Convocados por las verdades, la justicia y la reconciliación política (I)
“El que vence engendra odio. El que es vencido sufre; con
serenidad y alegría se vive más allá de la victoria y la derrota”. Dhammapada
15, 201.
Hernando Llano Ángel.
Entre falsas dicotomías y mortales polarizaciones
Con la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez, de alguna
manera todos los colombianos estamos convocados a la búsqueda de las verdades, la
justicia y una reconciliación política que nos permita dejar de ser esa
“federación de odios” en que nos hemos convertido. Solo así podremos reconocernos,
algún día, como una comunidad política con un auténtico Estado de derecho que
nos represente y proteja sin discriminación, violencia, exclusión o persecución
partidista alguna. Es una búsqueda exigente y difícil, para la que no parecen
estar preparados los protagonistas y antagonistas de nuestra realidad y
actualidad política. Ellos no se sienten convocados a superar las falsas
dicotomías y mortales polarizaciones que nos han desangrado por más de medio
siglo. Entre ellas, resalta la alucinante proyección de un temible sector izquierdista,
estigmatizado como “castrochavista”, que supuestamente hoy amenaza de muerte a
un ejemplar establecimiento de empresarios y demócratas integrales. Dicho
sector, cuyo más elocuente vocero es Fernando Londoño Hoyos[1],
está empeñado en profundizar esa confrontación en un campo de batalla judicial
y político, donde inevitablemente tendrá que haber culpables e inocentes,
ganadores y perdedores. Y así pretenden arrastrarnos a todos a una nueva
disputa que tendría violentos e impredecibles desenlaces. Nos emplazan a que
tomemos partido por uno u otro bando, cada uno reclamándose el adalid de la
verdad y la justicia. Así las cosas, la visión que parece imponerse es la
continuación de la guerra por la vía judicial. De una guerra interminable entre
dos bandos. De un lado, la de unos narcoterroristas e izquierdistas en el Congreso,
supuestamente amparados por la JEP y, del otro, la de un líder demócrata
integral, arbitraria e injustamente encarcelado por una rama judicial venal, al
servicio de la izquierda. Por eso el Centro Democrático propone ahora con
urgencia, casi desesperación, convocar una Asamblea Nacional Constituyente para
hacer trizas la actual rama judicial –¡aunque declaran en coro que respetan la institucionalidad!
-- y en su lugar crear una sola Corte que imparta verdadera justicia[2].
Desaparecer la JEP, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, para tener una sola
Corte. Un holocausto de la justicia peor que el de 1985. Que extraño y
peligroso parecido con un sistema judicial totalitario y ese fantasma tan
temido del castrochavismo. A semejante extremo de simplificación maniquea
estamos llegando. Un extremo de simplificación en el que ambas partes, el gobierno
nacional y algunos sectores de la oposición, parecen estar empeñados en embarcarnos
hasta las próximas elecciones.
¿Un Presidente nacional o
del Centro Democrático?
Es así como el presidente Duque y el Centro Democrático se sienten
amenazados y consideran que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia ha tomado una decisión politizada y sin sustento en pruebas
judicialmente sólidas[3].
Del otro lado, la oposición celebra la decisión como un triunfo político, más
cercano a una revancha partidista que al comienzo de una investigación judicial
con plenas garantías. Ni hablar de las redes sociales, donde los mensajes
suelen ser más viscerales y peligrosos que el coronavirus, con juicios tan
polarizados e irreconciliables como la distancia que separa a contagiados de
sanos. Cada bando evita el contacto con el otro, “un enemigo infectado” y
desconfían mutuamente de sus intenciones y acercamientos. No hay palabras, sólo
insultos y descalificaciones: “mamerto” contra “paraco”. El ambiente social se
torna tenso y hostil. El debate degenera en la falsa dicotomía de la
“judicialización de la política” o la “politización de la justicia”. Una
simplificadora dicotomía que termina arrastrándonos a una falsa y peligrosa
polarización. A ello aporta el presidente Duque con su grave e irresponsable
desdoblamiento de personalidad, para defender como persona al senador Uribe y
abdicar de su condición de presidente nacional. En semejante trance se comporta
como amigo leal de Uribe y deja de ser presidente de todos los colombianos, lo
cual no es solo faltar a sus deberes constitucionales, sino contribuir a su
propia deslegitimación y azuzar la “desobediencia civil” convocada por Gustavo
Petro. Un escenario explosivo de desinstitucionalización y radical
polarización, que ojalá no culmine en atentados mortales y magnicidios como los
que alumbraron la Asamblea Nacional Constituyente del 9 de diciembre de 1990 y
nuestra ya casi espectral carta política de 1991, convertida de nuevo en un
campo de batalla.
Una honorabilidad delincuencial
Agrava aún más la situación, al afirmar el presidente Duque que, dada la
honorabilidad de Uribe por haber sido jefe de Estado en dos ocasiones, es una
enorme injusticia y arbitrariedad su detención domiciliaria. Olvida el
presidente Duque que el articulito que cambió la Constitución y permitió la
reelección de Uribe fue producto de la comisión del delito de cohecho, por el
cual pagaron condena los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio[4],
de justicia y salud respectivamente[5].
Verdad judicial y fáctica que deja sin
sustento la honorabilidad presidencial de Uribe en su segunda administración.
En este caso, no cabe hablar de politización de la justicia, sino más bien de
criminalización de la política, pues Uribe accedió a la presidencia por segunda
vez previa comisión de un delito para cambiar “legalmente” la Constitución. Sin
duda, un aporte significativo de la “inteligencia superior” de Uribe a la
ciencia política, pues agregó la ilegalidad como otra fuente de legitimidad
política[6],
algo ni siquiera imaginado por Max Weber. Para completar, también existen suficientes
pruebas y testimonios sobre su primera elección como presidente, nada
honorables. Pues gracias al apoyo brindado por grupos paramilitares bajo el
mando de Mancuso y Vicente Castaño obtuvo significativas votaciones para su
triunfo. Basta este par de declaraciones. Según Salvatore Mancuso:
“Uno
se identifica ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad
ideológica las mismas poblaciones van y votan. Y con el Presidente Uribe hubo
una identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la
subversión, de la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a
las zonas, cosas que quién va a querer más que una población que ha padecido un
conflicto en carne propia”. (Declaraciones para la W radio de Salvatore Mancuso)
Y la de Vicente Castaño, todavía más comprometedora, pues suma a la
identidad política e ideológica la identidad con el modelo de desarrollo
económico, que se impulsó a sangre y fuego, con numerosas masacres, en muchas
regiones del país[7]:
“La seguridad democrática funcionó y se nos ha
terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no
podía defendernos, pero en este momento el Estado está en capacidad de defender
a los ciudadanos. En Urabá tenemos cultivo de palma. Yo mismo conseguí los
empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La
idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes
zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del
Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo les caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a
todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los
comandantes”[8].
Y cuando estos comandantes iban a continuar revelando sus estrechas
relaciones con empresarios, la bancada de senadores y representantes afectos e
incondicionales del presidente Uribe[9],
inmediatamente los extraditó a Estados Unidos. Así las cosas, la versión del presidente
Duque de la exitosa lucha de Uribe contra los paramilitares no se corresponde
ni con la verdad de los hechos y menos con la política y la judicial, pues lo
que se apresuró a extraditar Uribe fue la verdad, dejando a cientos de miles de
víctimas sin lo que hoy reclama el presidente Duque, con todo derecho, al
partido de la FARC: verdad, justicia, reparación y no repetición. Todas las
anteriores son solo algunas de las verdades históricas, fácticas, políticas,
éticas y judiciales imposible de negar, junto a las atroces de las Farc-Ep,
como el sistemático reclutamiento de menores, el secuestro, la violencia
sexual, los crímenes de guerra y los actos terroristas contra la población
civil. Hoy las estamos conociendo en detalle, con estupor y repudio, gracias a
la JEP y la Comisión de la Verdad. Por eso vivimos una coyuntura histórica de
verdades que los colombianos tenemos que afrontar sin más imposturas y
tergiversaciones. Con lucidez, empatía, honestidad y valor. Una coyuntura en la
que tenemos que exigirles a todos los protagonistas del conflicto armado,
empezando por los institucionales que millones de colombianos eligieron de
buena fe, que nos digan toda la verdad, que se despojen de tanta retórica
mentirosa y dejen de fingir una rectitud y honorabilidad que el dolor y el
sufrimiento de miles de víctimas no soportan más. Que las indigna hasta el
límite del llanto y la rabia, al escuchar del entonces presidente Uribe que sus
hijos, víctimas de falsos positivos, “no estaban precisamente recogiendo café”[10],
cuando fueron asesinados en cumplimiento de la Directiva 029 de su ministro de
defensa, Camilo Ospina, en desarrollo de una política que cínicamente denominó
“seguridad democrática”, y que hoy todavía celebran el presidente Duque, el
Centro Democrático y millones de sus electores como un éxito indiscutible. También
cuando cientos de familias campesinas escuchan de la senadora del partido FARC,
Sandra Ramírez[11], que
sus hijos menores de edad no fueron reclutados, sino salvados de la miseria y
el maltrato familiar e ingresaron voluntariamente a las FARC-EP. Todos los
colombianos y colombianas estamos convocados a exigir y conocer las verdades,
por terribles y dolorosas que sean, pues sin ellas jamás habrá justicia y mucho
menos reparación y reconciliación. Verdades que no podemos permitir sigan
siendo negadas o tergiversadas con argucias maniqueas, invocando razones de
Estado: “seguridad, inversión y cohesión social” o ideologías políticas
salvíficas, que cada día se nos revelan como crueles y letales mentiras en el
cuerpo, el alma y la dignidad irredenta de millones de víctimas que hoy nos
demandan verdad y justicia para hacer posible, ojalá un día próximo, la
reconciliación política. Justicia y reconciliación política que, por su
complejidad, abordaré en los dos próximos Calicanto.
[1] La Hora de la Verdad: https://www.youtube.com/watch?v=FAUEOZ03vmg
[2] Paloma Valencia: https://www.youtube.com/watch?v=ytiPULYdBiY
[3] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-razones-de-la-corte-suprema-para-detener-a-alvaro-uribe/
[5]
Como también la congresista Yidis Medina y Teodolindo Avendaño: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenados-por-la-yidispolitica/
[6] Delito legitimado en las urnas por
7.397.835 electores, en reconocimiento de sus importantes logros en su lucha contra
las Farc-Ep, pues redujo el número de secuestros de 2.986 a 806 en el 2003,
entre otras acciones militares exitosas. Ver: https://razonpublica.com/la-encrucijada-de-alvaro-uribe/
[8]Revista SEMANA, edición 1.205, junio 6-13,
2005. p.34.
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