La Política: Entre la justicia y la paz.

La política: Entre la justicia y la paz.

Hernando Llano Ángel.

Sin duda, la postulación de Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, a la presidencia de la República, y de algunos de los miembros de la plana mayor del que fuera el Secretariado de las Farc-Ep, al Congreso de la República, parece haber situado la política y la implementación del Acuerdo de Paz en un callejón sin salida. En una especie de encrucijada o dilema político existencial, pues la sociedad colombiana tendría que optar por la justicia, sometiéndolos primero a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para supuestamente así permitir su inscripción a dichos cargos de elección popular. Con lo cual, se estaría incumpliendo el compromiso de cambiar las mortales e innumerables balas disparadas por las FARC-EP –en el pasado-- por unos cuantos e inofensivos votos, que probablemente obtendrá la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en las elecciones del 2018, al postular e inscribir candidatos de tan nefasta recordación para millones de colombianos.

Pacta sunt servanda

Si se les niega el derecho a participar en política, en las próximas elecciones, se estaría incumpliendo un compromiso adquirido y suscrito por el Estado colombiano en el punto 36 del Acuerdo Final, consignado así en la página 150: “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Reformas que ya han tenido lugar mediante el Acto Legislativo número 01 del 4 de abril de 2017, que transcribe literalmente en su artículo 20 lo ya citado en el punto 36 del Acuerdo Final y en los Actos Legislativos 02 del 11 de mayo de 2017, en su artículo 1. Y, como si fuera poco, en el Acto Legislativo 03 del 23 de mayo pasado, en su artículo 1, numeral 5, que permite a las FARC “inscribir candidatos en las mismas condiciones que se exigen a los demás partidos y movimientos políticos. Sin perjuicio de lo anterior, los candidatos que hubieren sido miembros de las FARC-EP, deberán, en el momento de la inscripción de los candidatos, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el SIVJRNR, contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2017”. Así las cosas, tendríamos que reconocer algo que lapidariamente escribió Ferdinand Lasalle hace ya casi dos siglos: “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen”. Algo que sabía muy bien el entonces constituyente de 1990, Fernando Carrillo Flórez, y que parece haber olvidado hoy que es Procurador General de la Nación.

De las tumbas a las urnas

Y, sin duda, es preferible que dichos factores reales de poder se decidan en las urnas –como aconteció con la 7 papeleta-- y no en las tumbas, como sucedió después del bombardeo a Casa Verde el 9 de diciembre de 1990. Hay que poner fin a esa combinación mortal de las formas de lucha –balas con votos-  sea ella gubernamental, paramilitar o guerrillera. De eso se trata en las próximas elecciones del 2018 para Congreso y Presidencia de la República. No olvidemos: en política somos los ciudadanos, con nuestro voto, los jueces de última instancia. Allí decidiremos quienes merecen la representación de nuestros valores o intereses o, por el contrario, nuestra censura y condena. La paz política es un asunto de todos, no sólo de los jueces, por constitucionales y encumbrados que ellos sean. Es la segunda oportunidad histórica que tendremos el próximo año: decidir en las urnas si derrotamos definitivamente la guerra y sus partidarios, sean de extrema izquierda o extrema derecha, dándole por fin una oportunidad al debate creador de las ideas y no al combate aniquilador de las armas. No se puede repetir la insensatez del plebiscito del 2 de octubre. Hay que darle una oportunidad a quienes ayer fueron letales y crueles en el campo de batalla, para que nos demuestren mañana que también pueden ser  vitales y justos en el campo de la política. Quizá sea esa una forma paradójica y éticamente desafiante de expresarse la justicia restaurativa. Intentando restaurar en la arena política lo que se arruino en los campos de batalla. Por eso se denomina justicia transicional, pues permite el tránsito de las armas y la violencia a los votos y la controversia. Sería un error estratégico, un horror histórico y una inadmisible impostura de ética política, si se impide a los miembros del antiguo Secretariado de las FARC-EP ser candidatos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con argucias leguleyas. Argucias no solo antipolíticas sino también inconstitucionales. Es la hora de rescatar la flexibilidad del derecho para la vida y la política. No es el momento de esgrimir la dominante rigidez mortal de un artículo o un inciso y menos supuestas e imposibles faltas disciplinarias, como si los guerrilleros hubieran sido funcionarios públicos, por temor a ampliar la participación política, dando así pretextos para que desesperados o escépticos apelen de nuevo a la violencia con fines políticos.

Error político y horror histórico

Sería un error político estratégico, pues se estaría dando de nuevo argumentos a quienes dicen que en Colombia es imposible el surgimiento de una auténtica oposición política legal, pues sólo a través de las armas se podría llegar a ser alternativa de poder. Y lo anterior es un horror histórico, que nos ha dejado una estela de aproximadamente medio millón de muertos –entre la Violencia y el conflicto armado interno— por ser incapaces de romper ese vínculo fatal de la política con las armas y poder por fin vivir, debatir y decidir en democracia. Y es una postura de ética política inadmisible, pues si se va a exigir que todos los responsables de la violencia política deban primero responder judicialmente, tendríamos que reconocer que jamás se hubiera podido firmar el pacto de paz del Frente Nacional, el más importante del siglo XX. Es más, hoy se tendrían que inhabilitar numerosos congresistas que se encuentran subjudice, empezando por el senador Álvaro Uribe Vélez y sus cerca de trescientas investigaciones congeladas en la Comisión de “Acusaciones” de la Cámara de Representantes, http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/233151-uribe-es-quien-tiene-mas investigaciones-en-contra. Seguramente por lo anterior, se han declarado impedidos 44 senadores para votar la ley estatutaria de la JEP y se han aceptado ya 12 impedimentos, la mayoría del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador y Opción ciudadana, por sus vinculaciones con familiares condenados por parapolítica o investigaciones en curso donde algunos parecen estar implicados, http://www.semana.com/nacion/articulo/el-salvavidas-de-la-jep-en-elsenado/545738.

Congreso por cárcel

Lo cual significa que en el Senado muchos de sus miembros se consideran que no están exentos de relaciones con la violencia y el crimen y que nuestra política debe depurarse de la codicia y el odio, genes de su corrupción, la cual se transmite de generación en generación y de partido en partido. Será por eso que hoy uno de sus más conspicuos representantes, Germán Vargas Lleras, recurre a las firmas para lavar y lanzar su candidatura a la Presidencia de la República. Así las cosas, llegaríamos a una conclusión paradójica, que la JEP puede terminar condenando a los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común al Congreso por cárcel, como curiosamente sucede hoy con más de un honorable senador en ejercicio, cuya impunidad e intocabilidad por la justicia son proverbiales. Con razón Uribe, siendo presidente, pedía a los miembros de su bancada que votaran rápido sus proyectos de ley, antes de ir a la cárcel. En ocasiones es difícil discernir, en esta transición, los límites entre un régimen parlamentario y uno penitenciario.

Por una política sin maniqueísmo

Para lograrlo, se podría proponer, desde un exigente horizonte ciudadano de la ética pública, que se inhabilitaran de por vida todos aquellos que desde el gobierno o la insurgencia tienen las manos manchadas de sangre. Desde Uribe hasta Timochenko, con sus incondicionales y furibundos seguidores. Pero ellos no se darán por aludidos, pues tienen la conciencia muy limpia y tranquila. Han sustituido la ética por el maniqueísmo. El primero, con su “seguridad democrática” y, el segundo, con la “justicia social”. Y quienes no compartan esas banderas, son “terroristas”, “apátridas” o “paracos”. En fin, “buenos y diestros ciudadanos” contra “malos y siniestros ciudadanos” o viceversa. En pocas palabras, una ética a la medida de sus simpatías y antipatías, de sus intereses y cuestionables valores. Por eso, quienes tenemos la última palabra en las próximas elecciones somos todos y todas las ciudadanas, pues con nuestro voto los podemos inhabilitar para representarnos, o, por el contrario, elegirlos repetidamente para gobernarnos. Que cada quien haga un ejercicio público de su conciencia. Sólo así la política algún día podrá salir del lodazal del odio y la codicia en que se encuentra atrapada y ejercerse, más allá del bien y del mal, en un horizonte de reconciliación y controversia siempre presentes, sin necesidad de recurrir a “héroes” y “caudillos vengadores” y mucho menos a “revolucionarios justicieros”, pues millones de víctimas y ciudadanos ya conocemos de sobra sus ejecutorias y alcances.

ES LA POLÍTICA ¡ESTÚPIDOS!

JUEVES, OCTUBRE 12, 2017

Es la Política, ¡Estúpidos!

Hernando Llano Ángel.

Si algo tienen en común con nuestra convulsa vida institucional e incierta transición hacia la paz, situaciones tan complejas y distantes como la tensión nuclear entre Corea del Norte y EE.UU o el conflicto secesionista entre Cataluña y España, es precisamente la ausencia de política.

Gamberros de la política internacional

Es patética dicha ausencia en el caso de Trump y Kim  Jong-un, comportándose como gamberros de barrio, demostrando ante el mundo su inmadurez de estadistas. Es deplorable en España, con Rajoy y Puigdemont, incapaces de reconocerse y tratarse como políticos responsables. Y es exasperante en nuestro caso, porque estamos a punto de perder el partido de la paz, por el pantano de Vargas en que Cambio Radical y Rodrigo Lara han convertido el Congreso de la República, sumado al campo minado y mortal de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Por todo ello, estamos en vilo de no clasificar definitiva e irreversiblemente en el campo de la política, donde los conflictos –sean geopolíticos, nacionalistas o internos— pueden y deben resolverse sin eliminar a sus protagonistas o impedirles siquiera jugar, como podría suceder con los dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Por eso, cabe la expresión: Es la política, ¡estúpidos!  Es su crisis y precariedad, lo que nos tiene al borde de una catástrofe nuclear, la fragmentación de España y el fracaso de la paz interna, convertida ahora en blanco predilecto de oportunistas francotiradores electorales.

Falta la Política

La política es lo que está faltando, quizá porque hemos permitido que quienes controlan el balón de las decisiones cruciales: la seguridad mundial, la unidad nacional en España y la paz en Colombia, sean unos jugadores inmaduros, incompetentes y mediocres. Lo más grave es que tienen la capacidad, con la ayuda invaluable de un rebaño de seguidores fanáticos y de medios de comunicación sensacionalistas y frívolos, de aparentar ser los protagonistas estelares e insustituibles del juego del poder. Pero la realidad nos demuestra lo contrario: están a punto de echar a perder todo. Desde la paz mundial, por no avanzar hacia el desarme nuclear; la unidad de España, ante la incapacidad de promover un diálogo creativo y, en nuestro suelo, la consolidación de la paz al impedir el ingreso a la arena política a quienes ayer fueron jugadores letales y crueles en el campo de batalla, pero hoy están demostrando madurez y compromiso con lo pactado.

Entre coartadas y fantoches

En el primer caso, la política y la seguridad internacional terminan siendo desplazadas o subordinadas por la megalomanía imperial y la fantochería personal, bajo la coartada de la seguridad mundial, según Trump, o la seguridad nacional, versión Kim. Pero de continuar la escaramuza de pruebas y maniobras militares, esas coartadas los pueden convertir en los mayores criminales de la humanidad y exterminadores de vida en gran parte del planeta.

La tensión desmembradora y polarizadora entre Cataluña y España, es agravada por el fetichismo de una unidad nacional monolítica que sólo existe en la Constitución, pues en la realidad social, económica, cultural y lingüística, España es una Nación de naciones (vasca, catalana, gallega…) que requiere un reordenamiento político y constitucional inminente. Reordenamiento del poder en el territorio y en la vida socio-económica que sólo podrá alcanzarse mediante prolongadas y arduas negociaciones. No a golpes de la Guardia Civil y mucho menos mediante un acelerado e irregular referéndum, que incluso ha fragmentado y polarizado a los mismos catalanes. Al punto que el catalán más querido y reconocido, Joan Manuel Serrat, por su coherencia y defensa de su identidad cultural y lengua vernácula contra la dictadura franquista, es hoy tratado de traidor y casi apátrida, por no estar de acuerdo con el referéndum.

Cataluña Vs España: “Entre todos la mataron y ella sola se murió”

Así lo ha dicho Serrat en Argentina, recordando un refrán popular de su madre, al concederle la Universidad Nacional del Rosario el Doctorado Honoris Causa, el pasado 7 de octubre (https://www.youtube.com/watch?v=TtGSDU5aw9g). Distinción que aprovechó para expresar unas verdades irrefutables, que son una lección magistral de política y una exhortación apabullante para Rajoy y Puigdemont, que bien vale la pena citar in extenso:

“La incompetencia, los intereses no siempre confesables, coinciden en este territorio amado y querido para mí de una manera especial, que se llama Cataluña”, por lo cual exigió “al gobierno español que, por una vez, aunque sea por una vez, tome la iniciativa política y en lugar de mandar contra la ciudadanía a las fuerzas públicas muestre voluntad de conversar con las fuerzas políticas”.  Y “al gobierno de la Generalitat, que abandone su actitud sectaria y proselitista y que antes de enviarnos a todos los catalanes al limbo de la tierra prometida de la independencia, nos podría hablar de los costos que nos va representar a los ciudadanos ir al cielo…  Dirigiéndome a ustedes, señores presidentes, les pido que hablen, que hablen señores, que hablen aunque no sepan de qué, que hablen aunque no tengan nada que decirse, porque nunca se habla lo suficiente cuando hay voluntad de solucionar cosas. Hablen o apártense y dejen que sean otros los que hablen. Otros que entiendan el mensaje de la moderación, que estén de acuerdo con Benito Juárez cuando decía aquello de que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Lo que hoy vivimos en Cataluña, señoras y señores, es un fracaso y como dijo el gran intelectual y querido hombre, que fue Joan Fuster: “Un fracaso nunca se improvisa, un fracaso se construye”. Bastaría con recordar una canción poco conocida de Serrat, “Por las paredes (mil años hace…), para comprender que su actual posición no ha sido improvisada, pues allí advierte, tanto al pueblo catalán como al español: “Que la ignorancia no te niegue, que no trafique el mercader con lo que un pueblo quiere ser”.

Ciudadanos como jueces políticos de última instancia

Y este estribillo nos viene muy bien a nosotros, en esta etapa preelectoral, donde abundan los mercaderes, la crasa ignorancia y la mezquindad personal en el Congreso, pues pretender impedir judicialmente el ejercicio de la política a los dirigentes de las Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nos puede conducir de nuevo al laberinto cenagoso y ensangrentado de la guerra.  Valdría la pena imaginar qué habría ocurrido si al M-19 no se le hubiera permitido participar en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente por su extravío criminal del Palacio de Justicia. En estos casos, de nuevo hay que insistir que somos los ciudadanos los jueces políticos de última instancia, quienes con nuestro voto condenamos o absolvemos a quienes aspiran a representarnos. El entonces senador Álvaro Uribe incluso defendió el cumplimiento de la ley de indulto, para garantizar ese derecho a la política de los exguerrilleros del M-19, entre los cuales estaba Everth Bustamente, hoy correligionario suyo en el Centro Democrático y el Congreso de la República. Quizá ahora se oponga porque existe una Jurisdicción Especial de Paz, que todos esperamos arroje verdad y luz sobre las tinieblas de impunidad de nuestro reciente pasado y del presente, pues sin conocer la verdad será imposible la justicia y la reconciliación. De aplicarse el rasero de una justicia draconiana que impida participar en política a todos los que hayan delinquido o tengan responsabilidad directa o indirecta en crímenes atroces, como los “falsos positivos”, entonces quedaría inhabilitado el mismo senador Uribe. Las más de tres mil quinientas ejecuciones extrajudiciales de civiles inermes fueron una consecuencia de su política de “seguridad democrática” y la aplicación de la criminal Directiva 029 del Ministerio de defensa (http://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-inedita-falsos-positivos/349851-3), cuando entonces, como Presidente, era el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República (Constitución Política, artículo 189, numeral 3).  Si el senador Uribe tuviese un mínimo de pudor republicano y una vaga noción de lo que significa la responsabilidad política, debería inhabilitarse inmediatamente de su ejercicio, ya que es un intocable para la justicia nacional, como bien lo ha resaltado el ex-magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla.(https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-justicia-le-ha-faltado-valor-para-investigar-uribe-ruben-dario-pinilla-articulo-717119).

Lo advertía Serrat en una melancólica y romántica canción: “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Pero también pasa en la guerra, cuando ella eclipsa y niega casi totalmente a la política. Y de lo que ahora se trata es, precisamente, de cantar otra tonada: de hacer prevalecer para siempre la política sobre las armas, la verdad sobre la mentira y la reconciliación política sobre el odio de la guerra. En fin, la vida sobre la muerte.  Sólo así podremos avanzar hacia una justicia de reconciliación y reparación, situada más allá de absoluciones selectivas y condenas inhabilitantes, como es la pretensión velada de Cambio Radical y el Centro Democrático. Si lo logran, invocando cínicamente“intereses superiores de la patria”, promoverán la impunidad total para aquellos políticos, empresarios y terratenientes que azuzaron la guerra y se enriquecieron con ella.  Por eso hoy le temen tanto a la verdad y a la justicia de la Jurisdicción Especial de Paz, pues están seguros que son intocables para la justicia ordinaria. Bien lo decía Sartre: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”.