sábado, agosto 22, 2020

Álvaro Uribe Vélez, un político representativo, controvertido y paradójico

 

Álvaro Uribe Vélez, un político representativo, controvertido  y paradójico

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/alvaro-uribe-velez-politico-representativo-paradojico

Hernando Llano Ángel.

Más allá de la decisión que tome la Sala de Instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la renuncia de Uribe Vélez a su curul de senador, vale la pena analizarla desde una perspectiva fundamentalmente política, sin desconocer que dicha renuncia es una maniobra y una estrategia legal de defensa penal. Una perspectiva política, porque todo este prolongado proceso tuvo origen en el debate político que adelantó el senador Iván Cepeda en septiembre de 2014 por las supuestas vinculaciones del exgobernador y expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo[1]. No hay que olvidar que el entonces senador Uribe abandonó el recinto del Congreso para trasladarse a la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus funciones y no como un simple ciudadano, a formular denuncia penal contra su opositor, el senador Cepeda. Irónicamente, ahora Uribe renuncia a su curul y le es aceptada con 82 votos afirmativos y 12 negativos, en la plenaria del Senado[2]. Abandona así el foro político por excelencia, el Senado, para ingresar, como un ciudadano más, en el foro penal ordinario, pretendiendo que su proceso sea adelantado por la Fiscalía y el juez penal correspondiente.

Del foro político al penal

Esto significa, ni más ni menos, que el político más representativo de la sociedad colombiana, según las votaciones obtenidas desde el 2002[3] y su capacidad para nominar los dos últimos presidentes de la nación, abandona institucionalmente la vida política, para defenderse como un anodino ciudadano. En otras palabras, que elude su responsabilidad política como líder y hombre público y prefiere asumir su defensa personal en el campo penal, donde se examinará su culpabilidad o no como determinador de los delitos de fraude procesal y soborno a testigo. Lo que está revelando Álvaro Uribe con esa maniobra judicial es que carece de la dignidad y honorabilidad inherentes al cargo de senador, y que su comportamiento está más próximo al de un presunto delincuente corriente. No de otra forma se puede entender que, para su defensa y representación en las cárceles ante condenados por actividades paramilitares, haya conferido poder al “abogánster”[4] Diego Cadena, como él mismo se definió. Algo realmente sorprendente y deplorable en Uribe, un líder de esas dimensiones políticas e históricas. Pero, paradójicamente, muy representativo de toda su vida política, pues desde su desempeño como director nacional de Aerocivil en 1980[5], pasando por su efímera alcaldía de cinco meses en Medellín (1982), su primera elección al Congreso (1986-94), luego en la gobernación de Antioquia (1995- 1997), y durante sus dos períodos presidenciales (2002-2010)[6], sus actuaciones públicas siempre han oscilado entre lo legal (Convivir) e ilegal (paramilitarismo), lo legítimo y lo ilegítimo (en el 2002 ganó con apoyo de paramilitares[7] y en el 2006 se reeligió cambiando un “articulito” de la Constitución mediante el delito de cohecho) y sus resultados han sido tan exitosos como controvertidos y violentos.

Un funámbulo del poder político invicto, ileso e impune.

Ha sido una especie de político funámbulo invicto, ileso e impune, sin sufrir caída alguna[8], de la tensa y conflictiva cuerda del ejercicio del poder político en nuestra sociedad. Un ejercicio que históricamente siempre ha estado signado más por la fuerza que por el consenso, en el pasado con el autoritarismo del estado de sitio y el estatuto de seguridad, propios de un orden social y económico excluyente. Durante sus gobiernos, con el ejercicio de la “seguridad democrática” y una “confianza inversionista” siempre a favor de sectores empresariales y contra mayorías empobrecidas, a quienes despojó de horas extras nocturnas, días de fiesta y dominicales remunerados[9], entre otros derechos. Un funámbulo con una habilidad extraordinaria para utilizar el balancín sin caer desde la máxima altura del poder político. Unas veces, balanceándolo del lado de una opinión con la consigna “contra la corrupción y la politiquería”, que lo llevó a la presidencia de la república en el 2002, y su famoso “Manifiesto democrático” de 100 puntos[10]. Manifiesto donde encontramos puntos tan sistemática y ostensiblemente incumplidos como el 25:

“De una vez tenemos que derrotar la corrupción. Inicialmente propusimos ocho medidas y ya tenemos muchas más. Eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Que los corruptos no puedan regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato…”.

Otras veces, ya como presidente, con la “seguridad democrática”, inclinando el balancín con la fuerza ilimitada y criminal de los “falsos positivos”, erigiéndose en un padre protector de una ciudadanía atemorizada y victimizada por la extorsión, el secuestro y la violencia ubicua de “una Far” militarmente prepotente y políticamente ciega, que lo aupó al pedestal de salvador de la Patria. Entonces encontramos puntos tan profundamente guerreristas, antidemocráticos y distantes de la verdad, como el 30:

“En la Gobernación de Antioquia fui el primer policía del Departamento. En la Presidencia seré el primer soldado de la Nación, dedicado día y noche a recuperar la tranquilidad de todos los colombianos. Al final de esa Gobernación el secuestro había descendido en 60%, las carreteras eran transitables y el homicidio había bajado 20%. Los empresarios pudieron volver a trabajar en Urabá, regresó la tranquilidad para los trabajadores y cesaron las masacres”.

En la realidad, durante su gobernación, el número de víctimas en masacres aumentaron casi exponencialmente desde 143 en 1995, a 357 en 1996 y 439 en 1997[11]. Incluso el general (r) Rito Alejo del Río, a quien Uribe condecoró y llamó el “pacificador de Urabá”[12], fue condenado a 25 años y 10 meses de cárcel por su responsabilidad en el asesinato del líder chocoano Marino López Mera en 1977, pero recobró la libertad al acogerse a la JEP[13]. Además, como gobernador de Antioquia promovió ampliamente las Convivir, que en la realidad fueron convertidas por las AUC en organizaciones criminales legalmente amparadas, como lo advirtieron y denunciaron oportunamente el general (r) Víctor Álvarez, el coronel (r) Alfonso Velázquez y la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas,[14] sin que el entonces gobernador cesará en su promoción y amparo legal. Precisamente por las consecuencias funestas y dolorosas de esa exitosa pacificación, con masacres como el Aro y la Granja, dos tribunales concluyeron que Uribe debe responder por ellas y compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Todo lo anterior, apenas representa pasajes de una violencia sistemática imposible de negar y desconocer, sobre la cual existe una responsabilidad política insoslayable del entonces gobernador Uribe, bien por la acción y promoción de las Convivir o, en su defecto, por omisión al no desestimular su creación y contener la estela de masacres que se cometieron bajo su amparo. No hay que olvidar el artículo 6 de nuestra Constitución Política: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

La malla de seguridad e impunidad política de las mayorías electorales

Pero nada de lo anterior, y mucho menos sus éxitos militares indiscutibles contra las Farc-Ep, como también la sustitución del Estado de derecho por el de opinión, permitirán por ahora que Álvaro Uribe Vélez sea políticamente responsable. Para ello cuenta con una especie de malla de seguridad e impunidad política, formada por las mayorías electorales que lo respaldan y un presidente Duque que personalmente defiende, como sonámbulo, la honorabilidad de Uribe, su “presidente eterno”. Por eso el funámbulo del poder permanece invicto, ileso y sin riesgo de ser procesado por su responsabilidad política como exgobernador y expresidente. Ahora es simplemente un ciudadano, que corre a refugiarse en la Fiscalía, después de renunciar a su fuero de senador, para eludir impunemente sus responsabilidades como servidor público[15]. Todo parece indicar que solo rendirá cuentas sobre su responsabilidad política cuando esas mayorías electorales que lo respaldan y defienden furibundamente, adquieran la mayoría moral y la ética pública que les permita reconocer que los éxitos de su líder se alcanzaron con cotas altísimas de “sangre, sudor y lágrimas” de millones de compatriotas. Cuando esa malla protectora, tejida con nudos de indolencia de sus seguidores y ausencia de empatía por el sufrimiento de las víctimas, empiece a romperse. Cuando comiencen a reconocer los cientos de miembros de la Fuerza Pública sacrificados por la desidia e incompetencia de sus comandantes, quienes después los condecoraban póstumamente como héroes. Pero, especialmente, cuando reconozcan las más de 9 millones de víctimas[16], la mayoría campesinos, indígenas y negros desplazados y desarraigados de sus parcelas, en desarrollo de una guerra donde solo ganan minorías indolentes que, como el exsenador José Obdulio Gaviria, los considera migrantes internos. Quizá haya que esperar a que Uribe y sus seguidores incondicionales, convertidos en cómplices, rindan un día cuentas ante un tribunal implacable e insobornable, el de la conciencia y la dignidad de sus víctimas y familiares sobrevivientes, cuya verdad nunca podrá negarse y menos desconocerse, porque ya contamos con sus memorias en la Comisión de la Verdad y sus denuncias ante la JEP. Por eso, también, les llegó el turno a los excomandantes de las extintas Farc-Ep de reconocer ante la JEP[17], sin subterfugios, sus horrores y dejar de calificarlos como simples errores o contingencias de la guerra, siguiendo en esto la misma lógica exculpatoria de su implacable enemigo e incontables seguidores, quienes consideran esa violencia como buena y legítima por enfrentar la violencia terrorífica e ilegítima de las “Far”, sin importar las innumerables víctimas sacrificadas para “matar esa culebra”.

Juicio histórico a nuestra ciudadanía

Sin duda, vivimos en un tiempo de verdades donde no se está procesando solo a Uribe, sino que estamos frente a un juicio histórico de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Va siendo ineludible que todos rindamos cuentas ante nuestra propia conciencia, por permitir que minorías privilegiadas sigan mandado al campo de batalla a que mueran los que menos tienen, en nombre de mentiras históricas o de utopías inalcanzables. Ayer, apelando a fantasmagorías como la defensa de una democracia con “confianza inversionista, seguridad y cohesión social” y hoy bajo lemas tan cínicos como “el futuro es de todos”, cuando el presente es de muerte, no solo por el coronavirus, sino sobre todo por una violencia que se ensaña contra quienes realmente luchan por un futuro para todos, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. Y lemas tan rimbombantes y alejados de la realidad como el de una “paz con legalidad”. Una legalidad incapaz de contener la decapitación del liderazgo social y de los reincorporados de la extinta Farc-Ep. Una legalidad impotente, casi cómplice, frente al asesinato de jóvenes que nunca tuvieron presente en el campo y mucho menos futuro en las ciudades, como los adolescentes asesinados en Cali en Llano Verde y los universitarios de Samaniego en Nariño.


[3] Ha sido el único candidato que ha obtenido dos veces la Presidencia de la República en primera vuelta.

 

[8]https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/alvaro-uribe-y-amigos-presos-condenados-o-investigados-387580. Y dos muertes de colaboradores muy cercanos: Cesar Villegas, en la Aerocivil, asesinado antes de cumplir una cita con la DEA y en quien Uribe descarga toda la responsabilidad por las matrículas para aeronaves de narcotraficantes y Pedro Juan Moreno, su secretario de gobierno en la Gobernación de Antioquia, quien muere en un extraño accidente aéreo, y fue el enlace oficial con los comandantes paramilitares, según los testimonios de Mancuso y los hermanos Castaño.

  

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Convocados por las verdades, la justicia y la reconciliación política (II)

 

CONVOCADOS POR LAS VERDADES, LA JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN POLÍTICA (II)

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Hernando Llano Ángel.

Peor que Hiroshima y Nagasaki

Se atribuye a Confucio este sabio proverbio: “En todo litigio hay por lo menos tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad”. En nuestra realidad política hay, sin duda, muchas más verdades en disputa. No se trata solo de la verdad oficial, de la insurgente o la paramilitar, sino de innumerables verdades de incontables víctimas, causadas precisamente por la insana pretensión de imponer una sola verdad a toda una sociedad, aniquilando violenta o simbólicamente a los portadores de otras verdades y otras identidades. De allí también la validez del proverbio inglés que nos recuerda que la primera baja en toda guerra es la verdad. En efecto, todas las guerras tienen en común que niegan la humanidad del contrario y lo convierten en un monstruoso enemigo que hay que eliminar, antes de que imponga su victoria y su verdad sobre nuestra vida y libertad. Con esta lógica se estimula frecuentemente un heroísmo criminal. Tanto desde la derecha como de la izquierda. En muchas ocasiones en nombre de la Patria y elevados ideales como la libertad, la seguridad y la democracia. En otras, invocando mentiras totalitarias como supuestas supremacías raciales (nazismo), de clase (comunismo) o ideologías políticas hegemónicas (liberalismo), que incluso llevaron a Francis Fukuyama en 1989 a proclamar el “fin de la historia”. Irónicamente un politólogo norteamericano de ascendencia japonesa, cuyos antepasados conocieron el fin de sus vidas con las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Fue así como Harry S. Truman ordenó lanzarlas con la mejor buena conciencia e intención, supuestamente para evitar la prolongación de la segunda guerra mundial y poner fin a su incalculable estela de víctimas. Todavía hoy algunos celebran semejante carnicería como una proeza militar, cuando se trató de una de las más vergonzosas masacres contra civiles inermes, con cerca de 250.000 víctimas mortales. Todo ello en nombre del “mundo libre y la democracia”. Este breve recuento histórico, a propósito de los 75 años de su lanzamiento, es para poner de presente la maleable letalidad de las verdades y mentiras políticas, cuya narrativa solo develamos y comprendemos mucho tiempo después sobre millones de víctimas, cuando ya no hay forma de hacer justicia institucional y mucho menos de reparar sus vidas aniquiladas. Solo nos queda nuestra memoria y responsabilidad, parafraseando a José Saramago, para que semejantes apocalipsis no vuelvan a repetirse. Pero entre nosotros ellos se repiten cotidianamente, desde hace por lo menos 50 años, con un número incluso mayor de víctimas históricas[1] que las de Hiroshima y Nagasaki, porque hemos ido perdiendo nuestra capacidad de sentir el sufrimiento de quienes no son de nuestra familia y entorno político, social o racial, negándoles el derecho a vivir dignamente. Hemos llegado al extremo de justificar, legitimar o hasta negar sus vidas, bajo expresiones como “limpieza social”, “seguridad democrática” y “falsos positivos”. También, desde la otra orilla, la semántica de la vida política ha sido pervertida, llamando retención al secuestro, ajusticiamiento al asesinato y “Ejército del Pueblo” al reclutamiento forzado de miles de menores de edad.

Llano verde, un presente de muerte sin futuro para los jóvenes

Es así como hoy, en redes sociales y versiones periodísticas, se presenta y “justifica” la matanza de cinco adolescentes en Llano Verde en Cali: Luis Fernando Montaño, Jair Andrés Cortes y Álvaro José Caicedo de 14 años, junto a Jean Paul Perlaza y Leyder Cárdenas de 15 años, estigmatizándolos como peligrosos delincuentes, supuestamente vinculados con redes de microtráfico. En lugar de decir verdades, como que Luis Fernando y Jair Andrés pertenecían a procesos sociales y educativos que acompaña el equipo territorial de la Comisión de la Verdad del Valle, pues eran miembros de familias desplazadas por el conflicto armado, como la mayoría de quienes conviven en Llano Verde. Para estos jóvenes, junto a los 185 líderes y lideresas sociales asesinados desde el 1 de enero hasta el 13 de agosto de 2020, según el preciso listado de Indepaz[2], el presente fue de muerte y no existió “El futuro es de todos”, la consigna central de este gobierno. Por eso lo que hoy más precisamos para vivir el presente y tener futuro es la verdad. No más eufemismos mortales, como “El futuro es de todos”, cuando sabemos que la violencia ubicua de grupos armados ilegales está matando a cientos de líderes y lideresas, sin que se capture y procese a los autores intelectuales o determinadores detrás de ello. Sin poner fin a tanto desangre, el presente es de muerte y el futuro de impunidad. Ni hablar del eufemismo de “Paz con legalidad”, cuando están siendo asesinados quienes abandonaron las armas para convivir en paz, en un número que ya el 30 de julio de este año llegaba a los 222[3] desde la firma del Acuerdo de Paz. Además, qué sentido tiene afirmar que “El futuro es de todos”, cuando el Coronavirus cada día cobra más vidas[4] y nos recuerda que lo único seguro que tenemos es la muerte. Cuando sabemos que la forma más eficaz de conservar nuestras vidas y la de los demás no depende tanto del gobierno y su futurista consigna, como de ser plenamente responsables con el cuidado de nuestra salud, usando siempre la mascarilla y siendo compulsivamente escrupulosos con el lavado de nuestras manos. Pero, sobre todo, solo tendremos presente y futuro político cuando seamos más escrupulosos con nuestra conciencia y memoria ciudadana que con nuestras propias manos.

Conciencia y memoria ciudadana

Conciencia y memoria que necesitamos, incluso más que la mascarilla y el jabón, para no confundir la responsabilidad política con la culpabilidad penal. Mientras la primera es de carácter público y tiene que ver con las decisiones que nos afectan a todos, la segunda es de carácter exclusivamente personal y afecta solo a quien es exonerado o vencido en juicio por delitos cometidos y legalmente probados. En una democracia todos los ciudadanos, de alguna manera, son responsables. Tanto cuando eligen gobernantes competentes y honestos como ineptos y corruptos. Con mayor razón, cuando no votan. Ya lo advertía Edmund Burke, con la ironía propia de un irlandés: “Los gobernantes corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”. Quizá por ello en nuestro Congreso existe tan poco interés en promover el voto obligatorio, pues mientras menos electores haya más barato y fácil será comprar votos, bien en efectivo, con prebendas, contratos o favores clientelistas. De esta forma se ha venido consolidando entre nosotros un régimen cleptocrático y corrupto que poco o nada tiene que ver con una democracia, pues quienes legislan y gobiernan no lo hacen siempre legalmente y menos en función del interés público, sino con frecuencia ilegalmente y en favor de sus propios intereses, clientelas y financiadores, sean estos legales (Odebrecht) o ilegales (mafia, ayer proceso 8.000, hoy Ñeñe Hernández). Ese es el régimen al que se refería Álvaro Gómez Hurtado, cuando señalaba que el asunto no eran tumbar a Samper sino a ese régimen sustentando en complicidades, que hoy parece estar más extendido e inexpugnable que antes. Tal paradoja se explica, en parte, porque ese régimen siempre ha favorecido a minorías poderosas. En palabras de Gaitán, otra víctima de ese régimen oligárquico: éste favorecía al “país político” contra el “país nacional”. A esa minoría de banqueros, latifundistas, comerciantes, empresarios y emprendedores ilegales, contra la mayoría de colombianos que, incautamente o por miedo, sin conciencia y sin memoria, todavía elige a los mismos con las mismas. De allí que sea mucho más grave y peligrosa la falta de responsabilidad política ciudadana que la culpabilidad o inocencia de un gobernante. Especialmente en nuestra historia, donde abundan los políticos que, como escribió Nietzsche, “dividen a las personas en dos grupos: en primer lugar, instrumentos; en segundo lugar, enemigos”. En nuestro caso, sería más preciso decir entre cómplices y enemigos.

Más grave la impunidad política que la penal

Por eso lo verdaderamente desconcertante y abismal entre nosotros, no es tanto que alguien pretenda estar por encima de la ley, sino más bien que logre situarse por encima de la conciencia moral y de aquello que cualquier ser humano considera justo o injusto, tolerable o intolerable. Incluso que sea respaldado y vitoreado por millones de personas, convirtiéndolo en una especie de ídolo salvador, intocable, porque defendió sus derechos e intereses por encima de todo, sin límite legal alguno, o vengó las ofensas y crímenes de sus victimarios. Esto es lo que parece acontecer con los partidarios de Uribe y también con algunos dirigentes del partido FARC que tratan de evadir en la JEP sus plenas responsabilidades por los crímenes cometidos. En ambos casos, están haciendo trizas la paz, pues ésta solo será estable y duradera cuando se forje sobre la verdad que dignifica y repara a todas las víctimas, sean de derecha o izquierda, oficiales o insurgentes, y ponga fin a la repetición de más mentiras e ignominias que pretenden legitimar y justificar lo inadmisible. Sobre la verdad, más que sobre condenas draconianas o irredimibles, porque no hay penas para reparar lo irreparable: las desapariciones forzadas, los asesinatos, los falsos positivos y, en general, crímenes de guerra como el reclutamiento forzado de menores, las violaciones sexuales y los delitos sistemáticos contra la población civil como el secuestro. De allí que la justicia transicional termine siendo más lúcida y menos ciega que la ordinaria, pues no se agota en las condenas, sino que se empeña en el descubrimiento de todas las verdades, en el pleno reconocimiento de ellas por parte de todos los responsables de tantos crímenes atroces y en evitar su repetición como la más valiosa forma de reparación. Esa justicia suele depender más de la memoria y la conciencia de los ciudadanos, que de las penas o exoneraciones de los jueces y los tribunales. De nosotros depende si continuamos o no eligiendo y legitimando como gobernantes y representantes a responsables políticos de miles de crímenes, por su acción u omisión, así sean exonerados por la justicia ordinaria o la transicional. Quizá, entonces, tengamos una forma de justicia ciudadana superior a la judicial. Aquella que condena al ostracismo y expulsa de la política a todos los responsables de crímenes de guerra, sean institucionales o insurgentes. Pero esta justicia parece ir en contra del principio de realidad, pues ninguno de estos actores protagónicos acepta vivir fuera del escenario político y son renuentes a reconocer plenamente sus crímenes que, cuando más, llaman errores y no horrores, como en efecto lo son para todas sus víctimas, familiares sobrevivientes y la sociedad. Para una sociedad democrática, una valiosa contribución que podrían hacer Álvaro Uribe y Rodrigo Londoño sería que ambos comparecieran a la Comisión de la Verdad y reconocieran todas sus responsabilidades en la degradación de nuestro conflicto armado interno. Luego se retirarán al campo y aceptaran que su combate y cosecha de odio ya terminó. Que sus banderas de “seguridad democrática” y “justicia social” terminaron demasiado ensangrentadas y son una ofensa para millones de víctimas que las sigan enarbolando. Pero como no lo van a hacer, nos queda a los ciudadanos la posibilidad de expresar nuestro veredicto en las próximas elecciones, con plena conciencia y buena memoria de sus ejecutorias y enormes responsabilidades en el dolor y el sufrimiento de millones de víctimas.

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lunes, agosto 10, 2020

Convocados por las verdades, la justicia y la reconciliación política

 

Convocados por las verdades, la justicia y la reconciliación política (I)

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/convocados-las-verdades-la-justicia-la-reconciliacion-politica

“El que vence engendra odio. El que es vencido sufre; con serenidad y alegría se vive más allá de la victoria y la derrota”. Dhammapada 15, 201.

Hernando Llano Ángel.

Entre falsas dicotomías y mortales polarizaciones

Con la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez, de alguna manera todos los colombianos estamos convocados a la búsqueda de las verdades, la justicia y una reconciliación política que nos permita dejar de ser esa “federación de odios” en que nos hemos convertido. Solo así podremos reconocernos, algún día, como una comunidad política con un auténtico Estado de derecho que nos represente y proteja sin discriminación, violencia, exclusión o persecución partidista alguna. Es una búsqueda exigente y difícil, para la que no parecen estar preparados los protagonistas y antagonistas de nuestra realidad y actualidad política. Ellos no se sienten convocados a superar las falsas dicotomías y mortales polarizaciones que nos han desangrado por más de medio siglo. Entre ellas, resalta la alucinante proyección de un temible sector izquierdista, estigmatizado como “castrochavista”, que supuestamente hoy amenaza de muerte a un ejemplar establecimiento de empresarios y demócratas integrales. Dicho sector, cuyo más elocuente vocero es Fernando Londoño Hoyos[1], está empeñado en profundizar esa confrontación en un campo de batalla judicial y político, donde inevitablemente tendrá que haber culpables e inocentes, ganadores y perdedores. Y así pretenden arrastrarnos a todos a una nueva disputa que tendría violentos e impredecibles desenlaces. Nos emplazan a que tomemos partido por uno u otro bando, cada uno reclamándose el adalid de la verdad y la justicia. Así las cosas, la visión que parece imponerse es la continuación de la guerra por la vía judicial. De una guerra interminable entre dos bandos. De un lado, la de unos narcoterroristas e izquierdistas en el Congreso, supuestamente amparados por la JEP y, del otro, la de un líder demócrata integral, arbitraria e injustamente encarcelado por una rama judicial venal, al servicio de la izquierda. Por eso el Centro Democrático propone ahora con urgencia, casi desesperación, convocar una Asamblea Nacional Constituyente para hacer trizas la actual rama judicial –¡aunque declaran en coro que respetan la institucionalidad! -- y en su lugar crear una sola Corte que imparta verdadera justicia[2]. Desaparecer la JEP, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, para tener una sola Corte. Un holocausto de la justicia peor que el de 1985. Que extraño y peligroso parecido con un sistema judicial totalitario y ese fantasma tan temido del castrochavismo. A semejante extremo de simplificación maniquea estamos llegando. Un extremo de simplificación en el que ambas partes, el gobierno nacional y algunos sectores de la oposición, parecen estar empeñados en embarcarnos hasta las próximas elecciones.

¿Un Presidente nacional o del Centro Democrático?

Es así como el presidente Duque y el Centro Democrático se sienten amenazados y consideran que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión politizada y sin sustento en pruebas judicialmente sólidas[3]. Del otro lado, la oposición celebra la decisión como un triunfo político, más cercano a una revancha partidista que al comienzo de una investigación judicial con plenas garantías. Ni hablar de las redes sociales, donde los mensajes suelen ser más viscerales y peligrosos que el coronavirus, con juicios tan polarizados e irreconciliables como la distancia que separa a contagiados de sanos. Cada bando evita el contacto con el otro, “un enemigo infectado” y desconfían mutuamente de sus intenciones y acercamientos. No hay palabras, sólo insultos y descalificaciones: “mamerto” contra “paraco”. El ambiente social se torna tenso y hostil. El debate degenera en la falsa dicotomía de la “judicialización de la política” o la “politización de la justicia”. Una simplificadora dicotomía que termina arrastrándonos a una falsa y peligrosa polarización. A ello aporta el presidente Duque con su grave e irresponsable desdoblamiento de personalidad, para defender como persona al senador Uribe y abdicar de su condición de presidente nacional. En semejante trance se comporta como amigo leal de Uribe y deja de ser presidente de todos los colombianos, lo cual no es solo faltar a sus deberes constitucionales, sino contribuir a su propia deslegitimación y azuzar la “desobediencia civil” convocada por Gustavo Petro. Un escenario explosivo de desinstitucionalización y radical polarización, que ojalá no culmine en atentados mortales y magnicidios como los que alumbraron la Asamblea Nacional Constituyente del 9 de diciembre de 1990 y nuestra ya casi espectral carta política de 1991, convertida de nuevo en un campo de batalla.

Una honorabilidad delincuencial

Agrava aún más la situación, al afirmar el presidente Duque que, dada la honorabilidad de Uribe por haber sido jefe de Estado en dos ocasiones, es una enorme injusticia y arbitrariedad su detención domiciliaria. Olvida el presidente Duque que el articulito que cambió la Constitución y permitió la reelección de Uribe fue producto de la comisión del delito de cohecho, por el cual pagaron condena los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio[4], de justicia y salud respectivamente[5].  Verdad judicial y fáctica que deja sin sustento la honorabilidad presidencial de Uribe en su segunda administración. En este caso, no cabe hablar de politización de la justicia, sino más bien de criminalización de la política, pues Uribe accedió a la presidencia por segunda vez previa comisión de un delito para cambiar “legalmente” la Constitución. Sin duda, un aporte significativo de la “inteligencia superior” de Uribe a la ciencia política, pues agregó la ilegalidad como otra fuente de legitimidad política[6], algo ni siquiera imaginado por Max Weber.  Para completar, también existen suficientes pruebas y testimonios sobre su primera elección como presidente, nada honorables. Pues gracias al apoyo brindado por grupos paramilitares bajo el mando de Mancuso y Vicente Castaño obtuvo significativas votaciones para su triunfo. Basta este par de declaraciones. Según Salvatore Mancuso:

“Uno se identifica ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad ideológica las mismas poblaciones van y votan. Y con el Presidente Uribe hubo una identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la subversión, de la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a las zonas, cosas que quién va a querer más que una población que ha padecido un conflicto en carne propia”. (Declaraciones para la W radio de Salvatore Mancuso)

Y la de Vicente Castaño, todavía más comprometedora, pues suma a la identidad política e ideológica la identidad con el modelo de desarrollo económico, que se impulsó a sangre y fuego, con numerosas masacres, en muchas regiones del país[7]:

 “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos, pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos. En Urabá tenemos cultivo de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo les caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes”[8].

Y cuando estos comandantes iban a continuar revelando sus estrechas relaciones con empresarios, la bancada de senadores y representantes afectos e incondicionales del presidente Uribe[9], inmediatamente los extraditó a Estados Unidos. Así las cosas, la versión del presidente Duque de la exitosa lucha de Uribe contra los paramilitares no se corresponde ni con la verdad de los hechos y menos con la política y la judicial, pues lo que se apresuró a extraditar Uribe fue la verdad, dejando a cientos de miles de víctimas sin lo que hoy reclama el presidente Duque, con todo derecho, al partido de la FARC: verdad, justicia, reparación y no repetición. Todas las anteriores son solo algunas de las verdades históricas, fácticas, políticas, éticas y judiciales imposible de negar, junto a las atroces de las Farc-Ep, como el sistemático reclutamiento de menores, el secuestro, la violencia sexual, los crímenes de guerra y los actos terroristas contra la población civil. Hoy las estamos conociendo en detalle, con estupor y repudio, gracias a la JEP y la Comisión de la Verdad. Por eso vivimos una coyuntura histórica de verdades que los colombianos tenemos que afrontar sin más imposturas y tergiversaciones. Con lucidez, empatía, honestidad y valor. Una coyuntura en la que tenemos que exigirles a todos los protagonistas del conflicto armado, empezando por los institucionales que millones de colombianos eligieron de buena fe, que nos digan toda la verdad, que se despojen de tanta retórica mentirosa y dejen de fingir una rectitud y honorabilidad que el dolor y el sufrimiento de miles de víctimas no soportan más. Que las indigna hasta el límite del llanto y la rabia, al escuchar del entonces presidente Uribe que sus hijos, víctimas de falsos positivos, “no estaban precisamente recogiendo café”[10], cuando fueron asesinados en cumplimiento de la Directiva 029 de su ministro de defensa, Camilo Ospina, en desarrollo de una política que cínicamente denominó “seguridad democrática”, y que hoy todavía celebran el presidente Duque, el Centro Democrático y millones de sus electores como un éxito indiscutible. También cuando cientos de familias campesinas escuchan de la senadora del partido FARC, Sandra Ramírez[11], que sus hijos menores de edad no fueron reclutados, sino salvados de la miseria y el maltrato familiar e ingresaron voluntariamente a las FARC-EP. Todos los colombianos y colombianas estamos convocados a exigir y conocer las verdades, por terribles y dolorosas que sean, pues sin ellas jamás habrá justicia y mucho menos reparación y reconciliación. Verdades que no podemos permitir sigan siendo negadas o tergiversadas con argucias maniqueas, invocando razones de Estado: “seguridad, inversión y cohesión social” o ideologías políticas salvíficas, que cada día se nos revelan como crueles y letales mentiras en el cuerpo, el alma y la dignidad irredenta de millones de víctimas que hoy nos demandan verdad y justicia para hacer posible, ojalá un día próximo, la reconciliación política. Justicia y reconciliación política que, por su complejidad, abordaré en los dos próximos Calicanto.

 


[5]  Como también la congresista Yidis Medina y Teodolindo Avendaño: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenados-por-la-yidispolitica/

[6] Delito legitimado en las urnas por 7.397.835 electores, en reconocimiento de sus importantes logros en su lucha contra las Farc-Ep, pues redujo el número de secuestros de 2.986 a 806 en el 2003, entre otras acciones militares exitosas. Ver: https://razonpublica.com/la-encrucijada-de-alvaro-uribe/

 

[8]Revista SEMANA, edición 1.205, junio 6-13, 2005. p.34.

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