lunes, julio 31, 2023

En política, son los medios, no los fines, lo que cuenta. Dejémos la estupidez.

 

 EN POLÍTICA SON LOS MEDIOS, NO LOS FINES, LO QUE CUENTA. ¡DEJÉMOS LA ESTUPIDEZ!

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Hernando Llano Ángel

Son los medios utilizados, no los fines promovidos, los que dotan de sentido y dignidad a la política. Simplemente porque los fines ya están contenidos en los medios. Ya lo decía Albert Camus: “Son los medios utilizados los que confieren dignidad a la política”. Por eso, la palabra es al mismo tiempo el principio, el medio y el fin de la política. Así como las armas están en el principio, el medio y también el fin de la guerra, cuando éstas dejan de ser disparadas o utilizadas como disuasión e intimidación mortal. Una política de verdad exije la mayor coherencia entre la palabra y la acción, entre lo anunciado y lo ejecutado. Entre los medios y los fines. Así lo demostró Mahatma Gandhi con su política y principio de NO-VIOLENCIA o AHIMSA[1]. También lo hizo Nelson Mandela, derrotando la violencia racista del Apartheid. Hacer lo contrario, es decir separar los medios de los fines, convierte la política en mentira, en pura demagogia, en la que ya nadie cree y por carecer de legitimidad tiene que recurrir con frecuencia a la fuerza y la violencia. Recordemos lo sucedido hace apenas dos años y medio, durante el paro nacional del 2021. Tal es el mayor riesgo que hoy corre la “Paz Total” y todos los medios que se utilicen para alcanzarla, pues si las partes no cumplen con su palabra y sus cometidos, incluidos los denominados “gestores de paz”, pueden convertirse en catalizadores de guerra. Sin duda, en los procesos de paz con horizonte democrático el poder nace de la palabra cumplida, no de la punta del fúsil y la bala disparada, como lamentablemente parecen creer los grupos armados ilegales y ciertas políticas gubernamentales como la “seguridad democrática” y sus escabrosos 6.402 “falsos positivos”[2]

“En el principio era el verbo” (Juan 1: 1-14)[3], la palabra nos anuncia y nos compromete como seres humanos. Si no la honramos y cumplimos, somos develados como impostores y charlatanes, perdemos rápidamente la confianza de los demás y en los demás. Entonces la vida se vuelve una babel de desconfianzas y la comunicación se torna casi imposible. La palabra ya no nos revela, más bien nos oculta. El lenguaje se convierte en un medio para velar nuestras intenciones y lograr nuestros fines, defraudando a los demás. Una simple estratagema para engañar y ganar. Pero llega un momento en que el interlocutor, sea un entrañable cercano o un anónimo lejano, se percata de la mentira, la comunicación se enturbia y la relación termina. En el plano afectivo es el fin y, por lo general, el comienzo de un divorcio donde las cuentas se pagan con abultadas facturas. Así lo canta Shakira: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan[4]. Pero cuando ello sucede en el plano político y en la vida pública, las facturas se pagan muy caro “con sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”[5], según la célebre expresión de Churchill en su discurso ante la Cámara Baja del Parlamento británico en 1940, en medio de la triunfal ofensiva nazi sobre Europa.

¡Son los medios, no los fines! ¡Dejemos la estupidez!

Es algo que debemos tener en cuenta durante todas las campañas electorales, especialmente ahora que comienzan en forma. De lo primero que nos percatamos es que prácticamente todos los candidatos promueven los mismos fines: acabar con la corrupción; la inseguridad y el crimen; promover la justicia y la igualdad. Sus consignas dan grima, todos prometen: “poner fin a la corrupción”; “cuenta conmigo, salvemos la ciudad”; “orden y autoridad”; “control y amor”, en fin, basta mirar las numerosas vallas en todas las ciudades, para concluir que no existe diferencia sustancial entre los candidatos y sus partidos. La diferencia está en los medios que utilizan para promover esos fines y, sobre todo, con quiénes y cómo los promueven. Asuntos sobre los cuales, por lo general, no dicen nada durante sus campañas. Por ejemplo, todos los congresistas, en campaña prometen “austeridad y transparencia”, pero al tomar posesión en sus curules la austeridad significa devengar mensualmente $43.418.152[6], que los convierte en los mejor pagados de toda América Latina y los que más ganan respecto a su propia población, como se puede apreciar en este aftículo del diario EL PAÍS[7], de España, cuando todavía su sueldo era de 35 millones, el año pasado.

Ni hablar de la transparencia que, como sus emolumentos, se convierte en “tramparencia” por los penumbrosos manejos de sus acuerdos partidistas y el incumplimiento casi generalizado de sus compromisos y promesas de campaña. Por eso, lo que realmente importa saber en estas campañas, por ejemplo, es: cuánto cuestan las numerosas vallas, de dónde salió el dinero, quiénes son sus aportantes, los políticos que los acompañan, sus coaliciones y acuerdos de gobernabilidad y burocracia. En especial, que nos lo cuenten aquellos candidatos que ya han invertido cuantiosas sumas en anteriores campañas, como si ganar la Alcaldía o la Gobernación fuera un juego de azar para aspirar a ocupar periódicamente esos cargos. Cómo van a combatir la corrupción, con quiénes, con qué medios y con cuántos recursos mejorarán el transporte público, la seguridad humana, la promoción del empleo, la mejor calidad de la educación, la disminución del hambre y la profunda segregación racial y social que cada día es mayor, junto a la violencia de género y la depredación del medio ambiente. Sin conocer el cómo, con quiénes y el origen de los recursos para hacer realidad sus programas de gobierno, las elecciones no dejarán de ser una mascarada de demagogos que continuarán convirtiendo lo público en un coto privado para beneficio de sus financiadores, copartidarios, empresas, amigos y familiares. Es decir, continuaremos confundiendo la política con los negocios, el clientelismo, el nepotismo y el saqueo del presupuesto público, que son las señales de identidad de la cacocracia[8] y la negación total de la democracia. La mejor manera de evaluar la coherencia entre los medios y los fines, es conocer la hoja de vida de todas las candidaturas, sometiéndolas a un examen riguroso de lo que dicen y han hecho con sus vidas y las de quienes los rodean; de sus relaciones, coaliciones y alianzas políticas y, en caso de ser repitentes, evaluar el legado de sus ejecutorías como gobernantes o funcionarios públicos, respondiendo estas preguntas básicas ¿Han servido a intereses generales o públicos o, por el contrario, solo partidistas, empresariales, familiares o hasta ilegales? ¿Tienen conocimiento y experiencia para desempeñar con competencia y honestidad sus cargos? ¿Quiénes son los políticos, partidos, empresas, personas, gremios e intereses que los respaldan y financian? ¿Cuál es el proyecto de ciudad o departamento que promueven sus programas, cómo y con quienes lo realizarían en cuatro años? ¿Será ello posible? Quizás, así, no botamos nuestro voto y hacemos la diferencia entre la cacocracia y la democracia.

 

 

miércoles, julio 26, 2023

¿HACIA UNA GOBERNABILIDAD DESPETRIFICADA?

 

¿HACIA UNA GOBERNABILIDAD DESPETRIFICADA?

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Hernando Llano Ángel.

El discurso del presidente Petro en la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio[1], da píe para preguntarnos si estamos en el comienzo de una gobernabilidad despetrificada. Tal parece ser por su tono y contenido, al insistir que es el “momento de un acuerdo nacional”. Despetrificar la gobernabilidad significa de parte del Ejecutivo tener mayor flexibilidad para que fluyan acuerdos en torno a sus principales reformas, incorporando en ellas demandas de otras fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales, sin que ello implique renunciar al proyecto reformista socialdemócrata que lo anima. Es un enorme desafío de concertación, pues pone a prueba la capacidad política del Pacto Histórico y de las diversas fuerzas de oposición para alcanzar acuerdos que permitan el ejercicio de una gobernabilidad democrática, sin que ella naufrague en medio del obstruccionismo de una oposición enrocada en la defensa a ultranza del statu quo y sus enormes beneficios sociales y económicos. Beneficios que profundizan las desigualdades y las conflictividades sociales, pues sin duda se requieren reformas históricas que transformen el paisaje insoportable de inequidad e inseguridad que predomina en el campo y la mayoría de nuestras ciudades, si en verdad esa oposición de derecha quiere alcanzar la cohesión y convivencia social que tanto pregona. De lo contrario, lo único que logrará será profundizar las brechas sociales que catalizan la ilegalidad y la criminalidad, en las cuales crece el magma de las erupciones y los estallidos sociales, como sucedió con la fallida reforma tributaria de Duque-Carrasquilla[2]. Esa derecha debería recordar una prudente sentencia atribuida a un pontífice, posiblemente Juan XXIII, que reza: “La seguridad de los ricos es la tranquilidad de los pobres”, tranquilidad inexistente si crece el desempleo, el hambre y la marginalidad, que aumentan el caldo de cultivo de la frustración y el resentimiento aprovechado por la delincuencia organizada y la criminalidad de alto impacto. Pero también demanda de parte del gobierno despojarse de ese voluntarismo mesiánico, casi siempre acompañado de una retórica presidencial desbordada, según la cual si no se acogen plenamente sus reformas no habrá salvación nacional, apelando para ello al furor de sus críticas contra el empresariado y el neoliberalismo depredador del actual capitalismo petrolizado y carbonizado de las energías fósiles. Al respecto, varias expresiones de su discurso en la instalación de la legislatura 2023-2024 expresan una rectificación de ese estilo grandilocuente de tener siempre la razón e ignorar las voces de la oposición y las ejecutorias del anterior gobierno, como son las siguientes:

1-      El prejuicio no lleva sino a una muy mala política y, en general, a los desastres de las naciones; sino que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento que, al final, es lo específicamente humano, lo que nos separa de los demás seres vivos, de los animales”.

 

Al respecto, habría que reconocer que son dos los grandes prejuicios que más dificultan alcanzar acuerdos alrededor de reformas como las de Salud, Laboral y Pensional, pues los consensos en este campo son imposibles, incluso contraproducentes. El primer prejuicio es la presunción ingenua del gobierno de considerar que lo público en sí mismo garantiza mayor equidad social, ignorando los efectos desastrosos del clientelismo, la corrupción y la incompetencia que predominan en la competencia política y en muchos funcionarios públicos, que han interiorizado la funesta expresión: “el sector público es la empresa privada de los políticos”. Refrán que algunos conjugan con destreza desastrosa para el bien público y en beneficio de sus electores, empresarios financiadores y copartidarios, como los exsenadores Ñoño Elías[3] y Mario Castaño[4], para no hablar de la injerencia determinante de los grandes capitales legales, Odebrecht[5], Aval y los ilegales del narcotráfico como los del Ñeñe Hernández[6] en las campañas presidenciales y en el triunfo de sus patrocinados. Y el segundo  prejuicio invencible es el de la oposición, compartido por millones de “ciudadanos de bien” que creen, con la fuerza de un dogma indiscutible, que la empresa privada y la iniciativa particular garantizan por sí solas mayor igualdad, transparencia y eficiencia en beneficio de toda la sociedad, cuando en la realidad suele suceder lo contrario, como lo demuestran muchas EPS del sector de la salud, siendo SaludCoop y Carlos Palomino[7] los mejores y peores exponentes, con el desvío de cerca de 1.4 billones de pesos a sus bolsillos, según la Controlaría de entonces. Ese maniqueísmo simplista y falso de cada una de las partes, plateando como un dilema insalvable, impide análisis rigurosos sobre la complejidad de la política y la administración pública, que siempre deberían tener presente el aserto lapidario de Lacordaire: “Entre el fuerte y el débil, es la libertad la que oprime y la ley la que libera”. La segunda alusión del presidente Petro en su discurso, está referida a la búsqueda de mayor equidad social a través de las reformas:

 

2-      “Unas condiciones mayores de equidad social nos pueden llevar a la paz. Allí hay una ventana de oportunidad. Yo creo que es el momento de la Reforma Social. Es el momento, y sabemos que no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un Acuerdo Nacional…Yo invitaría a quienes hasta ahora han dirigido el país, social, económica, cultural y políticamente, a convencerse que es un momento de ceder; que precisamente para aprovechar la que la vida del mundo nos está arrojando en términos de desarticularnos de la mafia, oportunidad del narcotráfico y de las economías ilícitas, es el momento de ceder para construir un país más equitativo en el mundo laboral, en el mundo productivo, en las distribuciones del presupuesto público hacia la educación, la salud, etcétera, que aquí tanto se ha discutido.”

 

Igualmente, ambas partes, Gobierno y Oposición, tienen que aprender a ceder, para forjar una democracia de suma positiva, donde todas las partes ganen en derechos y oportunidades, empezando por las mayorías que no los tienen en sus precarias vidas cotidianas, en lugar de persistir en una democracia de suma nula, donde unas minorías siempre ganan y el resto pierde. Ello implica aprender a concertar en beneficio de interés generales y públicos, como lo manda la Constitución en su artículo primero[8] y es lo propio de un Estado Social de Derecho y de una “democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, lo que lamentablemente no sucede en nuestra realidad social. Y, por último, en un asunto del cual depende la vida de toda la humanidad, como es la transición energética:

 

3-      “En transición energética tenemos unos datos. Se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente. Los datos al día de hoy, de lo que hemos podido hacer, -heredamos un balbuceo indudable pero cierto del Gobierno anterior, que ya había captado la necesidad de esta transición-…Allí están 134 empresas ¿Qué significa eso? ¿Cómo podríamos, con lo ya hecho, si lo hacemos bien de aquí en adelante, garantizar que la matriz energética de Colombia sea limpia 100 %, porque a estos 8.3 gigas asignados hay que sumarle los que asignó (el expresidente Iván) Duque”.

 

Que es nada menos que construir sobre lo construido, reconociendo a cada quien lo que le corresponde, dejando atrás ese síndrome de adanismo[9] gubernamental, que pretender inventar de nuevo el mundo empezando desde cero. Algo que le acontece a este gobierno en la “Paz Total”, pues olvida un axioma de la realpolitik expresado en el siglo XVII por Thomas Hobbes[10]: “Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno”.  Por eso no tiene sentido que el presidente Petro afirme: “Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial, comparando el número de bajas del Ejército y de la Policía de este año, respecto al año pasado del 60 % y del 55 %”, cuando en la realidad la cifra de líderes sociales asesinados hasta el 17 de julio es de 91 y de firmantes de la paz de 22, según lo registra con nombres propios Indepaz[11].

 

 

 

                               



miércoles, julio 19, 2023

ELECCIONES CONTRA LA DEMOCRACIA Y A FAVOR DEL ÑOÑO ELÍAS (Segunda parte)

 

ELECCIONES CONTRA LA DEMOCRACIA Y A FAVOR DEL ÑOÑO ELÍAS

(Segunda parte)

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Hernando Llano Ángel

No hay que sorprenderse por la multitudinaria y festiva bienvenida[1] que brindaron a Bernardo el Ñoño Elías[2] sus paisanos de Sahagún, después de cumplir seis años y ocho meses en prisión por el papel protagónico que jugó en la trama multimillonaria de Odebrecht, valiéndose de su fuero de congresista. Para explicar la apoteósica bienvenida, algunos apelan a los estereotipos y prejuicios de los “cachacos de bien” contra los “corronchos dañados”, hablando del “síndrome de Sahagún”, según el cual eso es lo propio de esa tierra fértil para la picardía y la corrupción, donde la compraventa de votos es una costumbre arraigada. Explicación maniquea y falsa, pues la injerencia de Odebrecht también estuvo presente en las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, sin que el primero aparentemente se diera cuenta, y con pleno consentimiento del segundo, aunque ahora se declare inocente ante la Fiscalía, pese al reconocimiento de su culpa ante el sacerdote Arturo Uría[3], quien le aconsejo: “protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse'”. Revelador comportamiento de su afiliación conservadora, pues Zuluaga cree que confesando ese pecado capital –avaricia de poder— ya ha expiado todas las culpas y pretende eludir así su responsabilidad como hombre público, siguiendo el ladino consejo del sacerdote Uría. Sin duda, Zuluaga, es un alumno aventajado de su maestro y patrocinador político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien hasta la fecha ha evadido impunemente su responsabilidad política por el éxito de su “seguridad democrática”, que dejó una estela de más de 6.400[4] ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inermes. Una cifra terrorífica que ni siquiera el implacable y admirado Nayib Bukele ha podido igualar en El Salvador. Tampoco Nicolás Maduro ha sido capaz de emular, con toda su parafernalia de la fuerza pública y sus corruptas redes clientelares, una carrera política tan triunfal como la del expresidente Uribe. Triunfal, pues fue gracias a la exitosa “seguridad democrática” –según palabras del propio expresidente— sumadas a la corruptela de la Yidispolítica[5] y, por consiguiente, la ilegal reforma de un articulito de la Constitución, lo que hizo posible su reelección. De allí que la escandalosa bienvenida al ñoño Elías sea insignificante, frente a las proezas del expresidente Uribe Vélez, todavía admiradas y celebradas por sus seguidores, pese a que más de una docena de sus cercanos y valiosos colaboradores[6] han sido condenados por graves delitos, que van desde los de lesa humanidad hasta los más graves y cuantiosos contra la administración pública, como Agro Ingreso Seguro[7]. Todo lo anterior solo es comprensible políticamente, así como inadmisible éticamente, si se logra contextualizar históricamente las elecciones y el sentido que los votantes le confieren a sus decisiones en las urnas. Hay que recordar que Uribe Vélez ganó su primera campaña contra las Farc y las secuelas de sus miles de secuestros y crímenes de lesa humanidad, lo que llevó a millones de colombianos a votar en las urnas en busca de seguridad y libertad. Sin duda, las Farc fueron su mejor jefe de “campaña presidencial”. Pero también hay que recordar su consiga central de campaña: “Contra la corrupción y la politiquería”. En el punto 25 de su Manifiesto Democrático[8] escribió: “De una vez tenemos que derrotar la corrupción…Que los corruptos no puedan regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato”. Pero él mismo promovió su reelección con “corrupción y politiquería”, al punto que terminaron en la cárcel dos de sus más cercanos y queridos ministros: Sabas Pretelt de la Vega, entonces ministro de Interior y Justicia y Diego Palacio[9], ministro de Salud. Ministros que estaban constitucional y legalmente llamados a conservar incorruptibles las tres dimensiones más vitales en una democracia: la política, la justicia y la salud pública. Algo semejante le sucedió a su más joven y promocionado sucesor, el ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias. Hoy continúa esa misma saga Óscar Iván Zuluaga, quien seguramente terminará condenado, pero pagando su pena como un interno privilegiado en un establecimiento militar o quizá en su propia casa, siguiendo los ejemplos de los tres ministros ya mencionados. La pregunta obvia es ¿Por qué todavía millones de colombianos votan por un partido político, como el Centro Democrático, que tiene semejante prontuario de candidatos y altos funcionarios condenados o en camino de serlo? ¿Por qué Álvaro Uribe Vélez continúa siendo casi inmune judicial y políticamente a tanto escándalo pese a que sus más cercanos colaboradores terminan en la cárcel? Al respecto, en alguna ocasión Sartre comentó: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”, para referirse a escándalos políticos sin sanción moral.

Tasa de cambio moral flexible

Pero quizá existe una respuesta más prosaica y es porque en Colombia tenemos una “tasa de cambio moral flexible”, según la cual toleramos los delitos de quienes son nuestros amigos, socios, afines partidistas y conocidos, aquellos considerados “gente de bien”. Esa tasa de cambio moral flexible fija a la vez la mayor o menor gravedad de los delitos y los sitios de reclusión de los condenados conforme a las estrategias y objetivos políticos de quienes ganen las elecciones. Así, por ejemplo, durante las administraciones del presidente Uribe resultó mucho más grave el delito de narcotráfico que asesinar, desplazar y despedazar con motosierras a seres humanos, razón por la cual extraditó a los comandantes paramilitares a Estados Unidos, en lugar de haberlos investigado y condenado la justicia colombiana por semejantes crímenes de lesa humanidad. Contra esa tasa de cambio moral flexible es que hoy existe, investiga y tendrá que condenar la JEP tanto a comandantes guerrilleros de las Farc, miembros de la fuerza pública y funcionarios que cometieron o facilitaron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Precisamente es por eso que solo conocemos ahora, cuando Mancuso comparece ante la JEP, parte de esa horrible verdad extraditada, así como también los militares que perpetraron “falsos positivos” están contribuyendo a desenterrar los cuerpos de sus víctimas en el cementerio de Dabeiba[10]. Seguro que no existen penas para reparar lo irreversible y castigar a los perpetradores de tan horrendos e imperdonables crímenes, pero también es cierto que solo con la verdad plena que ellos aporten se podrá compensar en algo el dolor de millones de víctimas y sobre todo evitar que vuelvan a repetirse semejantes ignominias. Es lo que han sentido y expresado algunos familiares de las víctimas de los falsos positivos sepultados en Dabeiba.

La urgencia del juicio ciudadano responsable

Pero para que ese pasado tenebroso no continúe estando presente y vivamos un futuro de impunidad, se precisa un juicio ciudadano informado y responsable en las urnas. Un juicio ciudadano que repudie esa tasa de cambio moral flexible y no vote por quienes han convertido la política en un tejido de complicidades criminales. Para ello, convendría recordar, por ejemplo, entre los más de 60 aspirantes a congresistas investigados y condenados por parapolítica, quiénes fueron y en nombre de cuáles partidos resultaron electos. Algo que podemos verificar en este enlace de Verdad Abierta: https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/ : “El partido con más congresistas condenados es Cambio Radical, con 6 senadores y 9 representantes, le siguen los partidos liberal y conservador, ambos con 3 senadores y 5 representantes”. El departamento con más condenados es Antioquia, cuyos líderes políticos se precian de tener valores morales superiores y principios cristianos incontaminados, “donde 5 senadores y 6 representantes fueron enjuiciados y encontrados responsables de tener alianzas con paramilitares”.  Pero para que el juicio ciudadano el próximo 29 de octubre no sea de nuevo manipulado y engañado, conviene tener presente la siguiente información, publicada en EL ESPECTADOR el pasado 4 de julio bajo el título: “Estos son los precandidatos más cuestionados y riesgosos, según PARES”[11]. Entre ellos, figuran “los clanes políticos Char, Blel, Gnecco, Rey, Nueva Fuerza Guajira, Villamizar, Barreto y Dilian Francisca Toro”. Porque la mayor importancia y poder del voto es que expresa un juicio ciudadano concluyente. Éste no tiene apelación una vez depositado en la urna. Un ciudadano desinformado o manipulado puede elegir que gobierne impunemente un potencial delincuente y sus copartidarios, pero si está bien informado y vota conscientemente también los puede condenar y expulsar de por vida al ostracismo político[12] junto a sus partidos. Obviamente para que ello suceda se precisa no solo de la responsabilidad ciudadana derivada de una información veraz y una deliberación pública crítica, sino también su rechazo a la tasa de cambio moral flexible. Pero, sobre todo, condiciones de seguridad para votar libremente, sin el apremio insuperable de la violencia de los grupos armados ilegales[13] o las acuciantes necesidades vitales insatisfechas de miles de electores, que terminan vendiendo su voto según la tasa monetaria y moral imperante el día de las elecciones[14], como seguramente lo revelará el libro “La Costa Nostra”[15], de la valiente periodista Laura Ardila. No hay que olvidarlo, las elecciones son apenas una condición necesaria para la democracia, pero son insuficientes e incluso terminan devolviéndose como un bumerán contra la democracia cuando se desarrollan sin garantías para el ejercicio de las libertades públicas. En estos casos son los poderes de facto quienes deciden, como nos viene sucediendo periódicamente, hasta consolidar este régimen político electofáctico[16], bajo el amparo de una espuria y falsa democracia, electoralmente corrupta y políticamente cacocrática[17], según la misma senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal[18]