lunes, mayo 21, 2007

CALICANTO
(Mayo 21 de 2007)
(calicantopinion.blogspot.com)

¿La verdad para qué? (I)

Hernando Llano Ángel.

La obsesión por la verdad desvela en la actualidad a más de un político. Sin duda, pues no se trata de cualquier verdad. Es la verdad política la que está en juego. Aquella que se configura por el reconocimiento público y su amplia aceptación ciudadana, con fundamento en hechos irrefutables y verificables. Aquella verdad que por su carácter público nos afecta y compete a todos por igual. Por lo tanto, de su esclarecimiento depende el mismo sentido de la realidad en que vivimos. Por eso la célebre pregunta del maestro Darío Echandia ¿El poder para qué? es hoy desplazada por ¿La verdad para qué?

¿Cuál verdad y para qué?

Ya el mismo Presidente Uribe, desde Caucasia, afirmó: “Hay que decir la verdad, es lo que manda la ley, serena, tranquilamente, y predisponer la mente de todos los colombianos a la reconciliación.” Y a las preguntas de cuál verdad y para qué, respondió: “La verdad, pero la verdad con objetividad, ayuda a lo siguiente: a producir un efecto jurídico y a producir un efecto sociológico. La verdad ayuda a producir el efecto jurídico de que la persona que dice la verdad, tenga una sentencia reducida. Y ayuda a producir el efecto sociológico de que los colombianos avancemos mental y espiritualmente en el camino de la reconciliación.” Lo grave es que estos efectos jurídicos y espirituales que atribuye el Presidente a la verdad resultan ser totalmente inalcanzables con la ley de “Justicia y Paz”, pues ella riñe de bulto y en forma escandalosa con una verdad jurídica universal, según la cual los autores de crímenes atroces no pueden recibir penas leves. Ello sería tanto como simular justicia, la más grave burla para una auténtica reconciliación y la consagración de la verdad de los verdugos sobre el dolor y la memoria de las víctimas.

Sin embargo, el Presidente Uribe está tan convencido de la superioridad moral de dicha ley, que en el mismo discurso sostuvo: “Estamos en un momento muy importante de la Ley de Justicia y Paz. Esa ley, a diferencia de procesos anteriores, esa ley es una ley de paz, pero sin impunidad. A los responsables de delitos atroces no les da amnistía ni les da indulto, bajo ciertas condiciones les ofrece una sentencia reducida”. Afirmación de una trascendencia y gravedad que no se puede pasar por alto, pues constituye una violación a la misma ley de “justicia y Paz”, que excluye de entrada a quienes hayan cometido “crímenes atroces”, sin importar las circunstancias. Semejante afirmación raya con el cinismo criminal, pues está aceptando que “bajo ciertas condiciones” los delitos atroces merecen “una sentencia reducida”.

Tal parece que Salvatore Mancuso y sus abogados son de la misma opinión presidencial, pues no de otra forma se puede comprender su espeluznante revelación a Natalia Springer –en su valiosa y valiente entrevista publicada en “El Pasquín”: elperiodicodelao.blogspot.com- al reconocer que: “No teníamos secuestrados; los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”, después de señalar que nunca se verificó la situación de más de 550 individuos registrados como secuestrados por las AUC, pues según Mancuso: “nunca acudimos al secuestro”.

Con estas declaraciones, sumadas a las evidencias aportadas por la heroica fuga del subintendente de la Policía John Frank Pinchao, completamos toda la gama del horror que configura nuestra espectral realidad política. Desde la iniquidad, oficialmente auspiciada por el adefesio de la denominada ley de “justicia y paz”, pasando por las matanzas y la desaparición de “retenidos” a manos de las AUC, hasta la degradación y humillación de seres humanos encadenados por las FARC en nombre de supuestos ideales revolucionarios.

La legitimación del horror

Pero semejante verdad que es públicamente inocultable e internacionalmente motivo de estupor, pretende nacionalmente no sólo ser desconocida, sino lo que es peor políticamente legitimada mediante la manipulación de encuestas de opinión, como la reciente “Gran encuesta de la para-política”, publicada por la revista Semana (edición número 1305).

En efecto, el llamado “Movimiento de presos políticos y desmovilizados de las Autodefensas Campesinas”, en Carta al pueblo colombiano, publicada en los principales periódicos de circulación nacional el domingo 13 de Mayo (cruel regalo para miles de madres), proclamó: “Los resultados de la encuesta revelan la reacción efusiva del pueblo colombiano, que guarda buena memoria y estima en su justo valor nuestro papel tanto en la guerra, como en los procesos de desarme y desmovilización… el criterio del 82 por ciento de los colombianos, es decir, más de treinta y dos millones de compatriotas, que privilegian la eficacia del pragmatismo de los hechos de paz, a los efectos de los textos anodinos, sectarios o rencorosos de algunos columnistas, cuyos artículos emanan un solapado tufillo político”. En forma cínica y con semejante tono de orgullo patrio, las AUC reclaman ahora su hegemonía e impunidad política sobre la nación, gracias a su habilidosa coalición electoral con las distintas facciones del Uribismo, el liberalismo y el conservatismo, galvanizadas y aplomadas en su defensa incondicional del statu quo.

De amantes criminales

Una coalición forjada con el actual poder político señorial, que hoy repudia públicamente dicha relación criminal, dándole el trato de una amante indeseable y mentirosa, porque pone en entredicho su reputación institucional como impecable Estado de derecho, a semejanza del esposo fiel que proyecta una imagen social de superioridad moral intachable. Por eso hoy la amante desengañada y humillada, ad portas de ser judicialmente condenada, termina “convocando al país tolerante, pacifista, democrático y pluralista para que en escenarios de debate público, discutamos con criterio constructivo, alternativas de paz y reconciliación para la patria”.Y todavía guarda la esperanza de un trato menos mezquino de su ex amante bandido, reclamando “una sincera y profunda valoración de los colombianos a los esfuerzos del Gobierno Nacional y de los Desmovilizados, en procura de la reconciliación del país.”




De llegarse a imponer esta versión de la verdad política, estaríamos aceptando el crimen como título de legitimidad para gobernar. Y es justamente dicha verdad la que desvela y exaspera al Presidente Uribe, en su afán por revestirla con mantos de legalidad.

Verdades inconfesables y pactos reales

Por eso, desde Caucasia, ante la propuesta de los “para” de contar toda la verdad política a la Iglesia Católica pero bajo la reserva del secreto de confesión, “porque hay personas de la política, de las empresas, de las Fuerzas Militares, del Gobierno, involucradas, y que eso podría ser desestabilizante para la Nación” respondió el Presidente lo siguiente: “No lo puedo aceptar. Y a partir de que les dije no lo puedo aceptar, entré a hacer esta explicación: veamos el tema desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la legitimidad del Estado. Aceptar eso iría en contra de la Ley de Justicia y Paz, que exige la confesión. Yo he jurado dos veces cumplir la Constitución y la ley, para posesionarme como Presidente de la República. Jurídicamente no lo puedo aceptar. Y para abundar en claridad dije: en gracia a la discusión, hipotéticamente, si alguien dijera que eso es posible desde el punto de vista jurídico, yo pediría que lo que se tenga que decir frente al Presidente de la República, no se le diga a nadie en secreto, sino que se le diga a los jueces y a la opinión pública, pública y abiertamente, porque este Estado necesita legitimidad.”

Dicha declaración, bien podrá engrosar los anales de la historia colombiana como la más contundente confesión de parte del carácter precario y espurio del actual poder presidencial, pues éste deriva de un pacto más o menos clandestino con las AUC y de la alianza electoral de conspicuos representantes del Uribismo, que aprobaron la reelección presidencial inmediata, y hoy están procesados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por concierto para delinquir.

El pacto fue sellado, en representación del Presidente Uribe, por Luís Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la paz, con Salvatore Mancuso y sus correligionarios en Santa fe de Ralito, como se desprende de la siguiente grabación, oportunamente revelada por Semana.com (ver “Revelaciones Explosivas”), cuando discutían apasionadamente los términos de la futura ley de justicia y paz, y las garantías de no ser extraditados. Entonces, Luís Carlos Restrepo expresó: "Hay una oferta del Presidente que dice: Yo no puedo modificar el tema de la extradición porque esto se me convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación con Estados Unidos pretender modificar este tema. Ante esa realidad dice el Presidente: Yo uso mi discrecionalidad como Presidente. Para un buen entendedor, eso es lo que ofrece el Presidente”. No hay duda que, en ese entonces, los “paras” creyeron en la palabra del Presidente, aunque ahora no confían plenamente en ella. Pero más allá de estos pactos entre caballeros y criminales, lo que realmente importa es la verdad política que terminó configurándose, como fue la aprobación de la reelección presidencial inmediata. Aprobación que no hubiese sido posible sin el voto de los congresistas que hoy están siendo procesados por concierto para delinquir con los “paras”. Con la declaración de Caucasia, el Presidente Uribe pretende que su credibilidad y prestigio como gobernante, que es indiscutible, sustituya la legitimidad institucional y democrática de su mandato, que cada día es más insostenible. Pero esta maniobra de hábil prestidigitador político olvida que ya no vivimos en el tiempo en que el Soberano era el Estado.


No basta con una fuerte legitimidad carismática y personal para gobernar democráticamente y contar con el apoyo y el reconocimiento internacional. Están lejanos los ejemplos del pasado para demostrarlo: Hitler y Stalin, pero muy cercanos los del presente: Castro, Chávez, Fujimori, Pinochet...

¿Del concierto para delinquir al concierto para convivir?

Vivimos un momento histórico, el de la refrendación, una vez más, del aforismo conservador del poder: “Autoritas facit legem non veritas” (La autoridad hace la ley, no la verdad), o la instauración del aforismo ciudadano y democrático: “Veritas facit legem non autoritas” (La verdad hace la ley, no la autoridad). En términos más familiares y cercanos: aceptamos el concierto para delinquir como título para gobernar o, por el contrario, nos empeñamos en forjar un concierto ciudadano para convivir, como el único título de verdad y legitimidad para gobernar. De ese tamaño histórico es el desafío del presente. En el evento de prevalecer el concierto para delinquir, bajo sutiles fórmulas legales (Justicia y Paz) y políticas (Reconciliación Nacional), entonces el aporte del Uribismo a la teoría política no es despreciable, pues habrá acuñado un nuevo aforismo: “Crimen facit autoritatem, veritatem et legem” (El crimen hace la autoridad, la verdad y la ley). El próximo 28 de Octubre, mediante la elección de gobernantes locales y departamentales, podemos decidir si estamos entre quienes promueven, bajo la sombra del prestigio presidencial, el concierto para delinquir o propugnamos por el concierto para convivir.

(Todos los resaltados son del autor)

miércoles, mayo 02, 2007

CALICANTO
(Abril 26 de 2007)

El Apagón Nacional.

Hernando Llano Ángel.

Después de la alocución y rueda de prensa del Presidente Uribe, el pasado 19 de Abril, no queda la menor duda de que todos los colombianos somos rehenes de un pasado criminal. También que vivimos un presente ignominioso, donde los verdugos son tratados con toda consideración y las víctimas con total desprecio. Y parece que estamos resignados a heredar, una vez más en nombre de la paz y la reconciliación, un futuro de impunidad y olvido. Quizá por ello los comandantes de las autodefensas celebran desde Itagüi la propuesta de Petro de un “acuerdo nacional por la verdad”. No gratuitamente los protagonistas políticos de la semana pasada fueron el Senador Petro y el Presidente Uribe. Ambos deambulan extraviados en el laberinto del pasado, como si la política fuera un ajuste de cuentas personal con los crímenes de ayer, y no una ardua lucha contra la ignominia del presente por un futuro menos indigno y vergonzoso para todos. La política es mucho más que un asunto de honorabilidad personal o familiar, que trasciende los insultos y los desafíos altisonantes. No puede ser reducida por la oposición a una búsqueda insensata de culpabilidad personal de Uribe o sus familiares en su cruzada contra las FARC por el execrable asesinato de su padre en la Hacienda de Guacharacas. La política es, antes que nada, un asunto de responsabilidad pública, donde se deben examinar las conductas de los gobernantes, más que los duelos y reacciones de orden personal y familiar, que caen en la órbita del juicio moral o la investigación judicial.

Del otro lado, es deplorable escuchar a un jefe de Estado, que simboliza la unidad nacional, descalificar a su oponente por haber sido en el pasado un “guerrillero mediocre”. Peor aún, haber afirmado en tono irónico que en su caso personal “habría sido buen guerrillero y habría buscado tener éxito militar en lugar de buscar éxito como calumniador.” Con semejante belicosidad, terminó el Presidente Uribe rindiéndole un tributo a las FARC y su presente obcecación criminal, empeñada en demostrar con atentados como el de Cali que la política de seguridad democrática es más un éxito mediático que una realidad tranquilizadora. A tal extremo se dejó arrastrar el Presidente Uribe en la defensa apasionada de su cruzada contra las FARC, que terminó confesando que de “haber sido yo paramilitar, habría sido paramilitar de frente, no de corbata y de escritorio. Con fusil al hombro, buscando éxito militar”.

Semejante declaración, apenas comprensible en los labios de un terrorista en transición a la vida civil, es absolutamente desconcertante en la alocución pública de un Presidente, pues así demuestra su total desprecio con los familiares de más de 10.000 víctimas de los paramilitares. De alguna manera, se constituye en la prueba reina que permite comprender el trato benigno de la llamada ley de Justicia y Paz, de iniciativa gubernamental, con los comandantes paramilitares, auténticos criminales de lesa humanidad, que bajo la coartada de su lucha contrainsurgente no estarán ni siquiera ocho años privados de la libertad. Poco importa que hayan forjado la máquina narcoterrorista más cruel y despiadada de todo el continente y de nuestra historia reciente, según los testimonios de sus propios integrantes, quienes se entrenaban descuartizando campesinos vivos para así ganar la confianza de sus comandantes.
Dicha declaración del Presidente también permite comprender el que hoy los reconozca como interlocutores políticos de un supuesto proceso de paz, pues cuando estuvo como Gobernador de Antioquia fueron los pacificadores a sangre y fuego de Urabá. En efecto, apenas a seis meses de iniciada su Gobernación en Antioquia, el entonces Senador Fabio Valencia Cossio, denunciaba que la política de orden público de Uribe había generado un “incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y está auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir” (El Tiempo, 30 de Agosto de 1995, p.6A). “El número de asesinatos llegaría a 1.200 en la zona bananera en 1996, la cifra más alta de toda su historia, y la tasa de promedio por 100.000 habitantes alcanzaría proporciones trágicas, con un registro superior a 500 (Dávila, Escobedo, Gaviria y Vargas 2001)”.[1] Como si lo anterior no comprometiera la responsabilidad política del entonces gobernador Uribe, un año después en un comunicado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), señalaban: “La tranquilidad que hoy se respira en Urabá, y la entrada en funcionamiento de las Convivir, crea un clima para que retornen los empresarios y ganaderos, nosotros por nuestra parte, cumplida nuestra misión en la región buscaremos abrir nuevos frentes de trabajo, en otros lugares donde la guerrilla asola la población con el secuestro, la extorsión y el boleteo.”[2]

Pero mucho más grave que ese horror del pasado, donde las Convivir hicieron parte de esa gesta pacificadora, es que el Presidente Uribe sea incapaz de reconocer que ellas fueron un error bajo cuya mampara legal iniciaron o continuaron sus acciones criminales muchos de los actuales comandantes paramilitares, como el propio Mancuso y el ya indultado Chepe Barrera, sin que en este último caso hayamos conocido verdad, reparación o justicia alguna. Error en el que persiste tercamente el Presidente, asumiendo ahora toda la responsabilidad política, como se desprende de su apasionado discurso en el Consejo Comunitario de Aracataca, el pasado 14 de Abril, cuando en tono de arenga militar ordenó: “General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las FARC, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicaya y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”. Proyecto de recuperación que se debe, también, a la gesta “pacificadora” de Jorge 40 y Hernán Giraldo, como ambos lo reconocen ahora ante la Fiscalía. Es por todo lo anterior que nuestro futuro tiene tan graves visos de impunidad, pues el Presidente está empeñado en reeditar la tercera generación de las Convivir, para que reemplacen rápidamente las huestes paramilitares recién desmovilizadas.

Lo que está pasando por alto el Presidente es que su orden al general Padilla constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe mandatos de tierra arrasada y guerra sin cuartel como los de Aracataca, además de involucrar a la población civil en el desarrollo de las hostilidades.
Orden que puede convertir mañana en realidad la exageración de García Márquez sobre las miles de víctimas de la masacre de las bananeras. El terror político superaría así la ficción novelesca. Con la pequeña diferencia que hoy existe la Corte Penal Internacional. Toda la razón le asistía a Don Miguel de Unamuno, cuando advertía, en medio de la guerra civil española, que “Es más fácil civilizar un militar que desmilitarizar un civil”. Seguramente por ello Doña Lina de Uribe, hace apenas un año, terminaba su entrevista con María Isabel Rueda en la revista Semana (Edición 1.259) diciendo: “Uribe es un personaje muy extraño. Uno de los más extraños que haya conocido en mi vida.”

Sin duda, un personaje incapaz de reconocer, como Manuel Marulanda, que no hay peor error y crimen que el horror de la guerra, pues tiende a ocultar bajo el manto de la impunidad los más atroces delitos de lesa humanidad. Nuestro ignominioso presente es como un espejo donde se reflejan simultáneamente los protagonistas del terror, pero ellos son incapaces de reconocerse. Llevan tantos años apostando a la muerte, que todavía creen que pueden derrotar al enemigo en el campo de batalla. Las FARC han degradado la política a una estratagema criminal de secuestros y narcotráfico, en lugar de convertirla en una estrategia revolucionaria de cambio social. Ambas partes, establecimiento y guerrilla, le temen tanto a la vida y la paz, que no tienen el valor de apostarle a la política. Confían tan poco en la justeza de sus ideas y en la decencia de sus intereses que sólo creen en el “éxito militar”. No conciben la política sin las armas, sin una red de cooperantes remunerados o de alianzas tácitas y hasta explícitas con organizaciones criminales, en virtud de las cuales realizan reformas constitucionales como la reelección presidencial inmediata, ganan las elecciones o impiden que otros las ganen. Y todo ello en nombre de la “seguridad democrática” y la defensa del Estado de derecho.

Mientras en la otra orilla de esta insólita “democracia”, las FARC y el ELN, secuestran en nombre de la libertad y asesinan bajo la coartada de la justicia social. Tal es el tiempo de tenebrosa oscuridad que estamos viviendo. La nación se está apagando, no por problemas de interconexión eléctrica, como ayer, sino por finas y sofisticadas redes de complicidad institucional con el crimen. De alguna forma, todos somos rehenes de un pasado criminal. Unos pocos, los más privilegiados, son espectadores jubilosos de este presente vergonzoso, que acrecienta sus ganancias y lo reconoce el Consejo Gremial Nacional en un comunicado de solidaridad incondicional con el pasado y el presente de Uribe. Entre tanto, la mayoría se resigna indolente y humillada a heredar un futuro de impunidad, pues apenas sobrevive antes de la hora del juicio final. Ya lo sentenciaba San Agustín en “La ciudad de Dios”: “Un gobierno sin justicia es un gran robo”, la peor de las ignominias.

(calicantopinion.blogspot.com)

[1] - Romero Mauricio, “Paramilitares y autodefensas 1982-2003”, p 211.Bogotá IEPRI, Editorial Planeta 2003.
[2] - Ibidem, p. 219
CALICANTO
(Abril 10 de 2007)


TIEMPO DE PASCUA EN LA PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO

Hernando Llano Ángel.


Tiempo de pascua es aquel que celebramos todos los días cuando nuestros actos de vida superan la rutina cotidiana de nuestra propia muerte y su cortejo fúnebre de conformismo, indolencia y mediocridad. En pascua triunfa la generosidad de una vida compartida sobre la comodidad de una vida protegida. Los gestos de confianza sobre el temor y el miedo, porque la palabra revela nuestras identidades, no oculta nuestras intenciones y anuncia nuestras acciones. En tiempo de pascua la comunicación es un ejercicio de comprensión y no una estrategia de negociación o dominación.

Tiempo de pascua es aquel que vivimos todos los días hombres y mujeres corrientes cuando cumplimos nuestros compromisos y metas, sin requerir para ello de líderes heroicos, de alianzas infamantes con organizaciones criminales o de claudicaciones humillantes frente a terceros Estados. Porque en tiempo de pascua prevalecen los gestos de paz sobre las muecas de la guerra y los actos de confianza sobre las medidas y políticas de seguridad.

En tiempo de pascua debe germinar la libertad concertada sobre el terreno estéril del secuestro y la acción temeraria del rescate militar. La dignidad de pensar y deliberar, sobre la servidumbre de obedecer y claudicar. En tiempo de pascua la equidad no es una cifra estadística de la fatuidad oficial. La justicia no es una coartada para la impunidad, porque en tiempo de pascua la verdad de las víctimas resucita sobre la mentira yerta de los verdugos.

En tiempo de pascua la política es un ejercicio de libertad e igualdad, no un despliegue militar de intimidación y dominación. En tiempo de pascua triunfa la política de la fraternidad y la solidaridad, sobre la política de la enemistad y el terror con sus estrategias de miedo y seguridad. Por todo ello, mañana jueves es imperiosa nuestra expresión de poder ciudadano contra la impotencia del terror, la ignominia del secuestro y la desaparición forzada, asistiendo solidariamente a la plazoleta de San Francisco para celebrar este tiempo de pascua a las diez de la mañana.



CALICANTO
(Marzo 22 de 2007)

Encrucijada histórica: ¿Del Régimen electofáctico al democrático? (II)

Hernando Llano Ángel.

El paisaje político nacional es tan ignoto e incierto, que más se parece a una manigua impenetrable de intereses y actores, donde se mezcla y camufla el crimen con la política y la codicia con los privilegios, para formar así la sustancia del actual régimen electofáctico. Un régimen donde predominan los poderes de facto bajo el manto encubridor de las elecciones, que vienen así a legitimar y sancionar lo que impúdicamente se ha consolidado a través de la violencia, el saqueo del erario y la depredación de nuestra portentosa riqueza natural por parte del narcotráfico y la fumigación oficial de glifosato. Una violencia proteica, capaz de tomar las más diversas e insospechadas formas, bien bajo el traje civil de exitosos empresarios, como los de Chiquita Brands, o los impecables camuflados de hombres armados, cuyo bando ya no es posible adivinar ni siquiera por la identidad de sus víctimas, pues han llegado al extremo de autoeliminarse mutuamente. Así ha sucedido al interior de las Autodefensas, con sus ejecuciones endogámicas y fratricidas, y ahora está sucediendo entre las FARC y el ELN en algunas regiones del país. Ello demuestra, una vez más, la fatuidad y esterilidad de la violencia, como su impotencia para generar poder, más allá de la incierta y cambiante correlación de fuerzas militares entre los bandos enfrentados.

Una violencia que ayer lucía de civil en las Convivir, después de camuflado en las AUC y hoy ya no es posible discernir qué prendas viste ni desde dónde se ejerce, pues según lo ha expresado el Fiscal General, Mario Iguarán, “no fueron las autodefensas las que reclutaron a la clase política. Fue la clase política la que reclutó a las autodefensas.”

Igual predicamento vale para el narcotráfico, ya casi convertido en una víctima de la voracidad de los políticos para financiar sus campañas, como ahora nos estamos enterando por boca de “Rasguño” ó Hernando Gómez, en víspera de su extradición a Estados Unidos: “creo que fueron entre dos mil y tres mil millones de pesos”, lo aportado a la campaña de Samper con conocimiento de Serpa y Botero. Testimonio que coincide con lo señalado en reciente entrevista por Eduardo Mestre, al reconocer que a la campaña de Samper le sobraba dinero para financiar la segunda vuelta y que al menos se robaron dos o tres millones de dólares.

Pero semejante revelación de “Rasguño” es una nimiedad al lado de su aseveración, según la cual “los paras siguen traficando desde Itagüí” y le preocupa “que el proceso de paz se dañe”, pero añade: “Yo no creo que Estados Unidos y que el gobierno de Colombia al ver esas cosas vayan a pagar semejante costo político por un asunto judicial”. También declaró que: “manejé dos o tres congresistas y unos ocho alcaldes del norte del Valle”, cuyos nombres no quiso revelar. Por último, celebró que Cuba hubiese devuelto al gobierno colombiano su computador personal “porque tiene asuntos muy complicados a nivel político, de procesos de paz, guerrilla. Ese computador va a hacer mucho daño.” Sin duda, otra auténtica caja de Pandora que, sumada al “Acuerdo político” sellado por Jorge 40 con cerca de 30 políticos en Santa Marta, se convierte en una pieza clave para comprender esa simbiosis entre el crimen y la política que es hoy la principal característica de este régimen electofáctico.
Característica que incluso fue corroborada por el Senador Miguel Pinedo, tan cercano al presidente Uribe, en el debate sobre la parapolítica en el Congreso, al recordar que el único departamento de la Costa Atlántica donde Uribe ganó las elecciones en el 2002 fue en el Magdalena. Precisamente donde tuvo como jefe de campaña a Jorge Noguera, ex director del DAS, hoy detenido por sus estrechas relaciones con los paramilitares. Al anterior cuadro de connivencia entre la política y el crimen, hay que agregar que todos los Congresistas actualmente en la cárcel de la coalición uribista, no sólo votaron afirmativamente la reelección inmediata, sino que además concedieron el estatus de delincuentes políticos a los miembros de las AUC, cuyo artículo posteriormente la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de procedimiento.

Es, por todo lo anterior, que este régimen político no puede ser eufemísticamente llamado democrático, puesto que “los patrones formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales,”[1] tiene una relación estrecha y directa con las acciones criminales de los paramilitares y su estrategia política, electoral y militar contrainsurgente, como ya es de público conocimiento y cada día lo irá develando con mayor claridad la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

El nombre que más se le aproxima sería el de “electofáctico”, pues expresa, a través de los triunfos electorales del Presidente Uribe y de su coalición en el Congreso, esa perfecta simbiosis entre los inicuos privilegios del Statu Quo y los criminales privilegiados de las AUC. Y hasta la fecha ello ha sido posible, porque el Presidente Uribe encarna hoy plenamente lo que ayer también encarnaron sus inmediatos antecesores: Pastrana, Samper, Gaviria y Betancur, la ausencia absoluta de responsabilidad política, pues como bien lo expresó Sartre: “Nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada”. Y evitar la impunidad en el terreno de la política no es tanto un asunto de los jueces, es fundamentalmente una responsabilidad ciudadana, pues sólo a través de nuestra consciente y libre expresión en las urnas puede ser castigada. Las próximas elecciones regionales son una oportunidad para hacerlo, por ello es crucial la veeduría internacional efectiva y no sólo formal de la OEA, para no terminar cumpliendo una función inocua, como lamentablemente lo ha sido hasta la fecha en el proceso de “Justicia y Paz” con los paramilitares.

calicantopinion.blogspot.com







[1] - O´Donnell Guillermo “Acerca del Estado en América Latina: 10 tesis para discusión”, página 152 en www.democracia.undp.org