De-Liberación

(http://calicantopinion.blogspot.com)

La paz en Colombia: Entre Toribio y La Habana

(Noviembre 27 de 2012)

Hernando Llano Ángel.

El meridiano de la paz en Colombia pasa por Toribio y La Habana.

Si bien es verdad que hacer la paz (Peacemaking), en tanto cesación de enfrentamientos armados entre las FARC y la Fuerza Pública, acompañados de la vigencia progresiva y plena del Derecho Internacional Humanitario en todo el territorio nacional es una asunto complejo, que depende fundamentalmente de lo que suceda en La Habana, también lo es que construir la paz (Peace building) y hacerla estable y duradera, pasa crucialmente por lo que acontezca en el departamento del Cauca entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. Es por lo anterior que el meridiano de la paz en Colombia, por ahora, se inscribe imaginariamente entre Toribio y La Habana. Por ello, no es una simple coincidencia que la tregua unilateral decretada por las FARC en La Habana desde el 20 de noviembre hasta el 20 de Enero del 2013 haya sido puesta en duda por el Ejército nacional en confusos hechos de violencia acaecidos el mismo día en el corregimiento de Huasanó, municipio de Caloto. Hechos que las FARC en un comunicado del Bloque Occidental Alfonso Cano, atribuye a un “simulacro de combate” escenificado por “unidades de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército en el marco del llamado Plan Espada de Honor”. Así las cosas, vuelve a cobrar vigencia el célebre aforismo inglés según el cual “la verdad es la primera víctima en toda guerra”. Aunque quizá, por los extremos de degradación alcanzados en nuestro conflicto armado interno, el aforismo se haya trocado cruelmente y más bien signifique que en ésta guerra no hay ninguna verdad y sea el horror de la mentira y la frecuente impostura de sus protagonistas la única realidad.

Del horror de la guerra

Una realidad en donde el mayor número de víctimas terminan siendo civiles. En efecto, desde enero hasta noviembre se han registrado 120 eventos de orden público, entre hostigamientos, atentados, enfrentamientos armados, víctimas de minas antipersonales y munición sin explotar, desplazamientos masivos y crímenes selectivos, en 25 municipios de los 42 que tiene el departamento del Cauca. Sólo en lo corrido del mes de noviembre hasta la declaración de la citada tregua unilateral, las FARC realizaron --en conmemoración del primer aniversario de la muerte de Alfonso Cano, ocurrida el 4 de noviembre de 2011-- cerca de 16 acciones armadas en las poblaciones de Toribio, Corinto, Miranda, Argelia, Popayán, Jámbalo, Totoró y Santander de Quilichao, con un saldo mortal de dos militares y cerca de 47 civiles heridos, produciendo la destrucción de 7 viviendas y averías en más de 364 como consecuencia de las explosiones e impactos de fusil, generando el desplazamiento de aproximadamente 300 habitantes.

A la Paz Telúrica

Por todo lo anterior, cobra vital importancia la reciente instalación de “La Mesa Regional para contribuir al final del conflicto”, realizada en Popayán el 21 y 22 de noviembre, en desarrollo de la iniciativa de las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el apoyo técnico de Naciones Unidas, cuyas conclusiones, según Iván Cépeda, Representante a la Cámara, expresan el querer de “más de 1.200 organizaciones que han entregado en estas mesas sus propuestas y esperan que esas propuestas se hagan llegar a La Habana. Nosotros somos responsables de esa tarea y la vamos a cumplir. En la primera semana de diciembre en un acto público vamos a entregarles esas propuestas a las embajadas de Cuba y Noruega, para que sea a través de los países garantes del proceso que se hagan llegar a La Habana, y también esperamos respuestas por parte de los negociadores de estas propuestas”. Y a propósito del primer punto de la Agenda acordado entre el Gobierno y las FARC, sobre el Desarrollo Agrario Integral, puntualizó el Representante Cépeda: “La gente quiere reforma agraria integral. Hay departamentos del país en los cuales la restitución de tierras no está funcionando, en los cuales las concesiones mineras son gigantescas, me dicen que aquí en el Cauca, el 60% del territorio está concesionado a grandes empresas; en el Chocó más del 70% del territorio se le ha entregado a las multinacionales. La gente quiere que se respete su territorio, se respete el agua, que se respete su modelo productivo”.

Más allá de la exactitud de tan elevados porcentajes, cuestión que es urgente aclarar para definir un modelo de desarrollo acorde con los principios consagrados en la Constitución del 91 –“La prevalencia del interés general” (art 1) y “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (art 2) — es urgente que se atienda el clamor expresado por Albeiro Valencia, representante del Movimiento interétnico del municipio de Toribio: “Hay gran preocupación por la situación que está pasando en nuestros territorios, especialmente el norte del Cauca, donde es uno de los epicentros de la guerra, donde se desarrolla una guerra permanente, entonces una de nuestras propuestas es que se agilice el proceso de paz que haya un cese al fuego para que nuestras comunidades puedan estar tranquilas, que todos los actores que hacen parte de la guerra entren a esa aptitud de generar paz”. Por lo menos, podrían empezar las FARC y la Fuerza Pública con un desminado de los territorios en disputa, sin el cual jamás podrá sembrarse y mucho menos cosecharse la paz.

Queda pues planteado el desafío para el Gobierno y las FARC en La Habana de estar a la altura de las exigencias inaplazables de los movimientos sociales, avanzando rápidamente hacia un alto el fuego bilateral y asumiendo el compromiso de atender el clamor histórico de indígenas, campesinos y comunidades negras por una paz telúrica, donde prevalezca un modelo de desarrollo de carácter centrípeto, en función de la prosperidad nacional, la equidad social y la sostenibilidad ambiental y no uno de carácter centrífugo, como ha sucedido hasta el presente, más orientado por la expoliación de nuestras riquezas y la prosperidad de grandes compañías multinacionales. Sólo así será posible construir una paz estable y duradera y quizá también los colombianos podamos, por fin, disfrutar en el campo y las ciudades una Noche de paz en estas navidades.

DE-LIBERACIÓN

PARÁFRASIS SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ

(Septiembre 24 de 2012)

(http://calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel.

A propósito del “Acuerdo General para poner fin al conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado por el Gobierno y las FARC van estas breves paráfrasis sobre la guerra y la paz.

1- La paz es fundamentalmente un asunto de poder, no exclusivamente de las armas y mucho menos de la violencia. Del poder de la palabra verdadera, en tanto es honrada públicamente mediante el cumplimiento de compromisos de interés colectivo y bienestar general. No de la violencia que pretende aniquilar el adversario o imponer la razón del vencedor, sea ésta la defendida por el Estado o la agitada por el rebelde. Tampoco de la palabra que astutamente vela intenciones para favorecer intereses minoritarios y burlar los mayoritarios. Bien lo expresó Don Miguel de Unamuno: se trata de convencer, no de vencer, al menos cuando de paz estable y duradera se habla. Salvo que se trate de ocultar, bajo el prestigio y la urgencia de la paz, los rostros oprobiosos de la violencia institucional o de la revancha revolucionaria.

2- Para una paz estable y duradera se precisa más valentía y audacia, menos heroísmo y astucia. Por ello, requiere con urgencia más ciudadanos y acciones de civilidad, menos estrategas y combatientes heroicos. Más acuerdos generadores de confianza y menos acciones de hostilidad. Sin el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, todo proceso de paz degenera en una estratagema para la guerra, como quedó cruelmente demostrado en el Caguán.

3- La paz estable y duradera exige una ciudadanía que repudie activamente la violencia y la guerra, comprometida todos los días con la construcción de democracia y equidad social. No de aquella ciudadanía que clama sólo por más soldados para su seguridad y de combatientes para la defensa de las inversiones y su prosperidad.

4- La paz estable y duradera es una exigente y permanente controversia forjadora de ciudadanía, acuerdos y equidad social. La guerra es, sobre todo, una permanente y envilecedora confrontación violenta, generadora de muerte, desigualdad, polarización y desarraigo social.

5- La política fecunda el campo de la deliberación ciudadana y cosecha paces permanentemente. La guerra polariza, profundiza las trincheras y la desconfianza en la vida social, estimula el odio, secuestra la libertad, desaparece a la ciudadanía y arrasa el campo de la convivencia social.

 

6- La paz estable y duradera no se negocia, se va tejiendo con palabras de verdad, acciones de humanidad y equidad social. Por eso suele ser esquiva con el mercader ambicioso y el estratega astuto, que la asimilan a un buen negocio o sólo a un juego de poder, y se torna inalcanzable para el vengador soberbio y obcecado, que la reduce a una guerra contra el enemigo y la victoria sobre el terrorista o el adversario de turno.

7- La paz nunca será estable y menos duradera mientras ella proteja la insaciable voracidad de los privilegiados y no satisfaga prontamente el hambre de justicia y dignidad de los marginados.

Si todos fuéramos Toribío

(www.razonpublica.com)

Tal vez por primera vez los colombianos estamos escuchando con respeto a los indígenas del norte del Cauca: se lo han ganado por su actitud vertical al rechazar por igual a todos los actores armados. Un ejemplo de dignidad.

Hernando Llano Ángel *

Una seguridad equivocada

Si todos fuéramos Toribío y tuviésemos el valor civil y el coraje de los indígenas del norte del Cauca, la paz estaría más cercana — como una llave que debemos forjar entre todos en el yunque de la civilidad — y la guerra quedaría confinada retumbando en exclusivos clubes capitalinos, como un eco de dementes. Pero no.

Resulta que somos citadinos que nos refugiamos en unidades residenciales y edificios custodiados por compañías de seguridad privada: nuestro mayor desvelo y obsesión parecería ser el evitar a cualquier precio resultar víctimas de la inseguridad. Incluso a muchos los tiene sin cuidado convertirse en cómplices de victimarios, con tal de vivir seguros. Por eso somos incapaces de imaginar una seguridad sin armas, sin cámaras de vigilancia en cada esquina y sin una nutrida presencia policial en las calles. Por la misma razón, bastantes citadinos confunden el Estado de derecho con la fuerza que protege exclusivamente sus derechos. Su ciudadanía se agota en el ejercicio de sus ganancias, el aumento de sus valores bursátiles y la defensa de sus privilegios.

Una mayoría considerable imagina a la Fuerza Pública como una red más amplia de seguridad privada que se extiende por el territorio nacional al servicio del turismo, la recreación y los negocios: “Vive Colombia, viaja por ella”. En fin, en nuestras ciudades predomina una seguridad individual paranoica que se nutre del miedo y de la desconfianza, sustentada en el poder del dinero que proporciona escoltas, compañías de vigilancia privada y hasta generosas recompensas oficiales. Por ello, en los barrios periféricos y marginales donde los derechos, los bienes y los servicios estatales realmente escasean, paradójicamente son las bandas armadas ilegales quienes brindan la seguridad o desatan el terror, según sus conveniencias personales y afinidades ideológicas.

El Estado compra lealtades fugaces de redes de informantes y pretende que con solo añadir el adjetivo “democrática” va a dotar de legitimidad y derecho a dicha política. Pero con toda su parafernalia de “cooperantes” y una mayor presencia de la Fuerza Pública, la política de seguridad no ha funcionado realmente ni en el departamento de Cauca ni en muchas otras ciudades y regiones del campo colombiano: es decir, donde más falta hace. Incluso su prestigio mediático no ha logrado ocultar la tenebrosa sombra de los “falsos positivos”, pues ya han sido condenados 14 miembros del Ejército por el asesinato de jóvenes de Soacha, víctimas de una red de seguridad nada democrática y peligrosamente criminal por sus resultados prácticos Todos los anteriores y dolorosos acontecimientos demuestran que es una falacia equiparar “seguridad democrática” y paz.

Una paz telúrica y ciudadana

Así lo están demostrando, con sus palabras y acciones, los indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), con la vocería de Feliciano Valencia y el respaldo monolítico de la Guardia Indígena, exigiendo a todas las organizaciones armadas por igual — desde la Fuerza Pública hasta las FARC — que los dejen sembrar la paz telúrica en su territorio y cosecharla en su vida comunitaria. Aquella paz que sólo germina a partir de acuerdos que honran la palabra y de la Minga que dignifica la vida de todos, protegida por el poder civil de su invencible Guardia Indígena. No quieren la paz de las fosas y de los campos minados, de los bombardeos oficiales y de las celadas guerrilleras, de los falsos discursos gubernamentales y de las quimeras revolucionarias, que cada día cobran más víctimas indígenas y campesinas.

Repudian la paz de los vencedores, que sólo aumenta el odio de los vencidos y su infinita e inagotable memoria vengativa. Esa paz que se proclama todos los días, desde hace más de medio siglo, en los partes de victoria oficial contra los “bandoleros” de ayer y los “terroristas” de hoy. Y que a su vez los “terroristas” desmienten con sus “heroicas” acciones contra la Fuerza Pública, donde casi siempre la mayoría de las víctimas terminan siendo civiles. Los indígenas repudian y rechazan esa criminal paz por la que deliran todos los “señores de la guerra”, desde los uniformados hasta los pusilánimes “ciudadanos de bien”, siempre dispuestos a elegir a quien imparta órdenes para que otros maten y mueran en nombre de la “patria” y la “democracia”.

Seguramente por ello los pueblos indígenas no cuentan con ejércitos, sino con guardia indígena, no disponen de armas sino de bastones, no tienen proyectiles sino palabras. Y con ellos forman un vasto tejido humano que presta seguridad a la comunidad y a la “Madre Tierra”, porque están comprometidos con una paz telúrica, en armonía cósmica con la vida: saben bien “que sólo el equilibrio deshace la fuerza”.

No les interesa tanto dominar, controlar, expoliar o explotar el territorio, sino conservarlo y legarlo a las generaciones venideras en beneficio de todos. Por eso están empeñados en que abandonen el territorio de sus resguardos y municipios aquellos que a punta de armas y violencia o leyes y tratados comerciales pretenden aniquilar el orden de la vida para proteger las inversiones de su orden.

Textos que inspiran respeto

En tal empeño no temen confrontar a los mercaderes, tanto los legales como los ilegales. A los narcotraficantes los han emplazado desde tiempo atrás, como dejaron constancia en la Declaración Final de la Segunda Minga proclamada en Tacueyó en febrero de 2009 en su sexto punto:

“Los cultivos de coca se han convertido también en un pretexto de intervención de los actores armados legales e ilegales. Se han convertido en una estrategia de ampliación territorial y de suplantación de la autoridad indígena por parte de las FARC, que aprovechándose de la situación económica de algunas familias que tienen cultivos, pretende imponerles impuestos, aplicarles supuestas normas y cooptarlos. También los cultivos se utilizan como pretexto para la intervención del Estado, que ha incumplido totalmente los compromisos de erradicación voluntaria, desconoce nuestras propuestas de sustitución de cultivos, y en cambio privilegia la guerra química, los mecanismos militares y el involucramiento de las comunidades en la estrategia de guerra”.

Con mayor contundencia y radicalidad han desafiado a las FARC:

“Con el pretexto de su guerra contra el Estado, la insurgencia ataca a las comunidades y busca suplantar nuestra autoridad. Mientras nosotros construimos un gobierno municipal popular que le rinde cuentas a los cabildos y a la asamblea de comuneros, la guerrilla se toma los municipios, destruye nuestras casas y da pretexto para que la fuerza pública invada las comunidades; nosotros, con la autoridad de nuestros bastones, desmontamos las trincheras de la policía del centro de Caldono, Toribío y Jambaló para que su presencia no afecte a la población civil, mientras la guerrilla deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra; mientras nosotros sin ningún temor le hacemos juicio político a los militares que han asesinado a comuneros indígenas, ellos secuestran a miembros de nuestras comunidades para ajusticiarlos por supuestos delitos, como si no hubiéramos dado prueba de tener mejor capacidad de aplicar justicia comunitaria que ninguna otra institución. Es como si estuvieran en contra del poder popular y del gobierno directo de los comuneros indígenas; pareciera que están por la toma del poder que los sectores populares y los indígenas hemos construido con mucho esfuerzo, y hubieran renunciado a tomarse el poder que tienen los ricos”.

Por todo lo anterior, concluyen en la Declaración de Jambaló:

“Apoyamos todo esfuerzo hacia un proceso de paz que se dé en el territorio nacional, siempre y cuando sea una paz dialogada, concertada con la población civil y con soluciones prácticas a los problemas a corto, mediano y largo plazo. No aceptamos la intervención de ningún actor armado o externo en nuestra vida, en nuestro ejercicio de gobierno propio y libre determinación, o la aplicación de justicia; exigimos a unos y otros, que respeten el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, a que no nos involucren en actividades militares, a que no nos ataquen a mansalva”.

Si todos tuviéramos la coherencia que han demostrado los indígenas al no separar la palabra de la acción, entonces nuestro poder civil haría posible la paz, porque los violentos no tendrían otra opción que deponer sus armas y aceptar los argumentos de la vida, la justicia y la dignidad que hoy encarnan los pobladores de Toribio y el norte del Cauca.

Por eso deberíamos empezar a reconocer que Toribio somos todos y construir juntos, en una Minga nacional, una paz telúrica y ciudadana, sin vencedores ni vencidos, donde la reconciliación sea posible en torno a la memoria, la verdad y la dignidad de todas las víctimas junto al cuidado y el respeto de nuestra “Madre Tierra”.

DE-LIBERACIÓN

(http//calicantopinionblogspot.com)

Colombia sin Paz, ni Justicia: Punto cero de la política nacional.

(Junio 30 de 2012)

Hernando Llano Ángel.

El Congreso, un quirófano mortal

Después de casi 21 años de promulgada la Carta del 91, vuelven a invocarse la paz y la justicia como fundamentos para cambios de fondo en su articulado, completando así cerca de 36 reformas. En tan breve existencia, esta joven Constitución luce más cirugías estéticas que una nueva amante de un gran capo, con el agravante de que las dos últimas practicadas en el quirófano del Congreso en nombre de la paz y la justicia --por iniciativa de Santos y con el impredecible bisturí del médico Roy Barreras y la cómplice asistencia del ex ministro Juan Carlos Esguerra, respectivamente— la han dejado completamente desfigurada. En realidad, son mucho más que dos cirugías estéticas, pues afectan vitalmente el espíritu de la Constitución del 91 y terminan cambiando su identidad, invocando paradójicamente los valores de la paz y la justicia que la inspiraron. Al contrario de lo sucedido en la coyuntura constituyente del 89 al 91, catalizada por los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro --cometidos por la triple alianza del narcotráfico y la política con sectores de inteligencia militar aún en la impunidad-- en esta ocasión la paz y la justicia no convocan el consenso nacional sino más bien la indignación ciudadana e incluso la ruptura de la Unidad Nacional, pues el mismo Uribe es un opositor acérrimo del marco legal para la paz y pretende aprovechar la actual coyuntura de confusión para pescar en rio revuelto, agitando la penumbrosa idea de una Asamblea Nacional Constituyente.

Santos, un funámbulo y sonámbulo del poder

Sin duda, el gobierno de Santos con sus ocho actos legislativos aprobados en estos dos primeros años, está a punto de pasar a la historia no como el portero de la paz sino más bien como el partero de un nuevo orden constitucional y político cuyas más claras señales de identidad son la transacción de los valores democráticos y la consagración de la impunidad política. Dicha transacción, elevada a máxima de comportamiento político presidencial, sin más límites que la ampliación de apoyos a su difusa y demagógica fórmula de la “prosperidad democrática”, lo ha llevado a convertirse en un funámbulo y sonámbulo del poder. El más catastrófico resultado ha sido la actual reforma a la justicia, eludiendo a última hora su paternidad política en la gestación de tan repudiable criatura, como un típico “macho semental” de actos legislativos espurios. Para ello acude a los falsos argumentos de la prevalencia de la “justicia, el Estado de derecho y la democracia”, cuando fueron precisamente esos valores los que transó en el Congreso y con la mayoría de magistrados de las altas Cortes, salvo valiosas y contadas excepciones.

Por último, para salvar su pellejo en tan sinuoso tránsito por la cuerda floja de la negociación y la transacción sin principios, lanzó a su ex ministro de justicia Juan Carlos Esguerra al vacío, mientras movía a la izquierda y la derecha el balancín de los grandes valores para evitar su propia caída libre en el precipicio del desprestigio y el repudio de la opinión pública. En este azaroso pasaje, ha asegurado su maniobrabilidad política ayudado por el eco “patriótico” de la mayoría de la gran prensa, sus eminentes y grises asesores jurídicos, que le redactaron brillantes discursos que pronunció como un sonámbulo, al punto que él mismo se sorprendió ante el horror de la monstruosa criatura que contribuyó a engendrar.

Un régimen de impunidad política y criminalidad constitucionalizada

Pero en medio de semejante espectáculo circense del poder, todos sus protagonistas empezaron a quedar desnudos y exhibieron sus más grotescos valores, intereses, falencias e imposturas, revelándonos su verdadera identidad: traficantes del interés público y mercaderes de la voluntad ciudadana, salvo contadas excepciones. Aunque los reflectores de los medios se centraron al comienzo en los miembros de la Comisión Conciliadora, las sesiones extraordinarias citadas por Santos arrojaron luz sobre la responsabilidad compartida del Gobierno en el engendro de la Reforma. Por eso no deja de ser patética y reveladora su última intervención televisiva –teniendo una fotografía del Congreso como telón de fondo-- convocando erráticamente a los Congresistas a sesiones extras, sin tener competencia constitucional para ello, pues los actos legislativos no son susceptibles de objeciones presidenciales.

Pero poco importa arrogarse semejante potestad, con tal de salvar la estabilidad institucional, que al igual que la Constitución, el llamado marco legal para la paz o la repudiada reforma a la justicia, son simples coartadas para afianzar el régimen político actual, cuya esencia es la simbiosis entre la política y el crimen. Una esencia que incluso estuvo presente en la misma concepción y nacimiento de la Carta del 91 con la exigencia de Pablo Escobar –no por casualidad ahora protagonista de “ficción”-- del artículo 35, prohibiendo la extradición de colombianos por nacimiento. Desde entonces para acá a lo que hemos venido asistiendo es a la progresiva y difusa constitucionalización del crimen y la ilegalidad, cuya más lograda expresión fue la reforma del “articulito” que permitió la reelección presidencial inmediata de Álvaro Uribe, no tanto a través del cohecho por el que han sido condenados Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, sino sobre todo porque la mayoría que aprobó dicho Acto Legislativo fue la expresión de la voluntad de numerosos congresistas condenados posteriormente por concierto para delinquir agravado, en tanto se demostró que fueron electos con espurias y criminales alianzas (Pactos de Ralito, Chivolo etcétera) selladas con grupos paramilitares. No por casualidad el ex presidente Uribe, a propósito de esta crisis, lanzó el siguiente twitter: “Qué se puede pensar de un Presidente como Santos que impulsa una reforma, presiona su aprobación y enseguida, con toda la mala condición, dice que no se puede permitir la excarcelación de ex funcionarios de Ais y Chuzadas?”.

Locomotoras de impunidad, complicidad e indolencia

En fin, se ha reafirmado una vez más la lucidez de García Márquez, cuando en su célebre texto “Por un país al alcance de los niños”, sentenció: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Es ni más ni menos lo que ha sucedido con la repudiada reforma a la justicia. Desde el presidente Santos que la promovió hasta los congresistas que la aprobaron, burlaron la Constitución sin violarla y lo que es más grave la violaron sin castigo, pues ya quedó superada la crisis, volvió la normalidad institucional y el régimen avanza como una locomotora incontenible y a toda marcha alimentada por el combustible de la complicidad, que todo lo transa, la irresponsabilidad, que todo lo excusa, y la incompetencia e impunidad que le sirven de carrilera.

¿Habrá forma de detenerla o se descarrilará con mortales e impredecibles consecuencias? Quizá la única forma de evitarlo sea reconociendo que “nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”, como advierte el Nobel. Y esas causas se encuentran en las raíces que alimenta generosamente la supervivencia del régimen actual, la Constitución y la ley como coartadas perfectas del crimen y la suplantación del poder ciudadano por una tupida red de clientelismo, corporativismo y complicidades de poderes de facto, siendo el narcotráfico una fuente inagotable para renovar en cada elección los conductores de las locomotoras de la impunidad y la complicidad, frente a la indolencia y a veces ingenuidad de una ciudadanía que cree que basta con votar y después revocar o derogar y no se compromete con transformar de raíz el régimen existente, forjando organizaciones y liderazgos auténticamente democráticos, sin compromisos ocultos con ningún tipo de criminalidad. Por todo lo anterior, estamos en el punto cero de la política nacional.

El drama de Sigifredo López: ¿realidad política o ficción judicial?

Una extraña inquisición judicial–mediática anda suelta por Colombia, linchando primero y declarando realidad lo que puede ser solo fruto de una fiscalía esquizoide e irresponsable. Las sospechosas fugas de información y de pruebas aparentes aumentan más aún la desconfianza que despierta el poder judicial. Entre Borges y Kafka.

Hernando Llano *

Peor que el secuestro

Si no fuera porque Sigifredo López se encuentra privado de la libertad y la Fiscalía anuncia que muy probablemente se tomará el plazo de veinte días fijados en el procedimiento penal para definir su situación jurídica, uno pensaría que se trata de un relato escrito a cuatro manos entre Borges y Kafka, donde a la ingeniosa ficción del argentino se agrega la verosimilitud de las pesadillas judiciales legadas por Kafka.

Pero Sigifredo no es un personaje de ficción, sino más bien una doble víctima del terror de las FARC y de la inquisición judicial–mediática. Su drama personal y familiar nos demuestra que ninguna ficción es más inverosímil o terrible que nuestra propia realidad político–judicial. Con toda razón, su esposa Patricia ha dicho: “Esto es peor que el mismo secuestro”.

¿Realidad fáctica o judicial?

Sobre todo, cuando se pone en cuestión la realidad fáctica y empieza a ser suplantada por una realidad judicial construida a base de pruebas e informes técnicos que, como los mismos peritos reconocen, están lejos de constituir una certeza, es decir una auténtica realidad.

Pero como si lo anterior fuera poco, la misma ley 600 del 2000 en su artículo 314 asigna apenas un valor relativo a tales informes de la Policía Judicial: “solo podrán servir como criterios orientadores de la investigación” (énfasis añadido).

Sin embargo lo anterior nada significa frente al impacto emocional que dichas imágenes e informes causan en el público receptor, proyectadas hasta la saciedad en telenoticieros, periódicos y emisoras: un auténtico linchamiento mediático.

Asistimos así a la progresiva e inevitable pérdida del sentido de la realidad y de los hechos. Entonces la imagen tenue de un perfil entre sombras reemplaza la identidad del ex diputado sobreviviente, fácilmente condenado por el espectador indolente y rencoroso que cree más en la fatalidad irrebatible de la muerte de sus once colegas, que en el azar milagroso de la vida de Sigifredo, convertido en cómplice necesario de las FARC.

Víctima y victimario

Tal es la dimensión de su infierno personal, pues de un momento a otro a su condición de víctima se suma la de victimario, sin que pueda demostrar su verdad, a pesar de la evidencia irrebatible que resaltó en su indagatoria, al señalar: “Por eso me golpea tanto o más que el secuestro que hoy se me relacione con esos asesinos, con mis propios torturadores, ¿en qué cabeza cabe eso, por Dios? No puede ser que un ser humano se haga autosecuestrar y se someta a vivir durante siete años a las humillaciones, el riesgo de morir todos los días, a vivir encadenado, tratado peor que un animal, sin la posibilidad de ver crecer a mis hijos, de recibir un abrazo o una caricia de mi mujer, la bendición de mi mamá”.

De alguna manera lo más grave y desconcertante no es la inverosímil y terrorífica situación personal que vive Sigifredo, cuya imagen pública y también identidad personal es la de aparecer hoy simultáneamente como víctima y victimario, sino más bien la frágil y maleable consistencia de la realidad de nuestro conflicto. Un conflicto que toma las formas, dimensiones y nombres que sean capaces de imprimirle públicamente sus protagonistas políticos, judiciales e irregulares en pugna, de acuerdo con sus recursos, acciones y estrategias para persuadir o imponer sus puntos de vista.

¿Cuál realidad?

Entonces la realidad termina siendo un producto de la eficacia de aquellos que la nombran o denominan de tal o cual manera, hasta que la tozudez irrebatible de los hechos y las pruebas de vida y libertad — en el caso de Sigifredo — o la muerte irreversible e invencible les demuestra y nos demuestra lo contrario.

Nada de lo que está sucediendo con Sigifredo debería sorprendernos si recordamos que durante ocho años vivimos en un país imaginario, sin conflicto armado interno, bajo la protectora, benéfica e inexpugnable “seguridad democrática”, que nos habría dejado una patria bucólica y en paz, de haber contado su líder con otros cuatro o quizá ocho años más al mando de la misma, según afirman sus promotores e incondicionales seguidores.

Por eso hoy, irónicamente, el exministro Fernando Londoño Hoyos, víctima de los efectos letales y terroríficos de una “bomba lapa”, le aconseja al presidente Santos que debe “tener un gesto republicano y admitir la realidad. No puede seguir con el síndrome de negación de la realidad”, justamente aquella que durante ocho años fue negada y desconocida por quien hoy considera que debe “seguir opinando, obrando, reuniendo a la gente del país y conformando un bloque de opinión que conduzca a la toma del poder en unas próximas elecciones. Eso no es una sorpresa”.

En efecto, esa es la esencia de la realidad política, siempre cambiante y dinámica. Y una clave para comprender nuestra intrincada, violenta e incierta realidad política, se puede encontrar en el célebre ensayo de Arendt sobre “La mentira en política”, cuando señala: “La deliberada negación de la verdad fáctica — la capacidad de mentir — y la capacidad de cambiar los hechos — la capacidad de actuar ¬¬— se hallan interconectadas. Siendo la acción la verdadera materia prima de la política” .

¿Política y legalidad o política y criminalidad?

Sin duda, esa es la realidad política que vivimos y nos constituye, dentro de la cual la realidad judicial define nada menos quiénes pueden o no estar en libertad y ser protagonistas de la vida política, como bien lo sabe Londoño mismo, que se encuentra inhabilitado por graves faltas y delitos contra la administración pública.

Por eso, cada día más, las disputas judiciales son políticas, no porque se haya politizado la justicia, sino más bien porque la política se ha criminalizado, y pocos saben tanto de esto como Londoño, Uribe y Luis Carlos Restrepo, que por lo general impugnan las decisiones judiciales.

También por la misma razón, hoy Sigifredo se debate entre seguir en la realidad política, de la cual ha sido una “víctima afortunada”, pues sobrevivió al infame secuestro de las FARC, o convertirse en un “victimario judicial”, según sea el dictamen pericial del organismo o agencia internacional sobre la identidad de quién aparece y habla en el video filmado por sus victimarios.

Y no es irrelevante que la suerte de Sigifredo dependa en gran parte del dictamen de un organismo externo, distante y ajeno a nuestra realidad política-judicial, en tanto asegura un mayor grado de imparcialidad técnica y valorativa.

Con razón Fabiola Perdomo, viuda del exdiputado Juan Carlos Narváez y Presidente de la Asamblea del Valle cuando fue secuestrado, en declaraciones a RCN, señaló que “lo que está en riesgo es la justicia y la verdad” y la “prioridad es conocer la verdad, la única forma de cerrar este capítulo de dolor”, concluyendo que “ella no se deja envenenar, cuando uno mantiene el corazón limpio”…

Porque “los hechos precisan de un testimonio para ser recordados y testigos fiables que los prueben para encontrar un lugar seguro en el terreno de los asuntos humanos”, como sabiamente advierte Arendt en el ensayo citado.

DE-LIBERACIÓN

(Febrero 28 de 2012)

http://calicantopinion.blogspot.com

UN PSIQUIATRA EN BUSCA DE ASILO

Hernando Llano Ángel.

La parábola de Luis Carlos Restrepo es también la paradoja de la “Seguridad democrática”. La de una política que en su obsesión por negar la existencia del conflicto armado, terminó armando una compañía de utilería de las FARC, bautizada Cacica La Gaitana, para demostrar que la ley 975 --eufemísticamente llamada de Justicia y Paz--¬ no había sido diseñada exclusivamente para los grupos paramilitares. Así las cosas, irónicamente, hoy el ex alto comisionado de paz se encuentra huyendo de la justicia, no por las numerosas irregularidades que se cometieron en el tinglado de Santa Fe de Ralito, sino por la burda puesta en escena, con aeronave incorporada en el decorado, de una truculenta desmovilización de supuestos guerrilleros de las FARC. No podía ser mayor la paradoja de nuestra justicia: ante su incapacidad de investigar y juzgar a los criminales de guerra y de lesa humanidad, concentra su máxima atención en quien contribuyó a desmovilizarlos, así fuera utilizando falsos juegos de roles, tan útiles en la psicología como peligrosos en la guerra. Por eso hoy es casi imposible discernir en dicha “desmovilización” en dónde termina la realidad y comienza la invención, cuándo sus actores dicen la verdad o mienten y, lo que es más grave y difícil, establecer la autenticidad, inocencia o culpabilidad de todos los implicados. Ello es así, porque tal desmovilización supera con creces el ámbito de lo judicial y fue, antes que otra cosa, una deliberada apuesta política y en tal sentido una invención de la realidad. Lo que ella pone en cuestión es la misma existencia de lo que se investiga y juzga.

La Cuestión es la Realidad o ¿Lo que dice Luis Carlos Restrepo?

Que no gratuitamente es de lo que trata la psiquiatría, para determinar la salud o enfermedad mental de un paciente. ¿Hasta qué punto dicho paciente reconoce la realidad social y política que comparte con sus semejantes o la confunde con el mundo ilusorio o patológico de sus obsesiones? Por el último comunicado de Luis Carlos Restrepo, donde se autoproclama perseguido político y denomina a la Fiscalía empresa criminal, parece que el asunto es grave. De vida o muerte, pues el mismo Restrepo afirma que si viene a Colombia lo matan. Lamentablemente no da pistas de a quienes teme, ahora que abundan las venganzas criminales. Seguramente por ello está en busca de asilo, no propiamente hospitalario, sino político. El Estado que se lo conceda, reconocerá entonces que Restrepo goza de plena salud mental y que las autoridades judiciales y el mismo Estado colombiano están locos, pues lo persiguen con saña. Empezando por Juan Manuel Santos, que preside el país de la mentira, según el diagnóstico del psiquiatra. La pregunta es, entonces, ¿Cuál es la realidad en que vivimos? ¿La que define Luis Carlos Restrepo o la que todos compartimos con estupor y sorpresa?

Lo que está en cuestión es la misma realidad política y judicial en que vivimos los colombianos, puesta en duda por el psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo, otrora líder de la insurgencia civil y la ternura democrática, junto a la inteligencia superior de Álvaro Uribe Vélez y la menor pero eficaz de José Obdulio Gaviria. Por eso mismo, el asunto es mucho más trascendental que la inocencia o culpabilidad de Restrepo, pues se trata nada menos de saber en qué realidad vivimos y quiénes somos los enajenados.

La realidad política es el juicio ciudadano

La verdadera cuestión no es saber si nos engañaron con la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana o si la Fiscalía nos pretende engañar ahora. Si Olivo Saldaña era o no guerrillero de las FARC, si miente o dice la verdad, o cuántos de los desmovilizados eran guerrilleros feroces o pordioseros famélicos. No. La auténtica cuestión es saber cuál es la realidad y la verdad política. Y ello no depende de una sentencia judicial sino del juicio ciudadano. Porque no podemos seguir pensando que nuestra realidad se define en los estrados judiciales y no en nuestras mentes, decisiones y acciones. De continuar en el extravío de confundir la responsabilidad política con la culpabilidad penal, la Fiscalía corre el riesgo inminente de someter a un juicio implacable a quien desmovilizó a criminales de guerra y de lesa humanidad, cuya mayoría no ha podido juzgar por congestión o incompetencia institucional, y en su lugar condenar a quien participó como Alto Comisionado de Paz por delegación y en representación de Uribe en un macabro juego de rol del cual ahora no puede evadirse.

La locura está en la impunidad política

Criminales que fueron extraditados por Álvaro Uribe Vélez, para ser condenados como narcotraficantes en Estados Unidos, ocultando así la verdad que todavía nos debe a todos los colombianos, pero especialmente a las víctimas, sobre la identidad de sus cómplices en el poder político y económico, quienes al comienzo justificaron su empresa criminal, promoviendo las “Convivir” y después disfrazándolos de sediciosos por su lucha contrainsurgente, como fue originalmente aprobada la ley 975 de 2005, bajo la égida de la “seguridad democrática”. Allí es donde se encuentra el origen de toda esta locura, en la impunidad política más que en la judicial. En considerar que es más grave narcotraficar que masacrar, despedazar y desaparecer a miles de compatriotas, porque “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Sin duda, la “desmovilización” de la compañía Cacica La Gaitana es apenas un acto, quizá el más grotesco, de una obra mayor llamada “Seguridad democrática”, que hoy se revela como una tragedia, pues está llevando a sus protagonistas de la gloria celestial de gobernar al purgatorio de ser juzgados por sus conciudadanos y eventualmente condenados en el infierno histórico de la ignominia. Entre tanto, un gran número de sus actores de reparto y utileros, que contribuyeron a levantar ese portentoso escenario de odio y crueldad que tan bien oculta la realidad, hoy padecen la frialdad del exilio y la soledad de los calabozos.

Angelino ante la OIT: Una candidatura muy poco angelical

(Publicado en razonpublica.com)

Con su estilo popular y bonachón, el vicepresidente le ha jugado a todos las bandas y los bandos, a tal punto que ahora aspira a dirigir la organización mundial de los trabajadores en representación del país donde más se persigue a los sindicalistas.

Hernando Llano Ángel

Donde se matan más sindicalistas

La candidatura oficial del vicepresidente Angelino Garzón a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha convertido en un purgatorio, que ante la intensidad de las llamas de la oposición levantadas por delegados de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Polo Democrático Alternativo (PDA) --con la vocería del senador Alexander López-- está a punto de evaporarse en humo. Durante su gira por Estados Unidos y Europa, los opositores han presentado argumentos que tienen la contundencia irrebatible de la violencia y la impunidad pues - como acaba de informar Humans Rights Watch- Colombia sigue ocupando el vergonzoso primer lugar en el mundo por el número de sindicalistas asesinados.

Según datos de la Escuela Nacional Sindical: “Un total de 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011”. Para acabar de agravar la situación, el 17 de enero pasado fueron asesinados en Orito, Putumayo, el líder comunitario y trabajador de la USO Mauricio A. Redondo y su esposa, Janeth Ordoñez, aumentando así los sentimientos de rechazo de numerosas centrales obreras internacionales. Con razón el presidente de la CUT, Tarsicio Mora, dijo a El Espectador que “No es posible que aspiremos a semejante cargo cuando en Colombia se violan los derechos (…) Colombia ha perdido todas las calificaciones frente a la OIT”. En estas circunstancias no es posible dejar de recordar que desde 1986 han sido asesinados más de 3 mil sindicalistas y que la impunidad por dichos crímenes es del 96 por ciento.

Tercera vía

Y sin embargo el panorama anterior es paradójicamente utilizado por el gobierno Santos y por el propio Angelino como un gran argumento para vender su candidatura: la dirección de la OIT sería el sitio ideal para velar por la protección de los sindicalistas colombianos. En este punto cuentan con el apoyo del ex presidente Uribe pues, como dijo en entrevista para Radio Todelar en Cali, “Si lo nombran director, está muy bien para él y para Colombia. Una persona como el doctor Angelino nos tiene que ayudar a que no haya sindicalismo armado, a que no haya confrontación entre empresarios y trabajadores”.

Santos y Uribe por una parte, y por la otra el PDA y la CUT: de esta manera la polarización que existe en Colombia se proyecta al plano internacional. Y sin embargo al mismo tiempo Angelino se presenta como el hombre providencial para ensayar una especie de “tercera vía” y superar las conflictivas relaciones entre el capital y el trabajo, que desde por lo menos la década de los 90 se convirtieron en un asunto “interméstico”, pues su tratamiento requiere cada vez más de convergencias entre la legislación laboral internacional y la doméstica. Así lo comprendió Uribe, cuando incluyó a Angelino en una gira por Estados Unidos para persuadir a demócratas y republicanos de la importancia que le daba al sindicalismo conciliador y no al reivindicador, que con su estilo estigmatizador él califica de armado. Y más todavía cuando lo nombró Representante Permanente de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para maquillar la imagen de su gobierno en este frente para él tan sensitivo.

Resulta, entonces, lógico para un gobierno cuyo Plan de Desarrollo da prioridad a la “locomotora” minero-energética, contar con los oficios de un conciliador profesional como Angelino, en virtud de su pasado como líder sindical y su antigua militancia en organizaciones de izquierda, desde el anquilosado Partido Comunista hasta la aniquilada Unión Patriótica, siendo uno de los pocos dirigentes que sobrevivieron al genocidio político.

Un político ubicuo y ambiguo

En pocas palabras: Angelino es el ornitorrinco de la política nacional, cuyas virtudes y habilidades lo convierten en un animal político ubicuo y ambiguo como ninguno otro. Aunque Garzón se define como un “hombre de centro izquierda católico”, sería más preciso describirlo como un hombre políticamente ubicuo e ideológicamente ambiguo. Ubicuo, porque durante su intensa y extensa vida pública ha hecho gala de tal flexibilidad que ha pasado por todos los grupos y ha militado en todas las tendencias políticas, sin perder su discurso popular ni su propia identidad, con su acento inconfundible de hombre gentil y sencillo, matizado con cierto aire de cura de pueblo.

Desde la izquierda ortodoxa del partido comunista, pasando por la heterodoxa Alianza Democrática-M19 –como delegatario en la Asamblea Nacional Constituyente¬— hasta funcionario en los gobiernos irreconciliables de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, para culminar como vicepresidente de Santos. No tuvo ningún reato de conciencia ni de su fe de católico para apostar un día por la paz negociada, y al día siguiente representar a un gobierno que, negando la existencia del conflicto, llegó a acuerdos políticos con criminales de lesa humanidad.

Cuando estuvo de candidato a la Gobernación del Valle del Cauca, contó con el apoyo de Convergencia Ciudadana y de Juan Carlos Martínez Sinisterra, sin escrúpulos de orden ético (católico) o político (izquierda), y así sumó todos los apoyos que fueron necesarios para obtener la más alta votación alcanzada hasta la fecha por gobernador alguno.

Tales son su ubicuidad política y su ambigüedad ideológica, que el año pasado promovió al saliente gobernador del Valle, Francisco José Lourido, contra la aspiración del PIN de seguir usufructuando el botín departamental y ahora apoya al gobernador Héctor Fabio Useche, quien gobierna en nombre del PIN. Y como si esto fuera poco, ahora reniega del partido de la U, aunque en su nombre haya alcanzado y ejerza la Vicepresidencia de la República.

Quizá por todo lo anterior, Garzón esconde sus veleidades y su oportunismo político bajo la sigla de una enigmática corriente de opinión que denomina “centro independiente”, con la cual navega por las oscuras aguas del clientelismo y la burocracia.

Un discurso milagroso

Los anteriores malabarismos políticos e ideológicos le permiten estar en el centro de la vida pública, donde despliega un inteligente y sinuoso discurso, matizado de sentimientos morales y religiosos, con frecuentes alusiones al perdón, la gratitud, la reconciliación, la justicia social y el mismísimo Señor de los Milagros de Buga, a quien encomienda la suerte de su gestión y aspiraciones.

Ante semejante popurrí político-religioso y social fácilmente la audiencia se rinde y se adormece su espíritu crítico. Es así como en una extensa entrevista radial concedida a RCN, además de agradecer a Pastrana, Uribe, Santos y la Iglesia Católica las oportunidades que le han dado para desempeñarse en importantes cargos, se solidariza con la tragedia –son sus palabras-- de Tomás y Jerónimo por ser investigados judicialmente a raíz de sus negocios en la zona franca de Mosquera y sus dudosas relaciones con el Canoso, un destacado miembro de las AUC de la costa Caribe.

Frente a las investigaciones contra el gobernador Useche, responde que él no es un juez y presume su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, pero a renglón seguido recuerda que conoció a su padre cuando era dirigente sindical en Bugalagrande, donde fue asesinado, e invoca entonces la calidad de víctima de la violencia para el actual gobernador Useche y la solidaridad con su gestión.

De esta forma Angelino ha forjado una imagen que le permite estar bien con casi todo el mundo, pero especialmente promover una aureola de hombre justo e imparcial (defensor por excelencia de los más humildes y su precario salario) capaz de conciliar los intereses más antagónicos para aspirar legítimamente a la dirección de la OIT, donde promoverá una “alianza de carácter tripartito con soporte de empresarios, trabajadores y gobiernos”, presentándose como el candidato de la región, pues su candidatura ha sido respaldada por los gobiernos de América Latina y el Caribe.

DE-LIBERACIÓN

(Enero 16 de 2012)

PARÁFRASIS POLÍTICAS

(Breves reflexiones sobre la actualidad política nacional e internacional)

Hernando Llano Ángel.

1- Entre los “Urabeños” y los “Uribeños” hay mucho más que una afinidad fonética. Existe una coincidencia estratégica: ambos creen que la fuerza y la violencia son la esencia de la política. Los “urabeños” cometen crímenes para alcanzar fines políticos. Los “uribeños” para eludir responsabilidades políticas. Por eso su jefe trina y clama para que sean bombardeados. Ironías del “posconflicto”.



2- La alquimia de la paz política, savia de la democracia, transmuta a los enemigos en adversarios. A partir de ese momento ya no se pretende doblegar al enemigo en un combate a muerte, sino más bien superar al adversario en un vital debate, donde ganan los votos y pierden las balas. Es la distancia entre las urnas y las tumbas, la confianza y el odio, que ni Santos ni las FARC parecen capaces de aminorar.

DE-LIBERACIÓN

(Exclusivo para revista EL CLAVO, edición 62, Dic 2011)

JUVENTUD, REBELDÍA Y POLÍTICA

Hernando Llano Ángel

No tiene mucho sentido hablar de la juventud en abstracto, sin tener en cuenta los ineludibles condicionamientos del tiempo y el espacio, aunados al género y la condición social. En nuestro caso, la ley 375 de 1977 encasilla la juventud entre los 14 y 26 años de edad, pero habría que intentar otros criterios para su comprensión y caracterización.

Uno de ellos es la rebeldía, como actitud de inconformidad y rechazo del mundo que se hereda de los adultos. Esa actitud permea todas las clases, géneros y etnias que cruzan a la juventud, al punto que incluso sobrepasa el criterio cronológico de la edad, pues aquel joven que vive por completo integrado e identificado con el estilo de vida, costumbres y valores de los adultos, queda inmediatamente por fuera de la “tribu” y se lo considera un desertor que ha ingresado prematuramente al bando de los “cuchos”. Sin duda, en todas las sociedades se percibe cierta hostilidad entre el mundo juvenil y el adulto. Por eso la juventud juega un papel crucial. Ella puede ser el relevo y la continuidad de un pasado vergonzoso o la superación del mismo, marcando así un nuevo comienzo y la construcción de una sociedad más amable y digna para todos sus miembros. Y es justo en esta tensión y coyuntura de transición donde los jóvenes se definen en relación con el segundo criterio mencionado, la política.

Al quedar los jóvenes situados en el terreno conflictivo de la política tienden a dividirse en varios bandos. En un extremo se agrupan los que radicalmente se oponen a lo existente y no ven otra opción que su destrucción o apropiación violenta contra aquellos que, situados en la otra orilla, por ser herederos o beneficiarios del presente, se preparan para su administración y defensa a muerte. Y en el medio queda una minoría que intenta su transformación y reforma gradual y la mayoría que se desentiende de la política por considerarla un juego sucio manchado de sangre, corrupción y desigualdades. Pero nadie puede escapar a las consecuencias de la política, sea joven o adulto, y menos en una sociedad como la nuestra, cruzada por un conflicto violento que tiende a polarizarla y dividirla en bandos irreconciliables. En tanto la juventud asume la vida con mayor intensidad, emotividad y pasión, cuando se compromete con la política lo hace por lo general en forma visceral e incondicional. El resultado de estas actitudes radicales y desesperadas, es la desaparición temprana y violenta de miles de jóvenes, paradójicamente por sus ansias de vivir y deseos incontenibles de un mejor presente. Son los jóvenes quienes mayor número de víctimas cobra nuestro conflicto armado y la llamada violencia social, justamente porque son quienes más aman la vida y no quieren esa muerte lenta, de todos los días, que administran resignadamente los adultos. Se convierten, entonces, en víctimas y verdugos de su propia generación. Terminan siendo guerreros implacables que no conocen ningún límite y mueren precozmente, apenas sin haber vivido. En algunas circunstancias actúan como rebeldes, en otras como contrarrevolucionarios o simplemente como sicarios. Pero en cualquiera de los roles que desempeñen, es claro que militan en las filas de la muerte, aquella que niega el presente de su juventud y el futuro de todos. En lugar de ser el eslabón de la vida, que articula las generaciones pasadas con las futuras, se convierten en piezas de una cadena que nos ata a todos a la violencia y la muerte. Ser lo uno o lo otro depende, en gran parte, de la forma como los mismos jóvenes asuman politicamente su inconformismo y rebeldía