a sus roles y cargos—que tienen en el presente que vivimos. Pobre Iván, con semejante responsabilidad presidencial frente al pasado, el presente y el futuro, que son parte de la vida de todos, sin excepción alguna.



Segunda Vuelta Presidencial: Entre tribulaciones, perplejidades e incertidumbres.


SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ENTRE TRIBULACIONES, PERPLEJIDADES E INCERTIDUMBRES
Hernando Llano Ángel

Tales son los estados de ánimo y las inquietudes que predominan ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial. Aparecen en las conversaciones, las columnas de opinión, las redes sociales, los programas de radio y televisión. Es un clima de preocupación y exasperación apenas comparable con el miedo y la incertidumbre que provoca Hidroituango. Queda la sensación de que nuestras vidas están expuestas a resultados impredecibles y que apenas somos espectadores pasivos, sin que podamos hacer nada para definir nuestro futuro. De hecho, esa sensación apocalíptica está presente en las consignas de ambos candidatos. Duque promete “Un futuro para todos” y Petro “Una Colombia Humana”. Pareciera que sin ellos estuviéramos condenados a no tener futuro o ser menos que humanos. Eso nos causa enormes tribulaciones, perplejidades e incertidumbres, pues ambos juegan un rol equívoco y peligroso en la política. El rol de mesías y salvadores, a quienes hay seguir ciegamente. Duque promete llevarnos, cual Moisés, a la “tierra prometida” y Petro hará que seamos humanos. Esa es la falsa disyuntiva que plantean consignas tan generales y emotivas.

EL FUTURO Y LA HUMANIDAD SON NUESTRAS, NO DE DUQUE NI DE PETRO

Pero ni el futuro ni nuestra humanidad dependen exclusivamente de que votemos por Duque o por Petro. Nuestro futuro y nuestra humanidad dependen, en primer lugar, de nosotros mismos y de nuestras decisiones, de nuestra responsabilidad común por forjar una Colombia donde todos nos reconozcamos con las mismas posibilidades y derechos para poder vivir dignamente. Es decir, de recuperar y defender lo público, que empieza por conservar la portentosa biodiversidad que tenemos y continúa por afirmarnos en nuestra maravillosa pluralidad étnica y sociocultural, que nos enriquece como Nación. Y para que lo público nos convoque y reconcilie, necesitamos reconocernos como ciudadanos iguales, sin exclusiones ni jerarquías políticas, religiosas, raciales, de clase o sexuales. Sólo así resolveremos nuestros conflictos y diferencias políticamente, sin violencia, en forma legal y constitucional. Precisamos comprender, vivir y ejercer la política como una controversia civilizadora y no como una confrontación mortal entre “ciudadanos de bien” que excluyen, eliminan, encarcelan y extraditan a los “ciudadanos del mal”. Como si la política fuera un juego de suma cero, que se agota en el triunfo de la derecha sobre la izquierda o viceversa, de los “buenos” sobre los “malos”, en lugar de ser un juego de suma positiva donde todos tenemos derecho a la vida, la igualdad de oportunidades y la pluralidad de valores, creencias e identidades. Ya es hora de abandonar para siempre la política como guerra; la política como la expropiación de lo público en beneficio de lo particular y de la propia familia; la política como relación clientelista entre un “Doctor” y un elector cautivo; la política como el gobierno de los de “clase” sobre los “mestizos, negros e indios”, en fin, del país político sobre el país nacional, como lo denunciaba Gaitán.

VOTAR SIN MIEDO Y SIN ODIO

Es la hora de pensar y actuar como ciudadanos libres y soberanos, que votan sin miedo y sin odio, que se comprometen con la defensa de lo público y la legalidad, pues sin ello jamás podremos forjar una paz estable y duradera. Dejemos atrás los roles de victimarios y víctimas, que empieza por el reconocimiento de la verdad y las responsabilidades de todas las partes que cometieron crímenes de lesa humanidad, unos en nombre de la “justicia social” y otros en nombre de la “seguridad democrática” y la propiedad, sin miedo a perder el futuro.  Es la hora de empezar a reconocer nuestra común humanidad y colombianidad. Por eso mi voto el 17 de junio será por una Colombia más humana, una Colombia que es responsabilidad de todas y todos, no sólo de patricios ubérrimos, duques o plebeyos. Una Colombia sin exclusiones sociales ni revanchas carcelarias, con verdad, justicia transicional, reparación y no repetición. No más víctimas irredentas, sin verdad, y mucho menos victimarios intocables e impunes, sin ninguna responsabilidad. No más cinismo criminal.
(Junio 9 de 2018)

sábado, junio 02, 2018

Un lento despertar a la política.


Un lento despertar a la política
(junio 1 de 2018)
Hernando Llano Ángel.
Más urnas, menos tumbas

El 27 de mayo de 2018 pasará a la historia como la fecha en que Colombia empezó lentamente a despertar a la política. No sólo porque se rompió la tendencia abstencionista, aumentando tímidamente la participación electoral en un 53%, sino sobre todo porque fueron los comicios menos violentos en más de medio siglo. Los comicios en donde las urnas y los votos, símbolos de la democracia, predominaron sobre las tumbas y las balas, emblemas mortales de la violencia política. Las elecciones donde Timochenko, por primera vez, se expresó como el ciudadano Rodrigo Londoño Echeverri, líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y no como el temible comandante de las FARC-EP, asumiendo así el desafío histórico de romper el fatal vínculo de la política con la guerra, junto a más de 10.000 exguerrilleros. Sin duda, el mayor avance político en nuestra historia contemporánea, pues empezamos a comprender vitalmente que la democracia comienza cuando podemos contar cabezas en lugar de cortarlas, parafraseando a James Bryce.  No deberíamos olvidar --en medio del pueril jolgorio electoral de los ganadores--   que entre 1958 y 2012 se cortaron por los menos 220.000 cabezas de compatriotas, de las cuales el 81.5% fueron civiles y el 18.5% restante combatientes, como se puede verificar en el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”[1]. Es decir, aproximadamente de cada 10 víctimas mortales, 8 fueron civiles. Poner fin a esta barbarie, de alguna manera se reflejó en las urnas, pues la suma de los votos por todos los candidatos comprometidos  con el cumplimiento del Acuerdo de Paz fue de 11.245.369[2], frente a los 7.567.439 votos por Iván Duque, quien se opone a la savia vital del acuerdo: la participación política directa de la FARC en el Congreso y su amenaza de extraditarlos, pues los califica de narcoterroristas[3].

Más ciudadanía, menos clientelismo

También fue la elección en donde las maquinarias de decrépitos y corruptos partidos se quedaron empantanadas, por más que candidatos, como Vargas Lleras, intentara disfrazarse de independiente, respaldando con millones de firmas ciudadanas su aspiración presidencial, renegando así de Cambio Radical que lo dejó a la vera del camino con sus miles de vivienda y su portentosa capacidad ejecutiva. Las firmas válidas que lo respaldaron fueron 2.752.287 (la Registraduría le anuló el 48%, pues había presentado 5.522.088)[4], y la votación que obtuvo fue de apenas 1.407.495. Una contundente demostración del desgaste y los límites del clientelismo, frente al surgimiento de una significativa votación de ciudadanos, mucho más que de simple electores, a favor de candidatos como Petro, Fajardo y de De la Calle, cercana a los 10 millones. 

El PAÍS POLÍTICO Y EL PAÍS NACIONAL

Por la forma como se están alinderando los respaldos a los candidatos, parece estar reeditándose la famosa expresión gaitanista. De un lado, todo el país político, desde el ejecutivo Vargas Lleras y sus huestes de jóvenes, por lo demás modestos y radicales “demócratas”, como Rodrigo Lara, David Luna y Carlos Fernando Galán. Continuando con el inefable César Gaviria y su numeroso séquito de liberales travestidos en “centrodemócratas” y tránsfugas de segunda vuelta electoral. Sin olvidar el respaldo monolítico del partido Conservador, legado por Andrés Pastrana a Álvaro Uribe Vélez, cuando lo asociaba con el para militarismo como digno para regentar el “corrupto partido conservador” –según expresiones del propio Pastrana-- que ahora parece haber olvidado: https://www.youtube.com/watch?v=JCxY2gkDFtM.

Y con esa generación de virtuosos políticos aspira llegar a la Presidencia de la República el joven Iván Duque, ajeno por completo a esas prácticas clientelistas y corruptas, líder totalmente impoluto, para acabar con la “mermelada” y librar, como lo hizo su padre político adoptivo, Álvaro Uribe Vélez, durante ocho años, una lucha implacable y denodada contra “el clientelismo y la corrupción”.El mismo “presidente eterno”, que le pidió “a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria”, como puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=B0qW21fXioo.  Si Duque llega a la Presidencia y cumple su promesa de “cárcel para todos los corruptos”, se arriesga a perder las mayorías políticas en el Congreso. Incluso puede llegar a ser una grave amenaza para el “presidente eterno”.  Así las cosas, se comprende plenamente lo que significa su consigna de campaña: “Duque es el que es”. En efecto, es el candidato del Establishment, del País Político que ha gobernado impune e irresponsablemente desde siempre contra el país nacional, que definía así Gaitán:

“En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”

Drama que hoy adquiere una dimensión más compleja, pues ese país nacional se encuentra fragmentado, dividido y estigmatizado por el país político, gracias a la unidad de sus astutos y hábiles dirigentes, que proclaman a Duque como el salvador de Colombia, guiado por la inteligencia superior del “Presidente Eterno”, Álvaro Uribe Vélez. Un pueblo fragmentado en los liderazgos representados por Petro, Fajardo y De la Calle. Dividido, porque se debate entre el miedo, la esperanza, los prejuicios y los odios. Un pueblo que no puede dejar de votar el próximo 17 de junio o girar un voto en blanco contra su propio destino y ser estigmatizado como el principal responsable de la futura crisis y hecatombe nacional, pues si no vota por Duque, entonces Colombia se convertirá en un infierno peor que Venezuela y Nicaragua juntas, víctima del populismo de izquierda que estimula la lucha de clases, el odio y la miseria entre hermanos. La única forma de evitar semejante escenario dantesco es despertando todos al mundo de la política, reconociendo que no existen salvadores y Mesías, sean de derecha o izquierda, que vendrán a redimirnos. Votando masivamente en las urnas, para disuadir a quienes prefieren las tumbas. Por eso debemos reconocernos como una ciudadanía que se libera de héroes y revolucionarios, del “patricio” Duque contra el “plebeyo” Petro y se resiste a la mentirosa división de “ciudadanos de bien” que combaten a los del mal, hasta erradicarlos, encarcelarlos o extraditarlos del territorio nacional. Más nos vale que recordemos las palabras de Belisario Betancur, en su discurso de posesión presidencial:

“Dejemos de ser federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”.

Ya hemos empezado a poner fin a la violencia política, pero estamos muy lejos de superar tanta injusticia, y para ello definitivamente necesitamos ser “hermandad de iguales” y no perpetuar más la división entre un País Político, conformado por imaginarios Patricios destinados a gobernar por siempre el País Nacional, integrado desde la colonia por supuestos ignorantes y bárbaros plebeyos, indios y negros que les debemos obediencia y gratitud eterna. No más votos atados al clientelismo, el miedo y el odio, seamos por fin ciudadanos libres, responsables y fraternos, que deciden soberanamente en las urnas. La segunda vuelta puede ser nuestra segunda oportunidad sobre esta tierra, convirtamos en realidad el sueño de García Márquez.








[2] - Gustavo Petro: 4.850.475; Sergio Fajardo: 4.588.299; Germán Vargas Lleras: 1.407.495 y Humberto de la Calle: 399.100. Incluso, descontando los votos por Vargas Lleras, la suma sería de 9.837.874 frente a 7.567.439 de Duque.
[3] - De ser así, habría que reconocer que son los narcoterroristas más ingenuos del mundo, pues renunciaron a su fortuna para hacer política. Pero quizá algo de razón tenga Duque, ya que en nuestro país la política resulta ser más rentable y segura que el narcoterrorismo, como bien lo sabe Popeye, que respalda entusiastamente a Duque, el Centro Democrático y el “presidente eterno”, Álvaro Uribe Vélez, que parece será desplazado transitoriamente de tal dignidad por Duque.

jueves, mayo 10, 2018

Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz.


Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz
(http://calicantopinion.blogspot.com.co/)
Hernando Llano Ángel

El narcotráfico no es un delito conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper's Magazine:

"¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?", me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. "La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”.

Y pronto se agregó a la lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.

El “Bien” contra el “Mal”

Una nueva guerra emprendida por el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el Bien combatiría sin fronteras, ni limitaciones, con Tratados de Extradición, el Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera industria del narcotráfico.

A fin de cuentas, “raspachines” que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc-Ep y ELN, que contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y la “guerra anti-imperialista”. Y, para completar el perfecto teatro de operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar, profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la fracasada guerra contra las drogas.

¿Victoria de los “narcoguerreros” y derrota de los “narcopolíticos”? 

Y lo que ahora llama a la estupefacción --incluso más que la generada por las combatidas drogas-- es que quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico, para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta FARC-EP, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia. 

De consolidarse el anterior escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo corroboran (en EEUU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia: Belisario, Barco, Pastrana y Uribe),  frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama, Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de “sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y, el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la erradicación forzada, a cambio de proporcionar las FARC-EP las condiciones para que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos, integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes, abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como aconteció en Tumaco.

Contra una guerra pérdida, una política responsable y sensata: “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”.

Pero también hay que resaltar que, en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda guerra, se expresaron en la “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo el título: “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio Paradigmático”:

“Convocada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de la "guerra contra las drogas" y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.

No obstante, la sensatez de dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano, en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un "esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la moralidad", en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:

"Una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico", es una "droga creadora de hábito", "veneno protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales". El hombre blanco tiene la misma tendencia, salvo que "por el hecho de estar más evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel” [1].

Según lo anota el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda” [2].

Por eso es la hora de la regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario, es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico (Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad, carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados, como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe, tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato, totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial, incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos.  Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:

"Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo lícor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”. (3)

Un “Bien” que estimula el “Mal”

Con la templanza y la virtud de Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su dominación y perpetuar  una guerra pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo, dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable, la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP, pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido, lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.

(1) Citado por Muso F, David Md, (1993) en su libro “La enfermedad americana”. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.
(2) Short, Martin (1986) “Mafia, la sociedad del crimen”, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.
(3) Short, Martin (1986) “Mafia, la sociedad del crimen”, Barcelona, Ed. Planeta, pp. 70.