DE-LIBERACIÓN
Octubre 31 de 2009
(http//:calicantopinion.blogspot.com)

¿Un Estado de opinión putrefacto o una opinión en estado de putrefacción?

Hernando Llano Ángel.

Es tal el cúmulo de escándalos de corrupción que se amontonan en la vida política nacional, que bien vale la pena preguntarse si la putrefacción es la esencia del famoso Estado de opinión proclamado por el presidente Uribe o, quizás suceda lo contrario, y dicho Estado sea la expresión más fiel de una opinión putrefacta, que convalida sin ningún escrúpulo el escándalo de cada nuevo día. Es probable que un asunto tan estrechamente relacionado con la esencia de nuestro régimen político, irrigado desde la Violencia hasta nuestros días con la sangre y el sudor de muchos para la fecundidad y la riqueza de unos pocos, no se pueda plantear bajo esa falsa disyuntiva. De alguna forma la realidad actual es el producto más logrado de la conjunción de ambas dimensiones. Un Estado de opinión tan descompuesto tiene su sustento en una opinión putrefacta, que no merece el calificativo de ciudadana.

Vidas desechables y dineros sagrados

Una opinión para la cual la corrupción de Agro, Ingreso Seguro es más intolerable que aquella que ha engendrado los “falsos positivos”, cuya matriz es la intocable y “exitosa” política de “Seguridad democrática”, es una opinión tanática y putrefacta. Una opinión que considera que la vida de jóvenes citadinos y de campesinos anónimos no tiene casi valor, pues su crecimiento desbordado y marginal los convierte en materia desechable y también reciclable. Lo saben bien todos los reclutadores de la muerte, que tanto ganan con la guerra. Empezando por aquellos que en nombre de la paz invierten millones de dólares en la remodelación de Bases Militares e invocan la Patria para simular soberanía y violar la Constitución. Continuando con los soldados campesinos que son inmolados como héroes de la patria o los campesinos guerrilleros desmembrados y desaparecidos como terroristas apátridas. Hasta aquellos cientos de miles que son desplazados y oficialmente declarados migrantes, según la cínica semántica de una obtusa inteligencia oficial. Pero los anteriores costos son insignificantes y colaterales, pues la inversión de capital nacional e internacional ha crecido exponencialmente y la seguridad se ha recuperado en todas las carreteras, aunque ellas cada día sean menos transitables. En contraste con la anterior minusvalía de la vida pobre, el dinero de los impuestos es sagrado y no se puede tolerar que continúe irrigando en forma irreversible los ubérrimos predios de la agroindustria dedicada a los biocombustibles. El Ministro de agricultura debe ser censurado y destituido.

Por el contrario, quien fuera ministro de defensa, Juan Manuel, como un santo varón, se convierte en precandidato presidencial y en digno heredero de los éxitos y también crímenes de la “seguridad democrática”. Es la inversión absoluta de la vida y sus valores de libertad y dignidad, subordinados a los imperativos del mercado y la seguridad de sus codiciosos inversionistas. Es la corrupción irreversible del Estado, anunciada en forma premonitoria y precisa en los siguientes términos, casi ministeriales, por José Vicente Castaño, en su fallida transición de comandante de las AUC a empresario exitoso, en una entrevista concedida a la revista Semana en junio de 2005: “En Urabá tenemos cultivo de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes.” Sin duda, el espíritu que inspira la política de Agro, Ingreso Seguro.

La putrefacción del Estado de opinión

Es la putrefacción del Estado como consecuencia lógica de la máxima corrupción de la política: su reducción a una guerra sin más horizonte que la muerte o la derrota del contrario. La llamada guerra contra el narcoterrorismo. A partir de entonces incluso la naturaleza es convertida en mortífera enemiga. Ella es “la mata que mata”. Debe ser fumigada con glifosato, expoliada e incluso exterminada. Y sus pobladores, cultivadores y comercializadores, convertidos en “culebras y sabandijas”, según la opinión presidencial, deben ser bombardeados, interceptados, capturados y extraditados hasta su rendición o aniquilación total. Para ello se dotará a siete Bases Militares colombianas de sofisticados dispositivos de inteligencia y se contará con un contingente de sacrificados militares y técnicos norteamericanos, expertos en la “mata que mata”, por un período de al menos 10 años. Incluso aquellos que pongan en duda el triunfo ineluctable del “Estado de opinión” sobre el peligroso estado de naturaleza y sus depredadores, serán sometidos a un tratamiento preventivo y reeducados bajo la asesoría científica del Psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo, conocedor como pocos de los efectos mortales de la “fruta prohibida”. En caso de no surtir efecto tal tratamiento, los apátridas serán extraditados a Estados Unidos, aunque allí oficialmente se empiece a considerar el asunto de la guerra contra las drogas como una derrota cumplida, pues el verdadero enemigo lo tienen en casa y se llama extra-adicción. Una forma más personal y sofisticada de putrefacción del espíritu y el sueño americano, el cual obviamente no puede ser fumigado con glifosato, pues su alto contenido tóxico y letal afectaría grave e irreversiblemente la salud del pueblo norteamericano.

PARÁFRASIS DE LA CRIMINALIDAD POLÍTICA
(Octubre 2 de 2009)

(http://calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel.

1- En Colombia la justicia no se ha politizado. Es el crimen el que se ha politizado.


2- Vivimos en una sociedad tan criminalizada, que ya nadie habla de comprometerse sino de involucrarse.


3- El signo de los tiempos: Los verdugos gobiernan y las víctimas emigran.


4- El progreso electoral: Pasamos de partidos políticos a microempresas electorales y de microempresas a organizaciones criminales.


5- Título de la obra: Referéndum Reeleccionista. Banda Musical: Concierto para delinquir. Vocalista: Luis Guillermo Giraldo. Autor: Álvaro Uribe Vélez.


6- Ejecutorias presidenciales: El narcotráfico se ha politizado; la verdad se ha extraditado y la política se ha criminalizado.


7- Evocación nostálgica: Hace 17 años que Pablo abandonó La Catedral.

DE-LIBERACIÓN
(Septiembre 9 de 2009)

EL RÉGIMEN URIBEFÁCTICO: QUINTAESENCIA

DE LA TRAMOYA NACIONAL

Hernando Llano Ángel.

Álvaro Uribe Vélez encarna la quintaesencia de la tramoya nacional, nombre benévolo y noble para designar nuestra realidad política, que nunca ha dejado de ser “un enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”, para ocultar bajo la etiqueta de una impúdica y mentirosa democracia esta ubérrima hecatombe. Pero hay que ser justo con Uribe y su histórica obra de gobierno, imposible de culminar en dos efímeros períodos presidenciales de cuatro años. Uribe requiere de más tiempo. No es un gobernante cualquiera. Él marca un cambio de época y de régimen.

Un tránsfuga plebiscitario

Para empezar, con su triunfo en el 2002 rompe la tradición histórica del partido liberal, pues como candidato disidente alcanza la Presidencia de la República. Pretensión en la que fracasaron líderes con estatura política y ética muy superior, como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. Ambos fueron asesinados por levantarse contra la violencia más execrable y criminal, aquella que defiende sin límites la codicia de los privilegiados y las ambiciones insaciables de los nuevos ricos, eufemísticamente conocidos como los emergentes. Todo lo contrario representa Uribe. Basta recordar su paso por la Gobernación de Antioquia (1995-1997), su entusiasta defensa de las Convivir, su condecoración al General (r) y hoy encarcelado, Rito Alejo del Río, y la macabra estela de 939 víctimas de grupos paramilitares, que comienza en su primer año de Gobernador con 143 asesinatos, en el segundo supera el doble, con 357 y cierra con un broche de sangre de 439 víctimas. Con razón el excomandante paramilitar Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, hablando sobre las afinidades políticas de Carlos Castaño con Uribe, reveló que: “Cuando aparece Uribe con ese discurso, Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo ví muchas veces reunido con él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos. ¿En que sentido? Recogía ese ideal de la autodefensa, que había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones” . Justamente ese cambio de época está dado por su capacidad para utilizar en beneficio propio los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución del 91, como acudir al referéndum para su segunda reelección, y manipular el miedo a las FARC y la ingenuidad política de millones de colombianos para convertirse así en un tránsfuga plebiscitario, que con sus firmas y en nombre de “Primero Colombia” ha llegado en dos ocasiones a la Presidencia.

Ahora pretende serlo por tercera vez, pero en nombre de “Colombia Primero”, fundación que violó los topes de financiación para la recolección de firmas y recurrió a los generosos aportes de empresas emergentes, como Transval, la encargada de transportar los valores de DMG. Sin duda, Uribe y sus correligionarios, además de ser profesionales del transfuguismo son habilidosos mercaderes de la política. No coincidencialmente Sabas Pretelt, ex presidente de Fenalco, coronó con éxito la negociación con los paramilitares y concertó con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño la reforma de ese “articulito” de la Constitución, según otra famosa expresión de Fabio Echeverri Correa, ese prototipo de empresario y líder antioqueño. Quedan así resumidos los sustentos de la legitimidad plebiscitaria de Uribe: la violencia paramilitar, la codicia de la politiquería, y el miedo de la población, engendrado y alimentado por el terror de las FARC, convertidas en las mejores promotoras de su éxito gubernamental. Pero en esta tercera campaña hay que añadir 2.03 Billones de pesos del programa Familias en Acción para 2.7 millones de hogares, lo cual constituye una cuota inicial nada despreciable para continuar Uribe en su interminable campaña electoral, apenas comparable con Chávez en Venezuela.

El Régimen Uribefáctico

Con el arribo y la prolongada posesión de Uribe de la casa de Nariño, la política se ha convertido en una gran tramoya, “esa máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos”, como es pretender proyectar en el escenario nacional e internacional la imagen de un “Estado de Opinión”, que se autoproclama superior al Estado de derecho y todo ello en nombre del pueblo y la democracia. En la página Web de la Presidencia, el 11 de Junio de 2009, se puede leer este titular: “No es el Congreso quien garantiza la reelección sino el voto del Pueblo: Uribe” y también “La Constitución del 91 eliminó la reelección por componendas políticas. Le quitó ese derecho al pueblo simplemente por componendas políticas”. En fin, un régimen sincrético, producto de esa alianza ignominiosa entre privilegios sociales con criminales privilegiados y de violencia atroz (“falsos positivos”) con imágenes publicitarias (“Colombia es pasión”). Privilegios como los de las grandes empresas y el sector financiero, que en el 2008 reportaron ganancias, respectivamente, por 29.8 y 10.8 Billones de pesos, gracias a la “seguridad democrática”. En el pasado reciente las obtuvieron con la “para-seguridad” brindada por criminales profesionales, hoy traicionados y extraditados a Estados Unidos, para evitar que continuaran revelando los secretos y nombres de los principales artífices de esta tramoya nacional. De aquellos que esperan seguir beneficiándose otros cuatro años e indefinidamente, aún por interpuesta persona. Incluso lo ha dicho “el Alemán”: “Uribe hizo mucho por el país, pero ya es el momento de entregarle el poder a otras personas”. Candidatos sobran para ello. Incluso con perfiles más democráticos y hasta discurso “alternativo”, pero fieles herederos de la “seguridad democrática”. Ya lo había advertido con lucidez otro Álvaro, en la crisis del 8.000, cuando escribió “lo que hay que tumbar es el régimen” y no sólo al Presidente. Y Uribe lo comprendió perfectamente. Consolidó un régimen de criminales poderes de facto. En su cúspide brilla la mezquindad y la soberbia, disfrazadas de democracia y Estado de opinión. En su base abunda el hambre, la codicia, el odio y la revancha a disposición del mejor postor, las más altas recompensas, los menesterosos subsidios y el más hábil embaucador. Como en el pasado, el oro y la escoria se dan la mano. Un clásico como Montesquieu, en su célebre “Espíritu de las Leyes”, escribió: “El gobierno despótico tiene por principio el temor; ahora bien, los pueblos tímidos, ignorantes y abatidos no necesitan muchas leyes. Todo estriba en dos o tres ideas: no se precisa más. Cuando se amaestra a un animal se cuida que no cambie de maestro, de lección ni de paso, y se impresiona su cerebro con dos o tres movimientos nada más”. En efecto, bastó con cambiar un “articulito” y repetir todos los días: “seguridad democrática”, “confianza inversionista” y “cohesión social”. Ahora el animal parece estar domado y el domador no se quiere bajar. Sobre su lomo toma plácidamente tinto y abusa de su ingenuidad y torpeza sin cesar. Ilusamente cree que gobernar es lo mismo que cabalgar. Pero el potro de la ilegitimidad democrática sobre el cual cabalga es brioso y ningún domador, por mañoso o experto que sea, ha logrado llegar a la meta sin antes perder los estribos y morder el polvo de la ignominia, que es peor que una derrota. Como en un espectáculo de rodeo, es cuestión de tiempo su vergonzosa caída. Entonces el público lo chiflará, aunque antes lo haya aplaudido y alentado en su frustrada osadía.

DE-LIBERACIÓN
(Agosto 13 de 2009)

A PROPÓSITO DE LAS BASES MILITARES

Rescato de mis archivos la columna titulada “Los Otros”, escrita para la edición del periódico EL PAÍS del viernes 1 de Febrero de 2002, pero que nunca fue publicada y causó la terminación unilateral de mi contrato y la desaparición de sus páginas de opinión de la columna “Calicanto”. Lamentablemente conserva plena actualidad, pues en ella se hace alusión a la propuesta electoral del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez sobre la necesidad de contar con presencia militar norteamericana en Colombia para profundizar el “Plan Colombia”. La siguiente es la versión como originalmente fue escrita y se quedó esperando en vano su publicación. Posteriormente realicé otras tres versiones, cada vez más breves, a solicitud del Subdirector de Opinión, Luis Guillermo Restrepo, pero tampoco fueron publicadas. El problema no era de espacio físico, sino mental e ideológico. Por eso no tuvo cabida en EL PAIS. Afortunadamente el ciberespacio es ilimitado, por ahora.

LOS OTROS

(Primera Versión)

Hernando Llano Ángel.

Es el título de la estupenda y última película de Alejandro Aménabar, tan cercana a nuestra realidad. En ambas es difícil discernir los límites entre la vida y la muerte. Sus personajes están atrapados en una atmósfera fantasmal, rodeados de miedo, temiendo incluso a la luz del día, refugiados en una hermosa e insondable mansión. El Padre de familia, apenas un espectro, regresa de la segunda guerra mundial y al final desaparece tan misteriosamente como llega. Como espectador, uno se siente fascinado y desconcertado con la trama. La historia genera una especie de miedo metafísico envolvente, pues ignoramos lo que sucede, sin recurrir la película a ningún efecto especial. La trama es tan sutil y a la vez compleja, que impide identificar la maldad o bondad en sus personajes, la verdad o la mentira en sus relatos. Es imposible distinguir entre los vivos y los muertos. Solo al final uno descansa y cree haber descifrado la inteligente trama de su director y guionista, un legítimo heredero de Buñuel y Hitchcock, que mezcla magistralmente el surrealismo con el suspenso.Pero nuestra realidad es mucho más compleja y terrorífica. Al punto que deambulamos en un limbo ambiguo y sangriento, entre la guerra y la paz. Con la enorme diferencia de que somos los protagonistas de la película y en ella se nos va la vida. En la película nacional no tendremos la oportunidad del espectador, al salir del teatro, para empezar a descifrar lo que ha visto, pues es probable que nuestros ojos estén cerrados para siempre. Nos toca optar por ser responsables, en lugar de víctimas o verdugos. De alguna forma, asumir el papel de auténticos ciudadanos.

Algunos lo han hecho, como es el caso de las numerosas Comunidades de Paz de Chocó y Antioquia; los pobladores de Caldono y Bolívar; o los del Magadalena Medio con Pacho de Roux S.J a la cabeza; los de Mogotes, Santander, como auténticos herederos de los Comuneros; las mujeres de la Ruta Pacífica y de Barrancabermeja, junto a los pueblos indígenas Paeces, Guambianos, Aruhacos y U`was. Todos tienen en común que rehúsan jugar el rol de víctimas o verdugos, pues renuncian radicalmente al ejercicio de la violencia por su propia mano, así como a delegarla en un tercero que se manche las manos en su nombre. De esta forma las organizaciones populares, comunidades indígenas y colectivos de mujeres dan lecciones de valor civil y de ética política a cientos de miles de citadinos, confusos y cobardes, que parecen optar por la cómoda y cínica actitud de elegir a un tercero que, con voz desafinada y ademanes corteses, propone a su vez invitar a terceros externos para que salven la patria, invocando una supuesta e inexistente autoridad democrática.

Según el libreto de este exitoso candidato, veremos en la televisión cómo mueren por nosotros los otros, aquellos que heroícamente llegarán del Norte a salvarnos. A todos los que comparten esta Hollywoodense intervención y deliran por eliminar a esos “otros” de hoy, quienes a su vez sueñan con la revancha histórica de gobernar sin los “otros” de siempre, los oligarcas, valdría la pena recordarles que en una guerra civil degrada es imposible distinguir entre los unos y los otros, pues en ella todos perdemos. Más nos convendría ser sensatos y reconocer que no existen “Otros”, responsables exclusivos de la guerra o la paz, pues ambas son consecuencias de nuestras acciones y omisiones. Los “Otros” tambien somos nos-otros. La guerra deriva de nuestra indolencia, comodidad, ambición y soberbia, que delega en otros la forma como vivimos y morimos. Y así nos vamos convirtiendo todos en inquilinos de nuestra propia casa, consintiendo que los otros y los intrusos la ocupen y desmantelen, hasta convetirla en un inmenso cementerio. Entonces reinará la paz de los muertos, como sucede en la fría mansión de “Los Otros” de Aménabar.

(Columna Calicanto para El PAIS, edición del Viernes 1 de Febrero de 2002)
Nota: Esta columna no fue publicada en EL PAIS. Está pendiente su aparición en las páginas de opinión.

DE-LIBERACIÓN
(http://calicantopinion.blogspot.com)

LA HECATOMBE ANDINA: CRISIS DE SOBERANIA Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICAS

Hernando Llano Ángel.

Los últimos acontecimientos políticos nacionales e internacionales nos están revelando que no habíamos comprendido el alcance de la advertencia del presidente Uribe sobre la inminencia de una hecatombe, que haría imprescindible su permanencia al mando de la nave del Estado. Todos pensamos que se trataba de una hecatombe nacional. Ahora estamos viendo que el presidente se refería a una hecatombe de orden regional, la hecatombe andina, que sólo una inteligencia superior como la suya podía avizorar con claridad en el horizonte convulso y gris de nuestros inciertos vecinos. Una hecatombe de la cual, en honor a la verdad, no sólo ha sido un profeta iluminado, sino también un artífice brillante. Sin duda, ella ahora se prefigura nítidamente y en toda su dimensión, con presencia norteamericana y tecnología militar de punta en tres bases militares colombianas, gracias a la inexistencia de un conflicto armado interno en nuestra nación.

Del Post-conflicto nacional al Conflicto Internacional

En efecto, como ahora en nuestro país vivimos la etapa del post-conflicto, él se ha desplazado o migrado hacia las fronteras y se ha convertido en un conflicto de orden internacional que cubre toda la región andina. Por consiguiente, como todo conflicto de tal naturaleza, requiere la presencia de una inteligencia superior a la nacional, la inteligencia militar norteamericana para su cabal discernimiento y eventual arbitramento. Incluso puede precisar la presencia de más países, pues como todos sabemos el monstruo del narcoterrorismo demanda una cruzada mundial para su extinción definitiva de la faz del planeta, cada día más amenazado por esa fuerza del mal, cuya codicia y violencia no tiene límites. Ni siquiera el sistema financiero internacional da abasto para su reciclaje, mucho menos podrá erradicarlo las fuerzas militares y de policía de una sola nación por eficaz, heroica y victoriosa que sea su “seguridad democrática”. Con dicha coartada, que Nixon proclamó como la “guerra contra las drogas”, ahora se abre un nuevo capítulo, la “guerra contra el narcoterrorismo”, y mañana puede abrirse otro frente, la guerra contra los “narco-Estados”, como ya un informe para el Congreso Norteamericano empieza a catalogar a Venezuela. Y para que las piezas de la región armen el rompecabezas de la hecatombe, entonces Ecuador carece de un presidente legítimo, pues contó con el generoso aporte de las Farc en miles de dólares (¡de nuevo la imprescindible ayuda norteamericana!) para alcanzar el solio presidencial. Con semejante prueba reina, el presidente Uribe remite el video del mono “Jojoy” a la OEA para que evalúe la relación de Correa con una agrupación narcoterrorista como las FARC.

La Judicialización internacional de la legitimidad democrática

No demorará Correa en denunciar a Uribe como un político y gobernante que cabalga con destreza y convive con seguridad sobre el potro salvaje del paramilitarismo y sus crímenes de lesa humanidad, desde su época de mandatario antioqueño, hasta nuestros días cuando logró la reelección presidencial gracias a los votos leales de numerosos correligionarios, hoy presos por concierto agravado para delinquir por su asociación con dichos grupos criminales, quienes oportunamente aprobaron en el Congreso su reelección inmediata. Todavía resuena el eco del consejo presidencial a sus parlamentarios sub júdice: “Voten, mientras puedan hacerlo…”, antes de que fueran trasladados a la Picota. Sin duda, otra de las proezas presidenciales en el desmantelamiento de las instituciones democráticas, pues logró transformar el régimen parlamentario en uno semi-penitenciario. Para no mencionar las ya conocidas de la Yidispolítica y la persuasiva creación y asignación de Notarias, según lo confesado por el ex superintendente de notariado y registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, como reciprocidad presidencial ante la rápida comprensión de sus argumentos por parte de numerosos parlamentarios. En definitiva, lo que sobresale en medio de esta disputa andina por los títulos de legitimidad democrática de sus correspondientes mandatarios, es que ninguno aprueba la asignatura. Los tres presidentes están fuertemente afectados por sus alianzas estratégicas o coaliciones coyunturales con poderes de facto de carácter criminal y la manipulación arbitraria de su poder presidencial y los insuperables recursos del presupuesto estatal a su disposición. Se trata, pues, de una profunda crisis de legitimidad y soberanías democráticas, que ninguno de los tres mandatarios puede sortear satisfactoriamente ante la comunidad internacional.

Crisis de Soberanía y Legitimidad democráticas

Porque la primera expresión de un Estado democrático es su soberanía en términos de garantizar la vida, seguridad y dignidad de sus ciudadanos. Y sin duda no es el presidente Uribe y menos nuestro Estado, quien pueda acreditar los mejores indicadores de soberanía y democracia en la región, pues tenemos más de tres millones de colombianos desarraigados por causa de un conflicto armado interno; el mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo; el mayor número de víctimas de minas antipersona y de ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. En fin, la más grave y degradada crisis de carácter humanitario que existe en el continente americano, apenas comparable con el desmantelamiento de la legitimidad democrática y sus instituciones liberales (Estado de derecho, competencia pluripartidista y libertad de expresión) que lideran Hugo Chávez en Venezuela y parece emular Rafael Correa en el Ecuador.

Un Gobierno que erosiona las bases nacionales

El anterior paisaje de inexistentes o precarias legitimidades y soberanías democráticas se torna más hostil e impredecible con la presencia de fuerzas militares foráneas, como las norteamericanas, que de entrada reclaman inmunidad para las acciones de sus hombres, negando así al Estado colombiano la primera manifestación de soberanía: la aplicación de justicia sobre aquellos que delinquen contra su población y en su territorio. Asunto que para el presidente Uribe no parece significar nada, pues se precia en proclamar a los cuatro vientos que ha extraditado más de 800 colombianos a los Estados Unidos, entre ellos a criminales de lesa humanidad que no revelarán a la justicia colombiana y a los familiares de sus víctimas el entramado de complicidades oficiales, empresariales e internacionales en la comisión de semejantes crímenes. Es en tal tipo de decisiones donde la soberanía de un Estado democrático cobra sentido, pues quien lo presida jamás delegaría en un tercero el ejercicio de la justicia y el conocimiento de la verdad. En este evento se puede afirmar que Uribe está socavando las bases políticas y jurídicas de la Nación, cuestión tanto o más grave que permitir a fuerzas militares foráneas el uso de sus bases militares para operaciones de inteligencia sobre su territorio y las regiones limítrofes.

Por último, no deja de ser una amarga ironía que precisamente hoy 20 de Julio, cuando se da inició a la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia de la Corona española, asistamos a la conversión de nuestro territorio en un laboratorio privilegiado para la inteligencia militar norteamericana sobre las regiones andina y amazónica, las más portentosas del planeta en biodiversidad y riquezas inexploradas. Así las cosas, nuestro Estado se convierte en un Estado centrífugo y lunático, que cada día gira y depende más del sol norteamericano, porque Uribe y sus socios parecen haber olvidado que el Sur también existe, desconociendo flagrantemente el preámbulo de la Constitución del 91 donde “El pueblo colombiano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente… se compromete a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. Ahora sólo falta que la obtusa inteligencia de un ex asesor presidencial nos diga que así se promueve la integración afroamericana y el futuro del TLC con Estados Unidos, bajo los designios del carismático e inescrutable Obama, cuya retórica a favor de los Derechos Humanos y contra Guantánamo queda sin muchas bases al promover la ocupación de las nuestras con su personal militar y civil que gozará de inmunidad en nuestro territorio. Una vez más queda claro que el ejercicio imperial de la soberanía no reconoce ningún derecho ni autoridad por encima de sus intereses y los delitos de sus hombres. Tal es el precio del pragmatismo y el realismo político, al cual se debe en primer lugar Obama, como presidente del imperio que es. (Julio 20 de 2009)

DE-LIBERACIÓN

(calicantopinion.blogspot.com)
Junio 17 de 2009

De la constitucionalidad fáctica a la criminalidad constitucionalizada

Hernando Llano Ángel

Este puede ser el titulo de una crónica de ficción constitucional, proyectada por la imaginación desbordada de una mente sin contacto alguno con la realidad política nacional. Pero también puede ser lo contrario. Una crónica realista que concatena los acontecimientos más relevantes de los últimos 20 años de la vida política nacional, para llegar a la conclusión desoladora de su título. Una crónica que tiene como hilo conductor esa relación inseparable e inextricable entre la política y el crimen, la cual ha determinado y lo sigue haciendo tanto los escenarios como los actores protagónicos y secundarios en los principales ámbitos de la vida nacional.

Una constitucionalidad fáctica

Por lo tanto, conviene empezar por el ámbito político constitucional, aquel que enmarca y configura todos los demás. Y en el origen de la Carta del 91, en su génesis no estuvo el verbo, sino la sangre y el crimen. El magnicidio de Luis Carlos Galán perpetrado, entre muchos otros, por Pablo Escobar, el 18 de Agosto de 1989. Magnicidio que estuvo precedido por el genocidio de la Unión Patriótica, de su candidato presidencial Jaime Pardo Leal, y posteriormente de la temprana aniquilación de dos de los más prometedores candidatos de la izquierda democrática: Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León-Gómez. Entonces hizo su aparición el verbo encendido de los estudiantes bajo el patético nombre de “Todavía podemos salvar a Colombia” y el ingenioso recurso de una “séptima papeleta” para convocar una Asamblea Constitucional.

La leyenda de la democracia participativa

Así comenzó a tejerse la leyenda de un “movimiento estudiantil” supuestamente autónomo y espontáneo, que condujo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando en realidad de lo que se trató fue de una habilidosa estrategia mediática y gubernamental, donde tras los bastidores de la Casa de Nariño estuvieron figuras tan cruciales en dicho proceso como Manuel José Cepeda Espinosa y Fernando Carrillo, quienes después se desempeñaron respectivamente como asesor constitucional y malogrado ministro de Justicia del entonces presidente Cesar Gaviria. Se desató una actividad frenética de Mesas de Trabajo Constituyentes que formularon más de cien mil propuestas de artículos para la nueva Constitución y un vértigo tal de entusiasmo democrático que la gente se creyó la leyenda de estar pasando de una democracia representativa que nunca ejerció plenamente, pues no tuvo alternativas frente a la impostura “bipartidista” del Frente Nacional, a una democracia participativa donde todos fuimos convertidos en omnímodos constituyentes primarios. Por eso la pregunta que nos convocó, formulada por los asesores del presidente Virgilio Barco, decía: “Para fortalecer la democracia participativa ¿Vota por la convocatoria de una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia?”

Pero la realidad era bien distinta y distante de esa exultante expresión ciudadana de voluntad democrática, que entonces representó apenas el 39% del censo electoral vigente, pues tras de ella también estaba la estrategia del crimen organizado que buscaba ponerse a salvo de la extradición, como efectivamente lo logró con el artículo 35 de la Constitución, ya derogado. Entonces no asistimos a un consenso constitucional democrático sino más bien a uno de carácter fáctico, más producto del miedo que del acuerdo, entre otras cosas porque la fórmula de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer y expedir la nueva Carta Fundamental desbordaba el marco de la Constitución de 1886. Así lo expresó la nueva Corte Constitucional en uno de sus primeros pronunciamientos (Auto 003 de 1992): “La Asamblea Nacional Constituyente que expidió la nueva Constitución Política de Colombia fue un poder comisionado del pueblo soberano. Su fuerza jurídica era fáctica, pues provino de un hecho político-fundacional, más no jurídico. Ella actuó no por orden de la Constitución de 1886 y sus reformas, sino por fuera de ella, contra ella, por disposición directa del pueblo en un período de anormalidad constitucional. En este sentido, la comprensión del proceso colombiano de reforma se encuentra en el concepto de anormalidad constitucional; y este concepto sólo puede ser definido políticamente, por ser acto fundacional, pues se refiere a un presupuesto del derecho que todavía no es jurídico.”

La criminalidad constitucionalizada

Algo similar parece estar fraguándose en la actualidad, cuando se apela de nuevo a la maleable y volátil voluntad ciudadana, por no decir entusiasta e ingenua, para que por vía del referéndum o una nueva constituyente termine legitimando e instaurando una constitucionalidad criminal. Una constitucionalidad que tiene su actual origen en el delito de cohecho por el cual han sido condenados los ex congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, pero también en una mayoría conformada gracias a los votos de más de 29 ex congresistas que hoy están en la cárcel por concierto para delinquir agravado, en tanto sus curules fueron alcanzadas por la influencia determinante de los paramilitares en aquellas regiones donde obtuvieron el mayor porcentaje de sus votos. Por eso dichos congresistas renunciaron a sus curules, reconociendo tácitamente que su origen como representantes políticos es espurio e ilegítimo. Desde luego, también lo son las decisiones que tomaron, bien al aprobar leyes o al reformar articulitos de la actual Constitución, como el 197, de nuevo en disputa. Precisamente por lo anterior, ahora el mecanismo es más sutil y perverso, pues se apela a las firmas de ciudadanos y ciudadanas, las cuales se obtuvieron violando el límite de la financiación que fijó la ley y el Consejo Nacional Electoral. Es decir, mediante la comisión de un insignificante crimen contable o procesal que, se dirá, en nada mancha la voluntad del “ciudadano soberano”. En efecto, el aporte de “Colombia Primero”, fundación constituida por contratistas y empresarios que han sido generosamente beneficiados por el “Estado Comunitario” de Uribe, sobrepasó en más de setecientos millones de pesos el monto autorizado para la recolección de firmas. Lo más paradójico e irónico de esta picaresca es que todo lo anterior haya sucedido de acuerdo con la Constitución y la ley, como en la famosa zona franca de Occidente de Mosquera, en beneficio de Tomás y Jerónimo. Exactamente lo mismo que con el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez, sin él haber superado tan grave encrucijada en su alma. Se trata de una familia constitucional y legalmente ejemplar, cuyo padre tiene todo el derecho de permanecer 12 años o más en la Casa de Nariño por razones de “seguridad democrática”, pues si la abandona su vida y libertad correrían grave peligro en una sociedad amenazada por el terror de las FARC y las sentencias de jueces y Cortes Internacionales impredecibles.

Ilegitimidad democrática de la criminalidad constitucionalizada

Sin duda, se trata de una criminalidad constitucionalizada, que instaura así un poder presidencial objetivamente basado en la ilegalidad (cohecho) y en la ilegitimidad política (concierto para delinquir agravado), pero que usufructúa la carta del 91 y se aprovecha del desvarío político de sus redactores cuando consagraron que ella podría reformarse con apenas el 25 por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo electoral (7.3229.444 a la fecha), que es lo exigido para una referendo constitucional como el actual. Lo anterior significa escamotear al máximo la legitimidad democrática de un Estado, pues permitiría en nuestro caso que apenas el 12.50% (3.664.723, mitad más uno de electores por el sí del 25% mínimo exigido) decidan la suerte de cerca de 29.317.778 ciudadanos inscritos en el censo electoral y de esta forma determinen el carácter hiperpresidencialista y personalista del nuevo Estado. Para evitar ese riesgo, la mayoría de las Constituciones de los Estados democráticos estipulan un mínimo que oscila entre el 35 y 50 por ciento de participación ciudadana para que un referendo constitucional tenga efectos, pues así el destino de toda una sociedad no queda en manos de minorías astutas y criminales, capaces de manipular pasiones tan fuertes y bajas como el odio y el miedo (Escobar y sus extraditables; Uribe Vs FARC) e irrefrenables como la codicia de riquezas y la ambición de poder político (Paramilitares y Para-Uribistas).

Exactamente lo que nos sucede en la actualidad bajo los espejismos del “Estado Comunitario” y la “seguridad democrática”, cuyo verdadera identidad es la de un Estado plutocrático-asistencialista al servicio de la seguridad inversionista. Le asistía toda la razón a Don Miguel Samper, cuando en 1867 escribió: “Al leer tantas Constituciones como las que se expiden en estas tierras, se nos ocurre que en vez de tantos libros consultados para elaborarlas, convendría empapelar los salones de las Cámaras con los cartelones en los que el Doctor Brandreth recomendaba sus píldoras con un aforismo tremendote: “Constitución es lo que constituye, y lo que constituye es la sangre”; sea la que se derrama a torrentes en la guerra, o la que queda en las venas de los señores que legislan, inficionada por los odios, la sed de venganza y la vanidad.”

Han transcurrido 142 años y hemos retrocedido, pues al odio, la sed de venganza y la vanidad ahora se incorpora la criminalidad a la historia constitucional bajo la inspiración y el carisma de Álvaro Uribe Vélez, que para muchos colombianos está situado más allá del bien y del mal, de la Constitución y la ley, aunque bajo su gobernación en Antioquia (1995-1997) los grupos paramilitares, con la asistencia del condecorado y hoy encarcelado General (r) Rito Alejo del Río hayan cometido 939 ejecuciones sumarias, la mayoría de ellas todavía impunes. También en este terreno los logros del presidente Uribe son innegables, ha desmovilizado esos terribles grupos, pero ahora las ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la Fuerza Pública superan el número de 1.000 víctimas. Ha institucionalizado la criminalidad, por ello hoy sus parlamentarios defienden en el Congreso con espíritu de cuerpo que para indemnizar a las víctimas de agentes del Estado éstos primero deben haber sido condenados judicialmente. Valdría la pena que el presidente Uribe volviera a leer el punto 33 de su Manifiesto Democrático donde escribió:”También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.

DE-LIBERACIÓN
(http://calicantopinion.blogspot.com/)

El Régimen Para-Uribista
(Mayo 21 de 2009)

Hernando Llano Ángel

Con la aprobación en el Senado del referendo reeleccionista y la casi segura sustitución del texto de la Cámara de Representantes, en tanto es imposible conciliar que el 2014 empiece en el 2010, se avanza en forma vertiginosa hacia la consolidación de un nuevo régimen político, que bien puede denominarse para-uribista. Un régimen que pretende que todas las instituciones, empezando por el Congreso de la República --cuya esencia es representar la pluralidad de toda la Nación y ejercer control político sobre el Ejecutivo-- “module” sus leyes para complacer ese animus dominandi que ni el mismo Uribe logra ocultar y de paso garantizar, como una Celestina, las francas ambiciones de sus hijos, Tomás y Jerónimo, ahora denominados empresarios. Curiosa paradoja: el padre niega su ambición pública, mientras sus hijos hacen públicas sus ambiciones privadas.

Tal es la esencia del actual régimen, por eso su rasgo distintivo es la paranoia frente a todas las instituciones, periodistas y líderes que no lo respalden incondicionalmente y su lenguaje es una mezcla indescifrable de simulación y mentira. De allí que sus principales asesores y defensores sean el psiquiatra-filósofo Luis Carlos Restrepo y el sofista José Obdulio Gaviria, quien tilda a los desplazados de migrantes –pues viajan “seguros” por Colombia— y ahora sí reconoce que en “Colombia estamos en guerra, es decir en campaña”, bajo la conducción del presidente Uribe, elevado a la categoría de “mariscal de campo imbatible, vencedor de todas las batallas”[1]. Quizá por lo anterior, Uribe, que se precia de ser un hombre frentero y llamar a las cosas por su nombre, ahora esconde su próxima candidatura presidencial bajo metáforas como la “encrucijada del alma”, después de haber enviado al Senado a su ministro de la Política, Fabio Valencia Cossio, para modular el referendo y así asegurar los votos de una docena de indóciles miembros de la coalición que ponían en vilo su aprobación. Estamos asistiendo a la fase de consolidación del régimen para-uribista, por eso sus más fieles escuderos son trasladados a la arena electoral y a la prensa nacional para que se batan en nombre del Presidente Uribe contra aquellos que José Obdulio llama “una formación de políticos sin pueblo, frecuentados por viudas del poder, contratistas angurrientos y tramadores profesionales de infamias y calumnias”.

El ex ministro de defensa, Juan Manuel Santos, después de evadir su responsabilidad política en los mal llamados “falsos positivos”, se convierte ahora en un “falso candidato” presidencial. Aunque más exacto sería denominarlo “para-precandidato presidencial”, pues espera, como un leal soldado, que el “mariscal de campo imbatible” no aspire a un tercer período para así sucederlo en las nuevas batallas. De otro parte, Luis Carlos Restrepo, antes Alto Asesor de Paz presidencial, desciende al cenagoso terreno de la política proselitista y se convierte en Presidente del partido de la “U”. Es decir, en un auténtico para-político al servicio de Uribe, pues hará las veces de su auxiliar para organizar las debilitadas huestes de la “U”, que ya tiene en la cárcel o sin curul a 7 de sus miembros por estrechas relaciones con los grupos paramilitares. Y la verdad es que el filósofo y psiquiatra, otrora brillante promotor de la ternura en la política, ahora ejerce como un tirano su nuevo cargo, sin ternura alguna, con una vehemencia y audacia tan visceral que empezó por reclamarle a la senadora Marta Lucía Ramírez su curul de la “U” y sin ningún pudor cursó invitación al Representante Roy Barreras, expulsado de Cambio Radical.

Sin duda, para desempeñar cargos tan complejos se necesita la sólida formación de psiquiatra y filósofo, que le ha reportado éxitos tan rotundos como la conversión de criminales de guerra en sólo narcotraficantes, rápidamente extraditados a USA cuando empezaron a revelar la verdad de sus relaciones políticas con numerosos senadores y representantes, empresarios e inversionistas para-uribistas, sin perder en semejante trance su razón y menos su profesional compostura de filósofo y psiquiatra del nuevo régimen. Es tal la versatilidad de Restrepo en estos terrenos brumosos, que lindan con la locura, donde la política se confunde con la criminalidad, que propuso de nuevo la urgencia y conveniencia de la inmunidad parlamentaria para que los congresistas no se sintieran intimidados y atemorizados por otros poderes, como el de la Corte Suprema de Justicia. Esa inmunidad parlamentaria tan valorada y estimada por Pablo Escobar, primo de José Obdulio Gaviria, cuando combatía con plenas garantías desde la Cámara de Representantes al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, antes de ordenar sus asesinato.

Se llega así a una conclusión preocupante, que la esencia de toda parainstitucionalidad es justamente la pretensión de adaptar o crear instituciones funcionales a los intereses y ambiciones de personas o grupos específicos, en lugar de considerarlas y defenderlas en tanto son garantía de imparcialidad para la integridad y dignidad de todas las personas en una sociedad. De allí que John Plamenatz insistiera tanto en que: “El estudio más digno de la política no es el hombre sino las instituciones”. Pero entre nosotros sucede exactamente lo contrario. Por eso las instituciones y la práctica política están tan desacreditadas y al girar en torno a un hombre han degenerado en para-uribismo, que viene siendo una subespecie de parainstitucionalidad plebiscitaria, máxima corrupción de la política, pues ningún hombre puede arrogarse la representación exclusiva de toda una Nación (con nombres tan reveladores como “Primero Colombia” o “Colombia Primero”) y mucho menos considerarse imprescindible o insustituible para su conducción y salvación.

[1] - Ver su artículo del 5 de mayo en El Tiempo: “Caminamos juntos o nos ahorcarán por separado”.