DE-LIBERACIÓN

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COLOMBIA ANEGADA

¡Vive Colombia, Navega por ella!

(Noviembre 21 de 2010)

Hernando Llano Ángel.

La nave de “Colombia” está anegada y naufraga en medio de un sedimento de escándalos acumulados por el gobierno de la “seguridad democrática”, bajo la heroica y acertada conducción del “libertador” Uribe, ubérrimo en complicidades y tramas delictivas. En apenas 100 días de transparencia y “prosperidad democrática”, las compuertas de complicidad que contenían esta avalancha de corrupción y crimen se rompieron y la Nación quedó inundada. Colombia hace agua. Las fétidas e incontenibles aguas de los negociados y de innumerables ilícitos arrasan con todo, como los arroyos en Barranquilla. Colombia se ahoga en las profundidades del éxito fraguado por Uribe con su ejemplar gabinete y la inteligencia obtusa de sus asesores. Incluso ya ha comenzado la fuga de algunas inteligencias menores, gracias a las esclusas y canales de complicidad abiertos por el presidente Martinelli de Panamá que, honrando la amistad con Uribe, concedió asilo de impunidad a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

Una verdad profunda

De nuevo, la verdad se va al fondo y sólo con buzos y equipos especializados de salvamento judicial podremos conocer algún día el entramado criminal dirigido desde la Casa de Nariño para ocultar y minimizar su fórmula de gobernabilidad, basada en la simbiosis de la política con el crimen del paramilitarismo, que se empezó a concertar desde la ley 975 y la frustrada conversión de criminales de lesa humanidad en delincuentes políticos, bajo la tipificación de un imposible delito de sedición. Todo ello terroríficamente adornado con el telón de fondo de las acciones criminales de las FARC, que aportaron así la dosis de miedo requerida por Uribe para legitimar su maniqueísta “seguridad democrática”, según la cual quien no la respaldara se convertía auxiliar del terrorismo, como incluso tildó a los magistrados de las altas Cortes.

Esa es la verdad profunda que apenas está saliendo a flote. Allí se encuentra el origen del famoso choque de trenes entre el Ejecutivo y la rama Judicial, que no es otro que la fracasada estrategia uribista y sus mayorías en el Congreso de politizar el crimen contrainsurgente del paramilitarismo, fijando penas benignas a sus comandantes de entre 5 y 8 años. Estrategia que fue frustrada por fallos en derecho de la Corte Constitucional y la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Por eso da la impresión de que la justicia se hubiese politizado, cuando sucedió exactamente lo contrario: el crimen se politizó y por consiguiente la política se criminalizó y se reveló como parapolítica. Por eso la Casa de Nariño acogió amable y subrepticiamente a protagonistas del bajo mundo del crimen, como Job, para urdir tramas contra la Justicia. Por eso el mismo presidente Uribe ordenó a sus copartidarios votar rápidamente sus proyectos, antes de que fueran trasladados del Parlamento a la Picota. Por eso hundió la llamada silla vacía, para que la curul del congresista sub judice continuara ocupada por otro testaferro del crimen y no perder así su “gobernabilidad” parapolítica, todo ello en nombre de la sacrosanta “seguridad democrática”. De allí que la rama judicial, los políticos no cooptados y atrapados por esa red de complicidades y los periodistas independientes se convirtieran en el objetivo del DAS, pues había que impedir a toda costa que se conociera la verdad. Por eso es oportuno preguntarse ¿Todavía no te DAS cuenta que esa es la realidad? La verdad profunda de una gobernabilidad criminal camuflada bajo una fórmula libre de toda sospecha como la “seguridad democrática”.

El milagro de Santos

Ahora le corresponde a Santos hacer un milagro y desempeñarse como un insuperable cirujano estético para ocultar los estragos del paso del Tiempo, que termina por revelarlo todo, como las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, que siguen saliendo a flote, y el más reciente escándalo de Fondelibertad, cuando se desempeñaba como exitoso ministro de defensa uribista. Quizá por ello ahora recurre a una fórmula de gobernabilidad aún más falsa y mentirosa que la de su antecesor, como es la “Prosperidad democrática” y está promoviendo por todo el país “Acuerdos de prosperidad”, en lugar de impedir que las aguas de la profunda desigualdad económica y social continúen ahogando cotidianamente a más de 20 millones de compatriotas.

Porque no es el invierno la causa de nuestras mayores calamidades, sino la conversión de la política en una actividad paralela al crimen, vale decir paracriminal, la que nos tiene anegados en sangre y vergüenza desde hace más de 60 años. Y la única forma de superar semejante diluvio de ignominia es recurriendo a la conciencia y la decencia de la ciudadanía para que en las próximas elecciones condene al ostracismo de la derrota a todos aquellos que han convertido a Colombia en una mortífera laguna donde navegan impune y orgullosamente piratas disfrazados de políticos, que han hecho del crimen y el odio sus divisas y banderas para gobernar, bajo lemas tan atractivos como la seguridad y la prosperidad democráticas. Por eso hoy se celebra más la muerte que la vida y los partes oficiales exhiben con orgullo el listado de las bajas, así como las FARC secuestran la libertad en nombre de una supuesta revolución, reclutan la inocencia y asesinan a los campesinos, indígenas y lideres que defienden la autonomía de sus territorios y la dignidad de sus vidas.

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(Octubre 31 de 2010)

El prohibicionismo: Una política criminal.

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Hernando Llano Ángel.

A dos días de celebrarse el referéndum en California sobre la llamada proposición 19, donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de decidir si se avanza hacia un reconocimiento y tratamiento legal, vale decir responsablemente racional de la producción, distribución y consumo de la marihuana, no está de más repetir que el prohibicionismo es una política auténticamente criminal, antiliberal y antidemocrática. Una política criminal, pues ella en lugar de contener y desestimular el auge de las bandas de narcotraficantes y sus secuelas de inseguridad social, corrupción de los funcionarios estatales y aumento de las tasas de homicidios y de la población carcelaria, ha sido objetivamente funcional a los propósitos y fines del crimen organizado en todas las latitudes.

Empezando por la degradación del orden público en los países productores, rápidamente militarizado y cooptado por la deletérea penetración del dinero, hasta la desintegración acelerada de los lazos familiares, que comienza cuando uno de sus miembros es estigmatizado como una “oveja negra” que debe ser lanzada al ostracismo del repudio y el desafecto, sin interrogarse sobre el sentido de su evasión a un paraíso alucinante, menos árido y crudo que la normalidad y la felicidad promovidas por la realidad. Sin duda, el prohibicionismo persiste y parece ser una política inmodificable, porque el reconocimiento de su fracaso implicaría que la narcisista y ejemplar familia de consumo mirase su rostro decadente reflejado en las vitrinas relucientes del mercado, por sí solas incapaces de dar sentido y serenidad a la vida humana, atrapada en la adicción del consumo y la incomunicación de la soledad.

No gratuitamente Milton Friedman, ese adalid de la no intervención del Estado en el mercado, sentenciaba en este caso que: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto.” En efecto, porque a mayor represión, mejores precios en el mercado ilegal. Todo lo contrario persigue la proposición 19, mayor regulación legal para disminuir los costos que implica la política criminal de persecución y represión. Incluso para convertir un filón de ingresos entregado a la criminalidad en una suculenta fuente de recursos fiscales para políticas públicas de prevención, educación y tratamiento de los potenciales consumidores, como sucede en el Estado de California que tiene el mayor déficit presupuestal entre todos los Estados de la Unión. Según los promotores de la proposición, “La Junta de Ecualización Estatal de California ha estimado que la imposición de un impuesto tributario de 50 dólares por onza en la venta de marihuana podría generar unos ingresos fiscales de 1400 millones de dólares anuales. Esto representa una gran cantidad de ingresos en un momento en el que el Estado se encuentra experimentando una presión financiera.”2

Por último, es una política profundamente antiliberal y antidemocrática, porque desconoce que todo adulto --pues la proposición sólo aplicaría para personas mayores de 21 años-- es autónomo en las decisiones que afectan su propia vida y personalidad, siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad o vida de terceros y menores de edad. Asunto este que está claramente regulado en la proposición 19, cuando establece restricciones y sanciones severas como las siguientes:

• “Mantiene las leyes existentes contra la venta de drogas a menores de edad y la conducción bajo sus efectos.

• Mantiene el derecho del empresario a tratar el consumo de marihuana en caso de afectar el rendimiento laboral de un empleado.

• Mantiene las leyes existentes contra el transporte interestatal o internacional de marihuana.

• Cualquier persona que posea una licencia, permiso o autorización para la venta de marihuana y venda o entregue deliberadamente marihuana a menores de 21 años, tendrá como consecuencia la prohibición a poseer o dirigir un establecimiento autorizado de marihuana durante un año o a ser empleado del mismo.

• Cualquier persona que posea una licencia, permiso o autorización para la venta de marihuana que a sabiendas venda o entregue marihuana a una persona mayor de 18 años pero menor de 21, será encarcelada en la prisión de su condado por un período de tiempo de hasta seis meses y una multa de hasta 1.000 dólares por cada delito.

• Cualquier persona que posea una licencia, permiso o autorización para la venta de marihuana que a sabiendas venda o entregue marihuana a menores con edades comprendidas entre 14 y 17 años, será encarcelada la prisión estatal por un período de tres, cuatro, o cinco años.

• Cualquier persona que posea una licencia, permiso o autorización para la venta de marihuana que a sabiendas venda o entregue marihuana a menores de 14 años, será encarcelada en la prisión estatal por un período de tres, cinco o siete años” .

Pero obviamente los anteriores aspectos no son reconocidos por los fanáticos del prohibicionismo, que obtusamente desconfían de la responsabilidad de sus ciudadanos y los tratan como menores de edad y cretinos morales, salvo cuando reclaman sus votos y lealtad para ser electos como legisladores y estadistas. Porque estos políticos, que posan de estadistas y moralistas, en realidad son unos vulgares maniqueístas, que fustigan como vicioso o corrupto a quien no los acompañe en sus cruzadas de miedo y guerra contra el narcotráfico. Cruzadas que sólo han servido para alimentar las ganancias de la industria militar norteamericana y la burocracia represiva, bajo eufemismos como el “Plan Colombia”, con la degradación de la política en narco-para-política y la perpetuación de la guerra en una simbiosis inimaginable entre las FARC y las llamadas BACRIM, sin olvidar las cuentas bancarias de los criminales y sus aliados en los paraísos fiscales.

Para todos los anteriores el prohibicionismo es funcional a sus intereses, aunque sean antagónicos entre sí, y además proporciona a los Estados Unidos la coartada perfecta para perpetuar su tutelaje sobre gobiernos dóciles e inmaduros en América Latina. Ellos niegan lo que todos sabemos, que la guerra contra el narcotráfico no se libra ni se ganará en los vastos territorios ricos en biodiversidad, como los de la Amazonía, que están siendo depredados y degradados, sino en una región más frágil, portentosa y esquiva: la mente y la voluntad humana, que poco entiende de prohibiciones y castigos y mucho más de razones y estímulos.

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Septiembre 26 de 2010

El Mono Jojoy: Más allá del símbolo del terror

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Hernando Llano Ángel.

El presidente Juan Manuel Santos anunció en tono exultante, desde las Naciones Unidas, que con el abatimiento del Mono Jojoy se aniquilaba el símbolo del terrorismo en Colombia. Ante una reunión con empresarios y potenciales inversionistas en Colombia, comparó la muerte de Jojoy con una hipotética aniquilación de Osama Bin Laden por parte del ejército norteamericano.

Más allá de los símbolos

Ambas apreciaciones denotan, por decir lo menos, una comprensión ligera del terrorismo. Si bien es cierto que los símbolos en los conflictos políticos juegan un papel determinante, también lo es que ellos no agotan toda la realidad de la que hacen parte y apenas son su expresión más extrema. Particularmente en el caso de Jojoy, el mejor exponente de la violencia y el revanchismo belicista de las Farc, cuyas acciones en la mayoría de los casos fueron retaliaciones mortales que expandieron una onda de destrucción, muerte, miedo y terror en toda la población. Por entrevistas que concedió en el Caguán, ahora sabemos que si no hubiera sido guerrillero habría estudiado Ciencia Política. Entonces seguramente hubiese comprendido, leyendo a Hannah Arendt, que la máxima preocupación de esa disciplina es el estudio del poder para contener la más peligrosa y mortal de todas las amenazas que se cierne sobre la vida y el progreso de las comunidades, como es la violencia arbitraria e indiscriminada, que precisa tanto más de armas cuanto menos gente convoca para su causa.

De la violencia estructural a la directa

Lamentablemente la violencia estructural, aquella que determina el mayor o menor acceso de la población a recursos cruciales, como la educación, y el entorno familiar en que creció Víctor Suárez Rojas --hoy sabemos que su madre le preparaba la comida al Secretariado de las Farc-- lo convirtieron con el correr de los años en el temible y odiado Mono Jojoy. Se transformó así en un habilidoso estratega de la violencia directa y en un torpe aprendiz del poder político, pues sus relaciones con la gente siempre estuvieron mediadas por las armas y las órdenes, antes que por la deliberación y la concertación. Su aprendizaje fue el de la obediencia y luego el ejercicio del mando, el del orden cerrado propio de la violencia eficaz de los ejércitos, no el de la discusión abierta y la controversia con el contrario, consubstancial a la política. Quizá por eso su obsesión fue más vencer que convencer, no tanto conciliar sino más bien negar y someter al contrario, como lo hizo en forma despiadada mediante la práctica sistemática del secuestro de políticos. Su periplo vital y mortal estuvo determinado por la violencia, al punto que su identidad era indisociable de la tenencia y el uso de las armas, como se lo expresó a la periodista María Cristina Botero: “El día que entregue el fusil nadie va a querer hablar con nosotros, ni los periodistas. Sería un pobre pendejo. Sería la paz de los muertos, porque nos bajarían de una vez. Si estamos vivos es porque tenemos fusil”. Su violento final, demuestra el error mortal en que vivió.

La impotencia de la violencia

Una muestra más de la impotencia de la violencia cuando está divorciada del poder político, pues como bien lo expresó Arendt la esencia del poder es “la capacidad humana para actuar concertadamente” y por lo tanto él no pertenece a nadie en particular, mucho menos a caudillos o vanguardias iluminadas o armadas, sino a toda la comunidad, que lo ejerce tanto más efectivamente cuanto más es fruto de múltiples acuerdos y no de la imposición de voluntades minoritarias. Por eso todos aquellos que aspiran a “tomarse el poder” terminan ahogados en sangre, al igual que quienes pretenden conservarlo y retenerlo por la fuerza, como los Batista, Somoza o Duvalier. Por lo anterior, cuanto más poderosa es una comunidad menos violencia requiere para su seguridad y prosperidad, pues su orden está basado en la confianza generada por palabras y promesas que se cumplen y no en el temor a los castigos o el premio a las recompensas y las delaciones, como lamentablemente nos sucede en Colombia.

La violenta demagogia electoral

Precisamente por la crónica demagogia electoral de varias generaciones de Presidentes liberales y conservadores hablando de equidad, democracia, participación y paz, pero gobernando en sentido contrario, es que hoy tenemos como contrapartida un gasto militar exagerado en seguridad, en pago de recompensas y en subsidios para comprar ese déficit de poder político de unas mayorías que todavía no concurren a las urnas, porque sus intereses y reivindicaciones mas vitales han sido burladas históricamente. No hay que olvidar que los magnificados nueve millones de votos de Santos, apenas son el 30% del censo electoral, que es de 30 millones de ciudadanos. Así las cosas hemos terminado malviviendo entre dos extremos: el de un poder institucional que cada vez derrocha más en violencia, bajo el eufemismo de la “seguridad democrática”, y el de unas minorías revanchistas que cada vez recurren más a la violencia por ausencia de poder, bajo la coartada de la “justicia social”. Hemos alcanzado tal extremo de degradación política, que su semántica oculta lo que los hechos revelan: al asesinato de civiles se lo llama “ajusticiamiento” o “falso positivo” y al secuestro “retención” o “prisionero de guerra”. Por eso hoy se busca la paz a través de la guerra y la institución que goza de mayor credibilidad y reconocimiento es la Fuerza Pública, mientras la más desprestigiada y repudiada es el Congreso. Una especie de venganza y triunfo póstumo de la doctrina Jojoy, pues las armas y la violencia terminan imponiéndose sobre la política y el poder, con todo lo efímero que tiene un triunfo militar sin amplio sustento político y social. De profundizar semejante dinámica pronto llegaremos a pensar que nuestro principal problema, la violencia política degradada, se solucionará con más fuerza y más heroísmo de nuestros abnegados policías y soldados, sin importar el costo en vidas humanas, hasta vencer o eliminar el último terrorista, pues ya se ha ultimado a su máximo símbolo.

¿El fin o el comienzo del terrorismo generalizado?

Por todo lo anterior, vale la pena citar a Michael Walzer y su lúcido análisis sobre el terrorismo, cuando advierte que: “En la guerra, el terrorismo se asocia con la exigencia de una rendición incondicional y, del mismo modo, tiende a descartar cualquier clase de arreglo mediante compromiso” . Tal parece ser el punto en que nos encontramos, pues desde las páginas de la gran prensa, analistas y columnistas de opinión demandan el abatimiento de “El que sigue” (revista Semana, edición actual), en tanto “la experiencia muestra que toda rendija para la negociación alienta a los grupos terroristas” (Humberto De la Calle, en El Espectador). Cabe esperar que predomine la razón y no sólo la fuerza en la consigna presidencial y que el Secretariado de las Farc tenga la suficiente lucidez para enmendar su error y horror histórico de confundir la violencia con el poder y empezar así a salir de la manigua de la guerra en la que están extraviados, cuyo único horizonte vital es la política y no el mortal del terror y el secuestro. La mejor forma de hacerlo sería liberando a los miembros de la Fuerza Pública, con la mediación del CICR y la Iglesia Católica, pues la condición previa para la existencia de la política es la libertad. Pero si ambas partes persisten en lo contrario, no estaremos en el comienzo del fin, sino más bien en el principio de un terrorismo generalizado, al estilo del auspiciado por Pablo Escobar, que paradójicamente culminó cuando coronó en el artículo 35 de la Constitución su máxima aspiración: “prohibir la extradición de colombianos por nacimiento”.

Hace ya casi 25 siglos, en el Dammapada (XV, 5, 201), se escribió la siguiente admonición: “El que vence engendra odio, el que es vencido sufre; con serenidad y alegría se vive si se superan victoria y derrota”. Si bien no es realista aspirar a este misticismo ético en la política, también lo es que la política deja de existir cuando ella se ejerce como una doctrina de odio y aniquilación, pues toma su lugar la denominada guerra contra el terrorismo y basta mirar sus resultados en Irak, Afganistán y todo el Oriente Medio. ¿Será inevitable degradarnos más en nombre de una supuesta superioridad moral para vencer el terrorismo? ¿Acaso una victoria militar significa por sí sola superioridad moral? En tal caso el triunfo sería un horror y el vencedor sería el terror, no la democracia y mucho menos la paz. No olvidemos que Jojoy es un hijo histórico de esa paz proclamada por Guillermo León Valencia en su gobierno de 1962 a 1966.

DE-LIBERACIÓN
(Septiembre 12 de 2010)

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DIATRIBA DE UN CÍNICO RABIOSO CONTRA UN ASCETA DE LA PAZ

Hernando Llano Ángel.

Sin proponérselo, Fernando Londoño Hoyos se retrató de cuerpo entero en su última columna, titulada “Marx no ha muerto”, escrita contra el padre Francisco de Roux y su homilía del pasado 30 de Julio, pronunciada en la celebración del día de San Ignacio. Homilía dedicada a los cínicos y su nefasta influencia en la realidad nacional, de quienes literalmente el actual Provincial de los jesuitas expresó lo siguiente:

“La Javeriana está en el corazón de la clase dirigente de Colombia, que es desde hace décadas una mezcla de escenarios de intereses, compromiso y ambigüedades, donde hay muchos cínicos, y en la mayoría de los escenario los cínicos controlan. Por eso el 65 por ciento de los campesinos colombianos siguen en la pobreza. Por eso hay en el país 7 millones de miserables con hambre. Por eso hay cuatro millones de hectáreas en manos de la mafia. Por eso se roban cada año cerca de 4 billones de pesos en corrupción. Por eso la comunidad internacional se pregunta por qué otros países solucionaron en una o dos décadas la desigualdad social, la guerra de guerrillas, los secuestros, la grandes bandas criminales, el desfalco del tesoro público, las sillas de senadores criminales y la dominación de la droga…y en Colombia se prolongan por más de medio siglo el espectáculo inhumano de una crisis irresuelta, mientras dirigentes brillantes, entre cócteles, congresos y publicaciones, disfrutan una vida de seguridad que se derrocha en satisfacciones sobre la misma crisis. Por eso muchos se preguntan si la prolongación de la crisis colombiana no es causada por los mismos cínicos que quieren prolongarla porque se benefician de ella”.

Como bien lo define el Diccionario de la Real Academia Española, el cínico se caracteriza por su “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”. Difícilmente se puede encontrar una mejor descripción de lo que es y representa Fernando Londoño en la vida política nacional. Basta recordar que fue sancionado por la Procuraduría con destitución e inhabilidad de 15 años para el desempeño de cargos públicos “por realizar gestiones a favor del consorcio italiano Recchi, del que fue apoderado judicial, haciendo uso de sus poderes como Ministro del Interior y de Justicia. La Procuraduría consideró que el ex ministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de la República después del Presidente. Tiempo después se presentó un conflicto en el contrato y el señor ex ministro sugirió la conformación de un Tribunal de Arbitramento del cual no hizo parte y que en el 2001 falló en contra del Estado colombiano por algo más de $13.958 millones de pesos, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado. Por su gestión el ex ministro recibió poco más de 74 millones de pesos como honorarios”. (http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2004/noticias_381.htm.)

Londoño, encarna, pues, la quintaesencia de la utilización de ley y los procedimientos como una coartada perfecta para burlar la justicia y hacer prevalecer el interés particular sobre el general, la excepción sobre la norma. Apela a la moral y la ética como una estratagema para afirmar la dominación de los elegidos sobre los demás mortales, esos vulgares plebeyos que ahora reclaman sus derechos. Afianza así la rancia tradición conservadora de estirpe laureanista, imbuida de un narcisismo maniqueo y racista que divide a Colombia desde la noche de los Tiempos entre gente con “clase y distinción”, los autodenominados “ciudadanos de bien”, “blancos y católicos”, predestinados para gobernar, constantemente amenazados por una “chusma insolente y alzada”, que les falta al respeto cuando ella osa afirmar su autonomía y dignidad mediante el ejercicio de sus derechos. Por eso Londoño ha sido un enemigo acérrimo de la acción de tutela y de los principios fundamentales de la Constitución del 91, salvo en aquellas ocasiones que las invoca para defender su insaciable codicia de rábula, como astutamente lo ha hecho para oponerse a la devolución de las acciones de invercolsa al patrimonio de todos los colombianos. Así nos ha dado una muestra pública de “la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”, en la cual quizá sólo es superado por su maestro, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en nombre de la “seguridad” profundizó y refundió (que jamás refundo) nuestra “Patria” en un campo de trincheras, “falsos positivos”, parapolítica y fosas comunes. Ambos, aupados por el miedo y el terror engendrados por la violencia revanchista y criminal de las Farc, degradaron la política a una escuela de odio y desconfianza, estigmatizando como aliado del terrorismo a todo opositor. La solidaridad ciudadana la prostituyeron en el mercado de las recompensas y en una difusa red de cooperantes, a la postre cooptada por criminales. Incluso llegaron a señalar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia como auxiliadores del terrorismo y, como cada día se nos revela en forma más escandalosa, convirtieron al DAS en una agencia con licencia para delinquir.

Por todo lo anterior, era apenas obvio que Londoño se sintiera aludido por la homilía del padre de Roux, para su desgracia hoy Provincial de los jesuitas, como reconocimiento de su compromiso indeclinable de toda una vida con esa “chusma insolente y alzada”, desde sus tiempos remotos como director del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y los más recientes como coordinador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Quizá por ello en su rabiosa diatriba contra el padre de Roux, Londoño le reprocha que no revele los nombres de los cínicos: “El padre se guarda sus nombres, como el de los beneficiarios jactanciosos de la miseria de tantos, y el de los escenarios que controlan. Lo que es una lástima. Un educador, así eduque para el odio, debe ser claro, como él mismo lo pregona”. Ante semejante cargo, en tono de propia inculpación, no hay mejor respuesta que la bíblica: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7,20). Y sin duda, los frutos del padre de Roux son los de un asceta por la paz, reconocido por ello con el Premio Nacional de Paz de 2001, además de recibir la condecoración de “Caballero de honor de de la Legión Francesa”, otorgada por Francois Miterrand, que lo convierte en miembro de la Legión Francesa. Honores que, desde luego, el padre De Roux oculta como buen asceta.

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(Agosto 6 de 2010)

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Álvaro Uribe Vélez: Un Presidente paradójico

Hernando Llano Ángel.

En víspera de abandonar la Casa de Nariño, el signo de la paradoja parece marcar los ocho años de Uribe Vélez en la presidencia de la República. Al menos se pueden destacar ocho grandes paradojas. Veámoslas, en forma vertiginosa, comparadas con las principales metas de su “Manifiesto Democrático” y los resultados obtenidos durante estos dos periodos. Para empezar, ya desde el punto 98 del Manifiesto consideraba insuficientes los primeros cuatro años y anunciaba con voz profética su prolongación en un gobierno de Unidad Nacional: “Insistiré que el País necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad”. Es evidente que tampoco le alcanzaron estos últimos cuatro años, pero hay que reconocer que avanzó notablemente en la profundización de los “complejos problemas nacionales”, como a continuación se puede apreciar en las siguientes ocho paradojas:

1- Avanzamos del conflicto armado interno a uno de carácter regional.

La primera paradoja y la más insólita, es que en su obsesión por negar la existencia del conflicto armado interno, terminó ampliándolo y profundizándolo hasta transformarlo en un conflicto de carácter regional, que hoy afecta no sólo la región andina sino que compromete a todo el continente americano. Con el agravante de haberlo internacionalizado en un horizonte de guerra y no de paz, como consecuencia de su cruzada contra el terrorismo, que desconoció el mismo Derecho Internacional y la soberanía territorial del Ecuador. Cruzada que a su vez catalizó la más grave y profunda crisis humanitaria de orden político y social en el continente, para transitar así de la promesa de la paz a la pesadilla de la hecatombe humanitaria.

2- Pasamos de la paz a la hecatombe humanitaria.

En efecto, en el punto 2 de su célebre Manifiesto Democrático consignó: “Sueño con una Colombia en la que todos podamos vivir en paz, resolver nuestras diferencias pacífica y creativamente, gozar en familia de nuestras carreteras, paisajes y ríos”. Es una lástima que dicho sueño se haya convertido en una pesadilla para cerca de tres millones y medios de desplazados, que no han podido regresar a disfrutar sus “paisajes y ríos”. También que tengamos el mayor número de víctimas de minas antipersonal en el mundo; la más incierta cifra de desapariciones forzadas; el más alto índice de sindicalistas asesinados y “un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos”, según Philip Alston, Relator de las Naciones Unidas, que implica a un alto número de miembros de la Fuerza Pública. Todo ello, bajo la impronta de la “seguridad democrática” y la Directiva 029 del Ministerio de Defensa, a la cual dieron exitoso cumplimiento los entonces ministros Camilo Ospina y Juan Manuel Santos, desde mañana Presidente en ejercicio.

3- Del Estado Comunitario al Plutocrático y Cacocrático.

En el punto 4 del Manifiesto expresa otro sueño, que lamentablemente cumplió al revés: “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social”. La primera parte la cumplió con creces, otorgando a personas de escasos recursos, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, incentivos de Agro Ingreso Seguro por apenas12 mil millones de pesos. Igual generosidad tuvo con otras 46 personas que hicieron aportes a su campaña presidencial por 600 millones y coincidencialmente recibieron de su ministro de agricultura Andrés Felipe Arias (Uribito) 45 mil millones de pesos para mejorar la competitividad de sus modestas agro-empresas. En cuanto al “Estado permisivo con la corrupción y gigante en politiquería”, sobresalen los estímulos a congresistas como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, gracias a los cuales se reformó un “articulito” de la Constitución que le facilitó continuar en la Casa de Nariño por otros 4 años, para no mencionar la degradación de la carrera diplomática, convertida en refugio de “buenos muchachos” como Salvador Arana y Jorge Noguera, habilidosos cacos del entramado criminal de los paramilitares. Hoy el primero está condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por el asesinato del exalcalde de “El Roble”, Edualdo Díaz y el segundo está ad portas de serlo por el asesinato del profesor de sociología Alfredo Correa de Andreis, en Barranquilla.

4- De la buena administración pública al delito de “lesa comunidad”.

Continuando con el punto 17 del famoso Manifiesto, tenemos otra profecía autocumplida: “Necesitamos crear la cultura de buena administración de lo público. Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar.” En efecto, el Seguro Social fue liquidado y transformado en la fantasmagórica “NUEVA” EPS, que según el reciente informe de la Defensoría Nacional del Pueblo se encuentra en el último lugar en la percepción de los usuarios sobre la calidad de sus servicios, con 58.43 puntos sobre 100, “siendo la única que no pasó el mínimo aceptable”. A los delitos de lesa humanidad ya señalados, habrá que añadir el de “lesa comunidad” del Manifiesto, inventado por la inteligencia superior de Uribe cuando era candidato en el 2002 y perpetrado por la NUEVA EPS en su postrera administración presidencial. En cuanto a la “cultura de la buena administración de lo público”, según la Auditoría General de la República, en Colombia por causa del fraude y la corrupción se pierden 4.2 Billones de pesos al año, que equivalen a dos veces el presupuesto de Coldeportes, el Sena y 1.8 el de Bienestar Familiar. En la clasificación de Transparencia Internacional y su índice sobre percepción de la corrupción, siendo 0.00 la peor calificación y 10 la mejor, Colombia se raja con 3.7 en el 2009. Y según la percepción ciudadana, se pasó del 72.6% en el 2008 al 77.3% el año pasado sobre el aumento de corrupción en la administración pública.

5- Del Congreso Visible a la Picota.

En el punto 19 del Manifiesto se lee: “Necesitamos un Congreso Visible. Que la gente conozca por nombre propio a los congresistas. Que sepa a qué hora entran y a qué hora salen, qué proyectos presentan, qué debates impulsan”. En efecto, gracias a la tenacidad del poder judicial y a los testimonios de los comandantes paramilitares, antes de que fueran extraditados para contener y aplacar un poco el escándalo de la parapolítica, hoy se encuentran 91 congresistas procesados de los elegidos en el 2006, y el 79% de ellos son miembros de partidos que pertenecen o pertenecieron a la coalición uribista. Al respecto, no hay que olvidar el consejo del propio presidente Uribe: “voten, mientras puedan hacerlo”, pues muchos de sus copartidarios pasaron rápidamente del régimen parlamentario al carcelario. Sin duda, Uribe quedará registrado en la historia política nacional como el artífice impune de la más perversa mutación que pueda experimentar una sociedad, la simbiosis del crimen con la política, bajo la forma de coaliciones insospechadas entre paramilitares y destacados políticos regionales y nacionales. En la actualidad hay 101 figuras regionales procesadas, entre ex gobernadores, ex alcaldes, diputados y concejales.

Semejante proeza fue posible gracias a su manipulación maniquea del miedo ciudadano infundido por el terror de las FARC, que le permitió en dos ocasiones ser Presidente sin tener partido y con el respaldo de millones de firmas de ciudadanos, al mismo tiempo que canalizaba todos los votos aportados por una vasta red mutante de políticos y criminales, camuflados bajo las más curiosas siglas y letras del alfabeto, desde la “U” hasta el PIN, incluyendo tránsfugas liberales y conservadores, que hoy se confunden y cubren en el abrazo de la Unidad Nacional, santificados y transubstanciados por la reciente victoria electoral.

6-“De una Colombia sin guerrilla ni paramilitares” a las nuevas Bandas Criminales.

“Es la garantía de la seguridad ciudadana durante el conflicto y después de alcanzar la paz”, reza el punto 26 del Manifiesto, pero la realidad nos demuestra que ha sucedido algo peor e inesperado, pues según el Inspector General de la Policía, general José Roberto León, los miembros de las denominadas oficialmente nuevas Bandas Criminales (Bacrim) pasaron de 2000, al comienzo de 2009, a cerca de 3.700 a finales del año y están presentes en 19 Departamentos y 159 Municipios, en forma de “1.170 pequeñas redes que se dedican al microtráfico y a ejecutar todo tipo de crímenes”. Como si lo anterior fuera poco, el éxito de la llamada “seguridad democrática” ha acelerado las coaliciones más insólitas en diversas regiones del país entre la guerrilla y los narcotraficantes, incubándose así una nueva metamorfosis de los actores armados, que profundiza la politización del narcotráfico y la degradación de la política.

Todo parece indicar que la gallinita Rumbo se desorientó y no empolló los huevos esperados por el Presidente, sino los de la famosa serpiente que no ha podido matar a pesar de los más de 21.12 billones de pesos destinados a la Fuerza Pública en el presupuesto actual para cortarle la cabeza. Dicha cifra equivale al 14.2% del PIB y es superior al presupuesto actual para la educación, que es de 20.58 billones.

7- De la fraternidad en el campo y la reforma agraria al despojo de más de 5 millones de hectáreas.

El punto 63 del Manifiesto proclama: “Necesitamos a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de tierras, sin feudalismo ni lucha de clases. Adelantaremos una política de tierras encaminada a mejorar las condiciones sociales y productivas de nuestros campesinos pobres. La tierra que se compre para reforma agraria deberá ser buena y productiva”. Pero la cruel realidad del despojo a sangre y fuego de la tierra campesina demuestra lo contrario: cerca de 5.5 millones de hectáreas arrebatadas por la acción conjunta del narcoparamilitarismo, la guerrilla y el desarrollo de ambiciosos proyectos agroindustriales, como el cultivo de la palma africana, ha condenado a millones de campesinos a deambular como fantasmas por nuestras ciudades. Sin olvidar el escándalo de la hacienda Carimagua, inicialmente destinada a campesinos desplazados, para luego pretender ser asignada a la agroindustria so pretexto de garantizar su adecuada explotación.

8- Por último, del fallido Estatuto antiterrorista a la política del terror.

En el punto 33 del Manifiesto aparece la más reveladora de todas las paradojas, pues anunciaba la urgente necesidad de: “Un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura, el allanamiento”, en su momento declarado inexequible por la Corte Constitucional. Estatuto sustentado así por el entonces candidato Uribe: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Con semejante declaración del candidato Uribe no parece necesario esperar el título que la historia le conferirá como Presidente, si es que antes no lo hace la justicia nacional o internacional.

Pero falta la mayor y más temible paradoja de todas a los ojos de Uribe, que explica en gran parte la forma como precipitó la actual crisis con Venezuela, y es que el gobierno de Santos cometa el sacrilegio de abrir las puertas del diálogo con las FARC y abandone así su política de culebrero del terror que tantos dividendos le ha reportado, como vehementemente lo advirtió en su despedida ante la cúpula militar: “sabemos que la culebra del terrorismo, cuando siente que está asfixiada y le tenemos una horqueta en el pescuezo, ahí mismo pide procesos de paz, para que le aflojemos la horqueta, tomar oxígeno y volver a envenenar (...) Y muy hábiles como quieren internacionalizar la solicitud de oxígeno; ahora quieren internacionalizar la solicitud de que les levantemos la horqueta, para seguir envenenando a los colombianos. En esa trampita no vamos a caer”.

Moraleja: Razón tenia Max Weber en su célebre conferencia “La política como vocación”, cuando señaló: “Es una tremenda verdad y un hecho básico de la Historia, el que frecuentemente o, mejor, generalmente, el resultado final de la acción política guarda una relación absolutamente inadecuada, y frecuentemente incluso paradójica, con su sentido originario”, pues la obsesión de Uribe por matar la culebra le está dando vida política gracias al auspicio de Hugo Chávez, su alter ego presidencial y mayor adversario político internacional. Tal parece que el estratega político siempre vence al militar. Quizá vuelva a cumplirse el refrán de nuestras guerras civiles del siglo XIX: “Colombia es una tierra de cosas singulares, dan la guerra los civiles y hacen la paz los militares”, aunque en este caso se trate de un simple cadete de la Armada Nacional, sin subestimar que cuenta con la ayuda de Angelino, la Conferencia Episcopal y hasta el señor de los Milagros de Buga.

DE-LIBERACIÓN
11 de julio de 2010
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DE POLÍTICA Y FUTBOL: ENTRE CABEZAZOS Y PATADAS

Hernando Llano Ángel.

La política y el fútbol tienen mucho en común. Para empezar, ambos se hacen con la cabeza, pero en ellos casi siempre gana el que más patea y golpea al adversario. Claro está que en este mundial los goles decisivos fueron anotados de cabeza: Pujol contra Alemania y Khedira contra Uruguay. Pero en la política internacional y doméstica parece que siempre ganan los que patean más fuerte a sus adversarios, hasta literalmente sacarlos de la cancha. Así se confirma que lo hizo Nixon contra Allende, cuando utilizó las extremidades de la bestia pinochetista para terminar el juego democrático y aniquilar el capitán del equipo ganador. En nuestro campo sucede algo similar con las víctimas del desplazamiento forzado, pues son pateadas sin misericordia por la extrema derecha, la extrema izquierda y los narcos, según varían las relaciones de fuerza y los acuerdos entre dichos bandos en las diferentes regiones del país. De no ser por el arbitraje de la Corte Constitucional y su famosa sentencia T025, alertando sobre el estado de cosas inconstitucional en que discurre la vida de más de tres millones de desplazados, el gobierno nacional no les garantizaría ni siquiera un lugar bajo el sol. Por todo ello la vida de millones de personas depende cada día más de los resultados en el campo de juego y en las elecciones. Desde el 11 de Junio hasta hoy, durante un febril mes, la alegría o desdicha del mundo corrió tras un balón y la habilidad de 22 jugadores empeñados en alcanzar una esquiva victoria en el mundial de Sudáfrica. Pero existen más diferencias que semejanzas entre la política y el fútbol, para desgracia de todos. Sin duda, el fútbol es una actividad más vital y noble que la política, a pesar de todas las triquiñuelas y trampas que comparte con ésta. En gran parte se debe a que en el fútbol sus protagonistas exponen públicamente sus habilidades y limitaciones. En la política sucede todo lo contrario: sus protagonistas ocultan al público sus debilidades y defectos. En la cancha resplandece la transparencia de las jugadas y la penumbra de las faltas. En la política sólo se exhiben los aciertos y se ocultan, casi hasta desaparecer, las mentiras y las trampas de quienes la protagonizan.

Transparencia Vs Tramparencia

Se puede afirmar que en el fútbol prevalece una épica de la transparencia, mientras en la política predomina una antiética de la trampa, pues se hace aparecer como victorias colectivas las que en muchas ocasiones no son más que triunfos de minorías. Valga como ejemplo el reciente triunfo de Juan Manuel Santos, elevado al paroxismo de la mayor votación presidencial en nuestra historia, pero se oculta que la abstención aumentó y fue del 55% del censo electoral. En otras palabras, los 9 millones de votos por Santos apenas representan el 30% del censo electoral, que hoy es de 30 millones de ciudadanos. En términos futbolísticos, el picado de la política nacional lo ganó la abstención por 7 goles contra 3 de la participación. Lo grave de lo anterior es que dicho resultado permitirá que quienes anoten los goles y continúen ganando sea una minoría del 30% contra el 70% de la mayoría nacional. Es decir, el país político contra el país nacional, como bien lo denunció hace ya 62 años un brillante y plebeyo futbolista de la política nacional, Jorge Eliecer Gaitán, físicamente ejecutado en la cancha por encarnar, aunque sólo fuera por una vez, la probable derrota del país político frente al país nacional.

El país político entonces ordenó su asesinato antes de correr el riesgo de perder el poder en el campo del juego electoral. Y aquí estriba la mayor diferencia entre el fútbol y nuestra política, pues ésta lleva ya más de sesenta años atentando contra las mayorías y la democracia, que no puede existir sin respetar la libertad y la vida de sus adversarios, así como su eventual triunfo. Jamás toleraríamos un mundial donde siempre ganara el mismo equipo. Mientras el fútbol es un juego incierto y vital, entre nosotros la política se ha convertido en un juego que siempre gana el mismo equipo, el país político de los privilegios y el crimen impune --aunque cambie con frecuencia de uniforme y capitán-- contra el país nacional de las mayorías y las víctimas. Nuestra política no es una competencia vital de ganadores inciertos, sino un combate mortal que deja insepultos a perdedores eternos, sin derecho a revancha, pues sus vidas y sueños quedan en la cancha corrompiéndose a la vista de todos.

Contra las ayudas técnicas y la memoria histórica

Por eso en nuestra política se suele eliminar violentamente al adversario, utilizando la combinación de todas las formas de lucha, táctica instaurada por las facciones liberales y conservadoras desde el siglo XIX y perfeccionada el siglo pasado durante la Violencia y después con la fórmula del Frente Nacional. Así sucedió en 1989 con el asesinato de Galán y en el 90 con los de Bernardo Jaramillo, de la UP, y Carlos Pizarro de la AD-M19, sin olvidar las miles de vidas de jugadores anónimos, aniquilados por el fuego cruzado de los vengadores de todos los bandos. Incluso también con la vida de destacados jugadores del mismo establecimiento, como Álvaro Gómez Hurtado, en 1995. Porque la política colombiana jamás ha dejado de ser un campo minado, donde sus protagonistas no respetan otra norma distinta a la de su triunfo y la consolidación de su hegemonía. Por eso, como también sucede en el fútbol, los políticos nacionales temen sobre todo a que se conozca la forma como obtienen sus victorias. Así como la FIFA es renuente a las ayudas técnicas que impedirían aquellos triunfos alcanzados con goles anotados violando las reglas de juego y con el concurso de los errores arbitrales, en nuestra política nacional se teme sobre todo que se conozca la historia truculenta y violenta que está detrás de tantas victorias electorales. Nada temen más los políticos ganadores que a la memoria, por eso impiden por todos los medios un juicio histórico de sus victorias, para no mencionar el juicio sobre sus culpabilidades penales. Igual que en el fútbol, una vez validado el gol por el árbitro, en la política después de la victoria electoral ya no importa cómo ésta se haya alcanzado, es irrelevante que haya sido con violencia, cohecho o fraude electoral. El éxito y la victoria legitiman todos los resultados. Nadie puede acallar el grito victorioso del gol anotado.

Jueces y árbitros incómodos

Esta grave semejanza, que amenaza tanto al fútbol mundial como a la política nacional, tiene un límite en la probidad y la competencia de los jueces, cuando falla la memoria y el juicio de los ciudadanos. Precisamente por ello un jugador tan victorioso y mañoso como Uribe no tolera la existencia de jueces independientes, que estén señalándole que sus triunfos fueron el resultado de jugadas sucias, como el cohecho de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, además de las alianzas criminales de sus copartidarios de la “U” con los comandantes paramilitares. Por eso es tan peligroso para la política que los ciudadanos se comporten como fanáticos y sólo les interese que gane su equipo, despreciando los medios que utilice para alcanzar la victoria, pues consideran que su adversario es un enemigo repudiable que debe ser eliminado y expulsado de la cancha. Así las cosas, el juego sucio está justificado, desde la persecución ilegal de las interceptaciones telefónicas hasta el asesinato de los “falsos positivos”.

Después de la algarabía del triunfo, es un traidor aquel que insista en que el gol fue anotado con la mano o que el héroe estaba fuera de lugar. Nada puede un árbitro o las ayudas técnicas contra cientos de miles de gargantas. Ahora sólo hay tiempo para celebrar en UNIDAD NACIONAL. Esa es la jugada maestra que pretende realizar Santos, no sólo jugando de local sin oposición o equipo adversario, sino también en las canchas internacionales. Por eso trata de conseguir la asesoría de árbitros independientes como el juez Baltazar Garzón. También por ello se reúne con las altas cortes nacionales. Sin duda, lo que busca es congraciarse con aquellos que en un futuro eventualmente puedan juzgar sus actuaciones y revisar sus jugadas como ministro de defensa, donde aparecen cerca de 507 “falsos positivos” ejecutados durante su gestión.

Que viva la pluralidad

Pero ya ha terminado el mundial de Sudáfrica y España es campeona con méritos. Su triunfo, como pocas veces sucede en la política, no es el de un Estado sino el de un “pueblo de aluvión, crisol de culturas”, capaz de reconciliar el talento de jugadores catalanes como Pujol e Iniesta con el valor y la emoción de Iker Casillas y de muchos otros procedentes de diversas regiones y equipos. Ojalá fuera así en la política y la pluralidad y la memoria se convirtieran en la mayor fortaleza y riqueza de los pueblos, pues la unanimidad y el olvido bajo la coartada de una supuesta unidad nacional sólo favorecen el triunfo de los verdugos sobre la memoria de las víctimas. Triunfo que termina siendo tan efímero como la victoria de Italia en el pasado mundial, obtenida con trampas y juego sucio, que a la postre pagó con su rápida eliminación y descenso hasta el puesto 26 entre los 32 equipos que compitieron en Sudáfrica.

DE-LIBERACIÓN
19 de junio de 2010
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SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: LA POLÍTICA Y LA DEMOCRACIA
PIERDEN POR DOBLE “U”

Hernando Llano Ángel.

Es el titular que me parece mejor resume los resultados de las elecciones de mañana, donde la ausencia de la mayoría de los electores en las urnas terminará por conceder un lánguido triunfo a Juan Manuel Santos y su partido de la “U” sobre Mockus y los verdes. Un triunfo que no alcanzará siquiera el respaldo del 30% de los casi 30 millones de colombianos habilitados para votar. Por eso mismo será una derrota inobjetable de la política y la democracia frente al triunfo irrebatible de la politiquería y la cacocracia, diestras y también siniestras en manipular y robar la esperanza ciudadana desde la noche de los tiempos.

Todo Positivo

Y ese resultado confirma de nuevo la sabia advertencia de Edmund Burke: “Los gobernantes corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”, a los que habría que sumar el casi 70% de colombianos que apenas reciben el 30% del PIB. Tal parece que en este terreno las estadísticas sobre la distribución del PIB guardan una proporción matemática con el porcentaje de los que son políticamente representados, si tenemos en cuenta el arrastre de programas asistencialistas como “Familias en Acción” (cerca de 3 millones) y el tamaño de la burocracia pública, especialmente de las 800 mil familias que tienen al menos un miembro en la Fuerza Pública o las empresas de seguridad privadas, cuya convicción y lealtad son incondicionales con la “seguridad democrática”. Para cerca de cuatro millones de votantes Santos es totalmente positivo, según la expresión castrense, y no tiene nada negativo. No importa que durante el 2007 el propio informe del relator de las Naciones Unidas para investigar las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, haya documentado 507 “falsos positivos” bajo la intachable gestión del entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos. Claro está que él demostró en los debates televisados, con aplomo y cinismo, que no tuvo ninguna responsabilidad en dichos crímenes, como tampoco en la ejecución de la apertura económica, cuando fue ministro de Comercio Exterior bajo el gobierno de Gaviria. Por eso es que su triunfo sella la derrota en línea de la política y la democracia, pues consagra el triunfo de la irresponsabilidad gubernamental hasta los confines de de la impunidad.

Un Gobierno de impUNIDAD Política

No gratuitamente su gobierno se autodenomina de “Unidad Nacional”, pues así pretende perpetuar, con el apoyo de todos los políticos que rápidamente se le sumaron, el mayor logro del Frente Nacional: la impunidad de gobernar sobre los cuerpos de miles de víctimas sin tener que rendir cuentas a nadie por crímenes de lesa humanidad. Pero los tiempos que corren son otros. Santos y su proclamado gobierno de “Unidad Nacional” olvidan que la Justicia, tanto la nacional como la internacional, dejó de ser cómplice del Príncipe y ya no acude presurosa a sus citas y mucho menos atiende como cortesana todas sus peticiones. No porque la justicia se haya politizado, como la sindica Uribe, sino por todo lo contrario: es el crimen el que se ha politizado y pretende seguir gobernando impunemente. Pero resulta que la gente cada día tolera menos el crimen y cada vez cree menos en razones de Estado para justificar o legitimar delitos de lesa humanidad, así sea en nombre de sacrosantos valores como la libertad o un futuro reino de igualdad social. Cada día es más claro que la dignidad de los fines depende de los medios con que se alcancen y que no habrá un triunfo perdurable alcanzado con medios deleznables. Mucho menos cuando los medios utilizados, como la propaganda política, son una negación de la realidad objetiva, aquella que se nos impone a todos con su insoportable peso de dolor e iniquidad, como los cerca de 4 millones de desplazados; los más de 2000 jóvenes asesinados y presentados como “falsos positivos”; los cerca de 3 millones de desempleados y 7 millones de trabajadores informales, que conforman el más pesado legado de Uribe, del cual se siente orgulloso heredero Juan Manuel Santos.

Por eso su triunfo de mañana es tan inobjetable como efímero, pues para gobernar tan tozudas realidades no le bastará con la retórica de un “Gobierno Nacional” y mucho menos convocar a todos los colombianos a un gran “Acuerdo Nacional”, pues ambas fórmulas lo único que pretenden es ocultar y disimular la realidad nacional, negar una vez más el país nacional en beneficio del país político, del que sin duda es su más eximio y destacado representante. Para tratar de conjurar esa realidad ya invoca nuevos embrujos bajo nombres seductores como la “prosperidad democrática” y la “reconciliación nacional”. Aquellos que no comulguen con tan nobles propósitos serán declarados apátridas, personas llenas de rencor, odio y envidia, y no habrá lugar para su mendaz oposición. ¿Puede alguien oponerse a la prosperidad, a la fraternidad y la felicidad de la familia nacional? En caso de existir será considerado un Caín corroído por la envidia de la prosperidad de su virtuoso hermano Abel y no un miembro de la familia colombiana. Deberá, entonces, abandonarla o exponerse a su juzgamiento por traidor o incluso a una eventual estigmatización como aliado de la narcoguerrilla. Pero siempre habrá tiempo para rectificar y las puertas estarán abiertas para ser parte del “Acuerdo Nacional”, porque Juan Manuel es tan magnánimo que ya incluyó los puntos de Petro y Antanas en su programa de “Gobierno Nacional”, demostrando así la versatilidad propia de un camaleón. Nada ni nadie puede escapar a su voracidad de consenso y unanimidad nacional, exceptuando a los obcecados narcoterroristas de las FARC, para quienes incluso ya ofreció una justicia especial a cambio de que no disparen contra el “Acuerdo Nacional”. Es probable que hasta eventualmente hagan parte del “Gobierno Nacional”, porque Juan Manuel no es excluyente y estará al servicio de todos los colombianos.

Un Régimen Parlamentario de ImpUNIDAD Nacional

Para consolidar semejante escenario de “Unidad Nacional”, promoverá una nueva reforma constitucional, para liquidar ese desprestigiado y corrupto Congreso de la República, infiltrado y cooptado por perversos narcotraficantes y paramilitares, contra la voluntad de los abnegados políticos de la coalición uribista, hoy arbitrariamente perseguidos por la Corte Suprema de Justicia y recluidos en cárceles sin garantía alguna de apelar a una segunda instancia. Será una reforma purificadora, moralizante y modernizante que instaurará un verdadero régimen Parlamentario (nada que ver con el penitenciario), para garantizar hasta más allá del 2019 el reino de la “prosperidad democrática” y el retorno de su instaurador, Álvaro Uribe Vélez, quien celebrará como primer ministro el bicentenario de nuestra independencia. De esta forma, por fin, podrá cumplir algunas de sus más caras metas anunciadas en el famoso “Manifiesto Democrático” del 2002, como la que aparece en el punto 18: “El número de congresistas debe reducirse de 266 a 150... Que haya audiencias públicas para los reclamos regionales, pero no auxilios parlamentarios que corrompen la política. Si los eliminamos, con cada $10 millones de ahorro, podemos financiar una pequeña empresa y crear 2 puestos de trabajo”. Curiosamente suena como a una música familiar. Pero, sobre todo, podrá cumplir lo prometido en el punto 98: “En mis manos no se defraudará la democracia. Insistiré que el país necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad”.

Queda claro que Santos será algo más que el heredero de Uribe, encarnará una nueva especie de actor político, será un Presidente Testaferro o, para continuar con las metáforas avícolas, será una incubadora de huevos de serpiente, pues la “seguridad democrática” en lugar de rescatar la civilidad fortaleció como nunca antes el militarismo y su casi impune espíritu de cuerpo; en vez de generar empleo produjo la hecatombe de más de 3 millones de desempleados y la cohesión social la redujo a una red de familias en acción que convirtió en millones de-votos para Santos. Pero no hay motivo para preocuparse. Toda la nación reconoce en Juan Manuel al mejor de los camaleones. Incluso es capaz de convertirse en Uribe y no reconocer su propia identidad. Dentro de poco veremos las hermosas criaturas que brotarán de los huevos de la incubadora oficial, probablemente con una voracidad depredadora similar a la de sus socios del “Gobierno Nacional”. Entonces cobrará pleno sentido un ejercicio de oposición y resistencia ciudadana. Será el momento para que los Girasoles dejen de ser ciegos a la necesidad de coaliciones con otras fuerzas políticas y de reafirmar sus convicciones en que la política y la democracia son un asunto de generaciones y no solamente de elecciones.

Un asunto de generaciones, más que de elecciones

Serán cuatro arduos y difíciles años, no de travesía por el desierto de la oposición, sino de acciones y apuestas estratégicas para ganar en las elecciones municipales y departamentales, forjando así ciudadanía y democracia desde la provincia hasta alcanzar en el 2014 el gobierno nacional. Los más de tres millones de ciudadanos que apostamos por la política contra el clientelismo y la picardía, no podemos olvidar que es en nuestras ciudades y departamentos donde se juega el sentido y la identidad de nuestro sistema político. Si es una Para institucionalidad al servicio de clientelas, contratistas y redes de delincuentes de cuello blanco y organizaciones criminales o, por el contrario, una institucionalidad democrática en función de la ciudadanía. Tanto los dirigentes del Polo como del partido Verde tienen que estar a la altura de la historia y de las nuevas generaciones, cada vez más exigentes con los resultados de su gestión pública, la competencia de sus funcionarios y la coherencia de sus actuaciones en los gobiernos locales. Nunca como ahora el futuro de la Nación y de las nuevas generaciones se juega en el campo de las regiones. Durante los últimos doce años hemos visto como más de tres millones de compatriotas perdieron su condición de ciudadanos. En gran parte ello aconteció bajo el auspicio de las mal llamadas “Convivir” y del auge del narcoparamilitarismo, que bajo el embrujo de la seguridad democrática y con el terror infundido por las FARC, llegó triunfante hasta la Casa de Nariño. Ahora Santos pretende hacer el milagro de transubstanciar la sangre de miles de víctimas del paramilitarismo, de la guerrilla y de miembros de la Fuerza Pública que con sus delitos deshonraron su misión, en un “Gobierno Nacional” y un “Acuerdo Nacional” en aras de una demagógica “prosperidad democrática”. La última vez que vivimos una escena parecida fue durante la exultante proclamación del “Frente Nacional” y hoy padecemos sus gloriosas secuelas. Ya va siendo hora de forjar un País de ciudadanos como una tarea que compromete a varias generaciones, más allá de los resultados de las elecciones de mañana, sólo así la política y la democracia dejarán de perder por doble “U” ante falsos y tramposos jugadores con uniformes y credenciales de estadistas.

DE-LIBERACIÓN
(Junio 3 de 2010)

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Fábula de la gallinita Rumbo y la Unidad Nacional

Hernando Llano Ángel

Acaba de llegar a Bogotá la más prestigiosa comisión internacional de teratología del mundo, que como se sabe es la ciencia encargada de estudiar los monstruos y las deformaciones del mundo animal y vegetal, con el fin de dilucidar la especie a la que pertenece un indescifrable monstruo político que habita en Colombia. La controversia gira en torno a sí se trata de una nueva especie avícola, de inteligencia superior o, por el contrario, es un simple truco de un pícaro prestidigitador con dotes de ventrílocuo avezado. Para tratar de esclarecer el misterio, la Comisión ha solicitado la ayuda de la Fiscalía y sus investigadores, pues la última proeza del monstruo tuvo lugar el pasado 30 de mayo, cuando alcanzó un triunfo arrasador en las elecciones sobre todos los demás contendientes, pero especialmente sobre una rara avis de largo vuelo conocida como Mockus. Después de un arduo seguimiento a Juan Manuel, los investigadores de la Fiscalía comprueban que ha ingresado a la Casa de Nariño. Allí presencian una escena insólita entre el presidente Uribe y Juan Manuel, pues ambos se saludan como simples particulares, más allá de todo protocolo oficial o aspiración política presidencial. Un típico saludo de amigos entrañables dispuestos a tratar asuntos personales. Tan personales, que la conversación gira en torno a una gallina muy popular que el Presidente llama “Rumbo” y sobre el futuro de sus tres huevos. Obviamente los de la gallina.

Prueba Reina

En la prueba aportada por los investigadores de la Fiscalía a la Comisión de teratología, se observa la forma como ambos tratan con sumo cuidado cada uno de los huevos, pues el presidente Uribe le insiste en que son muy frágiles. Especialmente el que tiene en su mano derecha, que cariñosamente llama “seguridad democrática”, y que es su preferido. A tal punto que se lo entrega a Juan Manuel para que lo cuide y lo empolle, mientras esté ausente de la Casa de Nariño, pues dentro de poco y contra su voluntad tendrá que abandonarla. Juan Manuel le responde que lo hará con mucho esmero, poniéndolo a salvo de la peste de los “falsos positivos”, inoculada por una temible y mentirosa serpiente llamada “Prensa” y un tendencioso Philip Alston, Relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales. También le asegura que por ningún motivo permitirá que dicho huevo pueda ser manipulado por peligrosos fanáticos de la legalidad y mucho menos abandonado en una verde pradera a disposición de los terroristas. Luego Uribe le enseña el segundo huevo, que es su máximo orgullo y cariñosamente llama “inversión extranjera”. Un huevo enorme, amarillo y reluciente, de cáscara impenetrable, que se lo pasan de mano en mano. Ambos sonríen con satisfacción y se miran a los ojos con emoción. Juan Manuel le recuerda que el empolló muchos de igual consistencia, cuando fue Ministro de Comercio Exterior y después de Hacienda, con enorme éxito en los mercados internacionales, dejando para el mercado interno los más pequeños y de menor calidad. Uribe le celebra tan buena gestión y levanta su dedo índice, diciéndole: “Así se hace Juan Manuel, hay que atraer más inversión extranjera”.

De repente el Presidente mira para todos los lados, como si se sintiera espiado y perseguido por la Justicia, pero Juan Manuel lo tranquiliza y le dice, dándole un par de palmaditas en su hombro, como entrañable amigo: “No te preocupes Álvaro, no te Das cuenta que tengo todo bajo control”. Y Uribe le responde: “Claro, no me preocupa nada, pero es que no encuentro el último huevito, ese de la “cohesión social”, que es tan pequeñito y maloliente, pero tan importante, pues pone a las familias en acción y rinde una barbaridad”.

A Juan Manuel le brillan los ojos, llenos de picardía, y sin disimular una sonrisita, le responde: “Álvaro, ese ya lo tengo aquí en mi mano derecha, pues es ahora el más importante y estoy seguro que el próximo 20 de junio nos rendirá mucho más”.

Así termina el encuentro entre estos dos amigos y su conversación estrictamente personal, sin referencia alguna a temas de interés público o nacional, relacionada sólo con asuntos y negocios avícolas, como se observa en el truculento vídeo realizado por agentes de la oposición infiltrados en la Fiscalía. Video que ha quedado a disposición del Procurador General de la Nación para la investigación y ejemplar sanción de los responsables de semejante ofensa y violación a la privacidad del Presidente de la República y su amigo, Juan Manuel. Por su parte, la Comisión de expertos en teratología ha dictaminado que no se trata de una nueva especie avícola sino de una conocida ave depredadora, hoy popularmente llamada “U”, de plumaje azul y rojo, pero que lleva más de medio siglo alimentándose del Estado y de los colombianos en nombre de la democracia y la “Unidad Nacional”.

DE-LIBERACIÓN
(Mayo 28 de 2010)
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Un grito de independencia y decencia ciudadana

Hernando Llano Ángel.

Por estas fechas de bicentenarios históricos, el próximo domingo 30 de mayo o el 20 de junio, tendremos como ciudadanos y ciudadanas la excepcional oportunidad de escribir la historia. Podemos dejar de ser anónimos oficiantes de conmemoraciones lánguidas, como la del grito de independencia de 1810, ahogado desde entonces por la politiquería de los mercaderes que consumaron el secuestro y la posterior desaparición del interés y el bien público de la política nacional. Será nuestra oportunidad histórica para empezar a cambiar esa política que se ha escrito con sangre, odio, venganza y codicia de negociantes insaciables, en nombre de fantasmales y criminales instituciones camufladas bajo el falso ropaje de la democracia.

Impúdica y criminal “Democracia”

Hoy ha quedado de nuevo desnuda esa horripilante y tenebrosa democracia en el informe del relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, cuando señala que: “existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales y la impunidad abarca el 98.5% de los casos”. Resalta el señor Alston: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”. Dado el escandaloso índice de impunidad de estos crímenes de lesa humanidad, el número de “falsos positivos” es todavía incierto, pero la cifra más próxima de semejante hecatombe es de 2.358 víctimas. Tal es el “Rumbo” que nos deja la gallinita de la Casa de Nariño y su cacareada “seguridad democrática”, ahora que al presidente Uribe le dio por comunicarse en ese lenguaje cifrado de avicultor electoral y convirtió a Juan Manuel en ave de corto vuelo y de corral. Debe estar sintiéndose incomodo semejante halcón rapaz, que pregona como propios los méritos de otros en la operación Jaque y culpabiliza a los demás de sus “falsos positivos”. Sin duda, estamos frente a un falso candidato, cuya identidad se debate entre ser un muñeco ventrílocuo o un halcón disfrazado de gallina. Pero esa mutante identidad, entre ave familiar y predadora, la refleja muy bien su intimidante rostro e indescifrable mirada, que evoca más a personajes de películas de terror que a una figura pública digna de confianza.

Condena Política

En el 2007, cuando era ministro de defensa, se registraron 507 ejecuciones extrajudiciales, el mayor número de asesinatos de jóvenes inermes. Es verdad que después de depurar las filas militares de presuntos responsables, la cifra disminuyó, pero no desapareció, como lo ha demostrado el CINEP. Lo anterior significa que tanto a Santos como al Presidente les cabe responsabilidad política por omisión, pues sólo cuando fueron presionados por las denuncias de las madres de las víctimas y del defensor del Pueblo de Soacha, pusieron mayor atención y diligencia, disminuyendo el número de ejecuciones extrajudiciales. Al respecto, el propio ex-fiscal General, Mario Iguarán, explicando el nefasto efecto de la Directiva 029 firmada por el entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, declaró: “¿No será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa está generando estos graves y oscuros sucesos. Allí puede estar diciéndose que hay recompensas por $3.600.000 para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial”. Para concluir que la Directiva 029 configuraba “un delito de lesa humanidad y de ahí la competencia de la Corte Penal Internacional”. Pero no hay que esperar un escenario judicial tan lejano e incierto, pues la mayor sanción en estos casos no es la condena penal, sino la política, para impedir que en un futuro gobierno de Santos se sigan incubando huevos tan putrefactos para la dignidad de una sociedad y oficialmente tan mortíferos para sus miembros más jóvenes y marginados. Justamente el próximo domingo 30 de mayo el juicio ciudadano puede expresarse condenando en las urnas a Santos a una derrota ejemplar, que incluso pueda significar su extradición de la vida política nacional, pues ni ética ni legalmente está habilitado para gobernar un Estado que se reclama democrático, cuya esencia es el respeto y la vigencia de los derechos humanos de toda la población.

Escribir otra Historia

Ese mismo domingo podemos empezar a escribir otra historia. La historia de una política que no se escribe con odio, ni con la codicia de los mercaderes. De una política que no está manchada con la sangre de la venganza, ni ahogada con las migajas asistencialistas del clientelismo oficial, que jamás colmará la sed y el hambre de justicia social que padecen las mayorías. Pero para ello se precisa del grito de independencia de la ciudadanía en las urnas, de su compromiso y cotidiana responsabilidad con el bien público superior: la justicia social como fundamento de la paz y la legalidad. Es necesario elegir a quien, por su pasado y sus ejecutorias en la vida pública, ha demostrado no sólo honestidad sino sobre todo competencia en aproximarse a esas metas. Metas que son de carácter colectivo y que nadie puede alcanzar en nombre de todos, porque la política no es un asunto exclusivo de los elegidos y mucho menos de los predestinados por apellidos Non Sanctos. Es un asunto de todos. Las metas políticas, cuando son de interés y beneficio público, se alcanzan con el esfuerzo de todos los que están comprometidos con una vida pública y personal digna, que va mucho más allá de una estrecha seguridad que se agota en el cuidado armado de la propia vida o de intereses personales, familiares o empresariales. Es el momento de escribir una nueva política, con todos aquellos que comprenden que una seguridad sin equidad no sólo es precaria, es una insostenible iniquidad: una “maldad e injusticia grande”, como la define el diccionario de la Real Academia.

Por todo lo anterior, quienes están dispuestos a escribir y protagonizar esa nueva política saben que deben contribuir con más impuestos para que haya justicia y no sólo seguridad. Para que haya más educación y menos marginación. Para que exista libertad y no amenazas e intimidación. Para que se pueda confiar y no temer. Para que nunca más se repitan los “falsos positivos”. Para que la política sea una actividad libre, pública y de concertación de legítimos intereses, en lugar de ser un campo de prisioneros, un refugio de mercaderes y un pulso entre criminales, como ha quedado reducida durante estos ocho años por Uribe con la ayuda de la parapolítica y las FARC. En fin, el domingo y el 20 de junio tenemos la oportunidad de rescatar la política como una competencia ciudadana que se desarrolla en el campo de la legalidad y no como un concierto disimulado y agravado para delinquir y gobernar en beneficio del “país político”.

El domingo o el 20 de junio debemos empezar a escribir la política con letra ciudadana y comenzar a desterrar para siempre de su ejercicio a las armas, el crimen, el secuestro, el miedo y los privilegios que empolla la iniquidad de la gallinita Rumbo. Es la oportunidad histórica para cambiar de Rumbo y empezar a cultivar el árbol de la vida, cuidando entre todos ese paisaje verde y generoso que nos regala nuestra portentosa Colombia. Es la hora del triunfo del “país ciudadano” sobre el “país político”, que nos ha legado una realidad vergonzosa e intolerable, más nauseabunda y penumbrosa que el galpón donde vive la gallinita “Rumbo” y su presuntuoso propietario.

DE-LIBERACIÓN

17 de Mayo de 2010

(http://calicantopinion.blogspot.com/)

Mockus y Santos: Vidas paralelas y horizontes irreconciliables.

Hernando Llano Ángel.

Un fantasma, cuyos antepasados proceden de lejanas e ignotas tierras, recorre a Colombia. Su figura es una extraña mezcla de Quijote y Moisés. Del primero tiene la inspiración de la locura y su obsesión por la justicia. Del segundo, el carácter de la ley y la fe en lo sagrado. En esta campaña por la Presidencia de Colombia su máxima aspiración es desterrar de la política la ilegalidad del crimen y la trampa, instaurando de nuevo la vigencia de la ley como garantía de igualdad y dignidad para todos. Por eso parece un profeta iluminado que proclama la sacralidad de la vida en medio de un desierto de fosas comunes que no logran ocultar los frutos de la “democracia más estable y profunda de América Latina”: cerca de 18.000 desaparecidos, según informe del Instituto de Medicina Legal en su reciente publicación: “Forensis: datos para la vida”.

Mockus, con su voz trémula y ademanes temblorosos, se enfrenta sin odio a una “seguridad democrática” que ha cobrado hasta la fecha 2.358 vidas de jóvenes anónimos y pobres, cuyas ejecuciones sumarias son denominadas con cinismo mediático como “falsos positivos”. Durante 2007 se registró el mayor número de “falsos positivos” con 507 víctimas, siendo entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, con quien ahora se disputa cabeza a cabeza la favorabilidad en las encuestas de opinión para alcanzar la Presidencia. Tiene sentido, entonces, hacer una comparación entre estos dos candidatos, que no sólo encarnan vidas paralelas, sino que además representan horizontes irreconciliables para el destino de Colombia.

Para empezar, hay que reconocer que Juan Manuel es un digno heredero no sólo de Uribe, sino de algo más trascendental y significativo que desde Gaitán se conoce como el “País Político”, él cual ha vivido y prosperado a costa y en contra del “País Nacional”. Ese “País Político” que en nombre de la “civilidad” y la “democracia” ha cometido genocidios y magnicidios en forma impune desde 1948 y ahora aspira a continuar haciéndolo en nombre de la “seguridad democrática”. No es gratuito que Juan Manuel proponga, entonces, que el Fiscal General de la Nación sea nombrado en adelante por el Presidente, para cubrir así lealmente todas sus fechorías y las de sus subalternos. En tal eventualidad, ya no habrá posibilidades de llamar a juicio a un ministro, como Sabas Pretelt, para que responda ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por su ejemplar gestión como mercader de cargos públicos.

Tiempos Criminales

Por eso Juan Manuel rescató de la ultratumba política a ilustres hijos de prohombres como Mariano Ospina Pérez y Guillermo León Valencia, para que le levantaran su brazo derecho de fiel heredero de la “convivencia política” y la “paz” que forjaron sus padres. Se comprende que ahora Juan Manuel no tenga apellido, pues en este tramo final de campaña quiere ocultar su origen y su pasado, tan ajeno a la sacralidad de la vida y de lo público y tan cercano a la picardía de lo mundano y a las tramoyas del poder corrupto y cortesano. Poder que aspira a seguir regentando como un testaferro de Uribe o su muñeco ventrílocuo, pues apeló a su fingida voz en una cuña radial para confundir a electores incautos y luego celebrar con picardía semejante proeza de sus geniales publicistas de la mentira (J.J. Rendón). Propaganda electoral que, con el consentimiento tácito de Uribe, mancilló la dignidad presidencial de Jefe de Estado de todos los colombianos, pues se convirtió en pregonero de la “U” y de Juan Manuel. De allí que rápidamente la sacaran del aire y ya no se escuche tan destemplada cuña. Razón le asiste al destituido Gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, cuando reclama que “desde Uribe hasta el Alcalde” deben ser sancionados por intervención en política proselitista. Es el signo de los tiempos que corren: la ilegalidad y la criminalidad han reducido la política a una especie de concierto disimulado para delinquir y han convertido a la Casa de Nariño en una penumbrosa dependencia para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia. En sus sótanos fue recibido “Job”, el legendario jefe de la oficina de sicarios de Envigado, por el actual Secretario de Prensa de la Presidencia y futuro embajador de Colombia en la Santa Sede, Cesar Mauricio Velásquez. Engrosará así la lista de funcionarios non sanctos en representación de nuestro desacreditado cuerpo diplomático, que después de su periplo europeo regresan a rendir cuentas ante la justicia, como Jorge Noguera y Sabas Pretelt.

De alguna manera el inexorable paso del tiempo, que no se detiene, revela tanto como oculta, y refleja bien nuestro pasado inmediato y esa ignominiosa historia de “reconciliación” llamada Frente Nacional, donde prohombres liberales y conservadores pactaron el “miti-miti” del Estado (como si fuera su Hacienda particular), repartiéndoselo durante casi medio siglo, eludiendo de paso toda responsabilidad como determinadores de “La Violencia”. Sin duda, Santos es un vástago de esa tradición de privatizar y criminalizar lo público. Por eso su facilidad para conversar en 1997 con criminales de lesa humanidad como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso para promover una nueva edición del “Frente Nacional”, ahora en clave criminal, y forzar así la salida de la Casa de Nariño de Samper, quien se le adelantó en tratos y acuerdos financieros con otro sector más “decente y empresarial” del narcotráfico. Así las cosas, el país político pasó del “pacto de caballeros” del Frente Nacional al “pacto entre criminales”, pero sin coalición y alternancia gubernamental, pues los de cuello blanco y “manos limpias” hoy gobiernan, mientras los delincuentes comunes y sanguinarios son extraditados o eliminados. Una sutil división del trabajo sucio y una acertada combinación de todas las formas de lucha, en nombre de la “democracia más estable y profunda de América Latina”. Estable en los torrentes de sangre que la recorren y profunda en el número de fosas comunes, trincheras y minas antipersonales que la surcan.

Tiempos Ciudadanos

Pero los tiempos están cambiando. De nuevo el País Nacional, ahora más joven y citadino, empieza a reconocer que la política es un asunto ciudadano y no quiere permitir que siga siendo violada, expropiada, secuestrada y mancillada por los dueños del País Político. Ha llegado la hora de recobrar la libertad de la política, contra el chantaje del miedo y de su secuestro por intereses corporativos y privilegios familiares. Por eso el mensaje de Mockus, refrendado por su gestión pública y la de su fórmula vicepresidencial, Sergio Fajardo, ha calado tan hondo en las nuevas generaciones y en el País Nacional. Estamos frente a dos horizontes irreconciliables de la vida pública: el de la criminalidad y la impunidad política al mando del Estado o el de la ciudadanía política y la legalidad transformando el Estado. Tal es la encrucijada que debemos resolver en las próximas elecciones y ningún ciudadano puede ser ajeno a semejante responsabilidad histórica, política y ética. Si triunfa Santos, será el putrefacto País Político que se impone de nuevo sobre el naciente País Nacional que ahora se expresa con rostro imberbe de País Ciudadano. Santos celebrará y consolidará esa funesta unión de la política con el crimen, que merece el nombre de régimen Electofáctico, en tanto son los poderes de facto los que determinan quién gana y quién gobierna tras bambalinas, y no la libre voluntad de los ciudadanos.

Pero si gana Mockus, el triunfo es el de una nueva ciudadanía que no se deja manipular por el miedo y el asistencialismo gubernamental. Una ciudadanía que asume la responsabilidad de no dejarse engañar más por las mentiras oficiales que niegan las pruebas y evidencias crecientes de sus graves ilegalidades y crímenes (interceptaciones y persecución política del DAS a los opositores del Gobierno y “falsos positivos”) como tampoco se intimida frente a la violencia organizada, sea de derecha o de izquierda, institucional o ilegal. Una ciudadanía que repudia radicalmente la violencia y el crimen como fuente de legitimidad y gobernabilidad. Una ciudadanía que se expresa heroicamente todos los días en el campo, como las comunidades indígenas del Cauca cuando rechazan a las FARC y a todos aquellos actores armados que cometen execrables crímenes contra la población civil, sin importar el uniforme que porten. Como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, acribillada y humillada por todos los actores armados, incluyendo el condecorado por Uribe Vélez con el título de pacificador de Urabá, general (r) Rito Alejo del Río, hoy privado de la libertad por crímenes contra sus líderes. Crímenes cometidos durante la gestión de Uribe como Gobernador de Antioquia (930 asesinatos entre 1995 y 1997) gracias a la promoción y defensa de las Cooperativas de Seguridad Convivir, una de las cuales fue fundada por Salvatore Mancuso en Córdoba, antes de dar su paso a la creación de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) con los hermanos Castaño.

Horizonte de Criminalidad, Impunidad, Mentira y Muerte contra horizonte de Civilidad, Legalidad, Verdad y Vida.

El próximo 30 de mayo no sólo se estará definiendo quién gana. Se estará decidiendo qué tipo de sociedad somos: la tolerante con el crimen y la ilegalidad, responsable de genocidios como la “Violencia” y de magnicidios como los de Jorge Eliecer Gaitán y Luis Carlos Galán, pasando por Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, José Antequera, Carlos Pizarro y una innumerable lista de líderes populares anónimos, sin olvidar el holocausto de la justicia y de miles de abnegados miembros de la Fuerza Pública o, por el contrario, si somos una sociedad civil responsable y decente que no está dispuesta a seguir legitimando este entramado de criminalidad política y se compromete a construir una auténtica democracia y un Estado Social de derecho insobornable.
Lo que está en juego es y si la actual generación de las redes sociales, con sus padres y mayores, gana la oportunidad histórica de empezar a tejer una sociedad incluyente y equitativa, promovida por un Estado de Justicia, donde la única excluida sea la violencia estructural de la pobreza y la personal de la venganza o, por el contrario, va a continuar gobernando la ilegalidad del crimen y la impunidad bajo la perfecta coartada de un candidato Non Sancto llamado Juan Manuel y de una cacocracia diestra en robar la confianza ciudadana y en pervertir el sentido de lo público.

Cada quien decide bajo qué horizonte vive y cuál sociedad legará a sus hijos: la de la civilidad, la legalidad y la equidad o la de la criminalidad, la impunidad y la desigualdad que hasta ahora hemos consentido por la ambición y astucia de unos pocos pícaros disfrazados de políticos; la indolencia, comodidad o necesidad de muchos que los eligen y la fútil pasividad de la mayoría que no vota. Es la hora de la verdad que rinde tributo a la vida y la legalidad o de la mentira complaciente con la muerte y la ilegalidad. De su decisión el próximo 30 de mayo o el 20 de junio depende cuál sociedad prevalecerá.

DE-LIBERACIÓN
14 de Abril de 2010
(http://calicantopinion.blogspot.com/)

Elecciones presidenciales: Entre Parkinson y Alzheimer

Hernando Llano Ángel.

Así han sido descritas por ingeniosos cibernautas las próximas elecciones presidenciales, pues Antanas Mockus ha puesto a temblar al establecimiento político y éste cuenta a su favor con la mala memoria de muchos colombianos para asegurar su continuidad. Colombianos desmemoriados o incurablemente ingenuos, votarán de nuevo por los mismos con las mismas eternas y demagógicas promesas: seguridad, prosperidad, justicia y cambio, que llevan anunciando sin pudor alguno durante todas sus vidas consagradas al cinismo, la simulación y la mentira.

La hora del Juicio Ciudadano

Pero todo parece indicar que les ha llegado la hora y que en esta ocasión sus estrategias de simulación patriótica, manipulación del miedo y la ignorancia, sumadas al control clientelista y burocrático, no serán suficientes para contener una ciudadanía que ya está hastiada de tanta mentira, corrupción y engaño. Una ciudadanía que repudia la simbiosis de la política con el crimen, tanto el de cuello blanco de Agro Ingreso Seguro y Carimagua como el de las motosierras del narcoparamilitarismo, que son la piedra angular de una coalición gubernamental experta en hacer giros en “U” y en avanzar en contravía de la decencia, la legalidad y la democracia. De un Presidente y su candidato testaferro, Juan Manuel Santos, que son incapaces de asumir responsabilidad política alguna por las ejecuciones extrajudiciales de la “seguridad democrática” y las omisiones en la supervisión y control de Directores del DAS, como Jorge Noguera, que ineludiblemente los conducirá a ambos a responder judicial y disciplinariamente por sus extralimitaciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos, cuando no a su procesamiento extemporáneo por la Corte Penal Internacional para subsanar la impotencia de nuestro sistema judicial. Porque estamos llegando a un punto irreversible en el conocimiento de la cadena de los responsables de los éxitos de la “seguridad democrática”, como hoy lo estamos viendo con las “chuzadas” del DAS y el terror de los “falsos positivos”, que debe conducir a una condena más eficaz que la judicial, como es la política, que se expresa en el juicio ciudadano depositado en las urnas con la derrota de quienes aspiran a continuar gobernando impunemente. Sin duda, estamos asistiendo de nuevo y de manera vertiginosa al despertar de una conciencia ciudadana que se rebela contra aquella lacerante advertencia de Sartre: “Nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada”, y por eso mira con entusiasmo a Mockus y Fajardo, que encarnan exactamente lo contrario.

Precisión Matemática

Una ciudadanía que empieza a encontrar con precisión matemática una fórmula presidencial que representa la antitesis de ese país político, especializado en la expoliación de lo público y en legar a las próximas generaciones un paisaje desértico y mortecino. En contraste, Mockus, Fajardo, Peñalosa y Lucho, pueden mostrar que han cultivado en sus administraciones un frondoso árbol verde, que cobija con su sombra amplios y diversos sectores sociales de nuestras ciudades, aunque sus raíces sean todavía frágiles y poco profundas. En sus administraciones han demostrado urbanismo y humanismo, seguridad y civismo, sin incurrir en los “falsos positivos” de la mal llamada “seguridad democrática”. Pero sobre todo han invertido la concepción y práctica política de los líderes del establecimiento y sus promotores, para quienes la conservación y perpetuación en el poder justifica los medios y la combinación de todas las tácticas y formas de lucha, sin límite alguno para mentir, engañar y delinquir. Por eso no dudaron en reformar un “articulito” de la Constitución; en violar los topes de la financiación para la recolección de firmas ciudadanas en el referéndum reeleccionista; en ordenar a los congresistas que “voten antes de ir a la cárcel” y en convocar reuniones de la coalición de la “U” en la Casa de Nariño para asegurar la continuidad de la “seguridad democrática” y de paso afirmar a todos los medios de comunicación que el Presidente no interviene en las campañas políticas, así como tampoco “ordena nada ilegal”.

Por el contrario, Mockus y Fajardo, con su ejemplo en Bogotá y Medellín han demostrado que son los medios utilizados los que legitiman y justifican el poder y que no todo vale en la competencia democrática. En fin, que son los medios empleados, como la deliberación con la ciudadanía y la niñez; la devolución del dinero público de la reposición oficial por los votos obtenidos en la pasada contienda electoral y la rectificación auténtica de los errores, lo que dignifica y da sentido a los fines promovidos por la política. Que la política tiene sentido como ejercicio de vida y libertad, no como empresa de muerte e intimidación. También por ello los valores que promueven los verdes son el debate entre adversarios y no el combate entre enemigos; la confianza entre los ciudadanos en lugar del miedo y la avaricia mercenaria de las recompensas; la legalidad democrática y no la impunidad de una espuria y criminal “seguridad democrática”. Los verdes no hablan de transparencia, porque bien saben que “la ética no se dice, sino que se muestra”, tanto en la gestión pública como en la vida privada. Que puede más la fragilidad de una verdad temblorosa que la firmeza de una violenta mentira.

Por todo lo anterior, las próximas elecciones presidenciales son crucialmente históricas, pues con nuestro voto podemos decidir el fin de la actual cacocracia o su consolidación non sancta, puesto que quienes hoy nos gobiernan son diestros ladrones o cacos de la voluntad y la confianza ciudadana y aspiran a seguir usufructuando la política y el Estado en beneficio propio y la legitimación del crimen, si así lo permite el alzheimer político de miles de colombianos.
Pero también las elecciones del 30 de mayo pueden significar el comienzo de una frágil y temblorosa democracia, que exigirá de todos comportarnos como auténticos ciudadanos comprometidos en la construcción y defensa de un orden legal y justo, es decir, a la altura de nuestra dignidad de seres humanos, sin delegar ni excluir violentamente a nadie en una tarea que por esencia es colectiva: la construcción de un orden político y social en el cual no haya lugar para salvadores ni líderes insustituibles y mucho menos para héroes o vengadores.

De una democracia modesta y vital que permita gobernar “contando las cabezas en lugar de cortarlas” y no la pesadilla política que hasta hoy hemos padecido y consentido, donde se cortan cabezas sin poder contarlas y gobierna la impunidad de los verdugos sobre el olvido y la humillación de las víctimas. El próximo 30 de mayo tenemos una oportunidad para poner fin al arte de gobernar como concierto para delinquir agravado y/o disimulado y sustituirlo por una fórmula ya probada por dos matemáticos en las dos principales ciudades de nuestro país: gobernar es un concierto ciudadano para debatir y convivir con libertad, confianza, equidad y legalidad.