jueves, junio 29, 2023

SIN VERDADES PÚBLICAS, SIEMPRE TENDREMOS MÁS VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

 

SIN VERDADES PÚBLICAS, SIEMPRE TENDREMOS MÁS VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/sin-verdades-publicas-siempre-tendremos-mas-victimas-victimarios

Hernando Llano Ángel

Al cumplirse un año de la entrega del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición: “Hay Futuro si hay verdad”[1], los colombianos vivimos un presente con más víctimas y victimarios. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)[2] durante este año y hasta el 19 de junio han sido asesinados 78 líderes sociales y defensores de derechos humanos, a los que hay que sumar 17 firmantes y reincorporados de las Farc, cuya cifra ya supera los 380 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Para todos ellos no hubo presente, ni futuro y menos verdad. De otra parte, la verdad cada día está más invisibilizada y negada, al extremo que una votación mayoritaria en el Congreso excluyó del Plan Nacional de Desarrollo[3] las recomendaciones[4] de la Comisión de la Verdad (CEV) por considerar que ellas no se le podían imponer al pueblo colombiano, según expresión de la oposición. Siendo que éstas no tienen un carácter vinculante, sino potestativo para las diferentes agencias estatales, de allí su nombre: recomendaciones. Para terminar, la convivencia social está extraviada en el laberinto de las polarizaciones, las mentiras y los odios, deambulando por las calles, sin posibilidad alguna de reconocimiento mutuo, dividida en bandos irreconciliables, unos a favor y otros en contra del gobierno. Por todo lo anterior, el padre Francisco de Roux[5], quien presidió la CEV, en reciente entrevista al Espectador expresó que seguimos viviendo “en modo guerra”. Sin duda, es inevitable citar una vez más las palabras del expresidente Belisario Betancur, los colombianos somos “una federación de rencores y un archipiélago de egoísmos”. Y es así porque todavía vivimos en Colombia sin verdades públicas. No somos capaces de reconocer públicamente aquellas circunstancias, factores y procesos históricos que nos impiden ser una comunidad política nacional, es decir, una democracia de verdad. Entre nosotros todavía no es posible conversar y entendernos sobre el sentido de lo público y la urgencia de reconocernos como adversarios y no como enemigos, para encontrar un horizonte común donde la paz política y la convivencia social sean una realidad. Dramáticamente lo estamos viendo en torno a los bienes públicos que hacen posible una vida decente y la convivencia social: el trabajo, la salud, la seguridad social y la política sin armas, imprescindibles para la existencia de una democracia de verdad. Una vez más, parece imposible llegar a unos acuerdos mínimos para que el salario de la mayoría de los trabajadores sea justo, quizá porque quienes definen la suerte de la reforma laboral ganan cerca de 37.880.084 de pesos mensuales, es decir, casi 38 veces más que el salario mínimo de un trabajador. ¡Cómo van a entender esos congresistas que es imperioso pagar en forma justa las horas nocturnas, los días de fiesta y los dominicales!  Mucho menos que millones de colombianos reciban una pensión básica para subsistir en la vejez. Por eso, ¡qué sentido tiene hacer una reforma pensional! Ni hablar de la salud, pues tenemos un sistema casi inmejorable, aunque muchas EPS funcionan como Empresas Postradoras de Salud, como la famosa SaludCoop[6] de Carlos Palacino. Pero es mejor ¡“construir sobre lo construido”!  De allí la fuerza y veracidad de la expresión de Gaitán, que no dejaré de citar: “En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. Un drama que, a partir de su asesinato, se convirtió en tragedia nacional. Es este tipo de verdades públicas, realmente escandalosas y sempiternas, las que hacen muy difícil la convivencia social y la no repetición de tantas atrocidades en la vida cotidiana, la generación sistemática de víctimas. Porque las víctimas, en realidad, no son una verdad, sino consecuencias de verdades negadas, que son sus derechos conculcados, el derecho a la tierra, a la salud, a la vivienda, a la educación y a vivir decentemente, sin estar sometidas al miedo, la violencia y el hambre, a humillaciones y discriminaciones en razón de su clase, color de piel, creencias y orientación sexual. Son estas verdades negadas históricamente, en nombre de la “democracia”, las que cada día producen más víctimas irredentas, pues la mayoría de legisladores son reacios a decidir en función de intereses generales, son cínicos testaferros de intereses particulares, que ocultan bajo sofismas como la seguridad jurídica y la estabilidad económica. Por eso ahora entonan el estribillo que cantan en un coro destemplado con empresarios indolentes y rentistas: “Hay que construir sobre lo construido”. Y la pregunta obvia es ¿Cómo construir sobre el terreno deleznable de la desigualdad, la exclusión, la violencia y la corrupción que se apropia de lo público a favor de intereses privados? Si lo hacemos, seguiremos condenados a vivir en una sociedad cada día con más víctimas sin presente y sin futuro, mientras los victimarios continuarán gobernando en el presente y el futuro, impune y “democráticamente”. Solo si empezamos a construir una democracia sobre cimientos de verdad, habrá futuro para todos, pero ello requiere el compromiso de todos en la búsqueda y la defensa de intereses generales, no en la protección y la promoción de minorías y privilegios sectoriales sean de carácter partidista o social.

sábado, junio 24, 2023

PETRO, ENTRE LÓPEZ PUMAREJO Y GAITÁN

 

PETRO, ENTRE LÓPEZ PUMAREJO Y GAITÁN

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/petro-lopez-pumarejo-gaitan

“Se dirige a una conciencia del presente que hace estallar el continuum dela historia"

Walter Benjamin.

Hernando Llano Ángel.

Considerando los últimos acontecimientos políticos, tanto en el Congreso que congeló por ahora dos reformas cruciales del Pacto Histórico, la laboral[1] y la ley de sometimiento a la justicia, así como las masivas marchas[2] de la oposición contra Petro, cabe situar su gobierno y proyecto reformista entre dos figuras históricas del liberalismo: Alfonso López Pumarejo[3] y Jorge Eliecer Gaitán[4]. Del primero, ha logrado empezar a saldar una deuda histórica que arrastra esta sociedad semifeudal y hacendataria desde su alumbramiento, como es el reconocimiento constitucional del campesinado en tanto sujeto de derechos y la creación de la jurisdicción agraria[5] para resolver judicialmente los litigios por la tierra y comenzar así a poner fin al despojo violento de sus terruños y el trato de siervos de la gleba al que todavía viven sometidos en vastas regiones del país, como bien lo ilustra “La caracterización sociodemográfica del campesinado colombiano” del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali[6]. Si dichas conquistas no se quedan escritas como letra muerta en la Constitución, tal como ha sucedido hasta la fecha con el artículo 58[7] que consagra la función social y ecológica de la propiedad privada, entonces los campesinos empezarán a ejercer su ciudadanía plena: civil, social y política. Dejarán de sobrellevar ese insoportable y pesado fardo de deberes que cargan de generación tras generación y podrán ejercer plenamente sus derechos, como ciudadanos con igual dignidad y oportunidades en la vida a las que tienen quienes hoy protestan en las calles contra este tipo de reformas. Reformas que son propias de toda democracia liberal realmente existente y que nosotros aún no hemos sido capaces de forjar, porque la mayoría no la conoce y menos la disfruta, en parte por esa resistencia indolente y radical de quienes se autoproclaman como “ciudadanos de bien” y han crecido con la convicción de que la democracia es solo la prosperidad de sus negocios, la seguridad jurídica de su propiedad y por lo tanto se agota en la tranquilidad y el goce exclusivo de sus privilegios personales, familiares y empresariales. Es decir, que la democracia es un asunto privado en función de mis intereses personales que promueven muy bien mis representantes políticos en el Congreso, pues para éstos lo público debe estar siempre en función de intereses particulares y no en la “prevalencia del interés general”, como claramente lo manda la Constitución en su artículo 1[8]. De allí la dificultad para aprobar una reforma laboral que restituya la decencia del salario que fue esquilmado a los trabajadores por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez[9] al despojarlos de una remuneración justa durante las jornadas nocturnas y los días de fiesta. Algo similar sucede con la inaplazable necesidad de una reforma a la salud, para que el presupuesto público no continúe siendo robado por delincuentes de cuello blanco como Carlos Palacino[10], que convirtió a SaludCoop en Villa Valeria[11], con campo de golf y desvió para su beneficio $398.106.053.537 millones entre 2000 y 2004, derrochados en lujo y costosos viajes al exterior con sus directivos y esposas[12].

La clarividencia política de López Pumarejo

Por eso tiene tanta pertinencia y actualidad este reconocimiento autocrítico del propio Alfonso López Pumarejo sobre su obra de gobierno: 

Si la obra quedó trunca, el edificio inconcluso y frustradas muchas esperanzas, la culpa fue de quienes no seguimos avanzando, y no de las masas, que, instintivamente nos reclamaban nuevas reformas y en ninguna circunstancia ni bajo ningún pretexto retiraron su adhesión a la obra que habíamos iniciado 16 años antes”.

Precisamente por lo anterior, Petro toma de Gaitán esa apelación al pueblo para que salga a las calles a respaldar sus reformas, escuchando la autocrítica de López Pumarejo. Son estas semejanzas históricas y hasta de liderazgo, que Petro comparte con ambos líderes liberales, lo que nos permite situar y comprender la coyuntura política actual. Estamos atravesando una coyuntura histórica de transición hacia una auténtica democracia por la vía de reformas estructurales y no a través de pactos de caballeros y coaliciones oligárquicas antidemocráticas como la del Frente Nacional. Ese pacto de caballeros que eliminó de tajo la dimensión pública y republicana del Estado, pues se lo repartieron en forma exclusiva, miti-miti, entre plutócratas liberales y conservadores por cerca de 16 años. Hasta el punto que cuando el general Rojas Pinilla[13]con la ANAPO ganó las elecciones en 1970 le escamotearon el triunfo, como lo reconoció el mismo presidente Carlos Lleras Restrepo[14], para evitar supuestamente un nuevo 9 de abril, por ese miedo atávico que ataca al establecimiento cuando el pueblo sale a las calles como protagonista de la democracia y hoy vuelven a azuzarlo en defensa de esa “democracia” de caballeros. ¿Se repetirá de nuevo esa tragicomedia o estaremos en el umbral de una auténtica democracia, donde por fin prevalezca el Estado Social de derecho y la Constitución sea actuada en beneficio de todos y deje de ser una coartada para el beneficio de pocos?

Petro, con el pueblo, en las urnas, al poder

Ironías de la historia, pues ese latrocinio electoral del 19 de abril de 1970 engendró el M-19 con su consiga “Con el pueblo, con las armas, al poder” y 52 años después se convirtió en: “Petro, con el pueblo en las urnas, al poder”. Solo que Petro sabe muy bien que el poder no se agota en la Presidencia de la República, como tampoco en el Congreso y menos aún en esa tramoya de intereses, corrupción y negociados que es el cacocrático[15] Estado colombiano. Porque el poder político está disperso en toda la sociedad, tanto en la de los “patricios de bien” y los “plebeyos del mal”, como circula en las redes sociales con vulgar maniqueísmo, prejuicios de clase y odios raciales. Hoy el poder se encuentra en medio de una disputa política abierta. Se expresa en las calles, unas veces en respaldo a las reformas del Pacto Histórico, como el 7 de junio[16], otras en contra, el pasado 20 de junio. Quizá ningún presidente caracterizó mejor esta sociedad profundamente fragmentada y dividida, insolidaria, sin casi noción alguna de lo público y por consiguiente carente de sentido de Nación y de ComUnidad política, como lo hizo Belisario Betancur en su discurso de posesión presidencial en 1982:

He andado una y otra vez por los caminos de mi patria y he visto ímpetus heroicos, pero también gentes mustias porque no hay en su horizonte solidaridad ni esperanza. Ya que para una parte de colombianos: “La turbamulta les es ajena pues procede de grupos que les son ajenos; la otra Colombia le es remota u hostil. ¿Cómo afirmar sin sarcasmo la pertenencia a algo de que están excluidos, en donde su voz resuena con intrusa cadencia? Y para los más poderosos o los más dichosos ¿a qué reivindicar algo tan entrañablemente unificador como es la patria, a partir de la discriminación y el desdén? Hay una relación perversa en la que los dos países se envenenan mutuamente, y esa dialéctica ahoga toda existencia nacional”.

Por la forma como han transcurrido las marchas y los trinos, tanto del presidente Petro como de la oposición, cada día estamos más lejos de “dejar de ser federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”, concluía dramáticamente Belisario. Esa premonición se repitió durante su gobierno en forma trágica en el Palacio de Justicia, sin que él mismo fuera capaz de escapar a esa dialéctica mortal. Cada día en el campo y las calles de nuestras ciudades cobra más consistencia esa federación de odios y archipiélago de egoísmos, pero todo oculto bajo rimbombantes e hipócritas discursos en defensa de una supuesta democracia. Una “democracia” que en la realidad no pasa de ser una mercadocracia al servicio de intereses oligopólicos y una cacocracia[17] que ha usufructuado un Estado copado por una densa red de complicidades, presente en todas las ramas del poder público y órganos de control, que depreda el presupuesto público y niega los intereses generales de los colombianos. Por eso, estamos en un momento de transición histórica crítica, cuyo desenlace puede ser el de las reformas democráticas estructurales y la paz política o la de una catástrofe social e histórica, más aguda y prolongada a la generada desde mediados del siglo pasado, agravada por las violencias sociales, las economías ilegales y numerosas organizaciones criminales sincréticas que mezclan letalmente la política con el narcotráfico y los delitos de lesa humanidad. Ese entramado criminal y legal, propio de un régimen electofáctico[18], es precisamente lo que busca desmantelar la llamada “Paz Total”, en medio de más desaciertos que logros hasta el presente.

Reformas democráticas o catástrofe social

Porque como bien lo expresó Gaitán, las reformas democráticas estructurales tienen “como objetivo máximo de la actividad del Estado el servicio al hombre colombiano. Cómo va su salud, cómo su educación, cómo su agricultura, cómo su comercio; cómo va su industria, sus transportes y su sanidad pues “una nación no se salva con simple verbalismo, ni con jugadas habilidosas, ni con silencios calculados, sino con obras”. Seguramente por lo anterior, Petro emprenderá una gira nacional por las regiones con la consigna “el Gobierno con el pueblo”, según lo anunció el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con Yamid Amat[19]. Una gira que comenzará la próxima semana el presidente con su gabinete por la Guajira, no solo como una estrategia para recuperar su gobernabilidad y credibilidad afectada por los recientes escándalos de las chuzadas y el supuesto ingreso de 15 mil millones de pesos a su campaña presidencial, sino también para contrarrestar posibles resultados electorales adversos el próximo 29 de octubre en los departamentos y municipios del país. Más allá de esos resultados electorales, lo que está en juego es la viabilidad de esa transición hacia una democracia real, una democracia de ciudadanía con derechos, capaz de liberarse de la cacocracia política que ha gobernado impunemente hasta hoy en su propio beneficio y de unos pocos. Esa cacocracia que en forma oportunista y cínica ahora dice defender a las mayorías de colombianos condenados al trabajo informal y que supuestamente por eso está contra la reforma laboral porque está propende por un salario decente, con seguridad social y mayor estabilidad social, lo que en sus cálculos mezquinos redundaría en mayor informalidad y desempleo. Pero esos mismos conversos “demócratas” de hoy, ayer votaron contra esas mayorías trabajadoras conculcándoles derechos sociales fundamentales, recortando la remuneración de sus horas nocturnas y jornadas festivas[20] con el pretexto de generar mayor empleo. Sin embargo, sus resultados fueron todo lo contrario, aumentó la informalidad y la iniquidad[21]. De no avanzarse en la realización y cumplimiento de esas reformas democráticas estructurales y sociales inaplazables, seguro que se cumplirá el siguiente juicio del expresidente López Pumarejo, al final de su vida:

Me inclino a creer que la historia de Colombia podría interpretarse como un proceso contra sus clases dirigentes, las cuales se han sentido en todo tiempo dueñas de preparación y de capacidades superiores a las que han demostrado tener en el manejo de los negocios públicos; y pienso, además, que si se engañan sobre su propio valor, atribuyéndose virtudes que no poseen en el grado que ellas pretenden, su equivocación reviste trágicos caracteres cuando desconocen que muchos de los defectos que esas clases atribuyen al pueblo colombiano son producto del abandono implacable a que este ha vivido sometido”.



lunes, junio 19, 2023

DEL NUDO GORDIANO DE LA INGOBERNABILIDAD AL HILO DE ARIADNA DE LA PAZ DEMOCRÁTICA (Tercera parte)

 

Del nudo gordiano de la ingobernabilidad al hilo de Ariadna de la paz democrática

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Hernando Llano Ángel

Parece que al quedarse el presidente Petro sin Laura Sarabia, “su mano derecha” y exjefe de Gabinete, el hilo de Ariadna de la gobernabilidad se puede convertir en una especie de nudo gordiano[1] de ingobernabilidad. Un nudo cada vez más inextricable e intrincado, formado por las versiones policiacas de la revista Semana[2] que, amparada en el secreto de una fuente anónima, proyecta una imagen delincuencial y deleznable del presidente Petro[3]. Lo presenta como un codicioso sin límites que utilizó el apartamento de Laura Sarabia para supuestamente ocultar tres mil millones de pesos cuyo origen se desconoce, pero que todo el mundo asocia con dineros procedentes del narcotráfico, después de las etílicas revelaciones de Armando Benedetti sobre un supuesto ingreso de 15 mil millones de pesos a su campaña presidencial.

Deslegitimar para impedir gobernar

Esta puesta en escena de Semana, de la cual se hace eco todo el establecimiento mediático, entraña una estrategia política de deslegitimación inadmisible, cuyo objetivo es hacer imposible la gobernabilidad presidencial y torpedear el trámite de sus reformas en el Congreso, como en efecto está sucediendo. Una estrategia cuyo curso no puede continuar amparándose en una perversa utilización del secreto periodístico y la protección de una fuente humana anónima, cuya existencia es más incierta que el paradero de Wilson[4], el comando canino extraviado en la selva. A la revista Semana y su directora no les queda otro camino, si tienen realmente interés en la verdad judicial y en la defensa de la democracia, que remitir en forma inmediata y formal a la Fiscalía todas las pruebas que el anónimo informante les suministre para que sea el Fiscal Barbosa quien rápidamente avance en la investigación y, de ser el caso, formule denuncia contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero de ser lo anterior toda una patraña, lo mínimo que debería hacer Vicky Dávila es renunciar a la dirección de Semana y retirarse del periodismo por su ausencia de ética y responsabilidad profesional. Como lo advertía Albert Camus, un periodista de verdad: “El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella”.

El Golpe Semanal

De no hacerlo así, Semana confirmaría que hace parte de la primera fase del llamado golpe blando. Fase que consiste precisamente en socavar sin prueba alguna la legitimidad de un gobernante a punta de rumores y graves cargos criminales, que son reforzados por los prejuicios y el odio incontenible que circula por las redes sociales, creando así una “realidad” indemostrable, pero eficazmente polarizadora, sustentada en tramas propias de un thriller digno de Tarantino. A continuación, esas redes sociales pueden desatar pasiones de fanáticos dispuestos a batirse en contra de quienes apoyan el gobernante estigmatizado, ya condenado irremediablemente en sus mentes, ámbitos familiares y medios empresariales. Luego convocarán manifestaciones públicas para salvar la “democracia”. Allí, esas multitudes salvíficas de ciudadanos de bien promoverán la “defenestración” del corrupto presidente y, en cuestión de Semanas, estaríamos en la antesala de una violencia incontenible, con un saldo de víctimas incierto, propiciadas por el manejo irresponsable e interesado de esas versiones periodísticas. Versiones sin sustento alguno en pruebas o hechos públicos demostrados, alimentadas en gran parte por un anónimo fantasma y un entramado mediático cuyo interés no es informar sino manipular y exacerbar la crisis política para que ésta haga tránsito de la ingobernabilidad a la ilegitimidad.

¿Crisis de gobernabilidad y de legitimidad?

De esta forma, una crisis de gobernabilidad presidencial puede convertirse en una grave crisis de legitimidad institucional, cumpliéndose así la autoprofecía catastrófica de la derecha según la cual un gobierno de izquierda provocaría una hecatombe nacional. Para conjurar semejante escenario, los medios de comunicación deberían ser conscientes de su inmensa responsabilidad histórica si se convierten en cajas de resonancia y divulgación de graves cargos criminales contra el presidente Petro, propalando versiones de fuentes anónimas y de un Benedetti decepcionado e irascible por no ser atendidas oportunamente sus ambiciones de figuración y protagonismo político. Por ello, Benedetti deberá aportar a la Fiscalía pruebas, contactos y movimientos que demuestren el ingreso de esos supuestos 15 mil millones de pesos a la campaña presidencial de Petro en el caribe. Si no lo hace e insiste en su versión de que todo fue producto de un ataque de “rabia y tragos”, le corresponderá a la Fiscalía desvirtuar esa versión de Benedetti y demostrar la ocurrencia de tan generosa financiación, así como los responsables de la misma. Es probable que en esa investigación tenga más éxito el fiscal Barbosa que en su fracasada defensa del expresidente Uribe[5]. Entonces asistiríamos a una especie de nudo gordiano de la política nacional formado por la acusación contra Petro por supuesta financiación ilegal de su campaña presidencial, la oposición cerril a las reformas sociales del Pacto Histórico y el incierto avance de la Paz Total. Un nudo que penderá sobre las próximas elecciones regionales del 29 de octubre, pues serán convertidas por la oposición en una especie de plebiscito de la gestión presidencial, buscando asestarle una derrota histórica en las principales ciudades y departamentos del país.

De la Paz Total a la Paz Democrática

De allí que el mayor desafío que enfrenta el presidente Petro sea no solo superar la actual crisis de gobernabilidad, sino sobre todo evitar que se convierta en una crisis de legitimidad. Y ello dependerá, en gran parte, del curso de la Paz Total. Una paz que deberá convertirse en Paz Democrática, para que las elecciones puedan desarrollarse con garantías para todos los partidos y aspirantes, sin tutelaje y constreñimiento a los electores por parte de ninguna organización armada. Que los comicios no transcurran entre urnas semivacías y tumbas de candidatos asesinados, como suele suceder en esta “democracia genocida”[6]. Tal propósito implica que el acuerdo de paz en marcha con el ELN se sustente en el poder de la palabra concertada y honrada. Es decir, que el ELN reconozca que el poder democrático no nace de la punta del fusil sino de la libre participación ciudadana. Y ese reconocimiento demanda desde ya el fin de las extorsiones, los secuestros, los confinamientos y la violencia contra la población civil. Porque si ello continúa siendo una práctica consuetudinaria del ELN, entonces no habrá libertad para el ejercicio de la política por parte de la sociedad civil y menos seguridad humana, pues lo que se impone es el miedo, la intimidación y la violencia. Actuaría como un Ejército Liberticida y no de liberación nacional. Entre otras, porque la deliberación presupone el respeto irrestricto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sin los cuales no existen las condiciones mínimas para el ejercicio de la democracia. Y le corresponde constitucionalmente al Ejecutivo y el Estado garantizar lo anterior, pues como bien lo expresó Hobbes, “los pactos, sin la espada, son solo palabras”. Quizá así se empiece a desatar el nudo gordiano de la ingobernabilidad, como también a tejerse entre todos y con muchas manos diferentes el hilo de Ariadna de la civilidad y la democracia para salir del laberinto de horror en que vivimos y eliminar para siempre el Minotauro[7] de la guerra y la ilegalidad que históricamente nos ha devorado.