miércoles, enero 16, 2013

RAZÓN PÚBLICA


(WWW.RAZONPUBLICA.COM- Enero 13 de 2013)



Entre Toribío y La Habana, no es lo mismo hacer la paz que construir la paz

No es lo mismo hacer la paz que construir la paz. Se puede hacer más que solo conversar para crear un ambiente propicio para la paz: acordar ya un cese bilateral y permitir la discusión sobre un modelo de desarrollo centrípeto.

Hernando Llano Ángel*

Un ámbito favorable

Si bien es verdad que hacer la paz (peace making) — definida como la cesación de enfrentamientos armados entre las FARC y la Fuerza Pública, y la entrada en plena vigencia del Derecho Internacional Humanitario en todo el territorio nacional — es un asunto de alta complejidad, que depende fundamentalmente de la voluntad política del gobierno y de las FARC, también es cierto que construir la paz (peace building) para hacerla estable y duradera, pasa crucialmente por el campo de la política social.

Por ello revisten una importancia vital los últimos acontecimientos de carácter político–militar, social e internacional, que pueden contribuir a formar y a consolidar un ámbito público, civil y democrático favorable para la construcción de la paz.

Pero no todo está ocurriendo en La Habana. En Toribío (Cauca) se están también escenificando eventos de paz, cruzados por confusos hechos, como la reciente captura del comunero indígena Manuel Antonio Bautista, bajo el cargo de terrorismo.

Tres hechos importantes

Dichos acontecimientos conforman una triada coyuntural:

1. La propuesta de Iván Márquez al gobierno nacional de prorrogar eventualmente su tregua unilateral más allá del próximo 20 de enero: "Solamente estaría dentro de las posibilidades la firma de un cese al fuego bilateral, si el gobierno colombiano estima que es procedente”.

 
2. La entrega en la Habana — por parte de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y de la Universidad Nacional — de las 546 propuestas formuladas por 1.314 ciudadanos y 522 organizaciones campesinas e indígenas de los 32 departamentos, en desarrollo del Foro Agrario Nacional que tuvo lugar el pasado 17, 18 y 19 de diciembre de 2012 en Bogotá. Propuestas que constituyen — según palabras de Iván Márquez — “una expresión amplia, plural y diversa de la urgente realización de una reforma agraria integral que acabe con la estructura latifundista de la tierra".

 
3. La visita del expresidente norteamericano Jimmy Carter para enterarse de las conversaciones de paz, que bien podría ser el aval para empezar a diseñar técnicamente un mecanismo confiable y serio que blinde, hasta donde sea posible, una tregua bilateral contra los francotiradores que existen en ambos bandos, dada la degradación, complejidad y simbiosis del conflicto armado con la actividad ilícita del narcotráfico.

La trocha de la paz

Se empezaría a avanzar rápido por la trocha de la paz de lograrse que converjan creativamente estos tres vectores:

1. El político-militar, con el compromiso de todos los belicistas — tanto en las filas de las FARC como en la Fuerza Pública — de no seguir disparando;

2. El económico-social, poniendo fin a la criminalización de la protesta social y a la persecución de sus líderes, como lamentablemente está sucediendo en el Cauca, así como a la tentación de la manipulación o cooptación de los líderes sociales por parte de las FARC.
3. El internacional, ganando respaldo para el proceso y la confianza del gobierno norteamericano, especialmente.

Todo lo anterior debe ir acompañado de una eficiente y transparente gestión de lo público por parte del gobierno nacional, los gobernadores y alcaldes. Una trocha que han abierto en todas las regiones del país los movimientos sociales, las ONGs y cientos de líderes populares, muchos de ellos victimizados.

La cosecha de la paz

Entonces pasaríamos del horror de la guerra al honor de una paz ciudadana y telúrica, que está bien expresada a través de testimonios, como el de Albeiro Valencia, representante del Movimiento Interétnico del municipio de Toribio:

“Hay gran preocupación por la situación en nuestros territorios, especialmente en el Norte del Cauca, uno de los epicentros de la guerra… donde se desarrolla una guerra permanente. Entonces una de nuestras propuestas es que se agilice el proceso de paz, que haya un cese al fuego para que nuestras comunidades puedan estar tranquilas, que todos los actores que hacen parte de la guerra entren a esa actitud de generar paz”.  Por lo menos, podrían empezar las FARC y la Fuerza Pública con una tregua bilateral, para facilitar el desminado de los territorios en disputa, sin lo cual jamás podrá sembrarse y mucho menos cosecharse la paz.

Modelo de desarrollo centrípeto

Y a propósito del primer punto de la Agenda acordado entre el Gobierno y las FARC, sobre el Desarrollo Agrario Integral, vale la pena considerar las palabras del Representante Iván Cépeda:

“La gente quiere reforma agraria integral. Hay departamentos del país en los cuales la restitución de tierras no está funcionando, en los cuales las concesiones mineras son gigantescas, me dicen que aquí en el Cauca, el 60 por ciento del territorio está concesionado a grandes empresas; en el Chocó más del 70 por ciento del territorio se le ha entregado a las multinacionales. La gente quiere que se respete su territorio, se respete el agua, que se respete su modelo productivo”.

Más allá de la exactitud de tan elevados porcentajes — cuestión que debe ser aclarada urgentemente — se deberá redefinir un modelo de desarrollo de acuerdo con los principios consagrados en la Constitución del 91:

• “La prevalencia del interés general” (artículo 1)

• “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (artículo 2).

Queda, pues, planteado el desafío para el gobierno y para las FARC: estar a la altura de las exigencias inaplazables de los movimientos sociales, avanzando rápidamente hacia un alto al fuego bilateral y asumiendo el compromiso de atender el clamor histórico de indígenas, campesinos y comunidades negras por una paz telúrica.

El nuevo modelo de desarrollo deberá tener un carácter centrípeto — en función de la prosperidad nacional, de la equidad social y de la sostenibilidad ambiental — y no un carácter centrífugo, como ha sucedido hasta el presente, más orientado por la expoliación de nuestras riquezas, en beneficio de compañías multinacionales y minorías nacionales.









RAZÓN PÚBLICA


(Diciembre 9 de 2012- WWW.RAZONPUBLICA.COM)



La reelección de Ordoñez: procura no corromper lo público y salvar tu alma

Una reflexión aguda pero amarga sobre los valores y los antivalores que rodearon la reelección del Procurador: ni modernidad, ni cristianismo.



Hernando Llano Ángel*

Un coctel maniqueo

La reelección de Alejandro Ordoñez como Procurador General de la Nación representa el triunfo de coaliciones y complicidades entre las más diversas fuerzas políticas, que van desde lo que podríamos denominar la “doble U” o Uribismo Ultramontano, hasta el oportunismo del partido liberal y otras clientelas menores, que comparten sus creencias pre-modernas, que han recibido migajas burocráticas, o que le temen al poder disciplinario que ha ejercido con un celo no exento de cálculos electorales.

El de Ordoñez es un poder maniqueo- electorero: ha sancionado tanto a la ex senadora Piedad Córdoba - en dos ocasiones, y casi con sevicia – como al ex ministro Andrés Felipe Arias -aunque sin tanto furor-. Curiosamente, estas sanciones sacan del campo a dos potenciales candidatos presidenciales, que encarnan fuerzas antagónicas y casi irreconciliables de la política nacional.

El “Procuribismo”

Pese a la diversidad de sus apoyos, Ordoñez no oculta su afinidad ideológica con el ex presidente Álvaro Uribe, quien lo postuló cuando salió elegido por primera vez. El procurador coincide con el ex mandatario en muchos asuntos, desde los más restrictivos de la autonomía personal –como el puritanismo sexual y la penalización de la droga— hasta la defensa incondicional de la “seguridad democrática” y la oposición a los diálogos entre el gobierno Santos y las FARC. Tanto así que, ante la ola de escándalos que ha afectado a tantos colaboradores del gobierno Uribe, Ordoñez dice que se debería “desuribizar la lucha contra la corrupción”.

Y es justamente en este ámbito, con su personal enfoque maniqueo, donde Ordoñez y Uribe se identifican como dos cruzados decididos a vencer el “mal” y a sus portadores –llámenlos “corruptos” o llámenlos “terroristas”-- aunque uno y otro se hayan convertido en grandes corruptores al poner su poder presidencial o disciplinario al servicio de sus personales aspiraciones reeleccionistas:

• Uribe reformó la carta del 91, no ya con el concurso ilegal de Yidis y Teodolindo, sino ante todo con el de las mayorías ilegítimas del Congreso que habían sido elegidas en alianzas con grupos paramilitares, alianzas que fueron comprobadas por las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y la condena penal de muchos integrantes de su bancada.

• Ordoñez se arropa ahora con la bandera de la lucha anti-corrupción y es reelegido gracias a componendas con las mayorías en el Senado y a pactos con magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, lo cual consolida una solidaridad de cuerpo o una complicidad en torno a privilegios salariales y circuitos cerrados de cooptación para nombrar familiares y correligionarios fieles a su credo y convicciones morales.

Un procurador invertido

De esta manera Ordoñez ha venido promoviendo la pérdida e inversión del sentido de lo público como una de las más valiosas expresiones de la modernidad, fundada en el uso de la razón y el argumento, no de la fe y las convicciones morales, para construir ese ámbito común, la esfera de lo público, que hace posible la convivencia entre las múltiples identidades personales y sociales.

La existencia y vigencia de un Estado laico, que trata por igual a todos los miembros de la sociedad, sin discriminar por motivos de índole racial, religioso, sexual o político, es la piedra angular de aquella esfera de lo público. Así quedó consignado en la Constitución del 91, como recalcan el Artículo 5 (“El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”) y el Artículo 13 (“la igualdad de derechos y trato sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”).
El Procurador General de la Nación está obligado cumplir y hacer cumplir esos principios, pues según el Artículo 277 de la Carta, sus funciones consisten en “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”. Pero Alejandro Ordoñez difícilmente puede cumplir esa función – y así lo muestra la conminación de la Corte Constitucional para que acatara lo dispuesto en su sentencia sobre las excepciones legales para la práctica del aborto: el procurador que ha sido reelegido invierte el principio rector de todo Estado de derecho, como es la primacía de las normas legales sobre las creencias religiosas personales. Por ello, su reelección puede interpretarse como un acto de perversión e inversión política y axiológica de la Constitución vigente, apenas comparable con la designación de un agnóstico para la promoción de la fe católica.

En similar o quizá mayor contradicción incurre cuando declara que es “un escéptico de la paz”, pues el artículo 22 de la Carta nos dice que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, con mayor razón si le recordamos las palabras cimeras de Jesús de Nazaret: “La paz os dejo, mi paz os doy”, sin duda más familiares a su conciencia. Pero en este caso parece que para Ordoñez es más poderosa la política uribista que su fe católica, pues sabe muy bien que su reino es el ministerio público de este mundo y no el meta-político del más allá, así ponga en peligro la salvación de su alma. Ya lo advertía Max Weber: “Todo lo que se persigue mediante la acción política y los medios violentos supone un peligro para la salvación del alma”.