martes, febrero 28, 2012

DE-LIBERACIÓN


(Febrero 28 de 2012)

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UN PSIQUIATRA EN BUSCA DE ASILO

Hernando Llano Ángel.

La parábola de Luis Carlos Restrepo es también la paradoja de la “Seguridad democrática”. La de una política que en su obsesión por negar la existencia del conflicto armado, terminó armando una compañía de utilería de las FARC, bautizada Cacica La Gaitana, para demostrar que la ley 975 --eufemísticamente llamada de Justicia y Paz--¬ no había sido diseñada exclusivamente para los grupos paramilitares. Así las cosas, irónicamente, hoy el ex alto comisionado de paz se encuentra huyendo de la justicia, no por las numerosas irregularidades que se cometieron en el tinglado de Santa Fe de Ralito, sino por la burda puesta en escena, con aeronave incorporada en el decorado, de una truculenta desmovilización de supuestos guerrilleros de las FARC. No podía ser mayor la paradoja de nuestra justicia: ante su incapacidad de investigar y juzgar a los criminales de guerra y de lesa humanidad, concentra su máxima atención en quien contribuyó a desmovilizarlos, así fuera utilizando falsos juegos de roles, tan útiles en la psicología como peligrosos en la guerra. Por eso hoy es casi imposible discernir en dicha “desmovilización” en dónde termina la realidad y comienza la invención, cuándo sus actores dicen la verdad o mienten y, lo que es más grave y difícil, establecer la autenticidad, inocencia o culpabilidad de todos los implicados. Ello es así, porque tal desmovilización supera con creces el ámbito de lo judicial y fue, antes que otra cosa, una deliberada apuesta política y en tal sentido una invención de la realidad. Lo que ella pone en cuestión es la misma existencia de lo que se investiga y juzga.

La Cuestión es la Realidad o ¿Lo que dice Luis Carlos Restrepo?

Que no gratuitamente es de lo que trata la psiquiatría, para determinar la salud o enfermedad mental de un paciente. ¿Hasta qué punto dicho paciente reconoce la realidad social y política que comparte con sus semejantes o la confunde con el mundo ilusorio o patológico de sus obsesiones? Por el último comunicado de Luis Carlos Restrepo, donde se autoproclama perseguido político y denomina a la Fiscalía empresa criminal, parece que el asunto es grave. De vida o muerte, pues el mismo Restrepo afirma que si viene a Colombia lo matan. Lamentablemente no da pistas de a quienes teme, ahora que abundan las venganzas criminales. Seguramente por ello está en busca de asilo, no propiamente hospitalario, sino político. El Estado que se lo conceda, reconocerá entonces que Restrepo goza de plena salud mental y que las autoridades judiciales y el mismo Estado colombiano están locos, pues lo persiguen con saña. Empezando por Juan Manuel Santos, que preside el país de la mentira, según el diagnóstico del psiquiatra. La pregunta es, entonces, ¿Cuál es la realidad en que vivimos? ¿La que define Luis Carlos Restrepo o la que todos compartimos con estupor y sorpresa?

Lo que está en cuestión es la misma realidad política y judicial en que vivimos los colombianos, puesta en duda por el psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo, otrora líder de la insurgencia civil y la ternura democrática, junto a la inteligencia superior de Álvaro Uribe Vélez y la menor pero eficaz de José Obdulio Gaviria. Por eso mismo, el asunto es mucho más trascendental que la inocencia o culpabilidad de Restrepo, pues se trata nada menos de saber en qué realidad vivimos y quiénes somos los enajenados.

La realidad política es el juicio ciudadano

La verdadera cuestión no es saber si nos engañaron con la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana o si la Fiscalía nos pretende engañar ahora. Si Olivo Saldaña era o no guerrillero de las FARC, si miente o dice la verdad, o cuántos de los desmovilizados eran guerrilleros feroces o pordioseros famélicos. No. La auténtica cuestión es saber cuál es la realidad y la verdad política. Y ello no depende de una sentencia judicial sino del juicio ciudadano. Porque no podemos seguir pensando que nuestra realidad se define en los estrados judiciales y no en nuestras mentes, decisiones y acciones. De continuar en el extravío de confundir la responsabilidad política con la culpabilidad penal, la Fiscalía corre el riesgo inminente de someter a un juicio implacable a quien desmovilizó a criminales de guerra y de lesa humanidad, cuya mayoría no ha podido juzgar por congestión o incompetencia institucional, y en su lugar condenar a quien participó como Alto Comisionado de Paz por delegación y en representación de Uribe en un macabro juego de rol del cual ahora no puede evadirse.

La locura está en la impunidad política

Criminales que fueron extraditados por Álvaro Uribe Vélez, para ser condenados como narcotraficantes en Estados Unidos, ocultando así la verdad que todavía nos debe a todos los colombianos, pero especialmente a las víctimas, sobre la identidad de sus cómplices en el poder político y económico, quienes al comienzo justificaron su empresa criminal, promoviendo las “Convivir” y después disfrazándolos de sediciosos por su lucha contrainsurgente, como fue originalmente aprobada la ley 975 de 2005, bajo la égida de la “seguridad democrática”. Allí es donde se encuentra el origen de toda esta locura, en la impunidad política más que en la judicial. En considerar que es más grave narcotraficar que masacrar, despedazar y desaparecer a miles de compatriotas, porque “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Sin duda, la “desmovilización” de la compañía Cacica La Gaitana es apenas un acto, quizá el más grotesco, de una obra mayor llamada “Seguridad democrática”, que hoy se revela como una tragedia, pues está llevando a sus protagonistas de la gloria celestial de gobernar al purgatorio de ser juzgados por sus conciudadanos y eventualmente condenados en el infierno histórico de la ignominia. Entre tanto, un gran número de sus actores de reparto y utileros, que contribuyeron a levantar ese portentoso escenario de odio y crueldad que tan bien oculta la realidad, hoy padecen la frialdad del exilio y la soledad de los calabozos.






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