CALICANTO: ÁLVARO URIBE VÉLEZ ANTE EL JUICIO CIUDADANO

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ANTE EL JUICIO CIUDADANO

Hernando Llano Ángel.

Más allá del sentido de la sentencia que el próximo 28 de julio conoceremos sobre la inocencia o culpabilidad de Álvaro Uribe Vélez en los cargos que se le imputan[i], se encuentra el juicio ciudadano sobre la figura y la responsabilidad histórica del expresidente Uribe, sin duda el líder político más controvertido, admirado, amado, odiado y denostado de los últimos 25 años en Colombia. No se trata, pues, tan solo de un juicio penal, sino sobre todo de la oportunidad histórica que cada ciudadano tendrá de emitir un juicio personal sobre la responsabilidad política de Álvaro Uribe Vélez como hombre público y estadista, cuyas decisiones y acciones han gravitado sobre la vida, seguridad y prosperidad de millones de colombianos, pero también sobre la dignidad y muerte de miles en desarrollo de políticas gubernamentales como la llamada “Seguridad democrática” contra el terrorismo. Seguridad que fue definida en el Manifiesto Democrático[ii], su programa de gobierno de 100 puntos, teniendo como eje el punto 33: “Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura, el allanamiento. A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Silogismo político que cumplió cabalmente, si pasamos revista al desempeño del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)[iii] y sus relaciones con los grupos paramilitares, como los escabrosos resultados de la aplicación de la Directiva 029 de 2005[iv], que propició la comisión de más de 6.2000 ejecuciones extrajudiciales, denominados “falsos positivos”[v].

Más allá del juicio penal está la responsabilidad política

Lo anterior representa la mayor paradoja y malentendido nacional sobre lo que realmente está en juego, que no es tanto la inocencia o culpabilidad penal del expresidente Uribe, sino más bien su responsabilidad política, personal e indelegable, en el mayor desafío que los colombianos no hemos podido resolver y es romper el nudo gordiano que ata la política con la violencia, las armas, el crimen y la ilegalidad. Por eso, el trasfondo del juicio no son los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigo, sino la responsabilidad política del expresidente Uribe en relación con la existencia y actuación criminal de grupos paramilitares, ya desde su desempeño como gobernador del departamento de Antioquia y posteriormente como presidente de la República. De allí, que sea imprescindible distinguir entre la responsabilidad penal que es de carácter eminentemente judicial, personal y subjetiva, sustentada en pruebas irrefutables, plenamente demostradas, frente a la responsabilidad política que es de índole constitucional, pública y general, derivada de competencias y obligaciones inherentes a cada funcionario público sobre las cuales debe rendir cuentas frente a la ciudadanía. Más aún, tratándose de un funcionario electo. En el primer caso, la responsabilidad penal, la sentencia solo puede proferirla un funcionario o funcionaria judicial, garantizando el debido proceso al implicado, declarándolo inocente o culpable, quien podrá interponer los recursos legales a su disposición hasta llegar al de casación, cuya resolución por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia determinará la inocencia o culpabilidad final del implicado. En el segundo, la responsabilidad política, todos los ciudadanos somos competentes y, en cierta forma, responsables del juicio sobre el desempeño político del servidor público electo que, por lo general expresamos en las urnas, y del cual dependerá su continuidad o defenestración de la vida política. Es decir, su vida o “muerte política”. Esa responsabilidad política está determinada por el artículo 6 de nuestra Constitución que señala que todo servidor público es responsable por “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Un ejemplo vergonzoso

La reelección de Donald Trump pone de presente de manera escandalosa esta distinción, pues fue condenado penalmente por 34 cargos criminales[vi], pero exonerado electoralmente por más de 77 millones de votantes[vii], cuyo juicio político y ético al menos queda en cuestión, pues lo catapultaron victoriosa e impunemente a la presidencia de los Estados Unidos. Por eso no es una exageración afirmar que al frente de la mayor potencia militar del planeta se encuentra gobernando un gánster[viii]. De allí, que su política exterior sea esa mezcla de arrogancia, intimidación y chantaje sustentada en el poder militar, que desconoce de plano y con plena impunidad todo el derecho internacional público, las Naciones Unidas, su Corte Internacional de Justicia y arremete con furia y alevosía contra la Corte Penal Internacional en defensa de Netanyahu, sus crímenes de guerra y lesa humanidad contra los palestinos en Gaza y Cisjordania. Por si fuera poco, ahora la emprende contra la soberanía judicial del Brasil en defensa de Bolsonaro[ix] por su presunto golpe de Estado, quien lo imitó al desconocer el triunfo electoral de Ignacio “Lula” da Silva, como él lo hizo frente a Biden. Pero volviendo a nuestra política doméstica y su máximo protagonista durante los últimos 25 años, nos encontramos curiosamente con una historia parecida, pues Álvaro Uribe Vélez fue reelecto en el 2006 pese a un delito de “lesa constitucionalidad”, ya que la reforma del artículito de la Constitución que lo permitió se realizó mediante el delito de cohecho y el escándalo de la Yidispolítica[x], que culminó con la condena de sus exministros de Justicia y Derecho, Sabas Pretelt de la Vega y de Protección Social, Diego Palacio Betancourt[xi], entre otros implicados como los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

Álvaro Uribe Vélez, entre la impunidad política y la penal

Sin duda, se puede afirmar que su reelección le otorgó a Uribe desde 2006 plena impunidad política[xii], pues fue respaldado por más de 7 millones de votantes[xiii], equivalentes al 27.6% del censo electoral de entonces que era de 26.731.700 colombianos habilitados para votar. Un porcentaje que desdice el mito de su inmensa popularidad y respaldo mayoritario, pues la participación electoral en el 2006 fue del 45.05% y disminuyó 1.4% en relación con la del 2002, cuya participación fue del 46.47% y su votación de 5.862.655[xiv]. Sin embargo, en ambos casos lo más significativo fue su triunfo en primera vuelta, único candidato que lo ha logrado hasta el presente y ello demuestra cómo sus electores disocian y separan fácilmente la ilegalidad de la legitimidad política. Razón tenía Sartre cuando afirmó que “no hay nada más respetable que una impunidad largamente tolerada”. La ilegalidad procede de la forma como se aprobó el “artículito” para su reelección en el 2006 frente a la legitimidad política que obtuvo en las urnas, así ésta resulte precaria frente al censo electoral entonces vigente. Este preocupante divorcio entre ilegalidad y legitimidad política-electoral, demostraría que para un número significativo de votantes en el 2006 el fin de la “seguridad democrática” y su continuidad justificaba los medios utilizados por Uribe para continuar gobernando, sin importar mucho que ellos fueran ilegales, como en efecto quedó demostrado con la “Yidispolítica”. Con mayor razón si ese fin era “matar la culebra del terrorismo de las Far”, que entonces se creía era inminente. Pero ese divorcio se profundizaría aún más con el encubrimiento de graves crímenes cometidos por la alianza entre el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con los grupos paramilitares, que llevó a la cárcel a su director, Jorge Noguera, por el crimen del profesor Alfredo Correa De Andreis[xv], cometido en coordinación con los paramilitares del Bloque Norte de las AUC[xvi]. Todo ello, antecedido por la interceptación ilegal de comunicaciones a periodistas y el espionaje de las deliberaciones de la Corte Suprema de Justicia en su investigación sobre la parapolítica[xvii]. Interceptaciones llevadas a cabo por la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado y el director del DAPRE, Bernardo Moreno[xviii], ambos también condenados.

Los “buenos muchachos”

Sin olvidar la condena de José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por el asesinato de Jaime Garzón[xix]. Basta este breve recuento de graves ilegalidades y crímenes, penalmente demostrados y cometidos por dichos funcionarios en dependencias adscritas a la Presidencia de la República, todos ellos nombrados por Álvaro Uribe y bajo su estricta subordinación, para concluir que le resulta imposible eludir su responsabilidad política, pues entonces los defendió públicamente como “buenos muchachos”[xx]: “Antes de que, en 2011, lo condenaran a 28 años de cárcel por haber entregado información privilegiada a los paramilitares que asesinaron al profesor Alfredo Correa de Andreis, el exdirector del DAS Jorge Noguera había sido calificado como un “buen muchacho” por Álvaro Uribe, quien en otras ocasiones se ha referido así a algunos cercanos que terminan cuestionados o condenados”. Para completar semejante entramado institucional de criminalidad se expide, en cumplimiento de la “seguridad democrática”, la circular o directiva 029 de 2005 por el ministro de defensa, Camilo Ospina Bernal, que derivó en la comisión de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, cuyo número es superior a 6.000 víctimas mortales, según investigación de la JEP. Obviamente es imposible encontrar una prueba reina para responsabilizar penalmente al expresidente Uribe por todo lo anterior, así como tampoco fue posible hallarla en el proceso 8.000 contra el expresidente Ernesto Samper o en la financiación ilegal de Odebrecht en la segunda campaña presidencial contra el propio Santos, por la cual fue condenado Roberto Prieto, su exgerente de campaña, e incluso parece estar sucediendo con plenas pruebas en el caso de Oscar Iván Zuluaga[xxi]. A todo lo anterior, se suman hoy las presuntas irregularidades por las cuales el Consejo Nacional Electoral investiga la campaña del presidente Petro por supuesta violación de los topes de financiación, ya que seguramente la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no alcanzará a avanzar en precisar su responsabilidad personal, como ha sucedido con los más de 186 procesos pendientes[xxii] que allí se acumulan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, transcurridos más de quince años. Es por ello que predomina la impunidad política en nuestro Estado y su funcionamiento es cada vez más cacocrático[xxiii], pese a los numerosos esfuerzos de la rama judicial por impedirlo, pues mientras los electores continúen votando por líderes políticos que promueven o toleran alianzas con grupos criminales, empresariales o financieros en función de sus intereses y para garantizar su gobernabilidad, se profundizará este régimen electofáctico[xxiv]. Un régimen situado en las antípodas del democrático, pues en aquel nunca hay responsables políticos por sus actuaciones ilegitimas y menos culpables por sus delitos, como es lo propio en toda democracia. De esta forma se suma la impunidad penal a la política, sin que podamos endilgarla solo a quienes gobiernan, pues la responsabilidad surge en la boca de las urnas por quienes los eligen. Por eso, más allá del sentido de la sentencia del próximo 28 de julio, bien sea absolutoria o condenatoria, ella no solo afectará al expresidente Uribe, sino también el juicio político y ético de millones de colombianos, quienes en conciencia somos los jueces de última instancia de los gobernantes que elegimos.