La política: Entre la justicia y la paz.
Hernando Llano Ángel.
Sin duda, la postulación de
Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, a la presidencia de la República, y de
algunos de los miembros de la plana mayor del que fuera el Secretariado de las Farc-Ep,
al Congreso de la República, parece haber situado la política y la
implementación del Acuerdo de Paz en un callejón sin salida. En una especie de
encrucijada o dilema político existencial, pues la sociedad colombiana tendría
que optar por la justicia, sometiéndolos primero a la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), para supuestamente así permitir su inscripción a dichos
cargos de elección popular. Con lo cual, se estaría incumpliendo el compromiso
de cambiar las mortales e innumerables balas disparadas por las FARC-EP –en el
pasado-- por unos cuantos e inofensivos votos, que probablemente obtendrá la
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en las elecciones del 2018, al
postular e inscribir candidatos de tan nefasta recordación para millones de
colombianos.
Pacta sunt servanda
Si se les niega el derecho a
participar en política, en las próximas elecciones, se estaría incumpliendo un
compromiso adquirido y suscrito por el Estado colombiano en el punto 36 del
Acuerdo Final, consignado así en la página 150: “La imposición de cualquier
sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición
(SIVJRNR) no inhabilitará para la participación política ni limitará el
ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, para lo cual las partes acordarán
las reformas constitucionales pertinentes”. Reformas que ya han tenido lugar
mediante el Acto Legislativo número 01 del 4 de abril de 2017, que transcribe
literalmente en su artículo 20 lo ya citado en el punto 36 del Acuerdo Final y
en los Actos Legislativos 02 del 11 de mayo de 2017, en su artículo 1. Y, como
si fuera poco, en el Acto Legislativo 03 del 23 de mayo pasado, en su artículo
1, numeral 5, que permite a las FARC “inscribir candidatos en las mismas
condiciones que se exigen a los demás partidos y movimientos políticos. Sin
perjuicio de lo anterior, los candidatos que hubieren sido miembros de las
FARC-EP, deberán, en el momento de la inscripción de los candidatos, expresar
formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en
el SIVJRNR, contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2017”. Así las
cosas, tendríamos que reconocer algo que lapidariamente escribió Ferdinand
Lasalle hace ya casi dos siglos: “Los problemas constitucionales no son,
primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución
de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese
país rigen”. Algo que sabía muy bien el entonces constituyente de 1990,
Fernando Carrillo Flórez, y que parece haber olvidado hoy que es Procurador
General de la Nación.
De las tumbas a las urnas
Y, sin duda, es preferible que dichos factores
reales de poder se decidan en las urnas –como aconteció con la 7 papeleta-- y
no en las tumbas, como sucedió después del bombardeo a Casa Verde el 9 de
diciembre de 1990. Hay que poner fin a esa combinación mortal de las formas de
lucha –balas con votos- sea ella
gubernamental, paramilitar o guerrillera. De eso se trata en las próximas
elecciones del 2018 para Congreso y Presidencia de la República. No olvidemos:
en política somos los ciudadanos, con nuestro voto, los jueces de última
instancia. Allí decidiremos quienes merecen la representación de nuestros
valores o intereses o, por el contrario, nuestra censura y condena. La paz
política es un asunto de todos, no sólo de los jueces, por constitucionales y
encumbrados que ellos sean. Es la segunda oportunidad histórica que tendremos
el próximo año: decidir en las urnas si derrotamos definitivamente la guerra y
sus partidarios, sean de extrema izquierda o extrema derecha, dándole por fin
una oportunidad al debate creador de las ideas y no al combate aniquilador de
las armas. No se puede repetir la insensatez del plebiscito del 2 de octubre. Hay
que darle una oportunidad a quienes ayer fueron letales y crueles en el campo
de batalla, para que nos demuestren mañana que también pueden ser vitales y justos en el campo de la política. Quizá
sea esa una forma paradójica y éticamente desafiante de expresarse la justicia
restaurativa. Intentando restaurar en la arena política lo que se arruino
en los campos de batalla. Por eso se denomina justicia transicional, pues
permite el tránsito de las armas y la violencia a los votos y la controversia.
Sería un error estratégico, un horror histórico y una inadmisible impostura de
ética política, si se impide a los miembros del antiguo Secretariado de las
FARC-EP ser candidatos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con
argucias leguleyas. Argucias no solo
antipolíticas sino también inconstitucionales. Es la hora de rescatar la
flexibilidad del derecho para la vida y la política. No es el momento de
esgrimir la dominante rigidez mortal de un artículo o un inciso y menos
supuestas e imposibles faltas disciplinarias, como si los guerrilleros hubieran
sido funcionarios públicos, por temor a ampliar la participación política, dando
así pretextos para que desesperados o escépticos apelen de nuevo a la violencia
con fines políticos.
Error político y horror histórico
Sería un error político
estratégico, pues se estaría dando de nuevo argumentos a quienes dicen que en
Colombia es imposible el surgimiento de una auténtica oposición política legal,
pues sólo a través de las armas se podría llegar a ser alternativa de poder. Y lo
anterior es un horror histórico, que nos ha dejado una estela de
aproximadamente medio millón de muertos –entre la Violencia y el conflicto
armado interno— por ser incapaces de romper ese vínculo fatal de la política
con las armas y poder por fin vivir, debatir y decidir en democracia. Y es una
postura de ética política inadmisible, pues si se va a exigir que todos los
responsables de la violencia política deban primero responder judicialmente,
tendríamos que reconocer que jamás se hubiera podido firmar el pacto de paz del
Frente Nacional, el más importante del siglo XX. Es más, hoy se tendrían que
inhabilitar numerosos congresistas que se encuentran subjudice, empezando por
el senador Álvaro Uribe Vélez y sus cerca de trescientas investigaciones
congeladas en la Comisión de “Acusaciones” de la Cámara de Representantes, http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/233151-uribe-es-quien-tiene-mas
investigaciones-en-contra. Seguramente por lo anterior, se han declarado
impedidos 44 senadores para votar la ley estatutaria de la JEP y se han
aceptado ya 12 impedimentos, la mayoría del Centro Democrático, Cambio Radical,
Partido Conservador y Opción ciudadana, por sus vinculaciones con familiares
condenados por parapolítica o investigaciones en curso donde algunos parecen
estar implicados, http://www.semana.com/nacion/articulo/el-salvavidas-de-la-jep-en-elsenado/545738.
Congreso por cárcel
Lo cual significa que en el Senado muchos de
sus miembros se consideran que no están exentos de relaciones con la violencia
y el crimen y que nuestra política debe depurarse de la codicia y el odio,
genes de su corrupción, la cual se transmite de generación en generación y de
partido en partido. Será por eso que hoy uno de sus más conspicuos
representantes, Germán Vargas Lleras, recurre a las firmas para lavar y lanzar su
candidatura a la Presidencia de la República. Así las cosas, llegaríamos a una
conclusión paradójica, que la JEP puede terminar condenando a los miembros de
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común al Congreso por cárcel, como
curiosamente sucede hoy con más de un honorable senador en ejercicio, cuya
impunidad e intocabilidad por la justicia son proverbiales. Con razón Uribe,
siendo presidente, pedía a los miembros de su bancada que votaran rápido sus
proyectos de ley, antes de ir a la cárcel. En ocasiones es difícil discernir, en
esta transición, los límites entre un régimen parlamentario y uno
penitenciario.
Por una política sin maniqueísmo
Para lograrlo, se podría
proponer, desde un exigente horizonte ciudadano de la ética pública, que se
inhabilitaran de por vida todos aquellos que desde el gobierno o la insurgencia
tienen las manos manchadas de sangre. Desde Uribe hasta Timochenko, con sus
incondicionales y furibundos seguidores. Pero ellos no se darán por aludidos,
pues tienen la conciencia muy limpia y tranquila. Han sustituido la ética por
el maniqueísmo. El primero, con su “seguridad democrática” y, el segundo, con
la “justicia social”. Y quienes no compartan esas banderas, son “terroristas”,
“apátridas” o “paracos”. En fin, “buenos y diestros ciudadanos” contra “malos y
siniestros ciudadanos” o viceversa. En pocas palabras, una ética a la medida de
sus simpatías y antipatías, de sus intereses y cuestionables valores. Por eso, quienes tenemos la última palabra en las
próximas elecciones somos todos y todas las ciudadanas, pues con nuestro voto
los podemos inhabilitar para representarnos, o, por el contrario, elegirlos
repetidamente para gobernarnos. Que cada quien haga un ejercicio público de su
conciencia. Sólo así la política algún día podrá salir del lodazal del odio y
la codicia en que se encuentra atrapada y ejercerse, más allá del bien y del mal, en un
horizonte de reconciliación y controversia siempre presentes, sin necesidad de
recurrir a “héroes” y “caudillos vengadores” y mucho menos a “revolucionarios
justicieros”, pues millones de víctimas y ciudadanos ya conocemos de sobra sus
ejecutorias y alcances.
