DE-LIBERACIÓN
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(Diciembre 11 de 2009)

Una terna convertida en trinca

Hernando Llano Ángel.

En la controversia generada entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia por el nombramiento del Fiscal General de la Nación, encontramos uno de los pasajes más reveladores de la profunda crisis en que se encuentra extraviada, por no decir refundida, la institucionalidad democrática en nuestro país. Por ello, bien vale la pena analizar el trasfondo de la controversia, que es eminentemente político, pues se trata de un asunto de poder, antes que de simple interpretación constitucional y legal. Y en tanto es un asunto de poder político, hay que empezar por reconocer lo que es una realidad pública inocultable e irrefutable, que incluso se ha venido consolidando desde la Constitución del 91, pero que ha alcanzado una notoriedad escandalosa durante estos últimos siete años. Y es la relación simbiótica que se ha establecido entre la política y la criminalidad organizada, a tal punto que hoy forman una realidad inseparable y es ya casi imposible discernir donde comienza una y termina la otra. De alguna manera esta extraña y perversa relación tuvo su mejor expresión en el derogado artículo 35 de la Carta del 9l, “que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento”, consagrando así una especie de impunidad constitucionalizada en beneficio del narcotráfico. Pero eso ya es un asunto del pasado.

Un presente de impunidad legitimada

En el presente, en estos días que corren, la cuestión es mucho más tenebrosa, pues el narcotráfico se ha convertido en la coartada perfecta para burlar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del paramilitarismo, mediante el uso discrecional que ha hecho el presidente Uribe de la extradición. Un uso que objetivamente nos revela que para el Ejecutivo es de mayor gravedad el crimen del narcotráfico que los delitos de lesa humanidad cometidos por las bandas del narcoparamilitarismo contra miles de colombianos. Delitos de los cuales se beneficiaron políticamente todos aquellos Senadores y Representantes que concertaron con los comandantes paramilitares los resultados en aquellas elecciones donde, no por pura casualidad o libre voluntad de los ciudadanos, ellos resultaron ganadores. Delitos que han sido investigados con rigor e independencia por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al punto que hasta la fecha han sido formalmente vinculados 85 congresistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la coalición uribista de gobierno. Y ha sido esta labor de desvelar las relaciones entre la política y el crimen lo que tanto ha indispuesto a Uribe contra la Corte, al extremo de tratar de desprestigiarla frente a la opinión pública, tildándola incluso de haber politizado su labor judicial, cuando la realidad demuestra lo contrario: es la política oficial la que se ha criminalizado. No de otra forma puede entenderse la obsesión del mismo presidente Uribe por defender como delito de sedición los crímenes cometidos por los paramilitares, al incorporar semejante adefesio en la ley 975 de 2005, afortunadamente declarado inexequible por la Corte Constitucional. Pero lo que suele olvidarse es que en el diseño de semejante tramoya política y judicial tuve un papel protagónico el Ex Fiscal General, Mario Iguarán, cuando se desempeñaba como Viceministro de Justicia. Después de 4 años de aplicación de la ley 975, cínicamente llamada de “Justicia y paz”, no hay una sola condena por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y hoy la verdad se encuentra extraditada. La impunidad parece legitimada. Por ello tiene toda la razón el juez Baltazar Garzón, cuando recientemente señalaba que no se “puede anteponer un delito de narcotráfico contra uno de lesa humanidad”, en el reciente examen de dicha ley realizada por el Centro Toledo para la Paz. El deplorable balance de su aplicación, acompañada de la extradición de los principales ex comandantes paramilitares, se convierte así en el principal argumento político y jurídico a favor de la Corte Suprema de Justicia para insistir en la plena independencia que debe tener el nuevo Fiscal frente al Ejecutivo, como en su probada competencia en el área penal, pues el mismo alto comisionado para la paz, Frank Pearl, ha señalado que “este es el proceso de reparación más sofisticado del mundo”.

Una trinca en lugar de una terna

Con la reciente renuncia de la abogada Virginia Uribe y su remplazo por la abogada Margarita Leonor Cabello Blanco, la terna inicial del presidente Uribe queda de nuevo reducida a una persona, su verdadero candidato, Camilo Ospina, pues el magistrado del Consejo Estado, Marco Antonio Velilla, está tan distante del derecho penal y de la política criminal como la señora Cabello Blanco, experta en diversas áreas, excepto en derecho penal. Por el contrario, Camilo Ospina, ex ministro de Defensa, si está muy familiarizado con la política criminal, pues fue el autor de la fatídica Directiva 029 de dicho Ministerio, que reglamentó el pago de las recompensas a particulares por aquellas informaciones que permitieran la captura o baja de miembros de la guerrilla. Lo grave es que dicha circular tiene una relación directa de causalidad con las ejecuciones sumarias, mal llamadas “falsos positivos”, pues a partir de su aplicación ellas empezaron a aumentar exponencialmente. Incluso el entonces Fiscal General, Mario Iguarán, expresó que: “¿No será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa está generando estos graves y oscuros sucesos. Allí puede estar diciéndose que hay recompensas por $3.600.000 para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial”. Para concluir que la Directiva 029 configuraba “un delito de lesa humanidad y de ahí a la competencia de la Corte Penal Internacional”.

Por eso la improcedencia, por no decir que la impostura ética, política y hasta judicial de postular el presidente Uribe en dicha terna a Camilo Ospina. ¿Podrá Camilo Ospina ordenar la investigación por ejecuciones sumarias de jóvenes civiles inermes que, indirectamente, fueron víctimas de la Directiva 029 firmada por él como ministro de defensa? ¿Cómo puede entender la comunidad internacional, empezando por la ONU, que sea nombrado Fiscal General de la Nación, Camilo Ospina?

No hay que olvidar que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, no descartó que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales pueda intervenir la Corte Penal Internacional. Al respecto expresó: "Estamos observando y manteniendo un registro de ejecuciones extrajudiciales, y parece que es sistemática y difundida esta práctica". Dijo que la meta es que las autoridades nacionales investiguen y entreguen resultados, pero cuando un país no tiene la posibilidad o la voluntad de investigar, "en esa otra situación la CPI tendría autoridad para intervenir”.
Por todo lo anterior es que se puede concluir que la terna se convirtió en una trinca. Las tres acepciones que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es) describen perfectamente nuestra situación, pues trinca significa: “1f. Conjunto de tres cosas de una misma clase. 2. f. Conjunto de tres personas designadas para argüir recíprocamente en las oposiciones. 3. f. Grupo o pandilla reducida de amigos”.

Para eludir la coyunda de semejante trinca presidencial, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado hasta la fecha la terna presentada por el presidente Uribe, señalando que no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia que requiere ser Fiscal General de la Nación, entre cuyas funciones está, según el numeral 4 del artículo 251 de la Constitución Política: “Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”. Por ello sería un absurdo y una claudicación de los magistrados de la Corte frente al Estado de derecho y la ética de los Derechos Humanos si ceden a la presión del Ejecutivo y nombran a Camilo Ospina como Fiscal General.

Entonces se estaría consumando, una vez más, la lúcida descripción de García Márquez sobre el sentido de la ley en nuestra cultura política y el ordenamiento jurídico: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Tal sería el panorama de la persecución del crimen con Camilo Ospina como Fiscal, una especie de reencarnación del inefable Camilo Osorio y su penumbroso e impune paso por la Fiscalía General de la Nación. De consumarse su nombramiento, será inevitable en el futuro la intervención de la Corte Penal Internacional para subsanar los casos más escandalosos e inadmisibles de impunidad. Entonces estaremos frente al mayor legado histórico de Uribe: el desmantelamiento y la impotencia del Estado Colombiano en todos los ámbitos, militarmente dependiente de Estados Unidos; económicamente empeñado al FMI y el Banco Mundial y judicialmente en manos de la Corte Penal Internacional o de la justicia norteamericana, ya saturada de extraditados. Pero para consumar semejante proeza, Uribe sabe que precisa de otros cuatro años más.

DE-LIBERACIÓN
Octubre 31 de 2009
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¿Un Estado de opinión putrefacto o una opinión en estado de putrefacción?

Hernando Llano Ángel.

Es tal el cúmulo de escándalos de corrupción que se amontonan en la vida política nacional, que bien vale la pena preguntarse si la putrefacción es la esencia del famoso Estado de opinión proclamado por el presidente Uribe o, quizás suceda lo contrario, y dicho Estado sea la expresión más fiel de una opinión putrefacta, que convalida sin ningún escrúpulo el escándalo de cada nuevo día. Es probable que un asunto tan estrechamente relacionado con la esencia de nuestro régimen político, irrigado desde la Violencia hasta nuestros días con la sangre y el sudor de muchos para la fecundidad y la riqueza de unos pocos, no se pueda plantear bajo esa falsa disyuntiva. De alguna forma la realidad actual es el producto más logrado de la conjunción de ambas dimensiones. Un Estado de opinión tan descompuesto tiene su sustento en una opinión putrefacta, que no merece el calificativo de ciudadana.

Vidas desechables y dineros sagrados

Una opinión para la cual la corrupción de Agro, Ingreso Seguro es más intolerable que aquella que ha engendrado los “falsos positivos”, cuya matriz es la intocable y “exitosa” política de “Seguridad democrática”, es una opinión tanática y putrefacta. Una opinión que considera que la vida de jóvenes citadinos y de campesinos anónimos no tiene casi valor, pues su crecimiento desbordado y marginal los convierte en materia desechable y también reciclable. Lo saben bien todos los reclutadores de la muerte, que tanto ganan con la guerra. Empezando por aquellos que en nombre de la paz invierten millones de dólares en la remodelación de Bases Militares e invocan la Patria para simular soberanía y violar la Constitución. Continuando con los soldados campesinos que son inmolados como héroes de la patria o los campesinos guerrilleros desmembrados y desaparecidos como terroristas apátridas. Hasta aquellos cientos de miles que son desplazados y oficialmente declarados migrantes, según la cínica semántica de una obtusa inteligencia oficial. Pero los anteriores costos son insignificantes y colaterales, pues la inversión de capital nacional e internacional ha crecido exponencialmente y la seguridad se ha recuperado en todas las carreteras, aunque ellas cada día sean menos transitables. En contraste con la anterior minusvalía de la vida pobre, el dinero de los impuestos es sagrado y no se puede tolerar que continúe irrigando en forma irreversible los ubérrimos predios de la agroindustria dedicada a los biocombustibles. El Ministro de agricultura debe ser censurado y destituido.

Por el contrario, quien fuera ministro de defensa, Juan Manuel, como un santo varón, se convierte en precandidato presidencial y en digno heredero de los éxitos y también crímenes de la “seguridad democrática”. Es la inversión absoluta de la vida y sus valores de libertad y dignidad, subordinados a los imperativos del mercado y la seguridad de sus codiciosos inversionistas. Es la corrupción irreversible del Estado, anunciada en forma premonitoria y precisa en los siguientes términos, casi ministeriales, por José Vicente Castaño, en su fallida transición de comandante de las AUC a empresario exitoso, en una entrevista concedida a la revista Semana en junio de 2005: “En Urabá tenemos cultivo de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes.” Sin duda, el espíritu que inspira la política de Agro, Ingreso Seguro.

La putrefacción del Estado de opinión

Es la putrefacción del Estado como consecuencia lógica de la máxima corrupción de la política: su reducción a una guerra sin más horizonte que la muerte o la derrota del contrario. La llamada guerra contra el narcoterrorismo. A partir de entonces incluso la naturaleza es convertida en mortífera enemiga. Ella es “la mata que mata”. Debe ser fumigada con glifosato, expoliada e incluso exterminada. Y sus pobladores, cultivadores y comercializadores, convertidos en “culebras y sabandijas”, según la opinión presidencial, deben ser bombardeados, interceptados, capturados y extraditados hasta su rendición o aniquilación total. Para ello se dotará a siete Bases Militares colombianas de sofisticados dispositivos de inteligencia y se contará con un contingente de sacrificados militares y técnicos norteamericanos, expertos en la “mata que mata”, por un período de al menos 10 años. Incluso aquellos que pongan en duda el triunfo ineluctable del “Estado de opinión” sobre el peligroso estado de naturaleza y sus depredadores, serán sometidos a un tratamiento preventivo y reeducados bajo la asesoría científica del Psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo, conocedor como pocos de los efectos mortales de la “fruta prohibida”. En caso de no surtir efecto tal tratamiento, los apátridas serán extraditados a Estados Unidos, aunque allí oficialmente se empiece a considerar el asunto de la guerra contra las drogas como una derrota cumplida, pues el verdadero enemigo lo tienen en casa y se llama extra-adicción. Una forma más personal y sofisticada de putrefacción del espíritu y el sueño americano, el cual obviamente no puede ser fumigado con glifosato, pues su alto contenido tóxico y letal afectaría grave e irreversiblemente la salud del pueblo norteamericano.

PARÁFRASIS DE LA CRIMINALIDAD POLÍTICA
(Octubre 2 de 2009)

(http://calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel.

1- En Colombia la justicia no se ha politizado. Es el crimen el que se ha politizado.


2- Vivimos en una sociedad tan criminalizada, que ya nadie habla de comprometerse sino de involucrarse.


3- El signo de los tiempos: Los verdugos gobiernan y las víctimas emigran.


4- El progreso electoral: Pasamos de partidos políticos a microempresas electorales y de microempresas a organizaciones criminales.


5- Título de la obra: Referéndum Reeleccionista. Banda Musical: Concierto para delinquir. Vocalista: Luis Guillermo Giraldo. Autor: Álvaro Uribe Vélez.


6- Ejecutorias presidenciales: El narcotráfico se ha politizado; la verdad se ha extraditado y la política se ha criminalizado.


7- Evocación nostálgica: Hace 17 años que Pablo abandonó La Catedral.

DE-LIBERACIÓN
(Septiembre 9 de 2009)

EL RÉGIMEN URIBEFÁCTICO: QUINTAESENCIA

DE LA TRAMOYA NACIONAL

Hernando Llano Ángel.

Álvaro Uribe Vélez encarna la quintaesencia de la tramoya nacional, nombre benévolo y noble para designar nuestra realidad política, que nunca ha dejado de ser “un enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”, para ocultar bajo la etiqueta de una impúdica y mentirosa democracia esta ubérrima hecatombe. Pero hay que ser justo con Uribe y su histórica obra de gobierno, imposible de culminar en dos efímeros períodos presidenciales de cuatro años. Uribe requiere de más tiempo. No es un gobernante cualquiera. Él marca un cambio de época y de régimen.

Un tránsfuga plebiscitario

Para empezar, con su triunfo en el 2002 rompe la tradición histórica del partido liberal, pues como candidato disidente alcanza la Presidencia de la República. Pretensión en la que fracasaron líderes con estatura política y ética muy superior, como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. Ambos fueron asesinados por levantarse contra la violencia más execrable y criminal, aquella que defiende sin límites la codicia de los privilegiados y las ambiciones insaciables de los nuevos ricos, eufemísticamente conocidos como los emergentes. Todo lo contrario representa Uribe. Basta recordar su paso por la Gobernación de Antioquia (1995-1997), su entusiasta defensa de las Convivir, su condecoración al General (r) y hoy encarcelado, Rito Alejo del Río, y la macabra estela de 939 víctimas de grupos paramilitares, que comienza en su primer año de Gobernador con 143 asesinatos, en el segundo supera el doble, con 357 y cierra con un broche de sangre de 439 víctimas. Con razón el excomandante paramilitar Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, hablando sobre las afinidades políticas de Carlos Castaño con Uribe, reveló que: “Cuando aparece Uribe con ese discurso, Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo ví muchas veces reunido con él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos. ¿En que sentido? Recogía ese ideal de la autodefensa, que había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones” . Justamente ese cambio de época está dado por su capacidad para utilizar en beneficio propio los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución del 91, como acudir al referéndum para su segunda reelección, y manipular el miedo a las FARC y la ingenuidad política de millones de colombianos para convertirse así en un tránsfuga plebiscitario, que con sus firmas y en nombre de “Primero Colombia” ha llegado en dos ocasiones a la Presidencia.

Ahora pretende serlo por tercera vez, pero en nombre de “Colombia Primero”, fundación que violó los topes de financiación para la recolección de firmas y recurrió a los generosos aportes de empresas emergentes, como Transval, la encargada de transportar los valores de DMG. Sin duda, Uribe y sus correligionarios, además de ser profesionales del transfuguismo son habilidosos mercaderes de la política. No coincidencialmente Sabas Pretelt, ex presidente de Fenalco, coronó con éxito la negociación con los paramilitares y concertó con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño la reforma de ese “articulito” de la Constitución, según otra famosa expresión de Fabio Echeverri Correa, ese prototipo de empresario y líder antioqueño. Quedan así resumidos los sustentos de la legitimidad plebiscitaria de Uribe: la violencia paramilitar, la codicia de la politiquería, y el miedo de la población, engendrado y alimentado por el terror de las FARC, convertidas en las mejores promotoras de su éxito gubernamental. Pero en esta tercera campaña hay que añadir 2.03 Billones de pesos del programa Familias en Acción para 2.7 millones de hogares, lo cual constituye una cuota inicial nada despreciable para continuar Uribe en su interminable campaña electoral, apenas comparable con Chávez en Venezuela.

El Régimen Uribefáctico

Con el arribo y la prolongada posesión de Uribe de la casa de Nariño, la política se ha convertido en una gran tramoya, “esa máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos”, como es pretender proyectar en el escenario nacional e internacional la imagen de un “Estado de Opinión”, que se autoproclama superior al Estado de derecho y todo ello en nombre del pueblo y la democracia. En la página Web de la Presidencia, el 11 de Junio de 2009, se puede leer este titular: “No es el Congreso quien garantiza la reelección sino el voto del Pueblo: Uribe” y también “La Constitución del 91 eliminó la reelección por componendas políticas. Le quitó ese derecho al pueblo simplemente por componendas políticas”. En fin, un régimen sincrético, producto de esa alianza ignominiosa entre privilegios sociales con criminales privilegiados y de violencia atroz (“falsos positivos”) con imágenes publicitarias (“Colombia es pasión”). Privilegios como los de las grandes empresas y el sector financiero, que en el 2008 reportaron ganancias, respectivamente, por 29.8 y 10.8 Billones de pesos, gracias a la “seguridad democrática”. En el pasado reciente las obtuvieron con la “para-seguridad” brindada por criminales profesionales, hoy traicionados y extraditados a Estados Unidos, para evitar que continuaran revelando los secretos y nombres de los principales artífices de esta tramoya nacional. De aquellos que esperan seguir beneficiándose otros cuatro años e indefinidamente, aún por interpuesta persona. Incluso lo ha dicho “el Alemán”: “Uribe hizo mucho por el país, pero ya es el momento de entregarle el poder a otras personas”. Candidatos sobran para ello. Incluso con perfiles más democráticos y hasta discurso “alternativo”, pero fieles herederos de la “seguridad democrática”. Ya lo había advertido con lucidez otro Álvaro, en la crisis del 8.000, cuando escribió “lo que hay que tumbar es el régimen” y no sólo al Presidente. Y Uribe lo comprendió perfectamente. Consolidó un régimen de criminales poderes de facto. En su cúspide brilla la mezquindad y la soberbia, disfrazadas de democracia y Estado de opinión. En su base abunda el hambre, la codicia, el odio y la revancha a disposición del mejor postor, las más altas recompensas, los menesterosos subsidios y el más hábil embaucador. Como en el pasado, el oro y la escoria se dan la mano. Un clásico como Montesquieu, en su célebre “Espíritu de las Leyes”, escribió: “El gobierno despótico tiene por principio el temor; ahora bien, los pueblos tímidos, ignorantes y abatidos no necesitan muchas leyes. Todo estriba en dos o tres ideas: no se precisa más. Cuando se amaestra a un animal se cuida que no cambie de maestro, de lección ni de paso, y se impresiona su cerebro con dos o tres movimientos nada más”. En efecto, bastó con cambiar un “articulito” y repetir todos los días: “seguridad democrática”, “confianza inversionista” y “cohesión social”. Ahora el animal parece estar domado y el domador no se quiere bajar. Sobre su lomo toma plácidamente tinto y abusa de su ingenuidad y torpeza sin cesar. Ilusamente cree que gobernar es lo mismo que cabalgar. Pero el potro de la ilegitimidad democrática sobre el cual cabalga es brioso y ningún domador, por mañoso o experto que sea, ha logrado llegar a la meta sin antes perder los estribos y morder el polvo de la ignominia, que es peor que una derrota. Como en un espectáculo de rodeo, es cuestión de tiempo su vergonzosa caída. Entonces el público lo chiflará, aunque antes lo haya aplaudido y alentado en su frustrada osadía.

DE-LIBERACIÓN
(Agosto 13 de 2009)

A PROPÓSITO DE LAS BASES MILITARES

Rescato de mis archivos la columna titulada “Los Otros”, escrita para la edición del periódico EL PAÍS del viernes 1 de Febrero de 2002, pero que nunca fue publicada y causó la terminación unilateral de mi contrato y la desaparición de sus páginas de opinión de la columna “Calicanto”. Lamentablemente conserva plena actualidad, pues en ella se hace alusión a la propuesta electoral del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez sobre la necesidad de contar con presencia militar norteamericana en Colombia para profundizar el “Plan Colombia”. La siguiente es la versión como originalmente fue escrita y se quedó esperando en vano su publicación. Posteriormente realicé otras tres versiones, cada vez más breves, a solicitud del Subdirector de Opinión, Luis Guillermo Restrepo, pero tampoco fueron publicadas. El problema no era de espacio físico, sino mental e ideológico. Por eso no tuvo cabida en EL PAIS. Afortunadamente el ciberespacio es ilimitado, por ahora.

LOS OTROS

(Primera Versión)

Hernando Llano Ángel.

Es el título de la estupenda y última película de Alejandro Aménabar, tan cercana a nuestra realidad. En ambas es difícil discernir los límites entre la vida y la muerte. Sus personajes están atrapados en una atmósfera fantasmal, rodeados de miedo, temiendo incluso a la luz del día, refugiados en una hermosa e insondable mansión. El Padre de familia, apenas un espectro, regresa de la segunda guerra mundial y al final desaparece tan misteriosamente como llega. Como espectador, uno se siente fascinado y desconcertado con la trama. La historia genera una especie de miedo metafísico envolvente, pues ignoramos lo que sucede, sin recurrir la película a ningún efecto especial. La trama es tan sutil y a la vez compleja, que impide identificar la maldad o bondad en sus personajes, la verdad o la mentira en sus relatos. Es imposible distinguir entre los vivos y los muertos. Solo al final uno descansa y cree haber descifrado la inteligente trama de su director y guionista, un legítimo heredero de Buñuel y Hitchcock, que mezcla magistralmente el surrealismo con el suspenso.Pero nuestra realidad es mucho más compleja y terrorífica. Al punto que deambulamos en un limbo ambiguo y sangriento, entre la guerra y la paz. Con la enorme diferencia de que somos los protagonistas de la película y en ella se nos va la vida. En la película nacional no tendremos la oportunidad del espectador, al salir del teatro, para empezar a descifrar lo que ha visto, pues es probable que nuestros ojos estén cerrados para siempre. Nos toca optar por ser responsables, en lugar de víctimas o verdugos. De alguna forma, asumir el papel de auténticos ciudadanos.

Algunos lo han hecho, como es el caso de las numerosas Comunidades de Paz de Chocó y Antioquia; los pobladores de Caldono y Bolívar; o los del Magadalena Medio con Pacho de Roux S.J a la cabeza; los de Mogotes, Santander, como auténticos herederos de los Comuneros; las mujeres de la Ruta Pacífica y de Barrancabermeja, junto a los pueblos indígenas Paeces, Guambianos, Aruhacos y U`was. Todos tienen en común que rehúsan jugar el rol de víctimas o verdugos, pues renuncian radicalmente al ejercicio de la violencia por su propia mano, así como a delegarla en un tercero que se manche las manos en su nombre. De esta forma las organizaciones populares, comunidades indígenas y colectivos de mujeres dan lecciones de valor civil y de ética política a cientos de miles de citadinos, confusos y cobardes, que parecen optar por la cómoda y cínica actitud de elegir a un tercero que, con voz desafinada y ademanes corteses, propone a su vez invitar a terceros externos para que salven la patria, invocando una supuesta e inexistente autoridad democrática.

Según el libreto de este exitoso candidato, veremos en la televisión cómo mueren por nosotros los otros, aquellos que heroícamente llegarán del Norte a salvarnos. A todos los que comparten esta Hollywoodense intervención y deliran por eliminar a esos “otros” de hoy, quienes a su vez sueñan con la revancha histórica de gobernar sin los “otros” de siempre, los oligarcas, valdría la pena recordarles que en una guerra civil degrada es imposible distinguir entre los unos y los otros, pues en ella todos perdemos. Más nos convendría ser sensatos y reconocer que no existen “Otros”, responsables exclusivos de la guerra o la paz, pues ambas son consecuencias de nuestras acciones y omisiones. Los “Otros” tambien somos nos-otros. La guerra deriva de nuestra indolencia, comodidad, ambición y soberbia, que delega en otros la forma como vivimos y morimos. Y así nos vamos convirtiendo todos en inquilinos de nuestra propia casa, consintiendo que los otros y los intrusos la ocupen y desmantelen, hasta convetirla en un inmenso cementerio. Entonces reinará la paz de los muertos, como sucede en la fría mansión de “Los Otros” de Aménabar.

(Columna Calicanto para El PAIS, edición del Viernes 1 de Febrero de 2002)
Nota: Esta columna no fue publicada en EL PAIS. Está pendiente su aparición en las páginas de opinión.

DE-LIBERACIÓN
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LA HECATOMBE ANDINA: CRISIS DE SOBERANIA Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICAS

Hernando Llano Ángel.

Los últimos acontecimientos políticos nacionales e internacionales nos están revelando que no habíamos comprendido el alcance de la advertencia del presidente Uribe sobre la inminencia de una hecatombe, que haría imprescindible su permanencia al mando de la nave del Estado. Todos pensamos que se trataba de una hecatombe nacional. Ahora estamos viendo que el presidente se refería a una hecatombe de orden regional, la hecatombe andina, que sólo una inteligencia superior como la suya podía avizorar con claridad en el horizonte convulso y gris de nuestros inciertos vecinos. Una hecatombe de la cual, en honor a la verdad, no sólo ha sido un profeta iluminado, sino también un artífice brillante. Sin duda, ella ahora se prefigura nítidamente y en toda su dimensión, con presencia norteamericana y tecnología militar de punta en tres bases militares colombianas, gracias a la inexistencia de un conflicto armado interno en nuestra nación.

Del Post-conflicto nacional al Conflicto Internacional

En efecto, como ahora en nuestro país vivimos la etapa del post-conflicto, él se ha desplazado o migrado hacia las fronteras y se ha convertido en un conflicto de orden internacional que cubre toda la región andina. Por consiguiente, como todo conflicto de tal naturaleza, requiere la presencia de una inteligencia superior a la nacional, la inteligencia militar norteamericana para su cabal discernimiento y eventual arbitramento. Incluso puede precisar la presencia de más países, pues como todos sabemos el monstruo del narcoterrorismo demanda una cruzada mundial para su extinción definitiva de la faz del planeta, cada día más amenazado por esa fuerza del mal, cuya codicia y violencia no tiene límites. Ni siquiera el sistema financiero internacional da abasto para su reciclaje, mucho menos podrá erradicarlo las fuerzas militares y de policía de una sola nación por eficaz, heroica y victoriosa que sea su “seguridad democrática”. Con dicha coartada, que Nixon proclamó como la “guerra contra las drogas”, ahora se abre un nuevo capítulo, la “guerra contra el narcoterrorismo”, y mañana puede abrirse otro frente, la guerra contra los “narco-Estados”, como ya un informe para el Congreso Norteamericano empieza a catalogar a Venezuela. Y para que las piezas de la región armen el rompecabezas de la hecatombe, entonces Ecuador carece de un presidente legítimo, pues contó con el generoso aporte de las Farc en miles de dólares (¡de nuevo la imprescindible ayuda norteamericana!) para alcanzar el solio presidencial. Con semejante prueba reina, el presidente Uribe remite el video del mono “Jojoy” a la OEA para que evalúe la relación de Correa con una agrupación narcoterrorista como las FARC.

La Judicialización internacional de la legitimidad democrática

No demorará Correa en denunciar a Uribe como un político y gobernante que cabalga con destreza y convive con seguridad sobre el potro salvaje del paramilitarismo y sus crímenes de lesa humanidad, desde su época de mandatario antioqueño, hasta nuestros días cuando logró la reelección presidencial gracias a los votos leales de numerosos correligionarios, hoy presos por concierto agravado para delinquir por su asociación con dichos grupos criminales, quienes oportunamente aprobaron en el Congreso su reelección inmediata. Todavía resuena el eco del consejo presidencial a sus parlamentarios sub júdice: “Voten, mientras puedan hacerlo…”, antes de que fueran trasladados a la Picota. Sin duda, otra de las proezas presidenciales en el desmantelamiento de las instituciones democráticas, pues logró transformar el régimen parlamentario en uno semi-penitenciario. Para no mencionar las ya conocidas de la Yidispolítica y la persuasiva creación y asignación de Notarias, según lo confesado por el ex superintendente de notariado y registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, como reciprocidad presidencial ante la rápida comprensión de sus argumentos por parte de numerosos parlamentarios. En definitiva, lo que sobresale en medio de esta disputa andina por los títulos de legitimidad democrática de sus correspondientes mandatarios, es que ninguno aprueba la asignatura. Los tres presidentes están fuertemente afectados por sus alianzas estratégicas o coaliciones coyunturales con poderes de facto de carácter criminal y la manipulación arbitraria de su poder presidencial y los insuperables recursos del presupuesto estatal a su disposición. Se trata, pues, de una profunda crisis de legitimidad y soberanías democráticas, que ninguno de los tres mandatarios puede sortear satisfactoriamente ante la comunidad internacional.

Crisis de Soberanía y Legitimidad democráticas

Porque la primera expresión de un Estado democrático es su soberanía en términos de garantizar la vida, seguridad y dignidad de sus ciudadanos. Y sin duda no es el presidente Uribe y menos nuestro Estado, quien pueda acreditar los mejores indicadores de soberanía y democracia en la región, pues tenemos más de tres millones de colombianos desarraigados por causa de un conflicto armado interno; el mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo; el mayor número de víctimas de minas antipersona y de ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. En fin, la más grave y degradada crisis de carácter humanitario que existe en el continente americano, apenas comparable con el desmantelamiento de la legitimidad democrática y sus instituciones liberales (Estado de derecho, competencia pluripartidista y libertad de expresión) que lideran Hugo Chávez en Venezuela y parece emular Rafael Correa en el Ecuador.

Un Gobierno que erosiona las bases nacionales

El anterior paisaje de inexistentes o precarias legitimidades y soberanías democráticas se torna más hostil e impredecible con la presencia de fuerzas militares foráneas, como las norteamericanas, que de entrada reclaman inmunidad para las acciones de sus hombres, negando así al Estado colombiano la primera manifestación de soberanía: la aplicación de justicia sobre aquellos que delinquen contra su población y en su territorio. Asunto que para el presidente Uribe no parece significar nada, pues se precia en proclamar a los cuatro vientos que ha extraditado más de 800 colombianos a los Estados Unidos, entre ellos a criminales de lesa humanidad que no revelarán a la justicia colombiana y a los familiares de sus víctimas el entramado de complicidades oficiales, empresariales e internacionales en la comisión de semejantes crímenes. Es en tal tipo de decisiones donde la soberanía de un Estado democrático cobra sentido, pues quien lo presida jamás delegaría en un tercero el ejercicio de la justicia y el conocimiento de la verdad. En este evento se puede afirmar que Uribe está socavando las bases políticas y jurídicas de la Nación, cuestión tanto o más grave que permitir a fuerzas militares foráneas el uso de sus bases militares para operaciones de inteligencia sobre su territorio y las regiones limítrofes.

Por último, no deja de ser una amarga ironía que precisamente hoy 20 de Julio, cuando se da inició a la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia de la Corona española, asistamos a la conversión de nuestro territorio en un laboratorio privilegiado para la inteligencia militar norteamericana sobre las regiones andina y amazónica, las más portentosas del planeta en biodiversidad y riquezas inexploradas. Así las cosas, nuestro Estado se convierte en un Estado centrífugo y lunático, que cada día gira y depende más del sol norteamericano, porque Uribe y sus socios parecen haber olvidado que el Sur también existe, desconociendo flagrantemente el preámbulo de la Constitución del 91 donde “El pueblo colombiano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente… se compromete a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. Ahora sólo falta que la obtusa inteligencia de un ex asesor presidencial nos diga que así se promueve la integración afroamericana y el futuro del TLC con Estados Unidos, bajo los designios del carismático e inescrutable Obama, cuya retórica a favor de los Derechos Humanos y contra Guantánamo queda sin muchas bases al promover la ocupación de las nuestras con su personal militar y civil que gozará de inmunidad en nuestro territorio. Una vez más queda claro que el ejercicio imperial de la soberanía no reconoce ningún derecho ni autoridad por encima de sus intereses y los delitos de sus hombres. Tal es el precio del pragmatismo y el realismo político, al cual se debe en primer lugar Obama, como presidente del imperio que es. (Julio 20 de 2009)

DE-LIBERACIÓN

(calicantopinion.blogspot.com)
Junio 17 de 2009

De la constitucionalidad fáctica a la criminalidad constitucionalizada

Hernando Llano Ángel

Este puede ser el titulo de una crónica de ficción constitucional, proyectada por la imaginación desbordada de una mente sin contacto alguno con la realidad política nacional. Pero también puede ser lo contrario. Una crónica realista que concatena los acontecimientos más relevantes de los últimos 20 años de la vida política nacional, para llegar a la conclusión desoladora de su título. Una crónica que tiene como hilo conductor esa relación inseparable e inextricable entre la política y el crimen, la cual ha determinado y lo sigue haciendo tanto los escenarios como los actores protagónicos y secundarios en los principales ámbitos de la vida nacional.

Una constitucionalidad fáctica

Por lo tanto, conviene empezar por el ámbito político constitucional, aquel que enmarca y configura todos los demás. Y en el origen de la Carta del 91, en su génesis no estuvo el verbo, sino la sangre y el crimen. El magnicidio de Luis Carlos Galán perpetrado, entre muchos otros, por Pablo Escobar, el 18 de Agosto de 1989. Magnicidio que estuvo precedido por el genocidio de la Unión Patriótica, de su candidato presidencial Jaime Pardo Leal, y posteriormente de la temprana aniquilación de dos de los más prometedores candidatos de la izquierda democrática: Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León-Gómez. Entonces hizo su aparición el verbo encendido de los estudiantes bajo el patético nombre de “Todavía podemos salvar a Colombia” y el ingenioso recurso de una “séptima papeleta” para convocar una Asamblea Constitucional.

La leyenda de la democracia participativa

Así comenzó a tejerse la leyenda de un “movimiento estudiantil” supuestamente autónomo y espontáneo, que condujo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando en realidad de lo que se trató fue de una habilidosa estrategia mediática y gubernamental, donde tras los bastidores de la Casa de Nariño estuvieron figuras tan cruciales en dicho proceso como Manuel José Cepeda Espinosa y Fernando Carrillo, quienes después se desempeñaron respectivamente como asesor constitucional y malogrado ministro de Justicia del entonces presidente Cesar Gaviria. Se desató una actividad frenética de Mesas de Trabajo Constituyentes que formularon más de cien mil propuestas de artículos para la nueva Constitución y un vértigo tal de entusiasmo democrático que la gente se creyó la leyenda de estar pasando de una democracia representativa que nunca ejerció plenamente, pues no tuvo alternativas frente a la impostura “bipartidista” del Frente Nacional, a una democracia participativa donde todos fuimos convertidos en omnímodos constituyentes primarios. Por eso la pregunta que nos convocó, formulada por los asesores del presidente Virgilio Barco, decía: “Para fortalecer la democracia participativa ¿Vota por la convocatoria de una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia?”

Pero la realidad era bien distinta y distante de esa exultante expresión ciudadana de voluntad democrática, que entonces representó apenas el 39% del censo electoral vigente, pues tras de ella también estaba la estrategia del crimen organizado que buscaba ponerse a salvo de la extradición, como efectivamente lo logró con el artículo 35 de la Constitución, ya derogado. Entonces no asistimos a un consenso constitucional democrático sino más bien a uno de carácter fáctico, más producto del miedo que del acuerdo, entre otras cosas porque la fórmula de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer y expedir la nueva Carta Fundamental desbordaba el marco de la Constitución de 1886. Así lo expresó la nueva Corte Constitucional en uno de sus primeros pronunciamientos (Auto 003 de 1992): “La Asamblea Nacional Constituyente que expidió la nueva Constitución Política de Colombia fue un poder comisionado del pueblo soberano. Su fuerza jurídica era fáctica, pues provino de un hecho político-fundacional, más no jurídico. Ella actuó no por orden de la Constitución de 1886 y sus reformas, sino por fuera de ella, contra ella, por disposición directa del pueblo en un período de anormalidad constitucional. En este sentido, la comprensión del proceso colombiano de reforma se encuentra en el concepto de anormalidad constitucional; y este concepto sólo puede ser definido políticamente, por ser acto fundacional, pues se refiere a un presupuesto del derecho que todavía no es jurídico.”

La criminalidad constitucionalizada

Algo similar parece estar fraguándose en la actualidad, cuando se apela de nuevo a la maleable y volátil voluntad ciudadana, por no decir entusiasta e ingenua, para que por vía del referéndum o una nueva constituyente termine legitimando e instaurando una constitucionalidad criminal. Una constitucionalidad que tiene su actual origen en el delito de cohecho por el cual han sido condenados los ex congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, pero también en una mayoría conformada gracias a los votos de más de 29 ex congresistas que hoy están en la cárcel por concierto para delinquir agravado, en tanto sus curules fueron alcanzadas por la influencia determinante de los paramilitares en aquellas regiones donde obtuvieron el mayor porcentaje de sus votos. Por eso dichos congresistas renunciaron a sus curules, reconociendo tácitamente que su origen como representantes políticos es espurio e ilegítimo. Desde luego, también lo son las decisiones que tomaron, bien al aprobar leyes o al reformar articulitos de la actual Constitución, como el 197, de nuevo en disputa. Precisamente por lo anterior, ahora el mecanismo es más sutil y perverso, pues se apela a las firmas de ciudadanos y ciudadanas, las cuales se obtuvieron violando el límite de la financiación que fijó la ley y el Consejo Nacional Electoral. Es decir, mediante la comisión de un insignificante crimen contable o procesal que, se dirá, en nada mancha la voluntad del “ciudadano soberano”. En efecto, el aporte de “Colombia Primero”, fundación constituida por contratistas y empresarios que han sido generosamente beneficiados por el “Estado Comunitario” de Uribe, sobrepasó en más de setecientos millones de pesos el monto autorizado para la recolección de firmas. Lo más paradójico e irónico de esta picaresca es que todo lo anterior haya sucedido de acuerdo con la Constitución y la ley, como en la famosa zona franca de Occidente de Mosquera, en beneficio de Tomás y Jerónimo. Exactamente lo mismo que con el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez, sin él haber superado tan grave encrucijada en su alma. Se trata de una familia constitucional y legalmente ejemplar, cuyo padre tiene todo el derecho de permanecer 12 años o más en la Casa de Nariño por razones de “seguridad democrática”, pues si la abandona su vida y libertad correrían grave peligro en una sociedad amenazada por el terror de las FARC y las sentencias de jueces y Cortes Internacionales impredecibles.

Ilegitimidad democrática de la criminalidad constitucionalizada

Sin duda, se trata de una criminalidad constitucionalizada, que instaura así un poder presidencial objetivamente basado en la ilegalidad (cohecho) y en la ilegitimidad política (concierto para delinquir agravado), pero que usufructúa la carta del 91 y se aprovecha del desvarío político de sus redactores cuando consagraron que ella podría reformarse con apenas el 25 por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo electoral (7.3229.444 a la fecha), que es lo exigido para una referendo constitucional como el actual. Lo anterior significa escamotear al máximo la legitimidad democrática de un Estado, pues permitiría en nuestro caso que apenas el 12.50% (3.664.723, mitad más uno de electores por el sí del 25% mínimo exigido) decidan la suerte de cerca de 29.317.778 ciudadanos inscritos en el censo electoral y de esta forma determinen el carácter hiperpresidencialista y personalista del nuevo Estado. Para evitar ese riesgo, la mayoría de las Constituciones de los Estados democráticos estipulan un mínimo que oscila entre el 35 y 50 por ciento de participación ciudadana para que un referendo constitucional tenga efectos, pues así el destino de toda una sociedad no queda en manos de minorías astutas y criminales, capaces de manipular pasiones tan fuertes y bajas como el odio y el miedo (Escobar y sus extraditables; Uribe Vs FARC) e irrefrenables como la codicia de riquezas y la ambición de poder político (Paramilitares y Para-Uribistas).

Exactamente lo que nos sucede en la actualidad bajo los espejismos del “Estado Comunitario” y la “seguridad democrática”, cuyo verdadera identidad es la de un Estado plutocrático-asistencialista al servicio de la seguridad inversionista. Le asistía toda la razón a Don Miguel Samper, cuando en 1867 escribió: “Al leer tantas Constituciones como las que se expiden en estas tierras, se nos ocurre que en vez de tantos libros consultados para elaborarlas, convendría empapelar los salones de las Cámaras con los cartelones en los que el Doctor Brandreth recomendaba sus píldoras con un aforismo tremendote: “Constitución es lo que constituye, y lo que constituye es la sangre”; sea la que se derrama a torrentes en la guerra, o la que queda en las venas de los señores que legislan, inficionada por los odios, la sed de venganza y la vanidad.”

Han transcurrido 142 años y hemos retrocedido, pues al odio, la sed de venganza y la vanidad ahora se incorpora la criminalidad a la historia constitucional bajo la inspiración y el carisma de Álvaro Uribe Vélez, que para muchos colombianos está situado más allá del bien y del mal, de la Constitución y la ley, aunque bajo su gobernación en Antioquia (1995-1997) los grupos paramilitares, con la asistencia del condecorado y hoy encarcelado General (r) Rito Alejo del Río hayan cometido 939 ejecuciones sumarias, la mayoría de ellas todavía impunes. También en este terreno los logros del presidente Uribe son innegables, ha desmovilizado esos terribles grupos, pero ahora las ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la Fuerza Pública superan el número de 1.000 víctimas. Ha institucionalizado la criminalidad, por ello hoy sus parlamentarios defienden en el Congreso con espíritu de cuerpo que para indemnizar a las víctimas de agentes del Estado éstos primero deben haber sido condenados judicialmente. Valdría la pena que el presidente Uribe volviera a leer el punto 33 de su Manifiesto Democrático donde escribió:”También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.

DE-LIBERACIÓN
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El Régimen Para-Uribista
(Mayo 21 de 2009)

Hernando Llano Ángel

Con la aprobación en el Senado del referendo reeleccionista y la casi segura sustitución del texto de la Cámara de Representantes, en tanto es imposible conciliar que el 2014 empiece en el 2010, se avanza en forma vertiginosa hacia la consolidación de un nuevo régimen político, que bien puede denominarse para-uribista. Un régimen que pretende que todas las instituciones, empezando por el Congreso de la República --cuya esencia es representar la pluralidad de toda la Nación y ejercer control político sobre el Ejecutivo-- “module” sus leyes para complacer ese animus dominandi que ni el mismo Uribe logra ocultar y de paso garantizar, como una Celestina, las francas ambiciones de sus hijos, Tomás y Jerónimo, ahora denominados empresarios. Curiosa paradoja: el padre niega su ambición pública, mientras sus hijos hacen públicas sus ambiciones privadas.

Tal es la esencia del actual régimen, por eso su rasgo distintivo es la paranoia frente a todas las instituciones, periodistas y líderes que no lo respalden incondicionalmente y su lenguaje es una mezcla indescifrable de simulación y mentira. De allí que sus principales asesores y defensores sean el psiquiatra-filósofo Luis Carlos Restrepo y el sofista José Obdulio Gaviria, quien tilda a los desplazados de migrantes –pues viajan “seguros” por Colombia— y ahora sí reconoce que en “Colombia estamos en guerra, es decir en campaña”, bajo la conducción del presidente Uribe, elevado a la categoría de “mariscal de campo imbatible, vencedor de todas las batallas”[1]. Quizá por lo anterior, Uribe, que se precia de ser un hombre frentero y llamar a las cosas por su nombre, ahora esconde su próxima candidatura presidencial bajo metáforas como la “encrucijada del alma”, después de haber enviado al Senado a su ministro de la Política, Fabio Valencia Cossio, para modular el referendo y así asegurar los votos de una docena de indóciles miembros de la coalición que ponían en vilo su aprobación. Estamos asistiendo a la fase de consolidación del régimen para-uribista, por eso sus más fieles escuderos son trasladados a la arena electoral y a la prensa nacional para que se batan en nombre del Presidente Uribe contra aquellos que José Obdulio llama “una formación de políticos sin pueblo, frecuentados por viudas del poder, contratistas angurrientos y tramadores profesionales de infamias y calumnias”.

El ex ministro de defensa, Juan Manuel Santos, después de evadir su responsabilidad política en los mal llamados “falsos positivos”, se convierte ahora en un “falso candidato” presidencial. Aunque más exacto sería denominarlo “para-precandidato presidencial”, pues espera, como un leal soldado, que el “mariscal de campo imbatible” no aspire a un tercer período para así sucederlo en las nuevas batallas. De otro parte, Luis Carlos Restrepo, antes Alto Asesor de Paz presidencial, desciende al cenagoso terreno de la política proselitista y se convierte en Presidente del partido de la “U”. Es decir, en un auténtico para-político al servicio de Uribe, pues hará las veces de su auxiliar para organizar las debilitadas huestes de la “U”, que ya tiene en la cárcel o sin curul a 7 de sus miembros por estrechas relaciones con los grupos paramilitares. Y la verdad es que el filósofo y psiquiatra, otrora brillante promotor de la ternura en la política, ahora ejerce como un tirano su nuevo cargo, sin ternura alguna, con una vehemencia y audacia tan visceral que empezó por reclamarle a la senadora Marta Lucía Ramírez su curul de la “U” y sin ningún pudor cursó invitación al Representante Roy Barreras, expulsado de Cambio Radical.

Sin duda, para desempeñar cargos tan complejos se necesita la sólida formación de psiquiatra y filósofo, que le ha reportado éxitos tan rotundos como la conversión de criminales de guerra en sólo narcotraficantes, rápidamente extraditados a USA cuando empezaron a revelar la verdad de sus relaciones políticas con numerosos senadores y representantes, empresarios e inversionistas para-uribistas, sin perder en semejante trance su razón y menos su profesional compostura de filósofo y psiquiatra del nuevo régimen. Es tal la versatilidad de Restrepo en estos terrenos brumosos, que lindan con la locura, donde la política se confunde con la criminalidad, que propuso de nuevo la urgencia y conveniencia de la inmunidad parlamentaria para que los congresistas no se sintieran intimidados y atemorizados por otros poderes, como el de la Corte Suprema de Justicia. Esa inmunidad parlamentaria tan valorada y estimada por Pablo Escobar, primo de José Obdulio Gaviria, cuando combatía con plenas garantías desde la Cámara de Representantes al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, antes de ordenar sus asesinato.

Se llega así a una conclusión preocupante, que la esencia de toda parainstitucionalidad es justamente la pretensión de adaptar o crear instituciones funcionales a los intereses y ambiciones de personas o grupos específicos, en lugar de considerarlas y defenderlas en tanto son garantía de imparcialidad para la integridad y dignidad de todas las personas en una sociedad. De allí que John Plamenatz insistiera tanto en que: “El estudio más digno de la política no es el hombre sino las instituciones”. Pero entre nosotros sucede exactamente lo contrario. Por eso las instituciones y la práctica política están tan desacreditadas y al girar en torno a un hombre han degenerado en para-uribismo, que viene siendo una subespecie de parainstitucionalidad plebiscitaria, máxima corrupción de la política, pues ningún hombre puede arrogarse la representación exclusiva de toda una Nación (con nombres tan reveladores como “Primero Colombia” o “Colombia Primero”) y mucho menos considerarse imprescindible o insustituible para su conducción y salvación.

[1] - Ver su artículo del 5 de mayo en El Tiempo: “Caminamos juntos o nos ahorcarán por separado”.

DE LIBERACIÓN
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Uribe: alquimista del terror y la iniquidad

Hernando Llano Ángel.

Transcurridos 6 años y 8 meses de Uribe cabalgar sobre el brioso corcel de la “Seguridad Democrática”, cuyo exitoso avance no ha logrado contener los cerca de 4 millones de “migrantes” (desplazados) del campo a la ciudad y mucho menos ocultar tras su veloz galope la tenebrosa estela de más de mil “falsos positivos” (ejecuciones sumarias), es una enorme injusticia que apenas sea merecedor a la anodina condecoración: “Premio Cortes de Cádiz a la Libertad”. En realidad, debería ser reconocido con una distinción mayor, como el Premio Nobel de la Libertad, que está en mora de crear y otorgarle la Fundación sueca, así como concedió el Nobel de la Paz a Henry Kissinger y a Menahem Begin, por sus ejemplares y abnegadas acciones en beneficio de la humanidad.

Pero mientras Uribe es exaltado a esa dignidad, bien puede ser catalogado como el mejor alquimista de la política nacional, al transmutar el terror de las ejecuciones sumarias en el oro de la “seguridad democrática” y la arbitrariedad en el ejercicio del poder en el irrefrenable e ilegal referéndum de la segunda “reelección presidencial”. Para ello ha desplegado sus dotes de prestidigitador insuperable, al manipular con siniestra destreza el miedo y odio que infunden las FARC y frustrar con destreza siniestra la codicia y la ambición de poder político de los paramilitares mediante su oportuna extradición a Estados Unidos.

Así las cosas, Uribe parece tener despejado el camino para su segunda reelección, incluso insinuada desde su primera campaña en el punto 98 de su “Manifiesto Democrático”, donde se puede leer: “el País necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad…”

Sin duda, ya está en marcha la conformación de ese Gobierno, para lo cual han sido enviados al movedizo terreno de la arena electoral los leales alfiles de Luis Carlos Restrepo y José Obdulio Gaviria, con la ayuda de tránsfugas mediáticos como Roy Barreras, que pronto nos presentarán en medio de luces y espectáculos ese nuevo partido de la Unidad Nacional, ante la imposibilidad de seguir abusando, con cinismo patriótico, de las exitosas fórmulas electorales de Colombia Primero o Primero Colombia, hoy completamente desacreditadas. Está claro que por fuera de ese nuevo Partido no habrá salvación nacional. Quienes lo ataquen serán apátridas, enemigos de la civilidad y cómplices del terrorismo.

Alquimista del plomo, la plata y la iniquidad

De esta forma, Uribe no sólo emerge como el alquimista providencial que gracias al plomo contra el terrorismo nos dará el oro de la paz, sino como el mejor heredero y obcecado continuador de las constantes más nefastas de nuestra historia: el plomo, la plata y la iniquidad revestida de legalidad. La política nacional bien puede ser descrita como la combinación exacta de estos tres elementos mediante su dosificación y administración estatal más o menos constitucional y más o menos arbitraria, según lo precise el gobernante de turno y lo requiera o soporte el aletargado y maltratado cuerpo de la llamada sociedad civil.

En la actual administración ha sido el plomo de la “seguridad democrática” al servicio de la plata de los inversionistas nacionales y extranjeros, entre quienes sobresalen sus emprendedores y ejemplares hijos, Tomás y Jerónimo, que han demostrado una clarividencia para hacer buenos y legales negocios, apenas comparable a la de López Michelsen en el caso de la Handel, bajo la Presidencia de su padre Alfonso López Pumarejo. Y posteriormente la del mismo presidente López Michelsen al servicio de la hacienda familiar “La Libertad”. También en esto Uribe demuestra ser un digno heredero del civilismo y la discrecional legalidad de nuestros más preclaros gobernantes, siempre al servicio de sus intereses familiares o empresarios familiares, como en el escándalo de Carimagua y los macroproyectos bioenergéticos de la caña de azúcar y la palma africana, cuyos beneficiarios aportaron en forma desinteresada y generosa cuantiosas partidas para la financiación del actual referendo reeleccionista.

Pero hay una diferencia, Uribe supera a todos los anteriores en cinismo, pues cuando estalló el escándalo de DMG y se vinculó a sus hijos indirectamente en tratos comerciales con David Murcia, entonces el presidente Uribe expidió un comunicado oficial haciendo la siguiente defensa paternal: “Sobre mis hijos: ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado. Mis hijos no son atenidos al papá. Mis hijos no son hijos de papi. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios”.

Con semejante defensa de sus emprendedores hijos, ahora podemos comprender el alcance exacto del punto 100 de su Manifiesto Democrático: “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”. Es una lástima que sólo nos mire a todos los colombianos así, en lugar de darnos un trato semejante al que prodiga a sus hijos. Pero ello es imposible, porque Uribe, al igual que la mayoría de sus antecesores en la Presidencia, considera que el Estado y los intereses públicos son un asunto de carácter familiar, privado y empresarial, que administra y distribuye generosa y legalmente entre sus allegados y cercanos, como si se tratará de una hacienda ubérrima. Por eso entre nosotros predomina la iniquidad, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es “maldad, injusticia grande”, pues la fórmula de gobernabilidad que hasta ahora hemos conocido desde la Presidencia de la República ha sido: plomo, plata e iniquidad revestida de legalidad.

(Abril 29 de 2009)

LA PAZ EN COLOMBIA: MÁS ALLÁ DE LAS VÍCTIMAS Y LOS VICTIMARIOS
POR UNA POLITICA CIUDADANA SIN VENCEDORES NI VENCIDOS[1]

Hernando Llano Ángel.[2]

Presentación

Estas notas se proponen motivar una reflexión sobre el más complejo y traumático mundo existente, aquel que es producto de las relaciones entre las víctimas y los victimarios, en el marco del actual conflicto colombiano, tomando a la política como hilo de Ariadna para intentar salir del laberinto de terror en que se encuentra extraviada la sociedad colombiana.

Un laberinto que ha cobrado la vida, según el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación y Reconciliación Nacional, al menos de 14.660 colombianos entre 1982 y 2007, período en que se ejecutaron 2.505 masacres rigurosamente documentadas y verificadas. Una sociedad en la que han sido asesinados, entre el año 2002 y 2007, 2.674 sindicalistas, bajo un gobierno que se ufana nacional e internacionalmente del éxito de su política de “Seguridad Democrática”. Una política de “seguridad” que en su guerra contra el terrorismo, generó el año pasado la mayor crisis en la historia de la depuración de altos oficiales en el Ejército colombiano, pues el presidente Uribe destituyó 25, entre ellos 3 Generales, 11 Coroneles, 3 Mayores, 1 Capitán y 1 Teniente por sus graves responsabilidades en más de 1.000 ejecuciones sumarias o asesinatos de civiles (eufemísticamente llamados “falsos positivos”) en cumplimiento de la política de “seguridad democrática”.

Por todo lo anterior, la intuición principal que guiará esta reflexión es muy sencilla, pues no es otra que la de propugnar por el rescate de la política desde una perspectiva ciudadana, ajena por completo a la obcecación de los vengadores, sólo obsesionados con la derrota y la humillación de su enemigo, así utilicen como coartadas la “seguridad democrática”, la “Revolución social” o la “Refundación de la Patria”.

Es decir, una política democrática que supere el falso dilema de la existencia inevitable de vencedores y vencidos y lo reemplace por el de ciudadanos responsables que rotundamente repudian cualquier actor que se valga de la violencia contra civiles como título de legitimidad y estrategia de gobernabilidad, independientemente de los argumentos que esgrima para su ejercicio.

El Poder de la Autonomía Civil frente a la revancha de los Vengadores

Una perspectiva profundamente civilista, situada más allá de todo cálculo estratégico, bien sea que éste se despliegue en la arena electoral para vencer a un adversario en las urnas o en el campo de batalla para derrotar a un enemigo en la guerra. Esta intuición parte de una concepción de la ciudadanía en clave republicana, pues considera que sólo merecerá el título de ciudadano y ciudadana quien sea capaz de construir con otros, diferentes a él, no tanto por su alteridad existencial sino sobre todo por su pluralidad de identidades, un orden político y social que respeta y promueve la dignidad humana mediante relaciones sociales estimuladas por la deliberación, el debate y la cooperación, en un horizonte normativo agonal que excluye la violencia como fuente o instrumento capaz de forjar legitimidad política.

Dicha ciudadanía es aquella capaz de forjar una práctica del poder político cuya matriz generadora se encuentra en la civilidad de la palabra, el debate público y la concertación autónoma de la acción social, como lucidamente lo definiera Hannah Arendt en su texto “La condición humana”, en los siguientes términos:

“El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los hechos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”.

Porque es justamente cuando se da este divorcio entre la palabra y la acción, que surge el espacio para la aparición de las víctimas, condenadas al silencio del miedo y los gritos de espanto y dolor como preámbulos de su muerte o desaparición forzada por la acción devastadora y arrasadora de los actos violentos de sus verdugos, que han sustituido las palabras por proyectiles y los argumentos por golpes.

Tal es el escenario que predomina en Colombia desde hace más de medio siglo, con el agravante de que las palabras y el discurso han servido como coartada para el ejercicio de la violencia por parte de todos los actores, hasta llegar hoy al paradójico extremo de pretender negar mediante la palabra y las leyes la existencia de la misma violencia, como sucede con la postura oficial del presidente Uribe al no reconocer el conflicto armado interno en Colombia, para así soslayar ladinamente la plena aplicación de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyo fin primordial es evitar o aminorar al máximo el sufrimiento de las víctimas. Por su obstinación en desconocerlo, es que cada día el conflicto se degrada más y aumenta el número de víctimas civiles, al punto que hoy Colombia ostenta el más alto número de personas despedazadas por las minas antipersona “quiebrapatas” (en promedio 2 diarias); la mayor población desplazada en el continente americano, cerca de 3 millones, y el año pasado, 2008, alcanzó el ignominioso record del mayor número de sindicalistas asesinados, con 39 víctimas.

De allí la importancia de ese principio fundacional sobre el cual descansa todo el edificio humanitario, como es la distinción meridiana entre población civil y combatiente, que la denominada política de “seguridad democrática” se niega a reconocer en la práctica mediante el impulso de estrategias como la red de civiles cooperantes con la Fuerza Pública y el pago de cuantiosas recompensas por informaciones que conduzcan a la captura, desarticulación, descuartizamiento o muerte de terroristas. Los resultados saltan a la vista, aunque se trate de banalizarlos con eufemismos como los llamados falsos positivos en lugar de llamarlos por su nombre: asesinatos o ejecuciones sumarias.

Victimización Recíproca u Horizontal

No obstante lo grave de tan alto número de víctimas, derivadas en gran parte por la aplicación exitosa de la seguridad democrática, hay que reconocer que el número es tan escandaloso y escabroso en Colombia porque las víctimas del pasado suelen convertirse en los victimarios del presente, a tal extremo que sus identidades y roles se intercambian, pues cada actor violento se reconoce ante todo como víctima y casi nunca como victimario. Razón tenía Simone Weil, en su libro “La verdad y la Gracia”, cuando señaló:

“La ilusión constante de la revolución consiste en creer que las víctimas de la fuerza, por ser inocentes de las violencias que se producen, si se pone en las manos su fuerza la manejaran con justicia. Pero -salvo las almas que están muy próximas a la santidad- las víctimas están manchadas por la fuerza de los verdugos.
El mal que está en la empuñadora de la espada se transmite por la punta. Y las víctimas, así colocadas en la cumbre y embriagadas por el cambio, hacen tanto mal o aun más y luego vuelven a caer rápidamente”.

Tal podría ser la parábola trágica de la guerrilla colombiana, especialmente de las FARC, cuando hoy se ensaña cruelmente contra miembros de la comunidad indígena AWÁ, o cuando pretende hacer del secuestro prolongado de civiles y miembros de la Fuerza Pública, cautivos en condiciones más degradantes que las de Guantánamo, una supuesta táctica de lucha revolucionaria.

Al respecto, no está demás citar las siguientes palabras de Manuel Marulanda Vélez[3], más conocido como Tirofijo, en la instalación en el Caguán el 7 de Enero de 1999 del fallido proceso de paz con Pastrana: “Huyendo de la represión oficial nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el Estado nos expropió fincas, ganado, cerdos y aves de corral, extendiendo esta medida a los miles de compatriotas que no compartían la política bipartidista del Frente Nacional. De paso, le cerraron las puertas a nuevas corrientes políticas en vía de crecimiento, convirtiendo las elecciones en una maquinaria excluyente sólo para beneficio del bipartidismo liberal-conservador, quienes eran los únicos que podían elegir a sus representantes, porque así "lo consagraba la Constitución".

Más adelante afirma: “Ante la inminencia de la agresión gubernamental estos 48 hombres se dirigieron al propio presidente, al Congreso, a los gobernadores, a la Cruz Roja Nacional e Internacional, a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a los intelectuales franceses y demás organizaciones democráticas para que impidieran el comienzo de una nueva confrontación armada en Colombia con imprevisibles consecuencias. Desafortunadamente nadie nos escuchó, salvo la Iglesia, ya que comisionó al sacerdote Camilo Torres Restrepo para que se entrevistara con nosotros, pero los altos mandos militares se lo impidieron. A los pocos días empezó el gigantesco operativo con 16.000 hombres del Ejército que utilizaron toda clase de armas, incluso bombas bacteriológicas lanzadas por aviones piloteados por expertos militares gringos, y sólo ahora, después de 34 años de permanente conformación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia. En aquel entonces esos 48 campesinos solamente exigían la construcción de vías de penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no superior a cinco millones de pesos.”

Es por ello que las víctimas adquieren hoy, más allá de la verdad de su dolor, un valor ontológico y gnoseológico, pues son parte constitutiva de la realidad. Sus voces, memorias e historias tienen que ser recuperadas e incorporadas al presente, ya que sin ellas la realidad nunca será completa, nunca será verdad. Incluso podría afirmarse que en la medida en que una sociedad se empeña en negar y desconocer a las víctimas, éstas trágicamente se van mutando hasta convertirse en los más crueles vengadores de esa sociedad indolente e indiferente. Aquí bien vale la pena parafrasear a Pascal y afirmar que en la exclusión no sólo está el error, sino algo peor: el horror.

De allí que sea imprescindible no sólo escuchar a todas las víctimas, sino además contar con ellas. Sólo así se podrá algún día compartir una realidad política común donde no existan víctimas que posteriormente se transforman en implacables vengadores, como ha venido sucedido en Colombia a partir de la década del 80 con la aparición de los grupos paramilitares, posteriormente convertidos en AUC, según la siguiente versión de uno de sus principales protagonistas, Salvatore Mancuso, expuesta en el mismo Congreso de la República:

“Reafirmo aquí, en la cuna de las Leyes y en el templo de la Democracia, que el compromiso patriótico de las AUC, por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo, y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros.”

De esta forma, se ha venido configurando en Colombia lo que el investigador Iván Orozco Abad en su libro “Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas de la paz y la justicia en América Latina”, denomina acertadamente “la victimización horizontal bidireccional” para referirse a aquellos procesos donde dos o más partes de un conflicto armado se victimizan recíprocamente bajo condiciones carentes de claridad en lo relacionado con la justicia, no solo desde el punto de vista del ius in bello, sino también del ius ad bellum”.

Derecho a la guerra que ambas o todas las partes tratan de legitimar y justificar ante la sociedad, en unos casos por la intolerable presencia de un Estado protector de aberrantes privilegios sociales ( “en Colombia el 10% más rico de la población concentra el 46.5% de los ingresos del país, al mismo tiempo dicho ingreso es tres veces superior al obtenido por el segundo 10% de las personas catalogadas como ricas, con lo que se concluye que un estruendoso 62.3% del ingreso está en manos del 20% de la población colombiana”) Y en otros casos, por la ausencia o ineficacia del Estado para garantizar la vida y la libertad de ese 20% de la población, que es víctima frecuente de extorsiones y secuestros, al punto de situar a Colombia en el deshonroso primer puesto del mundo con civiles secuestrados.

Concentración del ingreso que en el régimen de propiedad de la tierra alcanza niveles aberrantes, pues según el economista e investigador Ricardo Bonilla González, en su ensayo “Pobreza, estructura de propiedad y distribución del ingreso”, en Colombia “la mayor proporción de propietarios (55.6%) y de predios (56.8%) tienen una estructura de micro y minifundios menores de 3 hectáreas y disponen del 1.7% del territorio registrado catastralmente; y un grupo de 2.428 propietarios, públicos y privados poseen el 53.5% del territorio reseñado, es decir, 44 millones de hectáreas, para un promedio de 18.093 hectáreas por propietario o un territorio seis mil veces más grande que el minifundio de 3 hectáreas en el que viven 2.2 millones de hogares colombianos”.

Como consecuencia de semejante injusticia, concluye el citado investigador, “la pobreza rural es la más dramática e inaudita de nuestro país, en ella se clasifica el 81.3% de la población, canasta vieja, al 90.4% canasta nueva, o el 68.2% en los cálculos más recientes de la Misión de pobreza. En el mejor de los casos, ello implica que hay al menos 8.2 millones de habitantes del campo que viven en situación de pobreza, mientras 3.3 millones califican en la pobreza extrema o indigencia. Lo tremendamente inaudito es encontrar que en la gran despensa alimenticia de Colombia, 3.3 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de hambre”.

Semejante panorama de injusticias e iniquidades, es lo que ha venido retroalimentado una simbiosis perversa entre el crimen y la política, que como bien lo dejará planteado Albert Camus en su controvertido ensayo “El hombre rebelde”, se puede hoy citar perfectamente para comprender la encrucijada histórica que vive Colombia:

“… A partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”.

En efecto, hoy en Colombia no sólo legisla, sino que incluso gobierna esa simbiosis entre el crimen y la política, como lo pone cada día de presente una serie de escándalos e investigaciones macabras, como la de los llamados “falsos positivos” y ahora las ilegales interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), adscrito directamente a la Presidencia de la República, en gran parte realizadas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigan numerosos políticos de la coalición de gobierno relacionados con el paramilitarismo y las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C) y a periodistas que han venido desentrañando tan macabra maraña, como es el caso de Hollman Morris y sus investigaciones sobre los asesinatos de líderes de la comunidad de Paz de San José de Apartado.

Para comprender la forma como se ha tejido la urdimbre de esa trama de gobernabilidad e impunidad, es pertinente recordar la declaración de Salvatore Mancuso en el noticiero de televisión de la Radio Cadena Nacional (R.C.N), donde relató la reunión sostenida con el senador Mario Uribe en el 2002, para promover una estrategia de paz con el Gobierno central. Una semana después el presidente Uribe ordenó la extradición de Mancuso a Estados Unidos para que fuera juzgado por narcotraficante, y no continuará desenredando esa madeja de la alianza estratégica del crimen con la política en que se ha convertido la gobernabilidad de Colombia.

Según la anterior declaración, Mancuso contactó al Senador Mario Uribe, primo segundo del presidente Álvaro Uribe, para iniciar los trámites de la que posteriormente se conocería como la ley de “Justicia y Paz”. Una ley que no es de Justicia y tampoco de paz, producto de una compleja y difícil negociación entre los cabecillas de las AUC y el Ejecutivo, que ha terminado por dejar insatisfechas a todas las partes, pero especialmente a las víctimas, en la medida que no cumple con los tres criterios universalmente reconocidos de verdad, justicia y reparación.

Hoy la verdad está casi totalmente extraditada, pues 14 de los máximos cabecillas de las AUC fueron enviados a los Estados Unidos, donde están siendo procesados por narcotráfico y no por sus crímenes de lesa humanidad. Así se escamotea el conocimiento de quienes desde sus posiciones de privilegio económico y social o de responsabilidad gubernamental, auspiciaron económicamente o fomentaron por omisión de sus deberes oficiales el crecimiento del paramilitarismo y su desenfrenada acción criminal.

Mucho menos hay justicia, pues además de la benignidad de las penas, que oscilan entre 5 y 8 años de cárcel, para crímenes de lesa humanidad, el mismo presidente Uribe se enfrentó a las altas Cortes cuando estas dejaron sin fundamento y aplicación legal la tipificación del delito político de sedición a quienes hubiesen cometido tales crímenes, desafiando así el dictamen del Presidente sobre el alcance de la ley 975 de 2005 de buscar: “tanta justicia como fuere posible, y tanta impunidad como fuera necesaria”. Por último, sin verdad y sin justicia nunca habrá reparación, por cuantiosa que sea la indemnización económica a favor de los sobrevivientes de la víctima.

Por todo lo anterior, es que no cabe hablar de una justicia transicional en Colombia, sino más bien de una justicia transaccional. Una justicia que transa penas benignas a favor de criminales de lesa humanidad, con el propósito central de simular justicia, pretendiendo así evadir una futura intervención de la Corte Penal Internacional, que todo parece indicar se dará inevitablemente al cabo de los años, pues ninguna realidad judicial y mucho menos política puede soportar tan elevados niveles de impunidad e ilegitimidad.

De allí que sea un disparate total comparar el proceso actual de la mal llamada ley de “Justicia y Paz” con lo sucedido en Sudáfrica, donde la reconciliación eliminó el apartheid, fuente de discriminación y victimización de la mayoría de la población negra, reconociéndole así sus plenos derechos y el poder de gobernar. En Colombia está sucediendo todo lo contrario, pues bajo la ley 975 –que no puede denominarse de “justicia y paz”- estamos asistiendo a un tratamiento benevolente dado a criminales privilegiados para afianzar aún más un régimen económico y social al servicio de privilegios criminales, que requieren para su defensa y sostenimiento incluso de la legitimación política del crimen.

En palabras concluyentes de Iván Orozco Abad, se trataría de la “legalización de una brutal contra-revolución narco-conservadora. Ironía de la historia”, pues ésta fue propiciada y afianzada por los excesos y el desconocimiento flagrante del DIH por parte de quienes pretendieron hacer la revolución en Colombia.

[1] - Texto presentado en la inauguración del XXVII Curso de Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de Cataluña, el 4 de Marzo de 2009.

[2] - Abogado y Magister en Estudios Políticos. Profesor Asociado Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

[3] - Pronunciadas por Joaquín Gómez, ante la inasistencia de Marulanda, por supuestas razones de seguridad.

DE-LIBERACIÓN
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­Febrero 15 de 2009

Libertad y Paz: rehenes de Uribe y las Farc

Hernando Llano Ángel

Cada día es más evidente que la libertad y la paz, materias primas de la política y la democracia, han sido secuestradas por Uribe y las Farc. Las tienen como rehenes de sus estrategias belicistas y proyectos hegemónicos, donde los civiles no somos más que una masa de maniobra en sus estratagemas para deslegitimar, humillar y derrotar al contrario.

Poco importa la vida, la libertad y menos la dignidad de quienes están en su poder o bajo sus órdenes. Mucho menos importa la verdad. En su obsesión por vencer al “enemigo”, incluso niegan o inventan la realidad y tratan de acomodarla a la medida de sus odios y revanchas. Así, por ejemplo, para Uribe no existe el conflicto armado, aunque todos los días apela a la “seguridad democrática” y advierte sobre la peligrosidad de la “culebra”, que al parecer se le ha convertido en una medusa con más de mil cabezas imposibles de cortar, pues apenas caen al suelo de la exclusión social brotan y crecen como “maleza” en tierra ubérrima. Para las FARC no hay secuestrados, sino “canjeables”, “retenidos” y “prisioneros de guerra”. No obstante lo anterior, deliran en su pretensión de ser reconocidas como una fuerza beligerante, pero son incapaces de respetar los principios y las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario, como el principio de distinción entre combatientes y civiles, que las obliga a un respeto absoluto de la población civil. En lugar de ello se han dedicado al secuestro y el asesinato de quienes consideran traidores, como ahora lo hacen con los indígenas Awá, emulando así la crueldad de los paramilitares y las autodefensas. Pero a semejante degradación del que se autodenomina “Ejército del Pueblo” hay que sumar una mayor, la del Ejército Institucional, inducida por el éxito de la política gubernamental autodenominada de “seguridad democrática”, que estimula con recompensas el descuartizamiento de sus enemigos y el asesinato de jóvenes civiles bajo el eufemismo de “falsos positivos”.

No más “demócratas” y “revolucionarios” ejemplares

Precisamente para impedir que tan ejemplares combatientes y enemigos, que recíprocamente se dan el trato de terroristas, pero individualmente se proclaman como auténticos “demócratas” y “revolucionarios”, es que hay que repudiarlos a todos por igual. Ninguno de ellos merece nuestro apoyo, pues por sus procedimientos y acciones cada día se ilegitiman más. Cada día hacen nuestras vidas menos humanas y más vergonzosas. Cada día nos mienten con mayor cinismo y criminalidad. Hay que demostrarles que no aceptamos ser más víctimas en nombre de la “revolución” y mucho menos cómplices de los “cercos humanitarios”, que ahora ordena el presidente Uribe y coordina su ministro Santos, sin asumir responsabilidad política alguna por su fatal desenlace, como ha sucedido con los “falsos positivos” que en forma cínica han venido endilgando a excesos de algunas unidades militares, ocultando que es un resultado lógico de la “seguridad democrática”.

Ciudadanos, en lugar de víctimas o verdugos

Es hora de demostrarles que somos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la vida, la libertad y la verdad, presupuestos esenciales de la paz. Que no vamos a consentir más masacres, donde los únicos responsables son los “otros”, las Farc o la Fuerza Pública, pero nunca ellos como resultado de sus paranoias revolucionarias y “cercos humanitarios”. Que nosotros sí nos tomamos en serio la democracia y la Constitución y no las convertimos en coartadas para saldar nuestros odios y salvaguardar privilegios sociales ignominiosos, en nombre de la seguridad inversionista. No permitamos que nuestras vidas y valores se inviertan y desaparezcan en las pirámides sin fondo de la codicia y el odio de esta guerra degradada. Basta ya de crímenes y mentiras en nombre de la “seguridad democrática” y la “justicia social”.

Dejemos de ser rehenes de nuestros miedos y odios. Ya es hora de-liberarnos de Uribe y las Farc, auténticos carceleros de la libertad y la paz. Sólo así podremos algún día vivir en democracia, sin miedo y gracias a la seguridad ciudadana que es fruto de la responsabilidad, la equidad y la solidaridad social. No de esta “seguridad democrática-paranoica”, tan propia de los inversionistas y los mercaderes, desvelados por sus bolsas y la tranquilidad de sus mezquinas vidas, siempre rodeados de escoltas y extremas medidas de seguridad, a tal punto que ya han perdido por completo su libertad y toda noción de dignidad. Al fin de cuentas son rehenes de Uribe y las Farc y todo parece indicar que les interesa seguir siéndolo, pues primero está su bolsa y seguridad personal, poco les importa la vida en su dimensión pública y social.

DE-LIBERACIÓN

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(Enero 25 de 2009)

Obama: entre el mito y la mitomanía de la República Norteamericana

Hernando Llano Ángel

Obama se debate entre el mito del sueño americano, que encarna a la perfección, y la mitomanía de la República norteamericana, proclamada por los padres fundadores de la Unión, a la cual recurre con la fuerza de la esperanza y la urgencia de un pueblo por hacerla realidad. Porque la historia cotidiana de los Estados Unidos, no la idealizada de los principios y valores tan elocuentemente evocada por Obama en su discurso de posesión, no es propiamente un ejemplo de vigencia y respeto de los derechos humanos, tanto doméstica como internacionalmente. Más bien todo lo contrario, como bien lo demuestra la temprana guerra de secesión y la saga de luchadores contra la segregación y la discriminación racial, encabezada por Martin Luther King, Jr. , que ofrendaron valiente y generosamente sus vidas en defensa de la igualdad y la dignidad inherentes a todo ser humano. De ello hay un eco explícito en su discurso: “debido a que hemos probado el mal trago de la guerra civil y la segregación”, hemos “resurgido más fuertes y más unidos de ese oscuro capítulo”. Pero todavía faltan muchos capítulos por escribir para que esa igualdad de derechos y oportunidades sea una realidad para la inmensa mayoría de la población negra y los millones de inmigrantes, que viven en una especie de gueto social y cultural que les impide sentirse y actuar plenamente como ciudadanos norteamericanos.

Entre el mito y la mitomanía

Seguramente por ello Obama evoca con tanta fuerza y en varias ocasiones el mito del discurso republicano de los Padres fundadores: “Ha llegado el momento de reafirmar nuestro espíritu de firmeza: de elegir nuestra mejor historia[1]; de llevar hacia adelante ese valioso don, esa noble idea que ha pasado de generación en generación: la promesa divina de que todos somos iguales, todos somos libres y todos merecemos la oportunidad de alcanzar la felicidad plena”. Es claro que esa “promesa divina” se ha desgastado y convertido en una mentira terrenal para millones de norteamericanos, hasta llegar a la mitomanía actual que los lleva a creer que pueden impartir lecciones de democracia y derechos humanos a todo el planeta y a confundir la felicidad con una mercancía que se puede comprar y consumir sin límites en el mercado. Por eso se encuentran sumidos en una crisis tan profunda: “Menos tangible pero no menos profunda es la pérdida de confianza en nuestro país - un temor persistente de que el declive de Estados Unidos es inevitable y de que la próxima generación debe reducir sus expectativas”.

Para conjurar semejante estado de ánimo, Obama retoma el mito fundacional por excelencia de la República norteamericana: la fe en su pueblo para actuar en forma concertada y unida, como fuente inagotable del poder de sus instituciones: “Hoy nos reunimos porque hemos elegido la esperanza sobre el miedo, la unidad de propósitos sobre el conflicto y la discordia. Hoy hemos venido a proclamar el fin de las quejas mezquinas y las falsas promesas, de las recriminaciones y los dogmas caducos que durante demasiado tiempo han estrangulado a nuestra política”. Para ello Obama propone como fórmula: “restablecer la confianza vital entre el pueblo y su gobierno”. Una confianza dilapidada por Bush, quien en nombre de la “mayoría moral” y sus hipócritas valores, instauró la mentira, la guerra, la tortura y la avaricia del sector financiero como sus divisas de gobierno. Por eso abundan en el discurso de Obama alusiones muy directas a los responsables de la crisis, sin eludir las que le corresponden como dirigente y aquellas que son colectivas: “Nuestra economía está gravemente debilitada, como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también por el fracaso colectivo a la hora de elegir opciones difíciles y de preparar a la nación para una nueva era”.

La reinvención del pueblo

Y con ese propósito se embarca en la reinvención del pueblo norteamericano, recordándole sus principales virtudes y fortalezas bajo la inspiración de los valores de la cosmovisión política republicana: “rechazamos como falsa la elección entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Nuestros padres fundadores, enfrentados a peligros que apenas podemos imaginar, redactaron una carta para garantizar el imperio de la ley y los derechos humanos, una carta que se ha expandido con la sangre de generaciones”. Esa encomiable cosmovisión está hoy muy distante de la realidad, pues fue totalmente negada desde el 11 de septiembre del 2001 por la llamada “guerra contra el terrorismo” y su “Patriot Act”, que confinó y arrasó los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la cárcel de Guantánamo e hizo de la tortura un modelo de interrogatorio. De allí el enorme simbolismo que tiene la orden de cerrar Guantánamo y condenar explícitamente la tortura. Sin embargo, lo primero no sucederá antes de un año, lo cual refleja dramáticamente los límites de Obama frente al poder de las burocracias, el miedo sembrado por Bush en el corazón del norteamericano corriente y ese alambrado de normas y procedimientos que condenan preventiva y arbitrariamente a quien es considerado como un enemigo terrorista.

El discurso de posesión es generoso y entusiasta en el redescubrimiento de las virtudes y los valores de ese pueblo republicano, casi en proporción directa a la ausencia de las mismas en su condición actual. He ahí el valor y la fuerza del mito. Por eso alude al crisol de su multiculturalidad, a su pluralismo y tolerancia religiosa, a su capacidad de trabajo, audacia, austeridad, honestidad y coraje, rasgos que en la actualidad están desapareciendo en el norteamericano común, temeroso de perder su empleo frente a tanto latino y asiático advenedizo.

Obama comprende que para “rehacer a Estados Unidos” primero hay que redescubrir y reinventar al “pueblo norteamericano” como principal responsable de su destino: “este es el precio y la promesa de la ciudadanía”.

El tono moral de la “nueva era” se inspira en los valores fundacionales de la “era inicial”: “Al reafirmar la grandeza de nuestra nación, somos conscientes de que la grandeza nunca es un regalo. Debe ganarse. Nuestro camino nunca ha sido de atajos o de conformarse con menos. No ha sido un camino para los pusilánimes, para los que prefieren el ocio al trabajo o buscan sólo los placeres de la riqueza y la fama. Más bien, han sido los que han asumido riesgos, los que actúan, los que hacen cosas -algunos de ellos reconocidos, pero más a menudo hombres y mujeres desconocidos en su labor, los que nos han llevado hacia adelante por el largo, escarpado camino hacia la prosperidad y la libertad.” No deja de insistir en ese mito fundacional: “Pero esos valores sobre los que depende nuestro éxito - el trabajo duro y la honestidad, la valentía y el juego limpio, la tolerancia y la curiosidad, la lealtad y el patriotismo - esas cosas son viejas. Esas cosas son verdaderas. Han sido la fuerza silenciosa detrás de nuestro progreso durante toda nuestra historia. Lo que se exige, por tanto, es el regreso a esas verdades. Lo que se nos pide ahora es una nueva era de responsabilidad - un reconocimiento, por parte de cada estadounidense, de que tenemos deberes para con nosotros, nuestra nación, y el mundo, deberes que no admitimos a regañadientes, sino que acogemos con alegría, firmes en el conocimiento de que no hay nada tan gratificante para el espíritu, tan representativo de nuestro carácter que entregarlo todo en una tarea difícil”.

No obstante lo anterior, es incapaz de reconocer ante el mundo la responsabilidad del estilo de vida norteamericano en la actual crisis, pues más adelante afirma: “No vamos a pedir perdón por nuestro estilo de vida, ni vamos a vacilar en su defensa, y para aquellos que pretenden lograr su fines mediante el fomento del terror y de las matanzas de inocentes, les decimos desde ahora que nuestro espíritu es más fuerte y no se lo puede romper; no podéis perdurar más que nosotros, y os venceremos”. Con este emplazamiento, Obama se sitúa ante el mayor desafío histórico que enfrenta, como es intentar reconciliar los imperativos de una República con la lógica belicista, maniqueísta y expoliadora de todo imperio.

¿Una República imperial?

Detrás de ese tono épico, subyace la concepción y cosmovisión republicanas de la política, que pondrá a prueba la capacidad estratégica de Obama y su equipo de gobierno para subordinar la lógica del imperio a los imperativos éticos de esa República posmoderna y cosmopolita que anuncia. Por eso proclama que su política internacional se guiará por el fomento de la amistad, la democracia y la diplomacia con los demás Estados. De entrada anuncia que “comenzaremos a dejar Irak, de manera responsable, a su pueblo, y forjar una paz ganada con dificultad en Afganistán” y tiende la mano “al mundo musulmán, que busca un nuevo camino adelante, basado en el interés mutuo y el respeto mutuo. A aquellos líderes en distintas partes del mundo que pretenden sembrar el conflicto, o culpar a Occidente de los males de sus sociedades - sepan que sus pueblos los juzgarán por lo que puedan construir, no por lo que destruyan”. Que en la actual crisis de Oriente Medio es más aplicable a Israel, empecinado en la destrucción y aniquilamiento de cualquier vestigio de resistencia y autonomía del pueblo palestino. Seguramente por ello sus tropas se apresuraron a salir de la franja de Gaza antes de la posesión de Obama.

En concordancia con el respeto republicano por la Constitución y la ley, también fustiga a “aquellos que se aferran al poder mediante la corrupción y el engaño y la represión de la disidencia”, y les advierte que “tenéis que saber que estáis en el lado equivocado de la Historia; pero os tenderemos la mano si estáis dispuestos a abrir el puño”. Una alusión directa a todos los gobernantes que pretenden diseñar y ajustar las constituciones a la medida de sus obsesiones, odios y delirios de grandeza, tan familiares y cercanos en nuestro vecindario.

Por último, reafirma el principio republicano del poder, cuyo sustento encuentra en “generaciones anteriores que se enfrentaron al fascismo y al comunismo no sólo con misiles y tanques, sino con sólidas alianzas y firmes convicciones. Comprendieron que nuestro poder solo no puede protegernos ni nos da derecho a hacer lo que nos place. Sabían por contra que nuestro poder crece a través de su uso prudente, de que la seguridad emana de la justicia de nuestra causa, la fuerza de nuestro ejemplo y las cualidades de la templanza, la humildad y la contención”.

Sólo el futuro nos revelará si es compatible tal escala de valores con la existencia del mayor imperio militar que haya existido en la historia, pues ella nos ha demostrado, desde Roma hasta el presente, que la República y el Imperio son irreconciliables en un mismo Estado. Si Obama logra semejante proeza, sin duda habremos entrado en una nueva era bajo la égida de una República cosmopolita y global, guiada por un hombre multiétnico y un gobernante tan insólito que merecerá el título de auténtico demócrata.


[1] - Todos los subrayados fuera del texto.