EL
CASO DE DANIEL CORONELL ES UN ASUNTO
DE INTERÉS GENERAL
Hernando Llano Ángel
La desaparición del
periodista Daniel Coronell de las páginas de la revista Semana, con sus rigurosas investigaciones y sus sustentadas
opiniones, es mucho más que un debate sobre la libertad de expresión pública en
Colombia. Es un asunto de interés general y de trascendencia
vital. Sin exagerar, es una cuestión de Estado, de civilidad y
humanidad, que nos emplaza a todos frente a nuestra realidad.
Cuestión
de Estado
Es una cuestión de
Estado, puesto que la contemporización de la revista Semana en revelar las directrices de seguridad nacional del
presidente Duque, fue lo que realmente generó la columna de Coronell que derivó
en su despido de la publicación. Unas directrices que podían repetir, en forma
más sutil y discreta, la criminal política de la llamada “seguridad
democrática”, cuya más inhumana y brutal expresión fueron miles de ejecuciones
extrajudiciales conocidas cínicamente como “falsos positivos”. Una reedición
más sutil, pues ahora no está precedida de la funesta Directiva 029 de 2005[1] del entonces ministro de
defensa, Camilo Ospina, en cumplimiento de la “inteligencia superior” del
presidente Álvaro Uribe y su política de “seguridad democrática”, sino que se
materializa en circulares y manuales del comandante del ejército, Mayor General,
Nicacio Martínez, precedidos de “la Disposición 002 de 2019 que actualiza toda
la normatividad militar que regula cómo deben actuar las tropas para preservar
siempre los Derechos Humanos”[2].
Disposición
para matar y ocultar
Una Disposición impecable
desde la normatividad del Derecho Internacional Humanitario, pero también
implacable en su errática y criminal aplicación, como quedó fatalmente
demostrado con el aleve asesinato de Dimar Torres[3], desmovilizado de las
FARC-EP. Asesinato que intentó justificar y excusar por todos los medios
(televisivos, radiales y escritos) el ministro de defensa, Guillermo Botero,
hasta que las evidencias de Medicina Legal lo refutaron. Porque la verdad detrás
de esta Disposición 002 y de los manuales que la desarrollan es que de nada
sirven, cuando se aplican en un contexto oficial que invita e incita a cometer “masacres con criterio social”, según
el trino del senador Álvaro Uribe, que lo hace políticamente responsable de
semejantes actuaciones militares. Con mayor razón, si el actual ministro de
defensa cuenta con su incondicional apoyo y el del presidente Duque. Un apoyo
que es ratificado por Duque en forma desafiante y también indecorosa,
encargando a Botero de la Presidencia de la República durante su viaje a EL
SALVADOR a la posesión presidencial de Nayib Bukele. Una designación
políticamente muy reveladora, teniendo en cuenta que Botero está ad portas del
trámite de una moción de censura en el Congreso. Sin duda, este episodio
demuestra a las claras la impostura del mito de la civilidad de nuestros
gobernantes, pues son ellos quienes aúpan y justifican las actuaciones ilegales
y eventualmente criminales que cometen algunos miembros de la Fuerza Pública,
que luego tratan de excusar con la metáfora impune de “algunas manzanas
podridas” o de “agentes díscolos de la institucionalidad”. De esta forma, proyectan nacional e
internacionalmente una mentirosa imagen de “civilidad democrática”, arrojando
de paso toda la responsabilidad y culpabilidad sobre los militares. Por eso la
obsesión de este gobierno del Centro Democrático en hacer trizas la JEP, donde
un grupo significativo de oficiales y miembros de la Fuerza Pública están
revelando cómo se cometieron los “falsos positivos”, cumpliendo estrictamente
las directrices emanadas del “presidente eterno” y su ministro de defensa,
Camilo Ospina, determinadores últimos de tan numerosas ejecuciones. Sin duda, los
avances de tales investigaciones en la JEP conducirán inevitablemente a revelar
judicialmente la cruel verdad que todos conocemos: la responsabilidad
insoslayable de Álvaro Uribe Vélez y su ministro de defensa, a través de la
Directiva 029 de 2005, en la comisión de miles de ejecuciones extrajudiciales,
supuestamente en defensa de la “democracia” contra el “terrorismo”. Esa es la
verdad que tanto temen. Y para eludir semejante responsabilidad, tienen el
cinismo de señalar que la JEP es una justicia que promueve la impunidad, cuando
es exactamente lo contrario. Es una justicia que, al promover la verdad, impide
la impunidad de los crímenes más atroces, desde los miles cometidos por las
FARC-EP hasta los promovidos por el Estado y financiados o auspiciados por
algunos civiles. Según el punto 33 del Manifiesto Democrático del “presidente
eterno”: “También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”, que
ahora se busca perpetuar a través del llamado derecho operativo, tras la
filigrana humanitaria de la Disposición 002 de 2019.
Censura
de la realidad y la verdad
Por eso, más allá que una
grave censura a la libertad de expresión y a la opinión de Coronell, lo que
este caso revela es una censura casi total de la realidad y la verdad. Realidad
y verdad que una publicación como Semana
omitió publicar –y, en lugar de hacerlo, primero consultó al Secretario General
de la Presidencia, Jorge Mario Eastman— siendo así chiviada por The New York
Times, en un ejercicio profesional de periodismo investigativo, ajeno por
completo a la cómplice prudencia de las buenas relaciones públicas y políticas
de los propietarios y editores de Semana.
Ese es el mediocre entramado de unos medios de comunicación complacientes y
comprometidos con el Statu Quo que develó y puso en crisis la columna de
Coronell. Por eso sus propietarios y directores prescinden de la voz civil y
crítica del periodista, pues son incapaces de reconocer su maridaje con la
quintaesencia del poder autocrático que nos gobierna, esa simbiosis y amalgama
perfecta del poder político-militar, siempre obsesionado en ocultar por todos
los medios --especialmente los periodísticos-- su verdadero rostro arbitrario,
criminal e impune y proyectar en su lugar una falsa e impúdica caricatura de
legalidad y civilidad democrática. Caricatura grotesca que ha sido, una vez
más, exaltada sobre el dolor de las víctimas de falsos positivos con el ascenso
del actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, a General de cuatros
soles. Ascenso realizado sin éste haber aclarado ante la justicia su presunta
responsabilidad en varios falsos
positivos, siendo jefe del estado mayor de la Décima Brigada Blindada en los
departamentos de Guajira y Cesar[4] en el 2005, bajo la
administración del “presidente eterno”.
Asunto
de civilidad y humanidad
Al producirse tal
ascenso, lo que ha desaparecido es la civilidad de los senadores que la
aprobaron, junto a la humanidad de quienes seguramente sufrirán los efectos de
semejante promoción, como casi sucede con el cuerpo de Dimar Torres que iba a
ser arrojado y ocultado en una zanja, presurosamente cavada por sus asesinos. Pero
también está en juego nuestra propia civilidad y humanidad, pues inevitablemente
todos veremos sus consecuencias políticas, una de las cuales parece ser el
inicio de una publicitada y aguerrida campaña por una “Constituyente para la
justicia”. Campaña cuyo principal cometido es hacer trizas la JEP y sus
esfuerzos por revelar la verdad y poner fin a la encumbrada impunidad institucional
y política que nos gobierna desde tiempos inmemoriales con ínfulas democráticas
de “genuina legitimidad”. Tan genuina, que descansa sobre una brutal facticidad
criminal, encubierta por una complicidad que asciende hasta la cúspide del
poder político en el Senado, el Ejecutivo y el mando militar del Ejército. Una
perversa trinidad: tres personas distintas y una sola realidad de iniquidad.
[1]http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/DIRECTIVA_MINISTERIAL_COLOMBIA.pdf
[2] https://www.lafm.com.co/judicial/la-reglamentacion-que-emitio-el-general-nicasio-martinez-antes-del-documento-de-new-york
